En otras palabras, la negativa del Estado de Guatemala de permitir derechos políticos a indígenas y campesinos, y la acción ante tribunales y en las calles por parte de comunidades y pueblos originarios en Guatemala, es un asunto mucho más trascendente que el “simple” hecho de permitir o no la participación a indígenas en una contienda electoral. El asunto devela la situación real de la ciudadanía o no para las grandes mayorías del país. Y esto, a su vez, manifiesta la condición antropológica o no de las grandes mayorías de Guatemala.
El pasado 16 de febrero, miles de indígenas y campesinos de origen Maya y Xinca, junto a colectivos mestizos, desde las 6 de la mañana, ocuparon y protestaron en cerca de 20 puntos geográficos del territorio nacional exigiendo la restitución del ejercicio de sus derechos políticos de “elegir y ser electos como gobernantes” en un país con mayoría demográfica indígena.
Desocuparon los caminos tomados, al promediar el medio día, anunciando que volverán en unos días con más acciones colectivas de protesta por el reconocimiento de su ciudadanía en un país cuyos ancestros estuvieron desde antes de la Colonia española y, por supuesto desde antes de la actual Colonia republicana.
¿Qué ocurrió?
En Guatemala, con más 44% de población indígena (según censo nacional 2018), están abiertas las elecciones generales para junio del 2023. Allí se elegirá presidente, vicepresidente, 160 diputad@s, 20 representantes al PARLACEN y 340 alcaldes municipales y consejales.
Los pueblos originarios y campesinos de Guatemala, al igual que en el resto de los países del Continente, en los doscientos años de República, jamás participaron con organización política propia, ni candidaturas propias, en ninguna elección general.
En 2016, las comunidades rurales organizadas en resistencia, frente a los abusos de las corporaciones extranjeras en sus territorios, articulados en el movimiento CODECA, decidieron crear su propia organización política para participar en las elecciones, llegar a ser gobierno y realizar “cambios estructurales en el país racista”.
En 2018, las comunidades en resistencia, lograron crear e inscribir en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la organización política Movimiento para la Liberación de los Pueblos MLP. Lo denominaron instrumento político.
En 2019, sin tiempo y sin recursos económicos, participaron en las elecciones generales, y ocuparon el cuarto lugar con su candidata presidencial Thelma Cabrera, originaria maya mam. Pero, de manera asombrosa, el TSE únicamente les permitió una diputación en el Congreso de la República.
Desde entonces, las comunidades y pueblos en resistencia continuaron organizando, formándose bajo su horizonte del Estado plurinacional y el Buen Vivir, con la ilusión de ser por primera vez en la historia de Guatemala “ciudadanos plenos” con derecho a elegir y ser electos.
Elecciones generales 2023. TSE les impide participar con candidatura propia
Llegó el proceso electoral 2023. MLP, cumpliendo todos los requisitos exigidos por Ley, realizó su Asamblea Nacional para ratificar sus decisiones comunitarias, proclamó a Thelma Cabrera y a Jordán Rodas (ex procurador de Derechos Humanos) como su binomio presidencial. Pero, para sorpresa nacional e internacional, el TSE se niega a inscribir dicha candidatura argumentando: “invalidez del finiquito” de Jordán Rodas.
El finiquito es un documento filtro que Contraloría de Cuentas extiende a funcionarios públicos certificando que el portador carece de cuentas pendientes con la Ley. Y, efectivamente, según portal web, el finiquito de Rodas existe, y está vigente.
MLP coloca al Estado de Guatemala entre la Ley y las calles
Ante esta situación el MLP, decidió colocar al TSE, y al propio Estado, entre la “Ley y las calles”. Realizan todos los procedimientos de amparos legales ante tribunales correspondientes, pero al mismo tiempo, las comunidades en resistencia se autoconvocan para tomar las calles exigiendo el “reconocimiento de la cualidad de ciudad de indígenas y campesinos”.
Ahora, el Estado de Guatemala, mediante su aparato judicial, se encuentra en una encrucijada histórica: O anula legalmente la cualidad de ciudadanía que en teoría había otorgado a indígenas y a campesinos del país en 1953 (Decreto n. 900, liberación de la servidumbre indígena), o ratifica la ciudadanía plena a indígenas y campesinos, permitiéndoles participar en las elecciones 2023, con muchas posibilidades de ser gobierno. En cualquier caso, las élites fácticas del país se encuentran en situación difícil.
Exigen reconocimiento real de su ciudadanía
Indígena campesino, junto a su comunidad, en la toma de caminos, exigiendo inscripción del binomio presidencial de MLP
Portavoces de MLP, en reiteradas oportunidades expresaron: “Nosotros no somos electoreros. No queremos sólo ganar elecciones, y ser gobierno. Nosotros queremos realizar los cambios hacia un Estado plurinacional para el Buen Vivir mediante el proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional”.
Es estas palabras, y en las acciones colectivas que realizan, lo que propugna MLP es el reconocimiento de la ciudadanía plena para indígenas y campesinos que, en los hechos, jamás fueron reconocidos como ciudadanos con derecho a elegir, ser electos y a ejercer función pública. El o la indígena, en los hechos, para existir para el Estado, estaba obligado a guatemaltizarse: dejar su idioma y hablar castellano, cambiar su apellido indígena por uno mestizo, asumir estéticas y hábitus misticriollos…
En otras palabras, la negativa del Estado de Guatemala, mediante el TSE (ente llamado a promover la ciudadanización universal y democratización plena del país), y la acción ante tribunales y en las calles por parte de comunidades y pueblos originarios en Guatemala, es un asunto mucho más trascendente que el “simple” hecho de permitir o no la participación a indígenas en una contienda electoral. El asunto devela la situación real de la ciudadanía o no para las grandes mayorías del país. Y esto, a su vez, manifiesta la condición antropológica o no de las grandes mayorías de Guatemala.
Porque si se les niega la cualidad de ciudadanía (impidiéndoles el derecho a elegir y ser electos, ejercer función pública), se les niega la cualidad humana. En la lógica occidental, sólo los humanos pueden elegir, ser electos, y ejercer función pública. No los animales, ni las plantas… Entonces, en Guatemala, las y los indígenas, ¿Son ciudadanos? ¿Son seres humanos? Ésta son algunas cuestiones de fondo.
Fuente de la Información: https://ollantayitzamna.com/2023/02/18/guatemala-la-batalla-de-los-pueblos-originarios-por-la-ciudadania/#more-3696
Miles de docentes pueden quedar excluidos/as en los falsos procesos de estabilización
Por Gorka Martín*
Mucho se está hablando de los procesos de estabilización de los interinos en las diferentes administraciones, pero poco se habla de las grave repercusiones que estos procesos de pseudoestabilización tienen y tendrán para muchos y muchas de los/las interinos/as, muy especialmente en el colectivo docente, uno de los más numerosos. En este colectivo se da la casuística de que está feminizado en alrededor de un 70%.
Vamos a situarnos cronológicamente:
El 28 de junio de 1999 la Unión Europea publica la Directiva 1999/70/CE relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, que en su cláusula 5 titulada “Medidas destinadas a evitar la utilización abusiva” trata de prevenir los abusos producidos por la utilización de forma sucesiva de contratos temporales o de duración determinada. El periodo de encadenamiento máximo de estos contratos temporales depende de cada estado. Aquí en España para la empresa privada se fijó en 3 años con lo que un/a trabajador/a que llevase más de ese periodo encadenando contratos temporales se le consideraba que estaba en fraude de ley por abuso de temporalidad. Paradójicamente para la empresa pública no había ninguna referencia hasta hace unos años.
No fué hasta el 2021 que, por presiones de la Unión Europea, el Gobierno español sacó una ley para regular el abuso de temporalidad que ejercían las empresas públicas y fué con la llamada “Icetazo”: Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en la que se pretende reducir hasta por debajo de 8% la temporalidad en la administración pública (en Catalunya el porcentaje de interinidad en la educación pública supera el 40%). En esta ley se limita a 3 años seguidos en caso de vacante, y 4 en caso de sustituciones, el tiempo máximo para ocupar dicha plaza. Pero lo peor es la interpretación que se hace de la Directiva Europea, dado que esta Ley 20/2021 habla de estabilizar plazas en vez de a las personas y aquí empieza el principio de todos los males como veremos más adelante.
