No veo sentido a recordar el 15M si no es para tratar de prolongar su energía, su potencia de escándalo y desorden. ¿Dónde radica a día de hoy? En un punto de vista. El 15M es un corte histórico intempestivo que nos ofrece una perspectiva para pensar la política española. Una perspectiva, un espacio para ver y oír, que se abre con el siguiente grito: “lo llaman democracia y no lo es”. Esa afirmación nos hace en primer lugar una pregunta: si no es democracia, ¿entonces qué es? ¿Y de dónde viene?
La democracia española, configurada en el proceso de transición, es un tablero político cerrado: la capacidad de acción y decisión sobre lo común se restringe a los partidos, los límites de lo posible cristalizan privilegios blindados de oligarquías políticas y económicas, y por encima de todo pesa una amenaza: “es esto o el caos”. Democracia restringida, limitada y disuasiva: el 15M no se queda enroscado en la denuncia o la crítica, ni tampoco imita en espejo aquello que desafía, sino que abre espacios para experimentar otros modos de organización y otras relaciones humanas. Espacios donde vivir una democracia real ya.
Contra la política restringida a los partidos, el 15M propone la activación de la gente común y cualquiera, sin títulos para gobernar. Mientras que la polarización del tablero nos tienta a ver el mundo desde los términos predeterminados del bando de nuestra elección -PP o PSOE, izquierda o derecha, gobierno u oposición-, el 15M inventa un lugar donde sentir, pensar y actuar con autonomía. Un espacio que no vende promesas o soluciones, ni tampoco pide adhesiones, sino que invita a cualquiera a elaborar preguntas y acciones sobre la vida común.
Contra el acaparamiento de la vida pública por oligarquías políticas y económicas, el 15M cuestiona la falta de demos de la democracia restringida. La alienación política sacraliza lo que sólo son momentos y herramientas: Constitución, instituciones, leyes. Niega y reprime la potencia instituyente -nuevos problemas, nuevos usos, nuevas libertades- en nombre de lo instituido. Convierte al pueblo en espectadores y votantes. En la democracia real ya, practicada por el 15M en plazas y mareas, las normas que regulan la vida en común deben poder ser revisadas y modificadas siempre por lo común, por el demos.
Contra la amenaza permanente del caos, el 15M presenta el conflicto como motor democrático. Son los conflictos, cuando están animados por una perspectiva igualitaria (movimientos de trabajadores, mujeres, minorías), los que han traído siempre más justicia al mundo. Pero nuestra democracia los teme como al diablo y asimila cualquier tumulto a la catástrofe. La derecha agita el miedo (separatismo, comunismo bolivariano) y la izquierda el miedo al miedo (fascismo, extrema derecha). Pero ambas conciben la democracia como algo acabado y que sólo cabe preservar. El 15M plantea una democracia en movimiento y siempre por hacer, capaz de responder creadoramente a los conflictos sociales.
“Democracia o fascismo” es una falsa alternativa. El consenso democrático se define desde la transición como la superación del “estado de guerra” entre españoles, pero todo el rato nos amenaza con volver a él si desafiamos lo establecido. Vox no es “lo otro” de la cultura consensual española, sino la radicalización de la amenaza. Un franquismo de retaguardia siempre listo para asegurar los límites cuestionados. Del terror a la disuasión (y vuelta): el miedo sigue en el centro de la vida colectiva. Es el bucle del laberinto español.
La fuerza del 15M -política de cualquiera, potencia instituyente, conflicto igualitario- se perdió en el pasaje posterior a la representación. Con la “traducción institucional” de 15M por parte de Podemos se vuelve al código de la política convencional: la jerarquía de los que saben, la producción de espectáculo y espectadores, el alejamiento de los territorios de la vida, la subordinación al tiempo mediático de la coyuntura, la retorización y verticalización de la política.
Un mal traductor es el que sólo escucha el signo (lo que se dice) y pierde de vista el ritmo (lo que se hace al decir). La traducción institucional retomó algunas de las demandas del 15M pero borró por completo su energía y vibración propias. El 15M se convirtió de ese modo en un objeto de referencia y ya no un modo de hacer y pensar. En un elemento retórico en la “producción de relato” en que consiste hoy la política a izquierda y derecha. ¿Será la salida de Pablo Iglesias una ocasión para repensar la acción política o simplemente para reajustar el relato?
El laberinto de la política española nos reclama alternativamente como “soldados” y como “víctimas”. Soldados: carne de cañón manipulable a voluntad en las disputas de poder entre partidos. Víctimas: masa temerosa que se resigna al estado de cosas o se moviliza desde el odio y el resentimiento. Ni soldados ni víctimas, sino personas capaces de sentir con su propio corazón y pensar con su propia cabeza sin delegar en ningún comité central (político o mediático), capaces de hacerse cargo en común de lo común y de una política afirmativa. Es la propuesta siempre actual del 15M: otro pueblo para otra democracia, no basada en el miedo de la gente ni en el miedo a la gente.
Por: Ana Esther Ceceña, Josué García Veiga. 22/05/2021
Es indudable la utilidad que pueden tener estas tecnologías para poder formular políticas lo más adecuadas posible en el tratamiento de covid-19… Pero también es indudable el carácter autoritario de todas estas tecnologías.
El presente trabajo expone los principales usos tecnológicos digitales con fines de control y vigilancia que han sido implementados en América Latina y el Caribe como resultado del combate a la covid-19. La muestra es evidencia de una amplia y variada instrumentalización de distinta intensidad y alcance por país en la región.
Desde Chile hasta México, pasando por Honduras y República Dominicana la emergencia sanitaria es utilizada como discurso para justificar el aumento de dispositivos digitales. En función de lo anterior existen diversos ensayos y aplicaciones de algoritmos de inteligencia artificial, cámaras con sensores térmicos, uso de drones, técnicas de geolocalización y desarrollo de programas para móviles (apps) entre otros, para múltiples fines: desde el rastreo de la covid, la detección de contagios y el seguimiento de contactos, hasta la supervisión de medidas de distanciamiento social, confinamiento, control de la información digital y automatización de prácticas médicas en diagnósticos y otros servicios relacionados.
