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Ayer y hoy, mujeres silenciadas

Por: Enric Llopis

Retales de biografía, contenidos poéticos, declaraciones aisladas, pedazos de texto… Con estos materiales “mínimos”, la artista Carmela García (Lanzarote, 1964) compone la muestra “Imágenes de(l) poder. Cartografía de lo invisible”, que permanece abierta al público hasta el 17 de septiembre en el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM). Con trece fotografías de grandes dimensiones y un vídeo, la autora pone en cuestión el discurso dominante desde una perspectiva de género. En la muestra hay paisajes convertidos en invisibles por el patriarcado; encuentros internacionales de mujeres relevantes en la cultura y la política en los años 1936 y 1937, hoy olvidadas; y otras que conquistaron un ámbito de libertad, pero a las que se dejó sin espacio en el imaginario compartido. El punto de partida de la exposición es la feminista, sindicalista y poeta Lucía Sánchez Saornil (1895-1970). Fue una proletaria madrileña, anarcosindicalista, mujer libre y lesbiana, que trascendió el obrerismo para trabajar (de telefonista) en Telefónica; asimismo componía poemas y colaboraba con la prensa de vanguardia.

En la muestra de Carmela García ocupan un lugar relevante las militantes de “Mujeres Libres”, organización anarcosindicalista que desplegó su actividad durante la guerra española de 1936 y llegó a contar con 20.000 afiliadas. Así, la abogada y pedagoga Mercedes Comaposada Guillén, la médica Amparo Poch y Gascón o Lucía Sánchez Saornil, entre otras, promovieron un feminismo anarquista “que no subordinaba la autonomía de las mujeres a las aspiraciones de la revolución social”, destaca la profesora de Historia de la Educación en la Universitat de València y militante del movimiento feminista, Llum Sanfeliu. Fue Lucía Sánchez Saornil la gran impulsora de la revista “Mujeres Libres”, quien se hizo cargo de la línea editorial y ha inspirado a Carmela García para la presente exposición. Pero tan importantes como las personas son los espacios de la memoria. De ahí la fotografía del Conservatorio de Valencia, donde se celebró en octubre de 1937 la Segunda Conferencia de Mujeres Antifascistas. O, en el siglo XXI las “Mujeres de Negro”, que manifiestan su luto contra la guerra y a quien la artista fotografía bajo un imponente ficus. También las “Lesbian Band”, que en una de las imágenes de la muestra ensayan el son de las “batukadas” debajo de un puente. El arte, lo lúdico y lo festivo como vía de autoafirmación.

El visitante puede acercarse a la pintora, escritora comunista y miembro de la Agrupación de Mujeres Antifascistas, Manuela Ballester. También al recuerdo de la militante del PCE (desde 1934 hasta su muerte) y maestra de la Universidad Popular de Valencia Alejandra Soler, recientemente fallecida a los 103 años y desconocida para muchos, pese a que fue una mujer licenciada en Filosofía y Letras, que logró escapar de un campo de internamiento en Francia terminada la guerra civil y sobrevivió a la batalla de Stalingrado durante la segunda contienda mundial. Incluso se acercó al 15-M. La de Alejandra Soler fue la primera fotografía realizada para la exposición del IVAM.

Carmela García incluye asimismo en la muestra a Sara Berenguer, quien fue maestra en el barcelonés Ateneu Cultural de les Corts y en las Juventudes Libertarias. También ocupó la secretaría de Propaganda del Comité Regional de “Mujeres Libres”. Con las delegaciones de la organización anarcofeminista, visitó el Frente de Aragón y los Hospitales de Sangre, además de integrarse en Solidaridad Internacional Antifascista” (SIA). Es otra de las “olvidadas”, pese a los 37 años que vivió en el exilio. En junio de 1988 Seuba Ediciones publicó la primera edición de las memorias de Sara Berenguer: “Entre el sol y la tormenta. Revolución, guerra y exilio de una mujer libre”. Y no se trata de arqueología; de hecho, la obra de Carmela García ata cabos. Hoy “Mujeres Libres” es un programa de Radio Klara, emisora comunitaria de la ciudad de Valencia; las mujeres del equipo aparecen retratadas en la exposición.

Imágenes de gran formato, un mapa “subjetivo” con documentos, acotaciones, fotografías sobre asociaciones de mujeres de los años en que Valencia fue capital de la II República… ¿Qué queda de todo ello en la actualidad? Tal vez sea la pregunta que haya motivado el trabajo de la fotógrafa. Y la artista canaria quizá responda captando las imágenes de una ristra de colectivos (actuales) de mujeres: “Las Heidis”, “Joves Desobedients”, “Mujeres Libres”, “Dones de Frontera”, “Dones Progressistes” o la “Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas del País Valenciano”. “Ellas necesitan asociarse para tener más fuerza en el espacio público, como forma de resistencia y para sobrevivir; por esta razón hago las fotografías en la ciudad”, explica la autora en un recorrido guiado por la exposición. Llama la atención a los visitantes sobre un muro, que no es urbano. Se trata de una réplica de la pared de su estudio, donde cuelga anotaciones, ideas, dibujos y fotografías, como la de un cuadro que pintó Lucía Sánchez Saornil; pero no el paisaje entero, sino –ampliada- la parte que aloja la firma. Hay también en el muro simples hojas, con una leyenda a bolígrafo y subrayado en rotulador: “Lo que no se ve no se nombra, y lo que no se nombra no existe”.

