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“Cada vez son más frecuentes los movimientos que se plantan contra la inacción climática”

“Cada vez son más frecuentes los movimientos que se plantan contra la inacción climática”

Samuel Martín-Sosa y Joao Camargo publican Manual de lucha contra el cambio climático (Libros en Acción)

El año 2019 fue, tras 2016, el más caluroso desde que se iniciaron los registros de temperaturas (datan de 1850, de la manera en que son actualmente conocidos); además, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de Naciones Unidas, las medias más elevadas de las que se tiene referencia son las de los periodos 2015-2019 y 2010-2019. “La temperatura media mundial se ha incrementado cerca de 1,1ºC desde la era preindustrial y el contenido calorífico de los océanos ha alcanzado niveles récord”, advirtió el secretario general de la OMM, Petteri Taalas, el pasado 15 de enero.

En cuanto a los gases de efecto invernadero, las concentraciones de CO2 en la atmósfera alcanzaron el pico de 407,8 partes por millón en 2018, “y en 2019 no dejaron de aumentar”; las de metano y óxido nitroso también alcanzaron en 2018 cotas máximas respecto a la época preindustrial (aumentos del 259% y del 123%, respectivamente). En octubre de 2019 se produjo otro hito: el nivel medio del mar a escala mundial llegó a la cota más elevada desde que empezaron –hace más de dos décadas- los registros de alta precisión por satélite.

“La pérdida de masa de los glaciares durante el periodo 2015-2019 es la más elevada de todos los quinquenios de los que se tienen datos”, concluye el informe United in Science coordinado por la OMM. Fenómenos que pueden relacionarse con el cambio climático fueron, en enero de 2019, las inundaciones en el norte de Argentina, diferentes departamentos de Uruguay y -en marzo- el área metropolitana de Sao Paulo.

En septiembre de 2019 los medios internacionales informaron de la sequía e incendios forestales en Indonesia, a finales de año en Australia y durante el verano en Alaska y Siberia. El ciclón Idai causó, en marzo, centenares de muertes en Mozambique, Zimbabue y Malaui; y en agosto, una ola de calor provocó decenas de muertos en Japón. Los cambios en el clima están favoreciendo la expansión de enfermedades como el dengue (2,7 millones de casos en América Latina, entre enero y octubre de 2019). Por otra parte, el pasado 7 de noviembre Intermón OXFAM alertaba en un comunicado: “Etiopía, Somalia, Sudán del Sur y Sudán se han enfrentado a la vez al desplazamiento de cerca de 750.000 personas debido a los conflictos y de 350.000 a causa de fenómenos meteorológicos extremos”.

El investigador y activista Joao Camargo y el responsable del área de Internacional de Ecologistas en Acción, Samuel Martín-Sosa, parten de un diagnóstico similar en el Manual de lucha contra el cambio climático, editado en septiembre de 2019 por Libros en Acción. Subtitulado Nada volverá a ser como antes, ni el clima, ni la sociedad, el libro de 288 páginas se define como “de divulgación científica, para los que no son especialistas”; y también como una guía “para aprender y enseñar a combatir”. Los autores citan investigaciones como la de Cristophe McGlade y Paul Ekins, del University College London, publicado en enero de 2015 en la revista Nature: un tercio de las reservas globales de petróleo, la mitad de las gasísticas y un 80% de las carboníferas deberían permanecer sin explotación en el periodo 2010-2050, para satisfacer el objetivo de los 2ºC (límite sobre el aumento de la temperatura media mundial acordado en la Cumbre de París).

Frente a la competencia, la competitividad y la violencia, “como característica masculina y fuerte”, que ha conducido a la realidad actual, el manual plantea la alternativa de un mundo nuevo -“también más duro”- pero en el que se respete el medio ambiente y la igualdad entre las personas; y que plantee, como fin, la distribución de la riqueza (presentado el 20 de enero, el informe de OXFAM Tiempo para el cuidado apunta que los 22 hombres más ricos del mundo poseen una riqueza mayor que todas las mujeres de África; además, el 1% de la fracción más opulenta tiene una riqueza de más del doble que la de 6.900 millones de personas).

¿Quiénes son los responsables del cambio climático producido por la acción humana?, se preguntan Samuel Martín-Sosa y Joao Camargo. Cerca de un centenar de empresas productoras de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) causan el 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero. A partir de fuentes como la base de datos The Carbon Majors, destacan a China Coal, las petroleras estadounidenses Chevron y ExxonMobil; Aramco (Arabia Saudí); BP (Reino Unido); Gazprom (Rusia), Shell (anglo-holandesa), National Iranian Oil; Energa y Weglowa (Polonia), Pemex (México) o Coal India.

El manual también detalla los nombres de algunas de las personas “responsables”, siguiendo el Decolonial Atlas; por ejemplo Michael Wirth, director ejecutivo de Chevron; Ryan Lance, de ConocoPhillips (Estados Unidos); Dai Houliang (Sinopec), Tim McKay (Canadian Natural); Patrick Pouyanné, de la francesa Total; Bob Dudley (BP), Ben Van Beurden (Shell), Roberto Castello Branco (Petrobras), Vagit Alekperov, de la petrolera Lukoil (Rusia) o Josu Jon Imaz (Repsol), entre otros.

En 2018, China fue el principal emisor de CO2 procedente de combustibles fósiles, seguido de Estados Unidos, la Unión Europea e india; sin embargo, las emisiones de dióxido de carbono anuales de Estados Unidos, consideradas por habitante, son muy superiores a las de China. Asimismo, matizan los autores del texto, “China e India son importantes emisores de efecto invernadero (y productores de carbón), pero gran parte de los bienes que producen se exportan a los países ricos”.

El libro menciona otros actores contaminantes; en junio de 2019, el informe Costs of war de la Universidad de Brown (Estados Unidos) señalaba que, entre 2001 (invasión de Afganistán) y 2017, el ejército estadounidense emitió 1.200 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero; el Pentágono es el principal consumidor institucional de petróleo del mundo, añadía el documento. Además, si las fuerzas armadas norteamericanas fueran un país, “su consumo de combustible las situaría en el puesto 47 de los principales emisores, entre Perú y Portugal”, concluyen los investigadores B. Neimark, O. Belcher y P. Bigger (“El ejército de Estados Unidos contamina más que 140 países: se impone reducir esta maquinaria de guerra”, revista The Conversation, julio 2019).

En el capítulo titulado “¿Qué puedo hacer yo?”, Samuel Martín-Sosa y Joao Camargo defienden que la asunción individual de culpas supone “ignorar a los verdaderos culpables -todo un sistema que provoca cambio climático-, y abrir el camino a la depresión y la impotencia”. Y destacan el ejemplo de acciones colectivas, como la promovida en mayo de 2016 por el movimiento Ende Gelände, en la que participaron 3.500 activistas de 12 países; bloquearon durante dos días la mina de lignito a cielo abierto de Welzow-Süd, en el estado alemán de Brandeburgo, y una central eléctrica cercana.

O las protestas en Seattle contra los planes de prospección petrolífera de la multinacional Shell en Alaska (2015); las resistencias en Italia contra el gasoducto Transadriático (TAP), de 878 kilómetros, que forma parte del Corredor Meridional del Gas (cadena de gasoductos para el transporte desde Azrebaiyán hasta Europa); asimismo las manifestaciones, en julio, de indígenas maoríes contra la construcción de centenares de viviendas en tierras sagradas de la Península de Ihumatao (Nueva Zelanda).

“Comprar productos ‘verdes’ tranquiliza nuestras conciencias, pero no resuelve la crisis climática”, afirman los dos autores; apuestan por un activismo “paso a paso”, que podría empezar por la asociación en grupos de consumo agroecológico y la adquisición de productos de temporada; participar en cooperativas para consumir electricidad de origen renovable; en las redes de economía social y solidaria; y en la vida en comunidad o municipios en transición. El paso siguiente es la desobediencia civil, apuntan Samuel Martín-Sosa y Joao Camargo; por ejemplo desde 2015, la alianza Ende Gelände desarrolla campañas contra las minas de carbón en Renania y la región de Lausacia. También en Reino Unido surgió en otoño de 2018 el movimiento Extinction Rebellion (XR), cuando 1.500 personas participaron en una acción de desobediencia civil en Londres. Los grupos de XR se han ido extendiendo por todo el mundo y, ya en abril de 2019, se organizaron movilizaciones en más de 80 ciudades de 33 países.

Salir a la calles y a las plazas, y desobedecer. Constituyó otro hito la huelga que inició la joven de 15 años, Greta Thunberg, en el verano de 2018, por la falta de acción política ante la crisis climática; su protesta ante el Parlamento de Suecia, en horario escolar, fue el antecedente del movimiento internacional Fridays For Future. En cuanto a la plataforma By 2020 We Rise Up, fue promovida en 2019 por más de una treintena de grupos –la mayoría europeos- que reivindican la justicia climática y tienen como objetivo la coordinación entre las luchas (convocaron, junto a XR, acciones de desobediencia en octubre de 2019 contra la pasividad de los gobiernos, en Madrid, Londres, Buenos Aires, Nueva York o Melbourne, entre otras capitales). “Cada vez son más frecuentes los movimientos en los que un montón de gente se planta”, concluyen los autores.

Fuente de la Información: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=264934

Autor: Enric Llopis

 

 

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Ecuador: Festejar la dolarización

Festejar la dolarización

Ecuador, lunes,  13 de Enero, 2020

Juan J. Paz y Miño C.

Como en ningún otro aniversario, al cumplirse 20 años de la adopción del dólar norteamericano como moneda nacional del Ecuador, intelectuales de la derecha universitaria, así como políticos, empresarios y medios de comunicación con iguales visiones, se dedicaron, en pasados días, no solo a defender la dolarización (pocos con algunas razones económicas bien argumentadas), sino a rescatarla como una decisión benéfica para el país, inevitable en las condiciones de los años 1999/2000, y como un régimen que ha traído estabilidad monetaria, seguridad, confianza y emprendimiento.

El expresidente Jamil Mahuad (1998-2000), quien decretó la dolarización violando la Constitución de 1998, conminando y amenazando al directorio del Banco Central para que la adoptara, sin los estudios técnicos que la justificaran e incluso sin conocimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), que era, por entonces, una institución de obligada consulta, fue ampliamente entrevistado y, además, destacado por haber asumido la decisión dolarizadora. Paralelamente también se lanzó la idea de “festejar” la dolarización, incluyendo para ello la presencia de Domingo Cavallo, “padre” del sistema de convertibilidad en Argentina durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999); y que en Ecuador vino a sostener, sin ningún fundamento histórico, que “sin dolarización Ecuador estaría como Venezuela”. Tampoco faltaron los académicos del “establishment” que, desde sus propias filas, igualmente festejaron los 20 años dolarizados y sus “logros”.

Toda esta campaña ideológica del presente oculta la historia, para salvar en ella a una serie de políticos y gobernantes, pero sobre todo a una elite social privada, que hegemonizó con sus intereses sobre la economía del país desde los años 80 del pasado siglo, y que fue la beneficiaria inmediata y directa de la dolarización, en perjuicio de los más amplios sectores sociales de la época.

Porque la dolarización fue un momento especial de la construcción del modelo neoliberal-empresarial, tibiamente iniciado por Osvaldo Hurtado (1981-1984) en sus dos últimos años de gobierno, definitivamente marcado por León Febres Cordero (1984-1988), consolidado por Sixto Durán Ballén (1992-1996), quien fue el continuador económico del febrescorderismo, y reproducido por todos los gobernantes posteriores hasta 2007. Ese modelo económico compaginó con la globalización transnacional de la época y recibió las guías conductoras del FMI a través de las 16 cartas de intención suscritas por el país entre 1983 y 2003. De este modo se caminó hacia la edificación de una especie de paraíso para las capas más ricas del Ecuador, que se apoyaron en tres consignas centrales: 1. reducir el Estado a sus mínimas capacidades económicas; 2. suprimir o reducir impuestos directos y particularmente los que afectan al empresariado; 3. flexibilizar las relaciones laborales para disminuir costos y maximizar las ganancias. Es la misma trilogía actualmente vigente, en el segundo momento del modelo neoliberal-empresarial revivido por el gobierno de Lenín Moreno.

En ese telón de fondo, quien puso los cimientos de la debacle bancaria que vendría a fines de los noventa y que condujo a la dolarización, fue el gobierno de Sixto Durán Ballén, con la Ley de Instituciones Financieras (1994), que introdujo el concepto de banca múltiple, permitió los créditos vinculados, maniató a la Superintendencia de Bancos y posibilitó los créditos de liquidez del Banco Central que sirvieron para “salvar” a los bancos privados, entre los cuales el Banco Continental fue el primero en “caer” (1996), seguido luego por otras 15 instituciones financieras. Los ciudadanos quedaron impotentes ante el cierre de los bancos, los “salvatajes”, la pérdida de sus ahorros, la fuga de los banqueros corruptos y el contubernio de los sucesivos gobiernos con la clase bancaria y los empresarios ligados a sus desafueros.

Después de la sucretización de las deudas privadas durante el gobierno de Hurtado (deudas empresariales en dólares transformadas a sucres, pero pagadas en dólares por el Estado), y de la resucretización efectuada por Febres Cordero, la debacle bancaria fue el tercer gran atraco privado al país y a sus habitantes. Porque el modelo neoliberal, que agravó las condiciones de vida y trabajo de la población, condujo al negociado con recursos del BCE, al feriado bancario de 1999 y a las pérdidas de recursos de los ahorristas, así como a la ruina de los pensionistas jubilados, que no solo lloraron y se quejaron a diario, sino que incluso acudieron al suicidio, como reportaron los mismos medios periodísticos de la época. Varios de los nombres de los defensores de aquel modelo y, sin duda, de la dolarización actual, fueron actores directos de las políticas seguidas en aquellos años, aunque hoy son presentados como personajes de criterios ejemplares.

Un libro que circuló en 1999, escrito por varios autores desde distintas ópticas, y con el título Bancos y banqueros, da cuenta de esos procesos que alarmaron al Ecuador y que hasta hoy siguen en la impunidad. Uno de los autores utilizó un título que retrata exactamente lo que sucedía: “Ratas, rateros y banqueros”.

La dolarización fue el resultado de esa debacle económica e institucional (entre 1996-2006 hubo 7 gobiernos, 1 dictadura nocturna y tres presidentes derrocados: Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez). Cuando se implantó el sucre como unidad monetaria del país (1884), la paridad del dólar fue de 1 sucre; cuando se creó el Banco Central (1927) fue de 5 sucres; al iniciarse la fase democrática (1979) tras las dictaduras petroleras de los setentas, el dólar equivalía a 25 sucres; pero la dolarización se adoptó con 25 mil sucres por dólar. Ese momento quedaron pulverizados los salarios de los ecuatorianos, porque el salario mínimo pasó a equivaler 4 dólares, mientras fugaban capitales, se sobre-enriquecía una elite que había acumulado en dólares y la impotencia social movilizada en protestas en las calles, apenas logró la caída de Mahuad, porque el sucesor, Gustavo Noboa (2000-2003) fue quien efectivamente dolarizó la economía y apuntaló, aún más, el modelo neoliberal-empresarial. El estudio de las consecuencias previsibles de la dolarización ecuatoriana, quedó en otro libro colectivo, titulado Dolarización. Informe urgente (2000).

No es cierto que la dolarización permitió estabilizar al país. Así lo demuestran varios artículos del reciente libro Dolarización: dos décadas después (1999). Pero, además, no puede olvidarse que quienes la sostuvieron fueron los miles de migrantes que, ante el derrumbe de la vida y el trabajo, salieron a España, Italia y los EEUU. Las remesas enviadas por esos migrantes a sus familias representaron, casi durante una década posterior, el segundo rubro de ingresos para el país después de las exportaciones de petróleo. Según el Banco Mundial (BM), en 2006 Ecuador recibió 2.922 millones de dólares por remesas, las que llegaron a representar el 6% del PIB. Y, de otra parte, a pesar de la dolarización, fue la población ecuatoriana la que aprendió a sobrevivir con la extraña moneda, la que tuvo que sufrir no solo por los desafueros bancarios sino por la arremetida contra sus derechos laborales, y la que experimentó el abismo entre sus ingresos y el de las elites económicas enriquecidas a costa de todo el país.

Hay responsables históricos del modelo neoliberal-empresarial y de la dolarización, aunque se trate de que hoy aparezcan como referentes académicos, periodísticos y políticos. Se argumenta, como en efecto es así, que hoy los ecuatorianos no quieren salir de la dolarización. No es porque el sistema sea “bueno”, sino porque históricamente se recuerda el manejo de las elites con el sucre, las devaluaciones, los intereses usureros, los salvatajes. Al menos la población experimenta que puede conservar su poder adquisitivo y que ya no existe el riesgo descontrolado de la inflación.

Sin embargo, celebrar la dolarización es como celebrar la conquista española: se olvidan los acontecimientos de inicio, para sostener, a estas alturas, que “gracias” a la conquista española hoy tenemos religión católica, idioma castellano, ciudades de origen colonial y cultura occidental. Ya no se ve la destrucción ocasionada por la conquista, la subordinación de las poblaciones indígenas, la introducción de las formas más agudas de explotación de la fuerza de trabajo, el inicio del subdesarrollo y de la acumulación originaria. La dolarización parece lucir hoy un beneficio económico, porque se silencia a la población que sufrió, que perdió patrimonios, que cayó en sus niveles de ingresos, de vida y de trabajo.

El Ecuador salió adelante por su gente y no por la elite que continúa con su atrasada visión económica para completar el cuadro de beneficios exclusivos mediante las políticas que todavía faltan profundizar, de la mano de los compromisos con el FMI: flexibilizar el trabajo y privatizar bienes y servicios del Estado.

Fuente de la Información: http://www.historiaypresente.com/festejar-la-dolarizacion/

Autor: Juan J. Paz y Miño C.

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Chilapa, narcoparamilitarismo y resistencia

Chilapa, narcoparamilitarismo y resistencia

Luis Hernández Navarro

Alta, morena, delgada, doña Escolástica Luna porta un fusil con cargador adaptado. Nahua, de 71 años, vive en la comunidad Rincón de Chautla, Chilapa. Es parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF).

Durante dos años y 10 meses, doña Es­colástica luchó por la liberación de sus hijos Bernardino y David Sánchez Luna, injustamente presos junto a otros seis indígenas, acusados de delitos que no cometieron. Fueron detenidos en ma­yo de 2006, por negarse a entrar al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, pues abría las puertas a la privatización del ejido y provocaba la división del pueblo.

Con los hombres presos, doña Escolástica fue nombrada comisaria del pueblo. Comenzó entonces una labor para que sus hijos fueran liberados, mientras gestionaba mejoras para la comunidad y sus habitantes. Incansable, recorrió caminos y ciudades para abrir puertas de oficinas gubernamentales y en solidaridad con otras luchas campesinas. Más adelante, cuando arreció la represión, aprendió, junto a otras mujeres, a manejar armas y se incorporó a la CRAC-PF.

Doña Escolástica participa en la misma organización de autodefensa comunitaria de la que forman parte los 19 niños varones de Ayahualtempa, de entre seis y 15 años, que aparecieron en un video el pasado 22 de enero, portando uniformes de guardias comunitarios, armados y efectuando ejercicios militares.

¿Qué sucede en Chilapa que obliga a mujeres y niños a tomar las armas para defenderse? Hay una larga historia tras ello, pero la gota que derramó el vaso fue el asesinato, mutilación y calcinamiento de 10 músicos nahuas ligados a la CRAC-PF por el grupo narcoparamilitar Los Ardillos, el pasado 17 de enero. Los criminales mandaron así un mensaje macabro a quienes desafían su control territorial: ellos pueden matar y quemar cuerpos sin temor alguno.

La emboscada de Los Ardillos contra los músicos fue la última agresión de una serie de violentos ataques contra las 16 comunidades organizadas en la CRAC-PF. Su objetivo: conquistar a sangre y fuego el control de la ruta que va de la cabecera municipal de Chilapa a la comunidad Tula, en la parte alta de la Montaña. Como la resistencia y autonomía de Rincón de Chau­tla y los otros poblados les estorban para transportar droga hacia Acapulco, Chilpancingo o la Ciudad de México, les hacen la guerra para expulsarlos de sus territorios. En el último año, 26 miembros de la organización fueron asesinados y dos desaparecidos. Por eso hasta los niños deben ir armados.

Empotrados en un conflicto de tierras, Los Ardillos utilizan a las autoridades agrarias de Zolocotitlán, núcleo agrario al que el anexo Rincón de Chau­tla pertenece. Así, disfrazan su disputa por una ruta segura para su trasiego de drogas de conflicto agrario.

Han tejido una intrincada red de poder en la política estatal, que les permite actuar con absoluta impunidad. Observadores han señalado su cercanía con el ex gobernador Ángel Aguirre, mientras a sus rivales, Los Rojos, se les asocia con Rubén Figueroa. Pese a ser responsables de más de mil 500 asesinatos y 500 desapariciones en la región durante los últimos seis años, imponen su voluntad sin autoridad que lo impida. Su negocio criminal florece de la mano de la eliminación de líderes sociales, en el más puro estilo contrainsurgente.

El 17 de marzo pasado, el gobierno de Guerrero se comprometió a garantizar seguridad e investigar los crímenes en Rincón de Chautla. No lo hizo. Puso un retén del Ejército que no sirvió. Los homicidios no se esclarecieron y los asesinos están libres.

Chilapa es el segundo municipio más violento del país. Durante la gestión de la 4T han sido asesinadas allí más de 100 personas. Esa violencia, y las operaciones de la industria criminal que la provocan, se expande a pesar de la presencia del Ejército. Los grupos armados imponen la ley a punta de metralleta.

Chilapa es un municipio abiertamente racista. El presidente municipal, Jesús Parra García, perteneciente al PRI, relegido en dos ocasiones y señalado como amigo de Los Rojos, concentra los recursos en la cabecera municipal y deja en el abandono a las comunidades indígenas.

Integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), con larga trayectoria de lucha que data, al menos de 1992, la CRAC-PF fue fundada en la comunidad de El Potrerillo, municipio de Malinaltepec el 23 de febrero de 2014, en el marco de una profunda crisis de la CRAC-PC. Asistieron más de 23 autoridades agrarias y civiles, consejeros, policías y comandantes regionales. Establecieron 11 principios, entre ellos, el respeto a la voluntad del pueblo y no a la del gobierno; la asamblea como máxima autoridad de toma de decisiones; aplicación de la justicia a través de la reducación: trabajo comunitario, servicio al pueblo y consejo de los ancianos. De inmediato se convirtieron en un contrapeso de los grupos criminales.

En Chilapa, la magnitud y naturaleza de la violencia narcoparamilitar desborda cualquier discurso oficial de pacificación. Los ejemplos de doña Escolástica Luna y de los niños armados para defenderse son un dramático grito contra la impunidad y la justicia.

Twitter: @lhan55

Fuente de la Información: https://www.jornada.com.mx/2020/01/28/opinion/013a2pol
Autor: Luis Hernández Navarro
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Un día en el cole: educación, diversidad y neutralidad del Estado

Por: Pablo De Lora.

Estimado lector:

Le invito a que me acompañe usted en este viaje imaginario por la agenda escolar de un niño que se dispone a acudir hoy, como cada día, a su jornada en un colegio público, pongamos el Instituto Marqués de Villena, en la localidad navarra de Marcilla (enseguida comprobará que la elección del lugar no es casual).

-¿Llevas todo?

-¡Síííí!

-¿Qué tienes hoy?

-Religión, empezamos el bloque 1. Después actividad de educar en igualdad, luego Biología, el bloque 4 de la reproducción y eso”.

Voy a suponerle a usted ser una madre/padre responsable, concernida por la educación y desarrollo de sus hijos, o simplemente un ciudadano consciente e inquisitivo, asaeteado en estos días por la controversia suscitada por la propuesta de que padres y madres puedan conocer de antemano las actividades formativas complementarias programadas en el colegio e impartidas por personal ajeno al mismo, para que, eventualmente, decidan, en el ejercicio del derecho recogido por el artículo 27.3 de la Constitución Española, si sus hijos asisten.[1]

Tal vez le haya llegado el genial tuit que reza: “Me parece enternecedora la fe que tiene la derecha en los profesores. No soy capaz de que pongan una tilde y voy a ser capaz de que se hagan maricones,”[2] así que, pudo pensar: ¡a cuento de qué tanta preocupación! A lo mejor ha leído, en la misma línea, a Carlos Fernández Liria, un marxista irredento cuyo fuste rebelde no pudo enderezar un célebre y elitista colegio religioso, un centro “… franquista de marianistas sádicos y de ultraderecha, mayoritariamente pedófilos, unos auténticos criminales”.[3]

Pero no, es usted firme en su propósito y se olvida de dimes, diretes y tuits y acude a las fuentes, los documentos fidedignos donde se expresan los contenidos, objetivos y justificaciones de esas materias que su vástago –“adiós, hijo, que tengas buen día”– se dispone a encarar esta mañana.

I

Religión a primera hora. Estudiarán el “Bloque 1” (“El sentido religioso del hombre”) que, de acuerdo con la normativa vigente,[4] tiene como contenido: “El perdón como necesidad del ser humano…”. El bloque 2 (“La revelación: Dios interviene en la historia”), por su parte, incluye: “el relato del pecado original: el hombre quiere suplantar a Dios”. Estos contenidos tienen unos “estándares de aprendizaje evaluables”. Así, se controla que el alumno “recuerda y acepta situaciones personales y sociales que necesitan de perdón” o que “compara la actitud de David con situaciones personales en las que ha tenido la necesidad de ser perdonado”.

Si profesa usted la religión católica probablemente no tenga nada que objetar. Seguramente comparte usted la justificación de estas enseñanzas que se hace en la normativa. Reza (nunca mejor dicho) así: “La necesidad de sentido del ser humano es una evidencia a la que la escuela necesariamente debe dar respuesta. La educación de la dimensión religiosa es parte fundamental para la maduración de la persona. No podría existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si no se permitiese el desarrollo de todas las dimensiones inherentes al ser humano, entre las cuales se encuentra la religiosa. Esta capacidad básica de la persona adquiere su auténtico cumplimiento cuando se descubre el sentido de la vida. La enseñanza de la religión católica en los centros escolares ayudará a los estudiantes a ensanchar los espacios de la racionalidad y adoptar una actitud de apertura al sentido religioso de la vida, sea cual sea su manifestación concreta”.

Pero es probable que sea usted consciente de que vive en una sociedad plural desde el punto de vista religioso, político y moral, y que otros padres no comparten sus creencias ni estiman en absoluto que a sus hijos les aproveche interiorizar esas enseñanzas, que piensen incluso que es contraproducente que los menores crezcan con la conciencia de ser pecadores desde que nacieron.

Así lo entendieron también los constituyentes y los legisladores que se encargaron de concordar con la Santa Sede la enseñanza de la religión católica en el sistema educativo español poco después de que se promulgara la Constitución y se consagrara la aconfesionalidad del Estado: la enseñanza de la Religión sería voluntaria aunque obligatoriamente ofrecida en todo el sistema educativo. El gobierno de UCD estableció entonces una asignatura alternativa (“Ética”) sobre la que no cesó la polémica en los años venideros (también sobre la propia idea de que los centros sufragados por el Estado alberguen la impartición de una fe, por mayoritaria que sea). Seguramente está al tanto. Pero fíjese en lo que sostenían los representantes de los que serían los partidos políticos hegemónicos en la escena política española de las siguientes décadas. Nos situamos en la sesión del Congreso de 15 de noviembre de 1979. Habla el diputado del PSOE, y reputado pedagogo, Luis Gómez Llorente: “… aquellas enseñanzas de Ética y Moral, que no vayan a tener un carácter científico y que, por ello, no entrasen en el programa de otras asignaturas, es que van a tener un carácter ideológico parcial o unilateral, desde un determinado punto de vista. Y si van a tener eso, yo, como padre de familia, no tengo por qué aceptar que el señor Ministro de Educación tenga que designar a un profesor que vaya a enseñar a mi hija unos determinados criterios de moral o de ética unilaterales, desde una cierta perspectiva; y si es bajo criterios científicos, cabe perfectamente en los programas de otras asignaturas”.[5]

Gómez Llorente, así como la diputada del PCE, Eulalia Vintró, que le secundaba, consideraba que la misión de la escuela es fundamentalmente instruir en los saberes consolidados, científicamente testados, pues de esa manera hace que los menores puedan llegar a desarrollarse como agentes autónomos abriendo el campo de sus elecciones profesionales y vitales posibles. Lo que nos permite, por decirlo con Kant, precisamente salir de nuestra “minoría de edad”. Y en cuanto a la preparación para la vida en común, no parecía que hiciera falta una materia específica, pues la educación en ese ámbito cabe hacerse de manera transversal, como efecto inescindible de la convivencia escolar. Sin duda, sobrevolaba en las conciencias de estos diputados la historia reciente de la obligatoriedad de cursar aquella insidiosa “Formación del Espíritu Nacional” (FEN).

Algo muy distinto era lo que pensaba el máximo representante de la derecha española, Manuel Fraga Iribarne, que se pronunciaba en los siguientes términos: “… los altos valores que reconoce el preámbulo y otros artículos de la Constitución… esos valores de la justicia, de la libertad, de la seguridad… ¿cómo podemos desarrollar estos valores sin que el Estado asuma la obligación de promover esa educación de los ciudadanos, educación moral de los ciudadanos, justamente la implantación de los mismos?… El artículo 27.2. [de la Constitución española] no dice que la educación tendrá por objeto enseñar solamente las matemáticas o la esgrima; la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. ¿Cómo se puede lograr esto sin unas enseñanzas éticas?”[6]. Fernando Savater lo hubiera firmado.[7]

Bajo estas premisas se diseñó muchos años después, bajo gobierno del PSOE, la materia de educación para la ciudadanía frente a las que algunos padres –y un coro que concitó un espectro de voces que, con tonos diversos, cubrió desde el obispo Cañizares al periodista Federico Jiménez Losantos pasando por Mariano Rajoy[8]– reaccionaron como anunciaba el socialista Gómez Llorente en su intervención: objetando en conciencia. El Tribunal Supremo puso las cosas en su sitio y declaró que tal objeción a materias curriculares y obligatorias no tenía encaje jurídico-constitucional.[9]

II

Sigamos con la agenda.

Coeducando en igualdad, a las 11h. Hoy les toca la actividad “Carta de despedida del machista que hay en mí” correspondiente al “eje”: “Conciencia crítica frente a la desigualdad y capacidad para el cambio”. Dice la ficha: “En el debate, se debe dejar la iniciativa de que sea el propio grupo masculino el que identifique sus propios comportamientos sexistas. En el caso de que no se logre, el profesorado podrá aportar algunas quejas de comportamientos machistas que hayan sido identificadas por sus compañeras… La actividad final sería redactar una carta personal, al antiguo machista que fue, en la que cada alumno pudiera identificar algunos comportamientos sexistas que ha ejercido en el pasado así como fijar algunos campos en los que cree que puede aportar actitudes y comportamientos igualitarios en el futuro”.[10]

Vaya. ¿El antiguo machista que fue? ¿Mi hijo de 12 años? ¿Y a cuento de qué este señalamiento de los chavales? ¿Nacen todos machistas, como nacemos todos pecadores? ¿Y los profesores participando al grupo de las quejas privadas de ellas? Y si el asunto es educar en igualdad, ¿acaso no hay otras discriminaciones en las que todos pudieran ser igualmente convocados al arrepentimiento? ¿Cartas, tal vez, al antiguo “racista” que ellos y ellas fueron?

Lo cierto es que el objetivo fundamental del Programa Skolae (“Creciendo en igualdad”), aprobado por la Dirección General de Educación de la Comunidad Foral Navarra en Resolución 350/2018 de 2 de julio,[11] es el de promover la igualdad “real” entre hombres y mujeres como manera más eficaz de acabar con las violencias machistas. El diagnóstico sobre la desigualdad que justifica el conjunto de estrategias formativas que se despliegan a lo largo de todas las etapas educativas es el que sigue: “La estructura social actual niega a las mujeres la ciudadanía plena… buena parte de los hombres han manifestado una evolución muy limitada hacia un compromiso real con la igualdad” (p. 20). Es por ello por lo que: “Los alumnos deben ser incorporados como sujetos de la acción coeducadora, para que cuestionen su masculinidad… y conozcan otras masculinidades igualitarias… Debe potenciarse la investigación metodológica para lograr que todos los alumnos, no solo los previamente sensibilizados hacia la igualdad, cuestionen el concepto de masculinidad hegemónica y sometan a crítica los privilegios de los que disfrutan” (p. 22).

Siendo el objetivo de educar en igualdad un afán impecable, ¿son estos diagnósticos y “terapias” el fruto de la mejor evidencia disponible o del acuerdo social? Es muy probable que usted piense ahora de modo muy similar a cómo pensaba en relación con la impartición de la materia religiosa: en la actual sociedad española habría una razonable discrepancia sobre si, tal y como se afirma de manera apodíctica en el documento programático, las mujeres hoy en España “carecen de ciudadanía plena”, y también sobre si, efectivamente cabe identificar una “masculinidad hegemónica y tóxica” que está impregnada –o alimentada– en todos los hombres, desde que nacen, pues ese es ciertamente el presupuesto sobre el que se organizan las actividades en las que su hijo será partícipe a título de “paciente”. ¿No habría buenas razones para aceptar que usted evite que su hijo sea “sometido” a la actividad “Carta de despedida al machista que hay en mí”, de la misma manera que muchos padres y madres no desean que sus hijos confiesen los pecados que la religión católica sostiene que cometemos? ¿Y no serían esas razones mucho más robustas, si cabe, cuando tales actividades o charlas las van a acometer quienes no pertenecen al centro? Usted misma, de religión católica, podría muy bien comprender las reticencias de muchos padres que no quisieran que sus hijos escucharan hablar a un sacerdote invitado especialmente al colegio para hablar de moral sexual católica, o de la naturaleza sacramental del matrimonio.

Tentada de coger el teléfono y avisar al colegio, repara usted en otras actividades del programa. Le llama la atención el capítulo dedicado a la “Sexualidad infantil”, y que uno de los objetivos en el itinerario de 0 a 6 años sea el “Reconocimiento de la sexualidad infantil desde el nacimiento despenalizando el reconocimiento y la vivencia de dicha sexualidad en el ámbito de la escuela y la familia (curiosidad sexual, juegos eróticos infantiles…)” (p. 68). Le inquieta la programación de este tipo de actividades en un momento en el que se pone tantísima vigilancia y celo en el trato con los menores y tanto se han cambiado las costumbres afectivas con los niños por efecto de la sospecha –tal vez exacerbada– sobre el abuso sexual infantil.

Pero lo que más acaba despertando su perplejidad es la ficha EDSEXEPREL-8, correspondiente al epígrafe “Transexualidad infantil” del eje “Sexualidad, convivencia y prevención de la violencia” (6-12 años). Allí lee: “Como consecuencia de este desajuste [el desajuste entre el sexo sentido y el que otras personas le atribuyen] las interacciones que se van a dar entre estos niños y niñas [los niños y niñas trans] y las demás personas tienden a generar malestar… Malestar que se multiplica cuando, percibida la incoherencia, la respuesta es reclamar al sujeto que sea como debe ser. Es decir, dando prioridad a la interpretación externa y pública sobre la vivencia subjetiva e íntima… Eso es lo que hacemos cuando insistimos en decirles tú no puedes ser un niño porque tienes vulva o tú no puedes ser niña porque tienes pene… Afortunadamente también podemos dar otra respuesta cuando percibimos esta incoherencia. Corregir nuestra mirada, reajustar la interpretación y modificar nuestras interacciones. Lo que viene a ser: hacernos a la idea de que sí, tiene vulva, y es niño. O sí, tiene pene, y se trata de una niña. A esta respuesta es a lo que llamamos apostar por el sujeto y su vivencia. Una apuesta que va a permitir al niño o niña ser aquel que siente ser y poder expresarse en coherencia”. 

“Apostar por el sujeto y su vivencia”, relee usted. Y recapacita: ¿por qué, sin embargo, no se apuesta por el sujeto y su vivencia de los 12 a los 16 años cuando se asume que todos los sujetos masculinos han de autoinculparse en una carta como si estuvieran en una de aquellas granjas de reeducación de la Revolución cultural de Mao?

Pero es que, además, repara usted ahora, resulta que a las 12 horas tienen la clase de Biología, el bloque 4, recuerda que le dijo su hijo, destinado al estudio de “las personas y la salud”, y que comprende “la reproducción humana, la anatomía y fisiología del aparato reproductor, el ciclo menstrual, la fecundación, el embarazo y el parto”.[12]

No alberga dudas sobre la oportunidad y conveniencia de la enseñanza de la ciencia natural de acuerdo con los conocimientos consolidados, una instrucción de la que nadie puede evadirse –ni frente a la que los padres pueden objetar nada– por las razones que en su día expuso el diputado Gómez Llorente.

Aun así, le queda la duda de cómo cohonestar la impartición de esos contenidos relativos a nuestra condición biológica, cuando una hora antes se ha podido decir que hay niños con vagina y niñas con pene. ¿Se podrá establecer como consideración de carácter general en la clase de biología de las 12:00 que las niñas serán las que menstrúen y los niños no? ¿Qué las niñas con pene no podrán gestar y que producirán esperma? ¿Será la eventual frustración de los “niños con vagina” o de las “niñas con pene” una razón para alterar la transmisión del conocimiento, modificarla de tal forma que las “vivencias personales a los 12 años” permanezcan incólumes? ¿No sería una mejor alternativa la de instruir a estos menores en la idea de que nada de su dignidad o derechos básicos queda alterado o vulnerado por enseñarles, a ellos y a sus pares, que la condición biológica de “hombres” y “mujeres” no es el producto de la voluntad, de la vivencia interna, que se podrán seguir “expresando” como niñas o mujeres –si así se les antoja o sienten– aunque no menstrúen porque sencillamente no pueden hacerlo dada su naturaleza?

III

Conviene recapitular e ir concluyendo. La institución familiar, y, de manera más específica, la relación paternofilial, plantea una difícil encrucijada a la filosofía política. Sabemos que la familia es una formidable escuela de virtud de los futuros ciudadanos, pero también de “malos hábitos”. Es una muy relevante cadena de transmisión de la desigualdad, tanto en lo que hace a la futura ocupación de roles sociales y disposición de recursos como en la perpetuación de la discriminación, como denunció John Stuart Mill en The subjection of women (1869) y más recientemente Susan Moller Okin en Justice, gender and the family (1989). Los padres tienen un “gobierno transitorio” sobre sus hijos y los lazos de esa sujeción, como ilustró gráficamente John Locke en el Segundo tratado sobre el gobierno civil, “… son como los refajos en que son envueltos los recién nacidos… la edad y la razón a medida que van creciendo, aflojan esas ataduras hasta que por fin las deshacen del todo…” (sección 55).

Así que, si bien los padres no son “propietarios” de sus hijos ejercen sin duda importantísimas prerrogativas sobre ellos. Permitimos la circuncisión ritual de menores, la práctica deportiva de riesgo, la transmisión de la idea del infierno (pese a que mayoritariamente consideramos que la tortura es injustificable), las creencias inefables en los milagros antiguos o en los destinos apocalípticos, y otras muchas enseñanzas y vivencias que pueden chocar con las formas de vida buena que otros grupos o individuos albergan como deseables. Harry Brightouse y Adam Swift han encapsulado la paradoja magistralmente: ¿cómo justificar que exista una relación de autoridad y cuidado –como es, entre otras cosas, la relación paternofilial– que no se justifica exclusivamente por el interés del menor, sino también y de manera muy fundamental por el interés de los padres?[13] Aristóteles lo tuvo claro cuando criticó la propuesta platónica de colectivizar la crianza de los menores: “Si los mil niños de la ciudad pertenecen a cada ciudadano, no como hijos suyos, sino como hijos de todos, sin hacer distinción de tales o cuales, será bien poco lo que se cuidarán de semejantes criaturas… así como la dulzura de unas cuantas gotas de miel desaparece en una gran cantidad de agua, de igual modo la afección… se perderá en un Estado en que será completamente inútil que el hijo piense en el padre, el padre en el hijo, y los hermanos en sus hermanos”.[14] La evidencia disponible que analiza Nicholas A. Christakis en Blueprint. The evolutionary origins of a good society (2019) muestra cómo el fracaso de las experiencias de organización social tipo kibutz radica precisamente en haber prescindido del vínculo paternofilial.

Pero puede haber razones no solamente instrumentales para persistir en esta división del trabajo entre las instituciones públicas y la familia a la hora de criar, guardar, proteger y educar a los menores. Y es que buena parte de lo valioso que hay en el hecho de ser padre o madre radica precisamente en querer compartir un modo de encarar la vida y algunas tradiciones (para empezar la lengua propia). El poder público no debería adoptar ninguna de esas particulares formas de inculturación ideológica, religiosa o moral, ni fomentarlas, sino, con la conciencia de que habrá una zona de contenidos grises, y algunos individuos o colectivos fanatizados que escapan de la esfera del desacuerdo razonable, limitarse a procurar que todos los menores puedan acceder a lo que es de común y objetivamente importante para su desarrollo.

Con su proverbial exuberancia estilística y argumental, Rafael Sánchez Ferlosio alertaba de la intromisión de los padres en la enseñanza pública, “… que se monten a cuchos sobre el niño, como un jinete en un caballo de carreras, y se hagan conducir por aulas y pasillos”. Esa vigilancia es sin duda indeseable cuando, como razonaba Sánchez Ferlosio, de la pura instrucción hablamos. Pero cuando se están subrepticiamente colando visiones ideológica o moralmente de parte, no parece mala forma de evitar que algunos padres acaben entrando como caballo en cacharrería el advertirles de esas actividades con antelación para que puedan legítimamente objetar.

Suena el timbre.

Fuente del artículo: https://www.letraslibres.com/espana-mexico/politica/un-dia-en-el-cole-educacion-diversidad-y-neutralidad-del-estado

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¿Sobrevivirá la ciencia de Brasil a Bolsonaro? Recortes, contaminación ideológica y analogías con España

Por:

«It was the best of times, it was the worst of times,

it was the age of wisdom, it was the age of foolishness,

it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity,

it was the season of light, it was the season of darkness, (…)»

Apertura de Historia de Dos Ciudades (Charles Dickens, 1859)

La ciencia brasileña se encuentra en uno de sus peores momentos. Las posiciones frecuentemente incomprensibles del presidente Bolsonaro auguraban cambios drásticos en 2019. El gobierno ultraconservador ha mostrado una capacidad inesperada de infligir grandes daños al sistema científico y académico del país, y de infligirlos en muy poco tiempo y en muchas áreas diferentes. Sería tedioso enumerar todas las declaraciones, decisiones y políticas reaccionarias del primer año del gobierno de Bolsonaro, pero presentaremos una síntesis de sus acciones sobre los servicios públicos de investigación en general, y en concreto sobre aspectos relacionados con el sistema de universidades públicas federales, la financiación de la investigación y la formación de postgrado. Una síntesis que nos permitirá observar los paralelismos con las políticas de otros gobiernos neoconservadores como los de Trump, Orban o Putin, y las que promueve en nuestro país el tándem Abascal-Casado.

La política neoliberal del gobierno de Bolsonaro, reforzada por sus correligionarios en los gobiernos de cerca de la mitad de los estados brasileños, afecta directamente a los funcionarios públicos de varias maneras. En primer lugar, hay una campaña activa de desmoralización y acoso contra los servidores públicos en todas las esferas de la administración pública. Esta campaña utiliza datos parciales, engañosos e incluso falsos para difundir que hay demasiados servidores públicos y que estos tienen salarios muy elevados, presentándolos como un grupo de privilegiados con bajo rendimiento profesional que hacen que el sistema público sea extremadamente ineficiente, llevando al colapso de las cuentas públicas.

Esta campaña está siendo utilizada por el gobierno brasileño para legitimar ante la sociedad la suspensión de nuevos concursos públicos, recortar los derechos y beneficios de los funcionarios en activo, y desmoralizarlos hasta el punto de conseguir que renuncien a defender sus derechos, a ejercer la libertad de cátedra o a replicar con evidencias a la cascada continuada de ‘fake news’ y pseudoverdades. Aunque en Brasil los funcionarios públicos están mejor pagados que en España –en relación al salario medio de cada país-, estas afirmaciones son, en la forma en la que se presentan, abiertamente falsas.

Tras estos ataques hay una discusión económica y social más profunda sobre el gasto público y el tamaño del estado, cuál es la cantidad idónea de servidores públicos y cuál debe ser su eficiencia. Esta podría ser una discusión importante para la economía brasileña, en la que el análisis del funcionamiento de las administraciones federales y estatales en el pasado y en la actualidad por economistas, sociólogos y politólogos permitiría identificar qué tramo dentro del gradiente de incremento del gasto público conduciría a un mayor desarrollo y bienestar de la población de manera más eficiente.

Teóricamente, quizás sea posible que una sociedad ideal formada por ciudadanos altamente preparados y que se rijan por un elevado código moral pueda controlar la codicia inherente al capitalismo y funcionar de manera eficiente con un estado de pequeño tamaño, bajos impuestos y poco control macroeconómico. Sin embargo, Brasil tiene todavía una estructura económica claramente postcolonial, muy dependiente del sector primario y organizado alrededor de un puñado de grandes propietarios, unas clases medias acomodadas relativamente pequeñas, grandes sectores de la población con bajos niveles educativos y rentas bajas, e importantes bolsas de pobreza. No olvidemos que el gran logro de los gobiernos de Lula da Silva fue elevar por encima del umbral de la pobreza a alrededor de 30 millones de brasileños.

Pero el gobierno Bolsonaro no está planteando un debate acerca de cuál sería la configuración más adecuada de un estado federal que controle los vaivenes del mercado y garantice la justicia social teniendo en cuenta las particularidades de Brasil dentro de los límites de una economía global fundamentalmente capitalista. En lugar de afrontar esta discusión de manera seria y profunda, a partir de información y análisis comparativos honestos, el núcleo duro del gobierno ultraconservador brasileño ha puesto su empeño en una campaña sistemática de ataques y desmoralización de los funcionarios públicos.

La universidad pública en general, y el sistema federal de educación superior en particular, han sufrido una sucesión de feroces recortes desde el comienzo del gobierno de Bolsonaro. Este sistema público ya arrastraba una situación de precariedad creciente, con recortes y suspensión del salario de profesores que comenzaron durante los gobiernos progresistas de Dilma Rouseff, y que dieron lugar a grandes movilizaciones. Esa precarización dio paso, con la llegada de Bolsonaro, a una política de desmantelamiento planificado, ejecutado desde el propio Ministerio de Educación, al que pertenecen las universidades federales y del que dependen sus presupuestos. Estos ataques están afectando directamente al funcionamiento de las universidades, con recortes y paralización de recursos básicos en gastos como energía, agua, limpieza, seguridad, transporte, etc. Pero también afectan indirectamente a sus profesores y alumnos a través de una intensa campaña de difamación.

Los ataques se intensificaron aún más con la toma de posesión del nuevo ministro de educación en abril de 2019. Abraham Weintraub, un economista proveniente del sector financiero y conocido por su afición a los tweets incendiarios, comenzó su mandato con un recorte del 30% de los recursos destinados a las universidades federales – que, según él, promueven la «balburdia» (alboroto, confusión) en sus campus. Su campaña de difamación alcanzó el punto álgido (hasta la fecha) a final de 2019, cuando declaró en la televisión y redes sociales que las universidades federales tienen extensas plantaciones de marihuana y laboratorios de química involucrados en la producción de drogas – una afirmación que reiteró en una audiencia pública en el Congreso Nacional y que le ha hecho acreedor de demandas por parte la Asociación de Directores de las Instituciones Federales de Educación Superior y otras instituciones.

Los ataques del ministro Weintraub buscan criminalizar la fuerte respuesta de la comunidad educativa ante la sucesión de brutales recortes (especialmente la reducción del 42% del presupuesto del ministerio, el más bajo de los últimos 14 años ya antes de aplicarle ese recorte), que representaban las primeras grandes movilizaciones contra el gobierno de Bolsonaro. El carácter autoritario del ministro quedó claro cuando, el 30 de mayo, alentó denuncias contra «los profesores, funcionarios, alumnos, padres y responsables que divulgaran y promocionaran protestas dentro de escuelas y facultades». Lejos de corregirle o llamarle al orden, el propio presidente Bolsonaro calificó como «idiotas útiles» a los manifestantes dos semanas después, durante una visita a EE.UU.

El objetivo último es, según sus propias declaraciones, reducir el gasto público y desmantelar el sistema federal de educación superior. Según el ministro, el sistema de universidades federales es «costoso e ineficiente». Eso a pesar de su elevada calidad, sobre todo en comparación con el sistema privado de educación superior brasileño, y su hegemonía en la práctica en términos de la investigación científica que se realiza en Brasil. De hecho, la investigación científica en el país y la capacitación de recursos humanos altamente cualificados a nivel de master y doctorado se realiza casi exclusivamente en universidades públicas.

¿Cómo propone el gobierno mantener el nivel formativo e investigador del país con menos de la mitad de los recursos públicos destinados a financiarlos? La solución del gobierno de Bolsonaro ha sido el programa Future-up, dedicado a «…promover una mayor autonomía financiera en las universidades e institutos federales, por medio del incentivo a la captación de recursos propios y al emprendimiento». Un programa que muchos expertos consideran mal enfocado, y que ha sido fuertemente criticado por la gran mayoría de la comunidad académica. Es interesante señalar los paralelismos con la política de I+D+i de los gobiernos de Rajoy, con Wert al frente del Ministerio de Educación: los ambiciosos objetivos de sustituir la inversión pública por inversión privada entre 2013 y 2020 se quedaron en nada, y los fuertes recortes en la primera no solo no fueron compensados por la segunda, sino que la arrastraron a descensos aún más pronunciados – dejando al sistema científico en la situación de colapso actual.

Mientras tanto, las iniciativas científicas a largo plazo se priorizan exclusivamente en función de los intereses geopolíticos o macroeconómicos del país, como ha ocurrido con la reciente renovación de la financiación para la nueva base Antártica brasileña. Subyacente tanto a estas prioridades como a los ataques descritos hay un fuerte componente ideológico liderado por el «gurú» intelectual del gobierno de Bolsonaro, Olavo de Carvalho. De Carvalho ha declarado, por ejemplo, que la ultraderecha ha logrado el poder en Brasil, «pero no domina la estructura cultural», por lo que el siguiente paso del proceso debe ser «conquistar las universidades y el pensamiento», lograr la «hegemonía cultural» y «acabar» con la «dictadura mediática» dominada por la izquierda.

Y la cosa no acaba aquí. En paralelo al desmantelamiento y la persecución de las universidades, el gobierno de Bolsonaro está atacando también a las principales instituciones de apoyo a la investigación en Brasil – especialmente CNPq y CAPES, que se ocupan de financiar, respectivamente, la investigación y la formación de postgrado. De nuevo, mediante fuertes recortes económicos y paralizando ejecuciones presupuestarias y de becas que afectan a miles de estudiantes. Y, lo que es todavía más preocupante, introduciendo una serie de medidas, como las repetidas amenazas de fusión entre CNPq y CAPES, que no persiguen ninguna mejora de gestión y sólo buscan desmantelar la estructura actual, reducir el presupuesto total de investigación y, en definitiva, promover la inestabilidad y la falta de confianza en el sistema. La contestación a estas reformas ha llevado a la destitución de Anderson Correia como presidente de CAPES tras un año de mandato. Pero en lugar de enmendar la plana, el ministro Weintraub ha colocado al frente de la institución a Aguiar Neto, un rector evangélico defensor de la enseñanza del creacionismo en lugar de la teoría evolutiva.

Esta situación está llevando a una gran cantidad de académicos brasileños a tomar el camino del exilio para continuar con su investigación, con la esperanza de que sea un paréntesis temporal hasta que la situación mejore con un nuevo gobierno. Aunque enraizada en las carencias históricas del sistema académico y de I+D del país, en la crisis económica de los últimos años y en un lustro de recortes presupuestarios a la investigación, el primer año del gobierno Bolsonaro podría estar disparado esta fuga de cerebros.  Una vez más, las analogías con las peores fases de la crisis del sistema español de I+D son espeluznantes. La fuga de cerebros en nuestro país (que ha bajado de ritmo en la actualidad pero que no ha llegado a desaparecer ni mucho menos) llenó de titulares y preocupación a la comunidad científica internacional y a la sociedad española en su conjunto.

Si juntamos este panorama con los constantes ataques negacionistas de la evidencia científica del gobierno Bolsonaro en temas como salud, sexualidad, cambio climático o conservación de la naturaleza, el panorama actual de la ciencia y la educación superior en Brasil es desolador. Tan sólo en el ámbito del gobierno federal, la comunidad académica sufre el acoso prácticamente continuo de los ministros de Economía, Educación, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente, Agricultura, y Mujer, Familia y Derechos Humanos, al que se suma el propio Presidente de la República. Un ensañamiento con la ciencia y la cultura que solo amaina puntualmente con la sustitución del secretario de cultura por sus claras tendencias pro-nazis. No es difícil imaginar que el camino de ideologización cultural que iniciaría la imposición del pin parental en las comunidades gobernadas por las políticas de Vox en nuestro país desemboque en el fomento de ideas contrarias a la evidencia científica.

Dentro de esta coyuntura, el papel del Ministro de Ciencia y Tecnología (+ Innovación y Comunicación), el ex-astronauta Marcos Pontes, resulta contradictorio. Por un lado, no participa en el juego del acoso, las noticias falsas y las declaraciones absurdas; por otro, sin embargo, resulta difícil entender cómo alguien con un mínimo de conocimiento científico puede convivir con semejantes compañeros en el Consejo de Ministros. Algunas fuentes sugieren que el sistema de I+D brasileño aún no se ha derrumbado por completo porque el ministro ha sido capaz de defender la importancia de la ciencia y la tecnología a puerta cerrada. Sin embargo, y a falta de más datos, casos como el de la destitución de Ricardo Galvão como director del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) por divulgar datos sobre la deforestación en la Amazonia, colocando un militar en su lugar, indican que las políticas dictadas por el ministro Pontes van a seguir las líneas fundamentales de sus compañeros del gobierno, alejándose de la gestión basada en datos y evidencias.

La crisis económica de Brasil que comenzó en 2015 se ha utilizado para justificar la demonización del servicio público y el acoso y derribo de las instituciones académicas a través de recortes presupuestarios de universidades y agencias de financiación de la investigación. Sin embargo, las actuaciones y declaraciones del gobierno de Bolsonaro dejan claro que tan sólo una pequeña parte de los problemas que está experimentando la ciencia brasileña se deben al ciclo económico desfavorable. El problema más grave al que se enfrenta es la adopción, por parte del gobierno brasileño, de una visión claramente ultraconservadora, anticuada, anticientífica y antieducativa. Una visión incompatible con la educación y la ciencia modernas, que acabará lastrando gravemente tanto el desarrollo económico y social de Brasil como el bienestar de su población.

Fuente del artículo: https://www.eldiario.es/cienciacritica/Sobrevivira-Brasil-Bolsonaro-Recortes-Espana_6_989411072.html

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A 90 días de rebelión social popular y ciudadana, ¿Hacia dónde va el proceso político actual?

Por: Juan Carlos Gómez. 

A tres meses de la rebelión social es un hecho concreto que el gobierno de Sebastián Piñera ha logrado no superarla, pero si instalar e imponer –con diversas dificultades- una salida política institucional a la crisis abierta, el 18-O de 2019. Para, ello ha contado con la activa, eficiente y estratégica participación de la oposición política parlamentaria. Especialmente, de aquella que se manifiesta en la Cámara de Senadores. Aunque, en la Cámara de Diputados, la oposición política, menos compacta que en el Senado, también, le ha brindado los apoyos legislativos necesarios para avanzar en las iniciativas gubernamentales, especialmente, de aquellas destinadas a frenar, obstruir o criminalizar la protesta y la movilización social. Y, sobre todo, para viabilizar la salida político institucional. A pesar de los costos políticos que ella ha tenido para la derecha, por ejemplo, el quiebre interno y conflicto entre los partidos del Chile Vamos, el cual tiene como trasfondo, el ofrecimiento de parte Renovación Nacional, Evopoli y del propio presidente Piñera de ofrendar de manera sacrificial, el bien más preciado de la derecha, especialmente, para la UDI, la Constitución Política de 1980.

La suspensión de su participación, de la UDI, en el Chile Vamos, tuvo como consecuencia en que el principal referente de RN, Andrés Allamand, se retractara de su intención inicial de apoyar el cambio constitucional de la CP80, y en compañía de senadores y diputados de RN, comunico al país que rechazaría, en el plebiscito del 27 de abril, dicha posibilidad. Más tarde la UDI, adopto la misma decisión. En otras palabras, la derecha política, defenderá la continuidad de la CP80. Aunque Evopoli, aún no ha tomado como colectividad una decisión sobre de apoyar o rechazar el cambio constitucional. No obstante, que su presidente Hernán Larraín Matte, planteo que su postura individual es por el Apruebo.

Más allá de estas escaramuzas internas en la coalición de gobierno, la estrategia elaborada para controlar o salir de la crisis política, con todo, ha sido exitosa. El apoyo opositor, ha resultado crucial, para ello. Pues, le ha dado “aire” y “vida” a un gobierno y, sobre todo, a un Presidente, que de acuerdo a la encuesta CEP N° 84, cuenta con un muy bajo nivel de apoyo ciudadano, tan solo, el 6%.

Independientemente, de ese guarismo, la cooperación política entre gobierno y oposición parlamentaria, especialmente, desde el día 15 de noviembre de 2019, ha resultado fundamental y crucial para proteger y defender el sistema en crisis. Entre ambos sectores han construido el muro de defensa que busca evitar el colapso del gobierno como del régimen político y, en última instancia, de la dominación neoliberal. Cabe señalar que el neoliberalismo está amenazado; pero, de ninguna manera, derrumbado. La estrategia del cambio constitucional tiene como objetivo, justamente, evitar la “muerte” del neoliberalismo.

Como ya se ha dicho reiteradamente, la rebelión social popular y ciudadana puso en “jaque” no solo al gobierno de Piñera sino también, a toda la clase política parlamentaria. El rechazo a los partidos políticos y al parlamento, por parte de la ciudadanía es total. Tan solo un 2% y 3% de la ciudadanía tiene confianza en dichas instituciones. Por tanto, la rebelión social estremeció a todo el edificio político institucional.

Ahora bien, la única forma para evitar tanto el colapso del sistema político: estuvo en procurar evitar la división política de las elites en el poder y del poder. Había que impulsar una activa colaboración política de apoyo mutuo. Es lo que impulso el gobierno con el llamado al acuerdo nacional por la paz y contra la violencia. Este no fue dirigido a la ciudadanía sino, justamente, a la elites políticas parlamentarias y partidarias. Especialmente, de los sectores más acordes con el sistema político, principalmente, con los partidos que conformaron la exConcertación y la exNueva Mayoría. Estos, más algunos partidos del Frente Amplio, concurrieron a dicho acuerdo. La firma del Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución, del 15 de noviembre de 2019, puso las primeras piedras y pilares del muro de defensa.

La construcción de este muro de defensa, evito, en primer lugar, la caída del gobierno y del Presidente, al estilo Fernando de la Rúa, 2001, en Argentina. En segundo lugar, dado que el sistema de gobierno predominante en Chile, el presidencialismo reforzado, es, políticamente imposible exigir o demandar la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias, por lo consiguiente, el gobierno y el parlamento continuaran en ejercicio hasta el año 2022. Tercero, logro introducir una poderosa cuña política al interior del proceso de rebelión ciudadana, al instalar el proceso constituyente. Elaborando y acordando, entre el ejecutivo y el legislativo, una cronología para esos efectos.

Esta cuña, independientemente, del curso que tome la Rebelión Social, en los meses venideros, va dividir a la ciudadanía descontenta, entre aquellos, que tomaran el camino constitucional con la esperanza que se va cambiar la CP80, a la cual se le atribuyen las principales responsabilidades de los problemas que tiene la sociedad neoliberal actual. Y, aquellos, que continuaran la lucha social directa en contra del capitalismo neoliberal. Es más, al interior de los sectores ciudadanos que tomaran la vía constitucional también se va producir una división, que ya es observable, entre los sectores democráticos liberales que aceptan la “hoja de ruta” señalada por el poder constituido y, los sectores democráticos autónomos, que buscan realizar un proceso constituyente popular de manera independiente y autónoma del poder constituido. Este es un fuerte dilema político para los sectores ciudadanos que buscan modificar lo existente.

Sin embargo, esta estrategia política del poder constituido, no fue exitosa del todo, pues, fracaso en detener y contener la Rebelión Social popular y ciudadana. El episodio más significativo de esta fue protagonizado, por las y los estudiantes secundarios: el boicot a la Prueba de Selección Universitaria, PSU, organizada, impulsada y realizada por la ACES.

Este boicot puso en alerta y en aviso a la clase política parlamentaria, al gobierno como también a la ciudadanía que la Rebelión Social esta “viva” y en acción. Así, lo demuestran, por otro lado, las diversas acciones colectivas territoriales que se realizan en distintas poblaciones de la Región Metropolitana como de otras ciudades, y los cientos de ciudadanos que se reúnen todos los días viernes en la Plaza Dignidad. Y, todos los datos e informes que señalan que se prepara para una nueva ofensiva política para el mes de marzo.

II.

Como he señalado, la opción implementada en Chile, para evitar la caída de régimen político, ha sido la reconfiguración el bloque dirigente. Pero, a diferencia de otros casos, con un adicional, el ofrecimiento de parte del poder constituido a los sectores sociales y políticos movilizados, la promesa política de cambiar la Constitución Política vigente. Es decir, ofrecer un cambio político-institucional a cambio de paz política. Este cambio tiene como objetivo, no necesariamente, dar solución a los problemas que dieron origen a la Rebelión Social, sino reconstruir el régimen político con el fin de conservar -los sectores dominantes- intacto la estructura de poder social de la sociedad chilena, en otras, palabras el capitalismo neoliberal. Aunque deban cambiar la institucionalidad política.

El cambio constitucional ha sido el “caramelo” o la “zanahoria” que el poder político ha entregado a la ciudadanía para evitar, supuestamente, la radicalidad de la rebelión social. Y, justamente, ese “caramelo” que ha endulzado la actividad política de ciertos sectores de la oposición política como de la ciudadanía, quienes, van aceptando, integrando y, por ende, legitimando el proceso constituyente activado y dirigido por el poder constituido. Mientras que otros sectores sociales y políticos ciudadanos se mantienen en lucha y buscan alterar el calendario y la legitimidad de ese proceso constituyente.

De manera que finalizada la primera quincena del mes de enero del 2020 y a 90 días de rebelión social tenemos el siguiente escenario político.

A.- Se ha establecido una alianza política, en los hechos concretos, entre el gobierno de S. Piñera y el parlamento, especialmente, con los partidos opositores, en defensa no del gobierno sino del sistema político en riesgo por la contundencia de la Rebelión Social.

B.- Establecimiento de un proceso constituyente destinado a modificar la CP80, a fin de reconstruir el régimen político, reconfigurar el bloque dirigente, evitar la división de las elites de poder y en el poder, modificar aspectos menores del proceso de acumulación neoliberal, etc.

La apuesta del bloque dominante es producir los menores cambios posibles en la estructura económica del país, integrando algunos “derechos sociales”, sin que estos modifiquen lo sustantivo del patrón de acumulación. Sin cambiar ni modificar la forma de Estado-nación. Impensado será, por ejemplo, el establecimiento de un Estado Plurinacional, ni tampoco instalar, en vez, de la democracia liberal-representativa la democracia social participativa u otra. El proceso de cambio constitucional diseñado entre los partidos de gobierno y la oposición, posee, límites y fronteras muy altas, que impedirán un cambio político histórico y profundo de las estructuras del poder social actualmente vigente.

Aunque los partidos de la alianza Chile Vamos, han presentado ciertas fisuras como la señalada entorno a apoyar el cambio constitucional de la CP80, lo cierto, es que están preparados para enfrentar los dos escenarios posibles de concretarse: a) que gane la opción Apruebo y Convención Constitucional 100% compuesta por ciudadanos; y b) que gane la opción No Apruebo. Por cierto, de ganar esta última opción, sería un triunfo notable de la clase dominante y dirigente. La única posibilidad que se produzca es que los sectores más conservadores de la oposición, especialmente, de la Democracia Cristiana, de los sectores sociales ciudadanos, especialmente, los “no políticos” (sectores evangélicos, exmilitares y mayores de 50 años), apoyen el no apruebo. Aquí hay una apuesta, que no es posible soslayar ni considerar en los análisis. Tanto RN y la UDI, han convocado a sus bases a rechazar el cambio constitucional. Lo mismo ha realizado los grupos más de extrema derecha vinculados al Partido Republicano de J. A. Kast.

C.- La configuración de actores políticos y sociales que se preparan a participar activamente el proceso constituyente. Por un lado, la Democracia Cristiana, levanta su movimiento #YoApruebo, bajo la dirección de la mítica y simbólica figura de Carmen Frei, hija del expresidente Eduardo Frei Montalva, presentado como un tenaz opositor al CP80. Y, que supuestamente, fue asesinado por la dictadura cívico-militar por esa postura. Obviando, el hecho que más allá de la postura de Frei Montalva, fue el primer presidente de la democracia protegida, el DC, Patricio Aylwin (1990-1994) quién planteo en 1984, o sea, cuatro años más tarde de la aprobación de la CP80 y a dos años del “asesinato” de Frei Montalva, que había que dejar de discutir la “legitimidad” de esa constitución y aceptarla de hecho. Lo que permitió que dicha Constitución continuara su vida útil hasta el día de hoy. Esta opción busca representar, por cierto, a la ciudadanía moderada, pro-sistema, que rechaza la violencia social y política que se ha manifestado en la Rebelión social. La campaña apunta a las y los ciudadanos de la clase media y los sectores adultos.

Por otro lado, el 19 de enero se configuró un segundo conglomerado de partidos y organizaciones sociales el Comando Chile Digno. Cuyo fin último será participar activamente en el proceso constituyente convocando por el poder constituido, para votar Apruebo en el plebiscito del 26 de abril. Este conglomerado conformado por varios partidos y agrupaciones políticas como el PRO (Progresistas), el Partido Comunista de Chile, Federal Regionalista, Partido Igualdad, Izquierda Libertaria, Wallmapuwen y otras organizaciones sociales. Su ciudadanía objetivo serán las bases militantes de estos partidos compuestas por sectores medios estudiantiles, pobladores, trabajadores, etcétera.

Cabe señalar que también se han ido conformando y organizando algunos nuevos partidos políticos, señalados como instrumentales, con la intención de participación a los independientes en el plebiscito de 26-A; tales como, el Partido por la Dignidad; el Movimiento por una Constituyente Ciudadana, entre otros.

Estos son sectores sociales y políticos vinculados a la oposición política institucional al gobierno de S. Piñera. Pero, no necesariamente, son sectores anti-sistema. Su posición es bastante ambigua, tanto frente a la institucionalidad como a la Rebelión social.

Estos conglomerados estarían convocando entre el 68 o 70% de las y los ciudadanos que desde octubre a la fecha no han participado en las manifestaciones ni tocando una cacerola, ni asistiendo a una marcha.

D.- Por otro lado, a lo largo y ancho de la sociedad popular se ha ido configurando cada día con mayor fuerza la idea de impulsar un proceso constituyente directo que concluya en la formación de una Asamblea Plurinacional Constituyente Autoconvocada. Tal vez, la más importante de estas organizaciones ciudadanas sea la Coordinadora de Asambleas Territoriales (CAT).

Consideramos que esta iniciativa introduce una inflexión política al interior de la demanda por una Asamblea Constituyente que la ciudadanía nacional ha venido planteando desde hace algunos años. Y, quiebra con la idea que la noción liberal o socialdemócrata que algunos sectores han venido hegemonizando. El surgimiento de la CAT que se reconoce como “hijas de la rebelión popular”, por lo tanto, eso marca el fin de esa hegemonía. E, inicia la lucha por conducir no la rebelión social, sino el movimiento social hacia una Asamblea Constituyente Autónoma, ACA.

Por cierto, que el objetivo central de este movimiento social será impugnar el proceso constituyente estatista. Aunque, la CAT, ha dispuesto que serán las y los ciudadanos los que van dirimir el qué hacer con “el proceso propuesto por el gobierno y el parlamento, esto es: el plebiscito de abril”.

El surgimiento de esta propuesta popular es claramente anti partidos políticos tradicionales y parlamentarios. Dice relación con la división en la ciudadanía descontenta con las formas políticas de la democracia protegida, el sistema económico neoliberal, etcétera. Y, probablemente, las diversas asambleas territoriales estén compuestas por ciudadanos que en los últimos años han rechazado, a través de su abstención electoral, las diversas ofertas y programas políticos que los partidos políticos del orden han presentado.

E.- Por último, en este cuadro estaría incompleto si no contempláramos en nuestro análisis el rol de los sectores rebeldes, especialmente, de aquellos sectores que se identifican con la 1° línea y el “ejercito” de ciudadanos rebeldes que actúan en la Plaza Dignidad desde el 18 O hasta la actualidad.

Estos sectores son los antisistema y anticapitalistas. No tienen ninguna lealtad ni fidelidad con el sistema social que durante décadas los margino y los condeno a una vida sin sentido. Hoy, el estallido social del 18-O les ha dado una razón de estar y de ser. Son vistos y reconocidos. Son considerados e inclusive protegidos, etcétera. El enfrentamiento con los “pacos”, con los organismos policiales del Estado, les mantiene “en lucha”. Lucha que no están dispuestos a deponer. Aunque no tengan claro el objetivo final de ella.

Difícilmente, este actor acepte participar en el plebiscito de abril, pero, tampoco, en el proceso constituyente popular autoconvocado, pues, este último también es conformar una institucionalidad política que a la larga termina por oprimirlos y disciplinarlos. Ellos son la libertad en acto y en potencia. Por esa razón, no los veo participando en un orden institucional, como será, el proceso constituyente popular. Pero, si serán centrales en, una posible, radicalización del proceso de Rebelión Social. De no producirse esa radicalidad, este sector, ira viendo menguada su fuerza. Y, en la medida que cualesquiera de los dos procesos constituyente, se vaya institucionalizando, los rebeldes dejaran de der actores políticos estratégicos como lo han sido hasta ahora. Por cierto, que no van desaparecer, sino, como tantas veces en el pasado, las y los rebeldes pasaran a ocupar la retaguardia. Volverán a caminar detrás, de los actores institucionalizados. En conclusión, este actor social y político, abrió la coyuntura critica actual, pero, no serán los que la cierren. Salvo, que las expectativas de la ciudadanía depositadas en la solución constitucional resulten un fraude, un engaño, o una artimaña del poder constituido para mantener las estructuras de dominación neoliberal.

A 90 días del “estallido social” los actores sociales y políticos han comenzado a ordenarse en torno a la solución constitucional de la crisis abierta por la rebelión social.

El problema central que hoy evidencia la coyuntura critica es que el gobierno de Sebastián Piñera, sigue gobernando, sigue tomando decisiones que influyen directamente en la vida cotidiana de la ciudadanía. Y, lo hace, con el apoyo de la oposición parlamentaria.

Más allá del cuadro situacional que hemos delineado en este texto, el problema central que tienen los actores sociales y políticos que miran con recelo la acción gubernamental es qué hacer con Piñera y su gobierno. Exigir su renuncia, significaría incrementar la movilización social, a través de la desobediencia civil, la paralización del proceso económico por medio de una huelga general y aumentar los niveles de la violencia social y política, entre otras acciones colectivas. El punto, es que solo los grupos rebeldes estarían dispuestos a asumir esas tareas. Pues, mayoritariamente, la ciudadanía optaría por no impulsar la radicalidad de la rebelión social.

Por esa razón, considero equivocado sostener que el gobierno de Piñera, dejó de gobernar o funcionar. La tarea principal que hoy se han trazado es sostener y defender el neoliberalismo. No están inmovilizados, ni derrotados, están atrincherados en los espacios del poder. Para vencerlos y derrotarlos, hay expulsarlos de esos espacios. Hasta ahora, solo la primera línea, estarían por impulsar y apoyar esa misión histórica y política. No hay que esperar a marzo y menos abril, para ello, hay que hacerlo, ya.

Fuente de artículo: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=264833

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La educación y un carro compartido

Por: Ricardo Braginski.

En medio de la campaña electoral y para forzar el debate educativo, una ONG les pidió a los candidatos que presentaran sus propuestas para el área. De los seis presidenciables que competían tras las PASO, el único equipo que no lo hizo fue el de Alberto Fernández. En el debate, además, el candidato -hoy presidente- no puntualizó en ninguna idea concreta para el área de educación. Sólo habló de la necesidad de subir el presupuesto, que viene cayendo fuerte -por parte de Nación y de las provincias- desde el año 2016.

Ahora que el carro empezó a andar, no queda más que mirar cómo se acomodan los melones. Y, sobre todo basándose en las declaraciones oficiales, el panorama parece auspicioso. El nuevo gobierno pone el foco en las inequidades, en trasformar a la educación en una herramienta que logre “romper las desigualdades” de origen de los chicos argentinos.

Y para eso, los principales objetivos apuntan a universalizar la educación inicial (en el país, solo la mitad de los jardines tiene sala de 3 y tienen menos acceso justamente los chicos que más los necesitan); así como avanzar en la jornada extendida para cada vez más estudiantes: hoy llega a apenas el 14% de los alumnos de la primaria, es decir que el 86% de ellos va sólo 4 horas por día a la escuela. La ampliación del jardín y de las horas debieran ser, claro está, con criterios de calidad educativa.

El problema es que sólo para estas dos medidas (también se está avanzando en la entrega de libros y computadoras) se necesita plata. Y mucha. Y se requiere no sólo que la ponga el Gobierno nacional sino, principalmente, que abran la billetera las administraciones provinciales.

¿Cómo se va a lograr esto? Según dijo el ministro de Educación Nicolás Trotta a Clarín, se hará con “la construcción de consensos con todos los actores, incluyendo las 24 jurisdicciones, el sector de los maestros, las principales referencias pedagógicas y las universidades nacionales”. Es decir, con diálogo. Se puede entender que será con acuerdos, con decisiones compartidas.

Pero además del diálogo -tan necesario-, quizás se pueda incluir una herramienta más. Por ley, hoy tenemos que el 6% del PBI consolidado -Nación más provincias- tiene que ir a educación. Y por el impuestazo, ahora el Estado tendrá más recursos. ¿Qué tal si fijamos concretamente -sobre la base de datos objetivos de la realidad de cada distrito- cuáles serán las metas y los plazos de inversión en educación de cada uno de ellos?

Ahora que tenemos una buena dirección para el carro, estaría bueno que cada uno -y de acuerdo a sus posibilidades- tire de él en forma pareja.

Fuente del artículo: https://www.clarin.com/opinion/educacion-carro-compartido_0_3DAcs6cs.html

 

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