Por: Guillermo Cartagena y Ezequiel Barrera

Leví, un joven indígena agricultor, fue capturado injustamente después de que cuatro policías casi lo matan en una confusión. Desde esa noche de noviembre de 2022, su familia peregrinó por todas las instituciones públicas que pudo para obtener respuestas, pero bajo el régimen de excepción solo encontró puertas cerradas, maltrato y nadie le ofreció ni siquiera información básica sobre el caso, la salud del muchacho ni las condiciones en las que estaba adentro de las cárceles. Su familia pasó un año y medio en la incertidumbre de no saber nada y consecuentemente con ansiedad, desánimo, agotamiento emocional y al mismo tiempo enfrentando la crisis económica que implica la captura de un pariente que aportaba a la supervivencia de la familia. Su caso es tan solo la muestra de otros miles de familias que están sumergidas en la incertidumbre de no saber nada de información sobre los parientes inocentes que el régimen de excepción les quitó de forma arbitraria. Leví fue liberado este 14 de mayo, pero seguirá el proceso judicial en su contra, con la posibilidad de una condena que lo obligue a regresar a la prisión.

Leví Morales detuvo sus pasos cuando observó, confundido, que entre las sombras de aquella noche estaban dos policías apuntándole con sus armas de fuego. Sin pensarlo y con agilidad felina, se lanzó detrás de un vehículo negro que estaba aparcado al lado de una calle polvosa, en Nahuizalco, Sonsonate. Su instinto de supervivencia le hizo esquivar la muerte justo antes del tiroteo. “Que le dé gracias a Dios que no lo matamos, nosotros tenemos órdenes de matar”, justificaron los policías, horas después, con el tono arrogante de quienes se saltan los protocolos bajo la impunidad del régimen de excepción, en el que aparentemente tienen la potestad de disparar primero y preguntar después.

Después de la balacera, los policías lo encontraron detrás del automóvil negro, helado del miedo. En ese mismo momento, y tras escuchar el alboroto, los habitantes del lugar salieron de sus casas y notaron que otros dos agentes se unieron a los dos que dispararon. En total, cuatro agentes armados rodearon a Leví y luego, entre insultos y amenazas, lo arrastraron hacia la calle polvosa. Una vez en el suelo, le torcieron los brazos hacia la espalda y lo ataron de manos.

En ese momento, ninguno de los lugareños entendía por qué los policías dispararon en contra de un indígena veinteañero y agricultor, que simplemente caminaba rumbo a la vivienda de un vecino para lavar las jícamas de la cosecha familiar y dejarlas listas para enviarlas al mercado. Pero así fue. Sin preguntas, sin advertencias, sin algún toque de queda vigente que le impidiera caminar de noche y, sobre todo, sin andar armado, Leví fue atacado a tiros por los policías y no lo mataron. Entonces, frente a la mirada de los vecinos, lo capturaron.

“Yo lo que miré esa noche fue que el señor agente le estaba pegando con la bota, como si quisiera matar una culebra. Y él (Leví) ya estaba amarrado. Como que era un garrobo lo habían amarrado y tirado en el suelo, boca abajo. Y luego le ponía la bota en la cabeza”, relató uno de los vecinos que había salido a ver lo que ocurría, con una lámpara encendida, según le relató a una reportera de la radio YSUCA.

—Dejalo, ya estuvo, no sigas golpeándolo —interrumpió un policía al otro.

—No hombre, es que a estos hijos de la gran puta así hay que darles para que hablen —gruñó el agente, mientras seguía golpeándolo e insistiendo en que Leví delatara a los pandilleros que la Policía buscaba esa noche— ¿Decinos dónde están los demás?

—No sé de qué habla, no sé nada —era lo único que Leví balbuceaba, mientras seguía recibiendo patadas en el cuerpo.

Entretanto, otro de los policías empuñó su fusil, corrió hacia los vecinos y los apuntó.

—¡Apaguen esa lámpara! Váyanse para adentro —ordenó.

—Pero nosotros no debemos nada, no hay nada qué temer, como dijo el presidente (Bukele).

—¡A nosotros no nos importa! Entren en sus casas.

Intimidados por el fusil del policía, los vecinos entraron a sus casas. Uno de ellos relató que sus manos le temblaban del miedo al cerrar la puerta de su vivienda y que se quedó con una sensación de impotencia que le recorría todo el cuerpo por no poder ayudar a Leví, a quien conocían por ser un joven indígena agricultor de la zona y a quien nunca vio involucrado con pandilleros.

“En lugar de que nos cuiden, los policías están sembrando el terror en la comunidad”, lamentó el vecino, quien pidió anonimato a la periodista de la YSUCA para evitar represalias.

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Desde que Leví fue capturado esa noche del 11 de noviembre de 2022 y hasta mayo de 2024, su padre Silverio Morales no pudo verlo. Pasó un año y medio en incertidumbre por no saber al menos alguna información básica de parte de las autoridades penitenciarias sobre su estado de salud o las condiciones en las que se encontraba.

