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To LGBTQ, or not to LGBTQ, that is Taiwan’s question

By: Chris Taylor.

The region’s bright beacon of democracy ponders whether the right to a voice in public affairs can be too much of a good thing amid a row over same-sex marriage

With the election of Taiwanese President Tsai Ing-wen, the passage of a law on marriage equality seemed a done deal, and the streets of Taipei briefly thronged with euphoric gay-pride marches.

The liberal world order, or what is left of it, applauded the island for the democratic evolution of its civil rights.

Today, many Taiwanese wonder aloud whether what they are dealing with is democracy run amok. True, those who dream or campaign for the vise-like control of Beijing via unification have been relegated to the loony fringe. But it is not unusual to hear Taiwanese mutter that democracy at rudderless full steam ahead can be too much of a good thing.

In 2017, the Council of Grand Justices ruled that same-sex marriage should be legalized by the legislature within two years. But there the ruling languished as opposition by Christian groups and other religious associations rallied to rouse anti-gay sentiment island-wide.

Actually, the ruling by Taiwan’s Grand Justices stipulated that if the legislature did not act within two years, marriage equality would automatically pass into law. This has allowed Tsai to continue to tout Taiwan as the first jurisdiction in Asia to legalize gay marriage despite her milquetoast public support for the law.

At this point, in the first of a series of yet more bewildering twists and turns, enter an amended Referendum Act and an Election Committee that appears incapable of saying no to any referendum proposition that comes its way.

Magic bullet

For many activists in Taiwan – largely those from the broadly pro-independence, so-called pan-Green camp – lowering the signature threshold required by the Referendum Act has long been seen as a magic bullet required for achieving positive democratic change.

In December 2017, their long-cherished dream became a reality and the act was amended. It lowered the required number of signatures to prompt a national plebiscite to 1.5% of the electorate, or around 280,000.

Tsai hailed the amendment as a historic moment in the evolution of democracy in Taiwan. They are words she may already have come to rue.

Anti-gay activists set about gathering signatures, prompting supporters of marriage equality to do the same. The newly lowered threshold to trigger plebiscites meant that both were successful.

The result is that on November 24, when Taiwanese are scheduled to troop to the polls to cast their votes for 22 local authorities, they will also be faced with the challenge of declaring their support or opposition for marriage equality in five separate referenda.

Four of them are phrased in language so similar as to render them almost identical, meaning that voters will be casting their ballots on the same question twice.

The conservative anti-gay Happiness of the Next Generation Alliance has innovatively added a referendum on whether homosexuality should be mentioned in sex-education classes. Namely: “Do you agree that the Ministry of Education and individual schools should not teach homosexual-related education, as detailed under the Enforcement Rules for the Gender Equity Education Act, in elementary and middle-level schools?”

Sam Yeh

Source of the article: http://www.atimes.com/article/to-lgbtq-or-not-to-lgbtq-that-is-taiwans-question/

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Claridad frente a la irresponsabilidad

Por: César Luena López.

El historiador Harari, nuevo fenómeno de masas, aporta una idea concluyente con la que arranca su nuevo libro 21 lecciones para el siglo XXI. Dice que “en un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder”. El pasado 17 de octubre comparecía en la Comisión Mixta Congreso-Senado el Defensor del Pueblo. Entre otros asuntos, abordó, a petición (cómo no) de Ciudadanos el supuesto “adoctrinamiento” en centros educativos en Cataluña.

Invito al lector a que busque y vea o lea la intervención de Fernández Marugán al respecto, pues aporta, ante esa inundación de “información irrelevante”, una claridad que se hacía además de necesaria imprescindible.

El Defensor aportó un dato (28 quejas en un sistema que comprende unos 3.200 centros) y una serie de reflexiones prudentes y muy reflexionadas que suscitaron entre los presentes (en la mayoría) una serie de evidencias, de conclusiones y también alguna pregunta.

Entre las evidencias, enumero las siguientes. Primero: el ejercicio docente en las aulas y la dinámica enseñanza-aprendizaje debe quedar fuera de todo debate político o ideológico. Y segundo: no debe solo cumplirse siempre la ley, sino que en las escuelas y colegios debe primar siempre la neutralidad, la diversidad y la pluralidad.

Partiendo de estas dos evidencias a modo de premisas, estoy en condiciones de afirmar, siguiendo a la Defensoría, que quienes afirman que en los centros educativos de Cataluña se adoctrina no están siendo fieles a la realidad (recuerden, 28 quejas), pero sí están siguiendo una estrategia política determinada.

En este punto, ha de quedar claro, que en aquellos casos en los que se detecte una intervención por parte de los docentes sesgada en materia ideológica, política o partidaria, la administración competente tiene que actuar (es importante saber que en buena parte del tiempo analizado por la Defensoría, esa administración competente era el Gobierno central presidido por Rajoy en virtud del cumplimiento del artículo 155 de la Constitución). Por tanto, actuar ante los casos concretos y no generalizar al margen de la realidad.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, lo tiene claro, cuando afirma que “el educador tiene que dejar la ideologización a la puerta de la escuela…y tiene que conseguir transmitir los valores para crear ciudadanos críticos y solidarios, capaces de enfrentarse a las ideologías totalitarias o populistas”.

Entrando ya en las conclusiones, hay un terreno para que obtengamos, siguiendo a Harari, algo de claridad.

Primero: mal quien pretende adoctrinar en un aula, pero mal también quien dice que existe un sistema generalizado de adoctrinamiento (buscando beneficio partidario) cuando la realidad desmiente tajantemente esa afirmación.

Segundo: “buscar responsables en la educación es confundir el debate”, leo en unas declaraciones al sociólogo Lluís Orriols. Añado que, si además de buscar responsables, lo que se hace es añadir más leña al fuego, no se puede encontrar una posición política más irresponsable. Porque, como se preguntaba Hannah Arendt en su ensayo En el presente: “¿Pretendemos que nuestras batallas políticas se libren en los patios de los colegios?”.

