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COVID-19 y la brecha digital en la educación de Trinidad y Tobago

América Central/Trinidad yTobago/ GlobalVoice/ Amilcar Sanatan/ 

El 16 de marzo de 2020, solo una semana antes de que el país entrara en su versión del confinamiento para frenar la difusión de COVID-19, el Gobierno de Trinidad y Tobago ordenó el cierre de todas las instituciones educativas.

En su mayoría, universidades y otras instituciones educativas superiores pudieron hacer la transición a la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación en línea. Sin embargo, en muchas escuelas primarias y secundarias quedó expuesta la gravedad de la brecha digital del país y la necesidad de abordar el analfabetismo digital en Trinidad y Tobago.

En comparación con varios estados miembros del CARICOM, el panorama digital de Trinidad y Tobago parecía ofrecer un entorno propicio para el aprendizaje digital. Se informó que la penetración de internet era del 77.3 % en diciembre de 2018, y durante casi dos décadas ha habido un importante inversión estatal y apoyo por parte de agencias de desarrollo para el desarrollo de la infraestructura digital y los servicios electrónicos en el sector público.

Sin embargo, nuestro sistema educativo se ha quedado atrás. En junio de 2019, el ministro de Educación, Anthony Garcia, anunció que Trinidad y Tobago informaría al Consejo de Exámenes del Caribe, la junta central de exámenes del CARICOM, que las escuelas del país no estarían listas para el cambio previsto para 2020. El objetivo era que el sistema de educación pública estuviera preparado para hacer esa transición para 2021.

Desde entonces, la llegada de la pandemia de COVID-19 ha acelerado estos esfuerzos y la urgencia de pasar a una enseñanza, aprendizaje y evaluación en línea. Sin embargo, lo que no transita con la misma facilidad son las desigualdades socioespaciales que existen en Trinidad y Tobago, y la respectiva brecha digital –término usado por científicos sociales y otros para referirse al acceso desigual a las tecnologías básicas de la información y las comunicaciones.

El concepto de una brecha digital parece abstracto hasta que no examinemos las realidades a las que se enfrentan profesores y estudiantes. He estado entrevistando a profesores de secundaria que enseñan a estudiantes de quinto año (de 15/16 años). En una escuela secundaria en el distrito Caroni en el centro de Trinidad, de 15 estudiantes en la clase de inglés A, ocho no tenían acceso a un portátil o a internet. El profesor creó un grupo en WhatsApp para que estos estudiantes participaran. Le envió por correo electrónico al grupo un ejercicio de revisión de exámenes, y después de una semana recibió respuestas de solo dos estudiantes.

De manera similar, otra profesora de una escuela secundaria de Puerto España, la capital de Trinidad, informó que solo estaba en contacto regular con cuatro de los 20 estudiantes de su clase. La tasa de participación ha sido baja y el compromiso con los estudiantes se dificulta en las escuelas en que la mayoría de los estudiantes procede de comunidades con recursos insuficientes. No obstante, algunos profesores han creado vibrantes comunidades en línea para la enseñanza y el aprendizaje del inglés y las matemáticas, pero parecen ser excepciones a la regla.

La navegación por las tecnologías en línea para la educación presenta muchos desafíos, además de las preocupaciones obvias sobre la capacidad de los estudiantes para acceder a las herramientas y tecnologías necesarias. La interacción entre profesores y estudiantes en el espacio digital es diferente de la participación presencial y depende del nivel de conocimientos digitales de ambas partes. Para llevar a cabo procesos educativos “formales” en línea se requiere tanto competencia como confianza. Como prueba, basta con preguntar a cualquiera de los numerosos parlamentarios o consejeros de la administración local que han ayudado a los ciudadanos a presentar solicitudes en línea para servicios sociales.