El 30 noviembre de 2023, luego de una agotadora lucha familiar y acompañamiento legal de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), el Tribunal Especializado Contra el Crimen Organizado de Santa Ana ordenó la liberación inmediata de Leví para continuar con el proceso judicial en libertad, pero la Policía Nacional Civil (PNC) ni siquiera lo dejó salir del Centro Penal de Usulután, donde supuestamente se encontraba recluido en esa fecha, y volvió a capturarlo. El 12 de abril de 2024, el mismo tribunal ordenó por segunda vez la liberación inmediata, pero las autoridades penitenciarias retrasaron el trámite un mes, sin dar a conocer ningún fundamento legal.

Esta historia parece una excepción a la regla o un margen de error en cualquier país del mundo con un sistema de justicia que funciona medianamente bien. Pero no lo es en El Salvador, donde todos los familiares de los detenidos durante el régimen de excepción, especialmente los parientes de quienes han sido detenidos sin justificación ni pruebas y de forma arbitraria, no tienen acceso a la información básica que deberían proveer las instituciones públicas.

Para conseguir un poco de información, los padres de Leví desfilaron por todas las instituciones públicas que pudieron. Acudieron a la Policía, a la Fiscalía, a los Juzgados, a la Procuraduría General y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pero en todas esas oficinas la historia fue la misma. Nadie tuvo la cortesía de brindarle la más mínima y básica noticia.

Sin acceso a la información, los padres de Leví comparten la misma incertidumbre, preocupación, angustia y agotamiento emocional de otros familiares de miles de detenidos que tampoco saben nada de sus parientes que ahora están tras las rejas, enfrentando procesos judiciales multitudinarios en los que no hay oportunidad de defensa legal para demostrar que son inocentes. Porque también eso es lo que ocurre en este país centroamericano, según casos documentados por el periodismo y organizaciones de derechos humanos: Se procesa judicialmente sin indicios ni pruebas. El Salvador, de acuerdo con académicos y defensores de derechos humanos, se convirtió en un país en el que el sistema judicial funciona al revés y al servicio de los intereses del presidente Nayib Bukele.

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El 8 de noviembre de 2022, tres noches antes de su captura arbitraria, Leví contó a su familia, durante la cena, que presentía que algo malo le iba a suceder. Como si fuera un presagio. Su padre Silverio, un líder de la Organización Indígena Náhuat-Pipil (OIPAN) y guía espiritual, cuenta que siempre supo que su hijo tiene el “don de presentir acontecimientos”. Coincidencia o no, el hecho es que el 11 de noviembre fue capturado, luego de sobrevivir al ataque armado de los policías.

Leví siempre había apoyado y ayudado a su padre Silverio, a su madre y a sus tres hermanos, en la organización indígena donde trabajaban manteniendo viva la cultura pipil de sus antepasados, protegiendo los sitios sagrados y cuidando las semillas nativas junto con las comidas ancestrales. En eso había invertido su vida y, según sus vecinos y familiares, nunca estuvo ligado a las pandillas de la zona. Pero esa noche del 11 de noviembre de 2022, los cuatro policías lo capturaron —después de fallarles la puntería— convencidos sin pruebas de que era un pandillero y que además estaba encubriendo a unos delincuentes de la zona.

Ese viernes 11 de noviembre, Leví se había pasado todo el día en el campo, bajo el ardiente sol y junto a sus padres y hermanos, recogiendo quintales de jícama que solo se cosecha una vez al año. Al anochecer, Leví y su familia decidieron hacer una pausa para cenar. Una vez recogida la jícama, la trasladaron a la vivienda de un vecino que contaba con el servicio de agua potable. El siguiente paso era lavarla y luego prepararla para enviarla a los mercados en la madrugada. Durante la cena, en su casa, Leví propuso hacer el primer turno para ir a lavar la jícama, mientras los demás descansaban un poco más para luego relevarlo a eso de las 11:00 de la noche.

Mientras la familia cenaba, los feligreses de una iglesia evangélica cantaban en un culto a unas cuadras de distancia. Según recuerdan algunos testigos, la reunión religiosa se vio perturbada por dos supuestos pandilleros que llegaron y comenzaron a exigir dinero. Uno de los miembros de la congregación llamó a la Policía y explicó lo que estaba sucediendo. Cuando los policías llegaron, los pandilleros corrieron, subieron a los techos y comenzó una persecución corta e inútil porque los delincuentes aprovecharon la oscuridad para huir.

En casa de Leví, todos estuvieron de acuerdo con que hiciera el primer turno para lavar las jícamas. Así que cinco minutos antes de las 9:00 de la noche, salió de su vivienda por una calle polvosa de Nahuizalco, en Sonsonate, con rumbo a la casa del vecino con agua potable.

Al verlo, caminando solo por la calle, dos de los policías apuntaron y dispararon. Cuando los otros dos escucharon las detonaciones, llegaron al mismo punto con sus armas en las manos para apoyar a sus colegas.

“Todo fue una confusión, los policías le dispararon a mi hijo pensando que era uno de los muchachos que estaban molestando a la gente de la iglesia”, dijo Silverio, quien se dio cuenta del incidente hasta las 11:00 de la noche, cuando se alistó y salió por la misma calle oscura y polvosa hacia la casa del vecino para relevar a Leví.

