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‘Aula segura’, el cuestionado proyecto que pretende acabar con la violencia en los institutos de Chile

Meritxell Freixas Martorell

Por: Meritxell Freixas Martorell

El gobierno ha impulsado una iniciativa para facilitar las expulsiones de los estudiantes, pero expertos y organizaciones critican que se trate de una propuesta “simplista y punitiva”.

Han pasado más de dos meses desde que unos 30 estudiantes, algunos de ellos con máscaras en la cara y enfundados en overoles blancos, intentaron defender a un compañero que varios policías habían inmovilizado durante una protesta en un instituto de Santiago. Los jóvenes golpearon a los agentes y les lanzaron todo tipo de objetos, incluso sillas de clase. La escena acabó con uno de los jóvenes lanzando un cóctel molotov contra los uniformados. Cinco de ellos acabaron lesionados y dos de los estudiantes detenidos.

No era la primera vez que el Liceo de Aplicación, un instituto de los llamados “emblemáticos” por su tradición histórica y buena reputación académica, vivía escenas de violencia por parte de los estudiantes. De hecho, los incidentes han ido en aumento con la llegada del nuevo director en junio. Tampoco es el único instituto chileno que enfrenta esta situación. En los últimos meses, los incidentes se han repetido en otros ocho centros de Santiago, entre ellos el Instituto Nacional, otro de los recintos emblemáticos de hombres y reconocido por ser donde estudiaron varios expresidentes del país. Un grupo de sus alumnos roció con bencina al rector, a un profesor y a otros dos trabajadores más del colegio. Lo hicieron a rostro cubierto y sin demandas encima de la mesa. La acción fue condenada por sus compañeros a través del Centro de Alumnos que los representa: “El grupo organizado no presenta ni genera con su manifestación un código que nos comunique su alternativa y el porqué de su actuar”, expresaron los estudiantes.

Pocos días después, alumnos del instituto Barros Borgoño cortaron la calle y quemaron basureros. Horas antes, Carabineros había ingresado al centro educativo y encontró material para fabricar cócteles molotov y varios overolesblancos.

Facilitar la expulsión

Las acciones de los estudiantes provocaron una dura reacción del Gobierno chileno, que no disimuló su indignación y prometió nuevas medidas urgentes para expulsar “a los violentistas” del sistema escolar y “proteger a la comunidad”. Unos objetivos que se concretaron el 20 de septiembre con la firma, por parte del presidente Sebastián Piñera, del proyecto de ley conocido como “Aula Segura”, que hace una semana superó los trámites parlamentarios y quedó a punto para convertirse en ley.

“Aula Segura” entrega mayores atribuciones a los directores de colegios para facilitar la expulsión de los alumnos que cometan actos de violencia. “Esta ley lo que pretende es combatir a los que quieren sólo destruir y se hacen pasar por estudiantes”, dijo Piñera al presentar el proyecto. La iniciativa establece como deber de los directores “iniciar un proceso sancionatorio” en contra de cualquier miembro de la comunidad escolar que cometa conductas calificadas como “graves o gravísimas” en los reglamentos de los centros. En el caso de los estudiantes, el procedimiento puede derivar en su expulsión y cancelación de matrícula.

La propuesta del Gobierno se aprobó tras dos meses de intenso debate que no han sido exentos de polémicas, sobre todo porque el objeto de regulación ha sido la violencia. La ministra de Educación, Marcela Cubillos, quien lideró el proyecto apenas asumió el cargo, desplegó todo un argumentario en torno a esta cuestión y para evitar que se aborde de la misma forma que otras faltas. Insistió en que lanzar una bomba molotov no puede tener el mismo rango que copiar en una prueba o falsificar una firma, ambas consideradas faltas graves en los colegios. “Hay temor a decir las cosas por su nombre. Se teme hablar de violencia, poniendo todo en un marco de infracciones graves”, dijo la titular de Educación.

Pero la propuesta aprobada no satisface a expertos ni organizaciones que trabajan en la materia, y la consideran “simplista” y “segregadora”.

Los diputados de la oposición, que en un principio se mostraron muy críticos con el proyecto, acabaron aprobándolo luego de introducirle algunas enmiendas. Decidieron rebajar la tensión y llegar a un acuerdo con el Ejecutivo al darse cuenta del “amplio respaldo ciudadano” que recogió la iniciativa.

Una respuesta punitiva

“La respuesta del Gobierno es absolutamente pobre porque se remite sólo al aspecto punitivo y agiliza las sanciones, pero ese no es el fondo del problema, no va a la causa de la mala convivencia escolar y la violencia”, opina el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. “Le dije a la ministra [Marcela Cubillos] en una de las sesiones de debate en la Cámara de Diputados que parecía titular de Interior porque hablaba de sanciones, penas, expulsiones y delitos, todos términos más propios del área de seguridad que de educación. No habló de integración, solidaridad o comunidad, conceptos del quehacer pedagógico”, agrega el docente.

Aguilar reconoce que, si bien las protestas en los institutos vienen desde hace años, lo que se ha agudizado en el último tiempo es el nivel de violencia al interior de los centros escolares. Precisamente por eso los últimos casos llegaron a tener fuerte repercusión mediática y una respuesta gubernamental contundente.

La directora del área de Política Educativa de la ONG Educación 2020, Nicole Cisternas, coincide en que la violencia escolar ha ido en aumento en las escuelas de Chile, pero subraya que los casos de los overoles son sólo una pequeña parte de ella: “Nos preocupan las agresiones a docentes por parte de los apoderados [padres y madres de alumnos] y entre estudiantes, el ciberbulling y el tráfico de droga. Hay un tema grave de convivencia que requiere una política nacional de convivencia”, comenta.

Según la Encuesta Nacional de Violencia en el Ámbito Escolar (2014), un 22,3% de los estudiantes fue agredido por alguien del centro en dos o tres ocasiones en el año, y del total de denuncias por discriminación presentadas ante la Superintendencia de Educación (equivalente a la Consejería de Educación) en los años 2014 y 2015, un 54% corresponde a maltrato a estudiantes. Hasta el pasado mes de octubre, la institución recibió 1.625 denuncias de acoso escolar, en las que sólo han intervenido en 380, un 23% de los casos.

Para Aguilar, lo más preocupante son los índices de violencia perpetrada por padres de alumnos hacia docentes: de las 119 denuncias que el Colegio de Profesores registró el primer semestre (marzo-agosto) de 2018, 70 presentan como agresores a padres de estudiantes.

Un cambio de paradigma

Nicole Cisternas y Mario Aguilar consideran imprescindible poner atención en políticas preventivas, algo que no ha impulsado el Gobierno. “No sabemos por qué hay tanta rabia en nuestros estudiantes”, se pregunta el presidente del gremio de docentes. “Faltan políticas pensadas en 360, que impliquen a docentes, directivos, apoderados y estudiantes y que aborden la violencia desde la prevención y la reparación a víctimas y victimarios”, apunta la investigadora.

