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En la escuela puede hablarse de cualquier tema

Por: Pablo Gutiérrez del Álamo

‘La educación es política’, último libro de Jaume Carbonell, aborda cuestiones polémicas que pueden y deben hablarse en la escuela, cuando esta está comprometida con los Derechos Humanos.

“Me interesa mucho hablar de los miedos, personales y sociales”, comentaba Jaume Carbonell (sociólogo, periodista y pedagogo, exdirector de Cuadernos de Pedagogía y colaborador de El diario de la educación) durante la presentación de La educación es política (Octaedro, 2018) en Madrid.

Una cita en la que contó como maestros de ceremonias con Agustín Moreno (profesor de Historia jubilado), Yayo Herrero (activista mediambienal y presidenta de FUHEM) y con Cristina Almeida (abogada).

El libro se divide en dos partes. En la primera trata sobre la necesidad de que la Política con mayúsculas entre en los centros educativos, mientras que en la segunda, aterriza esta necesidad con cuatro ejemplos al hablar de mediambiente, de la guerra, del referéndum del 1 de octubre en Catalunya y de los atentados de 2017 en Barcelona y Cambrils.

Y hablar de esos miedos personales y sociales los entronca con la obligación de que en la escuela se desarrollen determinados debates. En este sentido, planteó la cuestión de las acusaciones de adoctrinamiento y la judicialización de la cuestión de Catalunya tras el proceso del 1-O y cómo los docentes catalanes comenzaron a expresar su miedo a tratar según qué temas, plantear según qué debates en la escuela por la posibilidad de ser acusados y enjuiciados.
Pero, tras las imágenes que se vieron de los centros educativos tomados por la Policía Nacional, o las escenas de las cargas policiales y de gran violencia en algunos de los colegios. “Un tema como estos, que estaba en boca de todos, decía Carbonell, que se hablaba en el patio ¿Cómo se puede obviar?”.

Para él es necesario que haya un diálogo equilibrado en el que las emociones (sobre el tema que se trate), deben estar mediadas por el pensamiento para que pueda hacerse algo que defiende: educar en el pensamiento a través del diálogo. Pero de un diálogo de calidad en el que se pregunte: por qué dices lo que dicces, en qué te basas, cuáles son tus fuentes… “No para ver quién gana sino para que tú enriquezcas tu mirada y seas capaz de comprender a alguien que opina al contrario”. “La educación como espacio de conversación permanente: enseñar es mostrar y mostrar no es adoctrinar”.

Jaume Carbonell terminaba su intervención asegurando que la diferencia entre la escuela convencional y otra transformadora tiene que ver con que la primera prepara para las respuestas, mientras que la segunda lo hace “sobre todo, para hacerse preguntas, que son las puertas para el conocimiento”.

Tanto Agustín Moreno como Yayo Herrero hicieron un sistemático repaso por las diferentes partes del libro y las cuestiones que trata. Mientras Herrero se detuvo para hablar de la relación entre dos de los temas que se aborda (mediambiente y guerra) y cómo y por qué cree que nos encontramos en la situación de una grave crisis civilizatoria, Moreno repasó, hizo un análisis algo más exhaustivo de todo el libro.

“Me parece muy valiente cómo aborda el tema de Catalunya, del procès”, aseguró para acto seguido preguntarse: “¿Cómo no se van a hablar estas cuestiones en los centros educativos, cuando vimos esas escenas de colegios. Los jóvenes buscan las respuestas y es importante que haya espacio para ese debate y reflexión” en los centros educativos.

Cristina Almeida se centró en cómo había sido su paso por una escuela franquista, en un colegio religioso. “Soy una superviviente de la mala educación”, aseguró, de una educación que no le sirió más que para “repetir cosas absurdas”. “Aprendes cuando te sientes libre”, dijo, “cuando llegas a la universidad”. Y aunque mostró su extrañeza en la segunda parte, en el tema dedicado al referendum en Catalunya, “eso me ha chirriado”, afirmó que “en cualquier caso, esos temas hay que tratarlos” en la escuela.

Una defensa el diálogo y de la entrada de las cuestiones de actualidad en las aulas como forma de crear una ciudadanía crítica y bien informada que no sea objetivo de quienes desarrollan modelos más adoctrinadores.
Una idea que también apuntaba Yayo Herrero al hablar del análisis que Carbonell hace en el libro en el capítulo de medioambiente para hablar del currículo oculto antiecológico que hay en algunos libros de texto. “Libros como el de Jaume son centrales; nos pueden ayudar a replantear cómo neoliberalismo capitalista tiene rasgos de ser una religión civil”.

Una “religión civil” que se accepta de manera acrítica en los libros de texto y que en algunos casos es una “constatación de que la educación es una inyección de neoliberalismo”.

Estas ideas, como buena parte del libro, se relacionan con el primero de los capítulos que trata Jaume Carbonell, el de la neutralidad y el adoctrinamiento en la escuela. Una neutralidad que se confunde con objetividad. Para Herrero “no hay nada neutral y la educación no lo es tampoco”, pero lo importante, para no caer en elementos como la posverdad o el adoctrinamiento, es que la educación sea rigurosa y honesta.

Características que se sumarían a las que Carbonell ofrece sobre el profesorado y que Agustín Moreno calificó como “bellas: tener posición ante lo que afecte a la escuela, del lado del alumnado; encender el fuego de la curiosidad; acompañar al alumnado en su vida, siendo beligerante en el respeto a los derechos humanos y del niño; no dar lecciones sobre los derechos, sino practicarlos; un docente que se enriquece en la formación, y escucha a la comunidad porque es necesario que lo pedagógico sea político y viceversa”.