En el lugar, se enteró de que su hijo no alcanzó a llegar y fue ahí donde le contaron lo ocurrido. Desesperado, corrió por unos minutos hasta la vivienda de otros familiares para ver si lo podían acompañar a la estación policial para pedir explicaciones. Fue entonces cuando comprendió que la arbitrariedad había sido más grave de lo que intuía: Los policías, en su afán por capturar a quien se pudiera culpar de haber hostigado a los religiosos, también se llevaron a sus sobrinos Ramiro y Samuel Morales.

Desde esa noche, los tres primos pasaron a formar parte de las casi 100 mil personas detenidas en el régimen de excepción, que fue aprobado a finales de marzo de 2022 por la Asamblea Legislativa a iniciativa del Gobierno de Nayib Bukele. Esta medida de seguridad pública que suspende garantías constitucionales y que es extraordinaria —pero que se volvió ordinaria— sigue vigente hasta la fecha gracias a las 26 prórrogas que han concedido los diputados oficialistas de Nuevas Ideas, quienes no necesitaron en la legislatura anterior ni en la actual dialogar ni debatir con ninguna otra bancada por ser mayoría y porque los partidos aliados endosan sus votos para autorizar que el régimen siga vigente.

Tras enterarse de la captura de sus sobrinos, en el mismo procedimiento policial en el que su hijo fue detenido, Silverio Morales caminó hasta la subdelegación policial de Nahuizalco. En el lugar, preguntó al agente que estaba de turno si le podía dar información sobre las capturas.

El policía le respondió, escueto y de mala gana, que su hijo iba a permanecer en prisión a la espera de un proceso judicial en su contra. Eso, según Silverio, a pesar de que no había ninguna prueba que lo vinculara con pandillas.

 “Le vamos a aplicar el régimen y la Fiscalía lo acusará de agrupaciones ilícitas”, espetó el guardia de turno. Cuando Silverio escuchó, se sintió sorprendido y al mismo tiempo indignado por la inculpación falsa.

Para Zaira Navas, jefa de Estado de Derecho y Seguridad de la organización Cristosal, el régimen de excepción ha significado transformaciones en la legislación penal del país en detrimento de los derechos de las personas que han sido capturadas, aspecto que califica como muy grave: “Se le están dando amplias potestades a la Fiscalía, se le da valor probatorio a las declaraciones de policías, ni siquiera a los captores, sino a las actas policiales”, recalcó Navas.

Algunas de estas actas que son presentadas como prueba ante los tribunales han sido elaboradas por policías que mienten en la información que contiene la “ficha policial” y el “acta de captura”. Así lo comprobó GatoEncerrado en al menos tres casos. La “ficha policial” contiene el perfil de las personas que han sido capturadas. En los casos que esta revista y organizaciones de sociedad civil han documentado por tratarse de capturas arbitrarias, hay algunas características que comparten y que son muestra de que se sigue un patrón en contra de hombres jóvenes pobres que viven en zonas marginadas y son de piel morena. En las “actas de captura”, tal y como este medio y otros periódicos han revelado, los policías también han mentido en la descripción de las circunstancias en que ocurrieron los arrestos e incluso llegan a justificar una detención por el simple hecho de que los agentes observaron que los jóvenes mostraron “nerviosismo” ante la presencia policial.

Silverio, indignado por lo que el guardia de turno le comunicó sobre lo que califica como una acusación falsa en contra de su hijo, se mantuvo en la estación policial exigiendo respuestas y pidiendo que dejaran libre a Leví. Pasada la medianoche, los policías se enojaron, lo insultaron y lo sacaron de las instalaciones hacia la calle. “Yo no me esperaba ese trato de parte de quienes portan el lema de ‘servir y proteger’ a la población”, lamentó el líder indígena.

Esa no fue la única vez que Silverio experimentó un rechazo violento en las instituciones públicas solamente por pedir información básica sobre la situación de su hijo.

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“Números quiere Nayib y números le vamos a dar”

El calvario de Silverio por conseguir un poco de información acerca de la situación de su hijo en el régimen de excepción no es exclusivo. Lo comparte con otros miles de familiares de personas que fueron capturadas en circunstancias similares y acusadas falsamente. Uno de esos tantos casos es el de Verónica Ramírez, de 35 años, quien es madre de cinco hijos menores de edad a quienes ahora tiene que cuidar en solitario al mismo tiempo que debe trabajar para que no les falte comida, ropa y un techo sobre sus cabezas.

Verónica tiene que hacerlo todo sola, sin ayuda de nadie, porque el régimen de excepción se llevó a su esposo José Ángel Ruiz, el 14 de junio de 2022, acusado de colaborar con las pandillas; a pesar de que nunca ha estado involucrado con grupos delincuenciales. Al contrario, ha dedicado su vida a la iglesia y a su familia, como esta revista pudo comprobar. Al igual que Silverio, la esposa de José también ha desfilado por distintas instituciones públicas para buscar información sobre el caso de su cónyuge, pero en todas le han cerrado la puerta y la han tratado como si fuera otra sospechosa más y la pareja de un criminal.

