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A 100, la Constitución privilegia intereses del capital

Por:Zósimo Camacho

La Constitución mexicana pasó de ser la primera carta magna social en el mundo, a un “gran código mercantil”. Las contrarreformas desprotegieron a la economía y la población. México, sin fortaleza jurídica ante la complicación de las relaciones con Estados Unidos y un escenario internacional que cuestiona el libre comercio.

Consta de 136 Artículos; pero de su promulgación –el 5 de febrero de 1917– a la fecha, cuenta casi 700 reformas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no tutela más los derechos de los campesinos, los trabajadores o los indígenas. Tampoco garantiza para la población los derechos a la salud, la educación, el trabajo; ni protege las propiedades nacionales, colectivas y comunales. Por el contrario, ahora privilegia los intereses del capital. Allana el camino a los grandes negocios sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los mexicanos.

Abogados y analistas consultados por Contralínea coinciden en que la mayoría de las reformas a la norma fundamental de México nada tienen que ver con el proyecto de país que los constituyentes de 1917 plasmaron luego de la lucha armada revolucionaria.

Los sucesivos gobiernos, de Álvaro Obregón a Enrique Peña Nieto, han emitido 229 decretos para reformar los Artículos constitucionales 686 veces. La reforma más reciente entró en vigor hace menos de 1 semana: el 27 de enero pasado. Hoy, con un escenario internacional que cuestiona el libre mercado y la complicación de las relaciones con Estados Unidos, México no cuenta con una carta magna fuerte que proteja a sus familias.

No es la cifra de 686 enmiendas lo que preocupa a abogados y analistas, sino el tipo de reformas que se han llevado a cabo.

El doctor en derecho Manuel Fuentes Muñiz señala que “la conformación que ha tenido la Constitución ha sido de retrocesos”.

Reconoce apenas algunos cambios que sí han sido para proteger los derechos de las personas. Precisamente el 11 de junio de 2011 se otorgó el reconocimiento en la Constitución de los derechos humanos. El problema es que son letra muerta.

“Las principales contrarreformas a los derechos humanos se han dado después de que se reconocieran los derechos humanos, contradictoriamente. Finalmente al Estado le han importado poco. Y ha planteado leyes regresivas, en donde la preminencia es estar protegiendo los intereses de los particulares, de las empresas, sobre todo extranjeras. En conclusión, nos encontramos con una Constitución en donde se ha girado a una situación totalmente contraria al espíritu de lo que estableció el Constituyente, que en 1917 creó por primera vez las garantías sociales y que ahora están hechas añicos.”

Los tres Poderes de la Unión han organizado una sesión solemne para el próximo 5 de febrero en conmemoración de los 100 años de la promulgación de la carta magna mexicana. A principios de la semana pasada anunciaron que, “por austeridad”, la ceremonia ya no se llevaría a cabo en el Teatro de la República, de la ciudad de Querétaro, lugar en donde los constituyentes de 1917 realizaron sus trabajos y promulgaron el documento. Ahora tendrá lugar en el recinto del Senado de la República, en la capital del país.

“Es una efeméride que sólo podemos verla con mucha tristeza y con mucha añoranza”, dice el jurista Juan de Dios Hernández Monge. El integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas y catedrático de historia y de derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México explica que “lo que se logró en 1917 hoy está destruido”.

De acuerdo con información del Congreso de la Unión, la mayor parte de las transformaciones a los Artículos constitucionales han ocurrido durante el periodo de los gobiernos neoliberales: en apenas 34 años –de diciembre de 1982 a febrero de 2017– se ha reformado la Constitución 486 veces.  Mientras, las otras 200 reformas tuvieron lugar entre el 1 de diciembre de 1920 y el 30 de noviembre de 1982, es decir, un periodo de 62 años.

Para desmontar el entramado constitucional de derechos económicos, sociales y culturales, los neoliberales tuvieron que actuar rápidamente. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado se realizaron 66 reformas a la Constitución; para el de Carlos Salinas de Gortari, 55; en el de Ernesto Zedillo, 77; en el de Vicente Fox Quesada, 31; en el de Felipe Calderón Hinojosa, 110; y en lo que va del de Enrique Peña Nieto, 147.

Las contrarreformas –en opinión de Juan de Dios Hernández Monge– han permitido que se generen hoy las mismas condiciones que dieron origen a la revolución y a la Constitución de 1917. “Las volvemos a encontrar de manera generalizada en toda la República”, señala.

Los atentados contra la Constitución no han sido errores involuntarios o esporádicos. “Los triunfos del movimiento social plasmados en la Constitución han venido siendo destruidos de manera sistemática y consistente”, lamenta Hernández Monge.

La contrarrevolución

De la primera constitución social del mundo, hoy queda casi nada, coinciden los especialistas. A las “reformas estructurales” se les ha presentado como una modernización de la norma fundamental de México. Se trata de enmiendas a los Artículos torales de la carta magna, pero en un sentido que, a decir de Juan de Dios Hernández Monge, han significado “un golpe de Estado constitucional”. Se refiere a los cambios en los Artículos Segundo, Tercero, 27, 28 y 123 de la Constitución.

El historiador Lev Moujahid Velázquez Barriga considera, que luego de la Revolución, los constituyentes buscaron que la Constitución fuera un proyecto de nación: que permitiera la construcción de un país soberano, independiente y socialmente justo. Hoy la carta magna no garantiza ninguna de esas aspiraciones porque ya no responde a intereses nacionales.

“El Constituyente de 1917 estaba pensado en un proyecto nacional, en un proyecto de desarrollo propio, endógeno. Y las últimas reformas que hemos tenido en el país tienen como objetivo potenciar el sistema económico global que hoy está dominado por los grandes empresarios y se aleja de los intereses de la nación y del pueblo mexicano.”

Estos cambios, paulatinos algunos, en tropel otros, no siempre hubieran sido posibles. Antes, se realizó una reforma Constitucional previa: al Artículo 35 para que pudiera ser susceptible de cambio prácticamente todo.

Juan de Dios Hernández Monge explica: “En la teoría constitucional hay que distinguir el Congreso Constituyente originario y lo que llaman aquí el Congreso Constituyente Permanente.”

Abunda en que a partir de la reforma al Artículo 35 constitucional se estableció un procedimiento especial para poder modificar la Carta Magna. En teoría no podrían haber tocado varios puntos fundamentales, como la propiedad originaria de los campesinos, de los pueblos indígenas en relación con la tierra, por ejemplo.

El doctor en derecho Manuel Fuentes Muñiz señal que el actual modelo de Constitución no corresponde con los intereses nacionales. “Es un modelo en donde se ha sustituido el tema de país por el de empresa. Es la empresa y las inversiones lo que ahora se protege. Esto tiene que ver con la usura y con la ganancia particular. Tenemos ahora un Estado pequeño pero torpe. Tenemos un código mercantil más que un código social”, plantea.

Fin de la educación nacional

El Artículo Tercero de la Constitución ha sido reformado en 10 ocasiones, siete durante el periodo neoliberal. Las más recientes han sido las más profundas y las que han provocado intensas movilizaciones de maestros y organizaciones sociales. Las modificaciones a ese Artículo y a sus leyes reglamentarias han contado con el impulso de los sectores más encumbrados del empresariado mexicano.

“Lo que hicieron con esta reforma fue romper el espíritu originario del Artículo Tercero constitucional: esa educación laica, gratuita, obligatoria, nacional, democrática”, señala Hernández Monge.

El historiador y maestro en didáctica en ciencias sociales Lev Moujahid Velázquez Barriga señala que, en efecto, el contexto de 1917 en materia educativa era muy distinto al actual. No porque se hayan superado las carencias que entonces se observaban, sino porque los gobiernos recién emanados de la Revolución, con todo y sus traiciones y limitantes, pretendían garantizar el acceso a la educación a toda la población.

“La Constitución de 1917 planteó un proyecto nacional. Y en ese proyecto estaba la democratización de la educación, que ésta llegara a toda lo población, que se masificara, incluso.”

Señala que entonces se echaron andar programas de alfabetización, se crearon las centrales agrícolas con un sentido educativo, las misiones culturales y, años más tarde, las primeras escuelas normales rurales. El impulso fue tal que estos proyectos fueron adoptados por otros países y, hasta la fecha, constituyen las principales aportaciones mexicanas a la pedagogía del mundo.

“Lo plasmado en la Constitución en 1917 y el posterior programa educativo del cardenismo son los únicos dos proyectos nacionales de educación que México ha tenido en los últimos 100 años.”

Velázquez Barriga considera que el embate contra el derecho a la educación consagrado en el Artículo Tercero constitucional y sus leyes reglamentarias inició en 1992. Como siempre, el discurso gubernamental lo presenta como una “modernización”. Las modificaciones se aplicaron en 1993 bajo el nombre de Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica, con lo que se dejó de considerar a la educación como un asunto nacional.

Según el historiador, docente e investigador en pedagogía, estos años marcan la entrada de los intereses del sector empresarial a la educación y el abandono en los planes oficiales de los valores nacionalistas, de desarrollo nacional, de fortalecimiento de la identidad cultural del país. La nueva visión de la educación buscó preparar el terreno para la nueva realidad neoliberal de México: al año siguiente entraría en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Fue solamente el principio. “A partir de ahí se dispuso  el sistema educativo ya no para el desarrollo endógeno de nuestro país sino para favorecer los intereses de las grandes corporaciones mundiales”.

Hoy el examen del Programme for International Student Assessment (PISA), sin embargo, ha demostrado que México empeoró. A pesar de haber hecho todas las reformas “recomendadas” por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han fracasado en sus  propios objetivos.

“Los niveles de analfabetismo han permanecido e, incluso, por momentos han crecido; los niveles de desempleo han crecido también. El sistema educativo no ha respondido ni a sus mismas expectativas”, expone Velázquez Barriga.

Además, la cobertura educativa se ha reducido. En su informe más reciente, el Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por su sigla en inglés) reportó que cerca de 4 millones de menores de edad mexicanos están fuera del sistema educativo.

Sin embargo, el actual secretario de Educación, Aurelio Nuño, anunció la intención del gobierno federal de cerrar 100 mil planteles de educación básica en el país. La justificación de tal medida, ofrecida en noviembre pasado, es la “reconcentración de escuelas”. Es decir, que los alumnos de varias comunidades vayan a una sola que se crearía en la localidad más populosa.

“Es un golpe contra las comunidades rurales y urbanas. Y los estragos serán mayores si no se reconceptualizan esos términos empresariales con que se ha llenado a la educación pública”, considera Lev Velázquez.

Para el historiador y pedagogo, alcanzar la “calidad” puede ser la aspiración de una empresa productora de autos o de telefonía, pero no puede ser el fin histórico de todo un pueblo. “Habría que pensar para el ámbito educativo conceptos como el de dignidad humana: el ser humano debe ser el centro del sistema educativo y no el mercado”.

Vender trozos de país con sus riquezas

Luego del movimiento armado de 1910, la revolución campesina –la de Emiliano Zapata y Francisco Villa– no ganó. De hecho, sufrió una profunda derrota por parte de otra facción revolucionaria: la de Carranza y Obregón. Pero los constituyentes de 1917 lograron plasmar algunas de las demandas campesinas para acabar con los latifundios y entregar las tierras a sus legítimos propietarios: las comunidades indígenas y mestizas.

La tenencia de la tierra plasmada en la Constitución también alcanzó para establecer que la nación era dueña los recursos del suelo y el subsuelo.

A la fecha, el Artículo 27 ha sido reformado en 20 ocasiones, mientras que el 28 en 10. Con respecto del Artículo 27, ocho de las reformas –las más profundas– han ocurrido durante el periodo neoliberal. Por su parte, las reformas al 28 han ocurrido, en su totalidad, desde que el neoliberalismo gobierna México.

Los cambios en estos Artículos demuestran que “del espíritu original del Constituyente de 1917 hoy no queda prácticamente nada”, señala el abogado Juan de Dios Hernández Monge. “Con claridad la norma fundamental de México señalaba que la tierra, las aguas, los bosques, los hidrocarburos, las gemas preciosas, los metales preciosos son propiedad de la nación mexicana.

“Y eran derechos imprescriptibles, inembargables, intransmisibles e inalienables”, destaca.

La primera y más profunda “contrarreforma” al Artículo 27 tuvo lugar en 1992, bajo el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Con ella se permitió la privatización del ejido y de la comunidad agraria.

“La consecuencia inmediata, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, fue el desmantelamiento del campo. Las comunidades originarias fueron destruidas.”

En esos años, sabedoras de lo que se avecinaba para México, grandes agroindustrias como Monsanto compraron a ejidatarios e indígenas, a precios de ganga, millones de hectáreas en México. “Hoy significan la privatización del ejido y de la comunidad con la consecuente pérdida de la soberanía alimentaria que ya había logrado con muchísimos esfuerzos el pueblo de México”, señala Hernández Monge.

Pero las modificaciones a los Artículo 27 y 28 no sólo desprotegieron a los campesinos. También a las industrias de interés nacional. “La Constitución decía que era propiedad exclusiva del Estado y que solamente los mexicanos por nacimiento podían obtener concesiones para la producción, explotación de la energía eléctrica”, recuerda Hernández Monge.

Asimismo, el petróleo era propiedad originaria de la nación mexicana. La Expropiación Petrolera de 1938 significaba el regreso de la soberanía nacional respecto de la propiedad de los hidrocarburos.

“Y ahora en las reformas secundarias de la reforma al Artículo 27 pusieron una frase que, si no fuera tan dramática, debería dar risa. Se atrevieron a poner que el petróleo y el gas que se encuentren en el subsuelo son propiedad de la nación mexicana; pero únicamente cuando estén en el subsuelo. Y también dice que está prohibido que capitales extranjeros puedan explorar o explotar el petróleo. Pero luego en el mismo artículo ponen una salvedad: que el gobierno federal podrá celebrar contratos con capitales privados para la exploración y explotación.”

Con respecto de la minería, “la contrarreforma permitió que, en los últimos 25 años, se hayan llevado de México más oro y más plata que toda la que se habían llevado acumulada desde 1521 a estas fechas”, señala Hernández Monge.

Explotación y trabajo precario

El Artículo 123 ha sido reformado en 26 ocasiones. De ellas, 10 han ocurrido desde que los neoliberales gobiernan México.

Juan de Dios Hernández Monge recuerda que la reforma laboral de 2012 fue el último acto de gobierno de Felipe Calderón, “haciéndole el trabajo sucio a Enrique Peña Nieto”.

Hoy esta reforma del Artículo 123 ya ha sido convalidada por la mayoría de los Congresos de los estados y se convierte en norma suprema de gobierno en México. “Y con esto dan un golpe mortal al tripartismo: esa forma de organización donde las juntas de conciliación y arbitraje tenían un representante del capital, uno del gobierno y uno de los trabajadores, y que las decisiones se tomaban por mayoría de votos con base en las constancias de expedientes respectivos. Hoy, de un plumazo, desaparecen el tripartismo para proponer que sean jueces de lo laboral y darle el mismo tratamiento procesal como si fuera un juicio civil. Es decir, la primera instancia, la apelación y el amparo. Pero ahora con jueces unitarios en lugar de las juntas tripartitas. Esos 100 años de historia han sido borrados”.

Por su parte, el abogado Manuel Fuentes Muñiz, catedrático de derecho laboral y seguridad social en la Universidad Autónoma Metropolitana, señala que esta reforma “ha traído como consecuencia la creación de un aparato monopolizador de los registros sindicales en todo el país. Hay una modificación trascendental en donde el gobierno federal, a través de un organismo público descentralizado, va a ser el único que va a otorgar o cancelar todo lo que tenga que ver con los registros sindicales y los contratos colectivos de trabajo; incluso les retira esas facultades a los gobiernos de los estados”.

En efecto, de acuerdo con la reforma, la designación del titular del nuevo órgano será prerrogativa del presidente de la República en turno, previo a una terna ante el Senado. El nombramiento será transexenal pues, en principio, el titular durará 6 años en el cargo; pero se puede relegir por otros 6 años.

“Lo que significa que el siguiente gobierno, de la línea o corriente que sea, no se va a poder meter en los temas laborales colectivos”, explica Manuel Fuentes Muñiz.

“Se avizora la consolidación de un derecho privado sin el sentido social. En las próximas semanas se estarán registrando más reformas y se le estarán dando más espacios a la parte patronal”, advierte el abogado Fuentes Muñiz.

Los resultados de las contrarreformas laborales están a la vista. Fuentes destaca que hoy “la clase obrera, en su mayor parte, está empobrecida. El hecho de que el 60 por ciento de los trabajadores reciba un promedio de dos salarios mínimos, estamos hablando de 160 pesos diarios, nos puede dar una idea de que la situación económica de pobreza, la mayoría son trabajadores informales”.

Pero no es todo. Precisamente en materia laboral, la Constitución mexicana se preciaba de ser de avanzada. “Hoy se ha destruido, por ejemplo, el principio universal de la progresividad, ese mejoramiento constante al que tiene derechos el trabajador”.

Hernández Monge explica: “Cuando un sindicato cumple su función histórica de obtener mejores condiciones de trabajo y de vida para sus agremiados, hoy es visto como un enemigo del Estado. Y hay un contubernio de los tres Poderes de la Unión. En un concierto pleno van destruyendo todas las instituciones laborales. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo establece que en la revisión del contrato colectivo de trabajo no se podrán pactar condiciones inferiores a las ya existentes, obviamente atendiendo al principio de progresividad. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia para señalar, ¡sorpresa!: sí se pueden pactar condiciones inferiores a las ya existentes, y que esa disminución tiene un tope y que son las mismos que establece la ley”.

Otro ejemplo es el del derecho a la estabilidad en el empleo, que era uno de los elementos centrales del Artículo 123. “Con la reforma a la Ley del Trabajo de 2011 se introdujo la figura de la terciarización, llamada outsourcing. Con ello destruyeron ese principio de estabilidad en el empleo. Cuando crean o reactivan las figuras de trabajo a prueba, de aprendizaje, por tiempo determinado, por temporada, lo que están haciendo realmente es terminar con el principio de estabilidad en el empleo”.

Por su parte, Fuentes Muñiz señala que en el mundo laboral mexicano existe hoy un ejército de trabajadores eventuales; de quienes laboran más allá de su jornada de trabajo; de quienes sufren riesgos y no tienen una respuesta válida.

“De los más de 360 mil conflictos que hay en la Junta federal, el 51 por ciento tiene que ver con temas de seguridad social. Y no hay una salida. Es una especie de guerra contra los propios trabajadores. Ahora no se les da salarios, las empresas evaden el seguro social, los contratan por honorarios”.

Por una nueva Constitución

Este 5 de febrero “no tenemos nada que festejar” señala Juan de Dios Hernández Monge. Integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas señala que sí se debe recordar la fecha, pero para tomarla como un aliciente para lo que viene el día de mañana.

Se refiere a la iniciativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y del Congreso Nacional Indígena (CNI) de proponer a una mujer indígena como candidata a la Presidencia de la República en 2018 y organizar un Concejo Nacional de Gobierno integrado por hombres y mujeres indígenas de todo el país.

Juan de Dios Hernández Monge señala que, como se lee en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona emitida por el EZLN, se buscará que los mexicanos “construyamos de un nuevo pacto social, una nueva Constitución mexicana que abra el espacio, que cree un mundo nuevo en donde quepan todos los demás mundos. Quizá esta sea la última oportunidad del pueblo de México para tomar el destino en sus propias manos”.

Fuente: http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2017/01/29/a-100-la-constitucion-privilegia-intereses-del-capital/

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La reforma pendiente… las normales

Por: Abelardo Carro Navas

Una de las asignaturas que tiene pendiente la Secretaría de Educación Pública (SEP), es la reforma a la educación normal en nuestro país. Si bien es cierto que en los últimos tres años se ha hablado de la inminente transformación de las escuelas normales, también es cierto que, hasta el día en que cierro estas líneas, no se ha hecho mucho que digamos, y eso que el actual Secretario de Educación, Aurelio Nuño, había prometido que este tema sería uno de los que estaría en la mesa de la discusión al inicio de este año pero, ¿esto es y será así?, porque como están las cosas en mi México querido, dudo mucho que en los próximos meses se toque el Subsistema normalista. Me explico.

Para entrar en materia, comenzaré por el lado político. Como bien sabemos, este año será crucial para el 2018. Las elecciones en el Estado de México, hacen suponer que varias de las iniciativas que pudieran presentarse en el escenario educativo, no serán tocadas en demasía por quien dirige la SEP en estos momentos. ¿Quién pensaría en alborotar el medio si lo que se quieren son votos y no marchas y plantones por parte del magisterio? Hacerlo, como parece obvio, traería “costos políticos” de relevancia y, para Aurelio Nuño, significaría poner en riesgo su probable elección como candidato a la gubernatura de esa entidad, o bien, su candidatura a la Presidencia de la República. ¿Le dijo a usted algo el que en estos días tan flamante Secretario haya develado un cuadro para homenajear a su antecesor Emilio Chuayffet haciéndose acompañar del Secretario General del SNTE, Juan Díaz de la Torre? En lo personal, tal acción se asemejo a una frase que utilizamos en mi pueblo cuando alguien pretende conseguir algo pero sin expresarlo de frente: “algo quiere y dinero no es”.

Por lo que respecta al ámbito económico. Pensar en reformar la estructura organizacional de las escuelas normales, se antoja harto complicado. Las condiciones presupuestales, como se ha visto, no auguran la pertinencia de dicha reforma. Es cierto que, derivado del programa Escuelas Al Cien, el año pasado se destinaron varios millones de pesos para fortalecer a las normales, sobre todo, a las rurales; pero también es cierto que el recorte presupuestal le pega y le pegará, no solo al Subsistema normalista, sino a todos los niveles que conforman el Sistema Educativo Mexicano (SME) – aun y cuando se diga lo contrario –. Necesidades o requerimientos hay muchos en estas instituciones; desde infraestructura y equipamiento adecuado para su funcionamiento, hasta las formas de organización y reglamentación que por años han mantenido a estas escuelas formadoras de docentes.

En la parte social. Es impensable que éstas puedan desaparecer. Su tradición pero, sobre todo, su relevancia e impacto social, parecen descartar su eliminación. Por años, estas escuelas han formado a miles de maestros y maestras que se han incorporado al SEM con el propósito de cumplir con esa función que contempla el Estado Mexicano y que ha sido plasmada en la Constitución Política de nuestra nación: desarrollar armónicamente las facultades de los seres humanos. Nadie, en estos momentos, dudaría que en las escuelas hace falta un maestro que oriente y facilite la generación de aprendizajes en los niños, jóvenes y adultos de México.

Por lo que toca a la parte cultural, debo señalar que estas escuelas son parte importante y trascendental de la cultura mexicana. Muchas de las costumbres y tradiciones que se viven en cada una de las regiones del país, han sido fomentadas y preservadas por los maestros. ¿Y dónde se aprende todo ello? Como parece obvio, en las normales. Pese a quien le pese, en estas escuelas se genera ese aprendizaje que a la postre se desarrolla en los diferentes niveles en los que se insertan los egresados de estas instituciones. Bien se dice que cultura es una forma de vida, y no es errado pensarlo de esta manera. Dese cuenta, ¿cuántos y cuántos mexicanos no han sido formados por un maestro?, ¿cuántos y cuántos no hemos aprendido algo de ellos?, ¿cuántos y cuántos no hemos realizado una convivencia en razón de lo expuesto? Millones… millones de mexicanos.

Tengo claro que muchas de estas escuelas, por su misma condición regulatoria – sin autonomía y apegada a lo que mandata la Constitución –, han construido prácticas que a la fecha, no son las mejores. El diagnóstico que hace años realizó  la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), dio cuenta del rezago en el que se encuentran, pero también, de esas prácticas bajo las cuales se mueven los miembros de este Subsistema. De hecho, hace un año precisamente, Mexicanos Primero, difundió un informe – con el que no estuve del todo de acuerdo –  en el que se plantearon varias debilidades y fortalezas que no del todo son ciertas pero que hay cierta razón en ellas.

Reformar las escuelas normales, desde mi perspectiva, es fundamental si en realidad queremos mejorar la educación en nuestro país. Con seguridad resistencias gremiales y corporativas habrá. Es lógico pensar que existirán, y más por la serie de torpezas que ha cometido y viene cometiendo el gobierno federal en manos de Peña Nieto; sin embargo, el paso tiene que darse, sin prisa pero sin pausa. ¿Por qué? Porque estas escuelas formadoras de docentes, merecen ocupar el lugar que en 1984, por decreto presidencial, les fue asignado: instituciones de educación superior.

En este sentido, debo reconocer el trabajo que recientemente ha emprendido la DGESPE, en cuanto a la realización del Primer Congreso de Investigación de Educación Normal a celebrarse en la Ciudad de Mérida, Yucatán, el próximo mes de marzo (por allá nos veremos). Lejos del tema político que éste pudiera tener, me congratula el que finalmente, se tomé en cuenta a este Subsistema como parte de la educación de mi querido país.

En fin, considero que tiene que hablarse de las escuelas normales, y tiene que hablarse bien o mal, pero con sustento. Hechos lamentables como los de Ayotzinapa, por ejemplo, que siguen doliendo en el alma, deben ser atendidos y también expuestos para que, de una vez por todas, se den pasos firmes y sólidos hacia una mejora substancial en la formación de maestros.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-reforma-pendiente-las-normales/

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Cultura institucional y cultura de la trampa

Por: Rolando Niella

Barack Obama tiene una pésima opinión de Trump, dijo que era el candidato menos apto para ejercer la presidencia de toda la historia de Estados Unidos. Donald Trump tiene una pésima opinión de Obama, con su estilo excesivo dijo directamente que es “el Diablo”. Eso y mucho más es lo que se dijeron durante la campaña electoral.

Esa mala opinión mutua, sin embargo, no impidió una transición ordenada y sin incidentes mayores. Tampoco impidió que el traspaso del mando en la toma de posesión, que marcó el final del mandato de uno y el inicio del gobierno del otro, fuera personalmente educado, institucionalmente correcto y protocolarmente intachable.

La diferencia es enorme con los traspasos de mando en nuestra región que casi siempre resultan conflictivos y más aún cuando suponen que una fuerza política desplaza a otra del gobierno. El más disparatado y excesivo de estos casos ha sido el que protagonizó en Argentina Cristina Fernández de Kirchner.

Supongo que todo el mundo recuerda la actitud de la mandataria saliente y el desagradable y maleducado gesto de ni siquiera asistir a la ceremonia de toma de posesión. Pero fue mucho peor que simple mala educación; fue una calamidad, porque un mandatario no puede mostrar una falta de respeto semejante a la investidura del nuevo presidente (que hasta ese día fue también la suya), al orden institucional y a los mecanismos preestablecidos de transmisión de mando.

Por supuesto, en otro orden de cosas, también se tomó la molestia de dejarle al gobierno entrante “un campo minado”, según la expresión generalizada en el periodismo argentino, para lograr a toda costa que le vaya mal al próximo gobierno.

Pero volviendo al ordenado y correcto traspaso de mando norteamericano, cualquiera podría objetar que se trata solo de protocolo superficial donde, con algo de cinismo, personas que se odian se sonríen mutuamente; pero no es así. Se trata de respeto a la investidura más allá de quién sea la persona que la ocupa y es una muestra de fortaleza institucional y, por supuesto, de la preeminencia de lo institucional sobre la personal a la hora de afrontar temas de Estado y de gobierno.

Esa muestra de cultura institucional quedó algo opacada por la poca concurrencia al acto, los artistas que se negaron a participar y la abundancia de protestas contra el nuevo presidente. Sin embargo, en vista de los problemas que cada traspaso de mando entre adversarios políticos en la gran mayoría de los países de nuestra región, esa fortaleza institucional, que obliga a dejar de lado divergencias políticas irreconciliables e inquinas personales, debería servirnos de lección.

En Paraguay nuestros políticos son por regla general un poco menos maleducados que Cristina Fernández de Kirchner, pero en cambio igualmente especialistas en dejar suficientes palos en la rueda a sus sucesores. Hemos visto, hace poco más de un año, en los traspasos municipales suficientes casos de intendentes salientes que han dejado a sus sucesores comunas no solo desfondadas, sino también innecesariamente endeudadas.

Mientras el sistema institucional no sea lo bastante poderoso para evitar que los intereses personales o sectoriales de los mandatarios de turno estén por encima de la estabilidad de las instituciones, los cambios de gobierno serán inevitablemente traumáticos y más conflictivos aún en los casos en que la transmisión suponga alternancia en el poder.

El cumplimiento del protocolo es un síntoma, una señal visible para los ciudadanos del respeto a las instituciones, de espíritu democrático y de apego al cumplimiento de la ley. Es por el desprecio de las reglas de juego institucionales por lo que resultan dañinos y peligrosos operativos tan bochornosos y ridículos como la recolección de firmas en favor de la reelección protagonizado por un sector del Partido Colorado.

Es todo lo contrario de la cultura de la ley: la cultura de la trampa. La abundancia de firmas de ciudadanos inventados, inhabilitados, no consultados y resucitados ha llevado lo ridículo a su máxima expresión; pero lo más grave es que se recolectan firmas para quebrantar el sistema institucional, incumplir la Constitución y desconocer la autoridad del Congreso Nacional.

Es por el desprecio de las normas y de las formas legales que resulta imperdonable el asalto que los partidarios de la reelección están haciendo a la Constitución Nacional. En lugar de fortalecer las instituciones está muy cerca de destruir la poca solidez y credibilidad que el sistema institucional paraguayo ha conseguido construir en estas últimas décadas de democracia.

Fuente: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/cultura-institucional-y-cultura-de-la-trampa-1560058.html

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Israel punishes family members for acts of relatives

Por: Zvi Bar

The family apartment of Maher al-Hashlamoun, a Palestinian jailed for killing an Israeli settler in 2014, in the West Bank city of Hebron, after Israeli forces punitively destroyed it in October 2015. Israel is escalating the use of such collective punishment, following Sunday’s truck ramming attack in a settlement near Jerusalem that killed four of its soldiers.

Muhesen AmrenAPA images

After issuing orders to demolish their home and rounding them up in detention centers, Israel now plans to revoke the Jerusalem residency of the relatives of the man who ran a truck into a group of Israeli soldiers at a settlement near Jerusalem on Sunday, killing four and injuring more than a dozen others.

The Palestinian man, identified as Fadi Ahmad Hamdan al-Qunbar, 28, was shot dead at the scene.

The sweeping order, issued by interior minister Aryeh Deri on Tuesday, is a striking expansion of Israel’s tools of collective punishment against an alleged attacker’s family.

It would strip at least a dozen people of their right to live in their home city of Jerusalem.

The Israeli human rights group HaMoked, which is representing the family, reported that more individuals were notified on 11 January that their residency would be revoked.

“Let this be known to all who are plotting, planning or considering carrying out an attack, that their families will pay a heavy price for their actions and the consequences will be severe and far-reaching,” Deri said.

“This is a decision that signals a new era against terrorism and terrorists who use their status to carry out attacks against citizens,” Deri added. The move is supported by prime minister Benjamin Netanyahu.

Illegal

Israel occupied the West Bank, including East Jerusalem, in 1967. It later annexed the city in violation of international law, a move not recognized by any country.

Israel treats East Jerusalem’s indigenous Palestinian population as if they were mere “permanent residents” whose ability to stay in the city is contingent on Israeli permission.

In its December resolution, the UN Security Council condemned all of Israel’s measures “aimed at altering the demographic composition, character and status of the Palestinian Territory occupied since 1967, including East Jerusalem.”

It confirmed that such measures, including “the construction and expansion of settlements, transfer of Israeli settlers, confiscation of land, demolition of homes and displacement of Palestinian civilians,” are “in violation of international humanitarian law” and previous resolutions.

As the occupying power, Israel is also bound by the Fourth Geneva Convention, which outlaws “collective penalties” and states that no person “may be punished for an offense he or she has not personally committed.”

But since there have been no effective international measures to hold Israel accountable, it has continued to use collective punishment with impunity for decades.

Punishing children

Like other forms of collective punishment Israel uses, particularly the punitive demolition of family homes, these measures are reserved for Palestinians; Israel does not use collective punishment against the families of Jews who carry out attacks.

Some of al-Qunbar’s relatives were summoned Tuesday morning to Israel’s Population and Immigration Authority, where they received a letter that said the family is “suspected of having connections to ISIS,” and members are considered a security risk “as long as they remain in Israel,” according to the Tel Aviv newspaper Haaretz.

Israeli police raided the homes of other relatives, delivering revocation orders.

Al-Qunbar’s mother’s status is also being revoked supposedly on the basis that she made a false claim 30 years ago when she first received her residency status upon marrying her husband, a Jerusalemite.

Among those who now face becoming stateless are two children in the al-Qunbar family aged 11 and 17.

Other voices in the Israeli government have called on the family to be expelled to Syria or Gaza.

“Disloyalty” to an occupation

While thousands of Palestinians in Jerusalem have had their residency revoked under various pretexts, the first instance of revocation for “lack of loyalty” didn’t occur until 2006, when Israel stripped three elected Palestinian lawmakers and the Palestinian Authority’s minister for Jerusalem affairs of their status.

Human rights groups appealed this move to Israel’s high court, where a decision is still pending.

But a lack of judicial ruling has not stopped occupation authorities from advancing this new avenue of expelling Palestinians from Jerusalem.

Last January, four men were stripped of their residency before they were convicted of anything.

Three of the men were charged with throwing rocks at passing traffic, allegedly leading to a fatal accident of one driver. The fourth man was accused of committing an attack on a bus in which three Israelis were killed and several others wounded.

Israel said the revocations were for lack of loyalty to the state. HaMoked is appealing this decision, arguing there is no allegiance implied in Palestinians’ permanent residency status.

Also last January, a bill was introducted in Israel’s parliament that would allow the cancellation of permanent residency on grounds of “disloyalty” to Israel.

At least 13 Palestinians have since had their residency revoked over the last year on the basis of breaching loyalty to the state, according to documentation by Community Action Center at Al-Quds University.

When the Israeli government first made rumblings of introducing the new grounds for revoking residency, Israeli analyst Zvi Bar’el predicted in Haaretz, “That’s how it works when rights are trampled. You start small, get the people used to it, and then you can move on to the mass phase.”

Revoking citizenship

Meanwhile, human and civil rights group Adalah, based in Haifa in the north of present-day Israel, and the Association for Civil Rights in Israel (ACRI) are petitioning an Israeli court to reject Deri’s attempts to revoke the citizenship of Alaa Zayoud, a Palestinian citizen of Israel, who was sentenced to 25 years in prison for attempted murder.

Adalah and ACRI are also demanding Israel annul the 2008 amendment to its Citizenship Law that allows revoking citizenship for “breach of loyalty.” To date it has exclusively been used against Palestinian citizens.

“A minister who chooses to employ such moves only against Arab citizens, in an effort to serve his own narrow political interests, drags the court into his discriminatory struggle against Arab citizens and, by doing so, stains the court,” Adalah said.

The Israeli high court refused to revoke the citizenship of Israeli Jewish citizen Yigal Amir, who assassinated then-prime minister Yitzhak Rabin in 1995.

In its decision to uphold Amir’s citizenship the court stated, “society has expressed its reservation about this brutal murder, but that is no reason to revoke Amir’s citizenship, not because of the killer’s dignity, but because of the dignity of that right [to citizenship].”

Last February, the government attempted to expand its ability to revoke the citizenship of someone in absentia.

 Fuente: https://electronicintifada.net/blogs/charlotte-silver/israel-punishes-family-members-acts-relatives

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¿Humanos?

Por: Fernando Savater

El nuevo presidente americano ha despertado serios recelos y protestas anticipadas entre los defensores de los derechos humanos, en su país y fuera de él. No sin motivo, pues las opiniones vertidas por Trump sobre los inmigrantes latinos, sobre los musulmanes, sobre la tortura o la ecología, su actitud ante la prensa, las mujeres, etcétera… definen un perfil poco deseable en el primer mandatario del país más poderoso e influyente del mundo. Menos justificado está hinchar el escándalo hasta que parezca el primer caso de político poco entusiasta de esa declaración de derechos tan elogiada. Incluso Obama, admirable tanto por sus méritos como por sus detractores y elocuente defensor de los DDHH, ha preferido dejarlos en la penumbra en su relación con la dictadura cubana y en su última resolución sobre los inmigrantes ilegales que huyen de la isla. Si nos centramos en España, difícilmente pueden predicar sobre el tema desde Podemos, cuya complacencia no sólo con Cuba sino con Venezuela y hasta con Irán está demostrada, por no mencionar su ambigüedad —seamos piadosos— frente al terrorismo etarra y sus víctimas. Pero tampoco puede presumir el Gobierno conservador, que acaba de enviar al Rey a reforzar nuestras “tradicionales” buenas relaciones con los sátrapas saudíes, una teocracia tiránica que conculca todos los derechos de la carta, por muchas corbetas que encargue a Navantia y muchos AVE que les construyamos para ir a la Meca. Y la UE no es más fiable, como está demostrando su rácana actitud para con los miles de inmigrantes que hoy imploran helados de frío la hospitalidad cívica de Europa, sobre la nieve ante otra Canossa.

Los DDHH no definen el rostro de los demás, sino el nuestro. Un día despertaremos sin máscara ni coartadas y nos veremos de verdad en el espejo.

