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Chile:La política por sobre las políticas públicas

Por: Diario la Tercera

Se ha discutido sobre la conveniencia de modificar el régimen de urgencias en el proceso legislativo, particularmente entre la primera y la segunda vuelta presidencial.  ¿Tiene sentido ponerle suma urgencia a un proyecto de ley incompleto y con falta de consenso “para sacar al pizarrón” al adversario político?

Lamentablemente, no se ha logrado llegar a un acuerdo respecto a este tema y, honestamente, es difícil lograrlo. ¿Quién podría dirimir cuál proyecto de ley tiene mérito público para su discusión y cuál responde a un oportunismo político?

En inglés hay una buena distinción entre politics (política) y policy (política pública). El primer término hace referencia al ejercicio del poder y al debate entre quienes lo ostentan o pretenden hacerlo. El segundo, a un curso de acción para la solución de un problema público, para lo cual se definen objetivos, metas, instituciones y mecanismos, entre otros.

Evidentemente, la política pública se formula en un contexto político donde hay ideología y temporalidades, pero idealmente también debe incorporar evidencia, coherencia, eficiencia y  capacidad de implementación.

El programa del actual gobierno, presentado en octubre de 2013, ya establecía una reforma a la educación superior: modernizando la institucionalidad pública, creando la Subsecretaría de Educación Superior, una Superintendencia de Educación Superior, una Agencia de Calidad de la Educación Superior,  la gratuidad universal (parcial al 70% más vulnerable de la población) y un nuevo sistema de acreditación. En julio de 2015 el Mineduc presentó un documento titulado “Bases para una Reforma de la Educación Superior”, el cual fue posteriormente desechado por la autoridad. En febrero y marzo de 2016 se presentó “Minutas sobre la reforma” que planteaba nuevas miradas sobre esta reforma. Posteriormente, en julio de 2016, el gobierno presentó un proyecto de ley de Educación Superior que tuvo una mala recepción y en la práctica perdió su respaldo político. En octubre de 2016, la autoridad difunde un “Protocolo de rediseño de la reforma” con nuevos elementos. Finalmente, en abril de 2017 el ejecutivo introduce una indicación sustitutiva que cambia completamente el proyecto ingresado nueve meses antes, que en la práctica tampoco implica modificaciones estructurales, pero sí elimina lo referido a Educación Superior Estatal, que se incorpora en un nuevo proyecto de ley que, por lo demás, no logró dejar contento a ninguno de los actores del sistema de educación superior.

En suma, a pesar de todo este proceso de definiciones e indefiniciones, idas y vueltas, desconocimiento, falta de consenso y recursos insuficientes, se llega a que, por tercera vez, una de las políticas icónicas de la administración se vuelve a implementar por la vía de la glosa presupuestaria de la partida del Ministerio de Educación en la Ley de Presupuestos.

¿Tiene sentido someter a votación un proyecto de ley que sabemos tiene incoherencias, es parcial, y muestra ser insustentable financieramente para las instituciones? Evidentemente que no lo es, a pesar de la relevancia política de este proyecto.

Lo descrito para el caso de la educación superior, también se aplica respecto de reformas constitucionales o a cualquier otro tema de trascendencia para el país y que sabemos de antemano, tendrá efectos que más allá del periodo presidencial.

De acuerdo a diversos organismos internacionales (OECD – BID), Chile ha sido líder en Latinoamérica en cuanto a la calidad de la formulación de sus políticas públicas. Esta relevante trayectoria no puede perderse por un oportunismo electoral. Dejemos que la política hable de visiones y sueños futuros, pero que la política pública hable de realidades que son factibles.

Fuente: http://www.latercera.com/voces/la-politica-las-politicas-publicas/

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Argentina: El gobierno consiguió que pasara la reforma previsional

Por: Mario Hernandez

Cuando los empresarios se juntaron en la UIA a hacer un balance de lo obtenido, un abogado bromeó, mientras disfrutaban de un cafecito: “¿Qué querés? Si dejamos pasar lo de Mauricio, la esclavitud no va a llegar nunca…” (se oyen risas).
Citado por Ignacio Zuleta en Clarín (27/11).

Este miércoles el Senado dio media sanción a la Reforma Previsional. Un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPPyP) elaborado por Horacio Fernández y Claudio Lozano (“La reforma previsional de Macri en www.ipypp.org.ar) concluye que “estamos en presencia de una actualización trimestral que atrasa un semestre condenando a las jubilaciones a retrasarse sistemáticamente en seis meses respecto a la evolución de los precios.

La garantía de un haber equivalente al 82% del salario mínimo resulta totalmente insuficiente dado lo reducido del monto y de la aclaración oficial de que no cubriría siquiera a la totalidad de los jubilados.

La propuesta de “extensión voluntaria” de la edad laboral resulta una clara extorsión sobre aquéllos que hoy alcancen las condiciones de jubilarse. Esta propuesta va en línea con los objetivos expresados de que salarios y jubilaciones más los tarifazos, sean las variables de ajuste de las cuentas públicas en un cuadro donde las reformas tributarias que se plantean resignan recursos en favor de los grupos empresarios”.

Movilizaciones obreras

Con un multitudinario acto la Corriente Federal, el moyanismo, las CTAs, organizaciones sociales y el sindicalismo clasista de izquierda dijeron no al paquete de reformas del Gobierno.

Unas 100.000 personas participaron del acto realizado frente al Congreso de la Nación para exigirles a los legisladores que no acompañen la batería de reformas impulsadas desde la Casa Rosada, rechazaron las reformas laboral, tributaria y previsional y reclamaron además al triunvirato que conduce la CGT que se sume a la lucha contra estas reformas. Cta Autónoma; SiPreBA; Federación de Aceiteros; Sutna; Sitraic; Ctep; Barrios de Pie; CCC; Polo Obrero; Ademys; Unión Ferroviaria Seccional Oeste, entre otras organizaciones, convocan el 6 de diciembre a una gran Jornada Nacional de Lucha con paros y movilizaciones en todo el país. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentrarán a las 15:30 en el Congreso de la Nación para marchar a Plaza de Mayo donde realizarán un acto.

En un comunicado dirigido a la opinión pública señalan que: «El paquete de “reformas” impulsado por el gobierno forma parte de un plan sistemático de eliminación de derechos conquistados por los trabajadores desde hace más de un siglo”.

