La Suprema Corte de Justicia de Panamá declaró este martes inconstitucional una concesión estatal de explotación minera de cobre otorgada a una compañía canadiense, luego de semanas de intensas protestas en el país centroamericano.

«Hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la ley 406 de 20 de octubre de 2023. Lo anterior significa que la referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país», dijo la presidenta de la Corte Suprema, María Eugenia López.

Esa ley es la que dio aprobación en el Congreso al contrato con la minera First Quantum, que suponía la explotación por 20 años de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, con opción a prórroga por 20 años más, con un pago anual a las arcas estatales de US$375 millones.

El acuerdo desató las mayores protestas en Panamá en décadas. Muchos ciudadanos consideraban que había una pérdida de soberanía y que la lucrativa mina -que representa el 1% de la producción mundial de cobre y el 5% del Producto Interno Bruto del país- debía dejar más recursos para el erario público.

También se manifestaron por las consecuencias ambientales de esta explotación minera.

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dijo que acatará la decisión del máximo tribunal.

«Siempre respetuoso de la separación de podes del Estado y de nuestra Constitución, recibo y acato la decisión de la Corte Suprema de Justicia», escribió el mandatario en X (antes conocida como Twitter).

Polémico contrato

El rechazo de los panameños a la explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica es de vieja data. El yacimiento, ubicado en la provincia de Colón, viene siendo operado desde 1997 a través de un contrato firmado entre el Estado y la sociedad minera Petaquilla S.A.

Ese acuerdo se concretó sin licitación y sin estudios de impacto ambiental, según explicó a BBC Mundo Raisa Banfield, presidenta de Panamá Sostenible.

Aquella irregularidad movió a la sociedad civil a interponer una demanda en 2009. Sin embargo, no fue hasta 2017 que se logró un fallo de inconstitucionalidad, con el agravante de que su publicación en la Gaceta Oficial no se concretó sino hasta 2021.

“Primero, se aprovecharon de esa demora para ampliar las operaciones de la empresa minera. Después, el Estado debió haber hecho cumplir el fallo definitivo. En cambio, renegoció el nuevo contrato”, afirmó Banfield.

Las negociaciones con la filial canadiense, según cuenta la activista, se iniciaron en enero de 2022 a puerta cerrada. En marzo de 2023 se anunció el acuerdo sin participación ciudadana.

En respuesta, la sociedad civil denunció que se habían cometido los mismos vicios que el acuerdo anterior y exigieron que se sometiera a discusión.

“Se hicieron tres debates en la Asamblea Legislativa y se consultó a los pueblos relacionados con la actividad extractiva, quienes expresaron su profundo y generalizado rechazo. El gobierno devolvió el contrato con algunas mejoras, en vez de derogarlo. Al final, la Asamblea aprobó la Ley 406 en 72 horas y la noche del 20 de octubre el presidente la promulgó, desconociendo la voluntad de la gente», explicó Banfield.

Fue a raíz de todo este proceso que se iniciaron las protestas que se prolongaron durante semanas y culminaron con el fallo de inconstitucionalidad anunciado este martes.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cg6pgpewkyno