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Leandro Cahn: «Hay 6.500 nuevos casos de VIH por año. Sabemos prevenirlo y estamos fallando»

Juan Elman

Por Juan Elman

El debate del aborto, el acceso a la salud y la dispar implementación provincial de la ley de Educación Sexual Integral, en la mirada de Leandro Cahn, director de Fundación Huésped.

“Desde el debate por el aborto pareciera que todos empezamos a estar de acuerdo en que tiene que haber educación sexual en las escuelas”, dice Cahn (Silvana Boemo).

“Desde el debate por el aborto pareciera que todos empezamos a estar de acuerdo en que tiene que haber educación sexual en las escuelas”, dice Cahn (Silvana Boemo)

Leandro Cahn todavía recuerda las épocas en que a los portadores de VIH se los señalaba como responsables de un pecado -por drogadictos o por tener relaciones con personas del mismo sexo-, y las cuestiones de salud y educación sexual permanecían lejos de la discusión pública. Hoy, desde su cargo como director ejecutivo de la Fundación Huésped, sostiene que la sociedad atraviesa un cambio cultural respecto a la sexualidad. Ante el advenimiento de la discusión por el aborto, Cahn hace hincapié en el acceso a la educación y salud sexual, que considera incompleto.

Señas particulares. Leandro Cahn es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y director ejecutivo de la Fundación Huésped, que desde 1989 trabaja cuestiones vinculadas al acceso a la salud, con foco en enfermedades como VIH-Sida y el cuidado de la salud sexual y reproductiva. La Fundación cuenta con materiales y guías para la prevención de enfermedades, asistencia a personas afectadas y, también, cursos de capacitación docente en modalidad online.

-El contagio de VIH-Sida se mantuvo constante en estos últimos diez años. ¿Por qué no se avanzó?

-En Argentina tenemos alrededor de 6.500 nuevos casos cada año. Es preocupante por dos cuestiones. En primer lugar porque sabemos cómo prevenirlo, con lo cual estamos fallando en la prevención. Pero además, desde hace unos siete u ocho años sabemos que una persona con VIH en tratamiento y con carga viral indetectable, es decir, muy poquita cantidad de virus en sangre, prácticamente no tiene riesgo de transmitir el virus a un tercero. En un país como Argentina, que tiene garantizada la terapia antiviral, si los diferentes subsistemas de salud detectaran el virus a tiempo y no se perdiera el contacto con los pacientes, no deberían aparecer nuevos casos. Tenemos que reforzar la importancia de la prevención y pensar nuevas estrategias. La mayoría de las herramientas para bajar los nuevos casos están presentes.

-Una herramienta fundamental para prevenir el contagio es la Ley de Educación Sexual Integral (ESI). ¿En qué estado está su implementación?

-La implementación es muy dispar, inclusive con la gestión anterior. La ley tiene once años y es una muy buena ley: plantea a la educación sexual no como asignatura sino como un contenido transversal en los distintos niveles. Argentina tiene federalizada la educación, por lo que el Ministerio de Educación nacional no tiene poder de policía, digamos, sobre las escuelas; que sí tienen las provincias. Durante muchos años se produjeron muy buenos materiales, que llegaban a distribuirse hasta los depósitos de los ministerios provinciales y ahí quedaban. Se trabajaba con capacitación docente, mientras muchas veces los propios docentes capacitados volvían y se topaban con un muro. Ahora, a partir de la discusión por la legalización de aborto, parece que todos estamos de acuerdo en que tiene que haber educación sexual integral, pero hasta el año pasado había una oposición férrea al tema.

-Entonces, ¿en qué hay que trabajar?