Y continúa: «Esta ofensiva no se limita al campo de las relaciones laborales y también incluye una modificación confiscatoria de la Ley de movilidad jubilatoria y la posible eliminación de los regímenes especiales, en particular de la docencia y estatales provinciales, una reforma educativa que subordina la escuela y la Universidad a las necesidades de los empresarios y la implementación de una Cobertura Única de Salud que profundiza el vaciamiento del hospital público y allana la privatización mercantilizando la salud pública. A ello se suman una escalada de impuestazos, tarifazos y brutal endeudamiento externo que no harán más que profundizar el deterioro de las condiciones de vida del conjunto de los trabajadores. Para aplicar este “plan” el gobierno teje un pacto implícito con los gobernadores, diputados y senadores que le responden y especialmente con el “sindicalismo empresario”. Rechazamos cualquier negociación en curso a espalda de los trabajadores”.

Desde las 0:00 horas del viernes 1° de diciembre la Cicop (médicos bonaerenses) realizó un paro de 24 horas. La medida de fuerza incluyó una movilización del Obelisco al Ministerio de Salud nacional contra las propuestas de reformas que impulsan desde Nación, como la Cobertura Universal de Salud (CUS), la que consideran «la privatización del Sistema Público de Salud que ya es universal, que ya existe y que será más desfinanciado día a día de prosperar el proyecto oficial, incrementando la desprotección del sector más vulnerable de la sociedad».

Los Trabajadores de PepsiCo de la planta de Florida realizaron el jueves una protesta en la fábrica de la multinacional ubicada en Mar del Plata. Volantearon y reclamaron por los 600 puestos de trabajo que perdieron en junio pasado.

El delegado Camilo Mones contó que “no hubo incidentes, sólo hicimos una volanteada en reclamo de nuestras fuentes laborales y en solidaridad con los 700 trabajadores que están desempeñándose aquí en Mar del Plata debido a que ellos también realizaron una medida de fuerza hace un mes por la suba de los ritmos de producción y la precarización de las condiciones laborales”, indicó. El gremialista explicó que la producción “aumentó desde el cierre de la planta de Florida bajo las peores condiciones para los trabajadores de Mar del Plata, de los cuales unos 300 están con contratos de entre seis meses y un año”, especificó Mones. En el marco de una jornada de paro, una importante movilización de docentes se trasladó por las calles de la capital de Tierra del Fuego. Acompañados por otros sectores gremiales y sociales, los trabajadores se manifestaron bajo la consigna “NO AL DESPIDO DE DOCENTES FUEGUINOS”. La Casa de Gobierno volvió a estar vallada y con fuerte presencia policial.

La jornada finalizó con un acto, donde hicieron uso de la palabra varios dirigentes gremiales, cerrando Horacio Catena, Secretario General del SUTEF y de la CTA Autónoma, exonerado por la Gobernadora Rosana Bertone.

Reprimen brutalmente a trabajadores de ATE

Desde la filial del sindicato estatal de Neuquén reportaron al menos tres heridos de bala, uno de ellos de gravedad, en el marco de una protesta de empleados de la salud en el centro de la ciudad.

Policía metropolitana, provincial y del GEOP utilizaron balas de goma y plomo para dispersar la movilización, según denuncian desde la filial local de ATE.

Tras el operativo ordenado por el gobernador Omar Gutiérrez se decidió en asamblea ir a paro y movilización de todas las organizaciones para el viernes 1° de diciembre.

La policía desalojó a quienes se movilizaban hacia la Legislatura contra del acuerdo YPF-Chevrón. El director del Hospital Castro Rendón de Neuquén confirmó que el docente Rodrigo Barreiro ingresó con una herida de bala de plomo en el tórax, por lo cual tuvo que ser intervenido de urgencia, estando ahora fuera de gravedad.

El diputado provincial por el partido Unión PopularRaúl Dobrusin, justificó la violencia policial contra los manifestantes sosteniendo que la bala con la que fue herido de gravedad el docente es “una bala especial, ni de goma ni de plomo”, según aseguró en el medio de las deliberaciones en la Legislatura neuquina. Esto choca contra la versión que fue difundida de manera oficial desde el hospital donde fue intervenido y donde se encuentra internado el docente.

Asimismo, se denunció la detención durante los hechos del fotógrafo Paulo Tejeda, del medio 8300web, y que el fotógrafo Luis García, del diario Río Negro, recibió un escopetazo en la cabeza y perdigonazos, por lo cual perdió la conciencia y fue internado. La Asociación de periodistas también denunció que otro fotógrafo del mismo diario, Leonardo Petricio, fue hospitalizado con problemas respiratorios por los gases lacrimógenos lanzados por la policía.

También detuvieron a tres personas. Según informaron desde la Multisectorial se trata de Paulo Tejeda, integrante de la cooperativa 8300, Soledad Martínez, docente, y Ana Moreno, del PTS. La movilización fue numerosa, estimándose la participación de 5.000 personas.

Además, hace una semana que los trabajadores tercerizados que prestan servicios de limpieza, maestranza y seguridad en los hospitales de la zona, llevan adelante un paro en reclamo por la revisión de los pliegos de licitación.

Desde el Consejo Directivo Nacional de ATE, el Secretario General del sindicato, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, manifestó: “Queremos expresar, desde el Consejo Directivo Nacional de ATE, nuestro absoluto repudio a la brutal represión que la Policía de la Provincia de Neuquén ha desatado sobre los trabajadores estatales. Queremos también expresar la solidaridad plena con la lucha que vienen desarrollando los trabajadores de la Salud y todos los trabajadores estatales en defensa de sus legítimos derechos. Queremos expresar también nuestra absoluta preocupación por el estado de salud de los compañeros heridos, algunos de los cuales están con graves heridas”.

“ Vamos a enviarle una carta de repudio y de exigencia de esclarecimiento inmediato de los hechos al Gobernador Gutiérrez, de esa provincia”, apuntó Godoy, que además dijo: “La brutalidad de la represión de las fuerzas policiales solamente se explica si existe un aval o un respaldo de parte del Gobernador y de las autoridades políticas de ese Estado provincial. Por lo tanto, exigimos el inmediato cese de la represión, el esclarecimiento inmediato de los hechos y la asunción total de las responsabilidades para con la salud de los trabajadores y trabajadoras que han sido heridos”.

“Además, exigimos que se genere de inmediato un espacio de diálogo que permita atender los justos reclamos de los trabajadores y que se le dé solución al conflicto por vía de respuestas a esas justas demandas, y no por la vía de la represión brutal y asesina que han desatado”, cerró el dirigente nacional de ATE.

Por los gremios

El titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, denunció que la decisión de Aerolíneas Argentinas de cancelar sus vuelos a Barcelona a partir del año próximo es parte de “un proceso de achicamiento” de la línea de bandera y “de transferencia” de esos destinos a las compañías privadas low cost, que ingresaron al mercado en marzo de este año. “Es una entrega de recursos del Estado a privados” puesta en marcha por “el vaciador de (el titular de Aerolíneas, Mario) Dell’Acqua” y “diseñada por (Gustavo) Lopetegui”, vicejefe de Gabinete y ex CEO de la compañía aérea LAN, acusó el dirigente.

