Centro América

Luego de sancionar el pasado día 5 por 35 votos a favor y 22 en contra en primer debate el proyecto legal Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, plan o reforma fiscal, la directiva del Legislativo tico envió a consulta -requisito de ley- el texto a diversas entidades para conocer su parecer.

Las universidades Nacional (UNA), la de Costa Rica (UCR) y la Estatal a Distancia (UNED) reconocen la crisis fiscal del país, pero piden que no se apruebe esta iniciativa en segundo debate, si antes no se corrigen los aspectos que consideran lesivos, de acuerdo con las respuestas de esos centros de estudio, publicadas por el informativo digital crhoy.com.

La UNA precisa que el plan fiscal viola la autonomía universitaria, fundamentado en que su artículo tres contradice disposiciones específicas de la Ley de Salarios para el Sector Público que ya estas instituciones tienen reguladas como parte de su posibilidad de gobierno propio y organización.

La UNED sostiene que la legislación debe reconocer y respetar esa autonomía de los centros superiores sobre la toma de decisiones y demás acciones propias de la administración de su personal, potestad que les permite atraer, mantener y evaluar el personal más calificado que se requiere para el debido cumplimiento de sus funciones.

De su lado, la UCR considera que la iniciativa legal causaría un perjuicio sustantivo a la autonomía universitaria, así como la misión social que tiene la educación superior estatal universitaria.

Asimismo, señala que el proyecto legal ‘otorga potestades de intervención directa al Ministerio de Hacienda para congelar, reducir y fijar montos asignados por ley a las universidades estatales, en contraposición con nuestra carta magna y el espíritu del legislador constituyente.

Finalmente, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) lleva esta misma posición, con la diferencia de que recomiendan cambiar el texto en el artículo cinco sobre regla fiscal.

Las universidades públicas de Costa Rica rechazan también que dentro del ocho por ciento del Producto Interno Bruto destinado a los centros de altos estudios se incluya al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), así como el gravamen de un dos por ciento para la compra de bienes y servicios, tal cual quedó establecido en el plan fiscal.

Además de los señalamientos mencionados por las universidades públicas, el proyecto legal tiene respuesta negativa de la Corte Suprema de Justicia, mientras afiliados a agrupaciones obreras y sociales realizan desde el 10 de septiembre una huelga general por tiempo indefinido con el objetivo de que dicha reforma fiscal no sea aprobada.

Los huelguistas estiman que sus impuestos y medidas afectarán sensiblemente a la clase trabajadora y a los más pobres del país.

También, al menos 10 diputados -los exigidos por ley- consultaron la semana anterior a la Sala IV sobre la constitucionalidad del proyecto legal, y la respuesta puede tardar un mes.