-Capacitar docentes sin trabajar en la comunidad educativa no va a servir para nada. Hay que involucrar directamente a los chicos. A los docentes no sólo hay que capacitarlos en los conocimientos básicos sino darles herramientas pedagógicas para trabajar el tema. Es una decisión política. Si no damos educación sexual, suceden dos cosas. Los chicos tienen relaciones igual; no esperan a las clases de educación sexual. El tema es si las tienen informados y con acceso a métodos anticonceptivos. Y en segundo lugar, cuando no damos ESI estamos cercenando el derecho de esos chicos. Acceder a la educación sexual integral es un derecho consagrado por ley. Un director de escuela no puede estar por arriba de eso. Tiene que ser una prioridad política.

-Suele olvidarse que la ESI no contempla sólo el acto sexual; también temas como la orientación e identidad sexual, la igualdad de género…

-Claro. El cuidado del propio cuerpo, saber que a tu cuerpo no lo puede tocar nadie que vos no quieras. Para mí el movimiento Ni Una Menos, que me parece espectacular, no existe sin Educación Sexual Integral. No hay Ni Una Menos sin distribución de métodos o empoderamiento de la mujer. Eso tiene que ver con cómo se construyen las relaciones entre parejas y cómo opera la familia en relaciones conflictivas. Si no empezamos a trabajarlo de verdad en las escuelas no vamos a lograr el Ni Una Menos.

-¿Cuál es su postura sobre la legalización del aborto?

-Desde Fundación Huésped apoyamos los proyectos de la interrupción voluntaria del embarazo. Nos parece que tiene que ver, por un lado, con el tema del derecho de la mujer a decidir si ser o no madre. Pero, además, es fundamentalmente un tema de salud pública. Lo que se está discutiendo es si el aborto va a seguir siendo ilegal, inseguro y pago, con diferencias entre quien puede acceder a un buen cuidado de la salud y quien termina en manos de alguien que pone en riesgo la vida de la mujer, o si esa misma práctica puede ser legal, segura y gratuita.

-¿Puede esta discusión servir como disparador para mejorar otras cuestiones de salud pública?

-Eso implica decisión política, inversión y tiempo. Con esas tres cuestiones yo estoy seguro de que una ley como la de legalización del aborto puede mejorar el cuidado de la salud sexual, sobre todo de las mujeres.

-¿Está preparado nuestro sistema de salud para la implementación de una eventual ley de aborto?

-Si mañana la ley se aprobara, pasado mañana no estaría resuelta la inseguridad del aborto. Es un proceso. Hay que mejorar el acceso al sistema de salud en general. La calidad de atención tiene una disparidad enorme. Ahora, aun con problemas, el sistema está preparado para empezar a trabajar bien en estas cuestiones.

Fuente del artículo: https://www.clarin.com/opinion/leandro-cahn-500-nuevos-casos-vih-ano-sabemos-prevenirlo-fallando_0_HJ0mJdpem.html

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¿Qué aula queremos?

Ramon Jara

Por Ramón Jara

La iniciativa presentada por las autoridades del Miniduc con el objetivo de identificar aquellos aspectos sobre la carga de trabajo para los directores de los colegios es una interesante decisión, que busca poner en debate y transparentar una cruda realidad, que es cómo se trabaja en la escuela hoy.

El sólo hecho de plantearlo ya es un gran avance, pues se pone sobre la mesa la sobrecarga de trabajo y releva la importancia de destinar más tiempo a la labor, esfuerzo y dedicación en el aula, tanto de directores como de profesores.

Algunos datos señalan que, en Chile, los directores dedican más tiempo a tareas administrativas – 31.3% de su tiempo – y casi a la par con lo que debiera ser su principal labor, las tareas de liderazgo pedagógico y orientación de los docentes, a lo que dedican el 30%.

Es decir, emplean el mismo tiempo en tareas administrativas y de liderazgo pedagógico, dedicando incomprensiblemente las mismas horas a tareas que tienen claramente un impacto tremendamente distinto en la educación de nuestros niños y jóvenes.

Aunque es un gran paso, la iniciativa “Todos al Aula” es insuficiente si sólo busca reducir burocracia. El problema de fondo va más allá y tiene que ver con construir una nueva comprensión de la escuela como institución educativa, que permita el trabajo colaborativo y adaptativo de profesores, estudiantes y directivos, con una nueva mirada, pensando en las necesidades de una nueva generación.