“Esto es parte de una transferencia orquestada: a medida de que Aerolíneas abandona las rutas, las privadas van ganando. Es una transferencia a privados”, sintetizó. “Las corporaciones tomaron por asalto el Estado argentino con el voto popular y están haciendo negocios. Algunos son personales, otros para sus mandantes y otros para transnacionales”, argumentó.

Como ejemplo de esto citó a Lopetegui, a quien responsabilizó de ser el “diseñador de un plan aerocomercial” que, “con el eufemismo de ‘low cost’” (bajo costo), transfirió rutas del Estado a las compañías privadas “sin generar un solo puesto de trabajo”. “Estamos ante un proceso de achicamiento de las rutas aéreas que está empezando”, concluyó.

Minutos después de que el ministro de Trabajo de Jujuy, Jorge Cabana Fusz llamara a Sergio Juárez, el titular del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros (SOEA) del Ingenio La Esperanza, para informarle oficialmente que se llegó a un acuerdo con el grupo inversor que compra la empresa, los trabajadores comenzaron a debatir en asamblea la toma de la planta.

La medida se decidió sin muchas deliberaciones, porque la información oficial precisó que quedarán 600 de los 940 trabajadores que hoy ocupa el ingenio. Para los 340 que quedarán afuera hay varias opciones: indemnizaciones, jubilaciones o empleos estatales, según cada caso. “Dicen que más de 300 se tienen que ir a la casa, que están las indemnizaciones, pero esto no es tan así”, afirmó Juárez, e insistió con un reclamo que viene sosteniendo desde hace tiempo: “Queremos que se venda, pero con todos los trabajadores adentro”.

Recordamos que el Ingenio La Esperanza fue sostenido durante 18 años desde su quiebra por el enorme esfuerzo de los obreros y sus familias que dieron la vida por defender su fuente de trabajo. El gobierno nunca reconoció esta realidad y mintió afirmando que el “ingenio daba pérdidas” cuando nunca dejó de vender millones en azúcar y alcohol. Su negativa a la apertura de la contabilidad es una muestra más de su mentira y falta de transparencia ante el pueblo trabajador, al igual que lo hizo el PJ cuando estuvo a cargo de la quiebra con los síndicos de la justicia.

En un clima de tensión tras las dilaciones y la huelga que protagonizaron los gremios el miércoles, se inició la paritaria docente bonaerense. Desde el Gobierno adelantaron su intención de una recomposición salarial del 10 o 12 %.

Los gremios docentes bonaerense solicitarán al gobierno de la provincia de Buenos Aires la modificación de sumas fijas o la incorporación de mejoras al básico, según consignaron fuentes gremiales.

Para el secretario general de la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires (Udocba), Miguel Díaz, si se blanquearan los ítems no remunerativos “todos cobraríamos 40 % más que en la actualidad ya que hoy el negro llega al 55 %, pero habría que quitar un 15 % de deducciones”.

El SAT SAID (sindicato de televisión) comenzó la discusión salarial exigiendo un 29% de aumento, 25 por la inflación anual y 4 por el poder adquisitivo perdido en la paritaria del año pasado (que se había cerrado en un 38% en dos cuotas). Al comenzar la negociación el Ministerio de Trabajo decretó una conciliación obligatoria que impidió al gremio realizar medidas de fuerza durante veinte días hábiles. El gobierno, fortalecido del triunfo electoral, primero fijó un techo de un 20% y luego los empresarios extorsionaron al gremio con la apertura de los convenios colectivos a cambio de un aumento del 23 %. Luego de la movilización a las puertas de las cámaras ATA y CAPIT, el 16 de noviembre se realizó un paro que contó con un gran nivel de acatamiento. Ante la nula respuesta el 28 volvió a realizarse otro paro con movilización al Ministerio de Trabajo.

A esta situación extorsiva se llega luego de dos años de miles de puestos de trabajo perdidos en los medios de comunicación, entre ellos la TV, con casos como los de CN23 en donde se perdieron más de 100 a través de retiros compulsivos y despidos.

El 29 de noviembre, 21 trabajadores de los canales públicos Encuentro, Pakapaka y DeporTV recibieron una carta documento donde se les informaba la no renovación de sus contratos el 31 de diciembre. Esto se suma a la apertura del programa de “retiros voluntarios” que, desde el pasado 22 de noviembre, promueve la desvinculación de los trabajadores.

Al cierre o los incumplimientos y el fraude de numerosos empresarios de los medios de prensa vinculados al kirchnerismo se suman también otros como los de la Agencia DyN, de Clarín y La Nación que dejó a 96 trabajadores en la calle tras cerrar. En todos y cada uno de estos casos el Estado miró para un costado. El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, fue a la Legislatura para defender el Proyecto de ley de reforma educativa, pero no pudo terminar su exposición. Empleados municipales lo interrumpieron exigiendo la reapertura de paritarias.

Los trabaadores cortaron la luz del Parlamento e ingresaron por la fuerza al lugar, haciendo sonar sus bombos y tirando pirotecnia en los pasillos. Del reclamo participaron también el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

Los trabajadores exigen que se active “la cláusula gatillo” ante la inflación registrada hasta ahora en la Ciudad y rechazaron el aumento del 19% que las autoridades porteñas ofrecieron hasta el momento.

Salarios

El 17% con cláusula gatillo. Ese es el porcentaje máximo que el Gobierno está dispuesto a negociar para aumentar los salarios de todos los empleados públicos del país en 2018. Incluyendo, especialmente, a los docentes. Pero además sería el nivel que el Ejecutivo pretende que haya de aumento salarial en el sector privado durante las paritarias que comenzarán a negociarse en los primeros días de marzo.

En septiembre los salarios registraron una suba nominal de 1,4%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Este incremento se ubicaría por debajo de la inflación informada por el organismo para ese mes, que llegó a 1,9%.

No obstante, en el acumulado del año hasta septiembre los salarios estarían registrando una mejora en términos reales de acuerdo al Indec. Esto se debe a que los salarios acumulan un incremento nominal de 22,3% respecto de diciembre. En igual lapso, la suba de precios llegó a 17,6%. Esta mejora coyuntural se debe a que en los últimos meses (desde mayo) la estadística computa los incrementos pactados en paritarias, que se concentran mayormente en estos meses.

En lo que resta del año, los aumentos salariales pautados son menores. Al mismo tiempo, ya se viene registrando una aceleración en el aumento de precios, y con los tarifazos de noviembre y diciembre la perspectiva es de aumentos de precios todavía mayores. Por lo tanto, no puede descartarse que los salarios concluyan el año con incrementos nominales inferiores a los de los precios. Esto significaría una pérdida de poder adquisitivo.