Cabe señalar que las clasificaciones presentadas siguen la propuesta original de Whitelaw et al. (2020) publicada por la revista Lancet Digital Health y ha sido complementada con otros importantes esfuerzos de sistematizar el creciente avance de estos dispositivos, entre los que destacamos: el Covid Tracing Tracker del MIT (2020), el informe especial de Freedom on The Net 2020, The Pandemic´s Digital Shadow (Shahbaz y Funk, 2020), COVID-19 Digital Rights Tracker por TOP10VPN a cargo de Andrew Dwyer (Woodhams, 2020), la iniciativa Pandemic Big Brother (2020), el compendio de Naciones Unidas sobre iniciativas gubernamentales digitales (UN, 2020) y Fighting the Global Covid-19 Power-Grab de Privacy Internacional (2020).
La tabla es un avance en el estudio de las distintas tecnologías y su implementación por país. No obstante, debe subrayarse que su función es meramente analítica ya que su aplicación en cada país trata de una mezcla complementaria entre tecnologías y dispositivos.
Las estrategias de rastreo de la covid emplean análisis de big data y algoritmos de inteligencia artificial en conjunto de teléfonos celulares, aplicaciones digitales (apps), redes sociales, pagos con tarjetas u otros dispositivos para obtener datos en tiempo real de la ubicación de los casos positivos o posibles contagios y así determinar el avance del virus al interior de los territorios. En Argentina, la firma GranData proyecta mapas de calor diseñados para monitorear el cumplimiento de la cuarentena, basándose en información de ubicación georreferenciada recopilados por terceras apps digitales (PI, 2020). El rastreo en ocasiones se realiza mediante la información que gestionan las corporaciones de telecomunicaciones, en Chile el análisis de big data de dos empresas que integran Atelmo (Entel y Movistar) en conjunto con las Universidades de Chile y del Desarrollo, utilizan la información agregada de la red para crear mapas de calor que reflejen el nivel de movilidad por comunas.
El uso de cámaras térmicas y algoritmos de reconocimiento facial son instaladas en espacios generalmente públicos, altamente concurridos, con el objetivo de detectar patrones entre las personas que correspondan al perfil de un caso positivo: como la alta temperatura corporal. El metro de Panamá instaló cámaras térmicas en sus estaciones para detectar a viajeros con posible infección de SARS-CoV-2, se trata de cámaras con sensores infrarrojos a la entrada de las estaciones, en el área de los molinetes de acceso, para detectar personas con alta temperatura, que generen sospechas de contagio (Infobae, 2020). En la Ciudad de México el Sistema de Transporte Colectivo (Metro) las cámaras cuentan con algoritmos de reconocimiento facial e inteligencia artificial y en tan solo 2 segundos pueden detectar la temperatura corporal de 15 a 30 personas simultáneamente mientras éstas transitan a lo largo de los pasillos (Staff High Tech Editores, 2020). Asimismo, se instalan cámaras en los sistemas de transporte público como los autobuses de Buenos Aires y Bogotá, y en los aeropuertos de las principales ciudades (como Sao Paulo y los nuevos equipos en el San Salvador).
En el caso de Ecuador, el Servicio Integrado de Seguridad ECU911 ha implementado algoritmos de IA desarrollados por el Banco Interamericano de Desarrollo, llamada Distancia2, que sirven para analizar las imágenes provenientes de las cámaras y medir la distancia entre las personas para así evitar posibles contagios. La información es utilizada para actualizar de manera automática los indicadores de movimiento y mapas de calor (Riobo, Márquez y Calatayud, 2020).
Los dispositivos digitales también son implementados para garantizar el cumplimiento de medidas de cuarentena y aislamiento social. En Ecuador, el 17 de marzo de 2020, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció que por decreto oficial el gobierno comenzaría a utilizar el rastreo por satélite para garantizar que los ciudadanos no traspasen la “valla epidemiológica”[1]. Otro caso es el acuerdo firmado por el gobierno de Río de Janeiro y la empresa de telecomunicaciones TIM para utilizar datos de geolocalización de sus suscriptores con el fin de monitorear el cumplimiento de las restricciones de aislamiento.
Se debe agregar que también los drones son utilizados para vigilar el movimiento de los cuerpos, detección de infecciones y más comúnmente en labores informativas. En marzo de 2020 el Gobierno brasileño decretó el cierre temporal de la frontera con Uruguay como medida preventiva ante la pandemia y la 3era Brigada de Caballería Mecanizada del Ejército Brasileño voló un dron (DJI Mavic Mini Fly More Combo) para patrullar desde los cielos los límites fronterizos (Valadares, 2020). Similar al uso policiaco de drones en Chaltenango, El Salvador para verificar la movilidad de las personas y vehículos en las calles y carreteras del país (Policía Nacional Civil, 2020). En el caso de la Policía Metropolitana colombiana en conjunto con las autoridades sanitaras, los drones cuentan con cámaras térmicas que pueden detectar durante el día o la noche la temperatura corporal de individuos o grupos de personas que transitan calles públicas (Almenara, 2020). En otros casos vemos también su implementación en operaciones informativas con mensajes de audio transmitidos por medio de altavoces que sirven para comunicar las medidas gubernamentales (como el caso de Brasil, México, Ecuador, Colombia y Paraguay).
La situación de emergencia resalta la importancia no sólo de contar con información precisa y actualizada sino también de gestionarla y controlarla. En este caso vemos a los organismos internacionales, instituciones de salud, corporaciones y estados que se encargan de velar por la información avalada como “oficial” y verídica frente a las disonantes versiones que son descalificadas como distorsiones o fake news. En algunas ocasiones esto cuenta con el apoyo jurídico legal estatal, como el Decreto Supremo 4200 en Bolivia bajo la presidencia de Jeanine Áñez, que de manera ambigua y sin definición clara criminaliza toda actividad en-línea que sea considerara como “desinformación” o actos que “generen incertidumbre a la población” (Human Rights Watch, 2020).
