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Escuela analógica, plataformas digitales y la pedagogía crítica

Por: Lev Moujahid Velázquez Barriga

Las pantallas inteligentes, como sustituto de la televisión analógica y de una nueva reconfiguración en la educación en casa, son un fenómeno …

Al ritmo de la canción Barbie girl (traduzco letra al español): “Soy como una Barbie en el mundo de Barbie, la vida en plástico es fantástica, puedes cepillarme el pelo, desnudarme por todas partes, usa tu imaginación, la vida es tu creación”, el escenario fue sorpresivamente invadido por personajes de la película Toy story 4; luego se escuchó una larga voz introductoria al recital de “Nants ingonyama bagithi baba”, anunciando la aparición de El rey león; y, finalmente aquel evento terminó con un diálogo musicalizado entre “El chavo animado” y sus amigos.

Seguramente usted estará pensando que estoy describiendo un espectáculo teatral, televisivo, musical o cinematográfico, quizás una combinación de todos. Siento desengañarlo, querido lector, se trata del acto cultural de clausura de una escuela privada bilingüe a la que asistí antes del presente receso escolar, aunque pienso que, acontecimientos similares se repiten en otros planteles públicos en cualquier lugar de nuestra vasta geografía nacional.

Sin duda, el capitalismo de plataformas, sobre todo el estadunidense, hace sus estragos en las familias mexicanas y las secuelas tragicómicas del comediante al servicio de las dictaduras latinoamericanas, Chespirito, siguen presentes. Las pantallas inteligentes, como sustituto de la televisión analógica y de una nueva reconfiguración en la educación en casa, son un fenómeno creciente.

¿Sabía usted que una tercera parte de los hogares mexicanos tiene suscripción a una o más plataformas de video streaming? ¿O que 90 por ciento de los usuarios de Internet, más de 80 millones, pasan el mismo tiempo que los alumnos en la escuela primaria, pero expuestos a abrumadoras cantidades de contenidos digitales racializados, hipersexualizados, que hacen apología de la drogadicción y la violencia?

Pareciera que la batalla entre la escuela y la gran industria cultural del capitalismo está bastante reñida; pero, si esta última invade política, ideológica y económicamente la esfera de los aprendizajes escolares y además coloniza con mentalidades neoliberales la racionalidad de las prácticas pedagógicas de los docentes, entonces estamos frente al riesgo inminente de perder la lucha por esa educación crítica que se profesa en la Nueva Escuela Mexicana y las alternativas populares.

Es probable que alguna lectora progresista y medio izquierdosa se cuestione la posibilidad de hacer un uso crítico de ciertos contenidos de las plataformas y, tal vez, salpicada por el pigmento de la otra marea rosa, no partidista, sino del relanzamiento de la Barbie de Mattel, esté pensando que con el último filme de la muñeca de plástico se pueda abrir una discusión escolar sobre el patriarcado; yo diría que sí, a pesar de su tendencia hacia un feminismo orgánico, blanqueado, desclasado, pro consumista y pugnante de la equidad de género para ser tratados por igual, como capital humano.

La inclusión de lo intercultural y la diversidad de género ya es tema común en las plataformas, no así en las escuelas, pero seamos realistas, se inserta porque son un rango de consumo con mucho potencial, poco o nada tiene que ver con los derechos demandados y conquistados por la sociedad global; pero si quedara duda, estos contenidos son transversalizados por los típicos antivalores del capitalismo y la mensajería política descalificando los comportamientos insurreccionales de los desplazados.

Sobre lo anterior, les cuento una experiencia reciente, cuyo propósito inicial era graficar con mis alumnos los conocimientos estudiados en clase, sobre la conexión entre la neurociencia y la robótica, pero que se tornó en el acercamiento analítico sobre el trasfondo de la película Biónicos, de Netflix, de la cual entendimos que hace un juego perverso entre la inclusión mercantilista de las discapacidades físicas y la desacreditación de los grupos vulnerables pro derechos, a quienes se les presenta en calidad de delincuentes y no como movimientos emancipadores.

En este filme, se evidencia, otra vez, la imposibilidad de los magnates del capitalismo big tech y de la industria cultural, para anteponer las potencialidades armamentísticas y destructivas de las tecnologías convergentes, antes que la solución de los grandes problemas de la humanidad. El final no podría ser peor, un grupo de jóvenes discapacitados, convertidos en cyborgs, primero desmantelan una organización revolucionaria (ideológicamente desacreditada) y luego se ofrecen en calidad de soldados mercenarios a un delincuente; el mensaje no deja dudas, tampoco la antiética de los poderes detrás del capital: lo que importa es el dinero, si las causas son justas o no, es lo de menos.

No soy partidario de escindir la escuela analógica y las comunidades culturales territoriales con las tecnologías digitales y las manifestaciones artísticas que se crean desde ahí o en la virtualidad; pero sí soy un firme convencido de que ambos son lugares de enunciación en disputa para una educación emancipadora, ya sea a través de la producción propia de imaginarios, sentidos y aprendizajes críticos en talleres de producción de video, fotografía y diseño digital o de la construcción de andamiajes cognitivos, éticos y analíticos sobre los contenidos de la industria cultural independiente o de las plataformas del capitalismo informático en clubes de cine, video series y documentales.

Fuente de la información e imagen:  https://profelandia.com

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CANCELAR LA REFORMA EDUCATIVA, ¿AHORA SÍ? Parte 1: los problemas políticos conceptuales

En el magisterio nacional estamos en una situación parecida a la de 2018. Solo parecida, al menos en una cuestión central: la demanda de la cancelación definitiva de la reforma educativa neoliberal.

Esa es una de las demandas centrales de una nueva ola de movilizaciones de la CNTE desde finales del 2023 y durante este año. Más aún, fue uno de los puntos centrales de las negociaciones con AMLO previos al paro indefinido y plantón en el zócalo.[1]
Esto plantea una serie de cuestiones que es necesario aclarar una por una.

  1. Aunque sea obvio es necesario recordarlo y sobre todo, dimensionarlo. Si se pide la abrogación definitiva de la reforma de Peña Nieto es porque AHORA la CNTE reconoce que continúa, después de que en 2019, al aprobarse la reforma constitucional y las leyes secundarias, tanto el presidente, el secretario de educación pública, los diputados y senadores, los publicistas de MORENA y hasta la Comisión Nacional Única Negociadora (CNUN) de la CNTE dijeron que se había cancelado[2].
  2. ¿Entonces qué pasó? ¿El magisterio fue engañado? ¿Cómo sucedió? Básicamente, gracias a la repetición ad infinitum del discurso de la “reforma parcial”, “de la evaluación punitiva”, “de la reforma laboral” y de la evaluación de desempeño como estos elementos aislados fuesen LA reforma educativa. Por eso, una vez que se eliminó la evaluación de permanencia, se dijo que se había cancelado; los comentaristas, los asesores, los líderes políticos y los maestros lo creyeron, estaban convencidos de eso. Tan fue así que se aceptaron sin mayores objeciones las leyes secundarias que ahora se demanda abrogar, entre ellas la que regula la creación y funcionamiento de la USICAMM que hoy se pide desaparecer.
  3. Entonces, ¿todo fue un engaño y una manipulación? En realidad, desde el principio fue un problema político y conceptual. Conceptual porque NUNCA se entendió o no se quiso ver la radicalidad y la novedad de la reforma neoliberal del 2013; no se entendieron sus conceptos clave ni su articulación con los modos de gestión pedagógica y administrativa hoy fuertemente instalados en las escuelas. Por eso no importó la evaluación de desempeño, la racionalidad neoliberal pudo continuar por otras vías y otros medios que hasta ahora se empiezan a reconocer y contra los que se comienza a luchar.
  4. En cuanto al problema político, es igualmente complicado y se deriva del error conceptual. No citaremos a los clásicos del pensamiento revolucionario para recordar que un error teórico tiene considerables dificultades estratégicas, eso ya es obvio. ¿Cuál es el problema aquí? Otra vez, es sencillo de enunciar, aunque no es tan fácil de precisar: si deseamos abrogar definitivamente la reforma neoliberal que durante el primer gobierno de la cuarta transformación se profundizó, es necesario decir DETALLADAMENTE qué entendemos por neoliberal y en dónde se expresa; qué entendemos por cancelar y cómo se hace eso. Una vez aclarado esto, lo que sigue es resolver con qué lo sustituimos.[3]

En otras palabras: definir un programa de demandas es el inicio; luego sigue el programa de lucha -como se ha iniciado ya, pero es indispensable tener ya una alternativa de reforma CONSTITUCIONAL en todos sus términos: conceptuales, técnicos, jurídicos, políticos y administrativos. ¿Está preparada la CNTE para presentar, llegado el momento, una propuesta que sustituya la reforma constitucional vigente?


[1]https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/04/01/politica/acuerdan-amlo-y-cnte-eliminar-reforma-educativa-y-seguimiento-a-demandas-2977

[2] https://www.sinembargo.mx/27-05-2019/3587535

[3] Eso es lo que señalamos una y otra vez en nuestros artículos de Cortocircuitos y nuestro libro Cancelar la reforma educativa  , publicado justamente cuando se estaba elaborando La continuidad neoliberal , otra de nuestras publicaciones en la que insistimos, a contracorriente, que la reforma de AMLO era un engaño y que solo mantenía, legitimaba y profundizaba la reforma neoliberal, al mismo tiempo que contenía y cooptaba las resistencias.

Fuente de la información e imagen:  https://insurgenciamagisterial.com

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De la calidad a la educación digna

Por: Edgar Isch L.

Desde años atrás entró como parte del discurso educativo la “calidad” de la educación y, a partir de ella surgieron mecanismos de evaluación de los sistemas, instituciones y personas involucradas en el mundo educativo. Podemos decir que no hay organismo internacional que no haya trabajado con este calificativo aparentemente inofensivo y obvio, pero que en el fondo responde a una perspectiva ideológica y a intereses particulares. La calidad se convirtió en una especie de joker de la baraja, útil para cualquier propuesta por negativa que fuese, apenas un placebo que se usa para toda enfermedad.

En este artículo procuraremos demostrar lo dicho, pero también plantear una alternativa desde los derechos humanos. Defender la educación como un derecho no es asunto sencillo y menos aún hoy cuando el resurgir de posiciones de extrema derecha sostienen abiertamente que ese derecho no existe, que la educación es apenas un bien comerciable, como lo hace un candidato a la presidencia de Argentina o una candidata en la segunda vuelta de Ecuador. Una vez negado el derecho, la calidad queda a disposición del mercado.

El inicio del discurso de la llamada calidad

Los inicios de la onda en favor de la calidad se presentan en la década de los años 50 del siglo pasado, cuando el economista Edward W. Deming (1989) plantea que “la mejora de la calidad lleva a la economía de los costos y al aumento de los beneficios” económicos de los empresarios. Para ello la calidad se concibe desde la satisfacción del consumidor, la que a su vez lleva a una mayor venta de bienes y servicios. Pero no necesariamente lo más vendido es lo que tiene mejores características, como puede suceder con los libros best Sellers, música empobrecida, pero con ritmo o con la comida chatarra en un comedor estudiantil. Ni en lo individual ni en social lo más vendido es lo adecuado aún en el caso de que el consumidor se sienta satisfecho.

Famosos promotores de los sistemas de control de la calidad total, Kanji y Asher (1993), plantean breves definiciones claves:

Calidad: Satisfacer los requerimientos del consumidor continuamente. 

Calidad total: Lograr la calidad a bajo costo. 

Control total de la calidad: Obtener la calidad total involucrando diariamente a cada uno de los miembros de la organización.

