Artículos

Por: Lidia Falcón

Después de Juana Rivas una mujer de Málaga, Carmen P. ha huido de su casa con sus dos hijos para no entregárselos al padre que los reclama. Previamente, en mayo, Carmen había presentado una denuncia por maltrato contra su marido y obtenido incluso una orden de protección a su favor, pero que no debe de haber sido eficaz, ya que Carmen ha optado por garantizarse su propia seguridad poniendo la suficiente distancia entre ella y el padre de las criaturas.

Tanto la justicia como la legislatura de nuestro país deberían plantearse por qué estas mujeres han decidido abandonar su domicilio habitual y esconderse con sus hijos, con todos los problemas que podemos imaginar que tal situación conlleva, antes que permitir que el progenitor los tutele.

Para mantenerse en la clandestinidad, cuando las fuerzas de seguridad te están buscando, hace falta dinero, apoyo de otras personas, vivir en alojamientos poco preparados y tantas veces incómodos, abandonar familia, amigos, conocidos, vecinos, barrio habitual, si además se pierde el empleo las consecuencias son peores. Los niños viajan aturdidos dejando atrás colegio y amigos, abuelos y tíos y primos. Todos estos riesgos e inconvenientes los arrostran las madres porque quieren a sus hijos y necesitan alejarlos de un padre maltratador.

Claro está que el coro de defensores de los machistas –que ya se ha expresado estentóreamente- hablará de la maldad de la madre y la calificará de desquiciada. Calificativo este muy menudeado contra las mujeres. La prensa británica calificó de “locas” a las sufragistas durante 70 años. No las identificó por ningún otro nombre. La magistrada -¡hay que ver que plantel de juezas tenemos!- del proceso de Carmen ha dispuesto, a petición del Ministerio Público, que se emita un informe psicosocial para analizar la veracidad de la declaración judicial de la mujer desaparecida con sus hijas. Resolución que toman la mayoría de los miembros y miembras de la judicatura cuando se trata de actuar contra un delito de violencia machista. Si se tratara de cualquier otro de la larga lista que posee el Código Penal, jamás se les ocurriría pedir un informe psiquiátrico del ciudadano que denuncia un robo, una agresión, una estafa, un accidente de circulación, etc.

Pero las mujeres son por definición sujetos de maldad y desconfianza desde que el Código de Hanmurabí las calificó peores que el veneno, las serpientes, el viento del desierto, la enfermedad y la muerte. Repasar aquí la serie de insultos y maldades que les han atribuido a las mujeres los grandes hombres que han regido el poder político, religioso, cultural de todos los países, durante miles de años, es tarea imposible para un artículo. Les remito a mi libro Mujer y Sociedad, publicado hace 50 años.

A pesar de la Ley de Violencia de Género, que cumplirá pronto 13 años, a pesar de la Ley de Igualdad -¡que ironía!- que tiene 10, a pesar de todos los avances que el Movimiento Feminista ha obtenido en estos 42 años de la última etapa, las mujeres son consideradas sujetos de segunda categoría como corresponde a su estatus de clase explotada.

Del mismo modo que los negros en EEUU, a pesar de las Constituciones y leyes que garantizaban su igualdad fueron objeto de toda clase de discriminaciones y marginaciones, las mujeres –en el mundo entero- siguen viviendo en sociedades patriarcales que las esclavizan, las maltratan, las explotan, las humillan y no las consideran sujetos de derecho. En España hasta el año 2000 el Tribunal Supremo no decidió que el testimonio de una mujer tenía el mismo valor que el de un hombre.  

Pero ni esta declaración del más alto tribunal de nuestro país influye en el criterio de los jueces, aunque sean tan prestigiosos como José Antonio Martín Pallín, que ostenta todos los honores de haber sido Magistrado y fiscal del Tribunal Supremo y es magistrado emérito del mismo. Como ilustre jurista ha sido miembro del Comité de Bioética de España, miembro numerario del Instituto de Estudios Canarios, del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía y la Democracia en el Paraguay, de la Asociación Hispano-Alemana de Juristas y de varias misiones especiales sobre derechos humanosorganizadas por Amnistía Internacional (Venezuela, México, Perú). Fue Premio Jurista 1996 de la Universidad Complutense de Madrid, Presidente de la Asociación pro Derechos Humanos de España, Presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Portavoz de Jueces para la Democracia y Vicepresidente del Foro Milicia y Democracia.