Para compensar la falta de una formación pedagógica general en este rubro, se está capacitando a los maestros del sistema de educación pública de Trinidad y Tobago para que hagan la transición mediante talleres y seminarios en línea de “emergencia” poco a poco. Dado que es difícil hacer un seguimiento de la participación de los estudiantes en las clases en línea, una parte importante de la enseñanza y la comunicación con los estudiantes se ha trasladado a las comunicaciones telefónicas. “Las clases en línea” se han convertido, en algunos casos, en “clases telefónicas” ya que los profesores utilizan grupos de WhatsApp o llamadas a través de su propio móvil para hablar con los estudiantes. Esto tiene consecuencias para lo que pensamos es una enseñanza en línea eficaz, además de la labor adicional que los profesores deben realizar para atraer a los estudiantes.

Los sucesivos gobiernos de Trinidad y Tobago ya han introducido la tecnología en las escuelas. El programa “Computadoras portátiles en las escuelas” del Ministerio de Educación, empezado en 2010 por la administración del Movimento Nacional Popular, no produjo los importantes cambios pedagógicos y de actitud que declaró que produciría. Los estudios de evaluación del programa han mostrado cómo los profesores y estudiantes tenían diferentes expectativas en cuanto al uso de computadoras portátiles en las clases, y el éxito del programa dependía más de la cultura de cada escuela que de cualquier beneficio procedente de la propiedad individual.

Sin embargo, el alcance del programa puso de relieve la limitada capacidad en materia de las tecnologías de la información y la comunicación de que disponen las escuelas secundarias y la necesidad de dirigir recursos para mejorarlas. Para 2016, la administración del Movimiento Nacional Popular dejó de distribuir computadoras portátiles personales a los estudiantes en favor de un enfoque destinado a fomentar la capacidad de las escuelas en materia de tecnologías de la información y la comunicación.

Ya antes he criticado públicamente la aplicación del programa “Computadoras portátiles en las escuelas” tanto por su incapacidad para hacer frente a los problemas de la alfabetización digital como por su incapacidad de crear contenidos adecuados para los modos digitales de aprendizaje. Mi posición ha cambiado desde entonces. Estoy a favor de una revisión integral de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación que también ponga las computadoras portátiles en manos de los estudiantes. ¿Cambiará la COVID-19 también las posturas políticas del régimen actual?

Los profesores y los administradores escolares también señalaron la necesidad de servicios de apoyo para los estudiantes con problemas físicos y de aprendizaje, así como de intervenciones en los hogares en los que los conflictos entre padres e hijos son más intensos. Muchos estudiantes en Trinidad y Tobago enfrentan un alto nivel de estrés en sus hogares y comunidades, y con las nuevas disposiciones, muchos jóvenes se encuentran ahora con la carga de tener que cuidar de sus hermanos menores, incluso gestionar sus necesidades educativas. La división desigual del trabajo a menudo significa que esas tareas recaen en las jóvenes y las niñas.

Decir que el Estado ha sido negligente en su deber de educar al público durante esta crisis sería desestimar la importante respuesta de emergencia y la ayuda que han ofrecido dado el cierre de las escuelas. La transferencia bastante rápida de las comidas del Programa de Nutrición Escolar a las “tarjetas de alimentos” de corto plazo de los padres en función de las necesidades fue impresionante.

Pero los ministros del Gobierno y los funcionarios públicos del Ministerio de Educación tienen una tarea difícil por delante. Una conferencia de prensa del 14 de abril ofreció un panorama del difícil contexto en el que tienen que trabajar para que la “actividad principal de la educación” continúe. También mostró su apertura para responder a preguntas sobre cuestiones pertinentes como las fechas de los exámenes a nivel local y regional.

Pero lo que no escuché fue un reconocimiento de la importancia de los estudiantes como partes interesadas y responsables de la toma de decisiones. Los líderes del gobierno estudiantil, los clubes de estudiantes y los “usuarios” de los estudiantes digitales deben participar de las decisiones que se toman en su nombre y que darán forma a su futuro.

Screenshot of the Trinidad and Tobago Ministry of Education's recently launched online learning platform.