La autora de “Imágenes de(l) poder. Cartografía de lo invisible” no entiende el arte como una expresión cerrada y dogmática, ni tampoco dirigida exclusivamente al intelecto. “No se trata sólo de entender, el espectador puede extraer sus conclusiones e ir construyendo su propio mapa de la ciudad”, afirma. Una de las imágenes que Carmela García pretende es la de una mujer que transite por la calle, vista como espacio no masculinizado que les pertenece a ellas. Fotografías de mujeres que caminen solas, y sin posado previo. Le costó encontrar estas fotos antiguas en los archivos. A continuación, al pasar junto a la fotografía de las “Mujeres de Negro”, advierte contra el eurocentrismo y las apologías de la democracia occidental. Porque el feminismo ha sido siempre internacionalista, recuerda, y “la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil”.

De la docena de fotografías sólo hay dos retratos individuales. Uno es la de Mariló Rodríguez, del colectivo “Joves Desobedients”, que en los años 90 del siglo pasado realizaban acciones como salir de noche con antorchas para reclamar seguridad frente a las agresiones sexuales. Tomada en el centro histórico de Valencia, la fuerza de la imagen hace que vaya a figurar en la portada de una próxima publicación, según informa Carmela García a los visitantes. El segundo retrato es el de Heide Braun, una librera especializada en temática feminista. Con la biblioteca de la universidad al fondo, su figura cuestiona los tradicionales espacios de poder y la manera en que históricamente se ha negado a las mujeres el acceso al conocimiento. Se produce, así pues, un choque entre espacios, que también se da en la fotografía de tres jóvenes activistas en el tradicional barrio del Cabanyal, en Valencia, amenazado desde hace décadas por los procesos especulativos y de “gentrificación”. Las muchachas forman parte del colectivo “Brúfol”, que trabaja en la formación no reglada, con mujeres y en el ocio con niñas y niños en situación precaria. La imagen pone de manifiesto la degradación de esta barriada marinera.

El recorrido termina en una sala ubicada en una planta superior. Allí Carmela García proyecta un vídeo con un equipo de fútbol integrado por mujeres lesbianas, “Las Heidis”. Se pasan un balón de color en una sala de juntas, metáfora del poder masculino y hegemónico. En cierto modo la composición se inspira en la película “El Padrino”. Podría interpretarse que el grupo de mujeres trata de perder el miedo y reforzar su identidad. “Las Heidis” son el equipo femenino del colectivo “Lambda” de lesbianas, gays, “trans” y bisexuales, surgido hace 14 años. ¿Por qué un mapa de lo invisible, que se articule en torno a las mujeres, tal como propone la exposición? “Muchas de sus acciones, creaciones y luchas han sido olvidadas, excluidas de los discursos y la memoria”, remata la artista canaria.

Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=226863

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Las claves del éxito de las universidades catalanas

Jessica Mouzo

No hay receta para el éxito que tenga un solo ingrediente. Tampoco para despuntar en los ranking de universidades. En todo caso, dicen los implicados, hay un cúmulo de factores. “Aunque estas clasificaciones hay que mirarlas con cuidado porque subes y bajas con facilidad”, matiza Margarita Arboix, rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), una de las instituciones mejor posicionadas en el informe de la Fundación Cyd (Conocimiento y Desarrollo). No hay parámetro en el que no se cuele, entre los primeros puestos, alguna universidad catalana, especialmente las que se levantan alrededor del área metropolitana de Barcelona: la UAB, la Pompeu Fabra (UPF) y la Universidad de Barcelona (UB). Su secreto, dicen, una mezcla de capacidad de atracción de talento, internacionalización y, sobre todo, calidad docente.

Las tres tienen en común el ecosistema empresarial, científico y tecnológico que las rodea. “El sistema se ve favorecido por un entorno de altísimo desarrollo, donde es más fácil el fenómeno de la colaboración. Tener un entorno rico en oportunidades, ayuda”, apunta Màrius Rodriguez, vicerrector de Relaciones Institucionales de la UAB. “Tenemos poca transferencia de conocimiento pero tenemos buena ciencia, que es la condición para avanzar y tener buena transferencia”, agrega Jaume Casals, rector de la UPF. También cuentan con mecanismos para sortear la rigidez en la contratación docente y atraer talento. “Nuestro secreto es el espíritu de renovación, la juventud y la lucha contra la telaraña normativa. Hemos desarrollado un sistema que nos ha permitido reclutar personas de otros entornos, personas consagradas a la universidad y a la investigación”, sostiene Casals. Por ejemplo, convocatorias de la Generalitat como las de investigadores ICREA para fichar talentos docentes que, por restricciones burocráticas o económicas, no podrían entrar en la rueda del profesorado con plaza fija.

Tener a los mejores docentes y cuidarlos supone un efecto llamada al talento. “El hecho de tener un buen nivel de docencia le da prestigio a tu facultad, atraes estudiantes buenos y eso es tener el talento garantizado”, sintetiza Arboix, que aboga por cuidar a profesores e investigadores y facilitarles el trabajo. “Hay que invertir en personal de apoyo para ayudarlos en sus investigaciones. La burocracia es impresionante. Hay que cuidar el talento y darle instrumentos para hacer su trabajo más fácil”, señala la rectora.