En promedio, los salarios siguen hoy varios puntos porcentuales por debajo del nivel que tenían en diciembre de 2015, cuando asumió Macri y aplicó medidas que dañaron fuertemente el poder adquisitivo de los asalariados.

La industria crece, pero con menos empleo

La actividad industrial de octubre registró una suba de 4,4% con respecto al mismo mes del año 2016, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

En el acumulado de los primeros diez meses de 2017 en su conjunto, el Estimador Mensual Industrial (EMI) registra un crecimiento de 1,8%, al compararlo con el mismo intervalo del año anterior.

De esta forma, la industria suma el sexto mes de crecimiento continuado, después de estar en terreno negativo entre febrero de 2016 y abril de este año.

A pesar de la recuperación, el empleo continuó en caída al menos hasta el mes de septiembre. Según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en dicho mes se perdieron 2.100 puestos de trabajo en la manufactura, respecto de agosto. En la comparación con septiembre de 2016, la caída de empleos en el sector llega a 27.000.

El empleo formal privado subió 1,7% en septiembre en relación al mismo mes del año pasado, al incorporar 142.000 trabajadores registrados. Según datos oficiales, el mayor impulso estuvo dado por los monotributistas, que crecieron 5,5% de forma interanual, con 81.4000 puestos nuevos inscriptos con esta modalidad. Por su parte, los asalariados se incrementaron en 69.000 ó 1,1%, aún por debajo del nivel que había alcanzado en 2015. Un informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) reveló que en septiembre de este año la importación textil trepó al 25,3% con respecto a igual período de 2017.

En lo que respecta a las variables de empleo en el sector, la industria de la confección redujo en 3.325 personas el número de asalariados en blanco al primer trimestre de 2017 respecto a igual período de 2016, mientras que se estima un retroceso de 30.000 puestos informales de trabajo entre 2016 y 2015. La administración de Mauricio Macri, el Gobierno fueguino, la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) firmaron un acuerdo para mejorar la productividad y reducir los precios en favor de los consumidores que acceden a la tecnología.

El acuerdo incluyó la reducción gradual de impuestos internos que fue anunciada el miércoles, un acuerdo salarial, la reducción de una tasa provincial y de los costos portuarios, entre otros aspectos.

Fuentes: www.ambito.com, InfoGremiales, Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, La Izquierda Diario, Anred, APU, Red Eco Alternativo, Clarín, Página 12, www.agenciacta.org, Gremiales del Sur, www.baenegocios.com.

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El verdadero nombre de la paz

Por: Williams Ospina

Los estudiosos de la historia de Colombia habrán advertido repetidas veces que los procesos de paz que diseña la dirigencia colombiana nunca traen la paz al país.

A veces logran un alivio momentáneo de las tensiones sociales, como en la amnistía a los guerrilleros liberales de los años 50, que fueron después traicionados; a veces crean la ilusión de un gran cambio histórico, que los meses se van encargando de atenuar, como en la reinserción del M-19; a veces desencadenan nuevas violencias, como los diálogos con las Farc en tiempos de Belisario Betancur, que produjeron el holocausto de la Unión Patriótica, o como los diálogos del Caguán, que intensificaron la violencia paramilitar.

Ello debería enseñarnos, no que la paz no es posible, sino que es compleja, y que requiere enfrentar en su profundidad las causas de la violencia y empeñarse en corregirlas. Mientras los esfuerzos sean parciales, es un error llamarlos la Paz, porque se generan unas expectativas que la realidad no tarda en disipar.

Hasta ahora la característica común de esos procesos es que siempre procuran señalar la responsabilidad de uno de los bandos: guerrilleros liberales, M-19, Farc, paramilitares, pero la dirigencia nacional siempre se absuelve a sí misma. Es más, siendo grandemente responsable de las condiciones que producen la violencia y que la prolongan, la dirigencia que formatea esos procesos siempre es la que juzga y la que perdona, o la que acusa y prohíbe el perdón.

Más que otras veces, ahora se ha llamado pomposamente paz al proceso de desarme y desmovilización de las Farc, aunque nadie ignora que es largo el camino que va de La Habana a una paz verdadera. Por varias razones: una, porque el conflicto con las Farc, siendo tan largo y tan costoso en vidas y en recursos, es apenas uno de los muchos conflictos que vive Colombia. Existen otras guerrillas, existe la violencia del narcotráfico, existen las bandas criminales, el nombre que ahora reciben los paramilitares al servicio del narcotráfico aliados con la delincuencia común, existen muchas formas activas del crimen organizado, múltiples formas de economía ilegal, algunas altamente depredadoras de la naturaleza, y un creciente fenómeno de corrupción que agrava el sentimiento de desamparo de las comunidades y su desencanto ante la política.

Como la naturaleza, la violencia colombiana le tiene horror al vacío, y en su caldo de cultivo no se puede hacer desaparecer a un actor violento sin que venga otro a reemplazarlo enseguida, a veces con mayor ferocidad. Las Farc, por ejemplo, eran crueles e implacables en su lógica de secuestros y asaltos, pero como necesitaban de los campesinos tenían que obrar como un escudo de protección para los pequeños cultivadores desamparados por el Estado, de modo que su desaparición, en el contexto de un Estado que tiene dificultades para reemplazarlos en sus funciones e incluso para garantizar su segura desmovilización, podría dejar a los cultivadores en manos de la violencia sin freno de las mafias.

Es el caso en que males más incontrolables reemplazan a los males conocidos: un proceso de paz tendría no solo que prever estas cosas sino que estar en capacidad de resolverlas, si no quiere obrar como el aprendiz de brujo que libera una fuerza y después no sabe cómo contenerla. Además, de algún modo habría que aprovechar esas fuerzas antes ilegales, que pueden volverse aliadas del Estado, para que contribuyan al avance de una mínima institucionalidad que le sirva a la gente sin violencia y con beneficios reales.

El diálogo reciente careció de un proyecto de juventudes en un país donde los jóvenes son la guerra. La prueba de que este es un conflicto parcial es que el diálogo se centró en asuntos agrarios siendo Colombia un país donde el 80 por ciento de la población está en las ciudades. Miles y miles de jóvenes sin oportunidades, sin educación, sin un horizonte de vida que les ofrezca dignidad y seguridad, tienen que venderse a la violencia porque sólo la violencia les brinda algún ingreso.