Captura de pantalla de la plataforma de aprendizaje en línea recientemente lanzada por el Ministero de la Educación de Trinidad y Tobago.

Ya sea que llamemos a lo que estamos experimentando una crisis o un desastre, lo que tendrá que seguir es una recuperación y una remodelación de la educación, y dejar a los estudiantes fuera de la discusión sobre esto es dejarlos de lado. Las experiencias y las perspectivas de los estudiantes de todos los niveles del sistema educativo debería influir en la respuesta y en la “solución” del sistema educativo. Lo que no queremos es una situación donde la exclusión de los estudiantes se convierta en una amenaza más grande que la COVID-19 para nuestra educación. Como afirmó Martin Carter, poeta guyanés: “¡Estamos todos implicados! ¡Todos están tomados!”.

Inmediatamente después de la rueda de prensa del Ministerio de la Educación del 14 de abril, recibí dos llamadas. La segunda era la de un pariente que estaba tratando de decidir si invertir en clases particulares ofrecidas por el profesor de primaria de su hijo al costo de 300 dolares por semana (45 dolares estadounidenses). La oferta incluía dos vídeollamadas vía WhatsApp.

La primera llamada fue la de un estudiante de sexto año que me ofreció una revisión del Sistema de Gestión del Aprendizaje Escolar (SLMS), plataforma en línea recientemente lanzada por el Ministerio, sobre la base de la facilidad de uso y el contenido. Quienes hayan aceptado que los políticos realicen la evaluación de la plataforma deberían inscribirse y sacar sus propias conclusiones. Tal vez entonces podrían empezar a distinguir entre las relaciones públicas y la realidad.

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Cae el desarrollo humano por primera vez desde 1990

Noticia/21 Mayo 2020/elpais.com

La ONU advierte que los efectos de la pandemia en la educación, la salud y las condiciones de vida provocará una caída del índice que mide el progreso de los países

Cada año el mundo progresaba un poco, con más niños en las escuelas, más esperanza de vida y mejores indicadores de salud. Quizá no lo suficiente ni lo rápido que se deseaba, pero se avanzaba. Hasta 2020. Este año, por primera vez desde 1990, se va a retroceder. Esta es la advertencia que lanza el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que elabora desde hace tres décadas el llamado Índice de Desarrollo Humano (IDH) y que para su edición de 2020 no obtiene datos esperanzadores.

«El mundo ha visto muchas crisis en 30 años, incluida la financiera de 2008. Todas han golpeado con fuerza al desarrollo humano pero, en general, a nivel global se ha conseguido avanzar cada año», ha explicado Achim Steiner, administrador del PNUD, en un encuentro virtual con periodistas. Pero la que vive ahora el planeta por el virus SARS-CoV-2 «es distinta», apunta Heriberto Tapia, investigador del organismo, en una conversación telefónica posterior. Lo es porque la pandemia de covid-19 impacta de lleno y de forma simultánea en todos los elementos de la existencia con los que se mide el desarrollo humano: la salud, la educación y los ingresos de las personas. Lo que no solo provocará que el mundo retroceda, sino que además lo hará de una forma «significativa, equivalente a las variaciones de seis años de progreso», concreta.

Los tres valores han experimentado retrocesos desde el comienzo de la crisis, tanto en los países pobres como en los ricos de todas las regiones. Si bien, las previsiones del PNUD apuntan que la caída será desigual. Los menos adelantados, que cuentan con menos recursos para gestionar los efectos sociales y económicos, sufrirán la peor parte. «Hay gente que puede trabajar y estudiar desde casa. Pero otra población no tiene esas oportunidades. La mitad del planeta no tiene acceso a Internet. Hay 3.000 millones de personas que ni siquiera puede lavarse las manos en su hogar», reflexiona Tapia.

