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Participar de verdad

Por:

La SEP sigue sin convocar, incumpliendo el artículo 145 de la Ley General de Educación, al Consejo Nacional de Participación Social…

La educación es un derecho irrenunciable: toda persona tiene el derecho intrínseco de desarrollar el conjunto de sus capacidades, y por ende es acreedora al apoyo sistemático; es destinataria de las obligaciones del Estado para ejercer a cabalidad ese “derecho a desarrollarse sin obstáculos, sin discriminación ni exclusión”. Si a ello le agregamos que niñas y niños son titulares con eminencia, con urgencia y con prioridad, el derecho a la educación debería ser uno de los más estudiados y defendidos, en la práctica y en los tribunales.

Niñas y niños requieren de educación más que los demás, pues –aunque es un derecho universal– se encuentran en especial vulnerabilidad si no son acompañados, y si no tienen a disposición los medios adecuados y suficientes para su crecimiento físico, emocional e intelectual, para que no se frustre su potencial para el discernimiento ético, la creatividad, la socialidad. El “interés superior de la niñez”, consagrado en la Constitución y pieza inexcusable de las responsabilidades de México como Estado parte de las convenciones internacionales, cuenta en la educación como nunca. La educación es la diferencia entre una vida digna y plena, o la sujeción emocional o política, la fragilidad, la imposibilidad de perseguir el propio proyecto de vida y caer en ser usados como medios para la voluntad de alguien más. En la educación no sólo nos jugamos el bienestar futuro, sino la autodeterminación presente de la joven generación.

Desde Aprender Primero, el brazo jurídico de Mexicanos Primero, interpusimos una demanda de amparo contra la Ley General de Educación (LGE) señalando elementos de inconstitucionalidad en la reforma –apresurada y por aplanadora legislativa– que se hizo de esta ley general; lo que correspondía era hacer concretos elementos presentes en el artículo tercero de nuestra Carta Magna, pero siendo una ley derivada, contradice su fuente. Tras más de dos años, el juicio recorrió todas las instancias, y fue llevado a la consideración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los puntos relevantes que litigamos tienen que ver con el hecho de que los artículos de la LGE vigente no atienden a los criterios de consulta a pueblos y comunidades indígenas, a personas con discapacidad y a los propios niñas y niños, además de cuestionar que no se hicieran puntuales los deberes de transparencia y que quede confuso que la responsabilidad de la infraestructura es de los funcionarios, no de las familias.

En la sesión de ayer, con una votación dividida 4 a 1, la sentencia no nos dio la razón. El asunto no fue ‘sobreseído’, es decir, se reconoció que legítimamente desde la sociedad civil podamos cuestionar la constitucionalidad de las leyes generales. La sentencia sentará de todos modos antecedentes valiosos de interpretación, por ejemplo, aclarando que la infraestructura es deber de las autoridades, y que la participación debe estar en la orientación de las inversiones, y no cargar con la definición técnica por parte de los comités de cada escuela. También se reconoce que no hubo propiamente consulta con los parámetros debidos… esa omisión es grave, y empobrece la ley, haciéndola excluyente en sus efectos pero también en su punto de partida mismo.

Muchas lecciones: que recurrir al Poder Judicial, aunque golpeado y por momentos amenazado desde la soberbia del Ejecutivo, es un contrapeso democrático que todas y todos debemos sostener. Que el Legislativo que se pliega al mandatario en turno desmerece su papel de representación popular, y acaba restringiendo derechos de aquellos a quienes juró defender. Que la verdadera participación debe ser permanente y desde la definición; es triste ver que después de más de 14 meses, autoridades educativas, de repente inspiradas por la visibilidad en época electoral y no por auténtico compromiso, ahora apresuran la apertura de planteles que antes –con negación cerril– dejaron caer; no probaron formas intermedias de presencia, y ahora quieren imponer un esquema “mitad y mitad, y viernes para los que van más rezagados” que es detestable en lo pedagógico y riesgoso en lo epidemiológico. No creen en la participación que no sea “les pedimos ayuda para financiar”; veloces para querer compensar lo que no cuidaron y lentos para dialogar y entender las críticas, para atender las propuestas estudiadas, para no poner las cosas en tono electoral y con operadores territoriales. La SEP sigue sin convocar, incumpliendo el artículo 145 de la Ley General de Educación, al Consejo Nacional de Participación Social. La participación de maestras y maestros está, con mucho, limitada a esperar con agobio que se reestablezcan las páginas web en las que deben capturar sus datos de calificaciones, o de aspiraciones a promoción. Ya es hora de exigir, con más fuerza, participar de verdad.

Fuente: https://profelandia.com/participar-de-verdad/

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Una generación de niños y niñas pornográficos

Por: Educación 3.0

El doctor en psicología clínica, sexólogo y escritor José Luis García asegura que algunos niños consumen pornografía a los 8 años, por lo que propone educar y capacitar en la sexualidad a menores.