Evaluación trimestral

La última arista del triángulo del éxito es la internacionalización. “Las conexiones internacionales, la tradición de movilidad de ir y recibir gente ayuda a tejer redes internas para investigación y captar talento”, apunta Ernest Pons, portavoz de la UB. “Tenemos una clarísima vocación internacional. Los referentes más potentes los encuentras en contextos amplios”, apostilla Martínez.

A ojos del alumno, la excelencia del sistema catalán lo resume Joan Carles Rodríguez, estudiante de tercer curso de Derecho en la UPF. “Hay tres elementos que marcan la diferencia en la UPF. Primero, la calidad docente, pues la mayoría son profesores que tienen experiencias profesionales, no solo docentes. Segundo, el modelo de la UPF está basado en seminarios y evaluación trimestral, que hacen que practiquemos en grupos reducidos los conocimientos adquiridos de teoría y que seamos más constantes. Y tercero, la internacionalización: uno de cada tres alumnos hace una estancia fuera de la universidad”, concluye. Joan Carles terminará la carrera el año que viene en la Universidad Católica de Milán.

Fuente del articulo: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/05/19/catalunya/1495178078_176609.html

Fuente de la imagen:

http://ep01.epimg.net/ccaa/imagenes/2017/05/19/catalunya/1495178078_176609_1495178247_noticia_normal_recorte1.jpg

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Día del maestro

Blanca Heredia

¿Qué es un “maestro”? ¿Qué es, para usted lector, un maestro?

Para mí, un maestro es un ejemplo. Un profesional que domina su materia, que sabe cómo enseñarme, que me amplía el mundo. Alguien que me inspira, me potencia y me hace hacerme preguntas que no sabía que eran posibles.

Un maestro/a es alguien que me entusiasma con mi pertenencia a un mundo que desconozco y que habrá de completarme. Alguien que me alerta sobre las cosas en las que soy buena y sobre todas las cosas que me faltan para imaginar y llegar a ser la persona que quiero ser en el país y en el mundo en el que quisiera vivir.

Una maestra/o es el profesional que ama y se toma en serio su tarea de enseñarme lo que requiero para sobrevivir en el mundo tal cual es y que, además, me estimula y acerca las herramientas para participar activamente en la construcción de un mundo más ancho, más justo y más rico (en todos sentidos).

Muchos maestros en México son así, a pesar de las circunstancias que hoy (todavía) y desde hace mucho llevan a que una persona aquí elija o asuma la condición de plantarse frente a un grupo de niños o jóvenes e intente enseñarles algo.

Desafortunadamente para ellos y para todos, muchos otros maestros mexicanos lo son, no por vocación o por elección libre y genuina, sino porque el país no les ofrece ninguna mejor opción. En Oaxaca o en Chiapas, por ejemplo, ¿qué otra opción, distinta al magisterio, ofrece un empleo formal, seguro y con prestaciones de ley?

A diferencia de otras profesiones, la de maestro/a tiene dos rasgos centralísimos muy particulares que ayudan a explicar su importancia y que hacen difícil gestionar su desempeño adecuada y oportunamente.

Primero, los efectos del quehacer de los docentes son enormes en términos colectivos. No es lo mismo ser dentista o contador o arquitecto que ser maestro o maestra. No es lo mismo, pues con todo lo importante que puede ser cualquier profesión, pocas otras tienen consecuencias tan amplias y directas en la vida de una colectividad.

Una segunda característica que distingue al magisterio tiene que ver con que las consecuencias del ejercicio docente para los alumnos y para la sociedad en su conjunto suelen tomar tiempo en materializarse y con el hecho de que la actividad docente tiende a ser inusualmente opaca. A diferencia de numerosas otras profesiones, en las que la baja calidad profesional tiene costos visibles en el corto plazo, en el caso de la docencia, el costo de un maestro mal preparado o poco motivado tarda (a veces mucho) en ser evidente. Además, y dada la poquísima transparencia de lo que ocurre al interior de un salón de clases en muchas escuelas y muchos sistemas educativos, la naturaleza y calidad de la labor docente tiende a permanecer oculta.

Estos rasgos de la profesión docente contribuyen a explicar por qué tanto sistemas educativos completos como escuelas en lo individual pueden llegar a experimentar deterioros tan grandes y/o a persistir, a pesar de su baja o incluso pésima calidad. Contribuyen a explicarlo, pues la ausencia o debilidad de costos de corto plazo claramente visibles, tienden a hacer muy difícil para los responsables interesados en hacerlo, corregir, a tiempo, el rumbo.

La debilidad extrema o, de plano ausencia, de procesos y criterios sistemáticos para evaluar el trabajo docente en el caso mexicano hasta hace muy poco, resultan clave para entender el estado, con pocas excepciones, lamentable de la educación nacional y sus enormes costos colectivos.

¿De quién es responsabilidad que tantísimos mexicanos y mexicanas no puedan expresarse con mínima corrección e inteligibilidad en su lengua materna? ¿De quién que tantos egresados de nuestros centros escolares –públicos y privados– carezcan de los conocimientos, habilidades y actitudes mínimas indispensables para ejercer como ciudadanos o para acceder a un empleo digno con posibilidades de crecimiento a futuro?