Fuente del  artículo: https://elpais.com/politica/2018/10/19/actualidad/1539949008_900225.html

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La educación pública universitaria en estado de coma

Colombia / 21 de octubre de 2018 / Autor: Miguel A. Herrera Zgaib / Fuente: Radio Macondo

En este último año, 2018, se incrementó la letanía de la Ley 30 de 1992, que estableció las bases para el estatuto que rige la educación superior en Colombia. Ley que volvió a la liza política, una vez que los estudiantes colombianos, organizados en la Mane impidieron la contra-reforma educativa, pero no tuvieron la fuerza y el consenso suficiente para darle curso, vía Congreso, a una reforma progresista a dicho estatuto.

Este estatuto ya había revelado un diseño financiero inapropiado, en materia de presupuesto para la educación superior, cuando estableció que el incremento de la financiación estatal quedaba atado al incremento anual del IPC, mientras que a partir de 1993, al mismo tiempo se producía un incremento exponencial en la demanda de estudiantes al Sistema Universitario Estatal, SUE, sin que los recursos tuvieran un aumento siquiera proporcional a la nueva población estudiantil in crescendo.

La ley 32 decía corresponder a los primeros años de la reforma del Estado autoritario y excluyente que fue creado en 1886, el que después de guerras intestinas, dirigidas por los señores de la tierra, se reproducía, con poquísimas reformas; ninguna apta para romperle el espinazo a los privilegios socio-económicos celosamente mantenidos desde la colonia por una intelectualidad en su gran mayoría obsecuente y sumisa.

Todo esto a pesar de lo sostenido por Darío Echandía, cancerbero de la reforma del 36, durante los años dorados de “la revolución en marcha” de Alfonso López Pumarejo, un avezado centenarista a quien la Nacional rinde homenaje en un espacio rebautizado con su nombre, que hace parte de las que fueran las residencias Uriel Gutiérrez, cuya parte posterior colapsó hace varios años, disimulada por un improvisado corral de latas de zinc.

Este grotesco cercamiento simboliza bien el abandono presupuestal de la principal universidad de la nación, que empezó llamándose Central, de acuerdo con la Ley de 18 de marzo de 1826, junto a su otras dos hermanas en el fugaz tiempo de la Gran Colombia, la de Quito y de Caracas, que aún conservan el nombre original que le dieron los próceres masones e ilustrados, Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, removido de la plaza central de la Ciudad Blanca, para rebautizarla como Ché hasta nuestros días.

La joya de la corona de la educación pública, bajo el cobijo de la sentencia latina “omnium potentior est sapientia”, esto es, que “la sabiduría todo lo puede”, por el contrario, ha estado sometida por largos años a una sequía presupuestal regada por un rosario impenitente, despiadado de años de desidia y olvido gubernamental, que la tienen en literal estado de coma, jugándose sus restos.

Tal abandono y postración se encuentran probados de sobra, hasta el absurdo, para todo el que haga la experiencia de recorrer sus vías, principales y adyacentes, para descubrir con estupor, que la Nacho, como le decimos cariñosamente, es un “fractal negativo”, que copia la situación de la ciudad capital que la aloja.

Este recorrido digno de un camino de herradura, hasta la fecha no lo hizo, ni el atento presidente de Colombia, Iván Duque, formado en el exterior, bajo el generoso cobijo del BID, que paga en parte la riqueza social colombiana, y mucho menos la actual ministra de educación, María Victoria Angulo, salida de las canteras de la administración distrital.

Sin embargo, en el papel, y para la Ley que rige el gobierno antidemocrático de la Universidad Nacional, el presidente es quien encabeza el CSU, la instancia máxima del gobierno universitario, donde el (a) ministr@ del ramo, lo reemplaza casi de manera inveterada.

La saga incumplida de la igualdad social

La educación pública superior era, y pretende seguir siéndolo una de las ventanas para la promoción del principio liberal de la “igualdad de oportunidades”, tantas veces negado en la práctica, que primero exige para su materialización igualdad de condiciones básicas en términos de vida, condiciones que nunca ha ofrecido la maltrecha república nacida en 1819. Para el año 1993, los privilegiados, porque accedían a los pregrados, eran 159.218, que para el año 2016, ascendieron a 611.800.

Entonces, el presupuesto asignado a las universidades públicas era de 1,72 billones, mientras que para el 2016 se incrementó en 2,93 billones, cuando con una operación simple queda claro que la población estudiantil se triplico en 23 años, el presupuesto para la educación superior ni siquiera alcanzó a duplicarse. Un estudiante en 1992, recibía en promedio $10.825.890, mientras que uno que estudiaba en 2016, apenas le correspondía $ 4.785.338.

Tal y como lo recordó en una conversación histórica, Estanislao Zuleta hablándole a la guerrillerada de clase media y popular, al M-19 reunido en las montañas del Cauca, que preparaba con optimismo el frustrado diálogo nacional de aquel entonces, que la democracia requiere condiciones que la Colombia ni tiene ni obtiene.

Este aserto, la gran brecha de la desigualdad social, no sólo persiste, sino que se amplía. Lo recordó con cifras actualizadas el pasado martes, Alicia Puyana, economista formada en Praga, en interlocución directa con Ota Sick, y en Oxford, en las líneas principales, más sustanciosas, del discurso de aceptación de su ingreso como miembro de número de la Academia Colombiana de Economistas.

Esta realidad se reafirmó en la respuesta que le dio la otra académica, Consuelo Ahumada, para corroborar su decir, a la vez que resaltaba el tremendo drama de las minorías étnicas, que, en número superior a dos millones, prueban que la igualdad social es un “trágico sueño guajiro”.

Es lo que se establece 27 años después de que se inauguró el nuevo orden con optimismo circunspecto de los subalternos, de los trabajadores, de los pobres, de los excluidos, de la insurgencia subalterna. Era el promisorio debut de la nueva estructura constitucional sancionada en 1991, cuya arquitectura normativa definía al orden político de Colombia como un estado social de derecho, con una explícita participación ciudadana, y la protección efectiva de los derechos humanos fundamentales, que han hecho célebres millones de veces el socorrido derecho de amparo, la célebre tutela que por estos días quería suprimirse de un plumazo.