En los últimos 30 años, Internet nos ha cambiado la vida, las relaciones y el tiempo libre, tanto a menores como a adultos. Se trata de un avance tecnológico sin igual, que ha desencadenado una transformación extraordinaria en la sociedad, pero también ha venido acompañada de riesgos de salud importantes que es preciso conocer.

La inmensa mayoría de los menores y jóvenes consumen pornografía, contenidos que, en su mayoría, presentan ciertas dosis de violencia. En España, algunos comienzan a los 8 años, otros incluso antes. Las niñas algo menos, pero en algunos países ya se están acercando en torno a los 16 años. Cualquiera que tenga un móvil con acceso a la red puede hacerlo, no solo en las webs específicas, sino que está presente en varias redes sociales y en ciertos videojuegos.

Posibles consecuencias

Un niño se sorprende antes el contenido de su móvil, sin vigilancia parental. - Una generación de niños y niñas pornográficos

Este consumo, a pesar de ser gratis, no es en balde: tiene consecuencias y algunas de ellas muy graves. Diferentes estudios científicos sugieren efectos tales como: adicción, hipersexualidad, alteraciones cerebrales, disfunciones sexuales, problemas de pareja, trastornos de la conducta, alteraciones de la sociabilidad, consumo de prostitución, riesgos reproductivos y de infecciones entre otros, pasando por el aprendizaje de un modelo de relaciones sexuales agresivos, inaceptable desde todo punto de vista, cuando nos referimos al porno violento.

Lo inquietante es el hecho, tan real como terrible y lamentable, de que niños y niñas se inicien en la sexualidad con ese modelo que ven en las pantallas de sus móviles, modelo que contribuye a configurar el concepto y el sentido de su sexualidad y de sus relaciones a partir de ese momento. El porno es el manual de instrucciones 3.0 de las primeras relaciones sexuales de muchos chicos y chicas.

“El porno es el manual de instrucciones 3.0 de las primeras relaciones sexuales de muchos chicos y chicas.”

Educación sexual

Ante esta situación, proponemos una capacitación específica de padres, madres y docentes, en base a diferentes temas prioritarios, contenidos que, luego, ellos van a aplicar en sus respectivos ámbitos con niños, niñas y jóvenes según su edad y necesidades. Se trataría de competir con los contenidos que ofrecen estos vídeos, de ahí que la finalidad de nuestra propuesta es que lleven a cabo una adecuada educación sexual que les permita hacer frente a esa vigorosa influencia de la industria pornográfica, ante la que se hallan, demasiado a menudo, sin vigilancia de ningún tipo.

En una sociedad hipersexual como la nuestra, la pornografía seguirá existiendo durante mucho tiempo y, en este momento, la formación es el único recurso realista que tenemos. En consecuencia, se propone educar y capacitar en la sexualidad a menores para que puedan hacer frente a los desafíos, y sus consecuencias, que plantea el consumo de pornografía en la sociedad actual, fenómeno de grandes implicaciones, muy complejas, que requiere una sólida formación.

Dado que las agresiones sexuales a mujeres y a niñas son un drama lacerante en nuestra sociedad, y que se ha señalado a la pornografía como un factor etiológico de este problema, esta propuesta educativa pivota sobre esta vinculación.

Fuente e Imagen: https://www.educaciontrespuntocero.com/opinion/una-generacion-de-ninos-y-ninas-pornograficos/

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El Ministerio de Igualdad condena un nuevo asesinato por violencia de género en Zaragoza

Por: Tercera Información

  • El número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 14 en 2021 y a 1.092 desde 2003. El número de menores huérfanos por violencia de género es de 6 en 2021 y 310 desde 2013.

  • Noelia VeraMis condolencias y cariño para la familia de la mujer asesinada en Zaragoza. Terrible semana para nuestra sociedad en la que han sido asesinadas 5 mujeres y un niño. Necesitamos más implicación y unidad para erradicar la #ViolenciaDeGénero.

El Ministerio de Igualdad condena un nuevo asesinato por violencia de género en Zaragoza. Se trata una mujer de 35 años asesinada presuntamente por su expareja el pasado 23 de mayo. La mujer tenía un hijo menor de edad y existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 14 en 2021 y a 1.092 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar datos. El número de menores huérfanos por violencia de género en España asciende a 6 en 2021 y a 310 desde 2013.

 

La ministra de Igualdad, Irene Montero y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, quieren expresar de nuevo su más absoluta condena y rechazo a este asesinato machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima. Tanto la ministra como la delegada, piden todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes.

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, quiere recordar que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016, siguen funcionando con normalidad las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de violencia de género, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 52 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. Es un deber de toda la sociedad.

Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/24/05/2021/el-ministerio-de-igualdad-condena-un-nuevo-asesinato-por-violencia-de-genero-en-zaragoza/

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La Estrategia Nacional para el Regreso a Clases Presenciales

Por: Sergio Martínez Dunstan

 

La Secretaría de Educación pública presentó la “Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a Clases Presenciales en las Escuelas de Educación Básica durante el Ciclo Escolar 2020-2021”, desde hace algunos días. Ese fue el banderazo de salida. Después, se puso andar todo el aparato del estado para concretarlo: la vacunación del magisterio y de todo el personal educativo; el programa piloto en Coahuila; la reanudación de las actividades escolares en la Ciudad de México anunciada para el 7 de junio y en el Estado de México a mediados del mismo mes. Son tan sólo una muestra de ello. Se percibe pues, la Estrategia Nacional, como la propuesta gubernamental. Se menciona que será un proceso paulatino, gradual, escalonado a desarrollarse en tres etapas.