En lo más visible e inmediato, de los maestros y de un sistema político que ha fundado parte central de su funcionamiento en el control político del magisterio organizado. En el fondo, la responsabilidad es de una sociedad a la que, más allá de los discursos y los golpes de pecho, la calidad educativa le ha importado y le importa, en los hechos, muy poco.

Si quisiéramos, de verdad, ser el país que podemos ser, tendríamos que refundar la “celebración” del 15 de mayo. Tendríamos que celebrar y felicitar, desde luego, a todos aquellos que dedican sus días y sus noches a enseñar y hacer crecer a sus estudiantes. Pero, tendríamos que aprovechar la ocasión para ser honestos y decidir colectivamente qué educación queremos y qué estamos dispuestos a hacer en la realidad para lograrlo. Ello, para que la fecha fuera algo más promisorio que la ocasión recurrente para que los líderes de uno de los pocos grupos en México capaces (por su número y organización), en contubernio con las autoridades (argumentando para sus adentros, incansablemente, “razones de gobernabilidad”) puedan seguir obteniendo concesiones y prebendas que en nada –como ha quedado claro una y otra vez– benefician las perspectivas presentes y futuras de los millones de niños y jóvenes atrapados en nuestras escuelas.

Fuente del articulo: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dia-del-maestro-1.html

Fuente de la imagen:http://www.elfinanciero.com.mx/files/article_main/uploads/2016/08/31/57c76f722cf18.jpg

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¿Por qué impugnar una ley que beneficia la educación superior?

Por: Ignacio Mantilla

Desde el año 2013 la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se aliaron en un proyecto conjunto para tramitar, con el apoyo fundamental del Congreso de la República, la modificación y ampliación de la Estampilla pro Universidad Distrital.

Las dos Instituciones han dado un claro ejemplo de cooperación académica y han demostrado la eficacia de la unión para el fortalecimiento de la calidad y el logro de los objetivos. Conscientes de nuestras responsabilidades con la educación superior pública en la capital de la República, tenemos claro que no es la competencia, sino la cooperación, el camino correcto para formar mejor a nuestros jóvenes estudiantes. Actualmente, el 95 % de los estudiantes de la Universidad Distrital y el 80 % de los estudiantes de pregrado de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional provienen de las 20 localidades de esta ciudad.

Ambas instituciones acordaron solicitar al Congreso la modificación a la Ley 648 de 2001, que autorizaba la emisión de la Estampilla pro Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Con esta modificación, aprobada por amplias mayorías en el Congreso a través de la Ley 1825 de 2017, se logra extender el recaudo por 30 años para la financiación de la infraestructura de las dos universidades, el apoyo a sus laboratorios, bibliotecas, investigación, contratación de profesores con doctorado y la ampliación en la cobertura de la educación superior en Bogotá.

La Ley 1825 fue sancionada por el señor Presidente de la República el pasado mes de enero. Gracias a esta ley más de 60 000 estudiantes de estratos 1, 2 y 3 se podrán beneficiar de manera directa con el apoyo y fomento a la calidad de las dos instituciones de educación superior. Esa norma define que el 70 % del recaudo se destine a la Universidad Distrital y el 30 % restante a la Sede Bogotá de la Universidad Nacional.

La Universidad Distrital es la universidad pública de la Capital y la Sede Bogotá de la Universidad Nacional es la más grande de las sedes de la Universidad Nacional, con impacto principal en esta ciudad. Pero su labor no se limita a la Ciudad Universitaria en Bogotá; en efecto es la única universidad que hace presencia en Sumapaz, por ejemplo, y mantiene convenios interinstitucionales con las universidades públicas y privadas radicadas en Bogotá. Adicionalmente, asesora con frecuencia a entidades públicas y privadas del Distrito.

Es oportuno reconocer el apoyo indiscutible que el Congreso le entregó a esta nueva ley para fortalecer la educación superior en Bogotá. Gracias al acompañamiento permanente de los representantes a la Cámara Olga Lucia Velásquez y Alfredo Guillermo Molina, y a los senadores Fernando Tamayo, María del Rosario Guerra y Ángel Custodio Cabrera, la ley hoy es una realidad que espera ser reglamentada por el Concejo de Bogotá, con el fin de iniciar el recaudo efectivo.

Ante el apoyo mayoritario del Congreso de la República, en especial el de los representantes a la Cámara por Bogotá, y siendo evidente el acuerdo de las dos universidades para articular sus proyectos institucionales, no se entiende por qué la Alcaldía Mayor de Bogotá considera que dicha ley debe ser impugnada.

Opina el señor alcalde que la ley, con aplicación en el Distrito, no debe beneficiar a una institución de nivel nacional como la Universidad Nacional de Colombia, pues ésta debe ser responsabilidad exclusiva del Gobierno Nacional.

Lamento la ceguera y mezquindad de la Alcaldía para comprender que los beneficiados en este tipo de iniciativas siempre son las personas, y para el caso de la Ley 1825 de 2017 son, principalmente y en su gran mayoría, los miles de jóvenes de la ciudad de Bogotá, pues se aclara en la misma ley que los recursos para la Universidad Nacional solo podrán ser destinados a la Sede Bogotá, que como ya se dijo, recibe ampliamente a jóvenes de los estratos más bajos de los colegios distritales.