Pues bien, José Antonio Martín Pallín ha terciado en la dramática polémica respecto a la situación de Juana Rivas y sus hijos defendiendo apasionadamente la necesidad de cumplir la ley y las resoluciones judiciales. Con un criterio gremialista y legalista que no le conocía, asegura que las resoluciones judiciales que la afectan han sido tomadas en estricta aplicación de la ley –lo que debe de ser cierto dada la escasa protección que la Ley de Violencia presta a las mujeres- y con criterios de equidad y justicia perfectos.

Esa defensa a ultranza no solo de la ley sino también de las resoluciones judiciales no la practicaba Martín Pallín cuando era uno de los valientes defensores de los Derechos Humanos, conculcados habitualmente por el sistema legal y las resoluciones judiciales. Se ha manifestado innumerables veces contra la tortura practicada en tantas ocasiones por las diferentes policías, contra sentencias injustas, contra leyes sin proporcionalidad ni equidad. Pero entonces estaba defendiendo a opositores al poder, a disidentes políticos, acusando a corruptos, etc. Ahora se trata de defender a mujeres de sus maltratadores, y con ellas a los niños, los más débiles, y esa es otra cuestión.

En este caso Martín afirma que: “No me entra en la cabeza que los servicios jurídicos de nuestro Gobierno o de la Junta de Andalucía no hayan valorado esta situación y no hayan aconsejado, con firmeza, que la situación exigía la entrega de Juana Rivas, voluntaria o ejecutada de manera coercitiva… ante determinados excesos y manipulaciones… (hay que afirmar) que un condenado por un episodio de malos tratos no es un reo de por vida, que tiene derecho a la reinserción, a la cancelación de sus antecedentes y a organizar su vida futura, sin que pesen sobre él, como una losa permanente, las condenas del pasado.… La petición de auxilio judicial para hacer cumplir la sentencia italiana, como era de esperar,  llegó a los juzgados españoles que, cumpliendo escrupulosamente los compromisos internacionales y con las normas, usos y costumbres del derecho internacional que rige entre las naciones civilizadas, pusieron en marcha los mecanismos para hacer ejecutar la sentencia italiana, acordando la devolución de los hijos al padre… El tono y la agresividad de grupos y sectores comenzó a elevarse llegando a violentar gravemente, hasta extremos que pudieran lindar con Código Penal, la libertad y la independencia de los jueces españoles, tachándoles poco más o menos de prevaricadores y llegando a presentar una denuncia del Consejo General del Poder Judicial para que se investigue a una jueza que no había hecho más que cumplir estrictamente con la ley para salvaguardar el Estado de derecho y el prestigio internacional de nuestro país. Juana está ahora en la casa construida sobre un espacio, formado por una comunidad de naciones, que tiene como lemas, la libertad, la seguridad y la justicia”. Ya ven.

Sin embargo, José Antonio Martín Pallín, estricto defensor de la legalidad española y europea,  en noviembre de 2016, acerca de las agresiones contra algunos miembros de la Guardia civil cometidas por vecinos de Alsasua manifestaba que: “El procesamiento de los nueve de Alsasua es desorbitado y está fuera de la realidad socia”. El magistrado emérito del Supremo cree que se ha producido una ‘sobreactuación judicial’ que complica los intentos de convivencia en el País Vasco y Navarra, tras el anuncio de ETA de dejar las armas. “El Derecho no está para crear conflictos, sino para solucionarlo”.

Pero naturalmente el caso de Alsasua es un tema político y el de Juana Rivas es un asunto privado; los acusados y las víctimas en Alsasua son todos hombres; la acusada Juana es una mujer y las víctimas son dos menores, y el ilustre jurista y defensor de la equidad y los derechos humanos José Antonio Martín Pallín se siente de pronto herido en su categoría varonil, retado por una débil y tonta mujer y los menores le importan un comino.

En vista de que ni las policías ni las juezas ni los psicólogos ni aún los más ilustres activistas de derechos humanos las defienden, las mujeres han decidido huir. Si continúa en vigor la misma Ley de Violencia e idéntica política judicial, tendremos decenas de madres escondidas viviendo en la clandestinidad con sus hijos, en busca y captura por orden judicial y consideradas delincuentes, mientras los maltratadores viven libertad como hombres decentes, considerados víctimas de la maldad de su mujer.

Y fabricaremos una generación de menores criados en el miedo y el odio a su padre y el total rechazo a la justicia de nuestro país.

Fuente: http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2017/09/04/mujeres-que-huyen/