A la muerte de la Constitución de 1886, longeva hasta más no poder, en beneficio de los privilegios decimonónicos del bipartidismo forjado al calor de heroísmo y cálculo de los “patricios” que hicieron la guerra de independencia, al frente de sus peones, el ponente de la Ley 30 era el senador Ricardo Mosquera Mesa, probado antes como rector de la Nacional al final de la segunda mitad de la década del 80.

Ahora, en la crisis más severa en la existencia de la Universidad Nacional, de modo paradójico, le toca liderar su salvación en articulo mortis a una rectora, Dolly Montoya, esposa del rector citado, quien fuera activista estudiantil en el año 1971, como ella misma lo ha recordado, cuando enfrentaba la imposición del modelo Atcon, de reforma universitaria, y la financiación injerencista de los Estados Unidos.

Tal reforma, como la reforma agraria eran parte de la prueba dizque de la Alianza para el Progreso, apuntalada a comienzos de los años 60, por la visita de la pareja destruida por los tristes augurios del reino de Camelot. Aquella vez el anfitrión fue Alberto Lleras Camargo, primer secretario de la OEA, el denominado ministerio de colonias del hegemón estadounidense.

La reforma de la Nacho era prenda de garantía para espantar el fantasma del comunismo, cuya tormenta ya había barrido a la vecina Isla de Cuba, donde pronto se estableció la educación pública gratuita, y se alfabetizó a millones de analfabetos, a pocas millas, con brigadas de voluntarios movilizados de la ciudad al campo.

De la consulta anticorrupción a la defensa de la universidad pública

Cuando el nuevo orden de la participación, cuando la democracia, cuando la paz están detenidos, cuando no corrompido el orden constitucional de 1991, por el repetido incumplimiento de la promesa de promover de manera inmediata que la igualdad sea real y efectiva, y en cambio hacer la guerra de exterminio interno de insurgentes y disidentes, el conjunto de los colombianos, y de modo particular, las minorías, cada vez más excluidas, explotadas y oprimidas, se toman las calles a través del estudiantado universitario, y los demás grupos subalternos.

Unos y otros desfilaron, como multitud abigarrada, sin desmanes el pasado miércoles, en las grandes capitales, Bogotá y Medellín, y en las otras superando de acuerdo a cálculos conservadores el medio millón de personas. Todos reclaman el futuro en términos de presente a cumplirse, sin tretas ni engaños.

Así, los jóvenes de Colombia han tomado, cuando no arrebatado simbólicamente, cuando más lo necesita, la batuta de la mano de los mayores, expectantes ante el triunfo electoral de la reacción, la derecha y los tibios en sordina, pegados como lapa a las vetustas fórmulas bipartidistas ampliadas, que, en la sesión de la cámara, con los rectores a borde, apenas tuvo en el coro de representantes a 8 de ellos.

Estas minorías del país político siguen saboteando el tránsito de toda la nación envilecida y desplazada, por millones, de la guerra civil interna, regionalizada a la paz incluyente con las reformas exigidas. Prueba fehaciente de ello fue la actitud del presidente del senado, Macías, del CD, cabeza del bloque reaccionario, hoy dominante, quien descalificó la intervención de la estudiante Jennifer Pedraza, representante al CSU de la Universidad Nacional, para sabotear y cortar su intervención, durante el mismo día en que algo más de 50.000 personas llenaban las principales vías, y copaban la plaza de Bolívar.

El actual presidente y sus coequiperos, de manera descarada, vienen aplazando el avance real de los acuerdos propios de una paz incluyente, porque la paz de Santos, con todo, quedó encerrada en los postulados neoliberales, que le señalaron una suerte de muerte prematura a éstos, y a la educación pública superior, desangrando sus presupuestos; aplicándole el préstamo gota a gota.

En la comisión del presupuesto actual, la senadora Aída Abella se enteró que los anunciados $500.000 millones para la educación superior no serían ejecutados, entregados para la vigencia presente de 2018, donde las universidades públicas están estranguladas, empezando por la Universidad Nacional. El plan era que esto ocurriera para el año 2019, y con una orla de exigencias múltiples para su desembolso.

La denuncia pública de la senadora electa por la lista de la decencia, sobreviviente de la masacre de la UP, y sobre todo, la multitudinaria presencia estudiantil en las calles, hicieron que al día siguiente el gobierno de Duque/Uribe cambiara los planes y anunciara que dicha partida, sin afectar el presupuesto tendrá ejecución inmediata.

Hoy, más que nunca con el estudiantado movilizado quedó más que claro, que los acuerdos de paz de La Habana, en sus más de 400 páginas guardaron silencio sobre la suerte del SUE, y la educación pública estatal, porque en ellos no tuvo la comunidad universitaria una vocería real, una representación en las negociaciones.

Todo lo cual prueba que la disputa hegemónica de los subalternos, sociales e insurgentes, adolecía para entonces de una propuesta que encare el agujero negro de la reforma intelectual y moral, de la que es pieza maestra la reforma educativa integra, herencia abandonada, por una modernidad contrahecha como la de Colombia, “conducida” casi sin excepción por una intelectualidad cosmopolita, separada de los grupos y clases subalternas, con notables excepciones.

Saldando una deuda histórica

Tal divorcio histórico, entre intelectuales y pueblo que Jorge E. Gaitán, advirtió para los tiempos de la generación de los nuevos, se mantiene. A él han respondido los herederos del grito de Córdoba de 1918, cuando organizaron el paro nacional universitario del año 1971, que acordó un Plan Mínimo.

Era la respuesta a la reforma Patiño, que no pocos alaban, porque aclimató en últimas la universidad de entonces a los imperativos de la modernización capitalista, como antídoto al socialismo triunfante en la Cuba de entonces.

De nuevo, en 2011, el estudiantado en lucha recogió y amplió con lucidez las banderas de 1971, pero sucumbió ante un Congreso reaccionario, que impidió la prosperidad de una reforma progresiva de la Ley 30 de 1992, a la cual respondieron en el clímax del movimiento con un proyecto que quedó sepultado en los cajones del Congreso entonces controlado por el bloque en el poder del reformista neoliberal, Juan Manuel Santos.