Una trampa visible, pero deseada por los promotores de esta visión de calidad, está en la idea de que un mayor precio demuestra más calidad del producto y es resultado de la misma. La realidad es que muchas veces la imagen de un producto y su calidad son resultado de la publicidad y no de calidad real, publicidad que, además, según demuestra M. MaxNeff, propone seudo satisfactores a problemas reales, alejando su solución y generando nuevos problemas. La generación de necesidades ficticias es otro componente de la acción publicitaria, creando nuevas barreras a la solución de problemas reales.

Luego vendrá un ajuste a la definición, proponiendo la excelencia como un concepto superior porque supera a lo normal. Para ser excelente, dirán, se requiere ser superior a los demás, trabajar más, ponerse la camiseta de la empresa que nos contrata.

El “control total de la calidad”, en este conjunto de definiciones, tiene que ver con la participación automatizada en lo resuelto por otros, no en una participación democrática, pues hay una postura filosófica que se convierte en indiscutible. 

La calidad en educación

Sin embargo, en educación no entró de inmediato la llamada búsqueda de la calidad en esos términos. Para los años sesenta, por ejemplo, en América Latina las reformas educativas se centraron en la ampliación de la cobertura, especialmente de ciclo escolar, debido a la necesidad de trabajadores con conocimientos básicos que les permita entrar en los procesos de industrialización y modernización. En este momento la calidad es del sistema en su conjunto y orientada principalmente a resultados cuantitativos.

Luego la atención estaría centrada en la formación docente en la tecnología educativa de la época. Aquí arranca con fuerza la homogenización escolar, pretendiendo que el proceso educativo sea único desde la planificación hasta la evaluación. Las matrices y detalladas guías de trabajo creadas muy lejos de las aulas y con poca o ninguna consulta a los y las docentes se impondría como obligatorias. El daño al ejercicio creativo e intelectual de la docencia fue muy grave, pues antes que debatir la pedagogía, que paulatinamente fue expulsada de las aulas, se propondría un pragmatismo al grado que maestros y maestras se acostumbrarían a solicitar la matriz, el ejemplo de llenado, la manera de satisfacer a la burocracia educativa. 

Esto se complementaría dando paso a visiones muy parciales de currículo, que llegarían a expresarse incluso como meros listados de contenidos. La calidad redujo sus expectativas, al tiempo que se hacían más fuertes las diferencias clasistas entre escuelas privadas de alto costo (no necesariamente “mejores”) y escuelas públicas a las que los Estados atendían cada vez con menos interés.

Es en momentos en los que la visión de la crisis educativa se centra en la administración (planificación estratégica, trabajo por procesos, descentralización institucional, entre otros) y en sus actores (rol de los directivos que en muchos casos pasaron a ser llamados gerentes, docentes que asuman más cargas administrativas), cuando la “calidad” aparece como la justificación de nuevas ideas de cambio.

Se trata del periodo de aplicación intensiva del modelo neoliberal de desarrollo y sus principios económicos. En educación se puso el acento en el proceso de enseñanza aprendizaje y en la responsabilidad docente, observando al interior de la escuela y dejando de lado diversos aspectos de su relación con la sociedad. 

Calidad e ideología

En esta línea de pensamiento, se difunde una perspectiva hegemónica del ambiguo término de calidad.  Según Morales Basadre (1993, p. 11), esta constituía:

 

… el mayor desafío que enfrentan las naciones es la transformación de la calidad educacional: mejor nivel formativo, acceso a los códigos culturales de la modernidad, adquisición de nuevos valores, desarrollo de la capacidad de innovar, renovar, crear…. 

 

Reflexionemos sobre los indicadores de calidad que plantea, aunque no les de ese nombre.

  1. Mejor nivel formativo, sí, ¿pero en qué dirección? No se abre al debate cual es la finalidad de la educación, que significa “mejor” nivel, con qué grado de participación.
  2. Acceso a los códigos culturales de la modernidad. Es decir, abandonar las culturas propias y asumir las perspectivas del mundo occidental desarrollado. Recuerde el lector que se nos calificaba de subdesarrollados y nos planteaban que copiar era la manera de lograr el desarrollo. Modernidad que, además, se presentó junto al capitalismo, así que es a ese sistema que se debe servir.
  3. Adquisición de nuevos valores. Complementando lo anterior, entonces se debe promover la competitividad, más tarde justificada y enmascarada en la meritocracia (Isch, 2013). Valores ligados a la prioridad de los intereses empresariales y el individualismo extremo. El posmodernismo hará también su aparición y el constructivismo de Piaget, con la tesis de que cada quién construye su propio conocimiento sería utilizado para alimentar en las aulas el “sálvese quien pueda”, aun contrariando otras tesis y propuestas constructivistas. 
  4. Desarrollo de la capacidad de innovar, renovar, crear. Capacidades importantes pero que, si se considera lo anterior, tiene una línea individualista y no general.

 

Como se puede ratificar, cualquier selección de indicadores, que en casos como ayuda a precisar la definición hegemónica de calidad educativa, está envuelta en una posición ideológica. Cada indicador nos está señalando, aunque no siempre directamente, lo que se piensa en el fondo, cómo se interpreta la realidad y qué posicionamientos se presentan ante las concepciones epistemológicas y axiológicas. Si se trata del pensamiento hegemónico, este corresponde al pensamiento dominante en la sociedad de clases en la que estamos viviendo.

 

Adicionalmente, en el momento que prefigura las características del estudiantado deseable, existe también una posición política. Señalar de alguna manera un perfil de salida, habla del ser humano deseado para un determinado tipo de sociedad. 

 

De esta manera se puede trabajar cualquier lista de indicadores o características de la calidad y el resultado siempre será que no se trata de una posición exclusivamente técnica. Lo ideológico y lo político están fuertemente implicados, como sucede con cualquier decisión de política educativa, sea a nivel nacional o institucional. 

 

Parte de estas decisiones están ligadas a las determinaciones de como trabajar al interior de la institución. Mirando la educación apenas como un servicio, Ishikawa (1986) propone los círculos de Control de la Calidad Total que plantea que el estado ideal de la empresa es cuando la inspección ya no es necesaria, pues cada trabajador o funcionario se convierte en el capataz de los demás, se autocontrolan, denuncia y sancionan en medio de una competición cotidiana. Esto tampoco es carente de ideología o apolítico. 

Calidad hoy

Con los antecedentes previos se entenderá que por varios años en lugar del derecho a la educación, se pasó a la medición más elemental que es la del ingreso. Pero los componentes del derecho, de los que hablaremos más adelante, consideran que el ingreso solo es un factor necesario para ejercer el derecho y no el derecho en sí mismo. 

Pero más tarde, en medida que se consideraba más lo administrativo, la calidad se está ligando a un “consenso para la gobernanza” del derecho. Nuevamente, no se trata del derecho en sí mismo sino a un desvío en el análisis, para fomentar mecanismos administrativos y comerciales habitualmente dispuestos por organismos como la Organización Mundial del Comercio (OMC).

A más de los mecanismos de comercialización, privatización directa e indirecta, la idea de gobernanza promueve la estandarización educativa. Esto calza con el inicio mismo de nuestra historia, pues Deming planteó que “la calidad no es preferencia, ni la calidad es tecnología u originalidad”; “la calidad es el grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo coste adecuado a las necesidades del mercado” (ídem). La estandarización, al igual que todo el lenguaje empresarial, es factible y realizable para la fabricación de objetos, pera no lo es para los derechos humanos. La educación no puede olvidar el contexto social y cultural en el que se desarrolla, los objetivos concretos o inmediatos y los de carácter histórico o estratégico de los pueblos, la relación en territorio con los otros derechos y perspectivas propias de futuro colectivo.

 

Con estas concepciones anteriores se mezcla la visión de organismos internacionales que establecen una relación directa entre derecho de la educación y el Objetivo 4 del Desarrollo Sostenible (ODS-4): “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. Una vez más sin especificar de manera concreta a que se refiere con calidad, y nótese que aspectos tan importantes como la inclusión, la equidad y la oportunidad de aprendizaje están a la par, pero fuera de esa calidad mencionada, pero nada especificada. En las metas planteadas se observa una fuerte inclinación a garantizar acceso a la educación básica y equidad en el acceso a los otros niveles, como lo evidencian publicaciones especializadas de la misma ONU y también la inclusión de las nuevas tecnologías (seis de las diez metas del ODS4 se refieren a esto), lo que permite ver limitaciones en el uso de este concepto. 

 

La medición de calidad hoy más frecuente está en el uso de indicadores de rendimiento, fácilmente cuantificables y comparables, acortando costos. Para realizarla es necesario dejar de lado todo lo referente al contexto histórico, cultural y social, así como olvidar los factores asociados al aprendizaje que están dentro y fuera de la institución educativa. Una medición propiamente homogenizadora, que compara países de distintos continentes y culturas sin considerar nada más. Por ejemplo, mucho se nos menciona que los niños y niñas de Japón o de Corea del Sur demuestran mayor conocimiento matemático que la niñez ecuatoriana, pero se silencia que la competencia a la que están sometidos lleva a que estos dos sean parte de los países con mayor índice de suicidio infanto-juvenil.  Desde una perspectiva más humana será mejor que en promedio conozcan un poco menos pero que sean más felices, que valoren el juego y la socialización como sus derechos y escenario de formación social, que disfruten la vida y no la destinen a competir con los otros.

 

Otra calidad para otra sociedad

 

Como vemos, al emplear un término tan ambiguo como “calidad”, se presenta un anhelo pero que no puede ser entendido por igual por los distintos sectores sociales, que en realidad oculta los objetivos realmente buscados. Debería ser obvio que aquel tipo de calidad “empresarial” e incluso industrial, no corresponde a los derechos sociales, pero aún se lo promueve en distintos ángulos. Cada vez que se habla de una reforma educativa orientada por el mercado o a partir de viejas y nuevas fórmulas de mercantilización, el derecho retrocede y la “calidad” sometida a la estandarización toma su lugar.

 

Con ello se explica que, al menos, se debería exigir siempre que se especifique de que calidad estamos hablando. Muchas posiciones cercanas a la educación popular, crítica o emancipadora buscarán diferenciarse con adjetivos que aclaren qué clase de educación se busca. Por ello, se dirá, por ejemplo, que se desea una calidad humana de la educación (o con sentido humano), una calidad integral, calidad de carácter histórico, calidad democratizadora, calidad centrada en el educando, entre otras definiciones. En todas ellas un rasgo común es el intento de ver a la educación de manera totalizadora, ligada a contextos social, cultural e histórico y propuesta desde finalidades de carácter social.

 

Con una perspectiva de estas características se busca superar el sentido instrumental de la calidad de la educación (que mide aspectos del funcionamiento del sistema desde la eficiencia del centro educativo, aislado del conjunto social) y su complemento la “calidad intencional” que procura promover los valores capitalistas presentados como modernización (Chiroque, Díaz y Timcopa, 1992). Señalamos que estas características humanas y democráticas se expresan primero a modo de principios antes que recetas. Es más importante que quien ejerce la docencia esté convencido y comprometido, por ejemplo con la vivencia de los derechos de la niñez, y que tenga la capacidad de hacer realidad esos derechos en cualquier circunstancia de las tan variables y sorprendentes que encuentre en la docencia.

 

Bajo esta consideración, diversas fuentes plantearán como aspectos ineludibles, pero sin un orden consecutivo, múltiples principios y requisitos. Enumeramos los que nos parecen más pertinentes para el momento histórico:

 

  • Principio de la educación como derecho humano. Como punto de partida y antes de entrar a las expresiones del derecho en sí mismo, señalemos que la educación, a partir de la familia en la que nos criamos, indistintamente de que tipo de familia sea, cumple un papel fundamental en nuestra humanización individual y como especie. En lo individual es fácil comprender que si tempranamente se nos aísla, como históricamente ha sucedido con niños y niñas con alguna condición de discapacidad notoria, es posible que ni siquiera aprendamos el lenguaje y, dado que lenguaje y pensamiento son inseparables, no lograremos una adecuada formación y desarrollo de la inteligencia; además, sin educación y la fase de socialización primaria, no lograríamos ser personas en condiciones de convivir en nuestra sociedad y cultura. Como especie, está demostrado que los procesos educativos incidieron en la evolución general, que en el caso de los seres humanos la evolución es tanto biológica como social dándonos el carácter de una especie muy diferenciada a las anteriores.

 

  • Principio de educación con visión de derechos. Los derechos humanos, de carácter fundamental, son potestades que corresponden a cada persona por el hecho de ser parte de la familia humana, sin distingo de ningún tipo. Nos colocan en una condición que se integra a la perspectiva de lucha de Rosa Luxemburg: «por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres».

 

La vivencia de derechos, de todos y cada persona que forma parte de la comunidad educativa, la prioridad del interés superior del niño y la niña, van mucho más allá de memorizaciones y debe llegar al establecimiento claro de mecanismos de exigibilidad que den garantía a los derechos. Una convivencia entre iguales será una que deje de lado el etnocentrismo, el racismo, el sexismo y androcentrismo, el clasismo. Es procurar una escuela que sea refugio y faro de transformación.

 

  • Principio de democracia y justicia. Ligado a lo anterior está el compromiso por eliminar toda forma de discriminación y encaminarse hacia la igualdad real de oportunidades educativas. La democratización de las escuelas implica un fortalecimiento y priorización de la educación pública presencial y el uso de mecanismos de apoyo permanente a los sectores que con mayores dificultades acceden a las aulas.

 

En este y en los principios anteriores, la inclusión educativa indistintamente de las diferencias personales se convierte en una obligación del sistema educativo en todos sus niveles. 

 

  • Principio de la transformación social. La educación no puede ser solo repetición de saberes asumidos por la humanidad, sino la formación en cada uno de la capacidad de transformar y transformarse de manera dialéctica: me transformo a mí mismo transformando la realidad y, a su vez, la transformación de la realidad conlleva a una transformación personal. El ritmo y grado de este proceso transformativo puede ser distinto, pero es ineludible y debe formar parte de la vida en la escuela.

 

Este principio hace referencia también la relevancia establecida en el qué y para qué de la educación; y la pertinencia en su relación con las necesidades de la comunidad y los y las estudiantes, para que su aprendizaje sea útil y transformador y construya autonomía, autogobierno e identidad.

 

La transformación social involucra una clarificación de valores y criterios personales, un compromiso con la sociedad deseada pero que no es la actual, un trabajo intencionado en esa dirección. Solo así, ligando pensamiento y acción, se podrá, por ejemplo, contribuir desde la escuela a la lucha contra la corrupción generalizada. La vivencia es también ejemplo de educadores y educadoras, del conjunto del personal de la institución educativa, logrando un impacto muy por encima de los acostumbrados sermones y moralejas.

 

  • Principio de integralidad. La educación es formación integral de la persona, de su personalidad. Por tanto, debe asumir que los humanos debemos encontrar en la institución educativa el escenario y condiciones para el desarrollo de la capacidades y funciones mentales superiores, de distintos talentos y de nuestra característica como seres senti-pensantes. 

 

Para lograr esa integridad se debe conjugar la teoría y la práctica, el trabajo intelectual y el manual, el aula y el contacto con la comunidad, un nivel educativo con otro, las diferencias y necesidades específicas de aprendizaje. 

 

Si se quiere, entonces, hablar de una calidad humana, social e histórica de la educación o una calidad basada en los Derechos Humanos, por lo general lo cuantitativo será insuficiente, como lo es con cualquier proceso humano. Una visión de la educación como acción intencionada y orientada presume la necesidad de formas de evaluación colectivas, cualitativas y cualitativas, que rompan la forzada homogenización y den respuesta a las realidades concretas de cada país, nacionalidad, sector. 

 

La educación digna como alternativa conceptual y práctica

 

Para salir de la confusión que acompaña a la calidad educativa es muy importante contar con un punto de partida fundamental y este es el de la educación como derecho humano. Como ya dijimos, se debe presentar sin ningún distingo y sin barreras que nada tienen que ver con la condición de ser humanos. Si se pone otras condiciones, como el pago de costosas matrículas, el derecho deja de para todos y pasa a constituir una mercancía o un servicio que está solo al alcance de algunos. Esto ya rompe con los criterios de calidad según la demanda, según el precio del servicio o la compra-venta. 

 

Como derecho, la educación se interrelaciona con los demás derechos humanos. Por un lado posibilita otros derechos como la salud (quién se educa conoce la manera de prevenir enfermedades y no cae en las trampas de los opuestos al conocimiento científico) o la participación (un pueblo educado en su historia y análisis de la realidad no será víctima de la demagogia); por otro lado, la educación depende de la garantía de otros derechos (en Ecuador la desnutrición crónica infantil afecta a uno de cada tres niños y niñas y esta condición dificulta el desarrollo de capacidades como la abstracción, por lo que se les hace más difícil la matemática o el uso de nuevos conceptos).  Una vez más, aquí la visión del derecho humano se muestra muy superior al de calidad, al considerar la integración de la vida del estudiantado con la educación, recordando el viejo decir que “educamos desde la vida y para la vida”.

 

En consecuencia, es fundamental considerar la relación que tienen los derechos humanos con la dignidad de la persona. Derechos y dignidad se encuentran tan atados, que deberíamos considerar a esta como un requisito fundamental para la educación. La Declaración Universal de Derechos Humanos en su Preámbulo reitera que «la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana». En el Artículo 1 se remarca: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

 

A muchos sorprende que se mencione a la dignidad primero, pero es que esta es considerada como la base de todos los derechos humanos. Pero, a la vez, los derechos humanos le dan contenido y profundidad, de manera que dignidad no puede ser una palabra indistinta, sino sinónimo de cumplimiento real de esos derechos. Por ello, en muchos países la dignidad humana es en varias constituciones y legislaciones un claro argumento jurídico.

 

En consecuencia, vivir con dignidad solo se expresará cuando se cumplan con los demás derechos. Así lo dejará ver Antônio Cançado Trindade, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- (Villagrán y otros 1999):

 

La privación arbitraria de la vida no se limita, pues, al ilícito del homicidio; se extiende igualmente a la privación del derecho de vivir con dignidad. Esta visión conceptualiza el derecho a la vida como perteneciente, al mismo tiempo, al dominio de los derechos civiles y políticos, así como al de los derechos económicos, sociales y culturales, ilustrando así la interrelación e indivisibilidad de todos los derechos humanos.

 

Amnistía Internacional (2005, p. 15), organización defensora de los derechos humanos, ratificará que: “La dignidad humana exige el respeto por todos los derechos de todas las personas: nada es más prioritario que el derecho a vivir con dignidad”. Del mismo modo, lo harán otras organizaciones como Human Rights Internship Program y Asian Forum for Human Rights and Development: “No es posible alcanzar el fin último de asegurar el respeto por la dignidad del individuo sin que éste disfrute de todos sus derechos” (íbid, p.15).

 

De aquí cabe observar como organismos de las Naciones Unidas han ido adoptando este criterio. Tal vez la expresión más concreta está en la Organización Mundial del Trabajo que plantea como un objetivo “el trabajo digno”. En el mundo educativo todavía no hemos acogido con suficiente fuerza la relación entre el derecho a la educación y la dignidad humana y como el sistema educativo debe impulsar la dignidad por medio del trato igual a todos y todas.

 

Una educación digna estará centrada en los seres humanos y sus múltiples diversidades, en el colectivo y no solo en el individuo, diferenciándose de lo que desde el punto de vista hegemónico se ha querido entender como educación de calidad. Hablar de una educación digna será más útil, clarificador y movilizador que el hablar de educación de calidad. 

 

Una educación digna requiere partir de una comprensión de los derechos en su conjunto y de los retos que plantea transformar la sociedad para que sean vigentes en la cotidianidad de los países. En el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas se señala lo siguiente:

 

  1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
  2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
  3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

 

De manera complementaria, la Observación General 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), en su artículo décimo tercero analiza la manera de realizar el derecho a la educación. Se trata de “cuatro características interrelacionadas y fundamentales” que debe tener la educación en todas sus formas y en todos los niveles. De manera resumida estas son:

 

  1. Disponibilidad.  Debe existir instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado, distribuidas en forma equitativa en todo el territorio, con equidad en la disposición de recursos necesarios, incluyendo los comunicacionales y tecnológicos. 
  2. Accesibilidad. Las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a todos, sin discriminación, en el ámbito del Estado. La accesibilidad consta de tres dimensiones, considerando el principio de la no discriminación.  
  • Accesibilidad física. La institución educativa debe estar a una distancia razonable de la vivienda, al igual que las nuevas tecnologías, sin barreras arquitectónicas y en entornos seguros.
  • Accesibilidad al currículo. Asegurar el derecho (no obligatoriedad) de aprender en su propia lengua y los materiales y condiciones necesarios para quienes tengan necesidades específicas de aprendizaje.
  • Accesibilidad económica. No solo se refiere a los costos de matrícula, sino también a los de libros y materiales, movilidad, alimentación, conexión a internet y otros que se convierten en barreras a la equidad que debe caracterizar a la educación.
  1. Aceptabilidad.  La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes y, cuando proceda, los padres; y
  2. Adaptabilidad.  La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados.

 

La obligatoriedad hasta el bachillerato y la gratuidad hasta la universidad, señaladas en la Constitución del Ecuador serán, simultáneamente, condiciones para que se haga posible el derecho a la educación, demostrando además la superioridad social y moral de la educación pública. Obligatoriedad y gratuidad también deben ser requisitos de las políticas públicas democráticas e innovadoras y deberían serlo a lo largo de toda la vida (Isch, 2022).

Algunos pasos necesarios

Para lograr una educación digna se deben dar algunos pasos que comprometen a todos los actores del sistema educativo, al Estado y a la sociedad en su conjunto. Lo primero será ganar la conciencia mayoritaria a favor de la educación como un derecho humano y que consecuentemente debe ser una prioridad nacional. A partir de ello se podrá cambiar la óptica de la planificación educativa, sacándola de los esquemas burocráticos y tecnocráticos, para construir planes realmente participativos considerando la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Esto tendrá su correspondencia con evaluaciones que abarquen estos aspectos, los resultados de aprendizaje, el financiamiento, la participación social y otros elementos.

Hay varias contradicciones sociales y conceptuales que confrontar. Con carácter de urgencia, una primera es que, si retomamos la visión de educación como formación integral, la enseñanza será múltiple y dirigida al desarrollo de las capacidades mentales y por ello incluirá arte, valores, cultura propia y universal, ciencia y deporte, se preocupará de los planes de vida y de la herencia social. En contraste, encontramos que lo que se impulsa desde sectores de poder es la educación centrada en el paradigma STEM (siglas en inglés para Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) que subestima la formación humanista y termina rechazando la importancia de áreas como la filosofía o la historia.

Una segunda urgencia es la defensa de la educación pública y gratuita frente a los números intentos de privatizarla y convertirla en una mercancía de acceso diferenciado. Como hemos visto, la educación pública es garantía fundamental del derecho, es constructora de democracia real, es sostén de la cultura propia y nexo con lo universal de la cultura. La equidad educativa requiere de la educación pública, pero esta se encuentra amenazada como en pocos momentos de los últimos siglos.

Tercero, encontramos la contradicción entre la presencialidad y la reducción o eliminación de la escuela como centro de encuentro humano, como núcleo del tejido central, como lugar de socialización y humanización. La tecnología actual y la que se presente adelante no puede reemplazar estas funciones de la escuela, pero mal empleada podría aislar aún más a las personas, ponernos frente al “sálvese quien pueda” y beneficiar a los poderosos. 

La realidad nos presenta estas y otras contradicciones, las mismas que luego se reflejaran en las condiciones de trabajo docente y de estudio de los educandos, en los resultados de aprendizaje y en las posibilidades o no de mejorar las condiciones de vida de las persona, familias y comunidades. Este texto solo pretendió a ayudar en el debate necesario para enfrentar esta que será una importante lucha de la humanidad. 

Referencias

Amnistía Internacional (2005). Derechos humanos para la dignidad humana. Una introducción a los derechos económicos, sociales y culturales. Madrid.

Chiroque, S. Díaz, C. y Tincopa, L. (1992). Diversidad curricular, pistas y derroteros. Lima, Edaprospo.

Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (2020). La mejora continua de la educación. Principios, marco de referencia y ejes de actuación. Ciudad de México.

de, Serie C, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voto conjunto de los Jueces Cançado Trindade y Abreu-Burelli.

Deming, W. Edwards (1989). “Calidad, productividad y competitividad a la salida de la crisis”; Editorial Díaz de Santos; Madrid, 1989.

Isch L., E. (2013). Meritocracia no es democracia. https://www.sinpermiso.info/textos/meritocracia-no-es-democracia 

Isch L. E. (2022). La educación en crisis. Quito, ediciones del Instituto de Estudios Ecuatorianos (en proceso de publicación).

Isch L., E (2022). El derecho a la educación superior y sus amenazas. Aprendamos a Educar 7: Universidad y compromiso social. Quito, Ediciones Opción.

Ishikawa, Kaoru (1986) “¿Qué es control total de la calidad?”; Editorial normal; Colombia, 1986.

Kanji, Gopal K. and Mike Asher. 1993. Advances in Total Quality Management. Avances en la Administración de la Calidad Total. N.p.

Max-Neef, M., Elizalde, A. & Hopenhayn, M. (1986). Desarrollo a Escala Humana: una opción para el futuro. In: Development Dialogue (número especial). Uppsala, CEPAUR – Fundación Dag Hammarskjöld.

Morales Basadre, R. (1993). Educación, inversión para el desarrollo. IPAE, Foro Educativo N°3, Lima, 1993.

ONU (2018). Quality education: Why it matters. http://www.un.org/ sustainabledevelopment

Villagrán Morales y otros (1999). Caso de los «Niños de la Calle», sentencia de la CIDH del 19 de noviembre de 1999.

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Desandar el camino del capitalismo, bocado a bocado

Este artículo se publicó originalmente en el Magazine 2023. Puedes adquirir las revistas en este enlace.

«La ganadería tal y como la conocemos hoy no ha sido fruto de ningún desarrollo natural ni surgió para satisfacer unas necesidades humanas de alimentación, sino más bien para satisfacer la voracidad económica y expansiva de unas élites concretas».

La crisis climática, nuestro objeto principal de preocupación, va acompañada de muchas otras crisis: energética, de biodiversidad, social. La mayoría comparten causas, casi todas tienen soluciones parecidas. Esto no quiere decir que no merezcan ser estudiadas y abordadas por separado, aunque solo sea porque las particularidades de cada una pueden ayudarnos a entender y enfrentarnos mejor al resto.

Cada vez más informes indican que la biodiversidad planetaria está disminuyendo a una velocidad alarmante, y que esta disminución está ligada a las acciones humanas sobre el planeta y las especies que lo pueblan. Queremos centrarnos en dos de estas actividades por su importancia en nuestro país, por lo centrales que son en la lucha climática y por las posibilidades políticas que abren– son la agricultura y la ganadería. Aunque han sido practicadas por diversos grupos humanos desde hace miles de años, son en su forma actual fundamentalmente diferentes de prácticas anteriores, en particular la ganadería. La cría de animales moderna no es solo la primera causa de pérdida de biodiversidad en el planeta, sino que también ha sido un eje fundamental para el nacimiento y perpetuación del orden social y económico que nos gobierna. Explicar esto requiere que hagamos un pequeño viaje a los orígenes del capitalismo.

Podemos situar el inicio del capitalismo en Inglaterra, entre los siglos XVI y XVIII, a través de la agricultura y el proceso de acumulación originaria. Aquí partimos de dos ideas fundamentales. En primer lugar, en el feudalismo, el campesino, el siervo, no solo era propietario, aunque sujeto a tributo, de la parcela de tierra asignada a su casa, sino además era copropietario de los terrenos comunales. La segunda cuestión esencial es que el paso de un sistema a otro se llevó a cabo, fundamentalmente, mediante la expropiación y desposesión de estas tierras comunales, despojando a los campesinos de sus medios de subsistencia para transformarlas en tierras privativas en manos de las élites, aristocracia y grandes terratenientes. Este proceso provocó que los campesinos huyeran del campo a las ciudades y transformó a estos campesinos, formalmente “siervos”, propietarios de sus tierras, en “obreros” asalariados, formalmente libres, y los dejó a merced de lo único que les quedaba: su fuerza de trabajo.

Aquí añadimos dos perspectivas importantes: esta transformación en el modo de producción en general, y agrícola en particular, trajo consigo una devaluación no sólo de los campesinos, sino también de los animales y de las mujeres. Los animales pasan de ser considerados productores o parte del campesinado o incluso de la familia a ser simples máquinas al servicio de las nuevas necesidades capitalistas, con lo que son sometidos a intensas prácticas de violencia y sometimiento, así como a una selección genética que resulta en una transformación profunda de sus propios cuerpos para una producción mucho más intensa, junto con una menor inteligencia y mayor dependencia del ser humano.

Por tanto, la ganadería tal y como la conocemos hoy no ha sido fruto de ningún desarrollo natural ni surgió para satisfacer unas necesidades humanas de alimentación, sino más bien para satisfacer la voracidad económica y expansiva de unas élites concretas, siendo una herramienta clave para la concentración de riqueza, la aparición de la sociedad de clases y la división del trabajo. Cuando hablamos de la ganadería hablamos también, por tanto, del uso y la explotación y selección de animales y de la distribución de la tierra, y de sus efectos en el orden social y natural.

Ganadería y biodiversidad

Si nos centramos en el impacto de la ganadería en la biodiversidad, este se produce principalmente a través de la transformación de suelo sin explotar y ricos en especies vegetales y animales en monocultivos comerciales. Esta conversión en monocultivo conlleva automáticamente la pérdida de la riqueza vegetal propia de la zona, pero además requiere de la aportación de múltiples insumos –fertilizantes químicos, insecticidas– que conllevan la desaparición de multitud de especies animales, empezando por los insectos.

En nuestro entorno no es raro encontrarse con monocultivos: las grandes extensiones de fruta de hueso en Aragón y Catalunya, recientemente popularizadas por Alcarràs, o las vegas bajas del Guadiana, que producen el 6% de los tomates del planeta son monocultivos principalmente destinados a la exportación. Pero palidecen ante las grandes extensiones de soja de Brasil o de maíz en Estados Unidos, destinadas principalmente a la fabricación de piensos para consumo por parte de la ganadería industrial. Este es el mayor culpable de la pérdida planetaria de biodiversidad.

Las granjas industriales son industrias relativamente discretas: la altísima densidad de animales estabulados permite que instalaciones industriales que producen altísimos beneficios –Campofrío y El Pozo se encuentran entre las cien principales empresas de España– pasen casi desapercibidas, visibles solo como alargadas naves que se ven a lo lejos desde alguna carretera, normalmente secundaria. Nada comparado con lo vistoso de los amplios pastos ocupados por la ganadería extensiva. Sin embargo, las cifras son claras: el 95% de la carne consumida en España proviene de la ganadería intensiva.

Hemos dicho que las granjas industriales son discretas. Esto es cierto para la mayor parte de la población, pero no para los pueblos en los que se sitúan: según un informe de Ecologistas en Acción, la pérdida de calidad de vida asociada a esta industria (olores, plagas, purines que contaminan los ríos…) no se compensa con los escasos empleos que producen, y en los últimos años se han convertido en un factor más que contribuye a la despoblación del interior de la Península. Tampoco lo es para los que trabajan en mataderos, empleos con condiciones precarias que están asociados con multitud de lesiones en los trabajadores, tanto físicas como psicológicas. En los últimos años, ni siquiera la mayoría de productores de carne se ven beneficiados por la industria, que tiende de tal forma a la concentración que ha provocado que los propios dueños de explotaciones medianas y pequeñas apoyen la aprobación del decreto ley que prohíbe las granjas de más de 725 vacas lecheras. Este decreto viene tras una fuerte lucha de vecinos y ecologistas en sitios como Noviercas, Soria, donde se quería construir la sexta explotación bovina más grande del mundo, con más de veinte mil vacas.

El gran reto, sin embargo, es el de las granjas de cerdos, animales que se crían por millones en España (un 50% más que hace diez años), y de los cuales gran parte se consume, pero otros tantos se venden a China. Esto, sin embargo, parece tener los días contados: las importaciones chinas han empezado a caer, y lo que en la última década ha sido un negocio sin riesgo podría tambalearse en el futuro próximo. Tras haber convertido, eso sí, grandes superficies de territorio en piscinas de purines. Sería deseable que las instituciones tomasen cartas en el asunto y fueran reduciendo la dependencia de la economía de las exportaciones y la cría de ganado porcino, empezando por la aprobación de un decreto similar al de las granjas de vacuno y, siguiendo por la potenciación de la agricultura ecológica y las dietas ricas en vegetales de proximidad.

Deshacer el nudo

Como creación humana que es, la ganadería y su posición central en nuestras vidas y dietas puede y debe ser transformada. Esto no implica, como a veces claman las empresas cárnicas y sus propagandistas, acabar con los modos de vida tradicionales, sino transformar estos modos de vida, renunciando a las partes más lesivas para personas y animales y potenciando las que nos enriquecen.

Trabajar en un matadero donde no te dejan descansar y no te proporcionan medios de protección adecuados no es parte de ninguna tradición, tener tiempo y dinero para ir con amigos a tomar algo, sí; tener que ir al colegio con manga larga en verano porque si no te muerden las moscas del estiércol no parece muy reivindicable, que haya profesores suficientes para no tener que llevar a tus hijos a un colegio agrupado a cincuenta kilómetros, sí. Producir verduras de temporada con la garantía de que el comedor del hospital comarcal va a comprar toda la cosecha es mejor que coger el coche para ir a una granja de cerdos a comprobar si las crías tienen el tamaño suficiente para ser sacrificadas.

Las ventajas para los habitantes de las zonas directamente afectadas por la ganadería industrial son evidentes; también las que este cambio tendría (y tendrá) para una población, la española, que consume mucha más carne de los máximos aceptados por cualquier institución médica, además de disminuir radicalmente el riesgo de que tenga lugar otra pandemia como la que todavía padecemos. Dejar de producir y consumir carne de ganadería intensiva significará, también, dejar de ser cómplices del imperialismo ecológico ejercido por la industria agroalimentaria, y contribuir al final de la deforestación de ecosistemas únicos (y de los pueblos que dependen de ellos), actualmente en vías de desaparición para la producción de pienso. Y, desde luego, acabar con la producción y consumo de carne de procedencia industrial tendrá inmediatos efectos en el bienestar de los millones de animales criados para consumo.

Creemos firmemente que la transformación ecosocial que ya está en marcha no tiene por qué consistir en una sucesión de derrotas, renuncias y desastres. Hay muchos caminos que llevan a futuros en los que la mayoría vivimos mejor que ahora. No parece probable que mantener el cruel y contaminante sistema actual de producción de alimentos sea necesario para recorrerlos. Creemos que otra sociedad es posible, otra en la que desmontemos el elemento identitario, asociado a la masculinidad y al estatus, que aún conserva la carne; y la sustituyamos por una alternativa que genere -otra- riqueza al mundo rural, con un gran impulso público para la restauración de ecosistemas que cuente con los habitantes de pueblos y comarcas, con cooperativas agrícolas, con centros de protección de animales en peligro de extinción que arrebaten a la caza su falso papel conservacionista. Y que, por supuesto, plante más de las legumbres que consumiremos a diario

Fuente de la información:

Fotografía: Climática

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Desobediencia civil como poder constituyente/desinstituyente: una nueva práctica política anticapitalista

Mediante este trabajo3 pretendemos presentar una nueva lectura de la desobediencia civil, con el objetivo de revelar sus potencialidades de cara a la construcción de una democracia radical anticapitalista. Tras discutir las diferencias entre poder constituyente y poder desinstituyente, afirmando que la desobediencia civil se ejerce en una relación en la cual ambos están activados, el trabajo concluye con la indicación de las características y formas de acción de la desobediencia civil entendida como manifestación del poder constituyente/desinstituyente.

PODER CONSTITUYENTE/DESINSTITUYENTE

Se puede entender el poder desinstituyente como fuga o éxodo de las formas institucionales por las cuales se expresa el poder político-económico contemporáneo, traducido en instituciones como el Estado, los bancos y los mercados globales. Si bien todo acto constituyente implica necesariamente dinámicas desinstituyentes, la naturaleza radical de la crítica que pretendemos imprimir a la totalidad del sistema político-jurídico actual exige que la desinstitución sea pensada de manera independiente, teniendo en cuenta que no se trata de un simple momento lógico necesario para futuras constituciones.

El deseo de libertad se traduce, ya no en la dialéctica entre poder constituyente y poder constituido, sino en la relación horizontal entre poder desinstituyente y poder constituyente permanente. Si bien el proceso histórico de afirmación del derecho occidental se fundó en la violencia apropiadora y jerarquizante, algo que es incontestable, no existe motivo alguno para afirmar que siempre será así y que toda productividad lleva consigo el signo de ese arjé. Afirmar esta tesis, la de la indisolubilidad entre violencia, producción y constitución, significa confundir historia y ontología, bloqueando así las posibilidades concretas de transformación social. No todo lo que fue tiene que continuar siendo, ya que la historia es una obra humana y no una forma que se impone en su mismidad a lo largo del curso de los hombres y sus sociedades.

Toda acción política implica una apuesta que, sin embargo, no precisa ser ciega. La constitución de nuevas estructuras político-jurídicas por el poder constituyente popular, partiendo necesariamente de la desconstitución de las antiguas formas capitalistas, indica la asunción de una nueva visión de mundo por parte de los titulares reales del poder político. El gesto mismo de la negación de lo que está ahí –los dispositivos jerárquicos y apropiadores constituidos con base en el capital– equivale a una creación por la vía inversa, en el sentido de un futuro abierto en el que nada está garantizado, salvo la imposibilidad de continuar viviendo bajo un sistema político-jurídico-económico global que, ya habiéndose mostrado claramente insano, amenaza a la propia existencia física del planeta en el que se desarrolla. En otras palabras: no podemos saber qué surgirá a partir de la potencia constituyente, que es inmensurable y relativamente indeterminada, pero sí podemos afirmar, basándonos en el poder desinstituyente, que este nuevo mundo no será en nada parecido al actual sistema excepcional del capital.

A diferencia del poder constituyente, que bajo el paradigma moderno correspondía a la idea de soberanía, traduciéndose como potencia imprevisible capaz de crear nuevas formas que no pueden ser conocidas de antemano, el poder desinstituyente se presenta como contenido negativo, es decir, posibilidad que se actualiza en la medida que niega las estructuras determinadas y concretas que integran los dispositivos institucionales existentes de hecho. En efecto, aún no sabiendo cómo será un mundo post-capitalista, pensarlo exige necesariamente que abandonemos el proyecto histórico de tomar las estructuras del Estado, centrándonos más bien en un acto de deserción en relación a los poderes que nos pretenden hacer creer que vivimos en «democracias respetables» (Jappe, 2015:121).

Como señaló Furio Jesi acertadamente en su ya legendario estudio sobre la simbología y la mitificación de la revuelta, una de las más temibles conquistas del capitalismo fue el haber hecho de sus estructuras verdaderos patrones y símbolos de fuerza, de modo que todas las organizaciones que lo critican y lo intentan vencer, tales como los partidos y sindicatos de izquierda, se sienten inexorablemente impelidos a reproducir sus formas, como si estas estuvieran fuera de la historia y representasen símbolos no-contingentes de poder (Jesi, 2014:87-88). Sin embargo, como ocurre con toda mitificación no-genuina, aquella del poder capitalista es un mero accidente de época, no suponiendo ningún contenido de verdad extra-histórica. En ese contexto, el poder desinstituyente se muestra como una fuerza que, más que hacerle un hueco a lo nuevo, hace posible la historización del capitalismo y, consecuentemente, su crítica radical y derrocada. Para cumplir este papel el poder desinstituyente necesita ser pensado en su radicalidad ontológica propia y no como mero símil negativo del poder constituyente, en especial cuando este es entendido como afirmación soberana del pueblo o del Estado, tal como hacen los constitucionalistas en general. Se trata de crear un nuevo léxico político en el que el lugar de la palabra y de la experiencia soberanas –principalmente la del mitologema “pueblo soberano”– sea desactivado y hecho impropio, inauténtico, inútil para los fines ligados a alguna forma de dominación y fractura social que se combata bajo la bandera de un poder constituyente que nada tiene que ver con aquel calificado de ese modo por la tradición del constitucionalismo.

Este punto es importante y no debe subestimarse. En realidad nos parece peligroso concebir el poder constituyente de modo formal y vacío según el paradigma constitucionalista moderno de la soberanía, el cual tiene en Carl Schmitt a su último gran teórico. Al ser abierto e indeterminado, el poder constituyente podría originar cualquier tipo de sociedad. Esto demostraría que el poder constituyente no es el remedio para todos los males, dado que su acción incluso podría conducir a los hombres a organizarse bajo formas todavía más autoritarias que aquellas impuestas por el capital. Dicha consecuencia sería inevitable y constituiría propiamente el carácter político del poder constituyente. De hecho, lo político se identifica, no con la definición y la caracterización del enemigo, sino con la tentativa de ordenar la contingencia y la indeterminación propias de las estructuras sociales. De este modo, actuar políticamente significaría apostar. Ese sería el verdadero sentido trágico del poder constituyente.

Sin embargo, como se ha mencionado con anterioridad, no se trata de una apuesta ciega. Si el poder constituyente realmente funciona basado en la indeterminación y en la abertura que pueden dar origen a cualquier configuración social, algunas incluso peores que el capitalismo, es necesario garantizar un grado mínimo de seguridad. Nadie apuesta sin albergar una cierta confianza más o menos intensa res-pecto a la obtención de resultados positivos. De acuerdo con nuestra propuesta, el garante de dicha confiabilidad le viene dado al poder constituyente cuando este es pensado –y practicado– en relación con el poder desinstituyente. Este, a diferencia del poder constituyente, no está abierto ni indeterminado, aunque sí configurado por la realidad a la que niega. El poder desinstituyente se define por medio de las instituciones existentes, presentando siempre contenido negativo. Aquello que el poder desinstituyente desinstituye es el mínimo a partir del cual actuará el poder constituyente que, de hecho, puede constituirlo todo menos aquello que fue negado por el poder desinstituyente, en caso de estar en juego un proyecto político coherente. En una línea de pensamiento similar, Negri afirma que el poder constituyente no debe pensarse hoy como potencia vacía. Al no existir en la posmodernidad un “den-tro” y un “fuera”, toda fuerza política entra en estrecha relación con la historicidad presente, de manera que el poder constituyente siempre tendrá su sentido determinado por las resistencias y singularidades contra las cuales se choca (Negri, 2015:19).

Instituciones como el Estado, el banco, la bolsa de valores, la propiedad privada, la herencia y el contrato, en la medida en que hayan sido desinstituidas, no podrán ser reconfiguradas por el poder constituyente, que encontrará en la orden negada por el poder desinstituyente un límite a su maleabilidad infinita. De este modo se hace posible que se apueste, ya no sin riesgos –esto sería un contrasentido–, sino asumiendo seriamente la pretensión de construir sociedades más dignas, dife-rentes de aquellas que fueron desinstituidas. El poder desinstituyente funciona como una garantía de no retorno al capitalismo, abriendo un inmenso campo de experiencias en el que, a pesar de no haber nada seguro, se excluyen desde el principio algunas alternativas que ya se habían revelado a lo largo de la historia como inaceptables desde un punto de vista ético –de ningún modo puede justificarse la sumisión del 99% de la humanidad al 1% restante compuesto por los individuos y empresas que dominan el poder político-económico– e ineficientes desde un punto de vista productivo –el trabajo libre produce lo común más y mejor de lo que lo hace el capital, hoy en día limitado a una valorización desmesurada del valor, incluso bajo formas financieras, rentistas y virtuales–.

DESOBEDIENCIA CIVIL

José Antonio Estévez Araújo conceptualiza la desobediencia civil como una actuación ilegal, pública, no-violenta y efectuada con el objetivo de transformar una ley o política gubernamental (Estévez Araújo, 1994:22). Según esta definición, parece que la desobediencia civil solo puede ser practicada dentro de los marcos de un sistema jurídico dado, al cual, de manera general, se respeta. En este contexto, la desobediencia civil sería utilizada únicamente con el objetivo de modificar algunos de los aspectos específicos de dicho sistema. Esta es la comprensión respecto a la desobediencia civil que varios autores desarrollan al tratar este tema en el contexto del poder constituido.

No obstante, incluso algunos teóricos que conciben la desobediencia civil como expresión del poder constituido reconocen que esta puede, en situaciones extremas, llevar a cabo la crítica y la tentativa de substitución de la totalidad de un sistema político-jurídico, tal como se puso de manifiesto mediante las acciones de desobediencia capitaneadas por Gandhi, las cuales se iniciaron con la mirada puesta en algunas políticas discriminatorias del gobierno inglés y luego se transformaron en una campaña contra el sistema colonial al que la India estaba sujeta (Arendt, 1972:77 y Estévez Araújo, 1994:28-29).

Esta situación demuestra que la desobediencia civil, más que un mecanismo de autocorrección del derecho constituido, puede funcionar como expresión de un poder constituyente activado por un poder desinstituyente, como hemos visto anteriormente, excediendo así al derecho positivo dado y presentándose como fuente de juridicidad, y no en tanto su resultado o producto. Para que la desobediencia civil cumpla ese papel, es preciso que estén presentes circunstancias específicas y que puedan estar adecuadamente fundamentadas en cierta idea de derecho que, bajo el punto de vista asumido en este trabajo, presenta una naturaleza democrático-radical. La hipótesis se refiere a que hoy en día esas circunstancias existen plenamente bajo la forma de un estado de excepción económico permanente. Más que colonizar, la excepción económica transformó los Estados Democráticos de Derecho. Al parecer, hemos llegado al punto de no retorno, gracias al cual asistimos a la rápida desconstitución de los derechos y garantías liberales que, pese a no haber funcionado plenamente –tal como sucede con cualquier proyecto humano–, cumplieron un importante papel histórico al inserir parcialmente en el debate y en la vivencia política estratos y grupos sociales antes explotados y oprimidos.

Es importante hacer hincapié en que la desobediencia civil no es ni la única así como posiblemente tampoco la más importante estructura del poder constituyente. Existen diversas formas, tanto pasivas –la huelga general revolucionaria, por ejemplo– como activas –insurgencia, resistencia armada, revolución etc.– cuyo objetivo es la transformación total del cuadro político-jurídico-económico de la excepción. Muchas de estas modalidades de poder constituyente recurren a métodos violentos que, no por ello, son ilegítimos en sí mismos.

No podemos olvidar las lecciones de Schmitt y Benjamin sobre la conaturalidad entre derecho y violencia. De hecho, la normatividad que conocemos surgió de actos originarios de toma de tierra (Schmitt, 1974), los cuales pasaron a ser justificados míticamente a través de metáforas moralizantes, a la vez que el sistema jurídico monopolizó para sí el uso de la violencia, tenida como medio absoluto del derecho y que, por lo tanto, no puede compartirse con otras esferas sociales (Ben-jamin, 1999). No obstante, tampoco podemos olvidar el carácter histórico y no ontológico de las tesis de Schmitt y Benjamin, ya que se refieren a una experiencia concreta de derecho –la occidental, surgida en Grecia, y que hoy se presenta como derecho capitalista-apropiador– y no a toda experiencia jurídica posible.

Poder y normatividad –y no ya violencia y jerarquía– son los elementos de cualquier experiencia jurídica. Si hoy en día estas díadas se encuentran totalmente confundidas, es debido a la irreflexiva e inmediata identificación entre lo que es –el derecho capitalista– y lo que puede ser –otras formas de derecho–. Si tomamos en serio la invitación que hace Agamben a la “generación que viene” para pensar en un derecho en el que la violencia esté desactivada, cabe destacar, entre las diversas formas constituyentes de este nuevo derecho, la desobediencia civil, precisamente por su carácter no-violento que, con un lenguaje místico, no acumula karma o, para ser más claro, no mantiene activo el mecanismo del derecho capitalista que siempre exige más violencia para fundamentarse y llevarse a cabo. Desde esta perspectiva, la desobediencia civil puede pensarse como institución jurídica radicalmente argumentativa, aún más de lo que cualquier otra teoría de la argumentación ligada a los poderes constituidos –violentos por naturaleza– puede admitir.

Estévez Araújo sistematiza las concepciones tradicionales sobre la desobediencia civil afirmando que pueden ser entendidas como prueba de constitucionalidad, cuando mediante el acto de desobediencia se cuestiona directamente la validez constitucional de determinada ley, o como el ejercicio directo de un derecho ya reconocido en la Constitución, cuando, por ejemplo, la autoridad niega el derecho a manifestarse y los desobedientes hacen caso omiso a tal prohibición. En el primer caso, consiste en una postura más activa dirigida al Poder Legislativo, mientras que en la segunda hipótesis los desobedientes adoptan posturas de carácter más pasivo y luchan contra las medidas y las decisiones del Poder Judicial o Ejecutivo. Lo que importa, sin embargo, es que en los dos casos los desobedientes cuestionan actos de ponderación de valores y principios efectuados por el poder público –ya sea al crear o aplicar leyes–, tratando de demostrar que ciertas opiniones, circunstancias y puntos de vista no habían sido lo suficientemente bien considerados y sopesados (Estévez Araújo, 1994:144-145). Se nota que tales teorías de la desobediencia civil se encuentran vinculadas a la necesidad de conmover o activar la opinión pública, con el objetivo de modificar decisiones de las tres ramas clásicas del poder soberano. Sin embargo, la naturaleza profundamente antidemocrática de ese poder permanece incuestionable en su esencia.

En un marco en el cual cualquier transformación político-jurídica relevante pasa por la mediación necesaria de los dos poderes del mercado y del Estado-capital, la desinstitución patrocinada por la desobediencia civil resulta fundamental para la reafirmación constante de la perennidad del poder constituyente. La desinstitución aparece como una importante –pese a no ser la única, como ya señalamos con anterioridad– línea de lucha para la constitución de derechos-que-vienen verdaderamente democráticos y no fundados en el nómos propietario y violento que hoy en día marca –de manera explícita o implícita– las experiencias posmodernas de normatividad.

Resulta evidente la ineficacia de las concepciones que limitan la función de la desobediencia civil a escenarios institucionales de normalidad, cuando esta funciona como válvula de escape o, en el mejor de los casos, como mecanismo de autocorrección o incluso de auto-integración del derecho. En estos casos, la acción desobediente se ve forzada a asumir la validez de toda la estructura político-jurídica vigente, cuestionándole aspectos específicos sin, pese a ello, dirigirse a una desinstitución general del sistema.

Sin embargo, la situación en la que los Estados Democráticos de Derecho se encuentran inmersos hoy en día solo puede entenderse desde la perspectiva de la excepción económica permanente, cuando la unión entre Estado, finanzas y mercado se pone sobre la mesa y determina de facto la dirección antipopular de las políticas estatales, la ilimitación del poder privado capitalista y la pérdida de las conquistas históricas de los movimientos de lucha por derechos iniciados en el siglo XVIII y ra-dicalizados por grupos obreros, negros y feministas, entre otros tantos, durante los siglos XIX y XX.

En este contexto, entender la desobediencia civil como dispositivo de ajuste o corrección del poder constituido significa negarle toda potencia realmente transformadora y democrática, viéndola como uno más de los tantos mecanismos técnicos que, controlados y aprobados por el Estado-mercado, únicamente pueden representar un papel retórico, indicando y comprobando la supuesta normalidad de un sistema de derecho que, en realidad, hace mucho que ya está agotado. De hecho, este sistema ahora es inmune a cualquier reforma verdadera que ponga en juego los fundamentos privados, egoístas e individualistas en los que se apoya, tal como demuestra la crisis político-social que asola a Brasil actualmente, y esto solo por poner un ejemplo de situación que nos resulta cercana. Nos parece inadecuado y contradictorio derivar la fundamentación de la desobediencia civil a partir de los principios de un sistema nômico-propietario que a lo largo de su desarrollo histórico ha sido excluyente, jerárquico y violento, características que claramente se oponen a las de la desobediencia civil, la cual es pública, horizontal y pacífica. Hoy nos urge pensar una política contestataria y crítica que no aspire a ser simplemente una violencia diferente de aquella monopolizada por el nómos propietario. Este es el único modo de escapar al sometimiento total generado por el capitalismo tardío, cuando la subjetivación contempladora garantizada por la sociedad del espectáculo se justifica y se mantiene conjuntamente con la violencia legalizada e institucionalizada característica del estado de excepción. En el mundo imperial de la excepción económica permanente la producción y la acción han de ser totales, ininterrumpidas e irreflexivas. Es por eso que cada resistencia violenta impuesta al sistema lo fortalece, ya que lo lleva a activar nuevos mecanismos de control y subjetivación.

De hecho, en realidad el estado de excepción únicamente puede sobrevivir y prosperar si está justificado constantemente por la resistencia que lo cuestiona y, de ese modo, paradójicamente lo exige y lo mantiene. A diferencia de lo que pensaba Foucault, la resistencia no es la otra cara del poder, sino el poder mismo. Resistir al estado de excepción, incluso haciéndolo de modo justificado y con buenos argumentos, se convierte en una manera de activar a los arcanos del poder, que descansan en la acción productora y reproductora de un mundo social escindido. Desde esta perspectiva, “contra la excepción permanente no cabe rebelión, porque el no cesar de rebelarse constituye el primero de todos los mandatos que tal excepción impone” (Valdecantos, 2014:156). Eso resulta claramente perceptible en las luchas sociales sucedidas entre 2011 y 2013 en EUA, América Latina y Europa, cuando la explosión de indignación popular fue considerada en primer lugar como legítima para en seguida servir como justificación para una profundización sin precedentes –al menos en los Estados autodenominados “democráticos”– de la excepción, con la aprobación de varias leyes y medidas administrativas que penalizan la objeción pública del orden capitalista, llegándose incluso al absurdo al vulnerar los principios básicos de presunción de inocencia y del debido proceso legal, así como el derecho a la información, a la privacidad y a manifestarse, como ocurrió en España gracias a la tristemente célebre Ley Mordaza.

En Brasil el proceso se hizo particularmente evidente al haber irrumpido en junio de 2013 de manera sorprendente, cuando una serie de movimientos acéntricos, horizontales y espontáneos tomaron las calles de las principales ciudades brasileñas. Esto dificultó tanto el espectáculo de la Copa Confederaciones como el aumento de las tarifas del transporte público, y es que el poder excepcional puede presentar a dichos movimientos como símbolos de la barbarie y el desorden, construyendo así a posteriori una estructura de contención, intimidación y control raras veces experimentada en el país, asegurando que la Copa del Mundo pudiera transcurrir sin mayores incidentes. Simétricamente, la aparente victoria consistente en la retirada del Estado y de sus socios económicos en lo que se refiere al aumento de las tarifas del transporte público en 2013 se revirtió a toda prisa en 2015, y en esta ocasión ya sin que el espectáculo mediático se incomodase con la extrema violencia policial mediante la cual las protestas en São Paulo, Rio de Janeiro y Belo Horizonte fueron tratadas y, en pocos días, desacreditadas e integradas a la narrativa triunfal que el orden proclama sobre sí mismo. En la vida política como en la Física, toda acción genera reacción, aunque en el escenario de las luchas humanas la reacción no se produzca en la misma dirección y no tenga intensidad proporcional. De ahí la necesidad de valorar las potencialidades desinstituyentes y constituyentes de una inacción como aquella propuesta por la desobediencia civil.

En la interpretación asumida en el presente texto, en el cual el poder constituyente está estrechamente relacionado con el poder desinstituyente, la desobediencia civil, considerada más allá de la interpretación tradicional liberal y reformista, parece ser uno de los mecanismos más adecuados para pensar y actuar desinstitucionalmente, y esto con una ventaja estratégica imprescindible: al quedar desprovista de violencia, la desobediencia civil no está directamente vinculada a las formas de acción del Estado-capital, genéticamente marcadas por la necesidad de monopolización de la violencia.

La no-violencia es un requisito absolutamente central para alcanzar el éxito en las acciones desobedientes opuestas al poder constituido, dado que en muchas ocasiones las prácticas violentas de movimientos sociales movidos por causas justas se utilizan como motivos que justifican las respuestas más implacables del Estado. La estrategia de la no-violencia tiene por objetivo no solo despertar el sentido moral del adversario –como quería Gandhi–, sino también influir en la opinión pública para así redirigirla contra el Estado y a favor de los desobedientes que pretenden la institución de nuevas estructuras político-jurídicas (Estévez Araújo, 1994:26). A esta percepción estratégico-argumentativa viene a sumarse el aspecto institucional según el cual el uso de la violencia por parte de organizaciones de resistencia está terminantemente prohibido en las democracias constitucionales (Ebert, 1988:93). Con la estrategia de la no-violencia se facilita la legitimación de la idea de desobediencia civil en el contexto del poder constituido que esta pretende criticar y superar.

