Centro América/Panamá/Marzo 2016/Fuente y Autor: Redacción Digital La Estrella
El próximo mes de agosto acorde al calendario escolar internacional abrirá sus puertas, el primer Colegio Alemán en Panamá y contará con una jornada completa, donde los estudiantes desarrollarán sus tareas y actividades extra curriculares en el colegio.
Paula de Schneider, presidenta de la Asociación Educativa Colegio Alemán de Panamá, anunció que por el momento atenderán a niños y niñas desde maternal hasta segundo grado y seguirán ascendiendo hasta lograr la secundaria.
El colegio tendrá un currículo trilingüe en alemán, inglés y español, con profesores alemanes e internacionales altamente capacitados que utilizarán la metodología educativa alemana e internacional, planificando en un futuro tener el reconocimiento German IB que le permite al graduado ingresar en las universidades alemanas y del mundo entero, sin convalidaciones adicionales.
Actualmente existen 144 en el mundo siendo Honduras, República Dominicana y Panamá los únicos que no cuentan con un colegio Alemán.
El proyecto educativo busca también convertirse en un Centro de Capacitación Docente, para lo cual se están realizando las respectivas conexiones para la firma de un Convenio con el Ministerio de Educación, en el que el Colegio Alemán se compromete a desarrollar una completa transformación curricular y metodológica a un plantel educativo panameño cada año y de forma gratuita por 10 años.
“El Programa está diseñado para entregar becas a estudiantes de escuelas oficiales y se tiene proyectado continuar reinvirtiendo ingresos en educación, agregó de Schneider; quien también anunció que más adelante aspiran a establecer un Instituto Técnico Superior que pueda impartir diversas carreras, trabajando de la mano con la empresa privada, de manera que los estudiantes tengan un trabajo fijo y permanente con el que se puedan ayudar y practicar a la vez”, añadió Schneider.
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La auditoría de la CGR, entregada al Ministerio Público la semana pasada, detectó un daño a la institución de medio millón de dólares, monto resultado del análisis del año 2011 al 2014, a organismos universitarios, como institutos, facultades y hasta el Centro Regional Universitario de San Miguelito que, en lugar de depositar sus ingresos por autogestión y proyectos a la cuenta de la UP, los desviaron a la cuenta privada de la Fudep en un banco privado local, en violación de normas gubernamentales, alegan los auditores.
La cifra haría suponer a los fiscalizadores que el monto de la lesión podría ser mayor, ya que se auditaron 13 unidades académicas, y la CGR ignora cuántas más podrían estar involucradas a los hechos investigados. Además, los auditores solo examinaron 3 de los 21 años de existencia jurídica de la Fudep, creada en 1995 por el rector Gustavo García de Paredes. Ello, sin contar que no se suministró toda la documentación para completar la auditoría.
La investigación encontró que hubo desembolsos no reportados o efectuados sin documentos sustentadores, ingresos no depositados. También, que la Fudep cobró comisiones a varias unidades administrativas en calidad de “gastos administrativos”, pero sin formalizar los acuerdos que fundamenten esta obligación monetaria.
Por administrar estos fondos, la Fudep cobraba una “comisión” del 10%, expone el documento.
El presidente de la Fudep, Sergei De La Rosa, refutó la existencia de tales comisiones. “No se cobran comisiones; la Fundación descuenta 10% por el manejo de esas cuentas y dineros”, con la cual se hicieron muchos proyectos a favor de la UP, dijo.
Igualmente, la CGR detectó que las compras en la Fundación se hacían sin cotizaciones ni documentos sustentadores, así como de manera directa, violando la Ley de Contrataciones Públicas, sostienen los auditores.
REACCIONES
La escritora Rosa María Britton –que figuró en los registros de la Fudep como parte del cuerpo de síndicos, en conjunto con un grupo de destacados empresarios y académicos del país– advierte que se desvirtuó la misión que tenía la Fundación cuando la directiva del Club Rotario inscribió, de buena fe, a parte de sus miembros a fin de colaborar con la UP consiguiendo fondos en el exterior.