En la estación policial de la ciudad de Zacatecoluca, en La Paz, donde inicialmente llevaron a su esposo detenido, Verónica se presentó e hizo la pregunta más natural que se puede hacer en ese contexto para intentar entender por qué los policías fueron capaces de llevarse a un esposo atento, padre amoroso de cinco, trabajador y devoto religioso. Lo que respondió un policía la dejó sumergida, hasta la fecha, en una incertidumbre por no poder obtener información mínima.

—¿Por qué lo capturaron?

—Porque números quiere Nayib y números le vamos a dar—dijo uno de los policías, con la arrogancia de un verdugo que se siente impune y que se quiere sacudir las preguntas insistentes de una mujer que le ruega por información.

Esos “números” de los que habló el policía son los que dan la apariencia de que el régimen de excepción es una medida de seguridad pública exitosa, según el análisis de la directora de la organización Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar.

“El régimen de excepción ha sido efectivo para la captura masiva, pero no para hacer justicia. Si así fuera, ya tendríamos en la cárcel a los responsables de los 87 homicidios (del último fin de semana de marzo de 2022) que dieron pie al régimen, pero no tenemos nada. Lo que tenemos son casi 100 mil personas presas sin derecho de audiencia, sin derecho de defensa, sin derecho a juicio justo, y entre ellas, 21 mil inocentes que nosotros hemos calculado”, explicó Escobar.

Entre esos inocentes están el hijo de Silverio y el esposo de Verónica, además de otros miles de casos documentados por el periodismo independiente y las organizaciones de sociedad civil que defienden los derechos humanos. La mayoría de estos casos comparten el mismo patrón de actuación de los agentes, quienes primero capturan, acusan bajo el eslogan de que “los policías son jueces de la calle” y luego investigan. El caso de José, esposo de Verónica, no fue la excepción.

Durante la mañana del 14 de junio de 2022, José se encargó de hacer el almuerzo para la familia. Buscó tutoriales en YouTube para aprender a preparar las papas guisadas en salsa de hongos de ese día. Cuando todo estuvo listo, encendió la motocicleta que ocupaba para vender pan francés, se colocó su casco y salió hacia el trabajo de Verónica para traerla de nuevo a casa y almorzar todos juntos.

Después del almuerzo en familia, José volvió a colocarse el casco y a encender la motocicleta para trasladar a Verónica de nuevo al trabajo. Cuando venía de regreso a su casa, para cuidar a los niños, unos policías lo detuvieron y lo bajaron de la motocicleta.

Verónica recuerda que el celular le sonó a eso de las 3:00 de la tarde, mientras se encontraba atendiendo asuntos de su trabajo. Cuando contestó, José le explicó, preocupado, que los policías lo estaban acusando de ser pandillero y que por eso lo iban a capturar esa misma tarde.

Desde ese momento, Verónica afirma que siente que la incertidumbre se apoderó de ella por no saber nada ni tener acceso a ningún tipo de información sobre el caso de su esposo. Lo único que pudo recuperar esa tarde fue la motocicleta.

“Inició vendiendo pan hace 15 años en una bicicleta. Luego, entre los dos pagamos un crédito para comprar esa moto. Todo con sacrificio. Apenas hace unos meses he terminado de pagar la moto. Aun la tengo, espero que cuando él salga (de la cárcel) vea que como familia nos esforzamos por pagarla y que no la perdiera”, relató.

La detención de su esposo la desanimó, pero siente que su situación es peor por la falta de información sobre el caso. No tener ni la más mínima información la consume, la agota, la hace sentir que camina cuesta arriba por una vereda interminable mientras arrastra sola los gastos del hogar al mismo tiempo que carga con sus cinco hijos.

Los católicos de la iglesia Nuestro Señor de los Pobres, en Zacatecoluca, a la que asistía junto a su esposo, han sido los únicos que la han apoyado y la animan a no rendirse.

“Cuando ocurrió su captura fue algo muy sorprendente porque nunca le vimos algo que nos llamara la atención o que pensáramos que él (José) podía estar involucrado en ningún tipo de grupo delincuencial. Ningún gesto, nunca un tatuaje, una palabra o algo que le sospecháramos”, comentó a esta revista María Ruiz, quien conoció a José en el Movimiento religioso de Encuentros Conyugales desde hace cuatro años.

Ambos, Verónica y su esposo José, eran miembros de esa iglesia y movimiento en el que participaban activamente. José, incluso, se involucraba en las actividades de Semana Santa. En una ocasión, según recuerdan con cariño los feligreses, interpretó a Jesús en el vía crucis.

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El 13 de abril de 2022, dos meses antes de su captura, José interpretó a Jesús en el Vía Crucis de Semana Santa realizado por la iglesia a la que asistía.

María Ruiz describe a José como una persona dócil, respetuosa y que trabajaba día y noche para sacar adelante a su familia, pero que a pesar de las largas jornadas de trabajo vendiendo pan siempre hacía tiempo para asistir a la iglesia junto a Verónica y sus hijos.

María también explicó que toda la comunidad religiosa se solidarizó con Verónica y sus hijos: “Se le ayudó con víveres, una ayuda que se recogió y tenemos un hermano que es abogado. Él inició un proceso que al final no dio resultado porque usted sabe que es sumamente difícil”.