En la Etapa I, Medidas Previas, se contemplan a su vez, tres fases. En la primera fase, se reabrirán los planteles educativos ubicados en comunidades rurales, con menos de dos mil quinientos pobladores. En la segunda fase, en las localidades semiurbanas. Y en la tercera fase, en aquellos municipios urbanos con mas de quince mil habitantes. En los tres casos, en consonancia con el comportamiento del Semáforo de Riesgo Epidemiológico.

En la Etapa II, Medidas de Organización, se recurre al federalismo educativo. Para ello, se considera integrar un equipo directivo en el ámbito nacional y, otro, en lo local o estatal. Éste deberá contar con un instrumento de apoyo que identifique acciones, propósitos, metas, seguimiento y evaluación de la estrategia. En lo que respecta a la organización de la escuelas, se retomará, a pie juntillas, la “Guía de orientación para la reapertura de las escuelas ante COVID 19”. En ella, se enuncian nueves intervenciones para el regreso seguro a clases en las aulas y se describen determinadas medidas sanitarias: Comités Participativos de Salud Escolar; garantizar acceso a jabón y agua; cuidado de maestras y maestros en grupos de riesgo; cubrebocas o pañuelo obligatorio; sana distancia; maximizar el uso de espacios abiertos; suspensión de cualquier tipo de ceremonias o reuniones; detección temprana; apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. De igual manera, se detallan cinco momento claves: Preparativos; días previos al inicio; primer día de clases; primera semana de clases; y el resto del ciclo escolar.

En la Etapa III, “Medidas Académicas”, se conmina a los docentes darle prioridad a los educandos con niveles de comunicación intermitentes y baja participación así como inexistente según lo referido en el Acuerdo Número 26/12/20 por el que se establecen las orientaciones pedagógicas y los criterios para la evaluación del aprendizaje en el periodo de contingencia sanitaria para el ciclo escolar 2020-2021. Por otra parte, se le demanda también a los docentes atender lo señalado en el Acuerdo Número 12/06/20 por el que se establecen diversas disposiciones para evaluar el ciclo escolar 2019-2020. En el numeral décimo segundo se establece que el ciclo escolar 2020-2021 iniciaría con una etapa remedial o de nivelación, un periodo de valoración diagnóstica y de trabajo docente, para resarcir rezagos e insuficiencias en el aprendizaje correspondiente al grado anterior.

Además de las tres etapas, la Estrategia Nacional determina, inicialmente los principios rectores y, al final, un esquema de seguimiento del retorno y desarrollo de las clases presenciales. Vista así, pareciera que ya está todo… ¡nomás hay que hacerlo! Pero no es así de fácil como quieren las autoridades que lo veamos. Percibo una serie de dificultades o retos por sortear que pudieran ponerla en entredicho.

Primero. Porque la pandemia aún se encuentra activa en el mundo. Estamos aprendiendo a lidiar con la enfermedad. Las vacunas fortalecerán nuestra sistema inmunológico, ayudarán a resistir frente la infección. Nos protegerán del virus antes de que ingrese a nuestro organismo. Pero el virus permanecerá en el ambiente. Ahí tenemos el caso de Campeche, en donde recientemente se ordenó otra vez el cierre de las escuelas porque la entidad federativa retrocedió al color amarillo del semáforo epidemiológico.

Segunda. Podríamos dar cuenta de muchos ejemplos de descoordinación entre los tres órdenes de gobierno. Basta traer a colación la conferencia de prensa convocada por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas con la finalidad de anunciar la suspensión de clases para determinada fecha, al principio de la pandemia. Al final de cuentas, más de la mitad de las entidades federativas, en voz de sus propios gobernadores, hicieron caso omiso y adelantaron un semana el periodo acordado.

Tercera. Es aceptado por propios y extraños la crisis educativa producto de la pandemia. Los instrumentos de política pública con los que contábamos hace tiempo el actual gobierno se ha encargado de tirarlos por la borda. Hoy en día, se carece de una evaluación del aprendizaje de los alumnos en su paso por el sistema educativo nacional. No hay manera de valorar objetivamente el estado actual, avances y/o retrocesos, que guarda la educación en México. Bajo las circunstancias prevalecientes, hubiera sido de gran utilidad contar con los resultados de la prueba ENLACE en su momento o PLANEA tiempos después. Los profesores estarían en condiciones de comparar el aprovechamiento escolar de sus pupilos con el resto del país de manera confiable.