Según el diagnóstico de Aguilar, el descontento estudiantil podría tener que ver con “la educación competitiva, segregadora y de ránkings, en la que los jóvenes terminan siendo un número”. El dirigente critica que “se exprima” a los estudiantes con sus resultados porque de éstos dependen, entre otros, el financiamiento de la escuela o el sueldo de los profesores: “Eso es muy insano”, asegura. Considera que para mejorar la convivencia escolar es necesario un cambio de paradigma educativo, “que trate a todos los actores como personas y no como objetos de rendimiento”.

En los próximos días se esperan nuevas movilizaciones de los estudiantes, sobre todo cuando el presidente Piñera promulgue el proyecto y la norma entre en vigor. El ambiente volverá a calentarse entre los jóvenes, que en varias ocasiones han manifestado su rotundo rechazo al proyecto. Será entonces, entre protesta y protesta, cuando se pondrán a prueba los efectos de la nueva ley.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/11/23/aula-segura-el-cuestionado-proyecto-que-pretende-acabar-con-la-violencia-en-los-institutos-de-chile/

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La irritante levedad de la política con la educación infantil

Jaume Martínez Bonafé

Por: Jaume Martínez Bonafé

Tengo la sensación de una creciente pérdida de interés en el debate político por lo que pasa o pudiera pasar de alternativo en las escuelas.

Según una noticia de Europa Press del 11 de noviembre: “La presidenta de la Junta de Andalucía y candidata del PSOE-A a la reelección, Susana Díaz, ha anunciado este domingo en Córdoba que, si los socialistas logran la confianza mayoritaria de los andaluces el 2 de diciembre, en las elecciones autonómicas, ‘el Gobierno de Andalucía pondrá los libros, para la Educación Infantil ‘de tres a seis años, gratis en todos los colegios’. Defiende, además, la gratuidad porque: ’Son los más caros’ y que, además, son de un solo uso, pues los niños han de escribir y pintar en ellos, con lo que ya no sirven para el hermano pequeño, de modo que, ‘a veces hay que tirar de la pensión del abuelo’, que se ocupa de comprar esos libros, pero eso es algo que ya no tendrán que hacer,…”. Hasta aquí la noticia.

Debo reconocer que cuando no se ha alcanzado la gratuidad total de la escuela financiada con fondos públicos, esa ayudita será muy bien recibida por las famílias más necesitadas, aunque también lo será para quienes no lo necesiten, que ante la ley de la gratuidad los ricos son iguales que los pobres. En cualquier caso, las familias contentas y agradecidas por el gesto. Si la escuela pública fuera gratuita de verdad, si el conjunto de los gastos que genera el uso del derecho a la educación los asumiera el Estado, desde el salario de los maestros a la instalación de la pizarra virtual o la compra de cualquier material didáctico necesario, no estaríamos hablando de que a veces hay que tirar de la pensión del abuelo.

Pero lo que a mí me produce una cierta irritación es que, quienes se dedican a la actividad profesional de la política, en cargos tan importantes como la responsabilidad en el gobierno de una autonomía, parezcan olvidarse, ante la fuerza mediática de una medida como la anunciada, del enorme esfuerzo de tantas maestras a las que nunca se les ocurrirá pedir un libro de texto para la educación infantil y de las investigadoras, que en esa la misma comunidad autónoma, vienen denunciando el pernicioso efecto del libro de texto sobre las posibilidades y el esfuerzo docente en proyectos de innovación educativa.

Hubiera podido la candidata anunciar que esos millones de euros que dedicará a la gratuidad del texto escolar lo empleará en mejorar las condiciones materiales de las aulas de infantil, una inversión de mayor permanencia en el tiempo frente a esas fichas “de un solo uso”, como ella misma declara. Hubiera podido anunciar que ese dinero se dedicará a facilitar el intercambio de saberes docentes nacidos de la experimentación e investigación en el aula, o que lo dedicaría a apoyar y dar a conocer el trabajo por proyectos en las aulas de infantil –incompatible con el libro de texto-, o a financiar una revista pedagógica específica para esa importante etapa educativa, en la que se diera voz y autoría al maestro o la maestra. Un gran anuncio hubiera sido la inversión en la pareja pedagógica, como aprendimos de la experiencia de Reggio Emilia, o de un documentalista en la escuela que ayudara en la reflexión sobre el modo en que los niños y niñas van construyendo su aprendizaje. Son ejemplos de posibilidades alternativas del gasto público, aunque no dejo de reconocer mi impertinencia, ya que el listado de necesidades y reivindicaciones posibles corresponde a las maestros y las maestras de Andalucía y no a mí.

Sin embargo, mi atrevimiento al comentar la noticia tiene que ver, más allá del caso concreto de la citada candidata, con la sensación, no sé si compartida, de una creciente pérdida de interés en el debate político por lo que pasa o pudiera pasar de alternativo en las escuelas. Si la normalidad escolar se naturaliza y pierde interés crítico, el debate se reduce, en el supuesto ingenuo de que hubiera realmente debate, a los problemas de la financiación y el control ideológico. Pero en las escuelas hay maestros y maestras que se esfuerzan cada día por avanzar en la renovación pedagógica, investigando nuevas posibilidades y regalándose saberes en espacios horizontales de desarrollo profesional, y les vendría muy bien que quien tiene o quiere tener la responsabilidad de impulsar, apoyar, sostener, financiar y reconocer ese esfuerzo profesional estuviera a la misma altura en su particular espacio de responsabilidad política con la educación.

Volviendo al contenido de la noticia como pre-texto para la discusión, hay un par de cuestiones que vale la pena pensar críticamente. En la pedagogía implícita en los llamados libros de texto para la educación infantil se considera la lectura como el indicador básico de lo que supone progreso escolar, iniciando en el niño o a niña una primera fase de mentalización sobre la importancia del rendimiento y la productividad, en detrimento del placer. ¿Esto facilita el crecimiento en libertad, el desarrollo madurativo, el cultivo de la humanidad plena? Claro que no. Es otra pedagogía que necesariamente ha de alejarse del libro de texto como curriculum reglado para potenciar la relación, el descubrimiento espontáneo del trabajo con la incertidumbre de lo nuevo, la experimentación en un ambiente rico en posibilidades, con objetos provocadores, en espacios de una gran creatividad pensados para y por los niños y niñas. Y con familias que colaboran con las educadoras en el proyecto educativo de la escuela.

Se acercan periodos electorales y sería de agradecer que las candidaturas que apuestan por la mejora y transformación de la educación pública, nos expliquen lo mejor que puedan, qué medidas concretas son o no coherentes con esa posibilidad transformadora. ¿Se imaginan que la próxima candidata a presidir el gobierno anunciara que las escuelas de educación infantil dispondrán de una estructura en aulas unidas por una gran plaza central, lugar de encuentros, juegos, amistades y actividades? ¿Que las escuelas dispondrán de un taller de arte o atelier, con gran variedad de materiales, herramientas y recursos, usado para explorar, experimentar, expresar y crear pensamiento, que dispondrán de áreas verdes? ¿Un muro en el que exponer y documentar la actividad de niños y niñas, en una escuela donde los educadoras trabajan en pareja y diseñan los proyectos con las compañeras y con las familias?