Parafraseando a Ken Robinson, la escuela no necesita que la reformen, necesita que la transformen.

Otro dato clave lo entrega la encuesta profesores Talis 2013. En Chile, los profesores son los docentes que más tiempo destinan al aula, con 27 horas en promedio, siendo 19 horas el promedio de los países que participan en el estudio, y el tiempo de clases dedicado a tareas administrativas corresponde al 10.8% de su horario.

Al mirar estos datos, si bien los directores dedican el mismo horario a tareas administrativas y de liderazgo pedagógico, los docentes están cumpliendo su labor dentro de la sala de clases. ¡Y por supuesto que hay que liberar a la escuela de la carga burocrática!

Porque un 10% sigue siendo un porcentaje alto. Ese tiempo debiera dedicarse al aula, a los niños y jóvenes en la sala de clases. Lo cuantitativo debe ser expresión de un cambio cualitativo en la escuela, es hacer las cosas de manera distinta. Entonces, se puede disminuir la carga burocrática pero si directores y profesores hacen lo mismo, no habrá cambios sustanciales, que es lo que finalmente se requiere.

El gran desafío de esta iniciativa es responder a una pregunta más de fondo.

Es decir, ¿qué tipo de aula queremos para los próximas generaciones en Chile? Una escuela 3.0, que logre construir nuevas formas de liderazgo directivo, nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, que permitan desarrollar a los estudiantes las competencias cognitivas,  interpersonales e intrapersonales.

El reto que tenemos como país, que trasciende a un gobierno, es construir una clara visión del tipo de aprendizaje requerido en el siglo XXI.

Y sobre todo, tener conciencia de la importancia de invertir en el desarrollo de las habilidades de los profesores, para apoyar un nuevo tipo de enseñanza para un nuevo tipo de aula.

Fuente del artículo: http://opinion.cooperativa.cl/opinion/educacion/que-aula-queremos/2018-06-17/063450.html

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Colleges and State Laws Are Clamping Down on Fraternities

Kyle Spencer

By Kyle Spencer

Fraternity members at Louisiana State University adhere to age-old rituals, shrouded in secrecy, that dictate how they gather, greet each other and initiate their young pledges.

But when they return to campus in the fall, one ritual will be drastically different: They will face much more severe consequences for dangerous hazing incidents.

In May, eight months after the death of Maxwell Gruver, a freshman pledge at the university’s now banished Phi Delta Theta fraternity chapter, Gov. John Bel Edwards of Louisiana signed into law an anti-hazing bill that would make it a felony for those involved in hazing that resulted in death, serious bodily harm, or life-threatening levels of alcohol. And students found guilty could land in a Louisiana jail for up to five years.

The new law represents an important departure for Louisiana, which once had some of the most lenient anti-hazing laws in the nation. But it also reflects renewed efforts around the country — in state legislatures, inside courthouses and on campuses — to prevent the hazing injuries and deaths that have plagued college campuses for decades.

“Realistically, the answer is regulation and reform,” John Hechinger, the author of “True Gentlemen: The Broken Pledge of America’s Fraternities,” said during a panel on Greek life last week at The New York Times Higher Ed Leaders Forum. “That is really the only possibility.”

There has been at least one school-related hazing death each year in the United States since 1961, according to Hank Nuwer, a Franklin College journalism professor and the author of multiple books on hazing. Most, but not all, have occurred during fraternity initiation events.

But in 2017, four students, including Mr. Gruver at L.S.U., Tim Piazza, a 19-year-old at Pennsylvania State University and Andrew Coffey, a 20-year-old at Florida State University, lost their lives in hazing-relating incidents. Mr. Coffey died on a fraternity house couch after drinking an entire bottle of bourbon during Big Brother Night. In each case, multiple students were charged.