CONCLUSIÓN

Tal como expone Costas Douzinas, el acto de desobediencia hace posible desvincular las acciones, la conducta y el comportamiento de las personas de la matriz económica capitalista centrada en el consumo, en la deuda y en el juicio moral impuesto a las capas populares, llamadas a soportar indefinidamente los efectos nocivos de la crisis económica permanente en la que vivimos. Al cuestionar el supuesto continuum entre ley y justicia, la desobediencia deja de ser un acto individual de tipo moralizante y se presenta como práctica social de carácter colectivo y emancipador, pudiendo constituir nuevas subjetividades al retirar a los sujetos del circuito deseo-consumo-frustración (Douzinas, 2015:175-176).

La acción ontológica del desobediente no necesita estar organizada por ningún partido político, sindicato, ideología o cualquier otra estructura centralizadora; se trata más bien de un movimiento que, tomando como punto de partida la resistencia, lucha por el derecho a tener derechos, siendo así el grado cero de la política gracias al cual van siendo constituidas nuevas subjetividades (Douzinas, 2013). Lo que aquí importa es la creación de formas emancipadas de interpretar la realidad social y estar en el mundo, desconstituyendo las subjetividades propietarias y jerárquicas en la medida en que se desconstituyen las instituciones que las reproducen de modo cotidiano. Para llevar a cabo esta tarea, la desobediencia civil tiene un papel central. Esta necesita encarnarse ya no solo en las ideas abstractas discutidas aquí, sino en acciones concretas: abandono del trabajo, huelga general en los servicios públicos, impago de impuestos y tasas, ocupación permanente y pacífica de las sedes del poder constituido, abstención electoral masiva, fuga del sistema bancario, multiplicación del cooperativismo etc.

Contradiciendo su tesis final, Hannah Arendt indica que la desobediencia civil, como fenómeno extralegal, puede realmente mostrarse como potencia revolucionaria. Tras señalar que todas las sociedades humanas cambian, están en cambio constante y que, no obstante, por eso mismo precisan de alguna estabilidad, Arendt afirma que el derecho puede estabilizar y regular los cambios después de que estos ocurran, pero los cambios mismos resultan siempre de la acción de potencias extralegales (Arendt, 1972:80), es decir, de algo que excede al derecho, tal como sucede con el poder constituyente. He ahí el porqué la autora llega –según parece, de mala gana– a una conclusión muy similar a la que desarrollamos en este trabajo, según la cual la desobediencia civil es una de las respuestas posibles a la crisis de las instituciones político-jurídicas. Hoy en día el estado de excepción económico se ha hecho la regla y la emergencia cotidiana instaurada por el capitalismo del desastre únicamente puede superarse, más que por un nuevo nómos de la tierra (tal como preveía Schmitt), por la desactivación que solo el rechazo radical del desobediente puede constituir.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arendt, H. (1972). “On civil disobedience”, Crises of the republic. New York: Harcourt
Brace, pp. 49-102.

Benjamin, W. (1999) “Zur Kritik der Gewalt”, Gesammelte Schriften. Band II.1.
Herausgegeben von R. Tiedemann e H. Schweppenhäuser. Suhrkamp: Frankfurt-am-Main, pp. 179-204 (primera ed. 1921).

Douzinas, C. (2013). Philosophy and resistance in the crisis. London: Polity.
― (2015). “Crisis, resistencia e insurrección: el despertar de la izquierda radical en Grecia”, Posdemocracia, guerra monetaria y resistencia social en la Europa de hoy. Madrid: Errata Naturae, pp. 163- 185.

Ebert, T. (1988). “Die Auswirkungen von Aktionen zivilen Ungehorsams in parlamentarischen Demokratien: eine vergleichende Betrachtung”, Widerstand im Rechtsstaat: 10. Kolloquium der Schweizerischen Akademieder Geisteswis-senschaften. Freiburg: Universitätsverlag, pp. 73-116.

Estévez Araújo, J. (1994). La constitución como proceso y la desobediencia civil. Madrid:
Trotta.

Jappe, A. (2015). “¿Todos contra la banca?”, Posdemocracia, guerra monetaria y resistencia
social en la Europa de ho
y. Madrid: Errata Naturae, pp. 115-126.

Jesi, F. (2014). Spartakus: simbología de la revuelta. Trad. María Teresa D’Meza. Ed.
Andrea Cavalletti. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

Negri, A. (2015). “Prefacio a la nueva edición en español”, El poder constituyente: ensayo sobre las alternativas de la modernidad. Trad. Simona Frabotta y Raúl Sánchez Cedillo. Ed. Montserrat Galcerán Huguet y Carlos Prieto del Cam-po. Madrid: Traficantes de Sueños/Secretaría de Educación Superior, Cien-cia, Tecnología e Innovación, pp. 11-21.

Schmitt, C. (1974 ). Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europæum.
Berlin: Duncker & Humblot, (primeira edição de 1950).

Valdencantos, A. (2014). La excepción permanente: o la construcción totalitaria del tempo. Madrid: Díaz & Ponz.

Notas sobre los autores y el artículo

  1. Graduado en Derecho, Máster en Filosofía del Derecho y Doctor en Derecho y Justicia por la Facultad de Derecho y Ciencias del Estado de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG). Doctorando en Filosofía por la Universidad de Coimbra (Portugal). Profesor Adjunto de Filosofía del Derecho y disciplinas afines en la Facultad de Derecho y Ciencias del Estado de la UFMG. Miembro del Cuerpo Permanente del Programa de Posgraduación en Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias del Estado de la UFMG. Investigador colaborador en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Campinas (UNICAMP – 2014/2015). Profesor Visitante en la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona (Catalunya) entre 2015 y 2016. Profesor Residente en el Instituto de Estudios Avanzados Transdisciplinares – IEAT de la UFMG. Autor de ensayos iusfilosóficos tales como Filosofia do Direito e Justiça na Obra de Hans Kelsen (Belo Horizonte, Del Rey, 2006), O Estoicismo Imperial como Momento da Ideia de Justiça: Universalismo, Liberdade e Igualdade no Discurso da Stoá em Roma (Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2009), Kelsen Contra o Estado (In: Contra o Absoluto: Perspectivas Críticas, Políticas e Filosóficas da Obra de Hans Kelsen, Curitiba, Juruá, 2012), Contra Naturam: Hans Kelsen e a Tradição Crítica do Positivismo Jurídico (Curitiba, Juruá, 2013), Power, Law and Violence: Critical Essays on Hans Kelsen and Carl Schmitt (Lambert, Saarbrücken [Alemania], 2013), O Grande Sistema do Mundo: do Pensamento Grego Originário à Mecânica Quântica (Belo Horizonte, Fino Traço, 2014) e Filosofia Radical e Utopias da Inapropriabilidade: Uma Aposta An-árquica na Multidão (Belo Horizonte, Fino Traço, 2015). E-mails: vergiliopublius@hotmail.com e andityas@ufmg.br ↩︎
  2. Máster en Derecho y Justicia (2014) y doctoranda en Derecho por la Universidad Federal de Minas Gerais (Belo Horizonte). Profesora en el curso de Derecho de la Nova Faculdade (Contagem). Su investigación esta orientada a temas como estado de excepción, contrapoderes y resistencias, producción biopolítica de la multitud en la contemporaneidad, democracia y sociedad del espectáculo. E-mail: joykssouza@gmail.com ↩︎
  3. Este artículo fue desarrollado en el contexto del Proyecto de Investigación “Desobediencia civil y democracia: la participación ciudadana no violenta como estrategia de lucha por derechos en contextos de excepción económica permanente”, financiado por la FAPEMIG (Minas Gerais. Brasil) y el Proyecto de Investigación “Desobediencia civil como práctica constituyente e interpretación popular de la Constitución: fundamentación jurídico-filosófica para estrategias no violentas de lucha por derechos en contextos de estado de excepción económica”, desarrollado en el Programa de Profesores Residentes del Instituto de Estudios Avanzados Transdisciplinares de la UFMG (IEAT/UFMG ↩︎

Fuente de la información e imagen:  https://redeslibertarias.com

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Romper al magisterio por lo más DELGADO

Por: Lev M. Velázquez Barriga

Pasadas las elecciones presidenciales, donde la arrasadora mayoría se opuso al proyecto de la derecha, el periodista Luis Hernández Navarro (Hernández, 2024) relata una metáfora, en la cual, las minorías económicamente poderosas hacen sonar sus joyas para revolotear las especulaciones financieras en los tiempos poselectorales, recordando a la nueva presidenta desde los palcos de honor que, desde ahí y no en las urnas populares, su voto tiene un peso especial y no están dispuestos a poner en riesgo ni una sola de las muchas vetas, por donde corren sus inmensos flujos de ganancia que se han incrementado en el primer sexenio de la cuarta transformación.

El periodista no se equivocó. En el nuevo gabinete federal, Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía da certeza a los intereses norteamericanos que se plasmaron en el acuerdo de libre comercio T-MEC; Rogelio Ramírez de la O en
Hacienda, ratifica el pacto que se hizo en la Convención Nacional Bancaria para respetar las reglas de acumulación de capital y seguir la austeridad republicana con los excedentes del Estado, sin incrementar los famélicos impuestos que pagan los sectores empresariales; García Harfuch en Seguridad, coquetea con los grupos más conservadores afines a la mano dura para controlar los brotes de inestabilidad provocados por la delincuencia o los movimientos insurreccionales.

Los anteriores perfiles tienen en común, experiencia en la materia y resultados eficaces en las funciones de Estado; sin embargo, el nombramiento de Mario Delgado como titular de la Secretaría de
Educación responde a situaciones de operatividad política para la partidocracia hegemónica de turno, no importa la filiación ideológica. Su formación tecnocrática en el ITAM, cuna de la derecha mexicana, ha sido útil a la instrumentación técnica de reformas que mantienen las directrices legislativas del neoliberalismo global.

Promotor del Pacto por México, signado con el propósito de llevar a cabo el conjunto de reformas estructurales para el desmantelamiento de las bases económicas, materiales y culturales de la nación; el entonces senador Mario Delgado, presentó la reforma educativa del 2012, instaurando así, el modelo de privatización escolar de autonomía de gestión, la calidad vinculada a la medición estandarizada de los aprendizajes domésticos al capitalismo y un sistema de desprofesionalización, despedagogización y despojo laboral de los maestros, basado en la evaluación punitiva.

Un sexenio después; ahora, afiliado en la oposición, siendo coordinador de morena en la bancada mayoritaria de la cámara baja, sube a tribuna para anunciar la aprobación de una nueva reforma educativa que echaría atrás la presentada por el mismo como senador en el bloque conservador. En su discurso de presentación, agradeció el involucramiento directo y personal de coordinadores parlamentarios de la derecha. René Juárez Cisneros del PRI, celebró diciendo “ganó México” “se mantuvo el objetivo fundamental de titular el derecho de los niños y niñas a un sistema educativo de excelencia” (Universal, 2019), resaltando que no se perdió la visión gerencial de la escuela.

Especial mención, le mereció el coordinador del PAN, ex presidente de la Comisión de Educación en el senado y uno de los académicos de la élite neoliberal que, había dado sustento teórico a la reforma educativa empresarial del Pacto por México: “Quiero expresar mi reconocimiento a Juan Carlos Romero Hicks (…) tú sabes que también lleva tu huella”. (Delgado, 2019). Tiempo después, Romero Hicks declaró que esa reforma no había abrogado la de Enrique Peña Nieto, sino que, “la perfeccionó” (Excelsior, 2019).