¡Ah! Y no será necesario gastarse mucho dinero, dirá la candidata, porque muchos de los objetos y materiales de trabajo serán inventados por padres, madres y educadoras sin necesidad de recurrir al mercado.

Pues eso es algo de lo mucho que yo mismo me he encontrado ya en algunas escuelas infantiles. Quizá esa futura presidenta se habrá acercado a ellas y aprendido de su esforzado compromiso.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/11/27/la-irritante-levedad-de-la-politica-con-la-educacion-infantil/

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Redes sociales digitales: un gran negocio

Noticias

Por: Sally Burch/ alainet/ 28-11-2018

A medida que el uso de las redes sociales digitales (RSD) va representando un espacio creciente en el escenario comunicacional, desde lo mediático hasta lo publicitario, pasando por lo interpersonal, resulta cada vez más complejo apreciar su alcance e impacto en cómo nos informamos, de qué fuentes, de qué maneras nos comunicamos y compartimos contenidos, y con quiénes.

Uno de los elementos centrales que incide en cómo se dan estos cambios es el modelo corporativo privado dominante en las plataformas digitales. Ese modelo de desarrollo de Internet y las tecnologías digitales no era el único posible. Por un lado, hubo grandes inversiones públicas para desarrollar la tecnología, que luego se entregó al sector privado para su usufructo. Por otro, las interfaces de intercambio en línea nacieron mucho antes de las plataformas de redes sociales y fueron parte de Internet desde sus inicios, por lo general en espacios creados y autogestionados por los usuarios/as, como, por ejemplo, las listas electrónicas temáticas, los murales (“bulletin boards”), los grupos de noticias ( newsgroups) , o las bases de datos de acceso abierto.

La entrada en escena, hacia inicios de este siglo, de la llamada Web 2.0 –cuyo discurso promocional habla de “ descentralización radical, confianza radical, participación… experiencia de usuario, control de la información de cada uno…” – coincide con las grandes inversiones de capitales en las nuevas empresas tecnológicas de Silicon Valley y –luego del estallido de la burbuja bursátil de los “punto.com”– la necesidad de buscar formas de rentabilizarlas, lo que no parecía tan fácil en un ámbito donde los contenidos se comparten libremente.

Con las redes sociales digitales, que habían comenzado a aparecer en la última década del siglo pasado, las empresas encuentran una solución: crear plataformas donde las personas se interconecten, compartan contenidos y generen datos, a partir de los cuales crean perfiles de cada usuario que, a su vez, se venden a anunciantes. La lógica que se impone implica que, a mayor uso de la plataforma, más usuarios acuden, más datos se acumulan, más ventas se generan. Por lo mismo, se crean espacios cercados para que los usuarios no salgan de la plataforma sino que realicen la mayor parte de sus actividades en línea dentro de la misma. Por ello, en muchas redes sociales empresariales, solo se puede intercambiar con quienes tienen una cuenta en la misma red, hecho que va en contra del espíritu con que nació Internet, como protocolo que permite intercomunicar entre todas las plataformas.

Estas prácticas se prestan a la conformación de “monopolios naturales” debido al “efecto red”: es decir, los usuarios optan de preferencia por las redes digitales más concurridas, donde están sus amistades, clientes, temas de interés. Estas hoy se llaman YouTube, Facebook, Twitter, Instagram… cuyo poder es tal que van eliminando o absorbiendo la competencia.

La trampa de los algoritmos

Desde la lógica de la rentabilidad, lo que los usuarios hacen en la plataforma importa poco, con que la sigan alimentando con sus datos, generando tráfico y consumiendo publicidad. De hecho, son los propios usuarios que dan sentido, contenido y orientación a los usos predominantes de cada plataforma.

Con el pretexto de mejorar la experiencia para sus usuarios, las empresas desarrollan algoritmos (o sea, conjuntos de instrucciones o reglas computacionales que permiten llevar a cabo una serie de operaciones) cuyas funciones incluyen determinar lo que será visible –o no– para cada usuario, supuestamente en función de sus intereses identificados, pero muchas veces incorporando otros criterios orientados a vender más publicidad o incluso a motivar niveles de adicción al uso constante de la red y comportamientos compulsivos.

Se ha constatado, por ejemplo, que las emociones negativas conllevan a tendencias de acción en línea más fuertes que las emociones positivas; por lo tanto, ciertos algoritmos terminan priorizando aquellos contenidos que provocan reacciones de ira u odio en el usuario. También, cuando un usuario muestra interés en contenidos con posiciones político-sociales extremistas, el algoritmo le ofrece nuevos contenidos aún más extremos. Con ello, estos sistemas contribuyen a radicalizar posturas y a agudizar antagonismos existentes en la sociedad, al punto que, en contextos de fuerte conflictividad, han llegado a catalizar acciones colectivas (offline) de violencia física e incluso casos de linchamiento. Como consecuencia, se estrecha el espacio para el debate político y la confrontación de ideas, programas, tesis y la búsqueda de consensos mínimos entre puntos de visto divergentes que son fundamentales para la convivencia democrática.

A ello se añade el constante acoso al usuario para que no se desconecte, que siga consumiendo contenidos y alimentando su perfil. Snapchat, por ejemplo, una de las redes preferidas por la juventud, donde las fotos duran un tiempo limitado, incita al usuario a estar permanentemente conectado: que no se vaya a perder algo que los panas han posteado o han visto. Tiene incluso un sistema de puntaje que penaliza a quien se desconecta. Así se tiende a generar niveles de adicción y dependencia.

Poco conscientes del poder de estos algoritmos, por lo general usamos acríticamente las plataformas de RSD, confiando en empresas que no rinden cuentas ante nadie, dejando que influyan, con algoritmos opacos, en las relaciones que formamos, en la información que consumimos, en las audiencias a las que llegamos, en quien conoce sobre nuestra vida privada, e incluso en por quien votamos.

¿Se agota el actual modelo de RSD?

Los recientes escándalos sobre la proliferación de noticias falsas, la falta de ética y transparencia, el abuso de datos personales y la injerencia en procesos electorales han comenzado, sin embargo, a socavar esta confianza.

Los escándalos cada vez más frecuentes en torno a los abusos de ciertas plataformas, particularmente explotando datos personales, han sido uno de los catalizadores que han terminado generando una reacción negativa. El público usuario comienza a sentirse utilizado, ve vulnerada su privacidad, se da cuenta que no controla qué contenidos puede ver ni quiénes ven los contenidos que coloca, o se siente hastiado con la publicidad. Como resultado, cada vez más usuarios deciden cerrar sus cuentas en ciertas RSD o migran a otra plataforma que parece ofrecer mejores garantías. Facebook ha sido una de las redes más afectadas por tales escándalos.