This fall, Penn State President Eric J. Barron, who appeared on the panel with Mr. Hechinger, said that the incident on his campus had been a “horrible tragedy,” but one that had spurred new interest in reform.

This past year, Dr. Barron banned 13 organizations from his campus and instituted 15 reforms, including switching disciplinary oversight of the institutions from a Greek governing council to university administrators, requiring newcomers to take a pledge about their actions inside their organizations and deferring the initiation process for freshmen until later on in the school year, so they can develop new friends and interests before being faced with hazing.

This winter, officials at Florida State University started a hazing education initiative and increased staff members charged with monitoring Greek life. And at Louisiana State, President F. King Alexander proposed 28 reforms, including a requirement that chapters hire house managers.

College administrators are also beginning to look at the problem collectively. At a meeting in Chicago this spring, representatives from 31 colleges and universities explored ways to garner more cooperation from national Greek organizations, which can resist university oversight.

Dr. Barron is pushing an online safety database that will record incidents at chapters around the country, indicate which institutions are doing exemplary work in their communities and which are experiencing alarming trends.

Penn State and many other universities already have, or are instituting, their own report cards.

The high profile nature of the cases is also impacting state capitals. Pennsylvania, like Louisiana, is expected to soon pass an anti-hazing law that would make death by hazing a felony.

New Mexico has also been exploring the idea.

In Tennessee, state representative John DeBerry Jr. floated a bill that would ban fraternities altogether in the state.

Mr. Hechinger says fighting to make fraternities safer is probably a better use of critics’ energy, as it is unlikely that fraternities will be banned on public campuses where they are powerful.

“If we were going to create a higher education system from scratch, would we have organizations that year after year kill a student? Probably not,” he said at the conference. “But they are very ensconced in higher education, and if you try to do some kind of ban, which is often what people are asking, you run the risk of underground behavior.”

Source of the article: https://www.nytimes.com/2018/06/05/education/learning/colleges-fraternities-laws.html

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La diversidad nos une

Daniel Sánchez Velásquez

Por Daniel Sánchez Velásquez

“Todavía nos rehusamos como país a darle un verdadero valor a nuestra diversidad y aún se le niega la posibilidad a muchos peruanos de ser incluidos”.

 

Somos un país diverso. Esa es una realidad. Hay 55 pueblos indígenas, población afroperuana, contamos con 48 lenguas originarias habladas por cerca de 5 millones de personas, al año tienen lugar casi 7 mil festividades y más de 250 expresiones culturales son patrimonio inmaterial de la nación. Si bien esto no es un hecho reciente –tenemos más de 11 mil puntos arqueológicos que nos recuerdan que por siglos la diversidad ha sido un aspecto característico del Perú –, en los últimos años ha habido un importante trabajo de reconocimiento de nuestras diversas manifestaciones culturales. Las danzas, los textiles, la música, la cerámica y, sobre todo, la gastronomía se han convertido, merecidamente, en símbolos de orgullo nacional.

Sin embargo, este reconocimiento se ha centrado, muchas veces, en la manifestación cultural y no en los hombres y mujeres que la hacen posible. Así, nos sentimos orgullosos de nuestras 3.800 variedades de papa, pero no valoramos, en la misma medida, a los campesinos y campesinas que juegan un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad y la visibilidad de los conocimientos tradicionales en nuestro país. Celebramos y disfrutamos el festejo con el corazón hinchado por la huella memorable de nuestra herencia africana, no obstante, sobrevive la discriminación que sufren los afroperuanos para hacer efectivo el goce de sus derechos.

De igual forma, cada año miles de turistas visitan Puno para participar de la Fiesta de la Candelaria, una de las más grandes manifestaciones culturales del país. Miles de fotografías de los danzantes –con sus coloridos trajes– circulan por redes sociales y los medios de comunicación, incluso internacionales. Pero poco se reconoce a los artesanos y artesanas que se dedican durante todo el año a confeccionar la indumentaria que los bailarines utilizarán, usando técnicas y conocimientos antiguos que han pasado a través de las generaciones.