Peregrinar por información en instituciones que se cierran

Dado que la Policía se negó a darle información a Silverio y Verónica —sobre los casos de sus familiares, respectivamente— ambos llegaron a la conclusión, por separado y sin conocerse entre sí, de iniciar una peregrinación por diferentes instituciones públicas para intentar conseguir algún tipo de información. Su decisión, en realidad, es tan solo una muestra de lo que hacen miles de familias que también buscan información sobre sus parientes capturados arbitrariamente. Pero el resultado casi siempre es el mismo, como ocurrió con Silverio y Verónica: las instituciones públicas se cerraron, estorbaron, fueron herméticas e incluso su personal fue protagonista de malos tratos.

Silverio comenzó su peregrinaje en la oficina de Sonsonate de la Procuraduría General de la República (PGR), que era la más cercana a su vivienda. En ese lugar esperaba que un abogado público le brindara información. Pero no fue posible. La oficina estaba tan desbordada de casos que no tuvo tiempo para atender a Silverio. Así que decidió viajar hasta San Salvador para tocar la puerta de la sede central de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y solicitar dos cosas: un chequeo médico para Leví y ayuda para aclarar la confusión de los policías en el caso.

El personal de la PDDH en San Salvador lo atendió y le aseguró que iba a coordinar el chequeo médico, pero también explicó que la institución no iba a ayudarlo a aclarar el caso ante las autoridades. Aunque los empleados de la Procuraduría prometieron el chequeo médico, Silverio nunca tuvo la prueba o garantía de que efectivamente se realizó. Unos días después, el personal de la institución le comunicó a Silverio que el seguimiento del caso lo llevaría la oficina departamental de Sonsonate.

Aunque esa oficina le quedaba más cerca, Silverio le dijo a esta revista que el trato en esa delegación departamental lo hacía preferir la sede central: “Me pidieron que presentara los arraigos de Leví, y cuando lo hice me dijeron que no valían para nada porque él aparecía perfilado como pandillero activo, así que no se podía hacer nada y cerraron el expediente”.

La experiencia de Verónica es similar, en ninguna institución le ayudaron: “Todos me dicen que tengamos paciencia, que si no deben nada no hay razones para temer. Como siempre, nos quieren ver a nosotros como el pueblo ignorante que se conforma con esas palabras”, lamenta y reprocha que la procuradora de derechos humanos, Raquel Caballero, “no tiene dignidad ni ética de trabajo” a la hora de dar seguimiento a los casos de capturas arbitrarias.

El trabajo de la procuradora de derechos humanos también es cuestionado por organizaciones de sociedad civil que brindan acompañamiento legal a las familias de los inocentes que fueron capturados. La directora de Socorro Jurídico, Ingrid Escobar, explicó a esta revista que “ella (la procuradora) siempre cierra las puertas” a la sociedad civil y que se ha tenido que trabajar con “procuradores adjuntos o procuradores específicos de cabeceras departamentales” que no tienen la autoridad para tomar decisiones.

De acuerdo con Escobar, este tipo de acciones de parte de la procuradora infringen el artículo 194, numeral 5, de la Constitución de la República, que establece que es tarea de la procuradora vigilar la situación de las personas privadas de su libertad y cuidar que sean respetados los límites legales de las detenciones administrativas.

Zaira Navas, de Cristosal, también señala que la procuradora no ha cumplido con su rol constitucional: “Hemos tenido conocimiento que la Procuraduría en algunos casos al menos hace gestiones y en otros casos pues simplemente no resuelve”.

Navas recalca que las organizaciones de sociedad civil corren la misma suerte que las familias de los inocentes capturados en el régimen. No tienen acceso a casi ninguna información oficial de parte de las instituciones públicas.

“Hemos solicitado información a la Policía, a la Fiscalía, al Conapina, que ahora es responsable de los centros de inserción social, a la Dirección de Centros Penales y en algunos casos se ha declarado bajo reserva y en otros casos nos han dicho que la información es inexistente”, indicó Navas.

Incluso en situaciones de emergencia o cuando se irrumpe con el curso habitual de las actividades relacionadas al régimen de excepción, el aparato estatal niega información a la población. Por ejemplo, lo ocurrido el miércoles 10 de enero de 2024, en las afueras del penal La Esperanza, en Mariona. Los familiares de los detenidos se acercaron alarmados por el movimiento inusual de ambulancias, patrullas, helicópteros, drones y hasta vehículos del Instituto de Medicina Legal que se utilizan para trasladar cadáveres.

Ante la angustia y desconocimiento de lo que había ocurrido dentro del penal, los familiares de los detenidos pidieron información a las autoridades, pero según pudo verificar la Revista Factum, el personal del penal no les dio ninguna respuesta. Durante la mañana de ese 10 de enero, la especulación creció y en redes sociales circularon distintas versiones de lo acontecido, entre ellas, la muerte de un custodio o un motín. Fue hasta la 1:14 de la tarde que la cuenta oficial de X de la Policía informó que la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) estaba realizando requisas sorpresas en todas las cárceles del país. Aunque ese anuncio no explicó la presencia de vehículos de Medicina Legal, fue la única información que los familiares recibieron y tuvieron que resignarse a seguir en la incertidumbre.