“Eso no tiene sentido”, que la Fudep consiga ese dinero de las operaciones de la Universidad y lo facture a su nombre, advirtió Britton quien también preside la Fundación Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero. Argumentó que así no se maneja este tipo de organización, puesto que todo el dinero, en su caso, pasa directo a la biblioteca sin cobros por manejos.
Lo revelado en el examen fiscalizador –a su juicio– “es una cosa inaudita; la Universidad de Panamá necesita que hagan una limpieza de afuera para adentro y de adentro para afuera. Esto no puede seguir así. A la Universidad no se le puede desacreditar de esa forma […] porque esos manejos turbios afectan al país”.
El Movimiento de Renovación Universitaria, a su turno, calificó de “lamentable” el resultado de la auditoría a la UP, ya que esta institución debe ser ejemplar en el manejo de su patrimonio para las instituciones publicas y privadas.
Eduardo Flores, presidente del movimiento y candidato a rector, recalcó que lamenta que se haya detectado una lesión al patrimonio, porque “nos afecta a todos como institución […] y la imagen va a ser difícil rescatarla”. Contrario a lo que se proyecta –añadió– la gran mayoría de los profesores, universitarios y administrativos desean “lo mejor para este país”.
Declaró que es “ilegal” que se desvíen los ingresos de la UP a la Fudep y explicó que esta forma de manejar el capital para la educación universitaria se debe a “una administración que lleva demasiado tiempo en la UP, [porque] cuando una administración se enquista 19 años en la administración, empieza a pensar que la institución le pertenece y que pueden hacer cualquier cosa con la institución y sus fondos”.
Ni el rector, Gustavo García de Paredes, ni sus vicerrectores aparecen en la lista de señalados por el “perjuicio económico” en la auditoría, como sí lo están una veintena de funcionarios, entre directores de los institutos, decanos de facultades, profesores y administrativos.
No obstante, en una entrevista plasmada en el documento, consta que todo lo actuado por los funcionarios investigados obedecía a directrices emitidas por García de Paredes. Y en ello coinciden directivos de los institutos, tras hablar con este medio.
En uno de esos testimonios se deja claro que, en relación al proceso de emitir cheques a la Fudep, el jefe directo de todos los institutos es el rector, y que se seguían “directrices verbales”. Para este fin, el rector asignó a una funcionaria de enlace para recaudar “los ingresos y el depósito de los mismos a la Fudep”, concluye el expediente.
Pero no es la Contraloría la que tiene la última palabra. Si hubo o no lesión patrimonial, el que lo decidirá serán el Tribunal de Cuentas y el Ministerio Público, manifestó el excontralor Carlos Vallarino.
“Lo que dice la Contraloría no es lo último […] en muchos casos lo rebaten […] le encuentran fallas”, como en el caso de los procesos del equipo de gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, subrayó.
Vallarino, quien también figuró como síndico de la Fudep –pero aclaró que desconocía estar vinculado a ella– fue enfático en indicar que ninguna entidad pública está por encima de la Ley de Contrataciones Públicas.
“Tienen que explicar eso de que faltan documentos, eso no puede ser; si se tiene un gasto, usted lo justifica”.
Vallarino comparó lo que hace la Fudep –de cobrar una “comisión de manejo”– con el mecanismo operativo del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), que también cobraba una comisión por el manejo de programas y proyectos de otras instituciones del Estado.
Otra de las voces que se alzó, producto del resultado de la auditoría, fue la empresaria y educadora Nivia Rossana Castrellón, quien opinó que el hallazgo es “una situación deplorable que va en contravía de los ejemplos que merece la sociedad, en particular, una casa que forma a nuestra juventud”.
La empresaria sugirió que “la Universidad debe ser de puertas abiertas y su gestión debe ser de cara a la sociedad”.
Para el Movimiento de Adecentamiento de la Universidad de Panamá, “la fudep fue, evidentemente, un instrumento del desgreño” en el manejo de los recursos universitarios.
“Las evidencias apuntan a una verdadera red delincuencial que debe ser desmadejada por el Tribunal de Cuentas y el Ministerio Público, y los responsables deben ser castigados, dado que la corrupción en el campo educativo no consiente ser tolerada” concluyó el profesor José Garrido.