Esta contra-reforma siguió, sin embargo, avanzando, a través de la asfixia al presupuesto de las universidades públicas, drenándolas con el “invento” del programa “ser pilo paga”, que utilizó a los pobres inteligentes y aprovechados, en número superior a 40.000, para subsidiar groseramente a la universidad privada de elite.

Ahora, siete años después, con renovadas banderas, y dos organizaciones estudiantiles nacionales, animadas por dos proyectos políticos de signo diverso, la responsabilidad con la reforma y la salvación de la universidad colombiana, experimentan su prueba de fuego en público y en privado.

En la plaza pública, ante una imponente movilización, se dieron dos indicios contraproducentes, el intento de impedir la intervención de Jennifer Pedraza, militante del proyecto organizativo de la OCE, del que es animador político el PDA/MOIR. Ella hablaba en nombre del estudiantado como representante electa ante el CSU, de la U. Nacional.

El segundo fue la censura, a posteriori, de la participación de Gustavo Petro, el candidato presidencial de la oposición, senador comprometido con la causa de la educación pública; a la que se sumó la imposibilidad que interviniera la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, que apenas le fue permitido subir a la tarima.

Después de la movilización del 10 de octubre, las 32 universidades están deliberando, y más de 10 han decretado como resultado, un paro hasta el 21 de octubre, al ser notificados de los $500.000 millones que entregará el gobierno nacional para paliar la crisis, cuando el funcionamiento de las universidades públicas requiere $ 4,5 billones para el año 2019.

Todas las universidades en paro, o en asamblea permanente han convocado a una mega manifestación nacional para el 17 de octubre. Las direcciones del movimiento estudiantil, y en particular, dos, la UNES, y la ACRES, tienen que rescatar la pluralidad, y corregir los errores del inmediato pasado, ahora cuando han vuelto a la calle con cientos de miles de estudiantes, profesores y padres de familia. Ellos que encarnan, la parte de los sin parte, tienen que convocar con el ejemplo, sin exclusiones.

Para mostrar la madurez del conjunto del movimiento estudiantil, y el empuje de la democracia subalterna. Y convencer a la gran mayoría de la nación que los respalda como respuesta a su efectiva pedagogía ciudadana, azotada como está, por demás, por las afujías producto la crisis del modelo minero energético y agro-exportador impuesto por la vulgata neoliberal.

El curso de este y los siguientes días nos probarán a todos si la intelectualidad joven corrige con audacia e ingenio propositivo el mundo de los mayores, y que está preparada para hacer las reformas urgentes, así como para convocar, si la negativa gubernamental se empecina en quemarle billones a la guerra, en vez de invertirlos en desmontar la desigualdad social, a una Constituyente Educativa.

Ella será el portal de entrada a la Constituyente Social que le de concreción a los acuerdos de paz, que la reacción y la derecha quieren “festinarse” impunemente, como si la nación colombiana aguantara otra guerra. Mientras hacen sonar en contravía de la paz los tambores a somatén.

Fuente del Artículo:

https://www.radiomacondo.fm/columna/la-educacion-publica-universitaria-en-estado-de-coma/

ove/mahv

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Cuando una deficiente gestión escolar se convierte en exclusión educativa: un caso en la Ciudad de México

México / 21 de octubre de 2018 / Autor: Observatorio Pedagógico del Valle de México / Fuente: Revista El Arcón de Clío

La exclusión educativa de hoy es la exclusión social de mañana.”

Carmen Maestro Martín,

Presidenta del Consejo Escolar del Estado de 2006 a 2011 en España

El crimen más grande que puede cometerse contra cualquier ciudadano

es negarle una educación que lo emancipe de la miseria y la excomunión.”

Ignacio Ramírez, “El Nigromante”

En México existen 2.12 millones de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años de edad que no asisten a la escuela por falta de recursos económicos, por trabajar para subsistir, por ayudar en su casa en los quehaceres cotidianos, por padecer alguna enfermedad y/o discapacidad, por problemas de inseguridad en su localidad, por la distancia grande entre su hogar y la escuela, por embarazos tempranos o por los requisitos para ingresar a la escuela (discriminación).

Este sector de la niñez y juventud mexicana corresponde a la educación básica obligatoria que el Estado ofrece a la población: primaria (obligatoria a partir de 1934), secundaria (obligatoria a partir de 1993), preescolar (obligatoria a partir de 2002) y media superior (obligatoria desde 2012). El derecho a la educación está protegido por el Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus leyes secundarias y por la ratificación vinculante de los tratados internacionales en la materia. Sin embargo, es evidente que la condición social es una limitación determinante para tener una cobertura universal de la educación básica en México.

En nuestra experiencia de más de 15 años como docentes de educación media superior en el Sistema de Bachillerato del Gobierno del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), hemos constatado que estos factores (carencias económicas, necesidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo, apoyo en las labores del hogar, enfermedades, embarazos tempranos, etc.) se traducen en rezago y abandono escolar. Pero, de todas estas problemáticas, destacamos una que es de índole interno y que contribuye también a generar progresivamente deserción: la gestión escolar de los procesos administrativos previos al inicio del curso escolar (inscripción de los estudiantes a las materias semestre a semestre).

Exceptuando el primer semestre, cuyo ingreso es por sorteo aleatorio ante Notario Público buscando una política de equidad, del segundo al sexto semestre los estudiantes planean junto con su Tutor Académico (un profesor designado para acompañar la trayectoria educativa de un promedio de 15 estudiantes) los cursos a inscribir conforme al Plan de Estudios, los resultados de los semestres previos (número de materias aún no aprobadas) y lo que los horarios permitan realmente considerar (muchas veces los diferentes cursos se empalman entre sí, sobre todo si son de semestres diferentes en los casos de los estudiantes con mayor rezago educativo). Este plan de reinscripción se concluye en las ventanillas de Servicios Escolares donde se entregan formatos que contienen los cursos que finalmente el estudiante reinscribirá. Este proceso, aparentemente sencillo, está lleno de complicaciones administrativas que, en no pocos casos, progresivamente producen exclusión educativa ya que dejan fuera de los cursos a estudiantes con mayores necesidades académicas:

Sobre esta deficente gestión escolar hemos elaborado una investigación (Principios de exclusión educativa en los procesos de reinscripción de los estudiantes del Plantel “Carmen Serdán” del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México) que consta de cuatro secciones:

      1. ¿Qué es la exclusión educativa? (Página 1)

      2. La exclusión educativa en el IEMS-CDMX y la violación que ello produce a la normatividad aplicable (Página 3)

      3. El proceso de reinscripción en el Plantel “Carmen Serdán” (Miguel Hidalgo) del IEMS-CDMX (Página 9)

      4. Principios de exclusión educativa en los procesos de reinscripción del PCS y propuestas de solución (Página 14)

La cual puede consultarse en la siguiente dirección electrónica:

https://observatoriopedagogicodelvalledemexico.files.wordpress.com/2018/08/principiosdeexclusioneducativapixel.pdf

Sostenemos que en los procesos de reinscripción del Plantel existen momentos en los que se generan principios de exclusión educativa, mismos que, sumados con el tiempo, pueden convertirse en una definitiva exclusión de los estudios de educación media superior de muchos de nuestros estudiantes; lamentablemente la mayoría de las veces por cuestiones meramente administrativas internas que no deberían influir tan gravemente como lo hacen desde hace muchos años, siendo ya afectaciones naturales, invisibles y cotidianas. Mediante fundamentos normativos y pruebas documentales (el documento consta de seis apartados de anexos posteriores al desarrollo de sus cuatro secciones) se hace un esfuerzo por sintetizar las reflexiones y experiencias que hemos acumulado durante años de trabajo en este aspecto, esperando que sirvan para mejorar los procesos administrativos y académicos en el Plantel eliminando cualquier discriminación y exclusión educativa posible.

Fuentes:

  • Proyecto Educativo, Sistema de Bachillerato del Gobierno del Distrito Federal, Septiembre de 2006.

 

 

Marcela Villalobos Sosa, Academia de Artes Plásticas

María Concepción del Consuelo Hernández Ramírez, Academia de Historia

Miguel Ángel Hernández Vázquez, Academia de Música

Fuente del Artículo:

Cuando una deficiente gestión escolar se convierte en exclusión educativa: un caso en la Ciudad de México. México

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La errada trayectoria de la nueva SEP

México / 21 de octubre de 2018 / Autor: Hugo Aboites / Fuente: Educación Futura

Aún no toman formal posesión del cargo los integrantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) cuando en Guerrero ya tienen en sus manos la primera erupción de un conflicto que viene y que es consecuencia directa de la trayectoria balística que se ha imprimido al manejo del tema la reforma educativa. Las leyes de la física suelen ser diferentes a las de la política, pero las primeras declaraciones en julio; la integración de un consejero del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) a un alto puesto en la SEP; la declaración que éste hace de sólo hacer cambios mínimos (y coincidir así con la OCDE y Mexicanos Primeros); el planteamiento amorfo e individualizado de los foros; la preferencia abierta al SNTE, y, ahora, la creencia de que la solución al enfrentamiento es un exhorto a la conciliación dibujan una trayectoria que aterrizará en la propuesta de rescatar lo más posible de la actual reforma. Pero eso traería un desencuentro entre la administración de Andrés Manuel López Obrador y un sector del magisterio sumamente importante. Y lo peor, un conflicto innecesario, porque AMLO ha sido contundente en el tema de la abrogación total de la reforma del gobierno peñista y en esa dirección hay cada día más convergencias. ¿Qué necesidad?

Los de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), por otro lado, no merecían ser bloqueados por razones de mero procedimiento, como una y otra vez ha venido ocurriendo en los foros de otras entidades. Más bien, habría que llamarlos a una mesa de diálogo. Parece no entenderse que a los elevados niveles de indignación, rebelión y profunda exasperación del magisterio, se agrega la ambigüedad de la SEP. Que a ésta no puede responderse con este tipo de foros, donde, además de que el SNTE consigue posiciones privilegiadas, se limita a los independientes el uso de la palabra, y ya venida la violencia, no se les ofrece diálogo sino exhortos. Es previsible, entonces, la molestia. El recorrido de Javier Jiménez Espriú y otras secretarias en la vecindad del pretendido aeropuerto, por ejemplo, fue bruscamente atajado por la prepotencia de una empresa extractora de material y, sumamente molestos, los funcionarios tuvieron que retirarse, pero prometieron regresar el 2 de diciembre, con todo lo que eso implica. Pequeños detalles en contextos álgidos pueden tener muy profundas implicaciones.

Con los maestros el que se trate de una nueva administración no hace olvidar la profundidad del desencuentro histórico con el sindicalismo oficialista, no hay nuevo capital político que sirva. Ni puede borrar las agresiones que han sufrido desde los medios, la SEP actual, el Congreso pasado, el SNTE, las organizaciones empresariales y civiles como Mexicanos Primero. Se le olvida a la venidera SEP, o no lo sabe, que fueron los maestros de la Ceteg, los que temprano, en marzo 2013, bajaron de la montaña y vinieron a Chilpancingo desde las siete regiones para oponerse a la reforma. Cargando las maestras a sus niños en la espalda, impulsados por los más pobres y dedicados docentes, los que atienden a la población originaria, cerraron por la fuerza la Autopista del Sol. La misma donde apenas un año antes (diciembre de 2011) policías federales y estatales dispararon contra una manifestación de cientos de normalistas de Ayotzinapa, con saldo de varios heridos y dos asesinados. Y luego, las protestas en Chiapas, Oaxaca, Michoacán y una resistencia que se extendió a todo el país. Y fue esa determinación la que día tras día comenzó a socavar la fuerza y el fondo de la administración que ahora termina en desastre. Son estos los maestros y maestras cuya determinación y compromiso contribuyeron a crear las condiciones para buscar una real alternativa en el proceso electoral. Y ahora no se les escucha en su propia casa.