Negar información a las familias de los inocentes y a organizaciones de sociedad civil no es todo lo que las instituciones públicas son capaces de hacer, en contra de lo que establece la Constitución. El Gobierno de Bukele también ha mentido ante organismos internacionales sobre lo que ocurre en el régimen de excepción. En un informe para el Comité contra la Tortura de la ONU, los representantes del gobierno afirmaron que los familiares tienen una comunicación fluida que les permite construir su estrategia de defensa en el proceso judicial. Eso es falso. Los casos de Silverio y Verónica son apenas dos claros ejemplos, de miles, de que esa narrativa oficial es falsa y que a los familiares no se les brinda el acceso para hablar y ver a los detenidos.

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Informe del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas emitido en noviembre de 2022 en el que manifiestan sus preocupaciones sobre casos de torturas y muertes en los centros penitenciarios de El Salvador. Un año después el Gobierno respondió asegurando que no existen tales casos.

La falta de información en medio del régimen de excepción también obstaculiza y bloquea el trabajo de los periodistas y medios independientes que intentan retratar la realidad salvadoreña, más allá de la publicidad internacional del Gobierno de Bukele y las mentiras que infunde en los informes sobre lo que ocurre en el país.

La jefa de redacción de la Revista Factum, Jessica Ávalos, sostiene que uno de los obstáculos para informar en el régimen ha sido que la administración Bukele esconde o matiza las estadísticas y además infunde temor en las personas que han sido víctimas directas o indirectas del régimen para que no hablen con la prensa.

“Esta cantidad exorbitante que menciona el gobierno de que hay 100 mil capturados no tenemos manera de ver si es cierto o si la cifra ha sido inflada, no tenemos manera de ver el hacinamiento carcelario, porque no tenemos manera de pedirle a Centros Penales información, porque todo lo han reservado”, enfatizó Ávalos.

Las dificultades para obtener información por parte de la Dirección General de Centros Penales comienzan desde el sitio web del Instituto de Acceso a la Información Pública. El correo electrónico karla.sanchez@seguridad.gob.sv que se encontraba en el Portal de Transparencia de esta institución estaba desactualizado y no aparecía como destinatario real. Fue actualizado antes de la publicación de este reportaje. Cuando se marca al número de teléfono 2133-7265, que se mantiene en el sitio web, aparece como ocupado y no existe una respuesta.

Esto obliga a cualquier persona interesada en solicitar información, incluso aquellas que viven en las zonas más remotas del país, a tener que movilizarse y presentarse en persona a las oficinas de la Dirección General de Centros Penales para poder hacer la solicitud.

Para este reportaje, GatoEncerrado comprobó que la Dirección General de Centros Penales no brinda información. Esta revista hizo el ejercicio de solicitar las cifras de personas detenidas, cuántos se identifican como parte de la comunidad LGBTIQ, cantidad de fallecidos dentro de los penales en el periodo del régimen de excepción, mecanismos de comunicación entre la Dirección de Centros Penales y los familiares de personas inocentes capturadas para notificaciones de cualquier índole, población carcelaria con padecimientos terminales y el financiamiento de las tiendas penitenciarias a escala nacional. Pero la respuesta que se obtuvo es que toda esa información está bajo reserva. En otras palabras, no se puede saber ni siquiera datos estadísticos, mucho menos pueden las familias obtener datos específicos de sus parientes detenidos.

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A pesar de las complicaciones para obtener información oficial, el esfuerzo de los periodistas no decae. Jessica Orellana, fotoperiodista de El Diario de Hoy, explica que continuará haciendo periodismo para poner sobre la mesa aquellas problemáticas que el Gobierno de Bukele no quiere dar a conocer, de esta manera considera que le “brinda voz a la gente que sin el periodismo no podría expresar sus malestares o inconformidades”.

Asegura que seguirá haciéndolo, pese a que en el régimen no solo se enfrenta a la opacidad del gobierno, sino también a policías y militares que agreden: “Como fotoperiodistas hemos enfrentado cuestionamientos sobre nuestro trabajo, vulneraciones, agresiones; porque policías y militares se sienten con la potestad de agredirnos. Es indignante”, afirmó Orellana.

Jessica Ávalos insiste en que el momento que atraviesa El Salvador demanda aún más la labor periodística, porque considera que es el único gremio que se ha quedado intentando fiscalizar al poder: “Que se cuestionen por qué hay tanto interés en desacreditar a la prensa, por qué incomodamos tanto, por qué le estorbamos tanto los políticos cuando en realidad lo único que hacemos es intentar explicar cómo se gasta cada centavo que la ciudadanía paga con sus impuestos”, es la invitación de Ávalos para aquellas personas que ven en el periodismo un enemigo del Gobierno de Bukele, y no una labor que hace contrapeso y contraloría social.

Hipótesis de por qué se oculta la información

Ante la falta de información y datos, que es negada a familiares, organizaciones de sociedad civil y periodistas, Silverio tiene una hipótesis: “Muchos están muriendo ahí (en las cárceles) y por eso mismo no dan información”.