Quien esté interesado en la paz de Colombia tiene que considerar una estrategia de ingreso social que les brinde a los jóvenes la posibilidad de sobrevivir y capacitarse, cumpliendo tareas que fortalezcan su sentimiento de pertenencia a la sociedad y su compromiso con ella. En un momento de la historia en que el mundo entero requiere planes de reforestación, protección de la naturaleza, cambio de paradigmas en el modo de vivir y de consumir, recuperación de valores esenciales, solidaridad, acompañamiento de sectores vulnerables, liderazgo cultural y reinvención de los modelos de emulación social, es prioritario brindar a los jóvenes la oportunidad de protagonizar los cambios civilizados, para lograr incluso algo asombroso pero harto posible: que la proverbial abnegación de los jóvenes les permita ser ejemplares para una sociedad que nunca supo ser ejemplar con ellos.

La dirigencia le ha fallado tanto al país que cierto rechazo popular a los acuerdos se debe a la creencia de que les van a dar a los reinsertados oportunidades que el resto de la sociedad no ha tenido.

Lo alarmante del plebiscito de octubre de 2016 no es que el No haya ganado con el 20 % de los votos, y ni siquiera que el Sí apenas haya obtenido menos del 20 %, sino que el 80 por ciento de la población le haya dado la espalda a un proceso que era una gran oportunidad para el país. Porque una indiferencia del 60 % y un rechazo del 20 % prometen poco en términos de aclimatación social de una paz que no puede llegar si la ciudadanía no se la apropia, una paz que en realidad ni siquiera hay que hacer con la ciudadanía sino en la ciudadanía. La paz tienen que ser los ciudadanos: sólo ellos pueden ser la convivencia y la reconciliación, sólo ellos pueden ser el perdón y la memoria, la solidaridad y la construcción de otra dinámica de la vida en comunidad.

El crecimiento actual de los cultivos ilícitos nos debe recordar que la hoja de coca es uno de los únicos productos de la pequeña agricultura colombiana que tienen demanda y consumo en el mercado mundial. Bien sabían los funcionarios de Naciones Unidas que formularon el malogrado proyecto de diálogo del Caguán que no sería posible un proceso de paz sin una suerte de Plan Marshall para la reconstrucción del campo colombiano, que no fue arruinado sólo por la guerra sino por una política de desmonte de la agricultura, un cierre de oportunidades para los pequeños productores y un retroceso de la economía al extractivismo del siglo XVI.

Diseñar la economía pensando sólo en vender las riquezas naturales, explotando el suelo desnudo, despojó de estímulos a la producción, vulneró la ética del trabajo, estimuló el culto a la riqueza sin esfuerzo y fortaleció la corrupción, porque las sociedades vigilan y defienden sobre todo lo que es fruto de su labor, la economía que brinda subsistencia pero también sentido de pertenencia y dignidad. Si el mundo quiere la paz de Colombia no puede seguir consumiendo sólo su petróleo, su carbón y su cocaína, tiene que contribuir a la reconstrucción de la economía real, que podría ser una floreciente alianza de la productividad con el conocimiento, en uno de los países más biodiversos del mundo.

Ya la economía cafetera, que le permitió al país vivir modestamente pero con dignidad durante cien años, ha demostrado que hay formas posibles muy refinadas de participación de una sociedad campesina en el mercado mundial. La producción cafetera, democrática, sofisticada y ejemplar, tendría que ser un modelo, aunque estoy lejos de pensar que en nuestra época podamos vivir sólo de la pequeña producción campesina.

Pero también hay una combinación alarmante en Colombia: una clase terrateniente que es dueña de la mitad de la tierra productiva, pero que no tiene ninguna vocación empresarial. A nadie le importaría de quién es la tierra si produjera lo que puede y tributara lo que debe, pero esos millones de hectáreas a la vez confiscadas e improductivas, la cósmica ineptitud de un modelo de propiedad que sólo adora el alambre de púas, están en la base de muchos de nuestros males.

La corrupción de hoy, la danza de los millones en la contratación pública, que ha corrompido la ley y la justicia, reposa sobre una corrupción anterior: la privatización de los mecanismos electorales, la construcción de un Estado de privilegios que se reelige manteniendo a la ciudadanía en la ignorancia y en la indiferencia. Esa es la otra violencia, que está en la raíz de todo, y que hace que cada diez años haya que hacer una reinserción de guerreros pero que nunca se haga el urgente proceso de paz entre el Estado y la sociedad, entre la vida y la política.

Sólo una cosa podemos esperar hoy: que la expectativa que ha despertado en un sector consciente de la sociedad el proceso de diálogo y la desmovilización de las Farc, unido al tremendo desprestigio de la dirigencia colombiana, a la que le interesa mucho desarmar a los insurgentes pero no abrirle horizontes de participación y de iniciativa a la comunidad, despierte en sectores cada vez más amplios la necesidad de un nuevo proyecto de país y el afán de hacer realidad unas reformas económicas y sociales que han sido aplazadas por muchas décadas, y la condena histórica a una dirigencia que persiste en su mezquindad y en contagiar su discordia. No sólo los mercaderes que envilecen la política, sino los grandes poderes económicos que se lucran de la miseria, de la depredación de la naturaleza y de la entrega del país al pillaje legal e ilegal.

El verdadero nombre de la paz en Colombia es democracia: el fin de las maquinarias y el diseño de una economía que beneficie por fin a la gente, y sincronizar la agenda nacional con la urgente agenda del mundo: energías limpias, protección de la naturaleza, detener y revertir el cambio climático, poner a la comunidad en el primer lugar de las prioridades, y convertir la cultura en el dinamizador de una sociedad de creación.

Fuente:https://www.rebelion.org/noticia.php?id=235208

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¿La moneda virtual llegó para quedarse?

Por: Fander Falconi

Bitcoin es una moneda virtual. Su nombre viene de ‘bit’ (dígito binario) y ‘coin’ (moneda en inglés). Las bitcoins pueden comprarse con monedas reales o pueden recibirse como pago por bienes o servicios vendidos por internet. La idea es práctica, pero peligrosa. Desde su aparición en 2009, muchos han advertido las amenazas. La última alarma viene de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001 y ex funcionario del Banco Mundial. Stiglitz sostiene que esta moneda virtual es perfecta para fines ilícitos, como lavado de dinero o evasión fiscal (entrevista con la BBC, 2017-12-01). Asegura que si se exigiera la misma transparencia que se exige a los bancos en las operaciones con bitcoins, estas desaparecerían en poco tiempo.

Regresemos a sus raíces para entenderla. Tras la crisis bancaria de 2008, varios emprendedores estadounidenses se unieron para hacer realidad una idea descrita por algunos ‘cripto idealistas’ anteriores. Así nació la bitcoin, moneda virtual que al crearse es registrada por las Blockchains, que son los bancos virtuales. La primera Blockchain que registra la nueva emisión, gana una comisión. Ese incentivo, más el hecho de no estar relacionados esos bancos virtuales, garantiza el ‘depósito’. Así, ningún banco virtual podría cometer un robo al estilo de los bancos reales, que en 2008 saquearon la economía. Además, entre los primeros usuarios estuvieron algunos migrantes, los únicos que pudieron enviar remesas a sus familias sin pagar comisiones.