Fuente e imagen: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/01/18/en-la-escuela-puede-hablarse-de-cualquier-tema/

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Cien años de empuje pedagógico y más años que vendrán…

Por: Antoni Tort

Recordamos las aportaciones pedagógicas de hace cien años, pero también, y visto el paisaje contemporáneo, reconocemos que no hay un final de trayecto, ni medios plazos, ante la necesidad de seguir construyendo desde la educación.

Hace cien años, en 1919, Anton Makarenko se trasladó a Poltava, hoy en el centro de Ucrania, para hacerse cargo de su escuela primaria. Meses más tarde asumiría la conducción de una colonia para niños jóvenes delincuentes, el lugar de desarrollo de sus fundamentales aportaciones pedagógicas. Hace cien años, en 1919, abrió las puertas la primer escuela Waldorf en Stuttgart. Un centro educativo fundado por Rudolf Steiner a propuesta de su amigo Emil Molt, propietario de la fábrica de tabaco Waldorf-Astoria. Creada para educar a los hijos e hijas de los trabajadores de la empresa, seis años después contaría con casi un millar de alumnos. Hace cien años, en 1919, Englantyne Jebb convirtió un gran recaudo de dinero para alimentar y atender a los huérfanos de la Gran Guerra, en la Fundación “Save the Children”, para que todos los niños y niñas tuvieran la ayuda necesaria en todo tipo de conflictos y circunstancias presentes y futuras; poco tiempo después, como es sabido, redactaría la Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la Sociedad de Naciones. Hace cien años, en 1919, la doctora María Montessori, viajó al Reino Unido y, en Londres, organizó un curso de formación, de setiembre a diciembre, con una estructura que se convertiría en habitual: cincuenta horas lectivas, cincuenta horas de enseñanza utilizando los materiales, cincuenta horas de observación en las aulas montessorianas. Hace cien años, Janusz Korczak publicó su gran obra pedagógica, Como amar al niño, un texto escrito en los hospitales de campaña en los que el “Viejo Doctor”, como se le conocería más tarde, sirvió como médico militar, durante la Gran Guerra. Hace cien años, en 1919, el médico y pedagogo Ovide Decroly incorporaba el reconocimiento académico a su larga trayectoria como renovador de la educación: se integraba como profesor en el departamento de Pedagogía de la Université Libre de Bruxelles. Desde esta plataforma académica, su relación epistolar y personal con educadores y educadoras de todo el mundo crecería de forma extraordinaria: de John Dewey a Carleton Washburne, pasando por personalidades de nuestro entorno como Lorenzo Luzuriaga, Rodolf Llopis, Anna Rubiés, Pere Roselló, Pau Vila y tanta otra gente que conformarían una “internacional pedagógica” muy relevante.

Empujaron con fuerza en favor de la educación y la paz desde ideales, prácticas y contextos diferentes. Así lo resumía en los años cincuenta Henry Wallon cuando recordaba el congreso de Calais, del 1921, donde se establecieron los 30 puntos fundacionales de la Escuela Nueva: “El Congreso fue el resultado del movimiento pacifista que había sucedido a la Primera Guerra Mundial. Parecía entonces que para asegurar al mundo un futuro de paz, nada podría ser más efectivo que desarrollar en las generaciones más jóvenes el respeto de la persona humana por una educación apropiada. De esta manera, los sentimientos de solidaridad y fraternidad humana que se encuentran en las antípodas de la guerra y la violencia podrían florecer”. La internacional pedagógica no pudo con los procesos que desembocaron en una nueva gran guerra, la Segunda Guerra Mundial. Como si se tratara de una señal sombría y de mal agüero de lo que vendría, también recordamos que, hace cien años, en enero del 1919, era ejecutada, dentro de un coche en las agitadas calles de Berlín, la revolucionaria Rosa Luxemburg, junto a su compañero Karl Liebknecht.

Se atribuye a Zhuangzi o Chuang Tzu, pensador de la antigua China del siglo V a.c., un texto que se ha utilizado en múltiples entornos y redes: “Si haces planes a un año vista, siembra trigo. Si tus proyectos abarcan diez años, planta un árbol. Si la perspectiva es a cien años, educa a las personas. Al sembrar grano una vez, aseguras una cosecha. Si plantas un árbol, harás diez cosechas. Educando a la gente, recogerás cien veces más”. Recordamos las aportaciones pedagógicas de hace cien años, pero también, y visto el paisaje contemporáneo, reconocemos que no hay un final de trayecto, ni medios plazos, ante la necesidad de seguir construyendo desde la educación.

Fuente e imagen: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/01/17/cien-anos-de-empuje-pedagogico-y-mas-anos-que-vendran/

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La reforma educativa de IV transformación nacional 5. El desafío de los números ¿Y ahora, quién podrá ayudarnos?

Por: Roberto González Villarreal, Lucía Rivera Ferreiro, Marcelino Guerra Mendoza.  

La Iniciativa de reforma a los artículos 3, 31 y 73, enviada por AMLO el 12 de diciembre de 2018 a la Cámara de Diputados, debe seguir un trámite legislativo establecido en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes del congreso de la unión y en los reglamentos particulares de cada una de las cámaras.

Sin embargo, en este caso hay que insistir en un punto: la iniciativa es de reforma constitucional, por lo que se regula en el:

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados.

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

Entonces, para ser aprobada, la iniciativa de AMLO debe conseguir una mayoría calificada de las dos terceras partes de los miembros presentes en el momento de la votación en cada una de las cámaras, y hacer lo mismo con la mayoría absoluta de las legislaturas de los estados.