El uso de programas digitales (apps) para dispositivos móviles destacan por su gran popularidad. El desarrollo y diseño de estas apps es atractivo por sus bajos costos, alta versatilidad para muchas funciones y su facilidad de reprogramar. Tomemos como ejemplo la app EDUS en Costa Rica que permite a los doctores acceder al expediente médico de los pacientes en tiempo real, garantizar un análisis completo del historial médico de los pacientes y determinar el tratamiento específico para cada problema de salud; además, permite un monitoreo de las distintas fases de la enfermedad para visualizar su evolución y detectar progresos o dificultades. Adicionalmente la app permite a los pacientes la revisión de medicamentos, solicitar y reservar citas médicas en los centros de salud cercanos o directamente en los hospitales (Solís, 2020). Estas apps pueden ser útiles como medio de difusión de información oficial (en el caso de las apps gubernamentales), más aún para recopilar información sensible y personal que en la mayoría de los casos realizan de manera automatizada diagnósticos con base en los propios síntomas reportados por los usuarios. La tabla 2 registra 16 países de la región que cuentan con apps digitales con los servicios de información médica y encuestas de síntomas para autodiagnóstico. En Cuba el gobierno promovió el uso de una app desarrollada por estudiantes de la Universidad de Ciencias de la Computación que colaboraron con el Ministerio de Educación Superior de Cuba, el Ministerio de Salud Pública y la empresa estatal de telecomunicaciones ETECSA con el objetivo de identificar en tiempo real aquellas personas que se auto-diagnosticaron con alguna sintomatología respiratoria y que pudieran ser sospechosas de la enfermedad, esto se realiza gracias al llenado y envío de formularios por Internet, que posteriormente son procesados y trasladados a los centros de salud (Freedom on the Net, 2020). En Ecuador, la app gubernamental SaludEC permite a los usuarios informar sus síntomas y conectarse con los servicios de salud, la app solicita permiso para acceder a la ubicación GPS y requiere que los usuarios proporcionen información de identificación confidencial. México también cuenta con un cuestionario de detección de covid-19 que recopila información personal sensible que puede ser transferida a las autoridades federales y locales.
Entre otras aplicaciones digitales que apoyan el trabajo médico de automatizar diagnósticos son los bots virtuales como R.O.S.A. (Respuesta Operativa de Salud Automática) en Panamá que gestiona consultas digitales vía WhatsApp y mediante la línea 169 ayudando a filtrar los pacientes que presentan síntomas relacionados con la covid-19 para ser remitidos a una atención médica; adicionalmente puede responder dudas sobre la enfermedad y el virus SARS-CoV-2 (Fundación Carlos Slim, 2020). También “Aurora” un bot desarrollado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) de República Dominicana que provee información a la población sobre la covid y conecta con más de 200 médicos, a través de herramientas sociales como Whatsapp y Telegram, permitiendo a los ciudadanos realizar video llamadas y obtener asistencia general vía telefónica o texto. En tan solo menos de 24 horas de lanzada, se reportaron más de 26 000 interacciones y 17 días después, 183 860 (Cruz, 2020).
Adicionalmente las apps pueden ser complementadas con algoritmos que registren aquellos casos confirmados de covid para dar seguimiento y alerta a sus contactos considerados como posibles contagiados. En la región identificamos al menos 6 países donde las apps digitales presentan opciones de seguimiento de contactos (Brasil, Ecuador, Haití, México, Perú y República Dominicana). A pesar de que se ha señalado que estas apps tienen un bajo uso y en muchos casos se trata de aplicaciones voluntarias, nos es importante resaltar el ejercicio como un ensayo inédito de gran alcance regional en tan poco tiempo, que muestra posibles rutas para futuras experiencias de vigilancia digital.
Es indudable la utilidad que pueden tener estas tecnologías para poder formular políticas lo más adecuadas posible en el tratamiento de covid-19 o de cualquier otro padecimiento generalizado que requiera un monitoreo preciso. Pero también es indudable el carácter autoritario de todas estas tecnologías.
Los datos recopilados sirven para elaborar los mapas epidemiológicos que ayudarán a controlar al virus pero que pueden servir a fines diversos, sean comerciales (como ofrecer servicios privados o medicamentos de patente una vez que se conoce el estado de salud del individuo), o de vigilancia.
De hecho, se podría decir que mediante estas tecnologías se está estableciendo un panóptico global (un big brother) en el que todos los individuos quedarán expuestos a procedimientos de control y disciplinamiento diversos que, de conformidad con los estilos políticos en cada lugar, podrán ser abiertamente represivos o adoptarán estilos consensuales. Los dispositivos digitales de vigilancia implementados por requerimientos médicos se ven entremezclados con rasgos sociales, políticos y culturales situados, específicos de las relaciones de poder de cada territorio en concreto.
En realidad desde el momento en que los individuos incorporan voluntariamente la aplicación a su teléfono móvil, están aceptando someterse a una autoridad superior y a normas y políticas no decididas por ellos. El problema es que no incorporar la aplicación equivale a quedar excluido de las fuentes de información que le permitirían tener un criterio propio sobre el caso. De esta manera sirven para generar nuevos patrones de identidad y sometimiento, generar criterios de clasificación (exclusión e integración) y códigos de acceso para restringir o permitir la movilidad de los cuerpos.
En principio son los gobiernos, y a la ocasión las autoridades de salud, quienes estarían dictando las reglas y procedimientos a seguir en esta circunstancia, pero los datos se están registrando no sólo por ellos sino por las autoridades de control de población en general, incluidas las de seguridad. O sea, que la angustia sobre la pandemia, justificada y compartida, es la puerta por la que se proporcionan informaciones privadas a bancos de datos que no se sabe quién procesa, controla y utiliza y que tienen propósitos diferentes que los de salud.
Más aún, si bien las aplicaciones pueden ser desarrolladas localmente, el destino final de los datos son las grandes y poderosas plataformas digitales como Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft (gafam), que no pueden ser controladas ni por los gobiernos particulares ni por los usuarios. Por supuesto aquí hay toda una discusión sobre diferentes medidas para poner límites al poder que tienen estas plataformas, a las que habría que agregar su vínculo con el Pentágono, pero por el momento tienen la capacidad no sólo de ser las depositarias de la información recopilada y poderla procesar o utilizar como mejor convenga a sus intereses empresariales, corporativos y políticos, sino que tienen también el poder para simplemente desconectar a un país entero en caso de que quiera ponerles límites y restricciones (ver el reciente caso de Australia).
La información será presumiblemente usada para una variedad de derivaciones comerciales que la aprovechan para el control y manipulación de las emociones, deseos, gustos y rechazos de los individuos ante estímulos digitales (ver el film testimonial Los dilemas de las redes sociales) con el propósito de inducir el consumo. Pero también se sumará a las manipulaciones políticas que pueden buscar orientar preferencias electorales, la criminalización de ciertos comportamientos opositores estigmatizados (comunistas, terroristas, etc.), la movilización en torno a objetivos puntuales, incluso sexistas y racistas. Adicionalmente, el paquete de datos que se está recopilando, desde los que se ofrecen con las tarjetas de crédito y similares, hasta los que se entregan con motivo de la pandemia van configurando los perfiles de disidencia social ya sea individual o colectiva, real o potencial, que ayudará a los encargados del disciplinamiento social a ser más eficaces y precisos.