La Prensa le consultó a la Contraloría si enviaría el resultado de la auditoría a la Fiscalía General de Cuentas, pero no hubo respuesta.
A su vez, consultó al rector, Gustavo García de Paredes, sobre los hallazgos de la CGR, pero este dijo: “No tengo opinión. No conozco el informe”.
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acondicionamiento de las aulas que serán habilitadas en el centro comercial Plaza Cristal Mall
Panamá/28 de marzo de 2016/La Crítica
El Ministerio de Educación en conjunto con la Junta Comunal de Juan Díaz inició hoy, lunes 28 de marzo, el proceso de mudanza de mobiliario y acondicionamiento de las aulas que serán habilitadas en el centro comercial Plaza Cristal Mall, a fin de que los estudiantes del Centro Básico General (CBG) Ernesto T. Lefevre puedan iniciar formalmente el nuevo periodo escolar 2016.
Personal de la junta comunal, departamento de mantenimiento del Meduca y del propio centro escolar trasladan sillas, pupitres, tableros y otro tipo de mobiliario que serán ubicados en los salones temporales en la plaza comercial.
Es por esta razón por la que el Meduca solicitó a los padres de familia que hoy no enviarán a sus acudidos del nivel premedia a clases.
Las clases estarán suspendidas hasta tanto finalicen los trabajos en estas aulas temporales.
En tanto, los estudiantes de primaria continuarán recibiendo las clases en el centro parroquial de la Iglesia del Carmen en Juan Díaz.
La docente Betzaida Alvarado dijo que cada día que pierden clases los estudiantes se afecta negativamente el proceso enseñanza-aprendizaje.
Indicó que es urgente que se habiliten estas nuevas aulas en este centro comercial para que haya continuidad en la enseñanza.
Están dirigidas a jóvenes estudiantes del sector público, entre séptimo y tercer año de bachillerato.
Guatemala/28 de marzo de 2016/Elsalvador.com
Las ASEx (Academias Sabatinas Experimentales ASEx) son una iniciativa de innovación y experimentación de métodos, técnicas y recursos educativos para que estudiantes del sector público entre 7° y último año de bachillerato complementen su formación académica desarrollando competencias en el área de las comunicaciones y gestión empresarial que les permitan destacarse como protagonistas del desarrollo local en sus comunidades de origen.
Los estudiantes que egresan, conocen y dominan información y tecnología avanzada que potencian su capacidad analítica para insertarse con mayor ventaja en el medio académico.
Son capaces de crear sus propios emprendimientos y de aprovechar las oportunidades en el mercado laboral en diferentes sectores. Tienen la flexibilidad necesaria para adaptarse a un proceso de cambio a nivel local y nacional.
Los estudiantes logran sus competencias en un ambiente universitario que los obliga a estar en contacto con la realidad, estableciendo relaciones con sus pares y con profesionales destacados, adquiriendo conocimiento, identidad y arraigo con el país.
El proceso de formación estimula el sentido de orgullo de la nacionalidad salvadoreña, para forjar una juventud comprometida con valores para una convivencia pacífica y democrática, identificándose con el emprendimiento y la innovación para el desarrollo empresarial.
La UJMD ha diseñado un sistema de enseñanza-aprendizaje basado en 40 módulos de formación por competencias, con un promedio de duración de 40 horas cada uno. Son permanentemente evaluados y enriquecidos por profesionales identificados y comprometidos con la educación como medio para la transformación personal y nacional.
El pensum tiene cinco áreas de formación: tecnología, emprendimiento, comunicación, investigación y experimentación.
Impacto
El proyecto busca dar oportunidades a estudiantes del sector público a nivel nacional para desarrollarse con excelencia en un entorno inclusivo, equitativo, participativo e innovador. Mediante este proyecto la UJMD garantiza que su proyección social tiene un alcance e impacto a nivel nacional.