En términos numéricos, esto implica que si no falta ningún diputado o ninguna senadora, debe conseguir al menos 333 votos en la Cámara de Diputados y 85 en la Cámara de Senadores; o podrían ser menos, dependiendo del número de diputados o senadores presentes en el momento de las votaciones, siempre y cuando se cumpla el quórum.

Además, tendría que conseguir el voto, en las mismas condiciones y circunstancias, de al menos 17 de los congresos estatales.

La situación sería distinta, obviamente, si la iniciativa no fuera de reforma constitucional, donde la mayoría requerida se llama mayoría absoluta, es decir, la que resulta del 50% más uno de los representantes populares en las votaciones.

Por tanto, la viabilidad parlamentaria de una iniciativa depende de una cuestión numérica, es decir, formalmente cuantitativa, aunque todxs sabemos que esa es una cifra que resume una operación política. Es el tiempo de las cuentas, los acuerdos, los compromisos y los cabildeos en el proceso legislativo. En terminología convencional, es algo así como una caja negra -por ser oculta, turbia, anegada, la mayoría de las veces inescrutable- en la que se procesan los votos, las negociaciones y el destino efectivo de la iniciativa.

A veces se pueden rastrear las huellas de los compromisos, la mayoría no; esperemos que en esta ocasión sean claros, transparentes y se realicen de cara a la población. Habrá que exigirlo, porque lo cierto es que MORENA y la Coalición “Juntos haremos historia”, no cuentan con los votos necesarios para aprobar la iniciativa de reforma constitucional.

Vamos por partes.

 La Cámara de Diputados está integrada por 500 representantes populares, elegidos por mayoría relativa y por representación proporcional en listas regionales. Para aprobar una iniciativa de reforma constitucional se requiere el voto asegurado de al menos 333, o las dos terceras partes de los presentes en el momento de la votación. Esto es importante recalcarlo, porque en el arsenal de tácticas parlamentarias aparecen las huidas en masa, para quebrar el quórum e impedir las votaciones; o las faltas, las salidas al momento de la votación, los retrasos, todo lo que pueda alterar la composición de los presentes y la votación requerida.

Sin embargo, esto tiene un supuesto, que la iniciativa haya sido discutida y aprobada, con modificaciones o no, en la Comisión de Puntos Constitucionales, con apoyo de la Comisión de Educación y que sea sometida a la Junta de Coordinación Política para ser incluida en el orden del día.

Así que la primera dificultad radica en la composición de las comisiones responsables del análisis y el dictamen de la iniciativa. Si pasa ahí, sigue el trayecto parlamentario referido, si no, tiene que presentarse en otro período de sesiones.

Vamos a ver la composición de las comisiones para analizar las posibilidades y limitaciones que podría tener la iniciativa.

La Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados está integrada por 33 diputados. La preside Miroslava Carrillo Martínez, de MORENA; tiene 11 secretarios, de los demás partidos políticos y 21 integrantes más.

Como se puede observar, en esta comisión MORENA tiene una mayoría de 17 miembros, el PT 2 y el PES otros 2, por lo que cuenta con mayoría absoluta para aprobar el dictamen, según el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados (RCD); y tendrá 90 días para hacerlo, a menos que solicite una prórroga; en caso contrario, la Iniciativa se considerará desechada (artículo 89, numeral 2 del RCD).

La Comisión de Educación también tiene también 33 integrantes. La presidenta es Adela Piña Bernal, de MORENA, diputada de la Ciudad de México; 12 secretarías y 20 integrantes adicionales.  En esta Comisión, MORENA tiene 17 miembros, el PT 2, el PES 2, por lo que tiene mayoría absoluta; de entrada no tendría ningún problema en aprobar un dictamen positivo, aún sin cambios a la iniciativa.

El problema viene después. En el pleno, la votación requerida no es simple (mas votos a favor que en contra); ni absoluta (50% mas uno); sino calificada, es decir, al menos dos terceras partes de los presentes, es decir, si asisten todos los diputados, 333, como dijimos antes. Y aquí está el problema de fondo para todas las iniciativas constitucionales que presente el Poder Ejecutivo o los integrantes de MORENA o  la Coalición “Juntos haremos historia”.

La cuestión es simple: ni MORENA, ni la coalición, tienen los votos necesarios para la mayoría calificada.

Para eso es necesario revisar la composición de la Cámara de Diputados. Con datos hasta el 13 de diciembre de 2018, era la siguiente: 1

Para legislar con mayoría simple o incluso absoluta, MORENA no tiene dificultad alguna, con su sola fracción parlamentaria puede lograrlo, dado que tiene 256 diputados. Esto no fue casual. Fue una operación política. Se logró con acuerdos partidarios y compromisos con el PVEM.

El 4 de septiembre de 2018 se anunció que 5 diputados de ese partido se pasaban a la Fracción Parlamentaria de MORENA, para alcanzar la mayoría absoluta. El intercambio, según fue reseñado por diversos periódicos, fue la aprobación de la licencia de Manuel Velasco como senador, para culminar su período en la gubernatura de Chiapas  (Diputados del PVEM se pasan a MORENA para concretar mayoría absoluta).

La estrategia de conseguir la mayoría absoluta de MORENA no solo fue para constituir un bloque orgánico en las votaciones, lo que es importante, sino también obtener la presidencia de la Junta de Coordinación Política, que una fracción puede reclamar cuando su mayoría es absoluta. En este caso, días mas tarde el coordinador de los diputados de MORENA, Mario Delgado, se convirtió en el presidente de la Junta.

El problema es que los números no dan para las reformas constitucionales. Aún si la fracción votara en bloque, lo que es muy difícil, pero se puede suponer, sólo son 256 diputados. Requiere 333. Le faltan 77: muchos. ¿De dónde puede sacar esos votos? Una primera vía es rearmar la Coalición “Juntos haremos historia” en la Cámara.