Los efectos sobre la salud son evidentes. Hasta la fecha, más de cinco millones de personas se han contagiado del nuevo coronavirus y más de 325.000 han fallecido por él. Además, las medidas de confinamiento y el desvío de fondos sanitarios a la atención de la covid-19, afectarán de forma negativa. «Este año, se calcula que se producirán entre 250.000 y 1,2 millones de muertes infantiles adicionales. Con el número menor, este 2020, la esperanza de vida no va a aumentar, como venía creciendo anualmente, sino que se va a mantener», detalla Tapia.

La educación no se libra de la debacle. El cierre de escuelas ha afectado a entre 1.400 y 1.500 millones de niños; pero mientras los hay que pueden continuar su formación a través de Internet, otros no tienen esa opción. Según los cálculos del PNUD, el 60% de los pequeños en edad de cursar enseñanza primaria no está recibiendo ninguna educación. «Para fin de año, la tasa efectiva de niños sin escolarizar será la que tenía el mundo en los años ochenta», anota Tapia.

Los más pobres serán los paganos. El informe presentado este miércoles señala que el 86 % de los niños de primaria se encuentran actualmente sin escolarizar en los países con un desarrollo humano bajo, frente al 20% en las naciones en la parte alta de la tabla. De no mejorar en lo que queda de 2020, este indicador será otro lastre para el progreso del mundo que se mide con el IDH.

Los ingresos de las familias y su calidad de vida son las otras variables con las que se calcula el desarrollo humano. Y tampoco registran datos para la esperanza. La recesión económica —el Banco Mundial calcula una caída de casi el 5% del PIB mundial para 2020— y la pérdida de empleos es un mazazo para el progreso y la lucha contra la pobreza extrema, en la que podrían caer 60 millones de personas, según esta entidad, además de las 736 millones que ya viven con menos de 1.90 dólares al día.

«Y estamos en mayo; esta es nuestra evaluación, relativamente conservadora, de cómo podríamos estar a final de año», previene Tapia. Pero no es inevitable. «Podemos frenar el retroceso, pero se necesita una acción decidida. Es fundamental que se tomen las medidas correctas», dice el investigador del PNUD. «Con el tratamiento adecuado se podrá volver a la normalidad con rapidez, aunque hay el riesgo de que se abandone la senda positiva del progreso», agrega.

Para el experto es muy importante la colaboración internacional. «Los países en desarrollo no tienen la capacidad para implementar grandes paquetes de ayuda como los que están aprobando las naciones más ricas. Y tampoco para endeudarse», anota Tapia. Y van a necesitar apoyo. Hasta ahora, dice, la mayoría de los casos se han dado en países desarrollados, pero en los últimos días se observa «un vuelco» en este sentido. «Nos espera un segundo semestre de año duro», avanza. Aunque, «por suerte, los menos adelantados han sido rápidos en poner en marcha políticas para frenar el avance del virus, necesitarán ayuda para garantizar la salud y la educación a su población», apostilla.

Un mensaje que el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiteró este miércoles, con la mirada puesta en África, que concentra la mayor parte de países con un Índice de Desarrollo Humano bajo. «La pandemia amenaza el progreso de África. Agravará las antiguas desigualdades y aumentará el hambre, la desnutrición y la vulnerabilidad a las enfermedades», dijo en un comunicado. Por eso, pidió «solidaridad» con el continente, donde el nuevo coronavirus se ha cobrado casi 3.000 vidas hasta la fecha y se han reportado más de 95.000 casos confirmados. Menos de los que se temían, pero que podrían aumentar rápidamente, advirtió el mandatario.

«Los países africanos también deberían tener acceso rápido, equitativo y asequible a cualquier vacuna y tratamiento, que deben considerarse bienes públicos mundiales», reclamó Guterres en su declaración. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo apunta a otros apoyos en su estudio. Así, para esta institución, una medida fundamental para que el retroceso del mundo no sea el que muestran los números es cerrar la brecha digital.