Un estudio reciente registra por primera vez un descenso en el número de usuarios en algunas RSD (Twitter y Snapchat), en el segundo trimestre de este año, y crecimiento casi estático en otras (como Facebook, que perdió, además, un millón de usuarios en Europa) [1] . Ello evidencia, tal vez, lo efímero que puede ser una plataforma u otra, más no el sistema en sí, pues son las mismas empresas transnacionales que están creando las plataformas alternativas a las que migran la mayoría de usuarios. La juventud, en particular, está migrando de preferencia a plataformas gráficas como Instagram (Facebook) o Youtube (Google); y muchos usuarios prefieren usar plataformas de mensajería con encriptación para compartir información, como Whatsapp (Facebook).

Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de sistemas de mensajería como Whatsapp, ha costado a las empresas encontrar un modelo que permita monetizar su uso de la misma manera que las RSD, ya que responden a otras lógicas. De hecho Facebook ha anunciado hace poco que a partir de 2019, introducirá publicidad en Whatsapp; ello podría comprometer la privacidad de las comunicaciones, ya que se ha revelado que la empresa planea extraer palabras clave de los mensajes (supuestamente cifrados) para orientar la publicidad. Queda por ver cuantos usuarios terminen migrando de Whatsapp a algún otro sistema de mensajería. Vale destacar, también, que con respecto al uso de las redes sociales en la política, la migración a mensajería implica que no se puede evaluar públicamente el uso ni impacto de estos sistemas para difundir noticias falsas o mensajes de odio, ya que son mensajes privados.

Entonces, en el fondo se plantea la pregunta de si la solución pasa por mudar cada vez de plataforma comercial para esquivar los inconvenientes, o si es más bien el actual modelo comercial en sí que plantea un serio problema, no solo en términos individuales, sino para la sociedad y la democracia misma.

En este contexto, las redes sociales libres presentan una alternativa interesante (ver el artículo de Miguel Guardado en la edición 536 de América Latina en Movimiento), especialmente para proteger las interacciones privadas y dinámicas internas de organizaciones o comunidades, donde es clave mantener el control y garantizar privacidad; pero también, cada vez más, se están convirtiendo en espacios de difusión pública alternativa.

Un espacio de disputa política

En todo caso, en la realidad actual, quienes actúan en los ámbitos mediático, político, social o cultural difícilmente pueden hacer caso omiso de las RSD comerciales más concurridas. Nos guste o no, ya ocupan un lugar cada vez más central en la vida pública y como tal constituyen un espacio de disputa para interactuar con públicos amplios.

De hecho, numerosos actores sociales, sectores organizados, medios alternativos o artistas han convertido a las RSD comerciales en espacios que potencian la organización y la resistencia. Al apropiarse de estos canales de difusión e intercambio, han podido convocar movilizaciones con un alcance mucho mayor que con métodos anteriores, compartir creatividad, opiniones y versiones de la realidad excluidas de los medios hegemónicos, amplificarlas mediante procesos virales, o generar nuevas expresiones culturales. La tecnopolítica y la tecnocultura ya son parte de la nueva realidad, particularmente entre la juventud, y desbordan los parámetros fijados por los dueños de las plataformas, generando formas organizativas y comunicacionales novedosas, que fluyen entre el mundoonline y offline.

Toda vez, para tener una participación efectiva en esta disputa, es importante entender que es un terreno minado, sembrado de algoritmos opacos que responden a intereses particulares, por lo que se requiere actuar con cautela y con entendimiento de las lógicas que allí operan. Entre ellas, podemos mencionar la facilidad con que se reparten rumores y noticias falsas, y la dificultad de identificar sus fuentes; la limitación que implica reducir el pensamiento e ideas complejas al tamaño de un tuit de 280 caracteres; y también la tendencia de los algoritmos a exacerbar la polarización de opiniones, al dar a los usuarios más de lo que les “gusta”. También es importante entender que los sectores de poder ya tienen todo un arsenal desarrollado, con fuertes inversiones, para imponerse en esta disputa.

Justamente, un reciente estudio de la Universidad de Oxford [2], constata evidencias de manipulación formalmente organizada de las redes sociales en 48 países de todos los continentes, (20 más que lo constatado el año anterior), principalmente bajo la forma de campañas de desinformación en períodos preelectorales. Esta manipulación es practicada principalmente por parte de agencias gubernamentales o partidos políticos, y apunta, entre otros: a crear y amplificar discursos de odio o difamación personal o grupal; generar narrativas e información falsa; desviar la atención temática; recolectar datos en forma ilegal; o minar procesos democráticos, censurando contra-narrativas. Existen, además, numerosas empresas consultoras especializadas en estas prácticas.

Las recientes elecciones en Brasil ponen en evidencia, nuevamente, la gravedad de esta manipulación para el futuro de nuestras democracias. Se ha denunciado que l a campaña electoral de Jair Bolsonaro en Brasil ha contratado líneas telefónicas en el exterior del país para encaminar mensajes que se propagan a través de un sinfín de grupos Whatsapp, alcanzando decenas de millones de brasileños con mentiras y mensajes de odio contra el PT, que han calado en la conciencia popular [3].

Entonces, es un serio reto para actores sociopolíticos que luchan por la democracia y la justicia social pensar cómo enfrentar y contrarrestar estas manipulaciones, evitando caer en los mismos procedimientos cuestionables.

¿Se debe legislar sobre las RSD?

Ante la evidencia que ha salido a la luz pública sobre el alcance de tales prácticas, particularmente a raíz del escándalo de Cambridge Analytica / Facebook y su injerencia en las elecciones estadounidenses con datos obtenidos ilegítimamente, los legisladores de ese y otros países han comenzado a reconocer la necesidad de regular la práctica de las plataformas digitales. El problema es que las propuestas que plantean a veces podrían resultar peores que el problema en sí.

Una cosa es la necesidad de regular lo que las empresas pueden y no deben hacer con los datos personales y en qué casos se requiere de la autorización de la persona concernida. Otra cosa es regular lo que los individuos pueden o no hacer en Internet, más allá de lo que ya está estipulado en las leyes nacionales y normas internacionales referidas a los derechos humanos y la libertad de expresión.

Asimismo, preocupan las (falsas) soluciones que están proponiendo las mismas empresas para combatir el fake news, cuando se otorgan arbitrariamente el poder de censurar mensajes y fuentes según sus propios criterios; o pactan acuerdos con supuestas “agencias de chequeo de noticias” para que revisen la “veracidad” de las noticias en las RSD, (siendo que en varios casos estas agencias son los mismos grandes medios que se han mostrado poco éticos en materia de noticias falsas). Incluso hay países donde se propone encargar, por ley, este rol de juzgar contenidos a la policía.