Sin embargo, aún suponiendo otra vez el voto en bloque, muy difícil, por los desacuerdos regionales y federales con el PES y el PT , solo se consiguen 30 y 28 votos respectivamente. Se llega entonces a 314 votos posibles: faltan 19 nuevos. ¿De dónde sacarlos? ¿Del PRI? Muy difícil. ¿Del PAN? Casi imposible. ¿De dónde entonces? Le quedan tres fracciones parlamentarias para sondear, más 2 diputados sin partido.

El PRD tiene 20 diputados; Movimiento Ciudadano (MC), 28; y el PVEM, 11. 59 en total. Más los dos sin partido, da un total de 61 diputaciones para tantear. Un buen número. Bastan y sobran. Pero…tendrán que negociar. ¿Qué y cómo? Es una pregunta que se abre en muchas direcciones.

Ya vimos qué y cómo hizo MORENA para alcanzar la mayoría absoluta. Es un cambio ya transitado: el PVEM se presta para muchas cosas. Son 11 diputados. Sólo faltarían 8. La pregunta es:  ¿a cambio de qué? No sabemos qué pida el PVEM, lo que si podemos presumir es que nada honorable. Una larga historia de compromisos con todos, el PRI, PAN y PRD, así lo acredita.

EL MC y el PRD eran aliados antiguos de AMLO. Ha pasado mucho tiempo de eso. Demasiados enfrentamientos y múltiples roces. Pero es posible. Formalmente no debería haber ningún impedimento para los diputados del PRD, fueron los primeros en presentar una iniciativa de reforma constitucional para eliminar la mal llamada evaluación punitiva (Las iniciativas para cancelar la reforma educativa).

El MC tiene más diputados, son 28. ¿Por ahí? Podría ser, pero como en el PVEM y el PRD, ¿a cambio de qué? No podremos saberlo ahora, esperemos que sea claro, porque de su decencia no cabe esperar mucho.

En resumen: la Iniciativa de AMLO tiene dificultades para alcanzar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Necesita, en primer lugar, lograr una gran homogeneidad y presencia en las votaciones de su propia bancada; en segundo, conseguir las votaciones de sus aliados electorales, PT y PES; pero aun así, sigue necesitando 19 votos que podrían salir del PVEM, PRD, MC y dos diputados sin partido, pero tendrá que negociar. El asunto es el qué y el cómo.[1]

La cuestión se complica aún más en el Senado de la república.

En comisiones no hay mucha dificultad. La Comisión de Puntos Constitucionales está presidida por Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, de MORENA. Hay dos secretarías, una para el PAN, otra para el PRI. Se completa con 11 integrantes más.   De los 14 que integran la comisión, 7 son de MORENA y una del PT, hay mayoría absoluta.

En Educación tampoco hay mucho problema. La preside otro miembro de MORENA, Rubén Tocha Moya, con la misma composición en las secretarías y en los integrantes. MORENA y PT tienen mayoría absoluta.

El problema viene con las votaciones en el pleno.

En este caso, el problema es mayor que con los diputados. AMLO necesita 85 votos para la reforma constitucional. MORENA solo tiene 59, no alcanza la mayoría absoluta, menos aún la calificada, suponiendo que hubiese una votación homogénea. Necesita 26 votos más. Tendrá que acudir primero a sus aliados electorales; pero el PT tiene 6 senadores y el PES sólo 5. Llegaría entonces a 70, le faltan 15. Todo suponiendo que las fracciones votan en bloque afirmativamente.

¿De dónde sacar los votos restantes? Hay 1 senador sin grupo parlamentario, 5 del PRD, 6 del PVEM y 7 del MC. No le queda de otra: necesita negociar con sus adversarios políticos. El margen es menor que en la Cámara de Diputados, pero su blanco sigue siendo el mismo: PVEM, PRD y MC. Muy difícil, pero no imposible. Incluso antes de buscarlos en el PRI y el PAN, algo mucho más difícil.

Aún suponiendo que la iniciativa pasara en el Congreso Federal, todavía tiene que alcanzar la mayoría absoluta de las legislaturas de los estados. Tiene mayorías absolutas en 19 estados: Baja California, Ciudad de México, Colima, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas; pero tiene dificultades en la composición de sus bancadas en varios de ellos, que se han dividido y enfrentado, como en Veracruz, por lo que primero tendrá que negociar entre las diferentes fuerzas que componen su fracción parlamentaria, luego con sus aliados electorales, y con los otros partidos, justo como en el congreso federal. No es imposible, pero difícil de conseguir.

En resumidas cuentas, ¿cuál es el desafío de los números para la iniciativa de reforma a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución de AMLO?

  1. Ni MORENA, ni sus aliados de la coalición “Juntos haremos historia”, alcanzan la mayoría calificada.
  2. Para aprobar la iniciativa, tendrán que negociar.
  3. El asunto es con quién, qué y cómo.
  4. Los partidos pequeños, como el PRD, el MC y el PVEM, así como los representantes sin grupo parlamentario, tienen un caudal suficiente para alcanzar de sobre la mayoría calificada. El problema es el referido en el punto tres.
  5. El problema numérico es el mismo en las legislaturas de los estados.
  6. La homogeneidad del voto en las fracciones de MORENA, PT y PES es indispensable para las negociaciones con los demás partidos

Como se observa, el reto de los números obliga al Poder Ejecutivo y a la Coalición “Juntos haremos historia”, en el Congreso de la Unión y en los congresos estatales, a negociar con los partidos de la oposición. Qué y cómo es materia de un amplio proceso político, parlamentario y extraparlamentario, en el que los poderes fácticos, sus representantes, el magisterio y la población, tendrán una parte fundamental, quizá decisiva.