El PNUD calcula que cerrar la brecha digital en los países de renta media y baja costaría apenas un 1% de los extraordinarios paquetes de medidas fiscales —ocho billones de dólares— de apoyo aprobados hasta el momento en todo el mundo en respuesta a la covid-19. «Nosotros no lanzamos recomendaciones fijas para cada país, pero esperamos que haya énfasis en modernizar el mundo», anota Tapia. «Se puede salir de esta crisis ayudando a las personas ahora y para que estén mejor preparadas para el futuro». Hará falta porque las tensiones que había antes de que todo quedase en pausa por la pandemia, las protestas contra la desigualdad y el cambio climático, volverán. «Y puede que más fuertes».

Fuente: https://elpais.com/elpais/2020/05/20/planeta_futuro/1589966420_653612.html

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Después de la pandemia

Por: Miguel Guerrero

Antes de la situación en la que el mundo  se encuentra por el COVID-19, se escuchaban quejas sobre la situación económica del país, en el sentido de que estábamos en crisis. La percepción era evidencia de un pesimismo en ciertos sectores influyentes de nuestra vida económica, cuya valoración del quehacer nacional se basa muchas veces en la marcha de sus propios negocios. A mi modo de ver, no vivíamos una crisis económica, pues cada día se abrían nuevas operaciones industriales, el turismo estaba en auge y la actividad comercial a todas luces se expandía con la apertura de nuevos y gigantescos  centros comerciales.

Nuestro problema no era de esa índole ni el país estuvo nunca bajo amenaza de una recesión. La verdadera crisis era, y ahora lo será mucho más, de carácter social, con tasas de desigualdad preocupantes dentro de un proceso de concentración de recursos reducido a círculos de pequeñas élites económicas muy creativas con un control creciente de la riqueza nacional. Buena parte de los nuevos y florecientes negocios  de las últimas dos o tres décadas provienen de esos grupos, sin que se hayan generado cambios importantes en la estructura social, debido a los bajos salarios y a un sistema de seguridad social que no los promueve.

Será a partir de esta pandemia que tendremos la amenaza de una crisis económica verdadera, por lo que será necesario estimular el consumo y la inversión interna tanto pública como privada para evitarla, reduciendo los niveles angustiantes de pobreza y marginalidad. La continuidad de las políticas económicas adoptadas antes y durante la pandemia será esencial al mantenimiento de nuestra estabilidad económica y financiera.

Los cambios radicales en esos planes y políticas ahuyentarían la inversión y destruirían la indispensable confianza en la solidez de nuestro potencial que ha sido el sostén de nuestro crecimiento.

Fuente: https://acento.com.do/2020/opinion/8813088-despues-de-la-pandemia/

Imagen: https://pixabay.com/illustrations/dollar-exchange-rate-world-economy-544949/

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No perdamos más tiempo

Por: Marisol Vicens Bello

En medio de esta pandemia que está provocando una grave recesión económica mundial, deben buscarse remedios para tratar de aliviar el duro impacto sobre las personas, sobre todo las de menores ingresos, la preservación de los empleos y la supervivencia de muchas empresas.

Es mucho lo que se ha discutido sobre el conflictivo proyecto de ley que busca permitir el retiro de un 30% de los fondos de las cuentas de capitalización individual de los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y no vale la pena abundar pues las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)  han desplegado una abundante campaña a la que han logrado sumar múltiples voces alertando sobre sus efectos negativos para la macroeconomía, y es evidente que el gobierno y las autoridades monetarias no permitirán que esto pase.

Sin embargo, hay medidas que pueden y deben realizarse, como la exoneración temporal de aportes a cuentas de pensiones debido a la crisis como han solicitado los empleadores, la cual a pesar de que las AFP expresaron aprobarían aún no se ha dictado, o las relacionadas con beneficios no reclamados del seguro de sobrevivencia por los familiares de afiliados fallecidos del régimen contributivo del SDSS o que han sido denegados por supuestos incumplimiento de requisitos.