Los estudiantes que participan en la academia viven una experiencia educativa de estándares superiores a la media nacional que les motiva la búsqueda de oportunidades de estudios superiores, porque adquieren disciplina y prácticas que les permite responder fácilmente a las exigencias universitarias. Adicionalmente desarrollan competencias que les permite insertarse en el mercado laboral con mayores ventajas.
Los centros educativos de donde provienen los estudiantes se benefician con el liderazgo y la madurez que los estudiantes adquieren en las Academias, son proactivos, son propositivos, son innovadores y fomentan el trabajo en equipo. Son capaces de transformar su entorno irradiando: entusiasmo, liderazgo, comunicación efectiva y emprendimiento.
Las comunidades, municipios y gobiernos locales aprovechan y apoyan el talento y las competencias de los estudiantes que están en las ASEx, dando oportunidades de participación en la elaboración de artículos para prensa, organización de eventos, actos públicos, promoción de grupos juveniles y programas de recuperación ambiental entre otros.
Para la Universidad el desempeño de los estudiantes en las ASEx, ha motivado el compromiso de crear oportunidades de continuidad de estudios superiores para lo cual ha diseñado un sistema de becas que cubre matrícula, materiales y gastos personales. Además ha gestionado becas en otras instituciones de educación superior a nivel nacional e internacional.
Las ASEx reflejan la misión educativa de la UJMD de formar a través de la investigación, la docencia y la proyección social estudiantes con alta competencia, con espíritu de investigación e innovación, sólida moralidad, profunda sensibilidad humana y clara visión de futuro.
Los pueblos aborígenes que existen en el país representan el 12.3% de la población total y son los grupos más marginados y vulnerables
La condición de vida de los pueblos originarios de Panamá en temas como acceso a educación, servicios básicos e ingresos es inferior a la de pueblos indígenas que viven en países vecinos como Colombia y Costa Rica.
La situación de vulnerabilidad y pobreza en la que viven estos pueblos quedó en evidencia en el informe denominado Latinoamérica Indígena en el Siglo XXI, publicado el pasado mes de febrero por el Banco Mundial.
Se trata de un análisis profundo de las condiciones de vida de los más de 42 millones de aborígenes en Latinoamérica. Se detalla, por ejemplo, que cerca de uno de cada tres indígenas latinoamericanos vive en pobreza, pese a los avances logrados por los países de la región.
El documento indica que el 47% de los 417 mil 559 indígenas de Panamá vive en áreas pobres; mientras que en Colombia el 32% de un millón 378 mil indígenas está en esa condición. En Costa Rica el 16% de los 100 mil indígenas habita en áreas pobres.
El informe también se refiere al acceso que tienen los pueblos comarcales a la electricidad. El 76% de las personas indígenas del país que viven en áreas rurales no cuenta con el servicio. En Colombia es el 52% y en Costa Rica, 51%.
El mejor indicador que tiene Panamá es el acceso al agua, pues del estudio se desprende que solo un 5% de este sector de la población no tiene el líquido.
UNA VERDAD VISIBLE
Williams Barrigón, consultor y asesor indígena del Congreso Emberá Wounaan, manifestó que la situación no resulta extraña, y es que de acuerdo con el mismo documento “los indígenas latinoamericanos se beneficiaron menos que el resto de pobladores de la bonanza económica que registró América Latina en la década pasada”.
A su juicio, a pesar de que Panamá ha desarrollado una de las economías más pujantes de la región en las últimas dos décadas es uno de los países con uno de los peores índices de distribución de la riqueza, lo que afecta, particularmente, a los pueblos originarios. “Hemos sido excluidos de esa riqueza”, apunta.
Los planteamientos de Barrigón son respaldados por el Atlas de Desarrollo Humano Local: Panamá 2015, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
En ese compendio se precisó que, en promedio, la inversión por habitante en Panamá es de 486 dólares, sin embargo, en las comarcas Emberá Wounaan, Ngäbe Buglé y Guna Yala esta cifra se encuentra por debajo de los 200 dólares.
Por otro lado, Barrigón hizo referencia al sistema de educación público, que desde su punto de vista es “paupérrimo”.