Todo ello se suma al hecho de que, aún hoy, como nos indican los datos de la reciente Encuesta Nacional sobre Percepciones y Actitudes sobre Diversidad Cultural y Discriminación Étnico Racial, uno de cada dos peruanos considera que se discrimina principalmente por el color de piel o los rasgos físicos de las personas, más del 40% cree que todos deberíamos hablar la misma lengua y casi la mitad de los encuestados piensa que sería mejor si tuviésemos las mismas costumbres. Esto evidencia que todavía nos rehusamos como país a darle un verdadero valor a nuestra diversidad y aún se le niega la posibilidad a muchos peruanos de ser incluidos en la construcción de nuestro proyecto de nación y reconocerla como un activo de nuestro desarrollo humano.

Es por ello que, en el marco de dos eventos fundamentales como la Semana de la Diversidad Cultural y Lingüística y el Mes de la Cultura Afroperuana, el Ministerio de Cultura realiza diferentes actividades orientadas a reflexionar sobre los retos de una sociedad diversa como la nuestra, la principal, el reconocimiento de sus protagonistas. Diferentes grupos étnicos y culturales han contribuido mucho en nuestra historia, pero todavía no han recibido la gratitud que merecen. Por eso, hace unos días, hemos rendido homenaje a Catalina Buendía de Pecho, mujer afroperuana, quien hace 135 años entregó su vida para salvar a su pueblo, San José de los Molinos (Ica), de una invasión extranjera, pero que todavía en los libros de historia no aparece como heroína. Revertir estas omisiones permitirá reivindicarlos como parte constitutiva de nuestra nación.

Con este espíritu también se ha aprobado, recientemente, para su prepublicación, la propuesta de estrategia para la salvaguardia y revalorización de los conocimientos, saberes y prácticas tradicionales y ancestrales de los pueblos indígenas, en el marco de la comisión multisectorial que lidera el Ministerio de Cultura con diversos sectores del Estado y los representantes de estos pueblos. En unos días se iniciará un proceso participativo orientado a recibir los aportes que permitan que los conocimientos sobre riego y transporte de agua, las técnicas de teñido con plantas tintóreas, la medicina indígena, la decisión de plantar y cosechar basada en la aparición de determinados animales o el apareamiento de otros, el sistema tradicional de jueces de agua, entre otros saberes valiosos, no se pierdan o sean tomados por terceros sin generar beneficios para las comunidades.

Todas estas acciones constituyen el primer paso para desarrollar una visión colectiva sobre las prácticas tradicionales y valorar a las personas que con su sabiduría, experiencia, aptitudes y prácticas mantienen y transmiten de generación en generación su identidad cultural y espiritual para beneficio de todos los peruanos y peruanas. Ello reafirma una vez más que, rumbo al bicentenario, uno debe ser nuestro objetivo: que la diversidad nos una.

Fuente del artículo: https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/diversidad-interculturalidad-une-daniel-sanchez-velasquez-noticia-526580

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A 100 años del Manifiesto Preliminar de Córdoba

Andrés Quishpe

Por  Andrés Quishpe

Este 21 de junio se cumplen 100 años del Manifiesto Preliminar de Córdoba. Documento que mantiene plena vigencia, su trascendencia es histórica y su contenido sigue inspirando varias luchas. En Córdoba los estudiantes se alzaron y llamaron a las cosas por su nombre, enfrentando a un régimen universitario autoritario, vertical y tradicional, que no permitía el desarrollo científico y académico. La lucha por la reforma consiguió importantes logros para la universidad, como el cogobierno estudiantil, la eliminación de los dogmas, la libertad y la periodicidad de las cátedras y de asistencia, el ingreso a los sectores populares, elección democrática de autoridades, etc. Pero sobre todo la revuelta de Córdoba afirmó que la lucha por la reforma universitaria no puede ser comprendida como simples parches a modelo educativo alguno, debe ser todo un movimiento de ruptura, de cuestionamiento a la estructura académica, política de la universidad, es decir, cuestionar a las estructuras económicas y sociales que dominan a la universidad.