Fácilmente tales mecanismos se convertirán en nuevas formas de acallar voces disidentes. Por lo mismo, es urgente abrir un amplio debate público sobre el sentido de las posibles regulaciones, manteniendo como principio central la defensa de la libertad de expresión como derecho de la ciudadanía, no como derecho de unos pocos grandes medios ni otorgando a las empresas mediáticas o tecnológicas el rol de jueces o censores.

Notas

[1] https://www.theglobeandmail.com/business/technology/article-has-social-media-usage-around-the-world-peaked/

[2] Bradshaw, S. & Howard P. (2018), Challenging Truth and Trust: A Global Inventory of Organized Social Media Manipulation, University of Oxford.

[3] Ver Jefferson Miola “ La guerra cibernética contra Haddad”, https://www.alainet.org/es/articulo/195962

Sally Burch , periodista británica-ecuatoriana, es directora ejecutiva de la Agencia Latinoamericana de Información -ALAI-. @SallyBurchEc

URL de este artículo: https://www.alainet.org/es/articulo/196275

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Mujeres bajo la bota. #25N & Reflexiones feministas

Carolina Vásquez Araya.

Por: Carolina Vásquez Araya

No hay un solo día conmemorativo capaz de reflejar tanta injusticia.

 

El Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, celebrado el 25 de noviembre a nivel mundial, es una más de esas fechas conmemorativas creadas con el objetivo de llamar la atención sobre uno de los rasgos más crueles de la cultura patriarcal impuesta por las sociedades a lo largo de la historia. La violencia en contra de las mujeres de toda edad y condición está instalada en las relaciones humanas y sociales como una forma de vida.
A veces sutil y otras brutal, este rasgo de las relaciones de poder representa uno de los frenos más poderosos contra la instauración de la igualdad entre sexos, pero también contra sistemas auténticamente democráticos. En sociedades como las nuestras –países cuyos rasgos culturales están definidos por la colonización cristiana- la vida de las mujeres vale menos que la de los hombres, de acuerdo con valores establecidos por la sociedad y legitimados a través de las políticas institucionales que las marginan de manera sistemática. Y dentro de este gran segmento, la de las niñas es simplemente irrelevante.
Así se deduce en estadísticas de escolaridad, sobre todo cuando se refieren a la permanencia en los establecimientos educativos a partir del segundo ciclo escolar. Es allí donde se produce una de las grandes migraciones de niñas hacia trabajos domésticos y otra clase de labores no calificadas impuestas por los adultos, las cuales les impiden continuar sus estudios y construir a partir de esa oportunidad de crecimiento una vida más productiva e independiente. Esto coloca a las niñas y adolescentes en una situación de peligro y les impide disfrutar plenamente de sus derechos.
Esa situación de esclavitud las expone de manera casi absoluta a decisiones sobre las cuales no tienen control. Este cuadro refleja la vida de miles de niñas en algunos de nuestros países. También incide en embarazos en niñas y adolescentes cuyos indicadores revelan una peligrosa falta de políticas públicas destinadas a protegerlas y proporcionarles una asistencia integral que garantice su seguridad física y mental.
La violencia contra las mujeres, espeluznante como es con casos extremos de asesinatos, violaciones y marginación, en las niñas tiene el agravante de una indefensión prácticamente total que las coloca a merced de quienes las rodean –familiares o extraños- con una cauda elevada de abuso sexual, agresión física y psicológica y privación de sus derechos elementales, como educación, salud, recreación y alimentación, todo lo cual depende más de la voluntad de quienes tienen su custodia que de sistemas estatales e institucionales dirigidos a garantizar sus derechos. Un parto en niñas de entre 10 y 14 años es, de acuerdo con la legislación vigente en algunos países, producto de una violación, no importa si la menor hubiera consentido el contacto sexual o no.
La ley los tipifica de ese modo, pero eso es la letra y otra cosa es la realidad. Son miles las niñas y niños violados sexualmente por personas cercanas, desde su más tierna edad. Y los casos jamás llegan a las cortes de justicia por falta de denuncia en la mayoría de ellos. Cuando se produce el embarazo en una niña y la ley no permite su interrupción oportuna, se la condena de por vida a una vida de privaciones y a un peligro real de supervivencia.
Miles de niñas y adolescentes cuyo cuerpo apenas puede cargar con el peso de su propia existencia dan a luz en condiciones miserables, en medio de la indiferencia de las autoridades y el rechazo de su propia familia; por eso el día internacional celebrado ayer lleva una especial dedicatoria a este frágil segmento de la sociedad.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=249543&titular=mujeres-bajo-la-bota-
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Parlamento Europeo adopta resolución que alienta a no financiar escuelas privadas con fines de lucro

Documentos

Por: CLADE.

La resolución, adoptada el pasado 13 de noviembre y que trata sobre la ayuda al desarrollo de la Unión Europea en el campo de la educación, toma entre sus fundamentos el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que estipula que “toda persona tiene derecho a la educación”, y señala que la educación será gratuita, al menos en las etapas elementales y fundamentales.

Esto se establece también en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que reconoce que la equidad, la inclusión y la igualdad de género están inextricablemente vinculadas al derecho a la educación para todas las personas, así como en la Observación General Nro. 36 del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que aborda el derecho de las niñas y mujeres a la educación, y en la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre la Financiación para el Desarrollo.

En el texto de la resolución se reafirma que la educación es un derecho humano fundamental y central para la realización de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que impide la transmisión de la pobreza entre generaciones y desempeña un papel fundamental en el logro de la igualdad de género. Asimismo, afirma que los derechos que deben respetarse en la educación van más allá de la mera igualdad aritmética e incluyen la promoción de una verdadera igualdad de género en y a través de la educación.

La resolución representa un precedente crucial ante el crecimiento de los actores privados con fines de lucro en el campo de la educación, en particular en los países en vías de desarrollo, dado que expresamente señala que Unión Europea y los Estados miembros, de conformidad con la meta del ODS 4 – referido a la educación – de número 4.1 y el artículo 26 de la DUDH, no deben utilizar la ayuda al desarrollo para apoyar a los establecimientos educativos comerciales privados que no respetan los principios y valores de la Unión.

Asimismo, teniendo en cuenta que la ayuda educativa debe ser una prioridad, porque la educación es esencial para el desarrollo económico, la reducción de las desigualdades, la inclusión social de las personas con discapacidad, la salud, la democracia, el estado de derecho y la prevención de conflictos, deplora el hecho de esta ayuda no sea una prioridad para los donantes internacionales e insta a que la educación se sitúe en el centro de las políticas de desarrollo de la Unión Europea y sus Estados miembros. Reconoce también que lograr el ODS 4  requiere una inversión masiva en los sistemas educativos y alienta a la Unión y a sus Estados miembros que dediquen el 10% de su asistencia oficial para el desarrollo (AOD) a la educación para el 2024, y el 15% para 2030.