En pocas palabras, la emergencia sanitaria perdura, el desorden institucional está presente, la incapacidad para llegar acuerdos es evidente, la polarización se ha agudizado, las incongruencias y ocurrencias suceden a cada momento. Más que loable, es una obligación legal del estado mexicano garantizarle a los estudiantes el derecho humano y constitucional a la educación. Ojalá fueran suficientes los recursos económicos y materiales para lograr una hazaña de tal magnitud. Que, para empezar, hasta esos son finitos y escasos en estos pandémicos tiempos. Si pusieran por encima de su conveniencia política el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, uno de los principios éticos aludidos en el marco jurídico emanado de la reforma educativa impulsada por el actual gobierno, otro gallo nos cantaría. Incluso retoman documentos auspiciadas por algunas instituciones internacionales, entre ellas el Banco Mundial y la OCDE, a fin de sustentar el plan de acción para el regreso a las clases presenciales. La estrategia nacional está en riesgo de incumplir sus propósitos. Se nutre de organismos neoliberales si no es que la sostienen. Quién lo diría. Fúchila, guácala.

 

Carpe diem quam minimun credula postero

Fuente: https://www.educacionfutura.org/la-estrategia-nacional-para-el-regreso-a-clases-presenciales/

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Colombia: ¿por qué una respuesta militar a la protesta social?

Por: Tomàs Gisbert/ María Jesús Pinto

A pesar de la represión y la violación de los derechos humanos con que Iván Duque ha respondido a la protesta social, el gobierno de España no ha emitido ninguna condena, ni ha ejercido ninguna presión para detener la represión.

El pueblo colombiano está viviendo un momento muy difícil. Una represión desmesurada y salvaje está siendo la respuesta del gobierno de Iván Duque a una movilización social sin precedentes que partiendo de la oposición a una reforma tributaria que castigaba a las clases más desfavorecidas, ha cuestionado la gestión de la pandemia por el gobierno y sus políticas neoliberales que no han dejado de enriquecer a las elites en detrimento de las clases populares, a lo que se ha sumado el descontento por el incumplimiento generalizado de los acuerdos de paz de 2016.

Para muchos ha podido ser una sorpresa ver en directo la barbarie de la represión, los asesinatos cometidos por la policía y el ejército, las miles de detenciones arbitrarias, los centenares de persones heridas, las violaciones a mujeres nuevamente como arma de guerra, la actuación de paramilitares protegidos por la policía o el elevado número de personas desaparecidas de las que la policía no da ninguna cuenta poniendo toda clase obstáculos a los intentos de averiguar su paradero. Podía pensarse que con los acuerdos de paz de 2016 Colombia entraría en una nueva etapa más democrática. Pero la actual represión desenfrenada ha puesto de manifiesto la pervivencia de varias de las lacras que tiñen su historia.

La pervivencia de la Doctrina de Seguridad Nacional. El trato que el gobierno, a través de la policía y el ejército, ha dado a la población movilizada muestra que no se está viendo a una ciudadanía que ejerce su legítimo derecho a la protesta y a luchar por un país mejor, sino que se ve en ella al enemigo interno al que hay que doblegar, y si es necesario abatir, para tenerlo bajo control. Esta visión entronca de lleno con la denominada Doctrina de Seguridad Nacional, nacida en Estados Unidos en plena guerra fría, que consideraba al pueblo y su lucha como el enemigo interior.

Estados Unidos educó a miles de militares latinoamericanos en cursos impartidos en la Escuela de las Américas, primero ubicada en Panamá y desde 2001 en Fort Benning (Georgia), donde sigue operando bajo el nombre de Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad.

Los acuerdos de paz de con las FARC-EP de 2016 no conllevaron, a diferencia de la mayoría de procesos de paz, una reforma del sector de seguridad

107.573 militares colombianos han sido entrenados en Estados Unidos en los últimos 20 años. La Doctrina de Seguridad Nacional inspiró los golpes de estado y las sangrientas dictaduras que barrieron el cono sur en los años 70. Colombia no ha sido ajena a esta doctrina, ha sido la base ideológica de la lucha contra las insurgencias y las movilizaciones populares, de las miles de masacres impunes. Y hoy vuelve a aparecer con su cara más cruda: en la intervención de las fuerzas armadas contra la protesta social, en el fuego real contra manifestantes, en los 50 asesinatos y las más de 470 desapariciones forzadas, todas ellas tácticas de terror para frenar la protesta social.

Esta actuación de las fuerzas militares y policiales se siente amparada por la impunidad. Impunidad histórica pero también impunidad actual. La impunidad de los crímenes del paramilitarismo y de sus inductores intelectuales, la impunidad generalizada de los militares que asesinaron a más de 6.400 personas haciéndolas pasar por guerrilleros para cobrar recompensas, los llamados “falsos positivos”. La de los más de 1.200 asesinatos de líderes y lideresas sociales desde la firma de los “acuerdos de paz” de noviembre de 2016. La de los 270 excombatientes de las FARC asesinados desde la firma de dichos acuerdos. La calificación, como hacen las autoridades gubernamentales y los principales medios de comunicación colombianos, de las manifestaciones de “amenaza terrorista” y a la gente que está en el paro nacional como “vándalos” o “guerrilleros”, que se una con crudeza al racismo y el odio a indígenas, afrodescendientes y pobres, es una muestra de la profundidad con que está incrustada esa doctrina en el aparato del poder.