Fuente: http://elpais.com/elpais/2017/01/27/opinion/1485527786_396553.html

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Formación docente: Inercia y oportunidades

Por: Pedro Flores Crespo

Si el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, en verdad quiere hacer una contribución valiosa al sector, tendrá que imaginar y proponer la reforma necesaria — no la posible— de los centros y de las estrategias de formación y actualización docente.
Para realizar esta tarea, no basta con tener el respaldo del presidente de la República; aquí se requieren capacidades internas para poder enfrentar a la tradición, a poderosos grupos sindicales, intereses económicos y a la sobreideologización tan presente en algunas escuelas normales, académicos y comentócratas.

El camino no es fácil; dependerá de cómo el secretario reconozca y aproveche los esquemas de cooperación que ofrece nuestro marco federalista, plural y democrático. ¿O pensará que puede hacerlo todo desde el centro y con su visión propia?

Con el propósito de colocar en la “opinión pública la tesis de la importancia estratégica de la formación docente en la reforma educativa”, La organización Mexicanos Primero (M1) dio a conocer su reporte: Prof. Recomendaciones sobre formación y continua de los maestros en México, cuya autoría corresponde a David Calderón, su director general.

El documento consta de tres partes principales. En la primera, se hacen algunas clarificaciones conceptuales. Los autores desean separarse de la noción de “capacitación docente” para hablar mejor de “aprendizaje profesional docente”, el cual se refiere a un “proceso interno en el que los maestros crean conocimientos y desarrollan habilidades y actitudes profesionales”.

La segunda parte presenta el diagnóstico de la política de formación y actualización docente en México y corrobora hallazgos de estudios previos. “Existe una gran heterogenidad en los criterios y procedimientos de admisión de los estudiantes” en las normales (Latapí, 2004). M1 constata que mientras la SEP fija un promedio mínimo de ocho en el bachillerato; Querétaro, por ejemplo, relaja esa puntación hasta seis en el nivel de secundaria y educación especial.
¿Qué explica esta situación? ¿Sentimientos genuinos de justicia a favor del prof.? Podría ser, pero también hay que darle cabida a otro tipo de explicaciones. Junto a otros analistas de política e incluso a ex secretarios de Educación Pública como Fernando Solana, quien aseguró que las deficiencias del magisterio se explicaban en parte por la “contaminación de intereses políticos que se sobreponen a los verdaderos intereses de la educación”, M1 constata que los “arreglos del sistema de educación normal en los estados responde más a la historia política que a un proceso de génesis educativa”.

¿Se antepondrán los intereses políticos al derecho a aprender en condiciones idóneas? ¿Querrán el PRI y la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en verdad empujar la reforma de las escuelas normales cuando las han utilizado de manera histórica y clientelar? Vamos a esperar la respuesta del secretario Nuño para saber si la reforma educativa en este tema en verdad va o si solo fue una llamarada de petate. La reforma educativa ciertamente es política y tendrá que combatir a la nomenklatura.

Otro elemento clave de la profesionalización docente es la actualización, la cual ha demostrado ser poco efectiva, según la evidencia recabada. El documento de M1 reitera que aunque ha habido un creciente número de maestras y maestros tomando cursos y más recursos, la confianza y seguridad del mentor en su labor son bajas y además, el aprovechamiento escolar de los estudiantes muestra una tendencia negativa. Esto ciertamente apunta a una inercia, que en palabras de Mexicanos Primero, es costosa en términos sociales y económicos.

Con su carácter pragmático que los caracteriza —y que en ocasiones irrita a los investigadores—, Mexicanos Primero trata de hacer recomendaciones en dos planos. En el primero, habla de “transformaciones de carácter cultural, para arraigar una visión socialmente compartida sobre el ser y el quehacer de los maestros” mientras que en el segundo, se sugieren temas “puntuales de política pública”. Entre las primeras destacaría que Mexicanos Primero dice querer trabajar para que “los comunicadores en los medios de mayor difusión masiva asuman un discurso más justo y ponderado”. Ojalá que a la gente de Televisa como Carlos Loret de Mola, quien dirigió el documental De Panzazo, le llegue tal recomendación y actúe en consecuencia.

Entre las segundas recomendaciones considero que hay tres que destacan por su importancia y factibilidad. Primero, la necesidad de que se utilice inteligentemente la información que arrojan las evaluaciones docentes para reforzar las capacidades de los maestros y nos alejemos de lógica del premio y del castigo. Un dictamen puntual y personalizado de cada profesor podría ser de mucho valor para desarrollar una política de actualización docente de “segunda generación”.

Segundo, coincido con M1 en la necesidad de articular mejor las áreas de evaluación, formación y desarrollo docente y esto parece factible a la luz de los cambios organizacionales que quiere impulsar el secretario Nuño al interior de la SEP. Tercero y último, revisar críticamente el papel desempeñado por las universidades públicas en la formación docente y pensar en cómo “atraer lo mejor del talento universitario en apoyo de los maestros de educación básica”. ¿O será que a los centros universitarios y de investigación no nos interesa asumir esta responsabilidad social?
Al leer el reporte de M1, es evidente que compartimos una misma problemática con los profes de básica: la evaluación y el control burocrático se volvieron fines en si mismos y no es nada claro que esto contribuya al aprovechamiento académico y a la expansión de capacidades de los estudiantes.

Fuente: http://campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=4046:formacion-docente-inercia-y-oportunidades&Itemid=152

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