En múltiples ocasiones la Dirección de Defensa de los Afiliados (DIDA) ha llamado la atención sobre el tema de los beneficios no reclamados o denegados, y en parte gracias a esto el Consejo de Seguridad Social (CNSS) aprobó en el 2015 una modificación al contrato de póliza entre las AFP y las aseguradoras para extender el plazo de prescripción para reclamar de 2 a 7 años y la edad límite de cobertura de 60 a 65 años. Y en consonancia con lo que han señalado distintas sentencias del Tribunal Constitucional y el Superior Administrativo, la SIPEN ha manifestado que “el derecho a recibir una pensión por sobrevivencia cubierta en la forma exigida por las normas no debe prescribir”, sin embargo, a la fecha el CNSS no se ha pronunciado al respecto.

Aunque importantes medios de comunicación han cifrado el monto no reclamado por familiares de afiliados fallecidos  en más de 1,700 millones de pesos al 2019, la SIPEN no ha dado una cifra oficial, pero el CNSS en su Resolución 457-03 dictada en octubre de 2018 indicó que conforme a auditoría practicada en el 2014 habían “39,386 afiliados fallecidos” con aportes acumulados no reclamados por  la suma de “RD$870,252,453.00”, señalando que el costo para  poder cumplir con los requisitos exigidos,  como es el pago del impuesto sucesoral, a veces superior a lo reclamado constituye una traba y, en este sentido  autorizó a la SIPEN y a su  Gerencia  a realizar gestiones ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a fin de que se otorguen facilidades respecto del pago de impuestos, moras y multas, sin que se conozcan  resultados.

También se instruyó a la SIPEN modificar el contrato de afiliación para que se requiera suministrar los datos de contacto de los familiares, lo que sería importante aclarar si se ha hecho, así como a la DIDA, las AFP y las aseguradoras a realizar campañas informativas, que no se han realizado.

Urge pues que la DGII disponga las medidas para facilitar que los familiares reciban los beneficios eximiéndolos de pagos que se lo imposibilitan, que la SIPEN y las AFP hagan todo lo necesario para facilitar los trámites e informar a los beneficiarios de sus derechos y que el CNSS asuma con responsabilidad el seguimiento de estos temas. Si todas las publicaciones realizadas y la atención dedicada al fallido proyecto de ley se hubiesen concentrado en estos puntos que sí son posibles y tienen fundamentos legales, a lo mejor muchas familias de afiliados estarían recibiendo estos beneficios a los que tienen derecho o empleadores estarían exonerados de pagar por el plazo acordado las cotizaciones de pensiones, lo que constituiría un alivio en medio de estas difíciles circunstancias. No perdamos más tiempo.

Fuente: https://acento.com.do/2020/opinion/8817170-no-perdamos-mas-tiempo/

Imagen: https://pixabay.com/photos/hand-human-woman-adult-hands-3666974/

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El COVID-19 y la “resiliencia educativa” del Ministerio de Educación

Por: Héctor Rodríguez Cruz

La reapertura de las escuelas encabeza las prioridades de los gobiernos de todo el mundo y de sus Ministerios de Educación. Constituye también la preocupación fundamental de alumnos y padres, de los maestros y de otros miembros del personal educativo y de los actores vinculados al sector educativo, debido a la incertidumbre que genera la naturaleza y evolución del COVID-19 y  las decisiones que se mantienen en “suspenso”.

El regreso a las aulas requiere de un marco de políticas y de recursos financieros que permita poner en práctica las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento seguro, continuar con el aprendizaje, atender las situaciones de vulnerabilidad y garantizar la protección, el bienestar y la seguridad. Los centros educativos deben asegurar el perfecto estado de las instalaciones de agua, saneamiento y gestión de residuos, las medidas sanitarias y seguir procedimientos de limpieza y desinfección de las aulas y espacios comunes.

En muchos países hay presión para la reapertura de las escuelas porque se considera que su cierre no hace sino profundizar la fractura social. Los alumnos provenientes de familias humildes o con problemas económicos son a quienes más negativamente está afectando el confinamiento, pues habitan en viviendas más pequeñas y muchos no disponen de la tecnología adecuada ni de condiciones objetivas para seguir  los cursos desde su casa.