Pero esa es otra historia…

Contacto: labandadelxs3@gmail.com

[1]  En otro artículo exploraremos las posibilidades de negociación estrictamente argumental y expositiva que podrían hacerse; a lo otro, a los acuerdos en lo oscurito, a los intercambios y demás, ni nos atrevemos ni es lo nuestro. Esperaremos la etnografía parlamentaria y los recortes informativos para saberlo.

Fotografía: canaldelcongreso

*Fuente: http://insurgenciamagisterial.com/la-reforma-educativa-de-la-iv-transformacion-nacional-5-el-desafio-de-los-numeros-y-ahora-quien-podra-ayudarnos/

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Neoderechas: contra el laicismo y los derechos sociales

Por: Juan J. Paz-y-Miño Cepeda
Prensa Latina
La conquista del laicismo fue uno de los objetivos de los radicales y liberales latinoamericanos que enfrentaron a los conservadores y a la iglesia católica durante el siglo XIX y buena parte del XX. Con la implantación del laicismo coincidían varios principios: separar el Estado de la iglesia, secularizar a la sociedad, institucionalizar el matrimonio civil y el divorcio, instaurar el registro civil, respetar la libertad de cultos, garantizar la libertad de pensamiento, así como de imprenta.

De manera que lograr el poder e implantar esa gama de principios liberales tuvo, en el camino, duras confrontaciones -y hasta guerras civiles- porque ni la iglesia católica ni los conservadores estuvieron dispuestos a permitir el dominio de tesis que consideraban la encarnación del demonio o, por lo menos, de los ateos, masones, impíos y herejes que las fomentaban.

El ejemplo histórico de estos procesos ha sido México, durante La Reforma (1858-1861): gracias a la Constitución liberal de 1857 y a los gobiernos de Benito Juárez (entre 1858 y 1872) se implantó el laicismo. Procesos parecidos ocurrirían en otros países latinoamericanos. En Ecuador, el triunfo de la Revolución Liberal (1895), acaudillada por Eloy Alfaro y la Constitución de 1906, conquistó los principios y valores liberales y laicos. Sin embargo, en Colombia el laicismo fue recién introducido, en forma definitiva, en la Constitución de 1991.

Otro proceso crucial en la historia de América Latina ha sido la conquista de los derechos sociales y laborales. Ello fue posible por el ascenso de las luchas de campesinos, indígenas, trabajadores y pobladores, acompañados de intelectuales y profesionales que defendían sus causas, fenómeno que ocurre a fines del siglo XIX y, particularmente, con el avance del siglo XX.

Fueron, además, síntomas del progreso de las relaciones capitalistas que tuvieron distintos ritmos, pues en buena parte de los países latinoamericanos los regímenes oligárquicos continuaron vigentes hasta mediados del siglo XX.

Nuevamente, como una especie de momento histórico definitorio, se ubica la Revolución Mexicana de 1910 y, especialmente, su Constitución de 1917. En este 2019, precisamente, se conmemora el centenario de Emiliano Zapata (1879-1919), uno de los campesinos revolucionarios del México insurgente.

Con la Constitución mexicana fueron reconocidos la reforma agraria y los principios laborales más sensibles: pro-operario, jornada máxima, salario mínimo, contratación individual, sindicalización, huelga, indemnizaciones, seguridad social, reparto de utilidades. En Ecuador, la Revolución Juliana (1925-1931) marcó el inicio de un largo proceso para superar el régimen oligárquico, e implantó similares derechos sociales consagrados por la Constitución de 1929. En Brasil, la Carta Magna de 1934 reconoció esos derechos, aunque en forma tibia, si se la compara con la mexicana o la ecuatoriana.

Sin duda, en América Latina podemos encontrar otros fundamentos históricos a procesos que vive la región en la actualidad. Pero resalto los dos que he mencionado, esto es el laicismo y los derechos sociales-laborales como ejes vertebradores de lo que ha sido la evolución política en el siglo XX e inicios del XXI.

Y esto porque, tras el ciclo de los gobiernos progresistas latinoamericanos, el retorno del conservadorismo político y el neoliberalismo económico se asientan en burguesías y oligarquías cuya agresividad conceptual no tiene límite alguno en romper con las viejas conquistas históricas.

En Brasil, precisamente, de la mano de las sectas evangélicas y hasta de las máximas figuras del gobierno de Jair Bolsonaro, la religiosidad revive para hacer frente a la política, la intolerancia apunta a desmontar el laicismo, la fe se abandera contra el evolucionismo darwiniano, el cuestionamiento y ataque a las diferencias sexuales y de género, o el racismo y el clasismo con aires de superioridad, adquieren su rumbo propio y, además, son bendecidos y saludados por la elite “blanca”.

Los conceptos del neoliberalismo restaurado sobre bases fanáticas definen rumbos que retroceden a la época de las luchas conservadoras contra los liberales y radicales. Es la era de las neoderechas. Y parece que Marx recobra vigencia cuando sostuvo que la religión era el opio del pueblo.

Lo mismo ocurre en el campo de los derechos sociales-laborales. De la mano de burguesías rentistas, conservadoras y reaccionarias, en todos los países se clama por la “flexibilidad” y la precarización del trabajo, con el supuesto de que ello dinamizará a la empresa privada y permitirá la ocupación de nueva fuerza de trabajo ahora acumulada en el sector informal y subocupado. Se trata de otro retorno a épocas anteriores, a situaciones laborales que existieron antes de la implantación de las Constituciones sociales latinoamericanas.