“En el proceso de enseñanza las infraestructuras son más que deficientes y ni se hable de la calidad de enseñanza, en la que ni siquiera se aplica la interculturalidad de los pueblos indígenas”, expresó.
Sobre este aspecto, en el informe de Latinoamérica Indígena se detalla que solo el 62% de la población indígena en áreas urbanas completa el nivel primario, un 18% el secundario y solo un 3% culmina el nivel universitario.
Esta situación los obliga a tener menor acceso a empleos altamente calificados y a tener ingresos hasta cuatro veces inferiores a los que genera la población no aborigen.
Por su parte, Ricardo Miranda, miembro del Congreso General Ngäbe Buglé, indicó que todos los informes que se han hecho respecto al modo de vida de la población indígena “son reiterativos en evidenciar la posición de vulnerabilidad, pobreza y desigualdad de la cual hemos sido víctimas”.
En su opinión, es poco lo que los diferentes gobiernos, desde que se inició la vida democrática, han hecho en favor del desarrollo integral de los territorios comarcales.
En el aspecto de salud, manifestó que con los años se ha agravado e incrementado la cantidad de personas de esa población con enfermedades de transmisión sexual, sin que nadie atienda la situación.
Además, recordó que en las áreas aborígenes las muertes maternas son hasta cinco veces más que en las zonas no comarcales.
“Lamentablemente, todas las atenciones que se dan en nuestros pueblos están por debajo del estándar de atención en comparación con otras áreas del país”, señaló Miranda.
Agregó que los logros que se han obtenido por parte de los indígenas han sido producto de medidas de presión como cierres de vías, protestas y otras acciones populares y no por políticas de Estado integrales que eleven la calidad y condición de vida de la población indígena del país.
Tanto Barrigón como Miranda coincidieron en que los planes y programas que se impulsen desde los estamentos del Gobierno para la población indígena no pueden ser aislados, sin objetivos y a corto plazo, sino todo lo contrario: deben ser integrales, consensuados y con visión de futuro.
LO QUE SE DEBE HACER
Para María de los Ángeles Vásquez, del centro regional de la Universidad de Panamá en la provincia de Darién y quien lleva 20 años trabajando en zonas comarcales, la situación antes descrita responde a que “no ha habido una real integración de estas comarcas”.
“Nos hemos preocupado más por las características particulares del indígena que en educarlos de mejor manera”, señaló Vásquez.
Añadió que la cultura de los indígenas no puede convertirse en una excusa o barrera para llegar hasta ellos. “Tenemos que hacer todo el esfuerzo del mundo, no importa cuánto cueste, en crear programas de educación bilingüe para que ellos tengan mejores posibilidades de acceso tanto a la secundaria como a la universidad”, indicó.
Por su parte, Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, señaló que si se quieren lograr los objetivos de “reducir la pobreza e impulsar la prosperidad compartida”, la región debe “luchar contra la discriminación y exclusión para que todos los latinoamericanos cuenten con las mismas oportunidades de tener una vida mejor”.
Es por ello que desde ese organismo internacional se exige a los gobiernos que profundicen la implementación práctica de marcos jurídicos progresistas que protejan los derechos de los pueblos indígenas.
Además de que se redoblen los esfuerzos para eliminar las barreras geográficas, lingüísticas y sociales que impiden que los pueblos indígenas participen en la toma de decisiones.
Y finalmente, se asegura que “la educación podría ser la clave para alcanzar el desarrollo con identidad, pero es necesario mejorar la calidad del sistema educativo”.
PROGRAMA DE GOBIERNO
Sobre el tema, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, señaló la semana pasada que el Gobierno está comprometido con el desarrollo integral de los pueblos originarios en consulta con sus comunidades, respetando sus autoridades tradicionales, así como su patrimonio histórico, cultural y ambiental.
De hecho, se comprometió a revisar en abril próximo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, relacionado con los derechos de los pueblos indígenas y tribales.
Por otro lado, el plan de Gobierno de Varela contempla una inversión superior a los 325 millones de dólares distribuidos en una variedad de 187 proyectos ya consensuados con las distintas comunidades.