Link del documento: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0441+0+DOC+XML+V0//EN

Fuente de la reseña: https://redclade.org/noticias/parlamento-europeo-adopta-resolucion-que-alienta-a-no-financiar-escuelas-privadas-con-fines-de-lucro/

 

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¡Vamos a desmontar prejuicios, trá-la-rá!

Ana Ojea

Por: Ana Ojea

Mientras el trabajo por la diversidad siga siendo anecdótico y restringido a unos pocos centros no podremos de verdad hacer frente a la violación de los derechos humanos que supone la LGTBfobia.

Los prejuicios LGTBfóbicos, como buen producto heteropatriarcal, tienen la perversa facultad de replicarse destructivamente, en una multiplicación viral que nos va consumiendo poco a poco, en una homofobia, tanto externa como interna, que nos convierte en una sombra de lo que realmente somos o podemos llegar a ser y sólo podemos salvarnos de ellos con una efectiva vacuna.

Para conseguir la vacuna necesitamos desmontar los prejuicios que nos impiden visibilizarnos como docentes LGTB, o como docentes aliados, para poder incluir de forma efectiva y real la diversidad afectivo-sexual y de género en nuestra práctica docente diaria. Porque mientras el trabajo por la diversidad siga siendo anecdótico y restringido a unos pocos centros donde nuestra voluntariedad consigue pequeños logros, oasis en medio del gran desierto del sistema educativo, no podremos de verdad hacer frente a la violación de los derechos humanos que supone la LGTBfobia y muches docentes y muchísimes más alumnes, seguirán sufriendo.

Mis principales antígenos para esta vacuna fueron los siguientes:

Prejuicio número 1: ¿Por qué tengo que visibilizarme si les heterosexuales no lo hacen? ¡Qué injusticia!

Pues sí, es así, y cuanto antes se asuma, mejor. El tener que visibilizarnos es una prueba de homofobia, es uno de los peajes que tenemos que pagar por no ser heterosexuales, es una injusticia, por supuesto, pero más injusto y sobre todo, más dañino es tener que esconderse de por vida. Este es el principal prejuicio que debemos desterrar, y uno de los más difíciles porque supone librarse de uno de los autoengaños más efectivos, el de la supuesta comodidad o facilidad para nuestras vidas si nos mantenemos invisibles.

Prejuicio número 2: Voy al instituto/escuela/facultad a dar clase, no a hablar de mi vida privada.

Otro prejuicio muy común, casi tanto o más que el anterior. Para el que la respuesta más obvia ya la escribió la histórica feminista Kate Millet, por la década de 1970, y es que “lo personal es político”. No se puede desligar, somos lo que somos en todos los ámbitos y el cómo somos y el cómo defendemos, o no, lo que somos, es personal pero
también afectará a nuestro entorno. En las aulas estamos constantemente transmitiendo construcciones de pensamiento, significados y creencias que configuran y determinan las relaciones sociales. Transmitimos todo un sistema de pensamiento, un curriculum oculto. No sólo transmitimos conocimientos.

Por ello, la educación nunca es neutral. Cuando no nos visibilizamos como docentes LGTB, cuando callamos, estamos enseñando miedo y vergüenza y ese será el referente que estará asimilando nuestro alumnado. Por tanto debemos tomar una importante decisión: ser un referente de miedo o un referente de valentía.

Prejuicio número 3: No me visibilizo porque no quiero que nadie piense que me puede atraer mi alumnado (sobre todo con alumnado menor de edad).

De entrada podría decir que este prejuicio es una solemne estupidez pero lamentablemente, hace mucho más daño y se le tiene mucho más miedo del que podría pensarse. Hay que decirlo alto y claro, a modo de mantra, si se tiene
interiorizado este prejuicio: la homosexualidad y la pedofilia son cosas totalmente diferentes y no existe ninguna base real que sustente la relación entre ambas. Sí existe, en todo caso, un imaginario colectivo que se ha construido para descalificar y agredir a las personas LGTB de modo totalmente cruel e irracional. Para empoderarse, librarse
de dicho prejuicio y desterrar el miedo, repetir el mantra varias veces al día hasta exorcizar semejante barbaridad.

Prejuicio número 4: No me visibilizo porque no quiero que me acusen de incitar a la homosexualidad.

Este prejuicio es similar al anterior, la ecuación conocimiento=incitación es una falacia absurda y sin sentido, pero ahí está, presente en el inconsciente colectivo. Bien, por supuesto, el conocer las cosas, el saber que existen múltiples  posibilidades de afectos, deseos y géneros, no incita a nada salvo a que cada persona pueda encontrar el camino que más feliz le haga, entre todas las alternativas posibles. Nada más, es así de simple. No hay incitación alguna, del mismo modo, que si se asiste a una charla sobre drogas no se incita al consumo de drogas, ni dar a conocer el pasado bélico europeo incita a la guerra. Conocer la diversidad humana enriquece nuestro conocimiento, no conocerla, nos convierte en personas ignorantes, de mente cerrada y tendremos mayor probabilidad de seguir perpetuando los prejuicios LGTBfóbicos y, con ellos, el sufrimiento de muchas personas.

Prejuicio número 5: No me visibilizo porque no quiero sufrir LGTBfobia en mi centro de trabajo.

El antígeno contra este miedo no es otro que una dosis generosa de empoderamiento, para ello, ayuda mucho acercarse a asociaciones que defienden nuestros derechos, al activismo LGTB, rodearse de personas que ya lo han superado y fortalecer la autoestima para defender la propia dignidad y el derecho humano a amar y desear en
libertad y con orgullo. Como docentes tenemos mucha más capacidad para poder luchar contra la discriminación que el alumnado, nos guste más o menos, tenemos cierta “autoridad” que nos permite utilizarla precisamente para luchar contra la discriminación y el acoso, tanto el que nos pueda afectar directamente como el que pueda sufrir nuestro alumnado. Por tanto, empoderamiento, redes de apoyo mutuo y a por ello, ¡sin miedo!.

Prejuicio número 6: No trabajo la diversidad afectivo sexual y de género en el aula porque no quiero que piensen que soy LGTB.

La discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género tiene esta particularidad, el contagio del estigma y puede afectar tanto a profesorado como a alumnado. Es más habitual entre el alumnado y tiene que ver con la necesidad de pertenencia al grupo, el miedo a ser diferente, cuestiones sensibles, como sabemos, a
determinadas edades pero como adultes ya deberíamos tener superadas esas cuestiones. Como este prejuicio influye sobre todo al profesorado aliado, os pido, por favor, que no dejéis que os afecte, que os necesitamos y que vuestro alumnado os necesita. No es necesario ser parte del problema para formar parte de la solución porque tenemos la capacidad humana de la empatía.

