Panamá

Por: Nelva Reyes. 

Tenemos retos monumentales, grandes tareas nacionales, el combate contra la pobreza y la desigualdad, acabar con la corrupción y cerrar la brecha social. La corrupción nos roba a todas y todos y amenaza nuestro futuro. No habrá intocables ni, aunque sean ministros, diputados grandes empresarios, empezando por el propio presidente…”.

Las palabras pronunciadas por el presidente Nito Cortizo han quedado en el discurso político. Si bien en un año no pueden lograrse tales objetivos, sí se pueden sentar las bases, y lo que ha ocurrido es todo lo contrario.

Fuera del plan “Colmena”, no hemos visto otro programa que busque no un asistencialismo, sino garantizar la participación de las comunidades a quienes se apoye en la producción, se les garantice fuentes de trabajo en la propia comunidad que dignifique a la persona y cerrar la brecha social.

Durante este año se han dado escenarios como la compra de ventiladores con altos sobrecostos en medio de la pandemia de la COVID-19. Sentimos vergüenza cuando escuchamos los medios internacionales referirse a este hecho como inaudito, a nadie se le ocurre hacer negocio en medio de una crisis como la que vivimos. Las redes sociales y los medios de comunicación han señalado la supuesta participación de ministros de Estado. De igual manera, se ha dado información confusa y contradictoria del hospital modular.

La COVID-19 nos ha permitido corroborar la situación en la que se encuentran los centros educativos del país. Situación que los gremios docentes tenemos años demandando el 6 % del producto interno bruto, para educación, tal como lo establece el Artículo 266 de la Ley47 Orgánica de Educación de 1946. Solo el 20 % de las escuelas primarias del país tiene acceso a internet, y el 33 % de las escuelas no tiene luz eléctrica, limitaciones objetivas para garantizar las herramientas tecnológicas. Esta situación incrementará la brecha educativa en el sector oficial. Desde luego que se dificultará que la educación sea la Estrella del Gobierno.

Las ministras de Desarrollo Social, Vivienda y Salud fueron desplazadas de sus posiciones. El presidente en su campaña prometió la equidad de género y la creación del Ministerio de la Mujer, el cual se concretaría el 8 de marzo de 2020, lo que tampoco se hizo. El trabajo realizado por las ministras Markova Concepción y Rosario Turner desde el día uno demostraron capacidad, compromiso y responsabilidad por el país. Lo que no fue “aparentemente” del agrado de algún sector del Gobierno que considera que las mujeres solo servimos para acatar órdenes en silencio y estar en las cuatro paredes de la cocina. Mi respeto, gratitud y solidaridad con ellas.

El Gobierno del presidente Cortizo ha mantenido una política a favor del sector empresarial y la continuidad de las políticas neoliberales, sin contemplar a la clase trabajadora del país que es la mayoría. Han aprobado leyes como la de la Asociaciones Públicas-Privadas, donde fondos del sector público contribuirán con las inversiones del sector privado. Además, se han emitido decretos para favorecer a empresas, bancos y sectores de alto riesgo. Está el Decreto Ejecutivo N° 251 de 2020, se le hace una deducción del 30 % del ISR para 2020. El Decreto 298 de 2020, donde se extiende el plazo para el pago de impuestos de inmuebles. La Resolución N° 283 de 2020, permite que la Caja de Seguro Social suspendiera las multas y recargos y/o pago tardío de los pagos correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2020 y así los medios informaron, el 7 de mayo, que el Gobierno trabajó un paquete de incentivos a las empresas, comprendido en 23 Leyes que serán remitidas a la Asamblea.

El Gobierno le ha garantizado a la banca, para su estabilización, millones de balboas, sin embargo, a las y los trabajadores les ha impuesto una serie de decretos que van desde la suspensión de contratos hasta la rebaja de la jornada laboral. Los trabajadores y trabajadoras hemos puesto nuestra cuota de sacrificio, comprensión y solidaridad ante la crisis producto de la pandemia sin una correspondencia, como sí la ha habido con el sector privado.

En el Diálogo Tripartido por la Economía y el Desarrollo Laboral, las y los trabajadores hemos demandado un decreto que le garantice a las y los trabajadores un subsidio de 500 balboas mensuales hasta diciembre, lo que contribuiría a que las personas no tuvieran que salir de sus casas y garantizar lo que dice el artículo 64 de la Constitución Política de la República de Panamá: “… asegurar a todo trabajador las condiciones necesarias a una existencia decorosa”. Esperemos que las demandas del sector trabajador y la disposición constitucional no sigan cayendo en oídos sordos.

Fuente del artículo: https://www.laestrella.com.pa/opinion/columnistas/200630/ano-gobierno-promesas-incumplidas