La idea inicial era buena, aunque luego se presentaron dos casos graves de abuso. El primero se llamó ‘Ruta de la seda’ y apareció en 2011. Se trataba de un mercado virtual de drogas, que se pagaban en bitcoins. Era el sueño de un revendedor y hasta de un fuerte consumidor: poder comprar cantidades de drogas, sin exponerse a la violencia de los narcotraficantes ni a ser arrestado por policías. En efecto, no hubo reportes de violencia por su utilización, lo que no impidió que el fundador de la Ruta de la Seda terminara preso y luego condenado a cadena perpetua. Mala fama para las bitcoins.

El otro caso afectó más a la moneda virtual. La casa de cambios Mt. Gox, con sede en Japón, empezó en 2010 a negociar bitcoins. En 2013 manejaba el 70% de las transacciones de moneda virtual en el mundo. En febrero de 2014 quebró y ‘desaparecieron’ con ella 850.000 bitcoins. Reaparecieron unas 200 mil, pero el resto se hizo humo. La empresa culpó a los ‘hackers’, pero la policía japonesa empezó a perseguir a los altos jefes de Mt. Gox. Pese a todo, la bitcoin no murió.

En enero de 2017, cada bitcoin equivalía a menos de US$1.000. Hoy, en vísperas del año nuevo 2018, se cotiza en más de US$12.000. Un incremento del 1.200% en menos de un año. Eso a pesar de varias iniciativas de control. Una de ellas ocurrió en el estado de Nueva York en 2015. La llamada Bitlicense estableció regulaciones para negociar monedas virtuales. Eso alejó a los comerciantes visibles de moneda virtual del gran centro financiero, Nueva York. Lo increíble es que el mentalizador de esta ley regulatoria, el superintendente Ben Lawsky, se retiró de la función pública y se hizo consultor privado para quienes necesiten hallar recovecos de la Bitlicense para burlarla. En septiembre de 2017, el Banco Popular de China prohibió el uso de bitcoins en el sistema bancario y financiero. Objetivo de la medida: la lucha contra el lavado de dinero y contra la evasión de impuestos.

El FMI y los bancos parecen odiar a la moneda virtual. El directorio de Goldman Sachs advierte que la Bitcoin no es una reserva de valor, dada su volatilidad. El presidente de JPMorgan la califica de estafa y fraude. Sin embargo, sin mucho aspaviento, los grandes bancos están empezando a usar las técnicas innovadoras de las Blockchains (bancos virtuales) en operaciones internacionales. Es decir, en menos de una década, la moneda virtual no solo ha sobrevivido, ahora sus técnicas empiezan a adoptarse en los mercados internacionales.

Una excelente explicación se da en el documental ‘Banking on Bitcoin’ que ofrece Netflix. ¿Qué ocurre en nuestro país? En junio de 2017, el Banco Central del Ecuador aclaró que la bitcoin no es un medio de pago autorizado para su uso en el país. Sin embargo, hasta esta fecha puede usted buscar en los mercados locales de internet y verá ofertas de mercaderías que aceptan bitcoins como pago.

Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=235216

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El lobby oculto en el negocio de la educación

Por: Patricio Mendiola

El actual esquema de mercado de la educación superior que existe en Chile, se ha forjado a partir de las reformas estructurales llevadas a cabo por la dictadura cívico militar a partir de 1973. Teniendo por objetivo, como lo señala José Piñera, “tomar las riendas de una verdadera revolución libertaria”, esto motivó la implementación de un “Programa de Recuperación Económica Nacional”.

Este programa, consistía básicamente en reducir la inflación, liberalizar el mercado y equilibrar el presupuesto fiscal. Se lograría a través de la privatización de empresas públicas, liberalizando el trabajo y privatizando en forma parcial o total los servicios básicos como educación, salud y previsión.

Fue entonces que cambiar el esquema de financiamiento sustentado en la gratuidad de los estudiantes a partir de aportes basales a las instituciones de educación superior (IES), por un modelo privatizado donde el subsidio de la demanda comenzó a articularse como la principal forma de financiamiento lo que junto al aporte que debían realizar las familias, fue una de las modificaciones clave de la dictadura. Esto ser Laque representa la us entre nomicosamiento por v ía el soporte de las décadas futuras de un modelo educacional, donde se consolidarían los grandes intereses económicos; un mecanismo reproductor de la segregación y desigualdad social; la desregularización sistémica de la educación y su apertura al lucro.

A pesar de que la dictadura tuvo su fin en 1989, la herencia de los “chicago boys”, en la constitución del 80’ quedó intacta durante los 25 años de gobierno de la Concertación, periodo en el cual, no se cuestionó la idea que se haya construido una constitución y un modelo educacional sin ningún tipo de libertad ni consenso democrático, donde los distintos actores involucrados pudiesen expresar sus apreciaciones y aspiraciones.

De hecho, las modificaciones que implementó la concertación dentro del sistema educativo, fortaleció la idea de la educación como un bien por el cual hay que pagar, por esto redujo los Aportes Fiscales Directos, incrementó el subsidio a la demanda a través de becas y créditos, e implementó el Crédito con Aval del Estado, Principal herramienta de endeudamiento, que hasta el año 2016, afecta a más de 600 mil estudiantes con deudas de impagables.

Durante el gobierno de Lagos, el ministro Sergio Bitar – actual asesor de Alejandro Guillier –, quien tuvo el “honor” de implementar el CAE, señaló que “es uno de los mejores créditos del mundo en materia de financiamiento de la educación superior, por lo que ha sido una tremenda arma de igualdad y acceso para miles de estudiantes” (La Tercera, 2016).

Actualmente el CAE es la principal forma de financiamiento de la educación superior, representa el mayor gasto fiscal en la partida de educación de la Ley de Presupuesto Nacional, es entregado de forma indiscriminada a las instituciones de educación superior acreditadas –sin más excluyentes para recibir fondos estatales–, seguido por el subsidio a la demanda a través de las ayudas estudiantiles a los “más vulnerables” (becas y créditos).

El sector privado creado a partir de la reforma del 81’ es el principal beneficiado de este modelo educacional, ya que permitió que los controladores de estas instituciones cubran más del 80% de la matricula, en desmedro del 20% que representa las Universidades Estatales.

A costa de mucho trabajo y articulación constante de los rectores de las Universidades Estatales, han logrado mantener la participación e influencia en la agenda pública. En muchos casos pidiendo “tratos preferentes” para garantizar la preservación de un espacio público abierto a todos.