Aquí en el país, a juzgar por los niveles de  controversia y rechazo que han despertado en amplios sectores las medidas anunciadas por el Ministerio de Educación, de febrero a la fecha, tales como la terminación  del año escolar antes de tiempo, al “pase automático curso” de todos los estudiantes sin ser evaluados y  la reapertura incierta de las escuelas, pareciera que el Ministerio “camina lento” y un tanto “perdido”, mostrando una baja capacidad de respuesta para establecer los principales parámetros e instrumentos educativos, técnicos y logísticos para la adaptación de la población  escolar a las circunstancias moldeadas por el COVID-19.

Las escuelas del país están cerradas por el COVID-19. Esta situación genera grandes perturbaciones a los  casi  3 millones  de estudiantes,  200 mil profesores y técnicos del sector público y del sector privado, así como los padres, tutores y suplidores esperan por un “protocolo”, de alcance nacional y local, que garantice la seguridad sanitaria y la “preparación integral” para el reinicio seguro de las actividades escolares. Urge que los niños dominicanos vuelvan a la escuela. Pero han de hacerlo con todas las garantías para su salud, su seguridad y su protección. ¡Más cualquier otra, debe ser la primera prioridad de la educación dominicana en estos momentos!

El COVID-19 encontró a la escuela dominicana pauperizada, acorralada, “confundida” y, quizá, hasta un poco abandonada a su propia suerte. Con muchas carencias y necesidades desatendidas. Si bien es cierto que encontró  cientos de escuelas seguras, vistosas y bien equipadas, también es cierto existen cientos de escuelas a las que el COVID-19 le hará mayores daños. 

Escuelas “enfermas” que funcionan en patios, casonas y almacenes y carecen de las condiciones mínimas  para el aprendizaje, la enseñanza y la convivencia escolar, a pesar de que el Ministerio de Educación  cuenta con  elevado presupuesto de unos 200 mil millones de pesos, que equivale el 4% del PIB de la nación. Urge dedicar esfuerzos recursos logísticos y financieros a la “liberación” de la escuela dominicana de las cadenas del COVID-19. Pero urge también sanar a tantas muchas de  las taras, incompetencias y perturbaciones generadas por los descuidos e irresponsabilidades de “ayer y de hoy”, y que son el vestigio de una “revolución educativa al revés”.

Para encarar las perturbaciones educativas y sociales y el impacto perturbador del COVID-19 en las escuelas públicas y privadas, así  como  lograr la apertura exitosa y segura de las escuelas, con  garantías para su salud, su seguridad y su protección públicas y privadas, el Ministerio de Educación,  conjuntamente con otros sectores de la sociedad deberá plantearse a corto plazo la necesidad de la elaboración de un “Plan de Resiliencia para las Escuelas Públicas y Privadas después del COVID-19” que contenga las estrategias preventivas, técnicas y logísticas para “preparar”  a los maestros, a los alumnos, las instalaciones, aulas, laboratorios, los libros de texto baños, comedores, cocina, bibliotecas y sala de TICS,  para la reapertura de las escuelas y  su “nueva normalización”,  con las debidas y rigurosas medidas sanitarias para adecuarse a las nueva realidad de la pandemia y para evitar el contagio, la contaminación, el estrés  y otros efectos contaminantes del proceso aprendizaje-enseñanza, la investigación y la convivencia.

El  “Plan de Resiliencia para la Nueva Escuela  Pública y Privada después del COVID-19”, deberá  el resultado del trabajo conjunto del Ministerio de Educación, los maestros, los estudiantes, los padres, la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, AINEP, las iglesias, las autoridades sanitarias, las alcaldías y las gobernaciones, los empresarios, las universidades regionales y locales, los constructores, los suplidores, los editores de libros de textos, Educación INICIA, Acción Empresarial por la Educa, EDUCA, el Programa de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, y el Programa Mundial de Alimentos, PMA. Más otros que quieran sumarse.