Gilberto Guevara

Pero además, la postura ambigua y distante de la SEP con los maestros, la está dejando sola . Lo de Guerrero, con lo que puso a flote, marcó un nuevo momento en la relación magisterio-gobierno y la postura de la SEP ya no es la más apropiada. Además, donde pueden, los maestros insisten en cancelar, y legisladores de Morena en el Congreso ya retomaron la abrogación total de AMLO, y, más, ni siquiera el INEE defiende ya su legislación. Es sólo “la ley que está vigente [y] es con la que se tiene que trabajar”. Y parece dejar en manos de la SEP la decisión o no de mantenerla, al decir que se mantiene porque “ningún secretario de educación ha solicitado cancelarla, ni lo ha hecho la SEP” (con Laura Poy, La Jornada, 11/10/2018). Deja así mal parada a la nueva SEP: queda como la única que nunca fue clara. Muy mal precedente. De acuerdo con las leyes de la física, y también de la política, la trayectoria de un misil a veces puede ser la de un boomerang.

P.S. Ayer fue para un gran señor de Palacio, hoy es obligado devolver la Belisario Domínguez a su casa y honrar a un periodista de verdad.

Fuente del Artículo:

La errada trayectoria de la nueva SEP

Fuente de la Imagen:

https://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Educaci%C3%B3n_P%C3%BAblica_(M%C3%A9xico)

ove/mahv

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¿Necesitamos un curso de DDHH en la educación chilena?

Chile / 21 de octubre de 2018 / Autor: Paulina Morles e Isabel Plaza / Fuente: El Mostrador

Por estos días se ha presentado un proyecto de ley que busca incorporar un curso sobre memoria y derechos humanos, de carácter obligatorio, en la educación básica y media. La iniciativa fue presentada por la diputada Carmen Hertz y ha recibido el respaldo de un espectro parlamentario que va desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana. Desde el gobierno, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, consideró dicho proyecto como innecesario, debido a que “eso ya es parte de lo
currículums y mallas que establece el Ministerio de Educación y no es necesario establecerlo a través de una ley”. El ministro tiene razón en parte, debido a que efectivamente el tema de los derechos humanos se encuentra contenido en los principios que fundamentan las bases curriculares de la enseñanza parvularia, básica y media, emanadas del Mineduc. Sin embargo, se equivoca al afirmar que no es necesaria una ley. Basta observar que sólo para la enseñanza básica y media se integra este contenido como parte de los Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT), y si bien estos promueven que cada docente pueda vincularlos directa o indirectamente a su asignatura, ello no implica la incorporación de una didáctica adecuada para la formación docente. Vale decir, que los gobiernos de nuestro país han dejado en manos de sus educadores -a título individual- la responsabilidad de cumplir con las obligaciones contraídas por el Estado en materia de educación y derechos humanos, sin entregarles las herramientas necesarias para su aplicación.

 

 

Toda esta discusión nos remite al campo de la Educación en Derechos Humanos (EDH) y como Observatorio de Educación en Derechos Humanos, nos parece importante precisar algunas ideas al respecto. Esto, tanto en términos jurídicos como teórico-conceptuales, metodológicos y ético-políticos.

En primer lugar, ¿qué es la EDH? En el Manual de Educación en Derechos Humanos, Nancy Flowers la define así: “todo aprendizaje que desarrolle el conocimiento, las habilidades y los valores referentes a los derechos humanos”. En términos generales, se remite a ella como una práctica pedagógica que posibilita ejercer derechos propios, además de incorporar herramientas para el desarrollo integral de las personas y de las sociedades democráticas. En este sentido, se comprende esta educación como una expresión de los diversos aprendizajes que constituyen a los sujetos, que va más allá de un modelo universal de enseñanza, por lo que exige una perspectiva amplia para su abordaje.

«En primer lugar, ¿qué es la EDH? En el Manual de Educación en Derechos Humanos, Nancy Flowers la define así: “todo aprendizaje que desarrolle el conocimiento, las habilidades y los valores referentes a los derechos humanos”. En términos generales, se remite a ella como una práctica pedagógica que posibilita ejercer derechos propios, además de incorporar herramientas para el desarrollo integral de las personas y de las sociedades democráticas. En este sentido, se comprende esta educación como una expresión de los diversos aprendizajes que constituyen a los sujetos, que va más allá de un modelo universal de enseñanza, por lo que exige una perspectiva amplia para su abordaje.»

En segundo término, cabe señalar que la EDH ha sido reconocida por Naciones Unidas como parte de los derechos consagrados a todo ser humano. En efecto, en 2011 se promulga la Declaración de las Naciones Unidas sobre Educación y Formación en materia de Derechos Humanos, que establece en su artículo 1° que: “Toda persona tiene derecho a obtener, buscar y recibir información sobre todos los derechos humanos y las libertades fundamentales y debe tener acceso a la educación y la formación en materia de derechos humanos”. Junto con ello, esta Declaración establece que la educación y la formación en materia de DDHH engloba tres líneas de acción: 1) La educación sobre los derechos humanos, que incluye facilitar el conocimiento y la comprensión de las normas y principios de derechos humanos, los valores que los sostienen y los mecanismos que los protegen; 2) La educación por medio de los derechos humanos, que incluye aprender y enseñar respetando los derechos de los educadores y los educandos; 3) La educación para los derechos humanos, que incluye facultar a las personas para que disfruten de sus derechos y los ejerzan, y respeten y defiendan los de los demás (art. 2º, inciso 2).

En concordancia con estas orientaciones globales, el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 (el primero que ha tenido Chile en toda su historia republicana) incorporó como segundo eje de acción a la educación en DDHH, la que deberá cumplir con el siguiente objetivo: “Promover y garantizar la sensibilización, formación y capacitación en derechos humanos para desarrollar una cultura de derechos humanos que contribuya a la prevención de sus vulneraciones”. Cabe destacar además que el primer eje de este plan es la promoción de la investigación, sanción y reparación de los crímenes de lesa humanidad, y de la memoria histórica. Lo anterior puede ser claramente leído en relación con la necesidad de que la EDH incorpore entre sus contenidos nucleares el respeto por los derechos humanos, pero también la pasada experiencia dictatorial como ejemplo nítido de irrespeto a aquéllos. Cabe precisar que este plan fue presentado al país en diciembre de 2017, cuando ya finalizaba el gobierno anterior, correspondiendo su ejecución a la actual administración. Tarea ineludible si se tiene en cuenta el derecho internacional de los DDHH, que establece la existencia de sujetos de derechos y sujetos de obligación, esta última categoría aplicable a los Estados.