La educación privada crece en proporción de estudiantes, sin embargo disminuye en numero de controladores que concentran los planteles educativos, por mencionar algunos, INACAP, hoy está en manos de CPC y supera los 100.000 estudiantes entre Universidad, IP y CFT, mientras que el Grupo Laureate llega a una cifra similar entre la Universidad Andrés Bello, Las Américas y el IP AIEP. A ello se suman grupos religiosos extranjeros y empresarios nacionales.

El Grupo Laureate, junto a Universidad Santo Tomás, Uniacc y Universidad del Desarrollo son una de las principales instituciones que están siendo fuertemente cuestionadas e investigadas por casos de millonarias operaciones de compra y venta, crear sociedades inmobiliarias y pago de sobresueldos. Es decir, lucro.

Los grupos económicos tuvieron la claridad que para resguardar sus intereses económicos en la educación, debían controlar al Estado a través de redes de lobby. Así lograron hegemonizar el pensamiento político en materia educacional, de figuras importantes de la concertación y la derecha chilena, todos ellos, lideres que encabezaron el Foro de la Educación Superior en la década del 80’, espacio de discusión entre “la oposición” y los intelectuales de la dictadura militar.

Así es como aparece Pilar Armanet (PPD), jefa de la división de educación superior en el gobierno de Lagos y vocera del primer gobierno de Bachelet, que luego asumió como vicerrectora y rectora de la Universidad de las Américas, y que actualmente preside la Corporación de Universidades Privadas, quien ha manifestado públicamente la idea de que el lucro no es contraria con la calidad y que el endeudamiento de los estudiantes debe existir para permitir el acceso a la educación.

Dicha corporación reúne a los planteles con peor acreditación del sistema, donde muchas de ellas están siendo investigadas por casos de lucro. representa un espacio de lucro y lobby de los grandes intereses económicos, donde podemos encontrar Hugo Lavados (DC), rector de la Universidad San Sebastián y ex ministro de economía del primer gobierno de Bachelet. Quién continua defendiendo a las instituciones totalmente desreguladas y con evidentes fines de lucro.

De esta manera se instalan redes de poder que no se manifiestan con transparencia, que no plantean ideas ni posiciones en el debate público como lo hacen con tanto esfuerzo los rectores de las universidades públicas, sino que actúan de facto, cooptando los espacios reguladores y técnicos. Por esta vía se imponen como “técnicos” para obstruir el debate público sobre las medidas educacionales. Como se puede deducir, no existe la neutralidad técnica, y de técnicos no tienen nada.

Así estas instituciones se resguardan dentro del sistema educativo, no corren riesgos de competencia, se consolidan como espacios de concentración de poder económico regulado, no tienen la necesidad de invertir en calidad, sólo mover adecuadamente sus redes de lobby sobre las autoridades de turno. Su principal fuente de utilidad son los subsidios que, supuestamente, fueron creados para “permitir el acceso a los estudiantes más vulnerables”– el cual más bien, parece subsidio al lucro.

Las instituciones privadas con escasa regulación y acreditación son las que más reciben recursos públicos, las que ofrecen la educación más cara y de peor calidad, poniendo en juego los sueños de los estudiantes, con un cargo a los bolsillos de las familias y al erario fiscal.

Actualmente nos encontramos en un proceso de definiciones estratégicas el cual es clave para el futuro de nuestro país, con esto, me refiero a la continuidad y a la posibilidad de profundizar aún más las reformas educacionales que tanto demandan las mayorías del país, o por el contrario, generar un retroceso en materia de derechos sociales, justicia social y transparencia pública, poniendo en riesgo a Chile de cara al próximo periodo presidencial.

Lo lógico, sería que las posiciones de los distintos actores que tienen intereses sobre la educación superior fueran planteadas con plena claridad y transparencia, de cara a la ciudadanía en el espacio público, sin embargo, nos encontramos en una situación donde los grandes grupos económicos y los planteles privados de educación, están moviendo sus redes de lobby y generando presiones indebidas a diputados, senadores, autoridades de gobierno con el objetivo de manejar información privilegiada y traficar influencias para mantener sus posiciones de privilegio.

Si este sector privado y sus grupos económicos no están de acuerdo con el fin al lucro, al CAE y condonación de la deuda, al aporte fiscal indirecto, al fortalecimiento de las Universidades Estatales, a corregir y perfeccionar el sistema de gratuidad –hasta que sea universal–, a mejorar y modernizar la docencia e investigación, a generar una estrategia nacional de desarrollo para la educación superior con una hegemonía del Ues Estatales. Díganlo.

No existe ninguna justificación para aceptar nuevamente en Chile un lobby tan oscuro como el que se realizó en dictadura militar, para forzar la voluntad democrática de un pueblo, en favor de los intereses particulares, más aún en momentos en que se están tramitando o dejando de tramitar proyectos de ley de gran interés social, cívico y económico para el futuro de nuestro país.

Finalizando, hago un llamado a las mayorías de nuestro país –a la gente humilde, llena de sueños y aspiraciones– para decir que podemos construir un modelo de educación más equitativo y con justicia social, que signifique una inversión social camino al desarrollo de muchos y muchas, de manera que debemos estar más informados e informadas, más unidos y organizados, más alerta para ser agentes activos en las transformaciones políticas que nuestro país requiere.

Bibliografía

Entrevista a José Piñera de 1980 a la revista Qué Pasa (N°454). Sus grandes logros fueron la Reforma Laboral (1979) y la Reforma Previsional (1980)

La Tercera. (21 de mayo 2016). “Creadores del CAE defienden el modelo de financiamiento a 10 años de su implementación”. Recuperado de: http://www.latercera.com/noticia/creadores-del-cae-defienden-el-modelo-de-financiamiento-a-10-anos-de-su-implementacion/

Cáceres, G. (2017). Pilar Armanet: “No estoy de acuerdo con que la Universidad sea gratis para los que pueden pagar”. [sitio web] El Mostrador. Valido en: http://www.elmostrador.cl/agenda-pais/vida-en-linea/2016/04/25/pilar-armanet-no-estoy-de-acuerdo-con-que-la-universidad-sea-gratis-para-los-que-pueden-pagar/

Mostrador, E. (2017). Mónica González: “Me gustaría saber cuánto le paga la USS a su rector Hugo Lavados, ex ministro DC y lobbista para obtener beneficios fiscales”. [sitio web] El Mostrador. Valido en: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/07/05/monica-gonzalez-me-gustaria-saber-cuanto-le-paga-la-universidad-san-sebastian-a-su-rector-hugo-lavados-ex-ministro-dc-y-lobbista/

SIES. “Compendio histórico de Educación Superior”. Ministerio de Educación. Recuperado de: http://www.mifuturo.cl/images/Compendio_Historico/2015/compendio_historico_recursos_fiscales_2015_final.xlsx

Ingresa. “Crecimiento del número de beneficiarios por tipo de institucion, periodo asignación 2006 – 2016. Recuperado de: http://portal.ingresa.cl/wp-content/uploads/2014/01/asignaci%C3%B3n-1.1.xls

Contraloría General de la República (2015). “Financiamiento fiscal a la educación superior”. Recuperado de: http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA+Repository/Merged/2016/Archivos/0104

Melo, F. (19 de mayo de 2012). “Comisión de diputados detecta siete universidades con irregularidades”. La Tercera. Recuperado de: http://www.latercera.com/noticia/comision-de-diputados-detecta-siete-universidades-con-irregularidades/

Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=235060

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¿Se puede educar la personalidad?