Las tecnologías digitales redefinen el espacio de la privacidad y lo íntimo, al estar presentes en mayores ámbitos de nuestra cotidianidad. Cámaras, sensores, antenas y algoritmos renuevan las medidas disciplinarias y de control en las sociedades actuales.
Como puede verse en las tablas presentados, todos los países están aplicando más o menos las mismas alternativas tecnológicas. Es cierto que su fragilidad frente a las grandes plataformas es anterior a la pandemia pero se incrementó notablemente el último año.
Estamos en la era de la ciberguerra. Los desarrollos tecnológicos de mayor impacto han surgido de los entornos militares atendiendo a las exigencias del uso dual: militar-estratégico y civil. El siglo XXI se abrió paso impulsando la idea de la guerra de espectro completo en la que todas las dimensiones de la vida son parte del terreno de batalla. Particularmente, el control de las mentes y los corazones, además del de los cuerpos, cobró una espacial significancia. Los cuerpos pueden ser controlados mediante la alimentación, los medicamentos y todos esos dispositivos que los condicionan, los fragilizan y los inducen a diferentes adicciones; también pueden ser masacrados o violentados de múltiples maneras. Pero ¿cómo hacer que las mentes y los corazones se tornen dúctiles? Ahí es donde entran en pleno todos los dispositivos electrónicos de condicionamiento, combinando todos los lenguajes posibles: imagen, movimiento, sonido, contenido, hábito. Esto último es quizá lo más importante, modificar los hábitos para que la vida no sea posible sin pasar por los aditamentos y funciones que ofrece la electrónica: computadora, ipad, teléfono móvil, tablet, etc.
La ciberguerra no se reduce a estos controles individualizados, por supuesto, implica el control e intervención en el ciberespacio como un todo. Implica controlar los sistemas informáticos del enemigo, del competidor o del disidente y desde ahí provocar su fragilización o destrucción. Pero la batalla con el sentido común de la gente es primordial para lograr vencer y dominar.
Estos sistemas están diseñados para eso: para dominar y vencer.
Marzo de 2021
– Ana Esther Ceceña es coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y Presidenta del Comité Directivo de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI).
– Josué García Veiga es economista por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (OLAG-IIEc).
Documento elaborado como aporte para el Grupo de Trabajo sobre Derechos Digitales Colectivos y Vigilancia, del proceso de las Jornadas «Utopías o distopías. Los Pueblos de América Latina y el Caribe ante la era digital», organizado en el marco de Internet Ciudadana.
Pandemic Big Brother (2020), The pandemic gives new opportunities to Big Brother, última actualización 10 de diciembre, disponible en: https://pandemicbigbrother.online/en/
[1] De acuerdo con María Paula Romo, la ministra de Gobierno del presidente Moreno, “se autoriza en consecuencia con el Decreto Ejecutivo del Presidente, el rastreo satelital, de las personas que entren en el cerco epidemiológico. La tecnología nos permite saber en dónde está un número de celular por el GPS en los teléfonos inteligentes. Se autoriza (…) el rastreo satelital de estas personas, vamos a poder saber su ubicación y vamos a poder saber si se mueven. Igual, vamos a hacer un control aleatorio, pero con una herramienta tecnológica que nos va permitir controlar a más personas para que se obedezca, para que se cumpla, este aislamiento” (Rueda de prensa virtual de la ministra de gobierno en EcuadorTV, 17 de marzo 2020, ver minuto 5:05).
Cierto, el proceso de vacunación de magisterio avanza en cada uno de los estados, pero ¿esta inoculación elimina toda posibilidad de un posible contagio en las escuelas?…
En los últimos días ha aumentado el debate sobre el regreso a clases presenciales en nuestro país. La carrera política por ver quién regresa primero comenzó en el estado de Campeche y, de ahí, algunas entidades han hecho lo propio o, como en el caso de la Ciudad de México, han anunciado que los alumnos y profesores estarán de vuelta en las aulas el próximo 7 de junio.
Curioso es como, muchos medios de comunicación, a diario difunden sendos reportajes en donde se observa a padres de familia, personal docente, administrativo y de apoyo a la educación, con cubeta, escoba y trapeador en mano, realizar actividades de limpieza, desinfección y rehabilitación de algunos espacios físicos con la finalidad de que los estudiantes, a su regreso, encuentren una institución que brinde las condiciones, mínimas e indispensables, para que se prevenga un posible contagio por el virus ya conocido. ¿Por qué no se difunde el estado en el que se encuentran estas instituciones derivado del escaso presupuesto que reciben cada año para habilitar o rehabilitar su infraestructura educativa?, ¿quién aporta los recursos económicos para esa limpieza y desinfección?, ¿son suficientes los kit’s que los gobiernos de las entidades distribuyen para este propósito consistentes en 4 litros de cloro, tres de ácido muriático, dos de jabón líquido, escobas y trapeadores, cuya duración debe ser, al menos, de dos a tres meses?, ¿por qué los padres de familia y maestros deben asumir los costos de estos insumos para cumplir un anhelo político y económico?, ¿cuál es el papel de Estado en estos asuntos?
Sí, la imagen de una madre de familia con una escoba en la mano y con los pies mojados por el agua que permite el aseo de un salón de clases vende, y vende muy bien una idea romántica sobre este regreso a clases. Los medios de comunicación lo saben, los políticos y gobernantes de sobra lo conocen, pero la obligación de éstos últimos, difícilmente se proyecta en el televisor o en otros espacios informativos.
Sí, se habla de la urgente necesidad de que los alumnos vuelvan a las escuelas; se argumenta que es necesaria la socialización entre pares porque favorece su desarrollo; se afirma que los aprendizajes no se han logrado como tendrían que lograrse dada la educación a distancia y virtual que la misma Secretaría de Educación Pública (SEP) promovió a través de cuatro televisoras nacionales y por las cuales se desembolsaron más de 400 millones de pesos; se reafirma la necesaria revaloración de la educación y el aprendizaje como pilares de la sociedad; se asegura la conformación de comités de salud para que den vida a un filtro que permita prevenir contagios entre los distintos actores educativos y no educativos.
Sí, de todo esto se habla, pero no del abandono del que han sido objeto las escuelas por parte de los distintos gobiernos que han despachado desde Palacio Nacional, incluyendo el que se encuentra en estos días por esos lares.