Al cumplirse un centenario del Manifiesto de Córdoba es menester reflexionar cómo en nuestro país varios de sus logros y postulados durante la década del correísmo fueron descontextualizados bajo conceptos como autonomía “responsable”, que sirvió para ubicar a la educación superior a los objetivos y planificación de Alianza PAIS, con organismos de dirección estructurados por el régimen y no por las instituciones de educación superior. La calidad educativa se redujo a simples datos; se obligó a que los principales esfuerzos de los docentes se orienten al cumplimiento de trámites administrativos y no pedagógicos; se confundió altas notas con inteligencia y, lo que es peor, la homogeneización de la educación se impuso para atender la diversidad cultural de pueblos y nacionalidades del Ecuador.

La década correísta concibió a la universidad como un objeto inerte, sin palabra, pensamiento y decisión, donde un grupo privilegiado de tecnócratas determinó lo que suponía era lo más conveniente en materia educativa; la categorización fue utilizada como arma psicológica porque buscó desmoralizar, mecanizar la razón y obligar a la comunidad universitaria a que acepte para sí su propio fracaso. Camuflándose en un discurso de izquierda se recortaron derechos como la elección de decanos y directores de carrera mediante el voto universal de los actores universitarios; se negó el acceso a miles de jóvenes de sectores populares; se recortaron y limitaron las acciones del cogobierno y su composición.

La realidad expresa que la mejor forma de revivir el Manifiesto Preliminar de Córdoba es cambiar esta realidad. Las reformas realizadas a la LOES son un primer paso. Pero la universidad ecuatoriana demanda recuperar derechos de fondo y no solo de forma; demanda analizar y transformar su modelo educativo y concepción que dejó el correísmo. Necesitamos una universidad que fomente una formación intelectual, democrática y de calidad, nutrida de contenidos del acervo cultural de nuestros pueblos, apegada al desarrollo de la ciencia y tecnología, así como del dominio de las herramientas para adquirirlos y fomentarlos. Una universidad con contenidos críticos, emancipadores como base necesaria para comprender el mundo en el que vivimos y participar en su mejora. (O)

Fuente del artículo: https://www.clarin.com/opinion/leandro-cahn-500-nuevos-casos-vih-ano-sabemos-prevenirlo-fallando_0_HJ0mJdpem.html

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Un debate educativo más allá de la Selectividad

Hugo Gutiérrez

Por Hugo Gutiérrez

La discusión sobre las pruebas de acceso a la Universidad es una constante en España

Fuente del artículo: https://politica.elpais.com/politica/2018/06/17/actualidad/1529255805_738792.html

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Almelina, no es una fábula

Heriberto Rivera

Por: Heriberto Rivera.

El cine sigue siendo una poderosa herramienta para colocar en claro la realidad de los pueblos, sus luchas, sus anhelos, sus frustraciones y sus esperanzas; es una instrumento de la comunicación que tiene entre sus  fines mantener viva la memoria   colectiva para no olvidar momentos transcendentales en la existencia del hombre.

El docudrama, así llamado por sus creadores, Almelina,  es una combinación de la realidad y la ficción, de la captura de la realidad a través de los hechos y eventos que se  producen en la cotidianidad y que le dan sentido a la existencia, que logran generar gran impacto en el espectador que lo es por partida doble ya que refleja la vida de cada uno de nosotros.

Actualmente Venezuela viene siendo sometida a una guerra fratricida, a una guerra de sexta generación donde los escenarios de la violencia ya no son las montañas  ni la extensa llanura, ni las mesetas y valles topográficos, no son ya como se  conoce a  los espacios naturales de una guerra convencional.