Para Ingrid Escobar, la suposición de Silverio no es descabellada, ya que los hechos la respaldan. Su organización ha documentado cuatro casos de personas inocentes que fueron capturadas en el régimen de excepción y que después fallecieron en la cárcel, bajo la tutela del Estado. El primer caso es el de una mujer que estaba en la morgue y a la familia no le notificaron las autoridades; los siguientes tres casos son bastante similares, los familiares seguían comprando y entregando los paquetes de alimentación e higiene porque no les habían informado que sus parientes ya estaban enterrados en una fosa común del cementerio de La Bermeja en San Salvador.

“Nunca voy a olvidar el día en el que yo estaba en un parque con mis hijos y una mujer me llamó llorando para decirme que le habían informado que su esposo ya estaba enterrado, y ella dando lactancia materna, imagínese”, contó Escobar con indignación.

Secuelas de la incertidumbre por falta de información

La falta de información provoca que los familiares de los inocentes detenidos convivan con la incertidumbre. Según los casos documentados por esta revista y organizaciones sociales, la incertidumbre también lleva al estrés, la ansiedad, depresión e incluso problemas de salud que se manifiestan físicamente. Así ocurrió con Verónica.

“Estoy padeciendo de distintas enfermedades que se me han ido desarrollando, como quiste en los ovarios (…) Porque el problema comienza en lo mental, tanto de mis emociones y mi forma de actuar, luego se vuelve algo físico”, afirmó Verónica, quien agregó que la ansiedad no la deja dormir por las noches.

Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista (SSPAS), le explicó a esta revista que en su organización han recibido múltiples casos de personas que les han detallado que a raíz de la incertidumbre de no saber nada de sus familiares han comenzado a padecer insomnio, especialmente las mujeres aseguran tener frecuentes dolores de cabeza.

Por su parte, Silverio reconoce que durante el tiempo en que pasó con incertidumbre por falta de información sobre su hijo no podía desahogarse por completo: “Siento que el corazón se me va a parar, que no me llega oxígeno al cerebro y que voy a caer”, detalló, mientras aún esperaba la liberación de Leví.

Aunque no ha estado en tratamiento con ningún psicólogo, Silverio mencionó que trató de controlarse por su propia cuenta para evitar un percance de salud mayor.

Su esposa también se vio afectada por la incertidumbre, al grado de haber considerado quitarse la vida: “Mucho lloraba, se desesperaba, entonces comencé a ponerla en tratamiento con psicólogos. Estuvo con un psicólogo en Nahuizalco, Sonsonate, y tres en San Salvador”, dijo Silverio.

Ese impacto psicológico y emocional en más de alguna ocasión hizo que Silverio sintiera que todo su esfuerzo era en vano al no encontrar ninguna resolución de parte de las autoridades, pero no desistió porque se aferraba a la esperanza de que Leví seguía vivo y que necesitaba que su padre siguiera luchando por su libertad.

Para atender la salud mental y emocional de las familias afectadas por el régimen de excepción no existe ni un solo plan gubernamental. No hay ningún programa al que puedan acudir para enfrentar la incertidumbre. Están sin información, sin tratamiento en salud mental y encima enfrentan un duro golpe económico. Un cóctel de males que deben enfrentar al mismo tiempo.

El impacto económico

Por la afectación emocional a raíz de la incertidumbre de no saber nada de Leví y porque tuvo que invertir su tiempo en la búsqueda de información, Silverio no pudo cosechar nada en 2022 ni en 2023. El resultado fue una pérdida de $10 mil dólares. Leví contaba con algunos animales de ganado, pero desde su captura algunos escaparon y otros murieron porque la familia no contaba con los recursos para alimentarlos. Eso se traduce en otros $3 mil dólares de pérdida. Además, Silverio asegura que gastaron alrededor de $2 mil dólares en la compra de paquetes de alimentación e higiene para su hijo, mientras estaba en la cárcel.

A Verónica Ramírez, la captura de su esposo la condujo a una nueva realidad en la que debe hacerse cargo por sí sola de sus cinco hijos y de su esposo, porque como ella misma dice: “Él se ha vuelto como un niño en este momento, porque hoy también depende de mí”. Los gastos que antes cubrían con los salarios de ambos, ahora los asume Verónica por completo y de forma indefinida, ya que su esposo sigue en prisión y ella sin saber nada sobre el caso.

También ha incurrido en gastos médicos a raíz de la enfermedad que desarrolló en este año y medio sin saber nada de su esposo: “He pagado médico privado porque aquí, en este país, en lugar de mejorar vamos como el cangrejo caminando hacia atrás, porque aquí no hay para que le hagan citologías en hospitales. Cuando uno va a pasar consulta de emergencia, le dicen que la citología se la tiene que hacer fuera, yo creo que no es de hospital de primer mundo”, mencionó Verónica sobre la razón por la que ha tenido que pagar un médico privado.

Sobre estas dificultades que enfrentan las familias, la economista Tatiana Marroquín plantea que muchos de los inocentes detenidos bajo el régimen de excepción “son personas que tenían un trabajo, que participaban de forma activa y económicamente en sus hogares, que no pertenecían a pandillas y que ahora ya no son un ingreso, sino que de hecho son un gasto”.

Marroquín sostiene que el gasto que representan los detenidos para sus familias es un aspecto del régimen de excepción que tendría que ser revisado por el gobierno: “El Estado debe ser responsable, no solo por la buenas noticias de esta acción pública, sino que también es responsable de los efectos negativos de sus acciones como muchas personas apresadas injustamente y que hay una gran carga económica para la familia, sobre todo para las mujeres, al intentar mantener a las personas que están dentro de las cárceles”.