Recordemos que ya existen varios casos de recaudo solidario como el aprobado en la Ley 1825 del 2017. Podemos destacar la Estampilla pro Universidad Nacional de Colombia que comparte el recaudo con las restantes 31 universidades públicas del país, incluyendo universidades departamentales o locales como la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Aunque el recaudo de esta ley se hace sobre contratos de obra con recursos de nivel nacional, no discrimina a los jóvenes universitarios de las regiones o de las ciudades que hacen parte de instituciones que no están adscritas al nivel nacional del Estado.

Impugnar la ley no solamente es injusto con los miles de jóvenes estudiantes matriculados en los programas de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional, de prosperar la impugnación también se verán afectados los estudiantes de la Universidad Distrital, pues no contarían con esos recursos hasta que no se tramite y apruebe una nueva ley en el Congreso de la República.

Nos deja profundamente preocupados la actitud discriminatoria del mandatario distrital, que bien podría, más bien, apoyarse en la Universidad Nacional, patrimonio de todos los colombianos, como un aliado estratégico para adelantar tantos proyectos que requieren del apoyo de nuestros expertos. Para la reglamentación de la ley confío, sin embargo, en el buen juicio del Concejo de Bogotá, organismo del que siempre hemos recibido amplio respaldo y en el que se percibe gran compromiso con la educación pública de calidad.

Fuente: http://www.elespectador.com/opinion/por-que-impugnar-una-ley-que-beneficia-la-educacion-superior-columna-694629

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Incendio con las pruebas externas: el examen que impugna la comunidad educativa

Por: Hector G. Barnés

Mayo es el mes en el que se celebrarán las pruebas de evaluación externa impuestas por el Ministerio de Educación. En la Comunidad de Madrid los pasados días 10 y el 11 se celebraron las de 3º de Primaria; este viernes 19 tendrán lugar las correspondientes a 4º de la ESO, la gran novedad de este año. A finales de mes, entre el 31 de mayo y el 1 de junio, se realizarán los exámenes correspondientes a 6º de Primaria. Una semana más tarde tendrá lugar la conocida como EvAU, la Evaluación de Acceso a la Universidad que sustituye a la antigua Selectividad. Un apretado calendario que va dejando pequeños incendios a su paso.

Este año, la guerra entre Consejería de Educación y diversos sectores de la región en Madrid ha llevado tanto a una llamada a la objeción como a seguir paros parciales. La pasada semana, Comisiones Obreras impugnó las pruebas de 3º de Primaria y solicitó su suspensión inmediata. La mañana del miércoles hizo lo propio con las llamadas “reválidas” de 4º de ESO. Entre las razones que aduce el sindicato se encuentran la ausencia de procedimiento y la vulneración de derechos básicos. Además, la FAPA Francisco Giner de los Ríos y el Sindicato de Estudiantes han mostrado su rechazo este miércoles frente a la Consejería de Educación madrileña.

Denuncian que los plazos han sido tan ajustados que “la Administración elude regular aspectos que sabe, que, por su causa, se van a incumplir”

Estas pruebas diagnósticas, cuyo objetivo es medir las competencias en comunicación lingüística, ciencia y tecnología y matemáticas sin efectos académicos, han sido tradicionalmente rechazadas desde diversos sectores de la comunidad educativa. Aunque estas evaluaciones se han celebrado en la Comunidad Autónoma de Madrid desde el curso 2004/2005, el pasado año varias comunidades autónomas (entre ellas, las gobernadas por el PSOE) decidieron no realizar la prueba tal y como establecía la ley. En 2015, la Confederación Estatal de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA) animó a los padres a no presentar a sus hijos a los exámenes.

En el documento destinado a las viceconsejeras de Organización Educativa, María José García-Patrón, y de Educación No Universitaria, Juventud y Deporte, Cristina Álvarez, al que ha podido acceder el Confidencial, se insta a declarar la nulidad radical de la Resolución publicada el pasado 8 de mayo y a que se disponga la suspensión cautelar inmediata del procedimiento. El texto señala que aunque la Resolución no establece plazos concretos, estos no son “racionalmente suficientes para garantizar los derechos básicos del alumnado y de las familias”.

El run-run de la comunidad educativa

Uno de los puntos sensibles, para el sindicato, es qué ocurre con el alumnado con dificultades de aprendizaje. CCOO recuerda que la ampliación del tiempo de los exámenes del alumnado con dislexia o TDAH provoca que sus tiempos de descanso se reduzcan, como ya ocurrió en los exámenes de la pasada semana. La nota de prensa recuerda que esta “imposibilidad racional de cumplir los procedimientos” se dejará notar sobre todo en aquellos que necesiten adaptaciones en las pruebas, lo que puede conducir a una objeción aún mayor. La pasada semana, unos 72.000 alumnos de 3º de Primaria realizaron las pruebas.