Al fin de cuentas hemos aceptado, que las “aportaciones voluntarias” que anualmente realizan los padres de familia se destinan en la educación de sus hijos hecho que, indudablemente ha propiciado, que el Estado, progresivamente, haya dejado de garantizar que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, el mantenimiento y las condiciones de su entorno (art. 3º Constitucional), sean las más idóneas para todos.
Por su parte, el magisterio, o buena parte de éste, ha hecho su parte. En la medida de sus posibilidades ha apoyado a sus estudiantes. En efecto, es parte de su quehacer docente, pero sus acciones van más allá de lo que representa o significa un contrato, y en ello, probablemente estemos de acuerdo.
Curiosamente, una profesora en estos días despacha desde la silla que alguna vez fue de Vasconcelos. Curiosamente, sabedora de estas y otras demandas y necesidades que prevalecen en el Sistema Educativo Nacional, favorece el próximo regreso a clases anteponiendo el interés económico y, obviamente, las indicaciones del presidente que la colocó en esa silla. Curiosamente, en las entidades de la República Mexicana se observa el mismo panorama; se sigue una línea que no brinda un regreso seguro a las aulas sino, más bien, una carrera política por demostrar que uno es mejor que el otro y viceversa.
Cierto, el proceso de vacunación de magisterio avanza en cada uno de los estados, pero ¿esta inoculación elimina toda posibilidad de un posible contagio en las escuelas?
Hace unos días, Rodolfo de la Torre, a través de su cuenta se Twitter escribió: “La ilusión de dejar atrás la crisis de la pandemia es poderosa, pero falsa y de lo más oportunista”, y no se equivoca. Distintos gobiernos han soltado una avalancha de ilusiones con el propósito de venderle, al pueblo, la idea de que la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia está superada, y no es cierto.
Ojalá, estos gobernantes, pudieran responder para qué regresarán los alumnos a las escuelas. Obviamente que tal cuestionamiento, tiene que ver con un plan educativo que responda a múltiples cuestiones de esta y otras índoles, pero, desafortunadamente, ni la SEP ni los gobiernos locales cuentan con ese plan que desde hace mucho tiempo lo solicitamos, y hoy, a escasas semanas de que culmine el ciclo escolar 2020-2021 sigue siendo un misterio, y lo que es peor, ya les urge abrir las instituciones educativas.
¿Regreso gradual y voluntario? Ahí está el detalle.
¿Para qué, quiénes y por qué? Ahí está una narrativa poderosa y por demás oportunista.
El número de pobres en el mundo aumenta cada año debido a varios factores como los violentos cambios climáticos que producen sequías, huracanes, terremotos, inundaciones; la aparición desde febrero de 2019 de la pandemia de covid-19 y sobre todo la indolencia de regímenes capitalistas neoliberales cuyos gobernantes piensan en incrementar sus riquezas en detrimento de las mayorías.
Esa conjunción de factores ha provocado que en el mundo ya existan 840 millones de hambrientos al sumárseles otros 130 millones que pasaron a esa deleznable lista en 2020.
Un informe del Estado Mundial de la Seguridad Alimentaria y Nutrición de Naciones Unidas explica que alrededor de 132 millones de personas sufrieron una situación de “hambre crónica” durante 2020 y se sumaron a los 708 millones que vivían en esas circunstancias en 2019.
Los expertos de organismos internacionales indican que Asia es el continente con mayor número de hambrientos con 382 millones, seguida de África, 250 millones y América Latina y el Caribe con 50 millones. La cifra total se completa con los que se encuentran en esa categoría en Europa y América del Norte.
Como un complemento directo en esta lamentable situación, ha quedado demostrado que los regímenes capitalistas neoliberales no han sido capaces de resguardar a sus pobladores de los efectos peyorativos producidos por la pandemia de coronavirus.
Los altos costos de la atención médica privada usados en los tratamientos contra la covid, no pueden ser pagados por muchos habitantes que se ven obligados a recluirse en sus casas y buscar remedios caseros o medicamentos más baratos los cuales, en la mayoría de los casos, no son efectivos y la trágica muerte los alcanza.
Para agravar la situación de millones de personas que sobreviven en este mundo cada vez más desigual, otra mala noticia se les viene encima.
Según la Organización de Naciones Unidas para Agricultura y la Alimentación (FAO) los precios mundiales de los alimentos volvieron a subir en abril por 11 meses consecutivo.
La organización divulgó que el índice de precio mundial de alimentos promedió 120.9 dólares en abril, 2,2 % más que en marzo, y un 30,8 % interanual por lo que alcanzó el nivel más alto desde 2014
Este índice es una medida de la variación mensual de los costos de la canasta y consiste en el promedio de cinco índices de precios de la cesta básica en relación con las exportaciones de cada uno de esos productos.
La FAO informó que en abril, el azúcar tuvo un alza de 3,9 % y alcanzó más del 60 % en relación con 2020 debido al lento avance de la cosecha en Brasil y los daños causados por las heladas en Francia.
En el caso de los aceites vegetales, creció 1,8 % en abril debido a aumento de las cotizaciones mundiales del aceite de palma por temor a que las producciones fueran más lentas de lo previsto. Los valores de los aceites de soya y colza se incrementaron aun más mientras que los de las carnes bovino, ovino y porcino se elevaron 1,7 % y los de la de aves de corral no tuvieron cambios.
Los cereales, se alzaron 1,2 % y 26 % desde 2019. El maíz subió 5,7 % y 66,7 % con respecto al pasado año resultado de siembras menores de lo previsto en Estados Unidos, Argentina y Brasil.
En medio de este escenario, en 2020 y 2021 ha crecido la inseguridad alimentaria aguda, debido a conflictos, crisis económica exacerbada por la pandemia y el embate de fenómenos naturales.
La red mundial contra la crisis alimentaria avizora un 2021 muy difícil pues en el pasado año, 155 millones de personas en solo 55 países estaban en situación de crisis, lo que representó alrededor de 20 millones más en relación con el último informe. Asimismo, 28 millones en 38 países se hallaban en situación de emergencia alimentaria y entre los más afectados se encontraban República Democrática del Congo, Yemen y Afganistán.
Dominique Burgeon, director de emergencia y resilencia de la FAO aseguró que para evitar que estalle una crisis generalizada en 2021 se necesita con urgencia acciones humanitarias para salvar vidas y medios de subsistencia a gran escala.