La pervivencia de militarización. Los acuerdos de paz de con las FARC-EP de 2016 no conllevaron, a diferencia de la mayoría de procesos de paz, una reforma del sector de seguridad. Sólo comenzar las negociaciones el entonces presidente Santos ya anunció que las fuerzas armadas no se iban a reformar, señalando una línea roja que las negociaciones no podían atravesar. Así, a pesar del desarme de las FARC-EP, la principal guerrilla, no ha habido una reducción del ejército ni de la policía. Colombia hoy cuenta con el segundo ejército en número de efectivos de toda América Latina, sólo superado por Brasil.

Hay que destacar el criminal papel del ESMAD, el escuadrón móvil antidisturbios, cuya desarticulación vienen reclamando las organizaciones de derechos humanos.

Ejército y Policía pasaron de los 250.000 efectivos con que contaban en 1998, a 482.000 en 2015, para mantenerse en los 480.000 de hoy. De ellos son 295.000 miembros en activo de las fuerzas armadas a los que hay sumar una policía nacional que sigue militarizada, con 185.000 policías que también son militares tanto por su formación, por armamento o su dependencia directa del Ministerio de Defensa. Esta militarización está en la base del tratamiento de guerra que ahora, pero no sólo ahora, se da a la protesta social. Hay que destacar el criminal papel del ESMAD, el escuadrón móvil antidisturbios, cuya desarticulación vienen reclamando las organizaciones de derechos humanos. Es una unidad de choque especializada en la represión de manifestaciones y paros, creada en 1999 y que cuenta con más de 3.500 efectivos, su accionar no responde a un patrón de seguridad ciudadana sino de seguridad nacional y orden público.

El gasto militar colombiano absorbe el 16% del total del presupuesto general de la nación. Colombia es el segundo país de América, sólo por detrás de EE UU, que destina más porcentaje del PIB (Producto Interior Bruto) a gasto militar, el 3,4% en 2020, y el tercero, tras Brasil, en cantidad total. Para 2021 el gasto militar está presupuestado en 10.400 millones de dólares, lo que supone 28,5 millones diarios. Y ello, a pesar de la actual pandemia y la insuficiencia de medios con que está dotada la salud. Y estas son las cifras oficiales, cifras que se quedan cortas pues el Presupuesto no contabiliza las otras fuentes de ingreso para el gasto militar como son: la ayuda militar norteamericana, 244,4 millones de dólares en 2020, más de 2.500 millones en los últimos 10 años; los beneficios del poderoso Grupo Empresarial y Social de la Defensa, que agrupa desde industrias militares, a universidades y diferentes empresas hoteleras y de transporte aéreo, con el denominador común de que todas son propiedad del ministerio de defensa; los pagos realizados por empresas en su mayoría mineras, de hidrocarburos o hidroeléctricas, a través de convenios de seguridad con las Fuerzas Armadas, 1.229 convenios conocidos firmados entre 1995 y 2015, que suponen una privatización de las funciones de la fuerza militar pública, que reviste una especial gravedad cuando actúa en contextos de conflictividad social, medioambiental o laboral. Tampoco contemplan estas cifras los 2.960 millones de dólares de la deuda derivada del gasto militar que el Estado colombiano pagará en 2021.

España ha vendido 187,8 millones de euros en armamento y munición a Colombia en los últimos diez años

En tercer lugar, la represión ha mostrado la falacia del respeto a los derechos humanos en Colombia. Es difícil encontrar otro país en el mundo en el que existan tantas instituciones oficiales para la defensa de los derechos humanos, otro país en el que se hayan impartido tantos cursos sobre derechos humanos. Cabe preguntarse de qué han servido, y quizás la respuesta estribe en que su utilidad ha sido la de aprender a cómo aparentar su cumplimiento y cómo vulnerarlos sin alarmar a la comunidad internacional.

Y por último, cabe destacar el ensordecedor silencio del Gobierno de España. A pesar de la represión y la violación de los derechos humanos con que Iván Duque ha respondido a la protesta social, el gobierno de España no ha emitido ninguna condena, ni ha ejercido ninguna presión para detener la represión. Quizás en ello ha influido la existencia de 571 empresas españolas establecidas en Colombia, según fuentes del ICEX (Exportación e inversiones de España), o también a que Colombia es un buen cliente de armamento español. España ha vendido 187,8 millones de euros en armamento y munición a Colombia en los últimos diez años. Es exigible al Gobierno español que aplique la cláusula democrática y paralice el acuerdo comercial con Colombia. Que cese en la venta de armamentos y municiones a Colombia, paralizando así mismo los acuerdos en materia de defensa y militar.

Algunos de los asesinados y muchos de los heridos en esta bárbara represión lo han sido con armas de fabricación española. Maldito negocio el de la guerra y malditos los que la generan.