Con burguesías que van delineando un camino hacia el fascismo criollo, bajo regímenes electorales y formalmente democráticos -dentro de los cuales se destruyen principios y conquistas históricos-, América Latina bien podría entrar a un ciclo de nuevo dominio oligárquico. El único camino para evitarlo sigue siendo el trabajo intelectual continuo sobre las conciencias colectivas, la movilización de los sectores populares y la organización de la sociedad, a fin de que la resistencia no sea pasiva, sino activa.

Juan J. Paz-y-Miño Cepeda es Doctor en Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela. Decano de la Facultad de Comunicación, Artes y Humanidades de la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE). Coordinador Académico, en Ecuador, de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC). Miembro de Número de la Academia Nacional de Historia.

Fuente: http://firmas.prensa-latina.cu/index.php?opcion=ver-article&cat=P&authorID=129&articleID=2613&SEO=paz-y-mino-cepeda-juan-jose-neoderechas-contra-el-laicismo-y-los-derechos-sociales

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La pedagogía de la lucha

Por: Dalia Cybe

Después de diez años de lucha, Blanca consiguió que su padrastro Claudio Dari sea condenado a 13 años de cárcel por abuso sexual infantil y que su progenitora reciba 12 años, por cómplice. Envuelta en el movimiento feminista, la joven quiere que su caso siente precedente para otrxs sobrevivientes.

Entre tanta injusticia, Blanca ofrece luz. Y no solo su nombre, de connotación clara, sino su sonrisa, su lucha, su empeño incansable. Luego de 10 años, Blanca -quien no se identifica con el apellido que porta legalmente- consiguió que la justicia condene a su padrastro, Claudio Dari, a 13 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante por ser cometido por ascendiente y aprovechando la situación de convivencia; y a su madre biológica, Andrea Maldonado, a 12 años por ser participe necesario y cómplice de esta situación.

En el trayecto de esos diez años, desde que pudo enunciar los abusos hasta que recibió la sentencia de la justicia, Blanca se enfrentó a abogadxs, psicologxs y fiscales que ningunearon su caso y evidenciaron la falta de perspectiva de género. Pero también encontró lazos, nexos y contención en otrxs sobrevivientes de abuso sexual infantil, en la Red por la infancia, en los profesionales que la acompañaron y especialmente en su tía, quien creyó su el relato desde el primer momento y la ayudó a sobrevivir. Sin duda la Blanca que, a sus 14 años, se animó a hablar a pesar del dolor es totalmente diferente a la que, ahora a sus 24, ríe, gesticula y se emociona contando que la denuncia pública Thelma Fardín fue el mismo día que terminaron las audiencias del juicio.

Luego de años de insistencia Blanca consiguió la elevación a juicio de la causa en septiembre del 2017 pero el juicio se realizó finalmente el 10 y 11 de diciembre del 2018, en el Tribunal 1° de Trenque Lauquen, a 30 km de Pehuajó, donde se realizó la denuncia.

Durante el juicio Blanca contó con el testimonio de su primera psicóloga, quien le ayudó a detectar los abusos siendo una adolescente, de sus tíos -quienes la albergaron después del hecho-  y el psiquiatra especialista en género, Enrique Stola. Sin embargo un hecho fundamental para la causa fue la aparición de una ex compañera de colegio de Blanca que en su infancia había sido testigo presencial de los maltratos y abusos. De las tres compañeras de colegio que reconocieron haber presenciado o escuchado el relato de la joven ella fue la única que se animó a declarar. Las otras dos optaron por abstenerse ante la presión social y las amenazas explícitas por parte de la acusada.

Durante las audiencias ambos imputados prefirieron no declarar, y en la instancia de los alegatos el abogado defensor aceptó la culpabilidad del acusado y solo optó por pedir una reducción de condena y la absolución de la progenitora. La sentencia tuvo como agravante el “robo de identidad” ya Dari se había presentado ante la ley como el padre biológico de Blanca, a sus seis años, dándole el propio apellido.

La sentencia tuvo lugar el jueves 27 de diciembre a las 13 horas. Con el acompañamiento de las colectivas de feministas de la zona y el canal de Trenque Lauquen transmitiendo en vivo Blanca recibió a sala llena el veredicto que tanto se hizo esperar. “Cuesta que se reconozcan los abusos intrafamiliares. Cuando aceptas o masomenos entendés lo que está sucediendo y podés contárselo a alguien, el otro generalmente no te cree. Por eso escuchar el caso de otra persona a la que le creyeron y se hizo justicia está re bueno”, expresa satisfecha.

“Con el tema del juicio recibí mensajes de chicas de Trenque Lauquen, Tejedor y Pehuajó contándome que ellas también habían sufrido abusos y no se habían animado a hablarlo. Las mujeres que se acercaron me hicieron sentir acompañada. Fue fundamental, porque en los pueblos hay una mentalidad más conservadora y las ideas del feminismo tardan más en llegar”, cuenta. “En las movilizaciones de ‘Ni una menos’ hay pocas personas y también es difícil expresar una opinión con el tema del aborto. En capital vos salís y sabes que hay un montón de gente que te acompaña, ahí como se conocen entre todos entonces el enfrentamiento es más cercano y más chocante”

Desde que abandonó la casa de su abuelo -donde se refugió seis meses luego de contar que sufría los abusos- Blanca nunca más volvió a Curarú, pueblo natal. Sin embargo viviendo con su tía en Pehuajó, un pueblo de aproximadamente 38 mil habitantes, debía estar pendiente constantemente de no cruzarse a su progenitora y su marido. “Después del juicio caminaba con una tranquilidad inexplicable” cuenta entre risas la joven que se siente aliviada de vivir en la capital porteña, donde se siente un número hermoso.