UGT denuncia que no tienen ninguna función educativa ni de mejora de los procesos de enseñanza – aprendizaje

No es la única reacción negativa que ha recibido la prueba durante los últimos días. El sector de enseñanza de UGT rechazaba las pruebas y publicaba un decálogo con sus razones. Entre ellas se encuentran algunas de las reservas pedagógicas ligadas a esta clase de pruebas, desde que “no tienen ninguna función educativa ni de mejora de los procesos de enseñanza – aprendizaje” hasta que “desprecian el trabajo docente y la evaluación continua” y “están descontextualizadas y no tienen en cuenta ni la diversidad del alumnado ni de los centros”.

En una línea semejante se encuentra el comunicado de rechazo del Área de Educación de Podemos Comunidad de Madrid. Según sus datos, la realización de estos exámenes supone un gasto de 645.955 euros para la comunidad ya que una empresa privada gestionará la organización. En opinión del partido morado se trata de un derroche de dinero que “se recorta de la educación pública para dárselo a empresas privadas, a través de un mecanismo nada transparente”. CCOO, por su parte, señala que se han abonado 330.000 euros a la empresa que se ha adjudicado la organización de los exámenes. Sin embargo, añaden, los gastos de impresión y fotocopia de los exámenes corren por parte de los centros sin que sean reembolsados por la Consejería.

CGT, por su parte, ha convocado paros parciales durante las horas en que se celebren estos exámenes. Entre sus razones para decir “no a los ranking que favorecen a la concertada”, figuran estar “contra los mecanismos encubiertos de privatización y segregación”. Otras organizaciones, como CIDESPU (Asocicación de Ciudadanos en Defensa de la Escuela de Pública de Móstoles), han difundido un documento de justificación de ausencia del alumnado al centro educativo. Marea Verde ha publicado un calendario con las diversas concentraciones que a lo largo de esta semana se celebrarán en los colegios de la Comunidad bajo el lema “¡No a las pruebas externas!”

¿Exámenes, sí o no?

La Consejería de Educación recuerda que los resultados de los centros participantes no son publicados y que no se establece un ‘ranking’ con los mismos. Según la institución, el objetivo de la prueba es determinar el grado de consecución de conocimientos y competencias que sirvan para establecer programas de refuerzo y ayuda. Según la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, han de ser los profesores del centro quienes corrijan los exámenes. Además, será el equipo directivo de cada centro el que “analizará y valorará los resultados de la evaluación con el objetivo de identificar las causas de los resultados obtenidos y reforzar o corregir los procesos organizativos y didácticos para mejorar esos resultados”.

El Ministerio de Educación recuerda que 24 de los 34 países de la OCDE realizan pruebas similares

Las pruebas externas se han convertido en uno de los principales focos de conflicto entre el Partido Popular y gran parte de la comunidad educativa al concretar uno de los principios más polémicos de la LOMCE. Sus defensores mantienen que se trata de una útil herramienta de diagnóstico que permite la intervención en cada uno de los centros, y que tiene como objetivo final la mejora educativa. Según una investigación encargada por FEDEA en colaboración con distintos profesores de la Universidad Rey Juan Carlos y Carlos III, su análisis econométrico “aporta credibilidad a la hipótesis de que este tipo de prueba mejora significativamente los resultados académicos”.

Los detractores consideran que su eficiencia para mejorar el aprendizaje no está clara, y que los datos obtenidos sí pueden tener consecuencias posteriores, ya que aunque no tengan efecto académico sí aparecen consignados en el expediente académico. Como aseguraba a El Confidencial Jesús Salido, presidente de CEAPA, estos exámenes “no sirven para nada más que para hacer al alumno culpable de su propio fracaso”. El viernes, no obstante, miles de alumnos madrileños están llamados a realizar las pruebas por primera vez desde la entrada en vigencia de la LOMCE.

Fuente: http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2017-05-18/pruebas-externas-madrid-eso-primaria_1383953/

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¡Qué buenos son!

Por: Lidia Falcón

El Roto dibuja un magistrado con su toga roja diciendo “No es conveniente que la gente crea que se hace justicia, podrían albergar esperanzas”.  Perfecta definición del estado de nuestra justicia.

Lo mismo deben decir los diputados y las diputadas que están ahora reunidos, en largas sesiones de horas de trabajo, en la Subcomisión sobre la Violencia de Género, que debe parir, después de una gestación de seis meses, el Pacto de Estado sobre la Violencia contra las mujeres. “No es conveniente que las mujeres crean que se legisla a favor de su protección, podrían albergar esperanzas”.

Por las noticias que recibo –ninguno de los partidos políticos que participan me han concedido el honor de ser invitada a esa Subcomisión- esos diputados van a otorgar una pensión de 677 euros a los huérfanos de la violencia machista. Y son buenos. Como el que lucha un día, según el poema de Bertold Brecht.

Ciertamente era una carencia importante en nuestro Estado del Bienestar y, como afirmaba orgullosamente Ángeles Álvarez del PSOE, “ningún diputado puede negarse a aprobarlo”. Y ciertamente ya era hora, después de que doce años más tarde de promulgada la excelsa Ley de Violencia de Género haya más de 500 niños y niñas huérfanos porque el padre mató a su madre. Huérfanos que en caso de que no existan familiares que deseen ocuparse de ellos pueden acabar en un Centro de Acogida, donde no se sabe qué les pasará.

