Por: Amnistía Internacional.07-09-2016

Una insidiosa oleada de amenazas, cargos infundados, campañas de difamación, ataques y homicidios contra activistas ambientales y del territorio, llevados a cabo en los últimos meses, ha convertido a Honduras y Guatemala en los países más peligrosos del mundo para quienes protegen los bienes o recursos naturales. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado seis meses después del brutal asesinato de la líder indígena Berta Cáceres.

Defendemos la tierra con nuestra sangre explora el aumento de la estigmatización, las amenazas, los ataques y los homicidios, así como la falta de justicia, a los que se enfrentan las personas y comunidades que luchan por proteger el medio ambiente frente a los proyectos en gran escala de minería, extracción de madera y producción de energía hidroeléctrica.

“La defensa de los derechos humanos es una de las profesiones más peligrosas de Latinoamérica, pero atreverse a proteger los recursos naturales vitales lleva esta arriesgada labor a un nivel totalmente nuevo y potencialmente letal”, señaló Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Un asombroso 65 por ciento (122 de 185) de los asesinatos de defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajaban sobre cuestiones relativas a la tierra, el territorio o el medio ambiente registrados en el mundo en 2015 tuvieron lugar en Latinoamérica, según Global Witness. Ocho tuvieron lugar en Honduras, y 10 en Guatemala, lo que convierte a estos países en las naciones con la tasa de homicidio per cápita más alta de la región.

“El trágico asesinato de Berta Cáceres parece haber marcado un mortal punto de inflexión para quienes defienden los derechos humanos en la región. La falta de una investigación transparente y efectiva sobre su homicidio ha transmitido el abominable mensaje de que disparar a alguien a quemarropa por enfrentarse a poderosos intereses económicos está, en la práctica, permitido”, manifestó Erika Guevara-Rosas.

Honduras: Ataques mortíferos

El asesinato de la líder indígena y defensora de los derechos humanos Berta Cáceres en su casa, a unas pocas horas de distancia de la capital de Honduras, Tegucigalpa, la noche del 2 de marzo fue uno de la serie de mortíferos ataques dirigidos contra su organización.

Berta Cáceres, líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), llevaba años trabajando para proteger el río Gualcarque del impacto potencialmente negativo de una represa que se planea construir en la zona.

Desde que se inició la campaña contra la represa en 2013, Berta Cáceres había recibido varias amenazas de muerte, que no se investigaron adecuadamente. Las autoridades hondureñas no le brindaron protección efectiva pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había pedido al estado que lo hiciera.

Los ataques, las amenazas y el acoso contra los miembros de COPINH y de su organización hermana Movimiento Indígena Lenca de La Paz Honduras (MILPAH), que trabaja para proteger el territorio del pueblo indígena lenca, se intensificaron tras el asesinato de Berta Cáceres. Los miembros de la comunidad afirman que individuos desconocidos los han estado acosando cerca de sus casas y de la emisora de radio comunitaria.

El 15 de marzo, Nelson García, otro líder de COPINH, fue asesinado a tiros en la calle cuando regresaba en motocicleta a su casa tras haberse reunido con la comunidad para organizar una protesta que se celebraría ese mismo día. Las autoridades han abierto una investigación que aún no ha arrojado resultados.

El 6 de julio, el cuerpo sin vida de la activista Lesbia Urquía, fue hallado en un vertedero de la ciudad de Marcala, en la frontera con El Salvador. Unos días después, las autoridades detuvieron a dos hombres en relación con su muerte, pero aún no se ha acusado formalmente a ninguno de ellos.

Una semana más tarde, Martín Gómez Vásquez, otro líder de MILPAH, fue apedreado cuando salía de la comunidad de Azacualpa, en el oeste de Honduras. Según dijo, los atacantes eran miembros de una familia que se atribuye la propiedad de una porción de las tierras ancestrales de la comunidad lenca. Las autoridades hondureñas aún no han abierto una investigación sobre este ataque.

Los abogados y activistas que trabajan para conseguir que se haga justicia por el asesinato de Berta Cáceres también han sido blanco de ataques e intimidación.

El 13 de julio, la oficina de Víctor Fernández, defensor de los derechos humanos y abogado que representa a la familia de Berta Cáceres, fue asaltada. Los ladrones sólo se llevaron información relativa al caso de Berta. La policía ha dicho que está investigando lo sucedido, pero hasta el momento no ha habido resultados.

El 2 de mayo, alguien disparó contra el periodista hondureño Félix Molina cuando viajaba en taxi por la capital del país, Tegucigalpa, tras haber publicado un artículo sobre el caso de Berta. Las autoridades no han abierto una investigación efectiva sobre el ataque.

Guatemala: Campañas de difamación

En Guatemala, los activistas ambientales y que trabajan sobre el derecho a la tierra han sido objeto de constantes campañas de difamación dirigidas a estigmatizarlos y desacreditarlos para obligarlos a abandonar su trabajo legítimo. Esas campañas han incluido acusaciones y procesamientos por cargos falsos para silenciarlos.

Las comunidades que luchan contra los proyectos mineros y de explotación de otros recursos naturales en sus tierras se han visto especialmente afectadas.

Este mismo año, una de los ex líderes de Resistencia Pacífica La Puya –organización cerca de la capital guatemalteca que lucha contra un proyecto minero local– fue amenazada, junto con sus hijos de corta edad. Denunció las amenazas a las autoridades.

Cree que las amenazas son una retaliación por su trabajo de oposición a la construcción de la mina, por el impacto que podría tener en la comunidad y en sus tierras.

Hacia esa misma hora, uno de los principales periódicos nacionales, Prensa Libre, publicó un anuncio de página completa en el que un importante representante de una empresa minera del país acusaba de “terrorismo” a organizaciones de derechos humanos, y contribuía así al patrón de estigmatización.

Protección ineficaz

Los mecanismos de protección para los defensores y defensoras de los derechos humanos en peligro existentes en ambos países han demostrado su ineficacia.

En Honduras, aunque se ha establecido por ley un mecanismo de protección para los defensores y defensoras de los derechos humanos en situación de riesgo, en la práctica el programa no se ha aplicado adecuadamente a causa de la falta de voluntad política y recursos económicos. Las personas que defienden los derechos humanos han denunciado que no se las consulta adecuadamente sobre sus necesidades, y que en ocasiones la protección que se les ofrece procede de las mismas fuerzas de seguridad sospechosas de los ataques o amenazas de que son víctimas.

“¿Cuántos defensores y defensoras más de los derechos humanos, como Berta, tienen que morir para que las autoridades actúen con el fin de proteger a las personas que defienden nuestro planeta? La falta de justicia contribuye a la atmósfera de miedo e impunidad que facilita estos crímenes”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas.