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Las reválidas de Primaria afectan este año a dos mil niños en Arousa

Serxio González

Los exámenes crean división de opiniones entre los padres, que no tienen nada claro el uso que dará la Xunta a los resultados

Son 2.060 chavales. Cursan 3º. y 6º. de Educación Primaria en los 34 centros que funcionan en el territorio de Arousa. Solo en Vilagarcía se trata de 744 niños, de 8 y 11 años. En cuestión de tres semanas se verán las caras con las controvertidas reválidas que la no menos polémica Lomce, la ley educativa acuñada por el exministro Wert, ha reincorporado a la dinámica escolar en España. Mejor dicho, quienes lo hagan porque, como ya ocurrió el año pasado, entonces únicamente en tercero, no fueron pocas las familias que decidieron que sus hijos se ausentasen del colegio aquel día, evitando así someterlos a una prueba que está cosechando un alto nivel de rechazo.

No existe, en cualquier caso, un posicionamiento unánime entre los padres de los escolares. La postura generalizada en la coordinadora de asociaciones se caracteriza por una rotunda oposición a esta medida. Sin embargo, varios de sus representantes reconocen que entre sus asociados hay opiniones para todos los gustos. De ahí que, más allá de las reuniones informativas que se pondrán en marcha en cada colegio, no exista una recomendación oficial por su parte. Eso sí, la mayoría de las directivas no enviarán a sus niños a la prueba.

«As probas están ben deseñadas, máis para medir o grao de comprensión e de aplicación dos coñecementos que para avaliar os contidos en si, outra cousa é para que se quere e o que se vai facer con esa información», sostiene un profesor desde Cambados. En este punto reside, en efecto, el quid de la cuestión. La Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria se remite a lo que Manuel Corredoira, director xeral de Educación, explicó el martes. Esto es, que los resultados no tendrán efectos académicos para los chavales, que pondrán a prueba sus competencias en castellano, gallego, matemáticas, inglés y ciencias y tecnología (solo las tres primeras en el caso de 3º.), que los exámenes se desarrollarán entre el 11 y el 13 de mayo y que su único propósito es detectar las debilidades de los centros. Pero la réplica de las AMPA es inmediata: «Quen mellor que o profesor que traballa co neno todo o curso para coñecer o seu nivel e as necesidades que teñen os colexios».

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RECONSTRUIR LA EDUCACIÓN POPULAR EN TIEMPOS DE GLOBALIZACIÓN La deconstrucción: una estrategia para lograrlo

Marco Raúl Mejía

“La lectura crítica del mundo es un quehacer pedagógico-político indicotomizable del quehacer político pedagógico, esto es, de la acción política que envuelve a la organización de grupos y de clases populares para intervenir en la reinvención de la sociedad. Una de las tareas de la pedagogía crítica radical liberadora es trabajar y legitimar el sueño ético político de una realidad injusta… es defender una práctica docente en la cual la enseñanza rigurosa de los contenidos jamás se haga en forma fría, mecánica y mentirosamente neutra.” Paulo Freire

Esta cita, tomada del libro que escribía el maestro de la Educación Popular, Paulo Freire, en el momento de su muerte, bien nos sirve a nosotros para comenzar este texto, donde tratamos de dar cuenta de la vigencia de un pensamiento que, en su acumulado histórico, intenta reconstruirse para volver a construir impugnación y empoderamiento de excluidos, segregados y discriminados del nuevo proceso de dominación capitalista.

I. LA EDUCACIÓN POPULAR, UNA ACCIÓN DE IMPUGNACIÓN Y TRANSFORMACIÓN

1. Breve visión histórica

Si bien las discusiones de la Educación Popular, como educación escolarizada para todos, están en el corazón del proyecto de la Reforma protestante cuando se pretendía que todos los fieles, sin distingos de lugar y origen pudieran leer las sagradas escrituras, y atraviesa esa primera fase de la modernidad buscando una escuela que sea construida para todos (también presente en el ideario educativo de San Juan Bautista de La Salle) ese nombre adquiere concreción en las discusiones de la Asamblea francesa, cuando intentaba darle forma a las tareas de la revolución de 1789, y en abril de 1792 da forma a una escuela única, laica y gratuita. Ese intento de dar escuela a todos como base de una construcción de igualdad social, va a ser la base de lo que hasta ese momento se llamó Educación Popular.

Esa discusión es ampliada cuando llega a América y es retomada en los pensadores que dieron forma a las nacientes repúblicas americanas (Simón Rodríguez, Domingo Faustino Sarmiento, José Martí). Por ello podríamos reconocer diferentes troncos históricos4 en nuestra realidad.

a. En los pensadores de las luchas de independencia, siendo en este período el más claro Simón Rodríguez, maestro del libertador Simón Bolívar. Habla explícitamente de una educación que él denomina como popular y que en sus escritos aparece con tres características:

· Nos hace americanos y no europeos, inventores y no repetidores.

· Educa para que quien lo haga, no sea más siervo de mercaderes y clérigos.

· Hace capaz de un arte u oficio para ganarse la vida por sus propios medios.

b. En los intentos de construcción de universidades populares a lo largo de la primera mitad del siglo XX en América Latina, siendo las más notables las de Perú, El Salvador y México. En ellas se trabajaba para dar una educación también con características diferenciadas de las otras universidades:

· Educaba a los obreros y requería, por los sujetos destinatarios, cambiar el contenido, los tiempos y la manera de hacer real la educación.

· Los dotaba de conciencia sobre su lugar y su papel en la historia.

· Construía y orientaba hacia la organización que defendía los intereses de estos grupos.

c. En las experiencias latinoamericanas de transformar la escuela y colocarla al servicio de los intereses de los grupos más desprotegidos de la sociedad, siendo una de las más representativas la escuela Ayllu en Bolivia, promovida por Lizardo Pérez, donde algunos de sus fundamentos serían:

· Existe una práctica educativa propia de los grupos indígenas, derivada de su cultura. Por ello, plantea hacer una propuesta de educación como movimiento, proceso de creación cultural y transformación social.

· Se constituyen las “escuelas del esfuerzo” en cuanto se plantean una pedagogía basada en el trabajo.

· La escuela se extiende y es comunidad su arquitectura, su propuesta educativa. Es por ello que afirma: “más allá de la escuela estará la escuela”

En este sentido, el P. Vélaz y su intento por construir una escuela desde la Educación Popular como fundamento del Movimiento Fe y Alegría, se inscribiría en esta tercera, corriente, con particularidades propias.

2. El resurgir de la Educación Popular en la década de los ‘60

Esta década está marcada por una manera de intentar modificar las relaciones desiguales a nivel mundial, y la recepción de esta búsqueda en América Latina marca muy fuerte las corrientes y grupos que alimentan la búsqueda de transformación social y a su vez la construcción de un proyecto educativo coherente con esos ideales de cambio, y que va a tomar el nombre de Educación Popular. Las principales dinámicas que se gestaron en el continente y alimentaron y generaron un proceso de constitución de la Educación Popular fueron:

a. La revolución cubana, que en su momento significó la posibilidad de construir formas de organización social en el continente con un signo diferente al de la égida capitalista norteamericana y que animó desde una visión antiimperialista las luchas de liberación, así como la respuesta de las élites, quienes trazaron para el continente como respuesta una política de reformas agrarias y de modernización de los estados.

b. La teoría de la dependencia, especie de lectura tercermundista y latinoamericana del fenómeno del imperialismo, en la cual los aspectos de atraso y pobreza de nuestros países eran derivados de causas externas en las cuales sobresalía, fundamentalmente, la dependencia durante mucho tiempo como colonias y la forma semicolonial que para esa década del ‘60 mostraba como manifestación la presencia de esos países del primer mundo en los países del tercer mundo. Allí, autores como Celso Furtado, Raúl Prebisch, y el actual presidente brasilero, quien en esos tiempos era el “príncipe de los sociólogos” y hoy se ha convertido en el “sociólogo de los príncipes” (según comentarios callejeros brasileros).

c. La teología de la liberación, lectura cristiana desde América Latina y desde los grupos oprimidos que exigen una lectura radical del cristianismo manifestado como crítico de la iglesia como institución reaccionaria, que hace imposible la reconciliación del amor cristiano con la explotación de los seres humanos, planteando su esperanza en el Dios de la historia y de los pobres donde la encarnación de Jesús se convierte en hecho central, y por lo tanto su proyecto es que el reino de Dios debe instaurarse ya en la tierra por un pueblo que camina hacia su liberación. Allí está autores como Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, John Sobrino y muchos otros.

d. La investigación-acción. Diferentes grupos de sociólogos, especialmente en América Latina y el Asia, retomando algunas teorías norteamericanas de la acción (Kurt Lenk, entre otros), plantean que el único conocimiento que se produce no es el acumulado a través de la academia, sino que existe la posibilidad de recuperar una serie de saberes que se convierten en conocimientos paralelos al conocimiento académico o “verdadero”. Para ello diseñan metodologías en las cuales la relación entre sujeto-objeto es transformada radicalmente, por una en la cual el sujeto queda inmerso en el conocimiento que se produce en el proceso investigativo. Esta posición lleva a instaurar una crítica a la forma positivista del conocer en las ciencias sociales. Allí hay autores como Orlando Fals-Borda, Vera Gianotten, Anisur Rahman.

e. Protagonismo de la sociedad civil. Igualmente en el continente comienzan a encontrarse expresiones de la sociedad más allá de las simples organizaciones gremiales que se mueven en el esquema clásico de económico-política, dando paso a infinidad de formas de organización comunitaria de procesos en torno a grupos de fe, que en algunos casos adquieren núcleo en la conformación de las organizaciones no-gubernamentales (ONGs). Estos procesos van teniendo una visibilidad en la sociedad que los coloca como una especie de tercero en la discusión y que abre un espacio para la construcción de esa sociedad civil en el continente, aparecen con fuerza los grupos de derechos humanos, de género, de grupos étnicos

f. Freire representaría la consolidación de un pensamiento latinoamericano y tercermundistaque bien podría representar la sexta de estas corrientes y que retomando la idea de Educación Popular5 se convierte en pensamiento que jalona procesos sociales en América Latina, sectores de Asia y África, y luego se abre más universalmente a latitudes del mundo del norte.

Desde esos seis troncos básicos se abren caminos de búsqueda, que siguen intentando construir especificidades desde nuestro contexto. Allí están, La filosofía latinoamericana de la liberación (E. Dussel), La comunicación popular (M. Kaplún) y el teatro del oprimido (Gonzaga).

Como vemos, igualmente a lo largo y ancho del continente se inicia un proceso en el cual la incidencia de una cierta “latinoamericanización” se da desde las más diversas expresiones, contando con variedad de matices y con representación de ellas a través de fenómenos sociales con manifestación pública, así como con hechos teóricos que entraban a disputar en el campo del saber y el conocimiento, haciendo que cualquier pensamiento desarrollado en la época tuviera que entrar en diálogo, en discusión, y en algunos casos con influencia de ellas. Están todavía poco desarrollados, por los afanes de estos tiempos de globalización, los análisis de estas incidencias, pero ya en la recepción norteamericana de Freire se le da mucha fuerza a la teología de la liberación

(……. continua en los próximos días)

 

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¿Cómo identificar en kínder a los alborotadores del mañana?

Aimee Verdisco

¿Qué pasaría si las escuelas y los hacedores de política fueran capaces de predecir con una buena dosis de fiabilidad a los alborotadores y los casos de éxito del mañana? ¿Y si esto podría hacerse de una manera rentable en el momento en que los niños entran en el kínder?

Una nueva investigación fascinante sugiere que estamos a punto de hacer precisamente esto. La evidencia proviene del Proyecto Fast Track, una intervención integral diseñada para ver cómo los niños se desarrollan a través de sus vidas al proporcionar tutoría académica, el desarrollo de habilidades sociales y la regulación de la conducta. Trabajando en cuatro comunidades diversas y vulnerables en los EE.UU. (Durham, Nashville, Pennsylvania rural y Seattle), el proyecto identificó y evaluó a casi 900 niños de kínder, en tres cohortes sucesivas (1991, 1992 y 1993), y al azar les asignó a un grupo de control o de intervención. El proyecto trabajó con estos niños en durante su trayecto en la escuela, recogiendo datos en puntos claves hasta el presente.

Como parte del proyecto, los maestros de kínder aplicaron la Subescala de Habilidades Prosociales-Comunicacionales de la Escala de Competencia Social a sus alumnos (en grupos de control y de intervención). Esta subescala consta de nueve sencillos ítems. Por ejemplo: si el niño coopera con sus compañeros sin tener que pedírselo, si ofrece su ayuda a otros, si es bueno en la comprensión de los sentimientos, o si puede resolver problemas por su cuenta. No es ciencia espacial. Nada complicado. Sólo nueve preguntas que los maestros pueden responder acerca de sus estudiantes en una escala de cinco puntos: 1) nada, 2) un poco, 3) moderadamente bien, 4) bien y 5) muy bien.

Al analizar la evidencia de esta subescala aplicada solamente a los niños del grupo de control, es decir, aquellos niños que no recibieron intervenciones del proyecto en la etapa del kínder, se encontraron resultados asombrosos.

Casi veinte años después, el ranking de maestros de kínder demuestra ser increíblemente profético. La puntuación de un niño en la subescala de nueve preguntas predice una serie de resultados claves en  adolescentes y adultos jóvenes, incluyendo el graduarse de la escuela a tiempo, entrar y graduarse de la universidad, tener un empleo estable como adultos jóvenes, si reciben asistencia pública, y si han sido arrestados. Todo esto, controlando los factores clave, como la pobreza, la raza, el tener padres adolescentes, la agresión y los niveles de lectura en el kínder. Usted puede adivinar fácilmente qué niños terminaron dónde. Los niños con niveles más altos de habilidades prosociales tienen más probabilidades de alcanzar con éxito los hitos clave como adolescentes y como adultos jóvenes. Aquellos con niveles más bajos tienen más probabilidades de repetir el curso, de estar en la educación especial y/o de ser delincuentes o alborotadores juveniles. De hecho, los niños que obtuvieron una puntuación alta en la subescala señalaron tener cuatro veces más probabilidades de graduarse de la universidad que los que anotaron puntuación baja.

Pensemos en el poder y el potencial que tienen estos resultados. Para niños. Para las escuelas. Para las sociedades. La obtención de estos datos es económica y no invasiva. Y tenerlos puede resultar muy valioso para la identificación de niños en riesgo a una edad temprana y para la focalización de intervenciones eficaces desde el ingreso a la escuela en adelante. Las habilidades socio-emocionales son más maleables que otras (por ejemplo, las cognitivas), lo que significa que necesitan empezar a trabajarse temprano, pero se tiene un período de tiempo más largo para hacer una diferencia. Los niños necesitan formar y mantener lazos significativos con sus pares, con adultos sanos. Y las instituciones como la escuela pueden evitar muchos de los ganchos de riesgo en la vida.

Hay un buen número de programas que pueden ayudar y que han sido rigurosamente evaluados, tales como Fast Track. Los datos como los recogidos por la Subescala Prosocial-Comunicacional pueden informar el proceso de selección y agudizar la focalización. Y, si esto no es convincente, según algunas estimaciones, la costo-efectividad de los programas de aprendizaje social y emocional llega a US $ 11 por cada dólar invertido (Teachers College, 2015).

Comparemos esto con iniciativas difíciles de poner en práctica como la reducción de tamaño de la clase o la de focalizar los programas de capacitación laboral para jóvenes marginales (generalmente los alborotadores) para los que los rendimientos son negativos o intrascendentes.

¿Qué pasa si más escuelas y hacedores de política se dieran cuenta de la evidencia de esta manera? ¿Los alborotadores recibirían el apoyo y las intervenciones que necesitan de manera oportuna y rentable? ¿Habría menos de ellos? ¿Llegarían a convertirse en adultos productivos y veríamos niveles inferiores de delincuencia, de asuntos mentales y otras cuestiones socialmente destructivas?

Mi apuesta es que sí.

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Enfocarse en los mejores maestros para fomentar futuros talentos

Emma Näslund-Hadley

A juzgar por las noticias, podría parecer que los políticos en los Estados Unidos se dedican únicamente a participar en intensas luchas políticas internas. Sin embargo, un área donde existe una oportunidad para evitar la paralización política es la educación. Durante el presente otoño, el actual Congreso tiene una última oportunidad para reformular la legislación educativa más importante del país, conocida como No Child Left Behind  Act (ley “Que Ningún Niño se Quede Atrás”). Una de las piezas legislativas más interesantes que podrían formar parte de las modificaciones propuestas es la del senador demócrata Al Franken, que propone establecer un Cuerpo de Profesores para Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, según sus siglas en inglés). La crisis en la educación especializada en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas ha sido bien documentada en los Estados Unidos. Los informes nacionales de naturaleza bipartidista lo comparan con una tormenta en formación y un huracán de categoría 5 acercándose rápidamente, y que podría afectar el liderazgo mundial de Estados Unidos en ciencia e ingeniería.

Estoy de acuerdo con esta apreciación, pero la reforma legislativa propuesta es de gran relevancia, más allá de los Estados Unidos.

En América Latina, los niveles de aprendizaje a nivel primario y secundario, junto con las tendencias actuales del empleo, representan un serio desafío. El mercado laboral exige trabajadores con conocimientos y habilidades específicos que les permitan trabajar de manera productiva en las industrias vinculadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes abandonan el sistema educativo careciendo incluso de nociones básicas de matemáticas y ciencias. Es muy probable que los problemas de aprendizaje, al menos en parte, sean el resultado de la elevada proporción de profesores de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas que están enseñando fuera de su especialidad o que están insuficientemente preparados. Tal vez algunas de las soluciones propuestas por el Senador Franken podrían inspirar a otros países en el hemisferio a tomar medidas similares.
La ley del Cuerpo de Profesores se propone aumentar los sueldos de los maestros que conforman el 5 por ciento de los maestros primarios y secundarios que enseñan ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.El incremento salarial tiene como objetivo ayudar a evitar que los mejores profesores de esas especialidades abandonen la docencia para trabajar en posiciones más lucrativas en el sector privado, un problema que Estados Unidos comparte con muchos países de América Latina.
Los profesores más calificados de los cursos de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas pueden a su vez servir de modelos y mentores de otros profesores de esas mismas especialidades, incluyendo a los que recién comienzan. También pueden crear redes con la comunidad educativa experta en esos rubros para compartir prácticas y recursos pedagógicos exitosos. Estos profesores deben enseñar en aquellas escuelas que padecen los problemas más graves de aprendizaje en relación a ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, y que son centros educativos que tradicionalmente enfrentan mayores dificultades para contratar y retener a los buenos maestros de cualquier materia, pero particularmente en las áreas mencionadas.
Si se aprueba, el paquete de medidas propuesto tiene el potencial de crear un grupo muy nutrido de profesores talentosos e inspiradores en las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas y que sean capaces a su vez de preparar a los estudiantes para enfrentar un mundo que exige cada vez más habilidades específicas en esas materias, y que les sirva también para el trabajo y la vida.

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Es la educación, estúpido

Ramsés Vargas

Por Ramsés Vargas

Rector de la Universidad Autónoma del Caribe

Siempre que hay una revolución tecnológica se impone un reto educativo para las sociedades que quieran sacar provecho de ella y no quedarse rezagadas.

Titulo esta columna evocando la famosa frase que acuñó James Carville, estratega de la campaña de Clinton 92, “es la economía, estúpido”, para significar que era el desempeño de la economía lo que quitaba y ponía presidentes, y que ése debería ser el enfoque de la campaña. Pero el crecimiento económico depende de muchos factores, siendo la educación el mas importante, en el largo plazo.

Todos los llamados milagros económicos han sido posibles por un salto educativo. Korea es uno de ellos. A mediados de la década de los 70s Korea y Colombia tenían un PIB per cápita similar y un nivel de industrialización parecido, de hecho las ventajas competitivas de ambos tenia que ver con la agricultura- Korea exportaba arroz y Colombia Café. Hoy Korea produce para el mundo los Samsung Galaxy y los vehículos Kia, mientras que Colombia no ha podido siquiera mantener su competitividad cafetera, por eso el ingreso per cápita de los Koreanos es  27,970 dólares mientras el nuestro es de 7,903. ¿Qué hicieron los Koreanos diferente? ¿Qué produjo este crecimiento económico acelerado y sostenido en Korea? La respuesta es la educación. Korea le aposto a la educación en todos los niveles y empezó por hacer un gran esfuerzo en la construcción de infraestructura y la formación de maestros para pasar de la doble jornada a la jornada única,  y se empeño obsesivamente en la excelencia en ciencias y matemáticas.

La China es otro ejemplo del impacto de la educación en el crecimiento económico. En la década de los 80 el pragmático Deng Xiaoping optó por una estrategia que rendía sus frutos mas rápidamente que la de los Koreanos; mientras reestructuraba todo el sistema educativo financió los estudios de miles de chinos en las universidades mas prestigiosas de los Estados Unidos, especialmente en Ingeniería y ciencias, con el compromiso de estos jóvenes de volver a su país a emplear y transferir esos conocimientos.

Hasta hoy la excelencia en las políticas educativas ha sido la herramienta mas poderosa para lograr altos índices de crecimiento económico y equidad. Sin embargo, hay países como Colombia, que sin haber hecho un gran salto educativo han mostrados avances en estas materias. Pero el mundo cambió, con el advenimiento de la revolución de la inteligencia artificial y la tecnología de impresión en tercera dimensión, los países que no tenga una fuerza laboral altamente educada estarán condenados a altísimos índices de desempleo y no podrán crecer su economía, quedarán en algo así como una recesión permanente. Ya no será un factor de competitividad el tener una gran fuerza laboral disponible y de bajo costo y una infraestructura adecuada, pues las nuevas tecnologías harán que los procesos de manufactura se trasladen a los países desarrollados, es decir, los robots reemplazarán a los humanos en estas tareas.

Siempre que hay una revolución tecnológica se impone un reto educativo para las sociedades que quieran sacar provecho de ella y no quedarse rezagadas.  En la revolución industrial el gran reto fue alfabetizar a la gente porque saber leer y escribir era la condición para formar parte de esa nueva fuerza laboral calificada, y en la revolución de la informática el gran reto fue enseñarle a la gente a manejar un computador y llevar la conectividad a todas partes. De esa misma manera, el reto de esta revolución de la robótica y la impresión en 3D, será el de enseñarle a nuestros jóvenes a leer y a escribir en el lenguaje de los computadores.

Concomitante a este debate de la educación es el de inversión en ciencia y tecnología, donde Colombia invierte un 0.23% del PIB, mientras que los países de la OCED invierten en promedio 2.4%. Un borrador de lo que seria el próximo CONPES en esa materia ha generado polémica, porque se está subordinando totalmente el tema de la investigación y el desarrollo  a la competitividad. Ojalá el gobierno concerte mejor este documento, para que Colombia empiece a reducir la brecha que nos separa del mundo desarrollado.

Fuente del Artículo:

http://www.semana.com/opinion/articulo/ramses-vargas-colombia-debe-invertir-en-educacion-ciencia-y-tecnologia/471040

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Escuelas al CIEN: hipotecar presupuesto y patrimonio educativo

Lev Moujahid Velázquez Barriga

“La escuela al centro” dice el eslogan publicitario. Lo que realmente se ha puesto al centro en materia educativa es el mercado. Dinero de los ciudadanos será entregado a fideicomisos privados que administrarán la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital y el Banco Invex. La educación básica pública será historia, como ya ocurrió en Chile y otros países que han adoptado el mismo modelo

Cuando el pueblo boliviano, con Evo Morales a la cabeza del gobierno, impulsó la nueva ley que regiría la educación del Estado Plurinacional de Bolivia en 2010 se enfrentó a las condiciones deplorables y de abandono físico en que recibió las escuelas del país, tras varios años de gobiernos neoliberales que las habían entregado a los padres de familia para su manutención.

En el caso chileno las medidas de participación social recomendadas por Milton Friedman para el financiamiento escolar han derivado en la extinción de las escuelas públicas: ahora son predominantes los colegios totalmente privados y otros que, si bien son parcialmente subvencionados de distintos modos por el Estado, son administrados por corporativos empresariales; en cualquiera de los casos los padres y madres de familia siempre tienen que hacer aportaciones económicas extraordinarias para completar el sostenimiento de la educación de sus hijos.

mexicanos-primero-300El mismo destino ha tenido la escuela pública en los países de América Latina que han seguido las orientaciones de los ideólogos del neoliberalismo y no será diferente para México, a juzgar por el modelo “la Escuela al Centro”, que con pocas novedades en el contexto continental presentó la Secretaría de Educación Pública (SEP) el pasado 25 de enero. En la propia realidad nacional es una modalidad renovada de la vieja fórmula privatizadora que apareció por primera vez en la reforma educativa de 1993 como “participación social”.

El programa vertebral de este nuevo modelo ha sido llamado “Escuelas al CIEN” y es sumamente agresivo para la gratuidad educativa; digamos que se constituye como el mecanismo por excelencia para desarticular el carácter público de la educación. Detrás de la expresión popular que lleva su nombre, haciendo referencia al desarrollo del máximo potencial, en este caso de las escuelas, está el aterrizaje del proyecto empresarial certificados de infraestructura educativa nacional (CIEN).

Para recibir los certificados de infraestructura, las entidades federativas o estados, están obligados a signar un “convenio de colaboración y coordinación para la potenciación de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples”; previamente, los empresarios han diseñado para el gobierno de México un “fideicomiso” administrado por la iniciativa privada a través de la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital, SA de CV, encargada del “fideicomiso de emisión” y Banco Invex encargado del “fideicomiso de distribución”.

En la cláusula segunda del citado convenio, las entidades federativas facultan al gobierno federal para que entregue de manera directa los recursos económicos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que son para infraestructura educativa, no a las arcas públicas de sus estados, sino al Fideicomiso de Emisión; es decir, aprueban transferir recursos del pueblo al sector empresarial, para que sean administrados por ellos.

Aunque no se utiliza la palabra “deuda”, la operación de “Escuelas al CIEN” obliga a los estados a hipotecar por 25 años sus recursos para infraestructura educativa a Banco Invex, quizás la financiera más grande de América, misma que respalda las tarjetas crediticias de los principales bancos que operan en México y de otras empresas, tales como Volaris y la cadena de tiendas departamentales Liverpool. No hay duda: adquirir certificados de infraestructura es endeudamiento y sumirá más al país en su larga trayectoria de desfalcos que sólo han beneficiado a la corrupta élite política.

Las “Escuelas al CIEN” plantean otros mecanismos de privatización; en su “Normatividad, disposiciones, lineamientos y guía operativa” se establece como requisito la obligación de los Consejos de Participación Social para que sean los padres de familia, y no los docentes, los responsables de la gestión y seguimiento del programa. Una vez culminadas las obras de infraestructura, también se harán cargo del mantenimiento escolar, ya sin ningún apoyo económico, según se indica textualmente en este mismo documento “…con la finalidad de organizar aquellos trabajos de mantenimiento preventivo y menor de las instalaciones escolares, los cuales por su sencillez y bajo costo son susceptibles de ser realizados por los integrantes de la comunidad”.

En realidad, no hay un ejercicio de presupuesto participativo porque las decisiones de su aplicabilidad son con base en el diagnóstico que presenta unilateralmente el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa (INFED), sin tomar en cuenta a la comunidad escolar. De ese modo observamos decisiones erradas que no consideraron a las escuelas de carencias agudas, las que de verdad no cuentan con nada, pero aparecen aquellas cuya visibilidad pueden redituar capital político al señor Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública.

La verticalidad de “Escuelas al CIEN” inhibe los procesos de autorganización comunitaria y de gestión democrática desde la verdadera autonomía; no posibilita la participación de las personas con oficios en la comunidad, barrio o colonia ni el desarrollo de la economía local y solidaria entre familias. Su extremada burocratización reduce la intervención de los padres de familia a la gestión administrativa y la celebración de contratos de construcción para entregar recursos económicos al sector empresarial; eso, más que autonomía de gestión, es control social, privatización y desviación del dinero público.

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Para que los dineros del programa no sean “mal gastados”, la normatividad permite al INFED “celebrar acuerdos y convenios con asociaciones civiles, fundaciones, patronatos y/o instituciones educativas, a efecto de sumar esfuerzos y colaborar en el incremento de planteles educativos a beneficiar”, lo que implica carta abierta para que en esta iniciativa, de por sí contaminada de intereses lucrativos, grupos como Mexicanos Primero –que han diseñado planes de acompañamiento y asesoría para la rendición de cuentas– interfieran en los Consejos de Participación Social para que no haya desviaciones que no tengan como último destino la economía de los empresarios.

Si bien la normatividad de “Escuelas al CIEN” exige, tan sólo como requisito, la acreditación de la propiedad donde se llevará a cabo el programa, en la vía de los hechos los maestros y padres de familia han denunciado que se ha estado solicitando el resguardo de los documentos de propiedad originales, lo que por naturaleza genera desconfianza porque implicaría hipotecar las escuelas y el riesgo de que en el mediano plazo pasen a ser propiedad privada; ésta no es una simple especulación, sino que se fundamenta en la experiencia de otros países donde se ha instrumentado este mismo mecanismo de despojo del patrimonio público.

La SEP no está poniendo la escuela al centro, sino el mercado: el interés privado de una oligarquía que asedia la escuela pública; de frente a esta amenaza debe resurgir la conciencia nacional para defender la gratuidad educativa. No es suficiente remembrar un aniversario más de la Constitución y menos cuando sus principios están siendo violentados, por eso me sumo a la propuesta de un nuevo Constituyente Popular que recupere la soberanía a nuestro país, pero también me adhiero al esfuerzo que varios investigadores y académicos, conjuntamente con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) están convocando para encontrarnos en un gran Diálogo Nacional por la Educación hasta construir un modelo educativo desde sus actores, desde las necesidades más sentidas de los mexicanos.

Lev Moujahid Velázquez Barriga*

*Doctor en Pedagogía Crítica y Educación Popular, miembro de la CNTE en Michoacán

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Participación ciudadana: posibilidades y límites

José Joaquín Brunner

Cabe esperar que un sano debate acompañe a este proceso de modo de evitar que se transforme en un vehículo de mistificación o sea usado para manipular a los ciudadanos.

Hay diferentes expectativas e interpretaciones respecto del proceso de participación consultiva impulsado por el gobierno con el propósito de obtener insumos para la formulación de una nueva Constitución. Asimismo, la puesta en marcha de este proceso ha dado lugar a una serie de controversias. ¿Hubo suficiente información de manera de incentivar la participación? ¿Sirvió de algo la etapa previa de educación cívica? ¿Llegaron a evaluarse sus resultados? ¿Existe un informe público al respecto? ¿Cuánta gente participó en la fase educacional preparatoria y cuánta se espera participe en la actual consulta-conversación? ¿Qué resultado se espera del período de cabildos y grupos autoconvocados? ¿En cuál papel cabe el Consejo Observador en este procedimiento consultivo? ¿Por qué debe ser observado el proceso?

I

La literatura reconoce una amplia variedad de procedimientos de participación en procesos de naturaleza política, con desigual alcance o cobertura y el uso de diferentes medios y metodologías.

Por ejemplo, pueden usarse referendos, audiencias públicas, encuestas de opinión, grupos focales, elaboración negociada de reglas y normas, conferencias de consenso, paneles o jurados ciudadanos, comités asesores públicos o ciudadanos, consultas a partir de documentos técnicos de autoridad, etc. Es interesante revisar algunas características de estos procedimientos para entender mejor aquel elegido por el gobierno. De hecho, cada uno cumple diferentes funciones, impone disímiles demandas de tiempo y usa distintos mecanismos.

Así, los referendos pueden involucrar a toda la población de un país o una comuna; suelen tener amplia cobertura. Los ciudadanos participantes votan. La participación es instantánea y se consuma en ese acto. Habitualmente se elige entre una o dos alternativas. Cada voto vale igual. El resultado es vinculante. En Chile se ha habla de usar este método para ratificar popularmente la carta constitucional que surja de los procedimientos previos.

Diferente es el modo de operación de las encuestas de opinión pública. En este caso se administra un cuestionario a una muestra representativa (cientos o miles de personas) de la población debidamente estratificada o segmentada. Las entrevistas mismas se realizan en un acto que puede tomar desde unos pocos minutos hasta una hora o más, según la amplitud del cuestionario. Y el procedimiento puede durar desde unos pocos días a algunas semanas. Puede llevarse a cabo presencialmente, cara a cara, o vía telefónica. Sirve esencialmente para reunir información. Se utiliza de forma intensa para fines comerciales o políticos. En interacción con los medios de comunicación, redes sociales, opinólogos y analistas que difunden e interpretan los resultados cuantitativos, las encuestas dan lugar al constructo que solemos llamar ‘opinión pública encuestada’, la que luego es invocada por la clase política con diferentes fines. En Chile, las encuestas se han convertido en una de las plataformas más utilizadas para guiar la polis. Así, el mercado de las ideas ha sido gradualmente reemplazado por el mercado de las preferencias.

