Informe

Por: CLADE.

La Recomendación General señala que, en general, las niñas y las mujeres son discriminadas de manera desproporcionada durante el proceso de escolarización en cuanto al acceso, retención, finalización, tratamiento, resultados de aprendizaje y en las elecciones de carrera, lo que resulta en desventaja más allá de la escolarización y el entorno escolar.

Entre los factores que impiden que las niñas y mujeres reclamen y disfruten su derecho humano a la educación, se mencionan: las barreras asociadas a los estereotipos de género en los planes de estudio, libros de texto y procesos de enseñanza, la violencia contra las niñas y mujeres dentro y fuera de la escuela, las restricciones estructurales e ideológicas, así como los campos académicos y vocacionales dominados por hombres.

De ahí la importancia de garantizar una educación inclusiva y de calidad para todas las personas y dar cumplimiento a la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptada en el 2015, que incluye metas y objetivos destinados a la eliminación de todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y niñas. Se recuerda a su vez, que el Marco de Acción para la Educación 2030, acordado por la comunidad educativa mundial en noviembre de 2015 para acompañar la agenda de los ODS, reconoce que «la igualdad de género está inextricablemente ligada al derecho a la educación”.

En base a la interpretación del Artículo 10 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), que garantiza el derecho a la educación, el Comité CEDAW realiza una serie de recomendaciones a los Estados desde un enfoque tripartito: los derechos de acceso a la educación, los derechos dentro de la educación y los derechos a través de la educación. Entre estas recomendaciones se encuentran: mejorar el cumplimiento del artículo 10 de la Convención,; integrar la educación sobre los derechos humanos de las mujeres y la CEDAW en los planes de estudios escolares en todos los niveles; tomar todas las medidas apropiadas para garantizar la protección y la aplicación de los derechos de las niñas y las mujeres, dentro de la educación y a través de ella, así como legislación que contemple el derecho a la educación a lo largo de la vida de todas las niñas y mujeres, incluyendo todos los grupos más desfavorecidos; desarrollar y aplicar políticas y programas, incluidas campañas de sensibilización y educación sobre la Convención, en todos los niveles de la escuela y la sociedad en general, dirigidos a modificar los patrones sociales y culturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a lograr la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias; alentar a los medios a proyectar imágenes positivas y no sexuales de mujeres y niñas; revisar y desarrollar currículos educativos no estereotípicos y que no refuercen la discriminación de género; formación obligatoria del personal docente en todos los niveles de la educación sobre cuestiones de género; proporcionar recursos presupuestarios, humanos y administrativos adecuados; y vigilar la aplicación del derecho de las niñas y las mujeres a la educación, recopilando periódicamente datos desglosados por sexo, ubicación, edad, tipo de escuela y grupo étnico, sobre el acceso en todos los niveles de educación; garantizar que las niñas y mujeres que viven en zonas rurales y remotas tengan acceso a la educación y que se adopten medidas especiales de carácter temporal, cuando corresponda, para asegurar su derecho a la educación; garantizar que las escuelas sean físicamente accesibles y estén a salvo entre el hogar y la escuela; y brindar oportunidades de acceso a programas de educación continua, incluidos programas de alfabetización y para personas adultas.

La recomendación también señala que la educación debe ser gratuita y obligatoria desde el nivel preescolar hasta el sistema secundario y progresivamente hasta el nivel terciario, y que la imposición de tasas o los costos adicionales que enfrentan estudiantes que asisten a las escuelas públicas (uniformes, transporte, libros de texto y otros materiales escolares, merienda, etc.), así como la privatización de la educación, tiene consecuencias negativas específicas para las niñas y las mujeres, y en particular para las niñas de las familias más pobres, excluyéndolas de la educación.

Cabe destacar que la recomendación hace énfasis en la situación de los grupos desfavorecidos de niñas y mujeres, las que quedan “excluidas de la educación y son marginadas por estar simultáneamente expuestas a la intersección de diferentes formas de discriminación, así como por cuestiones como la falta de pertinencia del plan de estudios y la comunicación en idiomas no nativos, la exposición a la violencia, el estigma y pobreza”, mencionando entre estos grupos: las minorías étnicas y las niñas y mujeres indígenas; las que se encuentran en situación de refugiadas, solicitantes de asilo, apátridas, desplazadas y migrantes; niñas y mujeres con discapacidad; y lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales (LBTI).

Otro punto importante a resaltar refiere al abuso y violencia sexual en las escuelas o en el camino hacia y desde la escuela y los impactos sobre las niñas y mujeres en su derecho a la educación. La recomendación señala que, a pesar del hecho de que el acoso sexual y el abuso de niñas están tan extendidos en las instituciones educativas y constituyen una barrera clave para su derecho a la educación y dentro de ella, esto no se ha tenido en cuenta en las políticas y programas educativos. En tal sentido recomienda, por ejemplo, promulgar y aplicar leyes, políticas y procedimientos apropiados para prohibir y combatir la violencia contra niñas y mujeres en las instituciones educativas y sus alrededores, incluidos el abuso verbal y emocional, el acoso, el acoso sexual y la violencia sexual, la violencia física y la explotación. Se recomienda implementar también mecanismos de denuncia confidenciales e independientes, realizar investigaciones efectivas y garantizar que las niñas y mujeres afectadas por la violencia en las escuelas tengan acceso efectivo a la justicia y la reparación. En igual sentido, se plantea el diseño y aplicación de currículos obligatorios, que cubran información integral sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, comportamiento sexual responsable, prevención del embarazo precoz y enfermedades de transmisión sexual.

Los contenidos de esta recomendación han tomado como base la jurisprudencia, así como las observaciones finales y recomendaciones generales existentes, así como las contribuciones de los Estados, de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil y del ámbito académico, entre ellas la Campaña Mundial por el Derecho a la Educación, en una consulta preliminar realizada por el Comité CEDAW en junio de 2014. Desde CLADE también se estuvo acompañando el proceso.

Lea el texto completo de la Recomendación (en inglés) aquí.

Fuente del articulo: http://v2.campanaderechoeducacion.org/es/noticias/816-2017-12-11-14-56-09.htm