Si no nos vacunamos, y ahora que comienza el curso es un momento perfecto, no podremos nunca decir que somos una sociedad evolucionada, seremos una sociedad estancada o incluso retrógrada ya que no podremos progresar nunca si no atendemos, si no respetamos y si no aceptamos plenamente la diversidad afectivo-sexual y de género en la educación formal.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/09/17/vamos-a-desmontar-prejuicios-tra-la-ra/

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Venezuela: Negociación, invasión, invisibilización y nueva fecha clave, 10 de enero

Aram Aharonian
Por: Aram Aharonian
Fracasados los intentos sucesivos de dirigentes opositores y los gobiernos de Washington y Bogotá –con la ayuda de sus “amigos”- de derrocar al gobierno bolivariano, y de imponer una matriz mediática sobre la necesidad de una intervención extranjera por razones “humanitarias”, la estrategia parece haber cambiado al silencio sobre Venezuela, la invisibilización.

Extraño: más allá de alguna desaforada intervención antibolivariana en el congreso del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), los dirigentes socialdemócratas de la institución impusieron no solo una desvenezolanización, sino también la omisión (aún adversa) a cualquier referencia del aporte chavista al pensamiento crítico, que en Buenos Aires se esforzaron en que fuera mucho más transgénico que crítico.

Las “recomendaciones” de los intelectuales europeos y la estigmatización mediático-hegemónica hicieron su trabajo, convirtiendo a Venezuela (tal como lo quiere Washington y la OEA) en los parias de la región. Ya los intelectuales de Clacso no se pasean con remeras (franelas, chombas) con la figura de Chávez.

Nada pone en duda que Venezuela -que tiene las reservas de petróleo certificadas más grandes del mundo y apetecidas no solo por EEUU, sumadas a las grandes reservas de oro o coltán y un sólido vínculo con China y Rusia- transita una grave crisis económica y social. El terrorismo mediático habla de éxodo masivo y crisis humanitaria, seguramente para desviar la atención con lo que sucede con la millonaria caravana de pobres y hambrientos centroamericanos buscando mejores horizontes en el norte,

Mientras, la inminente visita de Nicolás Maduro a México para asistir a la toma de posesión de Andrés Manuel Lópeez Obrador, ha despertado indignación (al menos mediática) en la derecha e incluso en algunos sectores de Morena.

Quizá la visita sirva para debatir no solo lo que pasa en Venezuela sino en la región, abordando los temas claves como cadenas productivas, tratados de libre comercio, cambio climático, integración, migraciones, energía, crisis capitalista, mercantilización del conocimiento, futuro del trabajo, zona de paz… Pero seguramente todo esto tratará de ser invisibilizado por los medios hegemónicos.

La nueva fecha es el 10 de enero

Para algunos, desde una visión legalista, el 10 de enero de 2019 se producirá la ausencia absoluta del Presidente porque el mismo no fue reelecto el 20 de mayo pasado debido a que esos comicios fueron convocados inconstitucionalmente por la Asamblea Constituyente y no por el Consejo Nacional Electoral, el órgano para tal convocatoria.

Si el punto de vista fuera válido legalmente, políticamente la realidad es otra. Nicolás Maduro tiene el apoyo militar, fue electo por mayoría de votos porque la oposición demostró que no tiene el poder para presionar ni tiene un solo candidato que ofrecer.

Pero sectores de la oposición intentan construir un discurso para deslegitimar al Presidente y fijan el 10 de enero como nuevo «Día D», sobre el cual ya dicen tener el concierto de otras naciones y algunas estructuras internacionales que han declarado desconocer a la Asamblea Nacional Constituyente. El influyente periodista -ahora opositor- Vladimir Villegas enfatizó que “el que crea que el 10 de enero se va a producir un quiebre en Venezuela, está totalmente equivocado”.

La Asamblea Nacional –con mayoría opositora- se encuentra en una situación jurídica anómala, pues sus actos son nulos por disposición de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que ha castigado el desacato de dicha autoridad a las órdenes emanadas de la Sala Electoral. Si la Asamblea Nacional cambiara de estrategia y se pusiera a derecho (saliendo del desacato), puede intentar declarar una vacante absoluta en la presidencia, como lo viene insinuando y avanzar en su agendas desestabilizadora.

La Constitución de 1999 divide los efectos de la vacante del Presidente en función del momento del período constitucional en el que ocurre. Nicolás Maduro está finalizando su primer período constitucional, y el 10 de enero inicia su segundo mandato y si se produce su ausencia, ésta debe ser compensada por la Asamblea Nacional

Ideas, se buscan: conciliación o invasión

Producto del proceso hiperinflacionario que vive Venezuela hasta se ha desdibujado la tradicional clasificación de las clases sociales que servía de referencia para cualquier tipo de estadística, y ya no tiene sentido hablar de las clases A, B, C, D, ya que hoy la gran división está marcada por la tenencia o no de la divisa estadounidense. La hiperinflación, la prolongada recesión y la migración ha cambiado la clasificación de los ingresos familiares.

El incremento vertiginoso de los precios afectó la visión positiva que se tenía sobre las medidas económicas anunciadas en agosto por Maduro: la evaluación del presidente cayó siete puntos y la leve recuperación ante la opinión pública que había obtenido el gobierno en octubre, se revirtió para noviembre cuando volvió a caer. Pero la escasez más relevante y peligrosa para Venezuela no es la de alimentos o medicinas, sino la de liderazgo político. 

El jesuita Luis Ugalde, exrector de la Universidad Católica, siguió dándole letra a la oposición: “Necesitamos concentrarnos en dos o tres razones que expresen el sentir profundo de los venezolanos, unirnos y movilizarnos para producir la salida del régimen e impedir su continuidad con otro período presidencial ilegítimo. Movilizados con la esperanza activa de vida libre, justa y democrática en Venezuela”. El cambio no vendrá ni de la pasividad ni de grupos y grupitos de pequeños intereses que acentúan sus diferencias del resto y –para regocijo del gobierno– “impiden una unidad superior indispensable para salvar a esta Venezuela que se nos muere”, añadió

Obviamente no ha sido Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno español, quien ha dividido a la oposición venezolana, sino que esa fragmentación viene desde hace ya un tiempo por diferencias sobre la línea política y en particular sobre las vías para acceder al poder. Unos son partidarios de la promoción de un levantamiento militar o de una intervención armada extranjera y otros, con distintos matices, se inclina hacia los mecanismos institucionales y la negociación.

Lo que se buscaba con la descalificación de Rodríguez Zapatero (“persona no grata” para parte de la oposición) era lograr el respaldo de las bases más radicalizadas, y herir toda posibilidad de que se abrieran caminos políticos para abordar los problemas de carácter nacional e internacional que están planteados, evitando que pudiera surgir otra iniciativa de facilitación de encuentros., entre ellas las del ex senador estadounidense Bob Corker y del ministro de asuntos exteriores de España, Josep Borrell, añade

Parte de los dirigentes opositores se alzaron contra Luis Vicente León, director de Datanálisis, quien fue por mucho tiempo uno de sus guionistas, y ahora se atrevió a señalar que no habría en Venezuela una acción militar extranjera para provocar los cambios, ni a corto, ni a mediano plazo, bajo ninguna excusa, cierta o artificial, más allá de un comentario el presidente Donald Trump. Según León, la realidad es que 75% de los venezolanos quiere cambio, 68% quiere negociación y 87% quiere paz.