Los grupos focales (focus groups) son instancias en que se reúne un número de 5 a 15 personas representativas del público o públicos objeto de indagación para conversar con un mínimo de dirección y orientación sobre uno o más asuntos propuestos por un facilitador. Persiguen conocer, por vía del análisis de esas conversaciones que son grabadas o filmadas, las opiniones o actitudes de los colectivos representados respecto de un temario implícito. Se usa extensamente en estudios de mercado, incluido el mercado de preferencias políticas y/o para profundizar sobre temas de seguridades ciudadana, reacciones frente a hechos o reformas, etc. En Chile su uso se ha extendido partiendo por el ágora hasta llegar a la acrópolis y la polis.

Las audiencias públicas son frecuentemente utilizadas por el Congreso y el gobierno para conocer opiniones expertas y/o de grupos de interés y partes interesadas sobre asuntos específicos, con el propósito de elaborar posteriormente o de afinar una política pública. Las audiencias pueden durar algunas horas o prolongarse a los largo de semanas o meses según el número de grupos, corrientes de opinión e intereses se desee escuchar y la complejidad de la agenda consultada. La información recogida puede o no incidir en los tomadores de decisiones; esto depende exclusivamente de quienes deciden y organizan las consultas. En Chile, los últimos gobiernos han empleado frecuentemente este medio de consulta en materias educacionales, de salud, medioambientales, relativas a la previsión, el transporte y para la legislación sobre transparencia y anti-corrupción.

La formulación de reglas negociadas se produce mediante la convocatoria a comités de trabajo donde las partes interesadas y representantes de la autoridad pública se reúnen para acordar una regulación de un cierto asunto o proceso, en un tiempo limitado. Suele practicarse en algunos países en materias medio ambientales o en instancias de regulación industrial y laboral.

Los paneles/jurados de ciudadanos elegidos para representar las diversas visiones respecto de un asunto controvertido funcionan en sesión cerrada con un facilitador independiente y la ayuda de expertos. Se reúnen en varias ocasiones hasta alcanzar algunas conclusiones que son dadas a conocer a través de un reporte o mediante una conferencia de prensa. A diferencia de las audiencias expertas, estas instancias implican a personas que no son especialistas y aportan el juicio ciudadano.

Los comités asesores integrados por públicos o ciudadanos se integran asimismo con personas representativas de la comunidad y/o de partes interesadas. Se reúnen convocadas por una autoridad durante un tiempo de varias semanas o meses para discutir sobre algún asunto relevante y facilitar una determinada solución o abordaje de un problema. Se ha usado, por ejemplo, tras algunas catástrofes para reparar daños o iniciar la reconstrucción de lugares.

Por último, las conferencias de consenso reúnen a miembros del público general (sin conocimiento especializado) en número de 10 a 20 seleccionados por un comité organizador, los cuales tras ser informados y preparados en la materia bajo escrutinio deliberan con ayuda de un facilitador, consultan  a expertos y organizan audiencias, arribando a conclusiones que son transmitidas al público. Pueden servir para luego escalar hacia consensos mayores, a partir de una base que ha sido previamente construida pensando en facilitar acuerdos.

Las consultas a partir de documentos técnicos preparados por la autoridad son utilizados por los gobiernos y agencias públicas con el fin de recibir opiniones ciudadanas sobre una propuesta. Sirven para dar un sustento más amplio al conocimiento experto al mismo tiempo que para enriquecer los contenidos de la propuesta ajustándolos a las percepciones del público.

Como puede verse, hay un variado arco de posibilidades de participación.

II

En el caso de la consulta organizada por la administración Bachelet, bajo la supervisión de un consejo independiente de observadores, se trata de un procedimiento complejo que durará varios meses. Se inicia -como se señaló antes- con cabildos y grupos autoconvocados a nivel comunal para luego ascender al nivel provincial y regional y concluir, finalmente, en el nivel nacional, mediante la elaboración de un informe síntesis de todas las anteriores etapas. Este documento servirá a la autoridad presidencial como insumo no-vinculante para la elaboración de las bases de una nueva constitución, las que serán entregadas al Congreso Nacional, el cual determinará el procedimiento a seguir para discutir y aprobar la nueva carta fundamental.

Si bien puede ser engorroso, este procedimiento establece un mecanismo adicional de participación al lado de los anteriores, aunque limitado en sus resultados. A fin de cuentas, se trata nada más que de reunir insumos no vinculantes. Es un mecanismo que algunos han entendido como una suerte de encuesta desestructurada de opinión pública, sin muestra representativa de la población y carente también de un cuestionario de base que luego permita ordenar y ‘medir’ las opiniones expresadas. Asimismo, se ha dicho que se asemeja a una secuencia de numerosos grupos focales en torno a un temario complejo -las reglas básicas de la institucionalidad política de la República y los derechos de los individuos- con facilitadores pero sin una metodología equivalente para recoger las opiniones ni para interpretarlas posteriormente.

En realidad, se trata de un medio adicional de auscultación y agregación de opiniones, deseos y preferencias recogidos en reuniones cara a cara, con una duración de tres o cuatro horas cada uno. Resultará en una expresión no-representativa, pero ojalá ‘masiva’ según esperan los patrocinadores gubernamentales de la consulta, de preferencias, las que deben servir para indicar las opiniones de un público no-especialista sobre la nueva constitución.