Tenía razón. El régimen de excepción laboral dejó de ser sólo una ley secundaria que podría haberse revertido con una mayoría simple en el poder legislativo y se elevó a rango constitucional, es decir, una norma instrumentalista de precarización del magisterio se introdujo entre los fundamentos históricos, filosóficos y pedagógicos de la educación; se eliminó la evaluación vinculada a la estabilidad en el empleo, pero afianzaron de facto los mecanismos meritocráticos de competitividad individual, en detrimento del magisterio como agente histórico y de organización colectiva.

A pesar de que, en la nueva Constitución se exaltó la noción gerencial de excelencia, en los confines del sexenio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se fue construyendo, con tropiezos y dificultades,
un proyecto educativo con otras directrices que recuperaron, a través de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), algunas orientaciones de las educaciones alternativas: autonomía profesional, la comunidad como sujeto colectivo cognoscente y el aprendizaje situado, dinámico, transdisciplinario y problematizador. Conceptualizaciones que tensaron la genética empresarial de lo estandarizado, medible y rentable.

Sin embargo, Mario delgado no se involucró en el proceso de construcción de la NEM, ni tiene conocimiento del territorio educativo y tampoco cuenta con credenciales académicas en las áreas pedagógicas; pero, se le presenta como un político de resultados electorales y habilidades negociadoras favorables al oficialismo. En el supuesto caso de que estas cualidades fueran trasferibles al ámbito complejo de los actores que componen el sistema educativo nacional, estamos frente a un escenario poco prometedor.

Como presidente de morena, fue clave en la permisividad de prácticas y comportamientos antidemocráticos: imposición de decisiones cupulares; constitución de alianzas que rebasaron los límites éticos del pragmatismo; incorporación de sujetos impresentables, violando principios fundamentales de la izquierda electoral; aprobación de candidaturas que suplantaron identidades indígenas y de la diversidad de género; censura a la autocrítica; y, contención de posiciones progresistas.

Con estos antecedentes, no tiene ciencia anticipar lo que el mismo Mario Delgado dejó ver en reunión con el charrismo magisterial, desde el primer día de su designación como titular de la SEP. Estará ahí para consolidar un sindicalismo neocorporativo que legitime la continuidad de la vertiente neoliberal de la reforma educativa, a cambio de prebendas a las cúpulas del SNTE. Con las resistencias magisteriales que aglutina la CNTE, se ven pocas posibilidades de continuidad de diálogo, porque se trata de ponerlos frente a quien fue el artífice de la reforma administrativa y laboral que: encarceló, persiguió, criminalizó, humilló y cesó de su trabajo, a miles de maestros mexicanos.

Más que una designación equívoca, parece una decisión premeditada. Mario Delgado es el tipo de político dispuesto a matizar y revertir los compromisos que se hicieron con la CNTE al calor de la movilización; después de todo, no será la primera vez que mienta sin escrúpulos para avanzar en la profundización del neoliberalismo educativo, intentando contener con engaños los descontentos magisteriales. Para ejemplo de lo anterior, recordamos dos momentos.

En 2019 un grupo de profesores de diferentes entidades, entre ellos cesados, lo cuestionaron sobre la propuesta de dictamen legislativo: “nosotros derrotamos a la reforma y el congreso está decidiendo por sí mismo” “la reforma queda igual” “se queda el marco laboral en el Artículo 3°”. Mario Delgado, respondió sin reparo “no es cierto, alguien los está engañando” “se va a aclarar que los profesores están en el apartado B del 123|°” “el Artículo 3° para la promoción, nada más” “la reforma que se está trabajando, abroga completa la anterior” (Video, 2019). El otro momento, ya no fue una plática privada, sino de cara a la nación y desde la tribuna legislativa “No hay un régimen de excepción para las y los maestros, lo que hay, es una reforma excepcional” (Delgado, 2019).

En efecto, alguien estaba engañando a los maestros del país. Se vació, casi por completo, el régimen de excepción al articulado constitucional, donde históricamente se había definido la educación nacional y ésta como un derecho social. Quedó establecido, fuera del Articulo 123°, un nuevo sistema de profesionalización, para regular de forma unilateral y sin la mediación de la representación de los maestros, no sólo la promoción, también el ingreso y el reconocimiento. Con esta medida, todos los trabajadores del país protegidos por las leyes laborales tienen derecho a negociar sus condiciones de trabajo, a excepción de los profesores.

Sin intencionalidad propositiva desde el gobierno de la república, para revertir los daños causados por el neoliberalismo, el Plan C, de mayoría calificada en las cámaras legislativas, no tendrá los alcances deseables para hacer efectivo el derecho humano a la educación ni para hacer justicia laboral a los maestros. Los límites del progresismo para abrogar el conjunto de medidas estructurales, son sus propios actores políticos.

Los otros poderes, tampoco prometen mucho al magisterio. Apenas la CNTE daba a conocer que el presidente de la república presentaría una iniciativa para modificar las disposiciones de la Ley del ISSSTE de 2007 con respecto a la jubilación; cuando, un día después de anunciado el compromiso, sonó el mallete de los jueces de la SCJN anticipándose a decir que no hay afectaciones al “restringir a los trabajadores la posibilidad de modificar el régimen de pensión que, en su momento, hayan elegido o se les haya impuesto por no haber manifestado su elección en el plazo previsto” (SCJN, 2024).

En este contexto, en el que los grandes capitales suenan las alhajas para hacer valer su poder económico, donde la SEP es otra vez el botín político de la partidocracia y los ministros de la Corte azotan el mazo del supremo poder conservador para impedir cualquier maniobra legislativa progresista cabe preguntarnos, ¿qué harán los maestros para recuperar las conquistas sociales, ante los límites del progresismo y la presencia regresiva de poderes de la derecha, en el segundo piso de la cuarta trasformación?

Fuente de la información e imagen:  https://revistaaula.com

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Mundo de las Ideas: ¿Por qué hablar de brecha epistémica y sus componentes?

¿Por qué hablar de brecha epistémica y sus componentes?

 Luis Bonilla-Molina

 

Tendríamos que comenzar por precisar el concepto que unifica la problemática que nos ocupa. La Brecha epistémica es la distancia que existe entre nuestras ideas e interpretaciones sobre los factores determinantes y asociados a la situación actual, tanto de los sistemas escolares como de las universidades, y lo que realmente ocurre. Se trata de una pérdida de perspectiva, sentido y profundidad teórica, que impide valorar y ponderar adecuadamente los nudos problemáticos, sus lugares de enunciación, así como las rutas de abordaje propositivo de las expectativas sociales sobre la educación y la noción de crisis educativa.

Se suele hablar de brecha tecnológica, cultural, económica, material, entre otras, pero no es común mencionar la epistémica, lo cual limita al campo de actuación de las resistencias anti sistémicas en educación, pero sobre todo la construcción de alternativas adecuadamente situadas. Si algo ha trabajado el capitalismo en las últimas décadas es la destrucción sistemática de las condiciones materiales[1], conceptuales[2] y paradigmáticas[3] que podrían evitar que exista esa brecha epistémica en la academia, sindicatos y gremios magisteriales, organizaciones estudiantiles y de la sociedad civil.

La fragmentación de la realidad y carrera desenfrenada de la bibliometría (Jiménez y otros,2024) por adaptarse a la cultura evaluativa, ha promovido el estudio de partes inconexas de la realidad, cada vez más delimitadas, a tal punto que resulta complicado entender las conexiones de los resultados de muchas pesquisas que intentan adentrarse en la telaraña de los problemas educativos.

Este trabajo va en vía contraria, intentando identificar los temas más relevantes (no son los únicos) de la Brecha Epistémica: a) incomprensión del impacto de las revoluciones industriales en la educación, los sistemas escolares, la universidad y la industria educativa, (desfase creciente desde la tercera revolución industrial, surgimiento de la paradoja del cambio), b) desconocimiento de las diferencias, similitudes, puntos de encuentro y desencuentro de los proyectos del capital en educación,  c) agotamiento del régimen biopolítico y subordinación de las expresiones de éste, al nuevo régimen predictivo de reproducción capitalista (social, cultural, simbólico, material), d) atasco del paradigma disciplinar, problemas para la implantación de los paradigmas transdisciplinario y complejo, incapacidad sistémica para encarar la convergencia transdisciplinaria (en todo el sistema escolar y la universidad, la construcción de conocimiento y la formación profesional),  e) despedagogización (despolitización, curricularización, cancelación de la idea de la docencia como actividad intelectual orgánica, docencia como administración curricular, lógica del operario ilustrado, pérdida de sentido social del aprendizaje, paradigma del aprendizaje a lo largo de la vida, coaching educativo), f) fosilización de los arquetipos institucionales educativos (Comenio en el siglo XXI, el tamaño institucional sí importa, los diseños profesionales como producto, la investigación como eje real en tiempos de aceleración de la innovación), g) limitado estudio de la relación de los modelos de gestión empresarial con los modelos de gestión escolar y universitaria, h) incomprensión de la deriva neoliberal de la UNESCO (la UNESCO como proyecto del orden mundial derivado de las post guerras, las seis reformas de la constitución de UNESCO, del rol progresista de la UNESCO al vampirismo educativo capitalista),i) El know-how docente en el presente, j)El tránsito del Apagón Pedagógico Global (APG) al estallido de la burbuja educativa, k) problemas epistémicos para entender las implicaciones educativas de la transformación digital de los sistemas escolares; l) la cultura evaluativa en educación, ll)  Estos doce elementos forman parte de un proyecto ambicioso de estudio, análisis, comunicación y organización alternativa que hemos decidido emprender para contribuir a la resolución de la brecha epistémica; en este trabajo nos limitaremos a estudiar elementos constitutivos del segundo de los elementos de la brecha epistémica, esperando contar con las energías necesarias para concluirlo y lograr los apoyos institucionales necesarios para poder culminar esta tarea.

Un proyecto de investigación permanente

Lo descrito forma parte de un proyecto ambicioso de estudio, análisis, comunicación y organización alternativa que hemos decidido emprender para contribuir a la resolución de la brecha epistémica. En este trabajo nos guiamos por el paradigma INVEDECOR (Lanz,1994) que plantea que todo proyecto de transformación con perspectiva radical de teoría crítica debe contener por lo menos cuatro dinámicas simultáneas, convergentes y en permanente diálogo; estas son: investigación desde la práctica para ir al encuentro de la teoría, educación mediante la socialización de los resultados de investigación y reflexión participativa, comunicación desde abajo, en modelo de redes autónomas no jerárquicas que permita difundir las experiencias alternativas y, finalmente organización de quienes trabajan, investigan, socializan, enseñan y aprenden, para construir tejido social que posibilite no solo resistir sino construir alternativas raizales (Fals Borda,1982)

 


[1] La llamada sociedad de la información ha producido una intoxicación de información superflua e irrelevante que crea una tupida maleza que dificulta el acceso a información debidamente fundamentada. La sociedad de la información no ha significado una mayor democratización del conocimiento científico, crítico y transformador.

[2] Los discursos posmodernos, por ejemplo, son una narrativa que procura confundir los análisis de resistencia anticapitalista. Recomiendo leer a Jameson (1992) Posmodernismo: la lógica cultural del capitalismo avanzado.

[3] La superposición de paradigmas y el ocultamiento de la creación del mercado educativo como espacio de disputa inter capitalistas que va acompañado de caminos no siempre coincidentes para los sistemas escolares y universidades, eleva exponencialmente la falta de referentes perdurables y la confusión analítica de quienes actúan de manera desprevenida, en una sociedad de dominación cada vez más compleja.

Fuente de la Información: https://luisbonillamolina.com/2024/06/18/por-que-hablar-de-brecha-epistemica-y-sus-componentes/

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