Fuente:  elsaltodiario

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Mactumactzá: el renacer del cerro de las once estrellas

Por:  Luis Hernández Navarro

 

Cuatro veces las autoridades han cerrado la Escuela Normal Rural de Mactumactzá (en Chiapas) y cuatro veces ha renacido. Así sucedió en 1935, 1942, 1946 y 2003. La tenacidad y la lucha de sus alumnos y egresados, y de las comunidades de las que provienen, la hicieron retoñar.

 

Lo que hoy es Mactumactzá (el cerro de las once estrellas, en lengua zoque), comenzó a funcionar con el nombre de Escuela Normal Rural de Cerro Hueco, el 24 de febrero de 1931, en un terreno donado por el gobierno de Raymundo E. Enríquez. Carente de infraestructura y mobiliario, con aulas de adobe y palma, se equipó con el trabajo voluntario de los estudiantes y las donaciones en especie de los campesinos. Funcionó hasta 1935.

 

En 1936, las autoridades la cerraron y, en su lugar, en la finca La Chacona, instalaron una Escuela Regional Campesina, que funcionó muy precariamente. No les duró mucho el gusto. En 1941, la SEP la transformó en Escuela Práctica de Agricultura. Sus alumnos emigraron a otras instituciones. Durante seis años impartió enseñanza técnica a los campesinos, quienes, al egresar, podían ejercer como maestros y titularse en otra normal.

 

Como a las autoridades les incomodaba profundamente el compromiso social de los alumnos, en 1945 se suprimió el primer año, con el argumento de que no había presupuesto. Un año más tarde, su suerte estaba echada. Los estudiantes fueron trasladados a otras instituciones. El gobierno anunció que, en su lugar, se instalaría un laboratorio de inseminación artificial para mejora del ganado. El edificio quedó abandonado.

 

Diez años más tarde, se impuso la imperiosa necesidad de formar maestros en una entidad que carecía de ellos, y la escuela renació como Escuela Normal Rural Mactumactzá (ENRM). En abril de 1956, abrió sus puertas como internado para hombres, con grandes limitaciones financieras y materiales.

 

En 1970, muchos egresados de la normal participaron activamente en las luchas campesinas e indígenas (y hasta en las obreras) que irrumpieron en Chiapas en esa década. Se convirtieron en intelectuales orgánicos del mundo rural. Su participación en tomas de tierras, organización de cooperativas de producción y consumo, protestas por servicios y para incrementar precios de garantía, fue fundamental. En 1979, los maestros del estado organizaron grandes paros para aumentar su salario y democratizar el SNTE. El equipo dirigente de ese movimiento se había formado políticamente en Mactumactzá, y en las Escuelas Técnicas Agropecuarias. En diciembre de ese año, fundaron, junto a las disidencias democráticas de todo el país, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

 

Esa centralidad organizativa de los egresados de la normal en las luchas populares en Chiapas ha disminuido conforme las organizaciones campesinas e indígenas han forjado liderazgos no vinculados al magisterio. Sin embargo, sigue siendo relevante. En el comité ejecutivo de la sección 7, integrado por 155 maestros, 34 son egresados de ­Mactumactzá.

 

Un momento clave en la historia de la normal fue su confrontación con el gobierno de Pablo Salazar. Su administración recibió un préstamo del Banco Mundial por 40 millones de dólares. Entre las sugerencias que el organismo multilateral hizo estaba el cancelar las plazas automáticas a los egresados de la ENRM.

 

El conflicto se intensificó. Las autoridades reprimieron salvajemente a estudiantes y trabajadores y los encarcelaron. Pablo Salazar se propuso cerrar la escuela y crear en su lugar un instituto politécnico. Sin esa normal, miles de campesinos ya no tendrán siquiera la aspiración de llegar a ser maestros profesionales, le expresó a Blanche Pietrich, el dirigente de la sección 7, Fortino Vázquez (https://bit.ly/3fa2Q3f).

 

El desenlace representó un golpe muy duro para el normalismo. Se cerró el sistema de internado; más de la mitad de las 560 matrículas que tenían se redujeron. La persecución política en su contra fue inclemente.

 

Pese a ello, Mactumactzá sobrevivió y poco a poco comenzó a recuperarse del descalabro. La matrícula fue creciendo, se construyeron dormitorios y el equipamiento mejoró.

 

Sin embargo, el fantasma de su desaparición ronda la escuela. Durante la administración del morenista Rutilio Escandón se ha utilizado, una y otra vez, de manera bestial la fuerza pública contra los normalistas. La detención de casi 100 estudiantes, la mayoría muchachas, y la agresión sexual de la que fueron víctimas apenas la semana pasada muestra cuánto incomoda la normal al gobernador.

 

La magnitud de la represión contrasta con las demandas estudiantiles. Los jóvenes exigen que se haga pública la convocatoria para nuevos ingresos a la escuela y que el examen de admisión sea presencial y escrito en un cuadernillo. Las autoridades, en cambio, están empecinadas en que sea en línea.

 

La ENRM es una escuela de pobres para pobres. Obligar a presentar un examen de admisión en computadora a un hijo de campesinos que no ha tenido acceso a una y que en su comunidad no hay servicio de Internet significa dejarlo fuera de la escuela. Nunca podrá competir así por un lugar para estudiar, con quienes, por vivir en las ciudades o tener más recursos económicos, están familiarizados con el uso de medios digitales.