Algo similar, por tanto, al proceso de consulta aparentemente más expedito organizado por el Presidente Lagos, cuyo producto fue entregado ayer al público. Usando la tecnología digital de redes y sin mayor parafernalia ni etapa previa de educación cívica, cumplió igualmente el rol de auscultar ideas y preferencias.

En Chile, la participación voluntaria en actividades de la polis, bien sabemos, es bastante baja, incluso en el acto de votar que supone una inversión limitada de tiempo y energía. A su vez, la participación voluntaria en actividades solidarias de la sociedad civil -en juntas vecinales, parroquias, sindicatos, gremios, asociaciones culturales y comunitarias, etc.- es también limitada.

Dados estos antecedentes, se teme que la participación para producir insumos que alimenten una actividad relativamente esotérica como es la elaboración de una nueva constitución, pudiera terminar siendo relativamente baja, menos del 1% del electorado en cualquier caso.

Ante dicho riesgo, se han esgrimido dos argumentos. Uno sostiene que lo importante no es el número, sino que la `participación sea representativa de las diversas fuerzas políticas y visones culturales existentes en el país; sería de suyo bueno si atrae a mil personas que reflejen la pluralidad de la polis (¿pero cómo saberlo?), mejor si son diez mil y óptimo si son cien mil. Por consiguiente, lo importante sería la posibilidad de participar y que los participantes sean lo más variado posible. Un segundo argumento -más complicado- declara que de la ‘masividad’ del proceso de consulta depende la legitimidad del ejercicio participativo. Esto es, si fuera suficientemente numeroso (sin que se diga cuán numeroso, sin embargo), el proceso terminaría siendo representativo de una suerte de soberanía popular.

En realidad, estas formas meramente consultivas de participación difícilmente pueden reclamar para sí un poder legitimatorio, pues carecen ellas mismas de una fuente clara de legitimidad. Por eso se las define y entiende -desde el comienzo- como no-vinculantes.

Efectivamente, ellas no forman parte de una costumbre bien establecida y autoritativa que pudiera otorgarles un título especial de legitimidad tradicional; al contrario, se proclama su carácter innovador, de invento social e ingeniería de la participación. Tampoco son parte de la institucionalidad normativa de nuestro ordenamiento estatal, por lo cual se organizan precisamente como una actividad voluntaria, propia de los modos flexibles y relativamente espontáneos de la sociedad civil, aunque contradictoriamente se les impone una suerte de supervisión gubernamental. Tampoco gozan de un marco carismático de justificación, como pudiera ser un quiebre extraordinario de la constitucionalidad, una crisis fenomenal o el nacimiento revolucionario de un nuevo poder. En suma, las consultas pertenecen más bien al orden de la racionalidad instrumental y no, en cambio, al de la racionalidad sustancial y expresiva de la política.

III

Por lo mismo, nos encontramos ante un procedimiento que se halla sujeto a los típicos problemas que suscitan esta clase de ejercicios administrativamente organizados de participación masiva.

Primero, la ambigüedad del producto final. Cual es, en este caso, insumos -opiniones, sentimientos, preferencias, deseos, enunciados no-vinculantes- que servirán a unas instancias relativamente imprecisas para preparar un documento que irá a dar a otras autoridades para fines ulteriores que el público difícilmente puede captar con claridad. Al final de todo esto, se supone, habría un referendo. Y allí se cerraría el círculo, dotándose a todo el proceso de legitimidad retrospectiva. De modo que la participación más decisiva sería esta última (el referendo y no aquella previa consistente en cabildos locales, provinciales, regionales y de síntesis a nivel nacional).

Segundo, la restricción que impone la escasez del principal recurso imprescindible para la participación. Se trata del tiempo que se necesita invertir en los procesos de participación, tiempo que -como enseñan March y Olsen y varios estudios- es el más escaso de los bienes y explicaría la baja participación cada vez que ésta exige dedicar varias horas a desplazamientos, reuniones, asambleas, discusiones. Esto puede afectar desigualmente a mujeres y hombres, a distintos grupos de edad y varía según la época del año, la distancia hasta los locales de encuentro, la intensidad de la demanda por tiempo en otras actividades que compiten con la participación, las motivaciones individuales, el capital social y cultural de las personas, etc.

Tercero, los sesgos que pueden introducirse en diferentes momentos del proceso participativo distorsionando la pureza habermasiana de la deliberación racional, lo cual explica seguramente que el gobierno haya puesto el proceso en su integridad bajo la supervigilancia de un consejo de observadores independientes, aun sin poder evitar con ello el riesgo de que dichos sesgos ocurran ni poder atemperar las desconfianzas que surgen de la pregunta sobre quién es el guardián de los guardianes y así al infinito.

Cuarto, el riesgo que estas instancias de participación sean capturadas por minorías activas. Podría suceder con reuniones individuales, al imponer unos pocos su voluntad y activismo y conducir la deliberación hacia un fin preestablecido. O bien con una cadena de reuniones donde un grupo político organizado o una organización voluntaria controla las conclusiones actuando coordinadamente en medio de la dispersión de las voces espontáneamente congregadas.

En suma, estamos ante un experimento social probablemente más interesante para el posterior análisis sociológico y de la ciencia política que por su impacto real y efectivo en el proceso conducente a dar una mayor base de participación ciudadana y de legitimidad a la nueva constitución. Cabe esperar, por lo mismo, que un sano debate acompañe a este proceso de modo de evitar que se transforme en un vehículo de mistificación o sea usado para manipular a los ciudadanos.

Publicado en El Libero 27/4 /2016

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