Ciertamente es bueno que la abuela o la tía o la hermana que se haga cargo de los nietos, las sobrinas o las hermanas arrancadas bruscamente del amparo materno, reciban alguna ayuda económica de nuestro protector Estado, para que además de soportar el duelo de la hija, la sobrina o la hermana, no tengan que mendigar o prostituirse para darles de comer.

Ese protector Estado, ahora más bueno que nunca, que fue incapaz de impedir que esos niños se quedaran huérfanos. Las estadísticas oficiales dicen que el 30%  de las asesinadas por el “compañero” tenían orden de alejamiento, a veces varias. Nadie nos ha explicado de qué forma pretende ese Estado hacer cumplir las órdenes de alejamiento y de protección que a veces, generosamente, conceden los juzgados.

Cientos de denuncias no se tramitan porque las fuerzas de Seguridad del Estado no consideran importante la declaración de la víctima, aunque unas horas o unos días después se encuentre el cadáver. Miles de denuncias se archivan sin más trámite porque el juez no considera que lo allí relatado constituya delito: al fin y al cabo un momento de mal humor lo tiene cualquiera. Nadie nos ha explicado cómo se asegurará que la policía proceda a citar inmediatamente al denunciado. Ni si se eliminará definitivamente el “privilegio” que tiene la mujer de no ratificar la denuncia o de retirarla, que deriva de la legislación decimonónica, más preocupada  por “salvar el matrimonio” que de proteger a la mujer.  

Los diputados y las diputadas que estudian esforzadamente ese Pacto de Estado que hará historia, tampoco nos explican qué y cómo se tomarán esas medidas. La modificación del Código Penal y de la Ley de Violencia de Género, que el Partido Feminista lleva reclamando 10 años no entra en los propósitos de esa ilustre Subcomisión. Sobre todo porque los partidos que la aprobaron están orgullosos de su perfección y de ninguna manera cederán a reconocer su fracaso. No sé si la única conclusión a que llegarán será esta limosna que otorgan a los desgraciados hijos e hijas de las asesinadas, pero parece muy probable que no aprobarán aquellas modificaciones imprescindibles para prevenir el delito y perseguir a los delincuentes:

Incluir en la protección debida a todas las mujeres, sin esa ridícula y sectaria clasificación entre género y mujer; invertir la carga de la prueba; imponer la orden de alejamiento inmediatamente después de comprobar las primeras lesiones; prohibir las visitas y la custodia de los menores a un padre maltratador –varios asesinatos de niños y niñas se han cometido durante el cumplimiento del régimen de visitas-, internar en prisión preventiva a los sospechosos de maltrato, como se hace con los terroristas; hacer cumplir las penas íntegras a los culpables, sin los beneficios de la suspensión, entre otras y fundamentales reformas de una ley que ya ha demostrado sobradamente su ineficacia.

Todo se ha reducido a conceder algunas ayudas económicas a los supervivientes, haciendo bueno el axioma capitalista de que todo tiene un precio. Es evidente que para los diputados las mujeres son muy baratas, aunque resulte bastante más caro enterrar a una cada tres días.   

Me permito augurar que esa Subcomisión concluirá en un brindis al sol y se habrá frustrado hasta dentro de una década la oportunidad de avanzar en la protección y la prevención de los tantos delitos de maltrato, feminicidios, violaciones, abusos sexuales, que padecen las mujeres y los menores en nuestro país.

El año que viene volveremos a contar las muertas y los huérfanos y nos doleremos de que no se haya avanzado en la erradicación de esa masacre.

Menos mal que los huérfanos ahora tendrán una pensión. Sabemos ya lo que vale cada madre asesinada. Las que no tengan hijos no valen nada.

Fuente: http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2017/05/18/que-buenos-son/

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Propuestas para un pacto educativo

Agustín Moreno
Sabemos que el proceso no va a ser fácil. Hay incluso quien dice que un “pacto educativo de todos” es prácticamente imposible si lo negocian solo los partidos políticos aunque sea en el ámbito parlamentario. Y dan razones de peso. Por un lado, la experiencia de los intentos anteriores para este mismo fin demuestra que la intransigencia de sectores conservadores, religiosos y privados impidieron alcanzar a un acuerdo.

Por otro, la existencia de dudas más que razonables: ¿Es posible un pacto con quienes apuestan por una escuela excluyente a través de reválidas, itinerarios y otros mecanismos de segregación?, ¿con los que replantean la gratuidad de la educación con copagos y tasas exorbitantes?, ¿con los que reducen el peso y la calidad de la educación pública en beneficio de la privada-concertada?, ¿con los que han dejado la participación de las familias, profesores y alumnado en algo testimonial?”

Quizá la única manera de superar las dificultades para alcanzar un acuerdo educativo sea fijar los principios y finalidades básicas que debe tener la educación. Y establecer un proceso participativo de todos los agentes implicados: comunidad educativa (familias, alumnado y profesorado), partidos políticos, sindicatos, entidades y expertos, mareas, etc.

La importancia de la educación es múltiple. Su finalidad es conseguir el amor y el gusto por el saber, el desarrollo integral y moral de las personas, la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con la mejora de la sociedad en la que viven, la igualdad de oportunidades y la equidad social. Además, el sistema educativo debe contribuir a propiciar una salida de la crisis y un nuevo modelo productivo basado en una mayor cualificación y en el empleo decente de los trabajadores.