Las repercusiones económicas llegan incluso a la niñez. La hermana de Silverio fue su primera familiar arrestada bajo el régimen de excepción. Tras la captura, los dos hijos de ella perdieron a la persona que sostenía el hogar. Este hecho los forzó a renunciar al estudio para poder trabajar y generar ingresos para sobrevivir. No pueden estar en un salón de clases porque ahora sus mañanas las dedican a preparar todos los materiales para la elaboración del fresco natural que venden en su colonia.

“Por eso es que nosotros cuestionamos mucho eso que llaman nacer con cariño, crecer juntos… No hay coherencia. Bonito que haya una ley, pero en la teoría, porque en la práctica imagínese esos niños, crecer juntos, pero juntos ¿con quién?”, cuestionó Silverio sobre la situación de sus sobrinos y el desamparo del Estado con la niñez a pesar de la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, en vigencia desde enero de 2023.

Según Marroquín, tampoco hay ninguna política pública que esté enfocada en cuidar de los niños y niñas que se están quedando sin sus padres en el marco del régimen de excepción: “Existen instituciones que deben de responder a esto, porque independientemente de que sus papás hayan cometido errores, el Estado debe de defender a los niños y las niñas, y en este caso también les ha dejado de garantizar cualquier clase de derecho o no ha atendido la consecuencia de sus propias acciones”.

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Una liberación a medias

Al mediodía del 14 de mayo de 2024, Silverio recibió una llamada telefónica de parte de la Dirección General de Centros Penales, en la que le informaron que su hijo Leví iba a ser liberado esa misma tarde. La información fue escueta, solo le dijeron que tenía que presentarse a las 16:00 horas frente al Centro Penal de Izalco para recibirlo.

Hasta esa fecha, ya habían pasado 18 meses desde que Leví  fue capturado y dos semanas desde que el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado en Santa Ana había ordenado, por segunda vez, la liberación inmediata de Leví. Centros Penales, por su parte y sin justificación, había retrasado la liberación.

Con la esperanza de que la información en la llamada era cierta, Silverio dejó todo lo que estaba haciendo y se fue, junto a su esposa y dos tías de Leví, hasta el Centro Penal de Izalco. Faltando cinco minutos para la hora indicada, Silverio llegó y luego se acercó a los policías que estaban en un puesto de control, ubicado aproximadamente a un kilómetro de la cárcel.

En el punto de control, explicó que recibió una llamada telefónica en el que le informaron que su hijo Leví sería liberado, pero los policías le contestaron que no tenían información al respecto.

Un poco preocupado, pero sin perder la fe, se hizo a un lado del camino y decidió esperar. Junto a su esposa, se mostraba ansioso. Se sentó un par de veces en el borde de una cuneta junto a la calle y se volvió a levantar. Tres veces sacó del bolsillo de su pantalón su celular solo para corroborar la hora y luego caminó de un lado para otro.

Finalmente, a las 5:15 de la tarde, un pick up blanco doble cabina, propiedad de Centros Penales, se acercó al punto de control. Se detuvo y los agentes que venían a bordo bajaron a un joven, rapado recientemente y vestido con las ropas de los privados de libertad: con un pantalón corto blanco, camiseta blanca y calzando unas sandalias negras. Una vez abajo, liberaron sus manos que estaban atadas a su espalda con unas esposas.

—Aquí estate, no te movás— le dijo Silverio a su esposa, a quien detuvo con su mano sobre el hombro derecho, mientras ella quería caminar hacia el joven que los agentes bajaron del vehículo.

—No es él, no es él— le aseguró Silverio.

—Sí, él es— reprochó su esposa, entre sollozos pero con la seguridad de una madre que reconoce a su hijo aunque la cárcel le haya cambiado el aspecto físico.

Un momento después, Silverio fue llamado por los policías para que recibiera a su hijo. El trámite para entregárselo duró otros ocho minutos. Luego, finalmente, Leví pudo cambiarse la ropa por un pantalón y una camisa que su padre le había llevado.

Luego de una larga espera de 18 meses desde el momento de su captura arbitraria, Leví se reencontró con su familia que le esperaba con ansias a las afueras del Penal de Izalco en Sonsonate. Leví salió con fiebre. Fotos/Bladimir Nolasco.

Abrazó a su mamá, a sus dos tías, y entre lágrimas caminaron todos juntos hasta una camioneta que la organización Fespad había proveído para que Leví y su familia fueran trasladados hasta su hogar.

“Lo más prudente es que nos vayamos ya de aquí”, dijo una de las abogadas de Fespad a Silverio, con el temor de que ocurriera una nueva recaptura, como la primera vez que el Tribunal ordenó la liberación de Leví.

Aunque Leví ahora goza de libertad, su caso sigue intacto y deberá enfrentar el proceso judicial en su contra con la posibilidad de ser condenado injustamente tras la confusión de unos policías que lo capturaron mientras buscaban supuestos pandilleros en medio del régimen de excepción.

Fuente de la información e imagen:  https://gatoencerrado.news