Por: José Antonio Marina

El artículo 27 de la Constitución española afirma que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad. Pero nadie se toma el trabajo de explicar lo que eso significa.

Los sistemas educativos están en ebullición en todo el mundo. Proliferan las propuestas, los métodos, los salvadores, las innovaciones, las reformas, los movimientos estratégicos. Tal proliferación me ha llevado a observarlos con la misma minuciosa tenacidad con que un botánico hace el censo de la naturaleza. La conclusión, que he expuesto en ‘El bosque pedagógico‘, es pesimista. A pesar de la brillantez de muchos esfuerzos, no disponemos de una pedagogía ni de una psicología que nos permita resolver los imponentes retos que plantea una acelerada “sociedad del aprendizaje”. Una de las causas de esta impotencia es la fragmentación de sus teorías. Impulsados por la necesidad de analizar, estamos elaborando una “psicología y pedagogía de la hamburguesa”.

Carecemos de una teoría clara del sujeto humano. El conocimiento se ha separado de la emoción, la emoción de la voluntad, la memoria del aprendizaje, los procesos de los contenidos, la motivación del deber. Cada escuela psicológica es estupenda en lo suyo, pero no sabe qué hacer con lo del vecino. En la poderosa American Psychological Association (APA) hay cincuenta divisiones que no se hablan entre ellas. Troceamos al sujeto en competencias, destrezas, inteligencias múltiples, actitudes, capacidades, que a su vez se dividen en subespecies y, luego, intentamos unir como podemos esa picadura. La situación me recuerda lo sucedido a principios del siglo pasado. Surgió un gran interés por el estudio de los instintos, y una pléyade de investigadores se lanzó a identificarlos. Cuando llegaron a inventariar 6.200 instintos diferentes, pensaron que se habían pasado de la raya y el interés decayó.

Fuente: https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/educacion/2017-12-12/educar-personalidad-educacion_1490850/

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México: profundo rezago educativo secular

Por: Betty Zanolli

2 de diciembre de 1867: Benito Juárez es presidente de la República y, como tal, promulga la Ley Orgánica de Instrucción Pública que habrá de reformar al sistema educativo mexicano a menos de cinco meses de lograr la reinstalación del gobierno federal y de nombrar a Antonio Martínez de Castro como titular del ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Ley que es producto del trabajo de una comisión integrada por el ingeniero Francisco Díaz Covarrubias, su hermano José María, los doctores Pedro Contreras Elizalde, Ignacio Alvarado y Leopoldo Río de la Loza, los licenciados Eulalio María Ortega, Agustín Bazán y Antonio Tagle, el naturalista Alfonso Herrera y el doctor Gabino Barreda.

Es la más importante y verdadera reforma educativa que ha tenido México en su historia. Y es que no sólo implicó el haber establecido cuáles serían las asignaturas a impartir en las escuelas de Medicina, de Agricultura y Veterinaria, de Ingenieros, de Naturalistas, de Bellas Artes, de Música y Declamación, de Comercio, en la Escuela Normal, en la de Artes y Oficios y en la de Sordomudos. Fue la piedra miliar que permitió la fundación de una institución que habría de transformar la educación media superior en el país desde el momento en que dictaminó la creación de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), a partir de la clausura del colegio jesuita de San Ildefonso.

El espíritu que animaba a este grupo selecto de liberales ilustrados, indudablemente abrevaba de los postulados positivistas de la escuela francesa parisina de Auguste Comte, para quien el hombre no sería más un ser pasivo y conforme, sino pensante, racional y ferviente defensor de los grandes postulados revolucionarios de 1789: libertad, igualdad y fraternidad entre los hombres. Fundamentos, todos ellos, que habría de enarbolar la nueva generación de pensadores, para los que la evolución, el progreso, el orden, la civilización y la ciencia, serían las nuevas divisas por las que luchar.

Sin embargo, como bien lo postulaba el filósofo francés, para que pudiera reinar la paz, el hombre debería comprender que todo debe estar inscrito dentro de la acción normativa, particularmente de las leyes de la naturaleza, del conocimiento de “lo dado”, en la medida que es natural, positivo y explicativo. De ahí que el hombre podría progresar siempre que sus acciones siguieran un orden y éstas cumplieran con las leyes de los tres estados: teológico, metafísico y positivo. ¿Les asistía la razón?

El veredicto lo tiene la historia, pero de lo que no cabe duda es que dicha reforma educativa fue verdaderamente todo un hito, insuperable, en la educación de nuestra sociedad. 150 años han pasado y ninguna otra reforma ha podido superarla. Vivimos de su gloria. ¡Qué lejos estamos de aquellos grandes filósofos como Barreda, de los intelectuales señeros que tuvieron a su cargo la secretaría de Educación Pública como José Vasconcelos, Agustín Yáñez y Jaime Torres Bodet o de los ilustres catedráticos que estuvieron al frente de la ENP como Raúl Pous Ortíz, Moisés Hurtado, Enrique Espinosa Suñer, Ernesto Schettino Maimone o Héctor Herrera León y Vélez!

Hoy en día el sistema educativo nacional en nuestro país vive momentos aciagos. Sus titulares solo utilizan el cargo como un mero trampolín político. Para esto sirve llegar a ser, por ejemplo, secretario de Educación Pública, para “impulsar” o coadyuvar a impulsar una reforma “educativa” que en el fondo lo único que persigue es controlar los cotos de poder que el sindicalismo “a modo”, al paso de los años, había logrado cooptar.

Al Estado, encarnado en los grupos de poder actuales, no le importa la formación de las nuevas generaciones de ciudadanos mexicanos. Si no saben, qué importa, y si saben, que no estorben. Otros tiempos vivimos, muy distintos, diametralmente opuestos a los que algún día vivió México cuando otros eran sus dirigentes. El rezago intelectual secular de México es uno de los principales lastres contra los que debemos luchar.

Fuente: https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/mexico-profundo-rezago-educativo-secular-476567.html

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