Un tercer aspecto a remarcar apunta a la pregunta que da título a esta columna, acerca de si requerimos o no un curso de DDHH en la educación formal. Teniendo en cuenta los elementos antes enunciados, la respuesta es afirmativa. Pero no sólo lo es en virtud de esas referencias. Nuestro quehacer como Observatorio de Educación en Derechos Humanos -en las áreas de docencia, investigación y extensión- nos ha permitido arribar a algunas constataciones preocupantes. Por una parte, que pese a estar DDHH incorporado como tópico obligatorio en las bases curriculares, ello no implica que se los aborde efectivamente en las aulas. Por otra, que en los espacios educativos en que así ocurre, tampoco se produce -necesariamente, aunque suene paradojal- como enseñanza de los derechos humanos, sino muchas veces enmarcado (¿enmascarado?) o indirectamente tratado en temáticas afines como ciudadanía, educación en valores, ética, entre otros. Más aún, que los dos puntos antes referidos se deben, en buena medida, a la discrecionalidad con la que se abordan los derechos humanos en la escuela (cuando se hace), muchas veces dependiendo de las cosmovisiones ético-políticas de los directivos y/o de los profesores. La formación en DDHH en las carreras de pedagogía es una tarea urgente e ineludible; por cierto, no sólo en áreas afines como historia y geografía o ciencias sociales, sino en todo el espectro de las pedagogías, de manera tal que los futuros educadores y educadoras puedan incorporar los derechos humanos en disciplinas como las matemáticas, la biología, las artes, los idiomas, entre otros.

Tal y como enunciamos al inicio de esta columna, la presencia de estos contenidos en las bases curriculares no conlleva una obligación de incorporar una didáctica ad hoc durante la formación docente, que permita a las y los futuros profesores experimentar un saber sobre, por medio y para los derechos humanos. De esta forma, es insuficiente de parte del Estado, a través del Mineduc, promover un objetivo para el que no se disponen las metodologías pertinentes.

En cuarto lugar, que los hechos conocidos y debatidos estos últimos meses, en torno a la violencia en los espacios educativos, son una muestra de lo urgente que es -hoy más que nunca- educar en DDHH. Para ello, es necesario trascender a las visiones punitivas y a las explicaciones cortoplacistas, como las contenidas en el Proyecto Aula Segura, que se agotan en los casos particulares. Estamos frente a manifestaciones de violencia estructurales -por cierto, no sólo por parte de estudiantes- que responden a una forma de interacción social amparada en profundas condiciones de desigualdad y exclusión. Frente a todo esto, un curso obligatorio sobre derechos humanos permitiría supervisar su efectivo cumplimiento, revisar los contenidos trabajados a su amparo y contribuir a una cultura de la paz. Y a este respecto cobra sentido la propuesta de la destacada educadora peruana Rosa María Mujica, quien atribuye a la educación en derechos humanos los siguientes objetivos, entre otros: i) Promover el desarrollo de actitudes, valores, conductas y comportamientos como el respeto a la persona, la solidaridad, justicia, libertad, igualdad, tolerancia, participación y otros, para contribuir a la construcción de una cultura democrática; ii) Promover la participación responsable en la vida social y política y en las instituciones y organizaciones sociales.

Entonces, decimos sí a una asignatura obligatoria sobre DDHH. Pero requerimos mucho más. No solo
necesitamos enseñar DDHH en la educación formal, sino también en la informal y en todos los espacios posibles donde los derechos humanos requieran ser conocidos, difundidos y promovidos como requisito indispensable para una sociedad democrática, en donde para cada sujeto la dignidad humana sea una realidad. Requerimos, en definitiva, de una ley integral en materia de educación y formación en derechos humanos.

Fuente del Artículo:

http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2018/10/16/necesitamos-un-curso-de-ddhh-en-la-educacion-chilena/
ove/mahv
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Inmigrantes centroamericanos a EEUU: una tragedia humana de personas que sufren

Por: Gilberto Lopes/Rebelión

La caravana partió el sábado de San Pedro Sula. Iban por lo menos 300. Hombres, mujeres, niños. Centenares, a pie. Pretenden llegar a los Estados Unidos. “No nos vamos porque queremos, nos expulsan la violencia y la pobreza», es el lema que los anima.

Creen que se les irán sumando muchos otros, en el camino. Pero es difícil imaginar que esa abigarrada multitud pueda cruzar México y llegar a pie a los Estados Unidos. La marcha se inició a menos de una semana de que, en la segunda “Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad en América Central”, celebrada el 11 y 12 de octubre en Washington, el vicepresidente de ese país, Michael Pence, le advirtiera a los gobernantes de Guatemala, El Salvador y Honduras, para que tomasen medidas y evitaran que continuase la inmigración ilegal hacia el norte.

Millones de inmigrantes

Fuentes hondureñas estiman que más de un millón de sus conciudadanos viven en Estados Unidos. Según la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) esa cifra es de casi 600 mil, de los cuales 350 mil son inmigrantes no autorizados y 61 mil disfrutan del Estatus de Protección Temporal.

Los salvadoreños en Estados Unidos serían poco más de 1,3 millones, de los cuales cerca de 700 mil son inmigrantes no autorizados y otros 204 mil están acogidos al estatus de protección temporal. Finalmente, la OIM estima en cerca de 927 mil los guatemaltecos viviendo en Estados Unidos, de los cuales 525 mil serían inmigrantes no autorizados.

Los datos de la OIM son bastante más reducidas si comparadas con otras fuentes. No es difícil encontrar, por ejemplo, las que estiman en más de 2,5 millones solo los salvadoreños que viven en Estados Unidos. A los que no tiene su situación migratoria legalizada les preocupa especialmente la decisión del presidente Donald Trump de poner fin a ese Estatuto de Protección Temporal, bloqueada temporalmente por un juez federal.