Al respecto, Diana Candanedo, jefa de Planificación de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), manifestó que desde esa institución se trabaja en elaborar una hoja de ruta, con el objetivo de generar estrategias que impulsen el desarrollo de comunidades campesinas e indígenas a través de los procesos de investigación y desarrollo tecnológico.
Lo que se busca, precisó, es generar conocimiento e innovaciones que permitan mejoras en los sectores vulnerables del país, principalmente en áreas como seguridad alimentaria, saneamiento, uso adecuado de los recursos hídricos, entre otras
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proyectos de construcción de escuelas que se van a estar desarrollando en sectores comarcales de Panamá.
Panamá/ 24 de marzo de 2016/TVN-2
Personal del departamento de ingeniería del Ministerio de Educación (Meduca), explicó sobre algunos de los proyectos de construcción de escuelas que se van a estar desarrollando en sectores comarcales de Panamá.
Marcela Herrera, directora de ingeniería del Meduca, dijo que cuando se hizo el censo para conocer la cantidad de escuelas ranchos que hay en Panamá, detectaron un total de mil 64, pero cada vez que envían al equipo técnico a otros sectores, se encuentran con que hay otras más.
Detalló que en el sector de Muná, en la comarca Ngäbe-Buglé se han identificado 44 escuelas donde no existía el registro de tres de ellas, pero fueron incluidas en los proyectos.
La funcionaria explicó que el costo total de la obra es de 40 millones de dólares y se hizo mediante una licitación aglomerada, es decir que la empresa que se adjudicó el proyecto, debe hacer todas las escuelas.
El ingeniero Esteban Herrera, dijo que lo hicieron de esta manera para que fuera atractivo para el contratista, debido a la lejanía de los sitios en los que se tienen que construir los centros educativos.
Hace falta una mejor coordinación entre la empresa privada y autoridades educativas
Panamá/26 de marzo de 2016/Panamá América
Hace falta una mejor coordinación entre la empresa privada y autoridades educativas, para ver cuales son los campos en donde hay déficit de mano de obra y preparar mejor a los panameños para que puedan cubrirlo.
A juicio de Ricardo Sotelo, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) un punto controversial que ellos tiene para desarrollar sus diversas actividades económicas es la falta de mano de obra calificada que hay en el país.
Sotelo destacó que esto tiene que ver con con la deficiencia que hay en el sistema educativo para preparar mejor a la población panameña.
Un estudio entre la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) destacó que en Panamá solo 1.3% de los estudiantes que salen de las universidades y colegios son técnicos, lo que refleja que el país no está preparado para suplir la demanda.
Mientras que la prueba de evaluación internacional de estudiantes aplicada, el 48% de los jóvenes que ingresan al mercado laboral son incapaces de entender un texto básico y 62% no pueden realizar cálculos simples.
El presidente del Sip añadió que en este sentido, tanto sector privado como público deben sentarse y elaborar un plan para ver como se puede mejorar el sistema educativo del país.
“El tema educativo en Panamá es complicado, porque va todos los niveles tanto técnico vocacional como universitario en donde hace falta capacitar mejor a la población para que accedan a puestos de trabajo bien remunerados” agregó Sotelo.
El presidente del SIP agregó que al final lo que se está buscando es llegar a un acuerdo social para mejorar la educación en términos generales y obviamente no solo para beneficiar al sector industrial, sino que en términos generales a todos los sectores que ven difícil en ocasiones conseguir mano de obra bien calificada.
Acuerdos que muy pocas veces se da, ya que según René Quevedo, consultor en inserción laboral, el gran problema que tiene Panamá es la escasa coordinación entre las autoridades educativas y la empresa privada, creando graves distorsiones entre la demanda laboral y la oferta académica.
Quevedo destacó que el promedio de contratación de profesionales universitarios pasó de 34,661 anuales (2009-2012) a 13,390 (2012-2015), es decir una reducción del 62% .
El experto agregó que el sistema educativo panameño solo tendrá la capacidad de formar al 59% de los profesionales técnicos que requerirá nuestro país para suplir el mercado laboral entre los años 2015 y 2020.
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