 

La sospecha de que el gobierno quiere clausurar la escuela o, al menos, modificar la composición social de sus estudiantes, tiene bases firmes. Pero quienes acarician la fantasía de golpear a Mactumactzá olvidan que, las cuatro veces que han querido cerrarla, el cerro de las once estrellas ha renacido. Ésta, no será la excepción. Los jóvenes sueñan con ser maestros de los pobres. No van a renunciar a ello. De paso, han advertido que serán la pesadilla de quienes quieran arrebatarles sus sueños.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2021/05/25/politica/015a1pol?partner=rss

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El velo y los cuerpos de las mujeres

Introducción a ‘Los feminismos ante el islam’ (Ediciones La Catarata, 2021)

Por: Ángeles Ramírez / Laura Mijares 


Para muchas feministas socializadas en España y en Europa, la reflexión sobre el pañuelo y sobre las mujeres musulmanas en general las conduce a un dilema moral y político cuyas consecuencias son devastadoras para la construcción de sus posiciones y las del propio feminismo. Por un lado, condenan, como no podría ser de otra manera, la violencia a la que las mujeres se ven expuestas en muchos contextos musulmanes, en los que el islam es directamente instrumentalizado para ejercerla y legitimarla, y que en ocasiones incluye la imposición directa o indirecta de un pañuelo o niqab. Por otro, la comprensión y solidaridad con estas mujeres parece conducir a algunas feministas a condenar el pañuelo de las musulmanas como una forma de violencia en todas las circunstancias; en muchas ocasiones, las lleva incluso a apoyar las leyes represivas y racistas de muchos Estados –básicamente europeos– que legislan contra el derecho de esas mujeres a vestirse como quieran. Es decir, siguiendo esta lógica, la condena del autoritarismo de los Estados musulmanes que legislan en contra de las mujeres –por poner un ejemplo, la crítica de las normas vestimentarias en Irán– es la que las lleva a apoyar las mismas prácticas autoritarias de otros Estados que, como Francia o Bélgica, prohíben el pañuelo o el niqab. Sin embargo, esto no siempre es percibido desde sus posiciones feministas como una contradicción. Pero, para las mujeres que sí lo perciben como una incoherencia, se plantea como un dilema que se concreta en preguntas como las siguientes: ¿estar en contra de la represión que se produce en Irán contra las mujeres en nombre de la República Islámica implica que hay que estar a favor de las leyes que prohíben el hiyab en Europa? ¿Estar a favor del derecho de las mujeres musulmanas a llevar el pañuelo nos convierte en cómplices de la violencia que se ejerce en Arabia Saudí y que incluye la imposición vestimentaria del niqab? ¿Hacer una crítica de las fuertes corrientes conservadoras que son hegemónicas en los contextos musulmanes nos lleva a apoyar la prohibición del burkini en las playas francesas (por cierto, prohibido por corrientes conservadoras)? ¿Cómo puede el feminismo defender el derecho de las mujeres a vestir como quieran en unas regiones y, en otras, defender la prohibición sobre lo mismo?

La islamofobia es lo que ocasiona que la crítica a la violencia contra las mujeres en países que tienen mayorías musulmanas se transforme en un argumento punitivista en Europa

Estos dilemas se intentan resolver, o más bien, disolver, en la idea de que el pañuelo es el mismo pañuelo en todos los lugares y posiciones, y que siempre implica una opresión, de modo que ha de ser eliminado y ninguna mujer debería querer llevarlo y, si lo lleva, sería falsa conciencia. Esta perspectiva es socialmente hegemónica y, a pesar de que hay un feminismo inclusivo que debate y reflexiona sobre la diversidad de las mujeres, es difícil sustraerse a este planteamiento. Además, hay una parte del feminismo que comparte abiertamente estas posiciones esencialistas sobre el islam y el pañuelo, pero, sobre todo, sobre las situaciones de opresión a las que tiene que enfrentarse la “mujer musulmana”. Este planteamiento invisibiliza los diferentes contextos en los que se desarrolla la vida de las mujeres y proyecta sobre las musulmanas los viejos marcos pensados desde el colonialismo, el racismo y, ahora, las políticas antiterroristas.

Al hilo de esta idea emerge una pregunta crucial: ¿el pañuelo siempre ha de considerarse una forma de violencia contra las mujeres? La respuesta solo puede ser no. Para empezar, porque no se puede hacer semejante afirmación a propósito de cómo usan el pañuelo millones de mujeres musulmanas en el mundo. Pero la respuesta tampoco puede ser que cada mujer lo usa de modo diferente, porque el pañuelo es efectivamente una cuestión individual, pero sobre todo social. Por tanto, pensamos que es imprescindible conocer los contextos en los que se ubica el pañuelo, que naturalmente son enormemente diversos. Si esto es así, ¿por qué la mayoría de la gente en contextos no musulmanes piensa que siempre significa opresión y violencia?