“En mi pueblo muchos me apoyaron pero hace diez años los recibían a ellos con total normalidad. Hasta el día de hoy hay parte de mi familia que dice que quiere saber la verdad y que se hagan justicia, incluso frente a tres jueces y tres psicólogos que ya emitieron su veredicto”

Entre noviembre de 2016 y febrero de 2018 el Programa Las Víctimas contra las Violencias atendió 2842 denuncias telefónicas por abuso sexual en todo el país, de las cuales 2094 (74%) correspondían a niñes o adolescentes. Frente a este panorama Blanca apela a seguir reuniendo sobreviveintes de abuso sexual infantil para formar grupos de contención, ya despues del camino recorrido sabe que la difusión de su caso puede poner el tema en agenda e incentivar a buscar a otres a que busquen ayuda.

“Con las colectivas de mujeres que me acompañaron tenemos ganas de empezar una red de psicólogxs, abogadxs, psiquiatras feministas, que contengan y acerquen las herramientas a lugares más pequeños que Buenos Aires. Cuando te juntas con sobrevivientes hay una empatía que no se puede poner en palabras, la simple presencia del otro significa yo te entiendo, te abrazo y te apoyo. Eso es fundamental, más en estos casos donde nos quieren hacer sentir que estamos solas”.

*Fuente: http://elgritodelsur.com.ar/2019/01/abuso-sexual-infantil.html

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Tiempos legislativos y políticos de la reforma educativa

Por: Lev M. Velázquez Barriga
Los tiempos legislativos para la cancelación de la reforma educativa técnicamente iniciaron en diciembre pasado, pero será en abril cuando podría estar listo el decreto, dijo el secretario de educación; le sigue su aprobación en las legislaturas locales y la creación de nuevas leyes secundarias. También corren los tiempos políticos, Mexicanos Primero no tardó en defender a su creación y la OCDE fue invitada por la SEP para darle continuidad a su obra intelectual, lo mismo los debates de las ideas educativas están abiertos en las esferas de la academia. Y los tiempos del magisterio que clamó por la abrogación de la reforma neoliberal ¿cuándo? ¿No tienen nada que decir las y los maestros de las resistencias pedagógicas? ¿La iniciativa de ley del nuevo gobierno satisface las demandas del magisterio?

Veamos algunos de los elementos que contiene la propuesta de decreto. Desplaza (no elimina) la concepción de “calidad” por la de “bienestar” como objetivo del derecho a la educación; recordemos que la calidad ha sido el eje articulador del sistema educativo, se asoció a la organización gerencial de las escuelas, a las mediciones estandarizadas para alcanzar el máximo de aprendizajes y la idoneidad de los docentes, así como a la precarización laboral de los maestros. El bienestar se encuentra en el centro del discurso del nuevo gobierno, sin embargo no hay una definición clara de lo que significa para el caso de la educación y no puede quedar en la ambigüedad, porque se cruza con nuevos principios incluidos, como lo es la “excelencia”, que vienen de la concepción neoliberal y se van a traducir en prácticas concretas en los procesos de formación, evaluación y en la vida de las escuelas.

Se concibe a la formación de los maestros y el reconocimiento de sus aportes a la educación como un “derecho”, para tal efecto se elimina la fracción III; es decir, la esencia laboral del Artículo 3° que despojó a los docentes de su estabilidad en el empleo y emocional, dando vida a las evaluaciones para el ingreso, la permanencia, la promoción y el reconocimiento en el texto constitucional para tener un candado ante una eventual modificación de las leyes secundarias. A partir de esta misma concepción se propone la abrogación de la Ley General del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y de la Ley General del Servicio Profesional Docente, cuyas instituciones INEE y SPD, serían sustituidas por el “Centro” para la revaloración del magisterio y la mejora continua de la educación, y por el servicio profesional del magisterio.

Es verdad, que el Centro no tendrá la misma autonomía que el INEE, que por cierto nunca ejerció; contará con un Consejo Consultivo para orientar al Consejo Directivo en tareas fundamentales como definir el plan educativo y cuya lógica se inscribe en el mismo esquema de la llamada gobernanza que ha abierto las puertas para que los grupos de la derecha y los empresarios se inmiscuyan en las decisiones centrales del gobierno, suplantando a la sociedad.

Preocupa que entre la funciones del Centro esté “la determinación de estándares e indicadores de resultados; que acredite a las instituciones autorizadas para certificar el desempeño de las instituciones, las autoridades y los distintos actores de la educación”. La certificación ha sido un mecanismo de competitividad desigual de las escuelas, que además promueve la organización gerencial de los centros escolares y condiciona el ejercicio de apoyos económicos al cumplimiento de estándares de calidad empresarial; esto rompería con el principio de la educación “equitativa” que también se introduce en la propuesta de reforma, incluso como la aportación de la cuarta transformación a la educación, según se explica en la exposición de motivos.

Preocupa que se hable de acreditar instituciones que certificarían a los actores de la educación, entre los cuales están obviamente los maestros; uno, porque la iniciativa de ley no deja clara la obligación del Estado a través de sus instituciones educativas públicas para garantizar el derecho a la formación y esto abre la posibilidad a que los particulares acreditados por el Centro tengan un mercado cautivo financiado con dinero público o pagado directamente por los docentes; dos, porque la certificación ha sido un dispositivo para limitar y controlar las prácticas pedagógicas de los maestros a través de la formación instrumental y las evaluaciones estandarizadas; tres, porque un nuevo servicio magisterial de carrera basado en la certificación representa la continuidad de un sistema meritocrático de competitividad individual, diferenciación salarial, individualización del contrato colectivo y atomización de la organización sindical.