El “Plan de Resiliencia para las Escuelas Públicas y Privadas”  deberá ir acompañado  del “Programa Aulas Felices”, para  potenciar el desarrollo personal y social de los estudiantes y de los profesores; para promover la felicidad de los alumnos, los profesores y las familias. Tendrá dos componentes: La Atención Plena o “mindfulness” y la Educación de las “24 fortalezas personales” (Peterson y Seligman, 2004), agrupadas en torno a 6 virtudes y a otras competencias vinculadas, tales como creatividad, curiosidad, apertura mental, amor por el aprendizaje y perspectiva; valentía, perseverancia, integridad ; amor, amabilidad e inteligencia social; ciudadanía, sentido de la justicia y liderazgo; capacidad de perdonar, modestia, prudencia y autocontrol; y la apreciación de la belleza y la excelencia, gratitud, esperanza, sentido del humor y espiritualidad.

De cara a la construcción de la “nueva educación pública y privada después del COVID-19”, y por tanto, del “Plan de Resiliencia para las Escuelas Públicas y Privadas” y el “Programa Aulas Felices”, el Ministro de Educación puede revestirse de autoritario “cacique” de una tribu morada, con sus propios rituales partidarios y sin mezclarse con otros en su “territorio”.  O bien, en el líder resiliente,  aglutinador, inclusivo, dialógico, y democrático de la educación dominicana, que ennoblece la oportunidad de hacer posible el derecho de todos los dominicanos a una educación de calidad. Como una oportunidad de ser “ministro” (minister/ “el que sirve”), de “servir” a los dominicanos desde su Ministerio para construir desde la familia y desde la escuela  un país libre, transparente, justo y democrático.    

Que lo decida el Ministro. Es tiempo de “bajar las hachas” y “levantar las banderas del diálogo y la concordia” para ganarle la batalla al COVID-19, en nombre de la Patria educativa.

Fuente: https://acento.com.do/2020/opinion/8817597-el-covid-19-y-la-resiliencia-educativa-del-ministerio-de-educacion/

Imagen: https://pixabay.com/images/search/escuelas/

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Puerto Rico: María de Lourdes Santiago denuncia uso de sobre $10 millones para sesiones de adiestramiento en Educación

América Central/Puerto Rico/17-05-2020/Autor(a) y Fuente: www.metro.pr

La candidata a senadora por el PIP compartió varias imágenes de un contrato que firmó la agencia para que una empresa ofrezca los servicios.

La candidata al Senado por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón, denunció en su cuenta de Twitter el uso de sobre $10 millones para el adiestramiento de maestros con equipo tecnológico que se espera para el próximo semestre escolar.

María de Lourdes@marialourdespip

El contrato del Departamento de Educación con Computerlink para la adquisición de 111,330 Laptops y 18,000 iPads (o sea, para menos de la mitad de la matrícula actual) incluye $10 millones para sesiones de adiestramiento de 6 horas a maestras y maestros. @pab550 👇🏽

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En el primer encasillado de la imagen, se describe el uso $10,093,440 para un mínimo de seis sesiones de seis horas que Educación debe acomodar para que maestros reciban el adiestramiento.

Igualmente, la exsenadora adujo que como parte del contrato se comprarán unas 111,330 computadoras y 18,000 iPads, una cantidad menor que la mitad de la matrícula actual.

La denuncia se da mientras que Puerto Rico atraviesa una situación de emergencia por el COVID-19 y se espera que el próximo semestre transcurra en línea como medida de distanciamiento social.

«En promedio, cuesta $1,682 cada sesión de 6 horas. El salario básico del magisterio es $1,750 al mes», añadió la candidata al Senado en un tuit siguiente.

Al momento de esta publicación, el Departamento de Educación no ha reaccionado a las publicaciones.

Fuente e Imagen: https://www.metro.pr/pr/noticias/2020/05/16/colegios-privados-se-preparan-clases-internet-agosto.html

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