Como feministas y como académicas, debemos reconocer que en muchos lugares la violencia se produce en nombre del islam y toma el cuerpo de las mujeres como un campo de batalla, imponiendo modos de vestir y de estar en el mundo. Además, conocemos la poderosa ola conservadora que arrastra a buena parte de los países de mayorías musulmanas, que se refleja también en el control de las vidas y de los cuerpos de las mujeres, en especial de las pobres. Esto no tiene por qué ser islamofobia. Tampoco lo es tomar una posición política contra las estrategias patriarcales de un fuerte conservadurismo religioso que renace de sus cenizas y que focaliza sus esfuerzos en el cuerpo de las mujeres, con un hombre actuando como guardián, a veces incluso de manera pública. La islamofobia o el racismo antimusulmán o antiárabe, según sea el caso, vienen dados más bien por el marco desde el que se produce este posicionamiento, que, más allá de actitudes individuales, es estructural y se fundamenta en una relación sedimentada en el capitalismo, desde los procesos coloniales, hasta los recientes protocolos de lucha contra la radicalización islamista, pasando por las migraciones. La islamofobia es lo que ocasiona que la crítica a la violencia contra las mujeres en países que tienen mayorías musulmanas se transforme en un argumento punitivista en Europa, que prohíbe el pañuelo y que penaliza a las mujeres que lo llevan, porque las hace responsables y cómplices de todas esas violencias. Este deslizamiento, argumento central de las posturas prohibicionistas, solo puede ser el producto de un sistema racista.

Es el racismo lo que, en definitiva, coloniza el pensamiento que lleva a algunos sectores del feminismo a pensar en las musulmanas como menos mujeres y, desde luego, como menos –o no– feministas, solo por ser musulmanas. Para otras tendencias, es indirectamente el racismo, que se apoya en la idea de que el feminismo es uno y único, y no hay lugar para otras formas de ser mujer ni de ser feminista. Aquí el discurso “Ain’t I a Woman?” de Sojourner Truth se reactualiza en las posiciones de muchas mujeres musulmanas, que luchan contra el estatuto de víctima o contra la acusación de falsa conciencia que les adjudica la ideología dominante. Es en el feminismo anticapitalista y antirracista, llamado también “autónomo”, “crítico” o “de las huelgas”, donde se da esa reflexión que plantea Truth, aunque de manera dispersa y, en ocasiones, veteada por los planteamientos hegemónicos sobre qué es una mujer. Tanto este feminismo como el movimiento antirracista abren en teoría un espacio para la discusión, que, desde luego, es reducido e insuficiente, lo cual explica que la acción feminista desde el islam se sitúe absolutamente fuera de sus límites, en ámbitos específicos y militantes, sin mantener apenas relación con los anteriores.

La idea dominante sobre las mujeres musulmanas es que su mayor problema es que están oprimidas por los hombres y por su cultura machista. Esta explicación es su mayor problema en las sociedades occidentales

Hemos escrito este libro porque pensamos que hay muchas maneras de ser mujer, y eso lo hemos aprendido del feminismo. Y por eso creemos en un feminismo que no le diga a las mujeres qué tienen que hacer o cómo debe ser su cuerpo para serlo. Sabemos que es compatible el pañuelo con el feminismo porque hemos conocido a feministas que lo llevaban, de la misma forma que nos hemos encontrado a muchas mujeres que no lo llevaban y no se sentían feministas.

En el libro también reflexionamos sobre el papel del pañuelo como eje de la opresión, pues hemos encontrado una intersección en la que merece la pena detenerse. Toda la sociedad española podría estar de acuerdo en que las mujeres con pañuelo están discriminadas, pero las razones que se darían podrían variar. Para una parte, serían los hombres musulmanes los que  subyugan; otra hablaría de islamofobia. El hecho es que a la mayoría nunca se le ocurriría conectar la situación de las mujeres musulmanas con el racismo. Pero, por nuestra profesión, en la que llevamos más de 30 años, y por nuestras relaciones personales, hemos pasado demasiado tiempo escuchando los relatos sobre el racismo contra las mujeres musulmanas: en la calle, en la escuela, en el transporte o en el trabajo. Sin embargo, la idea dominante sobre las mujeres musulmanas es que su mayor problema es que están oprimidas por los hombres y por su cultura machista. Esta explicación es racista precisamente porque borra el racismo, que es en realidad su mayor problema, al menos en las sociedades occidentales. Esto no implica que no padezcan también el sexismo. Lo que sí que es cierto es que el pañuelo impide que las mujeres pasen desapercibidas en Europa y en España. Por tanto, es una tarea ímproba despañuelizar el análisis social, por más que en ocasiones se corra el peligro de convertir el hiyab en fetiche una vez más. Como nos enseñó Bourdieu, el velo permite expresar posiciones racistas inconfesables escudándose detrás de la defensa de grandes principios como la libertad o la igualdad entre los hombres y las mujeres. Es un subterfugio para esconder y reproducir el racismo. Hablemos más de racismo y de islamofobia y menos del hiyab.

Fuente e imagen: ctxt.es

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