Ahora, hay elementos de la reforma neoliberal que no tienen candados en el marco constitucional actual y que se pueden cancelar si el nuevo gobierno tiene voluntad, por mencionar algunos: está la reforma a las normales que quitó la licenciatura en educación especial, el nuevo modelo educativo que entre otras cosas eliminó los talleres tecnológicos y las escuelas al CIEN que generan deuda pública.

Sin la reanimación de las voces que clamaron por la abrogación de la reforma educativa, la iniciativa del presidente se definirá concertando con la derecha parlamentaria y con la OCDE los cambios necesarios para que todo siga igual.

*Fuente: Rebelión 

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¿Es probable la unidad electoral de las izquierdas en Guatemala?

Por: Ollantay Itzamná

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala, convocó recientemente a alecciones generales para el día 16 de junio del 2019. Para dicha contienda electoral, están habilitados 26 partidos políticos para elegir President@-Vicepresindet@, 160 diputad@s, 340 alcaldes/as, y 20 diputad@s al Parlamento Centroamericano.

La izquierda participará con cuatro partidos. Tres partidos tradicionales (URNG, WINAQ y CONVERGENCIA), y el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) creado recientemente por comunidades indígenas y campesinas en resistencia frente al despojo neoliberal.

Apatía política, luego de la derrota anticorrupción

En 2015, cuando el gobierno norteamericano ensayaba su “teatro anticorrupción” en Guatemala, para fulminar/anular a los gobiernos progresistas de Latinoamérica, la guatemalticidad indignada creyó en la benignidad de dicho teatro. Y, aceptó ir a las urnas para elegir un Presidente, como el antídoto de la corrupción. Pero, el cómico, Jimmy Morales, resultó ser más corrupto y déspota que su antecesor encarcelado, Otto Pérez Molina.

Muy a pesar de las “elecciones democráticas” las condiciones de vida de población continuaron empeorando. La pobreza alcanza ya casi al 63% de la población nacional. La violenta desintegración social del país crece. Estado y autoridad son cada vez más ausentes en nichos sociales y territoriales amplios.

Quien sí ganó con el teatro anticorrupción fue su mentor: el gobierno norteamericano. EEUU. logró instalar el dispositivo anticorrupción en el imaginario social de sectores América Latina, y consiguió evitar la reelección de Lula en Brasil, encarcelar parte del gobierno progresista de Ecuador, criminalizar a Cristina en Argentina…. Ahora, al adalid de la guerra anticorrupción no le interesa más dicha trifulca.

¿Qué rol tuvo la izquierda política tradicional en este contexto?

Los partidos políticos tradicionales de izquierda, según la opinión general de la población, fueron y son más de lo mismo que el resto de los partidos políticos de derecha. La izquierda tradicional jamás se opuso al proceso violento de la implementación del sistema neoliberal. Para esta izquierda el neoliberalismo nunca fue un problema.

Los diputados de la izquierda tradicional estuvieron presentes en el Congreso de la República, pero, con sus votos y/o ausencias, junto a la derecha, afianzaron el avance del sistema neoliberal. Apoyaron abiertamente las políticas antipopulares de los gobiernos corruptos recientes.

Se alejaron, o nunca estuvieron al lado de los movimientos sociales antineoliberales. Más por el contrario, callaron ante la persecución, criminalización y asesinatos selectivos de defensores y defensoras de derechos en las comunidades en resistencia. Pero, sí expresaron pública condolencia ante la muerte del ex Presidente Álvaro Arzú, el privatizador de Guatemala.

Indígenas y campesinos debutarán con su propia organización política

A finales del 2018, por primera vez en la historia de casi dos siglos de República, indígenas y campesinos en resistencia, sin financiamiento externo, ni la presencia de la clásica izquierda revolucionaria, crearon su propia organización política denominada Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP)

Esta organización política, que sus progenitores la denominan instrumento político, despierta inquietud e interés en indignados del campo y ciudad, tanto por su método y sus actores, como por sus planteamientos políticos.

MLP plantea: la nacionalización de los bienes y servicios privatizados por el sistema neoliberal. Impulsa un proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional. Propone la creación de un Estado Plurinacional con autonomías territoriales para superar el Estado nación racista.

¿Es probable la unidad electoral de las izquierdas en Guatemala?

La izquierda clásica, sea por presión internacional o por estrategia electoral interna, participó en coalición en varios procesos electorales, pero sin mayores resultados positivos.

Ahora, la unidad electoral con el nuevo instrumento político de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas MLP será bastante difícil por las diferencias ideológicas y programáticas.

MLP plantea la revisión de los contratos de privatización y la nacionalización de los servicios y bienes privatizados en el país. Los partidos de la izquierda tradicional no.

MLP plantea e impulsa el proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional con autonomías territoriales para posibilitar la emancipación de los pueblos. Los partidos de la izquierda tradicional apenas plantean reformas legales de segundo orden. Mas no un proceso constituyente.

MLP plantea la necesidad de la creación de un Estado Plurinacional para liberar al país del fallido Estado nación criollo. Los partidos de la izquierda tradicional apuestan por reformar y revitalizar al Estado criollo etnofágico.

MLP plantea lucha frontal contra la corrupción. Por ello propone la anulación del derecho de antejuicio y el secreto bancario para los gobernantes y diputados. Además de la reducción de salarios (austeridad) para funcionarios de jerarquía. Los partidos tradicionales de izquierda guardan silencio ante estos y otros planteamientos.

*Enviado por el autor a OVE 

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