Antonio Guterrez secretario general de la ONU significó que este informe es una lectura desalentadora por el alza de personas en condiciones de inseguridad alimentaria aguda las cuales necesitan asistencia nutricional rápida. Se debe hacer todo lo posible, dijo, por frenar ese círculo vicioso y abordar la eliminación del hambre como base para la estabilidad y la paz, a la par de transformar los sistemas alimentarios para hacerlos más inclusivos, resilientes y sostenibles.
Otro fenómeno que golpea a las naciones son los altos niveles de endeudamiento que han adquirido desde hace décadas y que se reforzaron con la pandemia.
En América Latina y el Caribe, informó la CEPAL, esta situación también ha puesto en crisis la posible recuperación económico-social.
Todos los países latinoamericanos han sufrido un deterioro de la situación fiscal al aumentar la deuda del 69,8 % al 79,3 % del PIB entre 2019 y 2020, lo cual la convierte en la región más endeudada del mundo en desarrollo y la que tiene el mayor servicio de deuda externa en relación con las exportaciones de bienes y servicios.
Esa es la triste historia de los pobres en este mundo neoliberal tan desigual y que cada día, con más fuerza, los pueblos claman por la adopción de un nuevo orden internacional más justo.
La dislexia y la disgrafía van de la mano para entender la dificultad de algunos alumnos para aprender a leer y escribir correctamente.
Los desórdenes de aprendizaje han representado un obstáculo histórico para la calidad de la experiencia educativa de millones de personas. Si bien hoy en día sabemos más sobre estas situaciones cognitivas y la tecnología nos ha llevado a favorecer el uso de computadoras y dispositivos electrónicos en vez de libreta y lápiz, problemas como la dislexia y la disgrafía no han desaparecido solo se hacen presentes en otro contexto.
Para fines explicativos, la dislexia se refiere a un trastorno la identificación de sonidos y su relación con las letras, a falta de esa conexión, la lectura se complica. La disgrafía, por otro lado, es un trastorno de escritura que complica el ejercicio motriz de manuscribir o el distinguir entre la forma de las letras al momento de leer o de escribir.
Para identificar a una persona como dislexia o disgrafía es necesario tomar en cuenta que estos obstáculos de aprendizaje están completamente desligados al nivel de inteligencia o cociente intelectual de los alumnos. ¿Pero cómo intersectan estas discapacidades en un contexto educativo en el que se teclea mucho más de lo que se escribe?
La dislexia y el teclado
El uso de libreta, lápiz y pluma ha decaído significativamente en el ejercicio de la educación, especialmente ahora que es a distancia, se ha vuelto un recurso eje para la continuidad didáctica en tiempos de pandemia. Pensaríamos que esto pudiera jugar en contra en el aprendizaje para la lectura y escritura de alumnos con dislexia o disgrafía, porque no realizan con tanta frecuencia la actividad de escribir a mano, sin embargo, el uso inteligente del teclado puede hacer una enorme diferencia en su proceso didáctico.
El teclado ayuda a los estudiantes a visualizar un orden de la imagen de las letras, si tiene problemas para asociarlas con un fonemas y la memoria muscular que se desarrolla al practicar el uso del instrumento, el teclado les ayuda a formar la estructura cognitiva para procesar correctamente la escritura, la lectura, la comprensión y la comunicación. Cursos de mecanografía en computadora ofrecen recursos de apoyo como letras más legibles, colores para asociar diferentes secciones del teclado, sonidos para ir identificando la relación del ruido con las letras y palabras.
Cabe también la posibilidad de que el tipo de dislexia que un alumno experimenta obstaculice un uso óptimo del teclado para escribir, a esta clase muy particular de trastorno se le llama dystypia en inglés. Para este problema existen tanto teclados específicamente diseñados como aplicaciones para mejorar la habilidad del educando para la escritura, expresión y lectura.
La tecnología de revisión gramática y predicción de textos ha sido instrumental para completar palabras al momento de escribir. La mayoría de los recursos de apoyo para personas con dislexia y disgrafía parten de estas funciones.
¿Tienes alumnos con dislexia o disgrafía? ¿Has tenido estos problemas durante tu vida estudiantil? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué recursos has utilizado para superar las dificultades impuestas por esta situación cognitiva? ¿Crees que la tecnología ha hecho más fácil el aprendizaje con estas discapacidades? Cuéntanos en los comentarios.
Fuente e imagen: https://observatorio.tec.mx/edu-news/dislexia-era-digital
Estudios demuestran que tener un sindicato fuerte que defienda los intereses de los maestros no sólo beneficia a los educadores, también significa un mejor desempeño de los estudiantes.
Los sindicatos de maestros han sido parte de la educación durante décadas y existen para apoyar a maestros y maestras a tener mejores condiciones laborales a través de la negociación de mejores salarios, beneficios y condiciones laborales. Sin embargo, en algunos países los sindicatos de trabajadores de la educación tienen mala reputación bajo el debate sobre si realmente ayudan a la educación o la perjudican.
Los sindicatos son organizaciones que se dedican a negociar con empresas, corporaciones u otras organizaciones en nombre de sus miembros. Algunos sindicatos representan a trabajadores que realizan ciertas actividades, como los educadores, y también existen los industriales que representan a toda una industria. Han existido desde hace mucho tiempo, pero desde la Revolución Industrial se les ha atribuido la mejora de las condiciones laborales y los salarios de muchos trabajadores, gracias a que en esa época se formaron un gran número de sindicatos de empresas manufactureras, de acero, mineros y muchas otras industrias.
Los sindicatos también son conocidos por negociar el salario de sus trabajadores utilizando diferentes técnicas: impulsando el salario mínimo, aumentando la productividad marginal por medio de capacitación, restringiendo bienes importados a través de cuotas o aranceles entre otras medidas como utilizar su influencia.
Los sindicatos de trabajadores de la educación
El propósito de los sindicatos de maestros es ayudarlos, su propósito es lograr un funcionamiento justo del sistema educativo. Estos sindicatos los integran personas interesadas y apasionadas por la educación. De acuerdo con el Comité Sindical Europeo de Educación (ETUCE por sus siglas en inglés), los maestros tienen oportunidades limitadas para desarrollarse y poca influencia para cambiar esta situación, por lo que necesitan una voz significativa e independiente a nivel de políticas y prácticas, labor que llevan a cabo los sindicatos, para hacer un cambio significativo y resolver sus condiciones laborales y necesidades de aprendizaje profesional.