Es una guerra, en cual todos sus habitantes están sometidos y son actores de primera línea, son protagonistas que sufren y padecen los rigores de una confrontación  sin cuartel, una guerra que ocurre a nivel del cerebro, donde las llamadas redes sociales inducen el odio hasta  hacerlo viral, donde se satisfacen los deseos sanguinarios de quienes ocultos bajo la tecnología puesta al servicio del crimen generan la caotización de la sociedad, creando desasosiego y situaciones de inestabilidad emocional para hacerla presa fácil del crimen, de la violación de las normas más elementales de convivencia.

Para que esta estrategia imperialista de la Guerra de sexta generación logre resultados positivos es necesario contar con lo que  llaman “Alienado Programado” (AP) o “individuo‐masa”, sujeto manipulado que responde a la realidad virtual que reflejan los medios y que actúa en consecuencia con lo que ve, sin meditar, o cuestionar la falsedad o realidad de lo que recibe. Echar un vistazo a la TV o mi Facebook, luego existo. Veo mi twitter, luego existo. Miro mi WhatsApp luego vivo. Así los medios  cercenan la capacidad de pensamiento, en  esto no hay posibilidad para el pensar reflexivo.

Esa guerra, que lamentablemente se debe reconocer que esta bien diseñada dentro de las imperfecciones del ser humano utiliza las  redes sociales para estimular la activación del cerebro reptiliano, de la parte irracional del “CPU” humano que lo induce a tomar decisiones que escapan del control de sus emociones y sentimientos.

Las redes sociales incentivan la violencia verbal lo cual tal vez sea menos perceptible que la violencia física, pero con efectos más graves y nocivos trasmiten la cultura necrófila, que  en manos de psicópatas pueden llegar a transformarlas en armas de  destrucción masiva.

El lenguaje va más allá, pues su contenido cargado de violencia es  expresado y  “retituar” sin meditar tiene un poder de penetración en el inconsciente, es tanto reflejo de la mente humana como  canal de trasmisión de pensamiento y emociones las palabras tienen efectos en la vida diaria. Las palabras tienen efectos en la vida diaria, con ellas podemos construir pero también destruir, edificar o derrumbar, levantar o aplastar, y declarar o finalizar una contienda. Todo depende del uso que le demos.

Esta guerra tiene a los medios de comunicación y sus instrumentos como su mejor apéndice y juegan un papel fundamental  por su alcance,  siendo utilizados por  la lógica de la violencia establecida como mercado que domina sobre la solidaridad en la información.

En ese contexto transcurre Almelina, la película que actualmente se exhibe en los escenarios públicos  donde se refleja el ambiente de la  barbarie belicosa de la manipulación mediática   al cual esta sometida la población.

Almelina, la película nace en una realidad violenta que describe y narra de forma extraordinaria-con  formato bien logrado, excelente fotografía, guion y parlamento, excelente plano actoral- los momentos por los cuales atraviesa las ciudades  y pueblos de Venezuela,  que se viene convirtiendo en ese movilizador de la memoria colectiva donde en cada cine-foro se pone de manifiesto la expresión y la gallardía de la madurez y el compromiso de la gente en este momento  tan crucial para la revolución Bolivariana.

El docudrama Almelina, refleja con claridad pero a la vez plantea interrogantes sobre la lucha de clases que se adelanta en Venezuela, donde se viene aplicando libretos  y guiones que hasta ahora-y se espera que no se logre su objetivo-han cumplido la meta de acabar con gobiernos y proyectos legitimados por la voluntad popular. Socavando las bases de la sociedad.

Si bien, el docudrama, si acaso lo llegasen  a ver los de la otra orilla, no ejercerá ninguna influencia pues esa gente esta programada para el odio y el desprecio hacia  los humildes; en el caso de la orilla irreductible, sirve pa reafirmar su compromiso, su lealtad y fe en el porvenir que se  construye en el presente, que si pasa por momento de  violencia inducida  en lo económico, social y política, llegara el momento para la paz; Almelina tiene esa fortaleza, partiendo de un momento de violencia seguramente que es un catalizador a futuro para encontrar la paz.

hriverat1@hotmail.com

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