La administración norteamericana, en todo caso, ha venido aplicando la medida de mantener en centros de detención especiales a los niños menores, separados de sus padres inmigrantes, y que podrían ser dados en adopción caso esos padres fueran deportados.

Para tenerse una idea de lo que representan desde un punto de vista económico esa migración, tenemos que las remesas enviadas a sus países de origen equivalen a casi el total de sus exportaciones. En el caso de Honduras son la primera fuente de divisas y, el año pasado, llegaron a 4.355 millones de dólares. En El Salvador alcanzaron, en el mismo período, 5.021 millones de dólares, según el Banco Central salvadoreño, casi 10% más que el año anterior. Cifra que, en Guatemala, fue de casi 8,2 mil millones de dólares en 2017.

Regañados

La reunión de Washington, atendida por Pence, por el Secretario de Estado, Mike Pompeo, y por la encargada de la oficina de Seguridad Interior, Kirstjen M. Nielsen, fue la segunda promovida por el gobierno de Estados Unidos (con la copresidencia de México) y los países del Triángulo del Norte de Centroamérica. La primera fue celebrada el año pasado en Miami.

En el primer día, dedicado a la “Prosperidad”, los participantes analizaron medidas para promover proyecto de desarrollo económico, infraestructura y energía. El segundo día estuvo dedicado a temas de “Seguridad”, principalmente la inmigración centroamericana, que preocupa tanto a Washington, y a las amenazas del crimen organizado.

“El vicepresidente busca fortalecer nuestra seguridad nacional al abordar temas claves como la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y promover la prosperidad de América Central”, señaló un comunicado oficial de la Casa Blanca.

Enfrentados a la amenaza de que el presidente Donald Trump pueda cortar la ayuda a sus países, los gobernantes de las tres naciones centroamericanas participantes han sido cuidadosos al criticar la ”controversial política migratoria” del mandatario, estimaron periodistas al comentar el encuentro.

En realidad, esa ayuda es poco significativa, alcanzando 140 millones de dólares para Guatemala, 95 millones para Honduras y 72 millones para El Salvador.

Pence afirmó que más de la mitad de los inmigrantes indocumentados que ingresaron por la frontera con México, detenidos en Estados Unidos, previenen de los tres países.

En junio pasado, en una visita a Guatemala, Pence ya había advertido a los países centroamericanos, insistiendo en que debían tomar medidas para fortalecer el control de sus fronteras y evitar esa inmigración. Calificada de criminal por la administración norteamericana, Trump hizo de la construcción de un muro fronterizo con México un tema central de su campaña.

El vicepresidente insistió en que los gobernantes centroamericanos le digan a sus ciudadanos que no deberían tratar de entrar ilegalmente a los Estados Unidos; que si no lo podían entrar legalmente, que mejor no vinieran, poque se iban a enfrentar a situaciones difíciles.

Rachel Rosenberg, investigadora asociada del Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA), destacó la exigencia de Pence para que los gobiernos centroamericanos hicieran más para contener esa inmigración. “Los temas estructurales que promueven la masiva inmigración centroamericana parece ser un tema polémico para la administración Trump”, agregó.

Presionado por Pence, el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, reelegido en dudosas elecciones, con el apoyo de los Estados Unidos, reclamó que necesitaba una respuesta a la situación de los niños hondureños detenidos y separados de sus padres. “Yo no puedo volver a Honduras sin una respuesta” a este problema, se lamentó Hernández. “Imagínese si un niño de su país se encontrara en esa situación. Ud. podría entender el rechazo que esto provoca en mi país, la enorme presión que enfrento, es un asunto de humanidad”, dijo el presidente hondureño, dirigiéndose a Kirstjen Nielsen.

En todo caso, para Washington, como reiteró Pence, el tema es considerado como una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos.

Consecuencias fatales

La política de cerrar las puertas a la inmigración centroamericana adoptada por la administración Trump tendrá “consecuencias fatales para toda la región”, estimó Joaquín Villalobos, un exguerrillero salvadoreño que ahora sirve de asesor a gobiernos e instituciones conservadoras. “El presidente Trump ha planteado construir un muro que cerraría la válvula de escape a la presión demográfica de la región, al mismo tiempo ha anunciado deportaciones masivas, impuestos a las remesas y erradicación de las ‘maras’ en Estados Unidos expulsando a sus miembros a Centroamérica”, afirmó Villalobos.

El exguerrillero recordó que en los últimos doce años ha habido casi 190 mil homicidios en Guatemala, Honduras y El Salvador, cifra que compara con los 220 mil muertos en los 50 años de guerra civil en Colombia.

Esto coloca la región como “la más violenta del planeta”, y recuerda que “la deportación sistemática de delincuentes fue lo que llevó a las pandillas de Los Ángeles a Centroamérica. Una vez allí éstas se multiplicaron por la pobreza y se volvieron más violentas por la incapacidad de los gobiernos para detener su avance. Ahora son un poder fáctico que controla territorios y somete población”.

Villalobos estima que la decisión de la administración Trump de poner impuestos las remesas, de cerrar la puerta a los inmigrantes, de deportar a centenares de miles de trabajadores y enviar a miles de pandilleros de vuelta a países terminaría por conformar “una tormenta perfecta” en Centroamérica.

China

Pese a la especial atención dedicada al tema, Pence no estaba interesado solo en el problema migratorio. La reunión sirvió también para reiterar las políticas de aislamiento para tratar de derrocar el gobierno de Venezuela y advertir contra la tentación de establecer relaciones comerciales más cercanas a China.

«Le dije a cada nación representada aquí que, cuando vayan a establecer relaciones comerciales con otras naciones, incluida China, piensen en sus intereses a largo plazo y en los nuestros», afirmó Pence. «Cuando China trata de ampliar su influencia en la región, la mejor manera de enfrentar esos problemas es fortaleciendo los lazos entre Estados Unidos y los países del Triángulo del Norte y de todo el hemisferio», agregó.

El Salvador rompió sus relaciones con Taiwán en agosto pasado para establecerlas con China, pero Centroamérica sigue siendo el principal bloque de naciones –integrado por Guatemala, Honduras, Nicaragua y Belice– que aún mantiene relaciones con Taiwán.

Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=247959

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