El reporte Education Trade Unions for the Teaching Professional (2018) publicado por la ETUCE, destaca tres razones clave por las que los sindicatos deben abordar las necesidades profesionales de los educadores y hacerlas su prioridad: primero está apoyar la carrera y el desarrollo profesional de los docentes ya que es vital para la progresión profesional; la segunda razón es ser una voz para los docentes, especialmente en temas trascendentales que impacten su trabajo diario. Por último, está la construcción y fortalecimiento del propio sindicato, enfocándose en cuestiones profesionales y permitiendo a los miembros participar en la construcción de la identidad sindical.
Además, el reporte señala cinco maneras que utilizan los sindicatos para enfrentar los principales problemas que enfrentan los docentes:
Desarrollar una agenda de negociación centrada en el diálogo social para que la voz de los maestros sea escuchada.
Garantizar el acceso a un desarrollo profesional proporcionado para satisfacer la necesidad de formar a los educadores.
Facilitar la auto organización al trabajar el sindicato con los docentes para identificar y abordar sus necesidades profesionales.
Ayudar a elaborar la narrativa sobre la educación pública, que a su vez apoya a cambiar cómo la gente ve la inversión en recursos para la educación.
Construir alianzas y crear asociaciones.
A pesar de que la función de los sindicatos es dar voz a los maestros, apoyar su desarrollo profesional y mejorar sus condiciones laborales, muchas personas son escépticas de su función y beneficios. Los críticos conservadores argumentan que no existe una relación entre los niveles de afiliación sindical y el rendimiento estudiantil.
¿Están los sindicatos de maestros ayudando o perjudicando a las escuelas?
En Estados Unidos, entre 1990 y el 2011, muchos estados modificaron la manera de financiar las escuelas, con el objetivo de enviar más dinero a aquellas con mayor índice de pobreza. Sin embargo, algunos gobiernos locales en su lugar usaron ese ingreso estatal para solventar sus gastos.
Según un estudio realizado en el 2018 titulado School Finance Reforms, Teachers’ Unions, and the Allocation of School Resources, los estados con sindicatos fuertes recibieron la mayor parte del dinero y este se gastó en las escuelas que más lo necesitaban. Además, el dinero también se utilizó para subir el salario de los maestros, lo que generó un mayor beneficio para los alumnos, señala el estudio, ya que estos obtuvieron mejores calificaciones. Este estudio demuestra que tener un sindicato fuerte que defienda los intereses de los maestros no sólo beneficia a los educadores, también significa un mejor desempeño de los estudiantes.
Otra publicación de la Universidad Loyola de Chicago concluye que es peligroso excluir a los educadores de la formación de políticas educativas porque son ellos quienes cuentan con la experiencia y conocimientos. Además, ellos son los defensores de los estudiantes porque sus necesidades están ligadas, las concesiones para los maestros benefician a los alumnos y su rendimiento.
La relación condiciones laborales-rendimiento escolar es un tema sumamente controvertido. Por un lado, estudios como los anteriores indican que mejores salarios y condiciones laborales de los docentes se reflejan en un mejor rendimiento estudiantil. Pero otras investigaciones como este estudio realizado por Joshua Cowen y Katharine O. Strunk de la Universidad Estatal de Michigan, reportan que los distritos sindicalizados tienen tasas de deserción escolar más altas, al igual que calificaciones más bajas en matemáticas y literatura. Cowen y Strunk analizaron investigaciones desde 1977 hasta el 2014 para comprender el impacto de los sindicatos. Se encontró que los distritos con sindicatos gastan más dinero y lo invierten directamente en beneficios como el salario de los docentes.
Por su parte, Gary Ravani, presidente de la Federación de California del Consejo de Educación Infantil / K-12, defiende el rol de los sindicatos en la educación pública. Ravani señala en un artículo publicado en EdSource que si bien la sindicalización de maestros no necesariamente garantiza un bajo rendimiento estudiantil y la falta de sindicalización tampoco garantiza un alto rendimiento. Los sindicatos permiten “que los maestros tengan una voz más fuerte en asuntos profesionales y también les permite asegurar su influencia en el campo político”. Esta influencia y participación de los maestros en la formulación de políticas es clave ya que “el financiamiento estatal para la educación por estudiante tiende a ser mayor en los estados sindicalizados y de mayor rendimiento”, concluye.
Los estudiantes también buscan sindicalizarse
Gregory Wickham, un joven de 17 años, escribió para el portal New York School Talk, sobre la importancia de que los estudiantes se organicen y tengan su propio sindicato. Wickham sostiene que los alumnos tienen un poder diferente a los docentes, al organizarse podrían hacer escuchar y cumplir demandas para mejorar la vida estudiantil aún sin la aprobación del departamento de educación.
Para el estudiante, los sindicatos de estudiantes fomentan el intercambio de recursos entre los educandos de toda una ciudad, como su natal Nueva York, haciendo el aprendizaje más accesible para todos. Este intercambio podría reflejarse de las siguientes formas:
Biblioteca de clases: los alumnos graban las lecciones de sus maestros favoritos para después compartirlas de forma gratuita. Esto haría que los mejores maestros lleguen a más personas que los necesitan, además de hacer que los estudiantes tengan la oportunidad de aprender de distintos educadores, encontrando a uno que se adapte más a su manera de aprender. Además de ser un gran recurso de apoyo a la hora de estudiar y ser un recurso para aquellos que estudian desde casa siempre.
Archivos de asignaciones: el sindicato podría organizar un archivo de tareas para los estudiantes junto con las respuestas y sus calificaciones, especialmente aquellas materias cuyas tareas sean proyectos o ensayos. El propósito es conocer y ver cómo se aplican los estándares y expectativas de los distintos docentes. Además, aseguraría la transparencia de calificaciones porque pondría en evidencia favoritismos de los maestros o algún trato injusto a un alumno. Tener acceso a estos archivos también facilita el trabajo del educador ya que los estudiantes pueden ver el contenido de otros, comprender mejor su trabajo y complementarlo. Y debido a que las asignaciones están en un sólo lugar, es más fácil verificar que los trabajos sean originales y no plagios.
Biblioteca de libros de texto: la organización estudiantil podría mantener fácilmente bibliotecas y planear intercambios de libros de texto tanto físicos como digitales. Aunque muchas escuelas utilizan los mismos libros de texto, no todos los estudiantes tienen acceso a ellos. Además, los estudiantes pueden coordinarse para digitalizar los libros de texto, de forma que sean accesibles en todo momento, sin necesidad de llevar sus versiones físicas. Los intercambios también garantizarían que aquellas escuelas con menores recursos tengan acceso a una mejor biblioteca, con más temas y recursos de apoyo.