En lo que respecta a Educación la normativa que regula todos los procesos selectivos es el Real Decreto 270/2022, de 12 de abril, donde se estipulan las bases para articular los diferentes procesos SELECTIVOS de las diferentes administraciones. Estos procesos selectivos son abiertos, es decir, que se puede presentar cualquiera que cumpla los requisitos y el estar trabajando para esa administración concreta NO es uno de ellos, con lo que se pretende estabilizar són las plazas y no a las personas que las ocupan, que són las que están en fraude de ley. Cabe remarcar que la manera de estabilizar las plazas docentes es mediante concurso (además de estar maltratados por las diferentes administraciones por abuso de temporalidad encima nos hacen competir entre nosotros), obteniendo, quien gane, una plaza de funcionario, si si de funcionario. Creando así un profundo malestar entre el colectivo de funcionarios que ha tenido que sudar la gota gorda para conseguir una plaza. Dicho esto se tiene que explicar que el gobierno se negó a crear la figura de fijo a extinguir (para que se entienda sería como un interino fijo indefinido) aun existiendo esa figura jurídica, alegando que crearía diferencias entre el colectivo. Pues mira tú por donde, que al quejarse el colectivo de funcionarios tuvieron que sacarse de la manga una subcategoría de funcionario para asignarla a las personas que superasen los procesos SELECTIVOS.
Llegados a este punto cada administración convoca sus respectivos procesos selectivos, aunque los mal llaman de estabilización pero, como hemos comentado antes, no lo son.
Catalunya fue una de las primeras comunidades autonómicas en convocar uno de estos procesos de pseudoestabilización para los empleados de la educación pública y sirve de conejillo de indias como precedente de los procesos que se darán con posterioridad. Vamos a analizarlos.
El primer proceso de pseudoestabilitzación fue el concurso de méritos (a partir de ahora CM). Para empezar no se tiene en cuenta el número de personas que están en fraude de ley y se sacan a concurso un número limitado de plazas, que son, obviamente, insuficientes en relación con el número de personas a estabilizar. Si miramos sus bases encontramos que,como ya hemos comentado, es un proceso abierto, y por lo tanto no pretende estabilizar al personal docente que ya está trabajando para la Generalitat, si no las plazas que están vacantes (recordamos que Catalunya tiene más de un 40% de interinaje en la educación pública). Pero además, al estabilizar las plazas y no a las personas, cada aspirante tiene que formalizar una solicitud por cada una de las especialidades que se quiere presentar, es decir, si un docente puede ejercer la docencia en 5 especialidades si quiere optar a una plaza en alguna de las 5 tiene que presentar (y pagar) por cada una de las especialidades.
El concurso se basa en un baremo de una serie de méritos y observando los diferentes apartados vemos que el tiempo de servicios prestados, tan solo computan 7 de los 15 puntos que se pueden obtener como máximo en toda la baremación del concurso. Es decir, que el motivo por el que se plantean estos procesos, qué es estabilizar a las persona que llevan años trabajando, no cuenta ni la mitad de la nota máxima del baremo! Para más INRI te limitan la experiencia máxima a meritar a 10 años! Quien tenga 15 o más en una especialidad no se tiene en cuenta lo que sobrepase de 10. Pero no acaba ahí el despropósito, al mirar como se bareman el tiempo trabajado, éste se fragmenta en las diferentes especialidades, obteniendo la ponderación máxima en el tiempo que ha trabajado en esa especialidad y la mitad o menos en las otras, diluyendo así el tiempo de servicios prestados. Por ejemplo, esto conlleva que un/a docente que lleve 20 años trabajando y haya impartido docencia en 5 especialidades no llegue a tener el máximo en servicios prestados, sin embargo, alguien que lleve la mitad de tiempo o menos pero que solo haya ejercido la docencia en una especialidad tiene mucha mejor puntuación, perverso, no?
Y os preguntareis ¿cómo se pueden conseguir los otros 8 puntos? Pues en méritos que nada tienen que ver con la estabilización como és la formación académica, el haber superado concurso de oposiciones (aunque sea para otra administración). Sin embargo, la formación permanente que ha invertido la Generalitat para sus trabajadores solo puntúa 2 puntos. En cambio, títulos universitarios, masters… que solo se lo pueden permitir docentes que tengan tiempo y dinero puntúan igual.
Vamos a poner un ejemplo de un caso hipotético (pero que podía ser real):
Tiempo de servicios prestados: 11 años (3 en una especialidad, 4 en otra, 1 en otra y 2 en la última).
Nota de la carrera: inferior a 6.
Formación de doctorado, otras titulaciones, másteres: 0
Oposiciones aprobadas: 0
Puntos por formación: supongamos que es el máximo que son 2.
Este/a docente tendría dos puntos en formación en cada una de las especialidades que se presenta pero en la experiencia docente , y en la especialidad que más ha trabajado tendría como máximo 5 puntos. Así que en total sumarían un total de 7 puntos en la especialidad que más puntuación podría sacar.
Ahora imaginaros que otro/a candidato/a que no haya trabajado nunca para esa administración pero que tenga un 8 en la carrera (1,5 puntos en la baremación), hayan cursado un màster (1 punto) y que se haya presentado a dos oposiciones, las haya aprobado pero no haya obtenido plaza (5 puntos: 2,5 por oposición).
Este/a último/a candidato, sin haber trabajado tendría 7,5 puntos y por lo tanto le pasaría por delante al que lleva 11 años trabajando!
¿Se entiende la perversión de todo esto? ¿Dónde está la estabilización en este caso?
Una vez finalizado este proceso selectivo, los/as aspirantes que no lo superen están obligados a presentarse (y volver a pagar) a un concurso de oposiciones “light”, es decir, otro proceso selectivo abierto, que no asegura la estabilidad de los/as trabajadores/as que están en fraude de ley y aún es más permeable para quien no ha trabajado nunca para esa administración.
Desde PinDo llevamos tiempo intentando visibilizar estas injustas consecuencias y denunciando que los que nos tenían que defender a los interinos apostando por unos procesos justos y que cumplan la directiva europea, están, en cambio, de acuerdo con la Ley 20/2021 (¡y los han pactado!). Así, nos encontramos que miles de docentes que llevan 5, 10, 15 e incluso más tiempo de servicios prestados pueden dejarlos en la calle.
UNA INTERINA EN FRAUDE DE LEY = UNA PLAZA FIJA!
*Docente y miembro activo de la Plataforma d’Interines Docents de Catalunya (PinDo)
Fuente de la Información: https://kaosenlared.net/miles-de-docentes-pueden-quedar-excluidos-as-en-los-falsos-procesos-de-estabilizacion/
Universidades dominicanas deben avanzar hacia la homologación nacional e internacional
El profesional de estos tiempos debe formarse para un mercado global
Una de las metas más importantes que deben de materializar las universidades de la República Dominicana es la homologación de programas estudios a nivel nacional e internacional, explicó la doctora Ibeth Guzmán, catedrática universitaria.
En la sección Interacción universitaria, del programa A partir de ahora, de Acento TV, la doctora Guzmán, profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), explicó que el profesional de estos tiempos, que regularmente domina más de un idioma, sobre todo el inglés, debe contar con una formación que le permita insertarse y ejercer dentro y fuera de su país.
Indicó que el profesional calificado con parámetros de calidad internacionales se logra con la homologación de las universidades dominicanas con las de países de reconocida calidad en sus academias de estudios superiores.
Temas tratados por la Dra. Guzmán:
Las universidades no solo deben de formar profesionales para el mercado laboral
La innovación
La investigación
Las universidades como centros de pensamiento y quehacer científic0.
Fuente de la Información: https://acento.com.do/actualidad/universidades-dominicanas-deben-avanzar-hacia-la-homologacion-nacional-e-internacional-9173051.html
La malnutrición de las madres aumenta un 25% en los países afectados por la crisis, y pone en peligro a las mujeres y a los recién nacidos
Debido a que la mitad de los casos de retraso del crecimiento entre los niños y niñas menores de dos años comienzan durante el embarazo y antes de los seis meses, un nuevo informe alerta sobre la necesidad de invertir en programas de nutrición esenciales
Kokobe Ashebir, de 20 años, recibió suplementos de micronutrientes múltiples (SMM) suministrados por UNICEF en un centro de salud en la región de Oromia, Etiopía, cuando estaba embarazada. Gracias a ellos, vio una mejoría en su salud.
NUEVA YORK, 7 de marzo de 2023 – El número de niñas adolescentes y mujeres embarazadas y lactantes que sufren desnutrición aguda ha aumentado desde 2020 de 5,5 millones a 6,9 millones –un 25%– en los 12 países más afectados por la actual crisis alimentaria y nutricional que sacude el mundo, según un nuevo informe publicado hoy por UNICEF.
Los 12 países –entre ellos Afganistán, Burkina Faso, Chad, Etiopía, Kenya, Malí, Níger, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, Sudán y Yemen– representan el epicentro de una crisis mundial de la nutrición que ha empeorado debido a la guerra en Ucrania y a la sequía, los conflictos y la inestabilidad que persisten en algunos países.
Desnutridas y olvidadas: una crisis mundial de la nutrición de las adolescentes y las mujeres, publicado con ocasión del Día Internacional de la Mujer, advierte que las perturbaciones actuales, agravadas por la persistente desigualdad de género, están agudizando una crisis de la nutrición entre las adolescentes y las mujeres que ya llevaba mostrando signos de deterioro en las dos últimas décadas.
“La crisis mundial del hambre está provocando que millones de madres y sus hijos sufran hambruna y desnutrición grave”, afirmó Catherine Russell, Directora Ejecutiva de UNICEF. “Sin una acción urgente de la comunidad internacional, las consecuencias podrían durar varias generaciones”.
Según el informe –una visión panorámica exhaustiva y sin precedentes del estado de la nutrición de las adolescentes y las mujeres en todo el mundo– más de 1.000 millones de niñas adolescentes y mujeres padecen desnutrición (que incluye la insuficiencia ponderal y la baja estatura), deficiencias de micronutrientes esenciales y anemia, una situación que tiene repercusiones devastadoras para sus vidas y su bienestar.
La nutrición deficiente de las niñas y las mujeres puede debilitar su inmunidad, mermar su desarrollo cognitivo y aumentar el riesgo de que padezcan complicaciones potencialmente mortales durante el embarazo y en el parto, con consecuencias peligrosas e irreversibles para la supervivencia, el crecimiento, el aprendizaje y la futura capacidad de generar ingresos de sus hijos.
En todo el mundo, 51 millones de niños menores de dos años sufren retraso del crecimiento, lo que significa que su estatura es demasiado baja para su edad debido a la malnutrición. En aproximadamente la mitad de los casos, el retraso del crecimiento comienza durante la gestación y en los primeros seis meses de vida (el periodo de 500 días en el que el niño depende totalmente de la nutrición materna), según se indica en un nuevo análisis que figura en el informe.
“Para prevenir la desnutrición infantil, debemos abordar también la malnutrición de las adolescentes y las mujeres”, añadió Russell.
Asia Meridional y África Subsahariana siguen siendo el epicentro de la crisis nutricional entre las adolescentes y las mujeres, ya que en esas dos regiones viven 2 de cada 3 adolescentes y mujeres con insuficiencia ponderal en todo el mundo, y 3 de cada 5 adolescentes y mujeres con anemia. Además, las adolescentes y las mujeres de los hogares más pobres tienen el doble de probabilidades de sufrir insuficiencia ponderal que las de los hogares más ricos.
Las crisis mundiales siguen perturbando de manera desproporcionada el acceso de las mujeres a unos alimentos nutritivos. En 2021 había 126 millones más de mujeres que de hombres en situación de inseguridad alimentaria, en comparación con los 49 millones más que había en 2019, lo que supone un aumento de más del doble en la brecha de género con respecto a la inseguridad alimentaria.
Desde el año pasado, UNICEF ha intensificado sus esfuerzos en los países más afectados por la crisis nutricional mundial, como Afganistán, Burkina Faso, Chad, Etiopía, Haití, Kenya, Madagascar, Malí, Níger, Nigeria, República Democrática del Congo, Somalia, Sudán del Sur, Sudán y Yemen, con un plan de aceleración para prevenir, detectar y tratar la emaciación en las mujeres y los niños.
El informe hace un llamamiento a los gobiernos, los aliados y los donantes humanitarios y del desarrollo, las organizaciones de la sociedad civil y los agentes del desarrollo para que transformen los sistemas alimentarios, de salud y de protección social de las adolescentes y las mujeres mediante las siguientes medidas:
Dar prioridad al acceso de las adolescentes y las mujeres a una alimentación nutritiva, segura y asequible, y proteger a las adolescentes y las mujeres del consumo de alimentos ultraprocesados restringiendo su comercialización, haciendo obligatorio el etiquetado en la parte frontal de los envases y aplicando impuestos.
Poner en vigor políticas y medidas jurídicas obligatorias para ampliar el enriquecimiento a gran escala de los alimentos de consumo habitual, como la harina, el aceite de cocina y la sal, con el fin de ayudar a reducir las carencias de micronutrientes y la anemia en niñas y mujeres.
Garantizar que las adolescentes y las mujeres de los países de ingresos medianos y bajos tengan acceso gratuito a servicios de nutrición esenciales, tanto antes como durante el embarazo y la lactancia, lo que incluye la administración de suplementos de micronutrientes múltiples durante la etapa prenatal.
Ampliar el acceso a programas de protección social para las adolescentes y mujeres más vulnerables, como por ejemplo mediante transferencias de efectivo y cupones para mejorar el acceso de las niñas y mujeres a una alimentación nutritiva y variada.
Agilizar la eliminación de las normas sociales y de género discriminatorias, como por ejemplo el matrimonio infantil y el reparto desigual de los alimentos, los recursos del hogar, los ingresos y el trabajo doméstico.
“Cuando una niña o una mujer no reciben una nutrición adecuada, se perpetúa la desigualdad de género”, afirma Russell. “Se reduce el potencial de aprendizaje y de obtención de ingresos. Aumenta el riesgo de sufrir complicaciones potencialmente mortales, incluso durante el embarazo y el parto, y aumentan las probabilidades de dar a luz a bebés desnutridos. Sabemos lo que hace falta para que las mujeres y los niños que más lo necesitan reciban apoyo y servicios nutricionales que pueden salvarles la vida. Solo tenemos que movilizar la voluntad política y los recursos para actuar. No hay tiempo que perder”.
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Notas para los editores
Los datos sobre el número de adolescentes y mujeres embarazadas y lactantes que sufren desnutrición aguda se basan en estimaciones de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases sobre la situación de la desnutrición aguda; Informes sobre el Panorama de las Necesidades Humanitarias; Planes de respuesta humanitaria; Encuestas de Seguimiento y Evaluación Normalizados del Alivio y la Transición; y monitoreo de la nutrición y la seguridad alimentaria.
Fuente de la Información: https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/malnutricion-madres-aumenta-25-por-ciento-paises-afectados-crisis
A raíz de las últimas determinaciones del Ministerio de Educación de Bolivia, una temática estará de moda en el próximo año: “currículo”. Nos referimos concretamente al “Currículo Actualizado del Sistema Educativo Plurinacional” que, según las disposiciones oficiales, será implementado desde la gestión 2023. Ya verá usted, los temas referidos al currículo serán motivo de debate público. Es bueno que sea así, siempre y cuando se cuente con opiniones cuya base son análisis sistemáticos, argumentaciones bien planteadas y propuestas factibles. Es de esperar que el currículo no sea reducido a adhesiones y rechazos “en automático” y por pura actitud reactiva.
La temática da para amplias y profundas reflexiones, me hago parte de ello con unos primeros temas que pretenden contribuir a comprender de qué estamos hablando.
Para comenzar, como señalan Abraham Magendzo (1987) y otros estudiosos, el currículo es el “resultado de un proceso de seleccionar y organizar la cultura”. Si cultura es básicamente toda expresión del quehacer humano, cuando se formula el currículo se toman decisiones acerca de qué expresiones son prioritarias. Por tanto, la selección de la cultura no es un proceso azaroso y neutro, sino intencional, que compromete una visión de educación, ser humano y sociedad. Supone “un proceso de búsqueda, negociación, valoración, crecimiento y confrontación entre la cultura universal y la cultura de la cotidianidad… entre la cultura de dominación y la cultura dominada” (Magendzo, 2019). El currículo, al ser selección de la cultura, es el posicionamiento ante los problemas que aquejan a nuestra sociedad en el presente y que, posiblemente, se agudizarán aún más en el futuro, se traduce en el dilema: ¿adecuarse o transformar la realidad? La respuesta a este dilema, por supuesto, dará sentido al currículo.
Por otro lado, el currículo debe ser entendido desde su enfoque integral-holístico. En principio, el currículo vincula la política educativa con la práctica educativa; las determinaciones de los documentos normativos- constitutivos, la concepción de educación y el modelo educativo con los procesos que ocurren en las unidades educativas y el aula; así como la pedagogía con la didáctica. El currículo no es un fin en sí mismo, responde a una concepción de educación, ser humano y sociedad. Los educadores además de ser diseñadores y aplicadores del currículo fundamentalmente son pedagogos. Asimismo, los componentes del currículo (principalmente: objetivos, contenidos, metodología y evaluación) deben tener armonía en sus enfoques, por ejemplo, si la metodología es activa y participativa, la evaluación no puede ser un proceso pasivo que apenas involucra a los estudiantes en la toma de decisiones. Entonces no es suficiente discutir contenidos o temas, es necesario analizar la coherencia con la orientación y características del resto de los componentes.
El enfoque integral-holístico del currículo también nos recuerda que el éxito o fracaso del currículo está directa y recíprocamente vinculado con otros elementos que le son complementarios. De no existir, entre otros aspectos: una buena lectura de la situación de la realidad actual y futura, así como sobre la lógica de la construcción de los conocimientos; una clara definición de la concepción de educación, ser humano y sociedad; el acompañamiento y el aporte en los procesos formativos de las familias y otros miembros de la comunidad educativa; coherencia con las normas constitutivas y los planes de desarrollo; valoración de la identidad cultural y comprensión de las condiciones de la población; maestros debidamente formados y comprometidos con los cambios; el diseño y desarrollo del currículo —aun si están bien redactados— al final de cuentas, no mejorará los aprendizajes. Entonces, si bien hay que cuidar del diseño y desarrollo del currículo, simultáneamente hay que prestar atención a los demás elementos, con prioridad a la formación y desempeño de los maestros, puesto que, desde el punto de vista metodológico, son actores clave para la transformación del currículo.
Finalmente, asumiendo que los cambios tienen que seguir el ritmo de las transformaciones que se producen en la realidad, el currículo debe ser ajustado en un tiempo máximo de cinco años. Por esas razones, ya mismo, se debe constituir una comisión que prevea futuros ajustes en el currículo, en este caso, no solo para actualizar sino para transformar el currículo.
*Noel Aguirre Ledezma es educador popular y pedagogo. Fue ministro de Planificación del Desarrollo y viceministro de Educación Alternativa y Especial.
El tema salarial y los mecanismos para conformar burguesías en Venezuela
La discusión del salario mínimo y las remuneraciones por empleos en Venezuela, es central para entender la forma mediante la cual se ha constituido históricamente la burguesía como clase social en el país.
En situaciones de “normalidad”, en las cuales el salario de la clase trabajadora y el personal docente alcanza para cubrir la canasta básica, pagar servicios y los gastos recurrentes del hogar, esta relación “salario-conformación burguesa” se oculta mediante el régimen de negociación laboral, las contrataciones colectivas y los ajustes salariales periódicos. Al final se privilegia que cada trabajador se concentre en la situación particular y pierda la mirada de conjunto.
El problema actual para las burguesías, es que ante la situación de miseria salarial en la cual ha venido cayendo la clase trabajadora en el periodo 2014-2023, especialmente entre 2018 y 2023, en la cual las negociaciones colectivas fueron congeladas por el decreto 2792, a pesar que luego esta dinámica fue flexibilizada parcialmente y atada en muchos casos a las burocracias sindicales, la clase trabajadora comienza a preocuparse por la economía general, por entender el presupuesto del país y su desagregación, es decir, a hacer economía política, para buscar por sí misma salidas al tema salarial.
Históricamente, las burguesías venezolanas se han constituido, no por su trabajo de montaje y conducción de fábricas, sino por el perverso mecanismo de apropiación de la renta petrolera por los siguientes mecanismos:
Acceso a divisas a precio preferencial (por lo general por debajo del 50% de su valor nominal en el mercado) destinadas a la importación de mercancías o partes de maquinarías e implementos. Un porcentaje de estas divisas a precios preferenciales son depositadas por sus beneficiarios en cuentas personales en el exterior, mientras el resto sirve para comprar los productos que venderán a precios de más de 100% de costo original. Así la apropiación de la renta es triple, por retención directa en la banca, por ganancia exorbitante y por inflación;
Este mismo mecanismo en fábricas de ensamblaje, accediendo a dólares preferenciales para comprar las partes, que terminan en la triple fuente de ganancia descrita el literal anterior;
Exoneración de impuestos, intereses y otros tributos que terminan siendo apropiación de la renta petrolera;
Terciarización de la actividad del Estado, convirtiéndose el negocio de la construcción, mantenimiento, dotación de materiales y equipos en una fuente de brutal apropiación de la renta petrolera por parte de los privados. A esto se le suma la corrupción derivada de la sub ejecución de obras, es decir cumplimiento de un 30% de las metas, pero cobro del 100% de los montos previstos, así como el mecanismo de recalculo de costos;
Si hiciéramos arqueología financiera para estudiar a quienes se le dieron las concesiones de importación, exoneraciones arancelarias, divisas a precio preferencial, condonación de deudas por prestamos industriales y agrícolas, permiso para montar importadoras y fábricas ensambladoras, contratos de infraestructura y grandes obras, funcionarios a quienes ha correspondido el otorgamiento de estas medidas, tendríamos las partidas de nacimiento de las burguesías de ayer y hoy.
En la medida que la economía se constriñe, la voracidad y el canibalismo de las burguesías se multiplica exponencialmente, limitando, disminuyendo y haciendo desaparecer inversiones del área social, para trasladarlos al de la importación o la infraestructura nacional. En la medida que la economía se cierra aún más, el asalto a los salarios se da por vía de la inflación y limitar los aumentos salariales hasta dejarlos en saldo negativo con tendencia a cero.
En la época de la bonanza petrolera de la primera década del siglo XXI, la apropiación brutal de la renta petrolera comenzó a golpear el salario real, pero ello fue disimulado por incrementos constantes que al estilo fordista alimentaban el consumo y daban la sensación de expansión permanente de la capacidad adquisitiva.
El problema ocurre con la caída brutal de los precios del petróleo a partir de 2013, en un contexto de exacerbación de las disputas inter burguesas (vieja y nueva burguesía) y la llegada de las medidas coercitivas unilaterales (MCU), que achican los ingresos fiscales del país y desatan el canibalismo burgués (de la cuarta y quinta República) sobre el salario de la clase trabajadora.
Estas gráficas de los compañeros de Tatuy muestra esta situación en el periodo 2018-2023, en el cual la caída del salario no se detiene con la mejora de ingresos al país.
Es decir, lo que está ocurriendo es una nueva fase de la disputa burguesa por la renta petrolera, escudada con el tema de las sanciones imperialistas. No estamos diciendo que las sanciones no son ciertas o no afectan la economía, lo que afirmamos es que el gobierno nacional con los argumentos de que aumentar salarios dispara la inflación (monetarismo) o que no hay recursos para un aumento salarial, está facilitando una apropiación burguesa de la renta en detrimento de la clase trabajadora.
Segunda parte
2. La primavera magisterial y la política gubernamental
Desde marzo de 2022, con las movilizaciones de los jubilados y pensionados, que luego se ampliarían en mayo de ese mismo año con el conflicto de SIDOR y posteriormente de los y las docentes se abril de ese año, Venezuela vive una nueva etapa en la lucha social. Sus rasgos distintivos son:
a. Desbordamiento de las burocracias sindicales en el terreno del conflicto laboral, que ha tenido un capítulo especial en SIDOR y el magisterio. En el caso de las federaciones del magisterio se da el fenómeno que la mayoría de sus dirigentes se reúnen con los representantes del gobierno, pero están deslegitimados para hablar en las movilizaciones y protestas de calle. Los sindicatos regionales y de base clasistas han sido parte de las movilizaciones, pero el signo distintivo de la conflictividad es la auto convocatoria por parte de las bases magisteriales. Las federaciones sindicales están a la cola del movimiento, viéndose obligadas a no desistir de las demandas de aumento salarial, pero han llegado a actuar como esquiroles argumentando que los paros desarrollados por la base magisterial carecen de legalidad porque los únicos facultados para introducir los pliegos conflictivos son ellos.
Sin embargo, la base magisterial no se plantea construir nuevos sindicatos ni desplazar a la burocracia, prefiere concentrarse en la lucha salarial, viendo con desdén la actividad orgánica sindical, lo que evidencia el impacto de la propaganda neoliberal contra el sindicalismo de clase.
b. Despolarización de la lucha reivindicativa. Durante las últimas décadas las movilizaciones y protestas de calle se habían dado en el marco de la polarización gobierno versus oposición(es) de derecha. El monopolio de las narrativas de izquierda la había tenido el gobierno y las disidencias en este campo eran tan débiles que no tenían influencia de masas.
Lo novedoso en la nueva etapa es que la clase trabajadora, ha decidido marchar junta (opositores y partidarios de gobierno) exigiendo la urgencia de un aumento salarial. Esto abre paso a una reconfiguración política muy importante, que en este momento no se puede prever todas sus implicaciones futuras
c. Agotamiento del discurso de las sanciones imperialistas como justificación para los problemas de distribución justa de la riqueza nacional. Ciertamente las criminales Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU), implementadas por los Estados Unidos y las naciones imperialistas europeas, han causado estragos en la economía nacional, pero aún en este contexto se podría hacer una redistribución del Producto Interno Bruto del país mucho más justo, que garantizara salarios dignos y suficientes para la clase trabajadora.
Resulta insoportable e inadmisible para la clase trabajadora, la ostentación con la cual vive la clase política (oposición y gobierno), así como muchos altos funcionarios, mientras maestros, profesoras y obreros deben ir a sus trabajos con los zapatos rotos y sin garantía que su familia pueda comer ese día.
Esto ha generado una pérdida de eficacia política del discurso de las sanciones imperialistas para justificar las terribles situaciones de vida material. Es una paradoja, pues algo que es real comienza a ser percibido como falso, porque solo expresa una cara de la moneda, ocultando los problemas de gestión para garantizar equidad y justicia salarial.
d. El drama salarial: desde el punto de vista del trabajo este es uno de los peores momentos en las últimas cinco décadas en la historia del magisterio venezolano. Con un salario mínimo mensual por debajo de los siete (7) dólares, con escalas salariales para los y las trabajadoras de la educación que oscilan entre 50 dólares mensuales (Docente de aula VI con 53,33 horas docentes semanales) y 20 dólares mensuales (Docente I recién ingresado) y la canasta básica familiar alrededor de 500 dólares mensuales (sin tomar en cuenta medicamentos, pagos de servicios y transporte) y que de manera integral puede llegar a los 800 dólares mensuales, los y las docentes están viviendo un drama laboral y de vida en sobrevivencia. Para poder subsistir han tenido que disminuir la calidad de su alimentación mientras se ven forzados a hacer cualquier cosa en sus horas libres para obtener recursos adicionales.
Esta situación choca con la ostentación y estilo de vida pequeño burgués o burgués de altos funcionarios, burócratas y la clase política (gobierno y oposición), que ha puesto a la clase trabajadora a pensar que algo no está bien entre el discurso y la realidad. Esto no solo ha generado rebeldía sino una pléyade de profesionales que le “están metiendo coco al asunto”.
Intelectuales de la talla de Pascualina Curcio, Tony Boza y Valdéz, todos ellos vinculados al partido de gobierno, han publicado sendos trabajos e investigaciones que muestran que es posible conseguir salarios dignos y suficientes para la clase trabajadora en las actuales circunstancias. Por distintas vías se llega a conclusiones similares, estamos en presencia de un problema de distribución justa y solidaria de la riqueza nacional.
El problema es el modelo de acumulación y conformación de burguesías en Venezuela. Si se aumentan los salarios habrá menos dinero para direccionar hacia los mecanismos que garantizan la apropiación, conformación y consolidación de las burguesías. En consecuencia, estamos ante un problema propio de la lucha de clases.
e. Indexación salarial:
Tony Boza, en su libro “En defensa del salario (Indexación y lucha de clases)” (2023) señala que la indexación es
“El procedimiento que se aplica para mantener constante en el tiempo el valor de la compra en toda transacción. Un bien o un servicio se fija su valor, por ejemplo, al índice de precios al consumidor, es decir a la inflación. Dicho de otra forma, al indexar el precio del bien o servicio que se trate, se va adecuando, se va cambiando en la misma proporción y el mismo ritmo de la inflación, en tiempo real. El precio no cambia solo, lo cambia el actor económico respectivo que controla ese bien o ese servicio” (pág. 6)
Quienes defienden la indexación no se plantean un aumento salarial en lo inmediato, sino frenar el impacto de la inflación en las remuneraciones. Es decir, establecer un mecanismo permanente que defienda el salario. Esto no debería asustar al gobierno, pues se trata de garantizar las condiciones mínimas de trabajo para quienes crean realmente la riqueza, la clase trabajadora. Sin embargo, el gobierno se niega a estudiar seriamente este mecanismo, que ya se ha instalado como una aspiración consensada de la clase trabajadora venezolana.
A partir de la indexación, se puede plantear una estrategia de aumentos salariales en tiempo y espacio, así como de discusiones de contratos colectivos que recompongan los salarios, por lo menos a niveles de 2012.
La discusión de la indexación y del salario son elementos claves para posibilitar que la clase trabajadora retome la iniciativa en la lucha de clases.
f. Periodos de movilizaciones
Un elemento que preocupa, es la falta de experiencia del liderazgo de base emergente y algunos sindicatos clasistas que han acompañado las movilizaciones, respecto a los periodos históricos de la lucha de calle. Históricamente hablando las movilizaciones docentes se han dado por periodos de mes y medio a dos meses, después de lo cual decae la presencia en las movilizaciones, no por abandono de la aspiración, sino como una especie de inteligencia colectiva que recomienda pausar para recomponerse, acumular fuerzas y volver a tomar la ofensiva.
Las actuales movilizaciones iniciaron el 9 de enero de 2023, así que en términos de regularidades pareciera que estarían a punto de iniciar un descenso. Si esto es cierto, hay repensar la estrategia, para acumular y volver a la ofensiva, siendo errado el intento de tensionar hasta reventar.
Lo cierto es que se ha abierto una nueva etapa en la lucha social y que lo que se ha ganado en unidad de la clase puede propiciar victorias salariales en el corto mediano plazo.
g. Algo huele mal en las centrales sindicales
El desespero de las centrales sindicales burocráticas, especialmente la CTV[2] y la CBST[3], es enorme porque las movilizaciones han puesto en evidencia su falta de canales de comunicación con la clase trabajadora y muchos de sus sindicatos clasistas de base. Quizá por ello han apelado a señalar que las movilizaciones que se iniciaron el 9 de enero no tienen legalidad porque no son el resultado de introducir ante el Ministerio del Trabajo pliegos conflictivos aprobados por ellos, o el extremo de plantear unificar la contratación de la administración pública para eliminar derechos adquiridos conquistados por sectores como educación, salud o eléctricos; unificar para desmejorar pareciera ser su consigna.
Una parte importante de la burocracia sindical vive en otra realidad material, política e ideológica y pareciera tener muy pocas capacidades de recuperar su vínculo orgánico con la clase trabajadora. Sin embargo, en contraparte no vemos la construcción de corrientes sindicales que apunten a la renovación de las estructuras sindicales, sino que en el mejor de los casos se mantienen en los límites de los comités autónomos de conflicto por un salario digno y suficiente.
Este des-orden sindical tiende a parecerse mucho a la crisis del buró sindical de Acción Democrática después del inicio de la crisis burguesa de 1983 y el cisma estructural de la CTV en la década de los noventa.
Un caso distinto son las centrales sindicales como UNETE, CUTV (vinculada al PCV y otros factores) y CODESA (socialcristiana) que a pesar de su debilidad numérica respecto a las grandes centrales, han acompañado las movilizaciones, de manera correcta y comprometida con la causa de los y las trabajadoras. Otro caso es el de la nueva central ASI, que si bien se sienta regularmente con el gobierno y ha sido invitada a las sesiones con la OIT, ha mantenido de manera declarativa una posición progresiva y su presidenta ha estado en una que otra movilización.
3. Mal consejo: olvidar la historia
La historia no se repite de manera idéntica, pero al ser la historia humana una construcción social, hay elementos que intentan repetirse de manera cíclica, en sus aciertos, pero también en sus omisiones y errores.
La situación actual, en el marco del ciclo de la crisis capitalista en Venezuela 1983-2023, pareciera intentar repetir elementos, procesos y quiebres parecidos a los que ocurrieron en el periodo 1987-1994, en el cual los factores políticos fueron incapaces de ver, entender y prever la marea que se les venía encima producto de la desconexión de las representaciones (partidarias, sindicales) con la cotidianidad de la población, especialmente de la clase trabajadora.
El tsunami en conformación no tiene por qué expresarse necesariamente en un nuevo Caracazo, sino en otros fenómenos que intenten dar un vuelco de la situación a favor de quienes vivimos del trabajo. La recomendación es estar atentos a las formas y mecanismos que use la inteligencia social para intentar cambiar el orden y producir un nuevo des-orden.
Tercera parte
4. El panorama electoral
Todo lo que se mueve hoy en el mundo de la macro política, bajo el cielo de Venezuela, tiene el signo de ingeniera electoral. El problema que vemos es que estas planeaciones para el día D de las elecciones presidenciales del 2024, parecieran estar enunciadas desde lo súper estructural, tanto desde el gobierno como desde las oposiciones.
Esto no ocurre por desinformación sino por el hecho objetivo que todas las representaciones (salvo el PCV) y el sector de María Corina Machado (MCM), han entrado en un cuadrante del sistema de gobernanza que se ha venido conformando desde el gobierno. Estos cuadrantes tienen variados tonos, mediados por intentos de negociación entre las facciones burguesas en disputa (de la cuarta y la quinta República).
El gobierno ha unificado de manera forzosa al espectro de su alianza electoral, judicializando a los partidos rebeldes, colocándoles directivas ad hoc vinculadas al partido de gobierno, sometiendo a las disidencias y usando el terror de la cárcel y el enjuiciamiento contra líderes sindicales para evitar que la llama del conflicto laboral se extienda más allá de lo controlable. Tienen la sensación que todo lo tiene “controlado” por arriba, salvo al Partido Comunista de Venezuela, sobre el cuál se cierne la espada de Damocles de la judicialización para evitar que presente candidatura propia a la izquierda del gobierno.
Dentro de esta reingeniería política, los analistas políticos presentan como un logro la despolarización sui generis, porque ahora son una docena de oposiciones de derecha, cada una de ellas con una puerta trasera que les comunica con el gobierno, salvo el caso de María Corina Machado, que pareciera ser un “error” en el diseño o un cálculo no previsto.
Este reordenamiento súper estructural, orientado a la continuidad política del Madurismo tiene un problema estructural, desestima el papel movilizador de la ciudadanía, le confiere un mínimo margen de autonomía a los electores y considera que todos pueden ser orientados hacia los cuadrantes, especialmente al del PSUV que emergería como la minoría más grande.
El diseño de los escenarios electorales, evidencian que el gobierno no está preparado para abandonar el poder, por razones políticas y económicas. En el plano político, a pesar de la fragmentación de la derecha, inducida por el propio gobierno, vuelve a resonar el discurso de “pasar factura”, “perseguir” y “meter presos” a los líderes del Madurismo, lo cual cierra la posibilidad de una elección realmente neutral, porque los líderes del gobierno harán lo imposible para no perder, pues su propio destino en libertad está en juego. En el terreno económico, quien detente el poder tiene la capacidad de orientar el proceso de acumulación y apropiación de la renta venezolana, por lo tanto, alejarse del poder político implica dejar de acumular riquezas como clase burguesa; mientras no exista un acuerdo firme entre las dos burguesías sobre cohabitación y formas de compartir el asalto a la renta pública, una elección imparcial es altamente improbable.
Los dos electrones libres, que escapan del férreo control de la arquitectura gubernamental y el diseño de cuadrantes son el partido Vente de María Corina Machado y el Partido Comunista de Venezuela.
4.1. El emperador está desnudo
Nicolás Maduro es el hombre fuerte de la política venezolana, casi nada se mueve con autonomía sin que tenga un hilo atado a la lógica de Miraflores. Sin embargo, su fuerza es dialécticamente hablando su mayor debilidad, porque hoy la mayoría de la población sabe que esto ocurre y, qué si bien Nicolás Maduro está sólido en su mando, eso se debe al reino de las ideas de Maquiavelo y Fouché en el palacio de gobierno, que parecieran haber llenado de auto suficiencia al inquilino de Miraflores, a tal punto que se comienzan a mostrar signos de insensibilidad ante la tragedia salarial del pueblo venezolano.
Su popularidad y rechazo fluctúan en las encuestas, según los incidentes y su manejo mediático, pero en el fondo comienza a quedar una franja permanente que siente que nada va a cambiar. Esto se debe al uso exagerado por parte del gobierno del impacto de las sanciones económicas, incluso como justificación para no otorgar aumentos salariales. La crispación permanente en el lenguaje entre Caracas y Washington, hace ver lejano el levantamiento de las sanciones y eso para el ciudadano común, para él y la trabajadora, para el personal docente significa que los próximos cinco o diez años van a ser una larga prolongación del actual suplicio personal. Paradójicamente la solidez del mando presidencial se traduce en desesperanza por su incapacidad real para cambiar la situación del conflicto con los Estados Unidos.
En política lo que siempre puede hacer modificar cualquier escenario previsto es lo imprevisible de la respuesta social ante una situación material de vida deplorable. La ecuación que debe preocupar a Miraflores es: MCU-norteamericanas-europeas + salarios de hambre + incapacidad del gobierno para lograr que se levanten las sanciones + impacto diferenciado de las MCU /sobre/ indignación + rabia + desesperanza = salidas imprevistas, incluida la electoral.
Sin embargo, lo que se puede prever en febrero de 2023 es una candidatura compacta de Nicolás Maduro (altamente improbable otro candidato del PSUV), que cohesiona todo el espectro del madurismo, que puede arrastrar el voto crítico del chavismo que se asuste ante un posible triunfo de la derecha o peor aún de la ultra derecha. A esto se le suma a su favor, la posibilidad de que las derechas cuenten con dos o tres candidaturas con impacto de masas que fraccionen sensiblemente las simpatías.
Lo que se ve en febrero de 2023 es una candidatura de Maduro, aunque sin épica social, capaz de ganar las elecciones de 2024 por cuatro factores centrales: a) cohesiona a su base electoral que sigue siendo numerosa, aglutinada alrededor del aparato del gobierno y el PSUV, b) dispersión, guerra intestina y fraccionamiento de las derechas que divide el voto y no logra despertar ansias de votar, c) el discurso del sector más conservador de las derechas que sigue planteando aniquilación del chavismo y el madurismo, no solo electoral sino físicamente (prisión, persecución, aniquilamiento) lo cual genera un polo de atracción alrededor de Maduro de parte de todos y todas quienes en algún momento han estado vinculados al proceso bolivariano (1999-2023) d) la evidente decisión de no incluir el voto en el extranjero, que producto de la fuerte migración es electoralmente importante, que tiende a buscar un cambio de gobierno para ver si la situación nacional cambia y pueden regresar.
4.2. La derecha al desnudo en su laberinto
En la derecha todos parecieran compartir el sentimiento que la persona a derrotar es María Corina Machado, quien en reiteradas oportunidades se ha expresado criticando a una oposición que concilia con el gobierno, algo que pareciera retratarles. Por eso lo sondeos para las primarias la colocan en los primeros lugares, muy por encima de liderazgos como el de Capriles, y Rosales. El nuevo incluido en esta disputa es Benjamín Rausseo “Er conde del Guácharo”, cuya línea discursiva es menos beligerante que la de Machado.
Luis Vicente León uno de los más reconocidos líderes de encuestadoras nacionales señaló a través de twitter, a mediados de febrero, que quién lideraba las encuestas era Benjamín Rausseo (30%), seguido de Manuel Rosales de segundo y María Corina Machado quedaría de tercera. Estos resultados serían el mejor escenario para el gobierno del presidente Maduro y el candidato 2024 del PSUV, porque significarían un aislamiento de los radicales y dos potenciales candidaturas con las cuales el gobierno tiene enormes posibilidades de entenderse e incluso no presentarían un peligro en caso de darse una sucesión presidencial.
En anteriores artículos hemos señalado que el factor más dinámico de la política hoy es el movimiento social, especialmente la franja que se moviliza por aumentos salariales, que pareciera estar imbricada al conjunto de la sociedad. Solo el universo docente que se moviliza, en el mejor pico serían unos 500.000, con un promedio de cuatro integrantes por cada núcleo familiar (2.000.000) y una influencia social de unos quince por cada uno (7.500.000) sumarían un impacto de casi diez millones de electores, la mitad del electorado que sufragaría. Lo interesante es el carácter despolarizado de este movimiento que no significa que cada uno(a) haya abandonado sus preferencias electorales. En ese escenario, la confrontación electoral que se proyecta es entre Maduro y María Corina Machado, veremos cómo evoluciona este tema los próximos meses.
Más allá de lo que digan las encuestas, el sentimiento que se palpa en la calle, la evidencia empírica en estos días señala que la opción con más chance de ganar en la oposición es la María Corina Machado (MCM). Sin embargo, esta anuncia que solo se medirá electoralmente si las primarias son auto organizadas y manuales, no regidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta situación la diferencia del resto de las oposiciones de derecha quienes con el argumento del costo económico han aceptado la escogencia de su candidato(a) bajo la supervisión y logística del CNE. Esta diferencia pública de MCM la conecta con el sentimiento de las bases opositoras quienes tienen dudas sobre la auténtica lealtad del liderazgo opositor. Incluso en un escenario de elecciones primarias regidas por el CNE en la cual todos los demás candidatos corran y MCM decida no participar, ello no significa que no sería candidata. Tampoco descartamos que al final quiera apelar a su anacrónica política de abstención, que ya ha impulsado en otros momentos. Sin embargo, pareciera que la Sra. Machado si quiere ir hasta el final esta vez.
Esta situación podría repetir lo ocurrido en 1998 cuando las posibilidades electorales de la derecha se fueron diluyendo facilitando el triunfo de Chávez, pero en esta oportunidad sería a favor de una candidatura de ultra derecha. María Corina Machado pareciera apostar a esta estrategia y escenario, planteándose la posibilidad de ganar la elección presidencial con una derecha negociadora debilitada y un madurismo de retirada. Al ser una hija de la burguesía más rancia del país, esta opción puede generar simpatías entre propietarios de medios de comunicación, empresas de publicidad, los restos de la clase media y sectores populares radicalizados contra el gobierno de Maduro, haciendo posible que crezca en términos electorales.
En síntesis, un escenario que es posible ver en febrero de 2023, son dos candidatos de las oposiciones de derecha, uno (Rausseo, Capriles o Rosales) electo en primarias controladas por el CNE y otra anti sistema (desde la derecha) liderada por María Corina Machado, pero como sabemos hay que estar muy atentos al desarrollo de los acontecimientos porque la política es muy dinámica.
4.3. ¿El Partido Comunista podrá creérselo?
La única posibilidad de construir un polo electoral que sea realmente de referencia y se muestre como alternativo lo representa la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela. Sin embargo, la experiencia de la Alternativa Popular Revolucionaria no ha sido la mejor en ese sentido, porque en medio del malestar social, el PCV se concentró en intentar aglutinar a la izquierda dispersa y los sectores políticos cuyos partidos y tarjetas electorales habían sido judicializados e intervenidos (PPT[4], Tupamaros, MEP[5] y otros más pequeños). Es decir, quedó atrapado en la lógica de acumulación partidaria, el rol central del partido de vanguardia y el trabajo electoral como un frente de masas. Los precarios resultados electorales, más allá que les pudieron usurpar un par de diputados más, mostro que esa táctica no los presentaba como una alternativa electoral de masas, privando la economía del voto, es decir votar por quienes tengan opción.
Su fortaleza es también su debilidad. El PCV ha estado al lado de la clase trabajadora, siendo un factor determinante, a través del tiempo, en la implantación de la idea comunista en Venezuela, que de manera falsa ha asumido como suya el Chavismo y el Madurismo bajo la etiqueta de “socialismo del siglo XXI”.
El PCV, atrapado en la defensa de las experiencias de socialismo real no ha logrado explicar adecuadamente que Maduro no es socialista ni comunista, pero tampoco en explicar que socialismo no es igual a precariedad de vida, sino a distribución justa de la riqueza. Resolver eso implicaría un giro decisivo que le lleve a conectarse con una parte importante de la población que le asusta la radicalidad verbal (pueblo contra pueblo) de Maduro, pero también de María Corina Machado.
El PCV no ha sabido aprovechar a su favor las iniciativas que desde el gobierno se han impulsado este mes para intervenirlo o judicializarlo. A pesar de tener capacidad organizativa y logística no ha podido presentar el intento de asaltar al partido por parte del gobierno, como el terror del Ejecutivo a la posibilidad que surja una alternativa de masas que se distancie del rencor, el odio y la división, expresado en su tarjeta electoral.
Los y las potenciales candidatas que se asoman para presentar una candidatura alternativa a las derechas y el madurismo tienen el perfil de despertar las simpatías del sector militante de izquierda, no de las masas. Algunos de estos(as) potenciales candidatos construyen un discurso desde el hígado, no desde la alegría, la esperanza y la ternura, algo que necesita el electoral despolarizado. Una síntesis del discurso alternativo lo presentamos en el artículo “Proyecto PAIS (2023)”.
El PCV posee una estructura territorial más fuerte que la de muchos candidatos de la derecha, cuenta con una base militante disciplinada capaz de llevar hasta sus últimas consecuencias la línea del partido, tiene locales e infraestructura conexa en todo el territorio nacional, cuenta con equipos de propaganda con amplia tradición. Si a esto se le llegara a sumar la decisión política de ir al encuentro del país nacional, más allá de las fronteras ideológicas, con tres o cuatro consignas básicas: a) aumento salarial digno y suficiente para todo el que trabaje, mostrando cómo es posible lograrlo disminuyendo la inflación, b) crear las condiciones para que vuelvan al país todos los migrantes y encuentren un país plural, creativo, eficiente y en paz, c) la necesidad de llevar a los cargos los mejores para que los servicios públicos sean eficientes y de calidad y, d) reconstruir el país a partir de la educación, encarnado por un rostro de alguien que no sea militante del PCV y que aglutine al país nacional, el PCV podría construir una alternativa de masas en las elecciones presidenciales de 2024.
Esto pasaría por la disposición pública a liberar al candidato presidencial de cualquier condicionamiento ideológico, para que haga los pasos necesarios para distensionar las relaciones con los Estados Unidos y realizar los pasos necesarios para eliminar las Medidas Coercitivas Unilaterales. Esta tarea es la más difícil de asumir para un partido como el PCV, pero lo colocaría en sintonía con el sentimiento nacional de dejar atrás las sanciones y el bloqueo para que la economía del país mejore. Para ello, el discurso de que el PCV coloca su tarjeta al servicio de la sociedad y el pueblo venezolano y no de sus intereses particulares, puede ayudar enormemente.
El PCV tiene por primera vez en la historia (y quizá la única) de colocar un candidato de sentimiento nacional, por sí solo, que unifique a la familia venezolana y sea presidente de la República. El problema es que el propio PCV tiene que creérselo, sino nadie más lo creería. En febrero de 2023, veo un PCV preocupado por servir de la mejor manera al país, pero aún atrapado en sus demonios y ángeles, veremos cómo lo resuelven.
4.4. El chavismo de base se mueve sin dar saltos
Con la llegada de la nueva etapa de la lucha social se viene dando un fenómeno subterráneo y complejo que no ocurría a comienzos de 2022. Se multiplican día a día las reuniones de líderes sociales, militantes de base y uno que otro dirigente político del madurismo, que intentan buscar mecanismo para luchar por mejores salarios y que cuestionan la política del gobierno al respecto, produciéndose entre ellos diferentes tipos de ruptura y distanciamiento. La mayoría sigue sosteniendo el discurso que lo principal es evitar que llegue la derecha al poder, pero son críticos de la improvisación en la política económica, la ostentación de bienes y dinero de algunos dirigentes del partido y el gobierno.
La mayoría de este sector no ve clara una opción electoral a la izquierda del madurismo y parecieran asumir la tarea de construir mecanismos sociales de presión desde los bordes para intentar que el gobierno rectifique y vuelva a colocar la agenda social en su centro. Su identidad es el chavismo como rebeldía contra las distintas formas de opresión, no reconocen en Maduro esas cualidades, pero si defienden que es el legítimo presidente ante Guaidó y su “sucesor”.
En este sector las condiciones materiales de vida de la población son el factor que lo aglutina, pero aún no terminan de vincularse en las calles al movimiento social de protesta. Es como un movimiento de la base que no termina de saltar en dirección alguna.
Este sector en febrero de 2023 votaría por Nicolás Maduro como el mal menor, no por convicción.
4.5. La izquierda radical se mueve lentamente
Las izquierdas radicales no tienen tarjeta electoral, partido legalizado ni cuentan en este momento con influencia de masas que les permita incidir en el terreno electoral. Muchas de estas pequeñas organizaciones siguen atrapadas en el discurso de partido de vanguardia que intenta orientar la protesta social, en vez de imbuirse en el movimiento social y re-aprender muchas cosas de la lucha social, que les permita construir liderazgo arraigado.
Algunos van a optar por seguir siendo grupos de propaganda que reivindican que tienen el análisis correcto pero la conciencia de las masas no lo capta, mientras otros están planteando la posibilidad de construir un frente único revolucionario que tácticamente se pueda acercar o no, en el escenario electoral, al PCV, apostando más por una construcción autónoma de largo plazo.
En síntesis, no existe en este momento, febrero de 2023, una izquierda radical con capacidad de disputa del movimiento de masas.
4.6. ¿Qué pasaría si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo?
Con este cuadro electoral, descrito en los puntos anteriores, Si las elecciones presidenciales fueran el último día de febrero de 2023, la confrontación central sería entre Maduro y María Corina Machado. En un escenario como este el enorme malestar social por la precariedad salarial tendría la disyuntiva de “mejor malo conocido que bueno por conocer” o de “cambiar hoy y mañana veremos cómo se pelea con el que venga”. Considero que esta disyuntiva no ha podido ser captada por las encuestadoras, ni es percibida por los aparatos súper estructurales del gobierno y la oposición.
Nuevamente el gobierno y el PSUV tendrían la mayor posibilidad de contener, maniobrar y reorientar ese descontento, pero la percepción que tiene ese partido, es que una “sorpresa electoral” por el descontento estaría descartada.
Haciendo una analogía popular, es posible decir que el sentimiento que hay hoy en la calle es parecido al de un hogar en el cual el esposo comienza a tener problemas financieros en su pequeña empresa (gobierno), la esposa lo apoya (el pueblo) y le da aliento para que diseñe una estrategia alternativa (no permita que eso dañe a la familia), pero mes tras mes el hombre llega y dice que los impuestos y los precios no le dejan avanzar (sanciones), la mujer (el pueblo) pone todos sus ahorros, hace economía familiar, trabaja el triple pero no ve mejora alguna, llega un momento (pueblo) en el que le dice a su marido (gobierno), que vea lo que va a hacer, que monte otro negocio (resuelva lo de las sanciones), consiga otro empleo (mejore la economía nacional) o se vaya de la casa (le deje el poder a otros).
Una polarización electoral entre Nicolás Maduro y María Corina Machado no auguraría paz y acuerdo nacional, sino pugnacidad y conflicto, por lo radical de ambos discursos en un escenario como ese.
Sin embargo, las elecciones no son hoy, así que tendremos que estar atentos al desarrollo de las variantes políticas de los próximos meses.
5. El panorama social
Venimos sosteniendo que a partir de marzo de 2022 Venezuela entró a una nueva etapa de la lucha social, algo que no termina de ser entendido por el gobierno y las oposiciones de derecha. Los datos de la encuestadora Delphos (2023) elaborado a nivel nacional, permiten descomponer algunos elementos del descontento social que acompañan esta nueva etapa:
La identidad política mayor es con ninguno (37%). La segunda identidad es con la oposición (35,6%) y la tercera con el Chavismo en general (26,5%).
Solo el 21% de la población, en su mayoría chavistas perciben la situación nacional como positiva.
Entre los principales problemas del país identifican: la economía en sus expresiones cotidianas (25,2%), el alto costo de la vida y la inflación (15,5%), el precio del dólar (7,3%), los bajos salarios (5,7%)
Sin embargo, para mejorar la situación los auto identificados como chavistas expresan que el aumento de salarios es central en la solución de los problemas del país (29,0 maduristas) y (32.3% chavistas no maduristas), mientras que para los no identificados con nadie la dolarización (31,1%) y el aumento de salarios (23%) son significativos, mientras que para los opositores duros ((36%) y opositores críticos (42,5%) la dolarización es la solución.
La tesis que sostenemos es que la situación material de vida está desdibujando las diferencias políticas y acercando los consensos ciudadanos respecto a que hay que buscar una solución a esta situación, lo cual se muestra en la despolarización de las movilizaciones por mejores salarios.
6. Conclusión
Si bien la historia no se repite igual dos veces, aunque puedan surgir elementos comunes, hoy estamos ante un escenario electoral muy parecido al de 1996-1998, con la diferencia que el desgaste es de un gobierno “progresista” y la alternativa que puja es la de la derecha, pero la alternativa despolarizada aún no se muestra en las encuestas.
Esta es la fotografía que capta nuestro análisis para febrero de 2023, veremos cómo evolucionan los hechos, actores y políticas. Será hasta la próxima entrega.
Boza, Tony (2023) En defensa del salario (Indexación y lucha de clases). Ediciones parlamentarismo de calle. Venezuela
Delphos (2023) Estudio de coyuntura política electoral. Versión electrónica
[1] Doctor en Ciencias Pedagógicas, Postdoctorados en Pedagogías Críticas y Propuestas de Evaluación de la Calidad Educativa. Miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Socio de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la educación. Integrante de la Asociación latinoamericana de Sociología (ALAS) y la Fundación Kairos. Director de investigaciones del Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en educación (CII-OVE). Profesor universitario.
[2] Central de Trabajadores de Venezuela, vinculada a las derechas, aunque hay posiciones clasistas marginales a su interior
[3] Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, vinculada al gobierno de Maduro y el PSUV
Para mí, el 8 de marzo no es un día de saludos y parabienes. Es un día para conmemorar una de las tragedias más crueles e impactantes ocurridas en nuestro continente: la condena a muerte de 56 niñas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en Guatemala, perpetrada por el Estado guatemalteco bajo la presidencia de Jimmy Morales, quien dio directamente la orden de mantenerlas encerradas y de ese modo las condenó a una muerte atroz, quemadas vivas.
Ese día, el Congreso permaneció en silencio. También la Corte Suprema de Justicia, la Policía y el Ministerio Público. Todos cómplices de un acto incalificable. Las pantallas de televisión lo mostraron todo en detalle pero, hasta la fecha, los culpables han escapado a la acción de la justicia, comenzando por el ex mandatario.
Durante los días subsiguientes, los comentarios se dividían entre quienes experimentaban el horror por la tragedia y quienes, haciendo eco de los prejuicios atávicos de una sociedad dividida, culparon a las víctimas por su propio holocausto.
Esas niñas, como había denunciado la periodista Mariela Castañón en detallados reportajes en el diario La Hora, eran víctimas de abusos en una institución administrada por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de Guatemala, cuya misión es proteger a niños y adolescentes de una situación de maltrato y abandono.
En denuncias posteriores, se comprobó que las niñas eran violadas y sufrían castigos extremos, además de privación de alimentos y atención en salud y educación. También se denunció que ese centro se había transformado en un sitio de tráfico sexual, en donde las internas eran sometidas a la prostitución y el silencio.
Esto sucedió un 8 de marzo y no podemos olvidarlo. Ese día 41 niñas murieron calcinadas y apenas 15 sobrevivieron, si acaso se puede llamar supervivencia a la condena de vivir cubierta de quemaduras y con graves consecuencias físicas y psicológicas y quienes, como colofón al abuso sufrido, han recibido amenazas para impedir que hablen sobre los verdaderos hechos que las llevaron a protestar.
El 8 de marzo no es un día de felicitaciones ni mensajes edulcorados. Es una fecha para recordar cuánto camino falta para alcanzar la igualdad de derechos, para detener el abuso contra mujeres, adolescentes y niñas en un marco de sociedades patriarcales indiferentes a su situación de inequidad. El 8 de marzo es un día para avergonzarnos por nuestra sumisión ante un sistema patriarcal, retrógrado y perverso.
Es hora de asumir nuestra responsabilidad en este escenario de injusticia y luchar contra la falta de sensibilidad humana de quienes, desde el poder, permiten tragedias como esta.
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