No habrá ninguna intervención que ponga en peligro una gota de sangre estadounidense. No puede haber ninguna acción militar extranjera, ni siquiera justificada en acciones humanitarias, que no tenga una contraparte local estructurada, sólida y con un liderazgo identificable y respaldado por la población interna, que pudiera asumir el reto posterior de reestabilizar el país, añade León.

León lee la realidad: las declaraciones explícitas y claras de la Comunidad Europea, rechazando cualquier acción militar en Venezuela, la posición homogénea y clara del Grupo de Lima en contra de la intervención militar, bajo cualquier argumento político o social e incluso las declaraciones del embajador colombiano, quien rechazó una acción de ese tipo y explicitó el drama de pulverización de la oposición interna.

Nada es pacífico dentro de la oposición: El dos veces candidato presidencial Henrique Capriles Radonsky señaló que algunos dirigentes opositores son unos “Rambos” por las redes, y que hoy muchos han decidido voltear el asunto y hacerle creer a la gente que está luchando en las calles que la realidad es lo que aparece y hace bulla en las redes sociales, ignorando las realidades sociales y políticas.

“Hostigamiento digital, ejércitos de teclado, insultos infantiles, polémicas infértiles, dimes y diretes cuyo único objetivo es alimentar listas de seguidores y jugar a una batalla digital, mientras en la calle la gente no tiene cómo resolver la comida de sus hijos”, indicó Capriles, y agregó que “hay mucho farsante que hace cosas pensando en cómo se verán en Instagram o qué debe decirle a sus seguidores de Twitter. Y quien confunde popularidad con eficacia no está haciendo política, sino show y politiquería”.

Entre el 11 y 22 de octubre, la encuestadora Pronóstico realizó por vía telefónica diversas preguntas sobre la situación del país, donde reveló que el 66,1 % calificó la gestión del presidente Nicolás Maduro como negativa a pesar de los bonos y aumentos salariales, así como 3 de cada 4 venezolanos lo consideran culpable a él y a su gobierno de la crisis. Esta encuesta añadió que 7 de cada 10 venezolanos no se identifica con ningún partido político.

Como si faltaran opinantes, el diputado federal Eduardo Bolsonaro, hijo del próximo presidente Jair, consideró que “no quedaría sorprendido si existiese un juego de cartas marcadas, pues la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) es una falsa oposición” y le demandó un cambio “inmediato”, porque no hace nada para lograr el objetivo que le plantearon al pueblo venezolano de un principio.

Por su parte, el vicepresidente nacional de Acción Democrática, Antonio Ecarri Bolívar afirmó que “la casi unanimidad de los países del mundo quieren ayudarnos; solo falta que los venezolanos se pongan de acuerdo”.

Frente militar

La fuerza con que el gobierno de EEUU sigue promoviendo diversas y múltiples ataques contra Venezuela no discrimina ninguna arma. La ofensiva de sectores de inteligencia estadounidenses ha sido, en los últimos meses, sobre militares en situación de retiro, pero también en actividad, con algunos de los cuales ha mantenido reuniones en Washington y Miami. Ante esta ofensiva, el gobierno dispuso que los militares sólo podrán salir del país previa autorización del gobierno.

Tras tres semanas de silencio (censura, autocensura, sigilo, temor o cuidado por parte de los medios y de los mismos voceros oficiales), se supo de la abrupta salida del director del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia), Gustavo González López, tras la “detención o retención” de la caravana presidencial -con Maduro a bordo- en una vía rápida de Caracas, Ahora dirige el organismo, el general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, exjefe del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesspa).

Frente externo

 Guyana entregó y una memoria ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a la que pide que se declare competente para resolver el litigio fronterizo con Venezuela por la región del Esequibo, quiere que valide el Laudo Arbitral de París emitido en 1899, que trazó la frontera entre ambos países, y que fue denunciado por Caracas ante la ONU en 1962 por no ajustarse a derecho.

 Para Guyana el laudo sigue siendo válido y debe ser confirmado por la CIJ, mientras que Venezuela rechaza la intervención de la Corte y defiende que la disputa sea resuelta bilateralmente. La región de Esequibo está bajo mediación de la ONU desde la firma del Acuerdo de Ginebra, en 1966, pero las diferencias entre Guyana y Venezuela se han agudizado en los últimos años tras el descubrimiento por parte de Exxon Mobil de yacimientos de petróleo en aguas adyacentes.

 El pasado enero, el secretario general de la ONU, António Guterres, recomendó remitir la disputa a la CIJ al considerar que esta vía era la mejor para los dos países. Guyana entregó en marzo una solicitud al tribunal para que aceptase el caso, pero Venezuela dijo que no participaría en el procedimiento “por carecer la Corte manifiestamente de jurisdicción sobre una acción planteada unilateralmente por el país vecino”. No obstante, la CIJ le ha dado a Venezuela hasta el 18 de abril de 2019 para que entregue una memoria en la que justifique sus argumentos.

 La región en disputa abarca un área de unos 160.000 kilómetros cuadrados, lo que es la zona de reclamación venezolana, supone las tres cuartas partes del territorio de Guyana.

Mientras, el gobierno de EEUU se prepara para agregar a Venezuela a la lista de países patrocinadores del terrorismo, informó The Washington Post. La idea fue propuesta por congresistas republicanos encabezados por el senador Marco Rubio, citando presuntos vínculos de Caracas con la milicia libanesa Hezbolá, las FARC, de Colombia, y otros grupos.

 La semana pasada dos entes “especializados” estadounidenses publicaron sendos informes. Uno, titulado “Proveyendo una defensa común”, alerta que “la seguridad nacional de EEUU está ahora en mayor peligro que en ningún otro momento de las pasadas décadas”. Es el resultado del trabajo de un panel de doce expertos en seguridad nacional (seis del Partido Republicano y seis del Demócrata).

El otro, de título más elíptico – “Sonando la alarma sobre los préstamos apalancados”- es del Fondo Monetario Internacional (FMI), e indica que “los excesos especulativos en ciertos mercados financieros pueden estar alcanzando un nivel que amenaza la estabilidad económica mundial”.

Tampoco sorprendió la provocación de Hans Dietrich, un sociólogo alemán radicado en México, quien dijo que e s inevitable que ocurra en Venezuela un levantamiento generalizado comandado por el “General Hambre”. Aseguró que “Rusia y China no son los que sostienen a Maduro” en el poder, sino una “trinidad no muy santa”: dólares, mentiras y bayonetas.

Aram Aharonian: Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la )

*Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=249462&titular=venezuela:-negociaci%F3n-invasi%F3n-invisibilizaci%F3n-y-nueva-fecha-clave-10-de-enero-

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