Biblioteca de matrículas: Muchas escuelas piden las matrículas para acceder a bases de datos, bibliotecas digitales, recursos de preparación para exámenes, etcétera. Los alumnos pueden compartir sus matrículas para que más personas tengan acceso a estos materiales. Aunque la secretaría de educación cuenta con sitios de investigación y bibliotecas en línea accesibles para las escuelas públicas, el sindicato puede poner a la disposición de todos muchísimo material a todos los estudiantes por igual.
Biblioteca de tecnología: los estudiantes necesitan dispositivos y acceso a internet y el sindicato estudiantil puede garantizar por medio de préstamo o donación de equipo. Para el acceso a internet, los alumnos que no tienen podrían ir a instituciones que ofrecen acceso a través de WiFi, o incluso ir a la casa de algún maestro u otro estudiante que viva cerca y lo pueda apoyar. Esto también apoyaría a los papás con problemas para balancear las exigencias del horario laboral con las necesidades del hogar y cuidado de los hijos. El sindicato se encargaría de organizar que todo sea seguro tanto para las escuelas de los estudiantes que abran sus puertas.
Gregory Wickham, agregó que los sindicatos de alumnos son la mejor opción para organizarse entre toda la comunidad escolar y apoyarse, en lugar de esperar a que la secretaría de educación lo haga. Incluso problemáticas como la falta de alimentación, techo o ropa para los estudiantes de bajos recursos podrían ser resueltas por un sindicato estudiantil. Además, puede existir una gran diferencia entre la calidad educativa que recibe una escuela y otra, aunque sean parte del mismo distrito y estas propuestas ayudarían a los menos privilegiados a tener un mejor futuro ya que tendrían acceso a más y mejores recursos.
Wickham no menciona nada de políticas públicas, se centra más en organizar actividades, un aspecto que se necesita analizar más en el caso de los sindicatos de maestros. Joshua Cowen y Katharine O. Strunk mencionan en su estudio el valor de realizar más investigación sobre el impacto de sus actividades.
El mayor tema con los sindicatos es que, por años, las investigaciones se han centrado en si son «buenos» o «malos» para la educación en lugar de centrarse en los resultados de sus actividades o las políticas que respaldan o bloquean. Más allá de calificarlos como algo positivo o negativo, el debate debería centrarse en identificar soluciones basadas en evidencia para las necesidades en los docentes y cómo apoyarlos.
Los matices del diálogo se muestran claramente en los grupos focales tanto con adolescentes como con personas adultas.
En una entrega anterior iniciamos la presentación de hallazgos del estudio cuanti-cualitativo sobre “prácticas de crianza que promueven u obstaculizan la protección de niños, niñas y adolescentes del abuso y la violencia, así como la igualdad de género en las provincias: Elías Piña, Gran Santo Domingo y La Altagracia” que realizamos para Plan Internacional desde la dirección del Equipo Vargas de Investigación Social y se puso a circular el 21 de abril de este año.
El estudio muestra distintas situaciones vinculadas a las prácticas de crianza siendo una de ellas la comunicación entre personas adultas y la población infantil y adolescente al interior de las familias. Un extracto del estudio sobre este tema se presenta a continuación.
El 79% de la población adulta dialoga con niños/niñas y adolescentes al interior de las familias y el 14% solo dialoga con adolescentes y el 6% no dialoga ni con niños/as ni con adolescentes. El diálogo con la población infantil está negado en el 21% de la población adulta encuestada. En las encuestas a adolescentes el 15% señala que sus padres/madres y personas adultas responsables no dialoga con ellos/ellas.
Los matices del diálogo se muestran claramente en los grupos focales tanto con adolescentes como con personas adultas. Las respuestas ofrecidas muestran distintos estilos de comunicación como son:
a) Dialogo sostenido en base a órdenes y deberes de niños, niñas y adolescentes
Al cuestionar a padres y madres sobre qué temas dialogan con sus hijos e hijas. Muchos de ellos respondieron con frases como las siguientes:
Le digo que me pase la cuchara, o un tenedor
Me hace los mandaos.
b) Comunicación sostenida en base a las necesidades (alimentarias y otras). Esta consulta sobre la comida solo se presenta en la población adolescente masculina. Lo que demuestra la reproducción de los roles sexistas de género, a las muchachas no se les pregunta porque se supone que ellas participan de la preparación de la comida, lo que no ocurre con los muchachos.
c) Consulta en decisiones sobre actividades recreativas. Las actividades recreativas son de las pocas consultas que aparecen señaladas por la población adolescente
Mi abuela me lleva a ces a donde mi bisabuela, antes yo vivía con mi bisabuela, cuando voy de vacaciones, mi abuela me pregunta si quiero ir para allá.
d) Consejos y recomendaciones de padres/madres a hijos e hijas. Al cuestionar a algunos padres y madres sobre los temas que dialogan con sus hijos e hijas, estos señalan elementos que tienen que ver con consejos y recomendaciones de como “deben comportarse”.
Mis padres hablan conmigo sobre que, debo estudiar para recibir calificaciones buenas.
e) Ausencia de diálogo entre personas adultas y adolescentes. En la población adolescente entrevistada se presentan algunos señalamientos de que no existe dialogo entre ellos y sus padres y madres.
No converso ningún tema con mis padres
No hablamos. A veces mi abuelo me pregunta algo, si hablo la verdad no me cree. Mi mamá pocas veces me cree las cosas
Llama la atención la desconfianza que tienen algunos padres y madres de sus hijos e hijas adolescentes. Señalamientos como “no me creen” o que no “quieren hablar” son elementos que demuestran una gran barrera comunicacional entre la población adulta y la adolescente.
En la población adulta encontramos algunas madres y padres que consideran que no tienen por qué hablar con sus hijos e hijas porque son niños. Entendiendo que solo se conversa con los que son más grandes.
“No tengo muchachos grandes para hablar con ellos”.
El diálogo en la familia es muy débil. Hablar con los hijos e hijas es interpretado por la población adulta como dar órdenes o mandatos, o recomendaciones sobre lo que deben o no hacer. Los temas que provocan diálogo son aquellos que se refieren a la búsqueda de respuesta a necesidades o para recrearse. En algunos casos hay quienes reconocen que no hay diálogo y peor aún no existe confianza en las relaciones entre padres-madres e hijos/hijas. Demostrándose así una gran barrera comunicacional entre padres/madres/personas adultas responsables e hijos/hijas en las provincias estudiadas.
Este articulo fue publicado originalmente en el periódico HOY
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