Hacer efectivo el derecho a la educación en condiciones de igualdad requiere fortalecer la enseñanza pública. Una empresa de tal envergadura solo pueden hacerla realidad los Estados para garantizar una escuela para todos de calidad y de forma gratuita. La educación es el cimiento de una sociedad y el Estado democrático no puede dejarla en manos de empresarios que fundamentalmente buscan hacer negocio con ella.

Un sistema de educación democrático debe ser consecuencia de un acuerdo social, político y territorial alcanzado a través de un proceso democrático en el que participe la comunidad educativa y todos los interlocutores necesarios. No se pueden pactar unas pocas medidas de maquillaje: la comunidad educativa y la mayoría de fuerzas políticas están pidiendo la derogación de la LOMCE. Una ley que dé estabilidad al sistema educativo necesita participación, debates y consensos que consigan cambiar la dinámica que han tenido las últimas leyes. Por eso, más allá de los formalismos y las audiencias, les pedimos que arbitren la manera de asegurar una participación real en las negociaciones de la comunidad educativa.

Tanto en el contenido como en el procedimiento es un punto obligado de partida el “Documento de bases para una nueva Ley de Educación, Acuerdo social y político educativo, elaborado por una amplia representación de las fuerzas sociales y políticas, colectivos y mareas por la educación pública. Las líneas básicas no pueden ser otras que concebir la educación como un derecho público y un bien común. Debe asegurarse una escuela pública de todos y para todos, con una financiación del 7% del PIB, porque la educación tiene que estar al servicio de la sociedad y no del mercado.

Nosotros queremos creer en ustedes, señorías, en su buen trabajo, en que van a colocar la educación pública como la primera prioridad de este país, que blindarán la inversión educativa porque no puede verse afectada por el artículo 135 de la CE. Traemos propuestas muy elaboradas y nos ofrecemos a participar en todo el proceso de negociación. Sabemos que los efectos negativos de la crisis se concentran en las personas con menor nivel de formación y que la nueva economía y los nuevos empleos deberían requerir una fuerza de trabajo más cualificada. Pero la educación es mucho más que formar mano de obra. La educación es la palanca para la regeneración que este país necesita. Tienen ustedes la ocasión de hacer Historia.

Propuestas para un pacto educativo

  1. LA EDUCACIÓN COMO UN DERECHO
  • La educación pública es la única que puede garantizar que el derecho a la educación sea una realidad asegurando la cohesión social.
  • Oferta suficiente de escolarización pública y gratuita de 0 a 18 años, que garantice que todo alumno disponga de una plaza asegurada.
  • Red única de centros de titularidad y gestión públicas. Red de centros controlada por los Consejos Escolares municipales. Supresión progresiva de la financiación de centros concertados.
  1. UNIVERSALIDAD DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN
  • Universalizar la oferta de plazas públicas en Educación infantil de 0 a 6 años, garantizando su carácter plenamente educativo y los requisitos mínimos en cuanto a ratios, titulaciones, espacios, etc.
  • Rebajar las ratios hasta alcanzar las recomendadas internacionalmente y responder adecuadamente a las distintas necesidades del alumnado.
  • Ampliar la dotación de personal docente.
  • Servicios y recursos suficientes para que todo el alumnado reciba los apoyos necesarios y progresar de acuerdo a su ritmo de maduración.
  • Evitar la clasificación y selección temprana del alumnado y garantizar una educación integral. Titulación única al término de la etapa obligatoria, sin perjuicio de una opcionalidad gradual que no implique agrupaciones de grupo-clase homogéneas.
  • Establecer medidas de protección y promoción social.
  • Detección temprana de las necesidades de apoyo y refuerzo para convertir en excepcional la repetición de curso.
  • Red pública de centros integrados de FP con oferta adecuada y suficiente de ciclos formativos, que promueva también perfiles profesionales ligados especialmente al bienestar social y la sostenibilidad ambiental.
  • Extender la red pública de Centros de personas adultas, dependientes de Educación, provista del personal necesario.
  1. EDUCACIÓN INCLUSIVA
  • Organización del centro y del currículo desde la inclusión: docencias compartidas, flexibilidad de grupos, profesorado y otros profesionales ajustados a las necesidades, no segregación por capacidad, sexo, diversidad cultural y social…
  • El carácter plurinacional del Estado reconocerá las peculiaridades de cada Comunidad Autónoma, con sus propias leyes de educación contempladas dentro del marco legal estatal.
  • Plan de medidas para favorecer el éxito de todo el alumnado en la educación obligatoria, concretando actuaciones de apoyo. Incremento de dotación a los centros y zonas con mayores dificultades y/o desventaja social. La equidad es una asignatura pendiente que va más allá que la igualdad de oportunidades, porque se trata de dar más a quien más lo necesita.
  1. CURRÍCULO SIN IDEARIOS PARTICULARES
  • Laico, educación sin dogmas, que respete la libertad de conciencia y elimine el adoctrinamiento. Derogar los Acuerdos con el Vaticano de 1979.
  • Para la vida, reunir e integrar el conocimiento de las ciencias y de sus aplicaciones, las humanidades, las ciencias sociales, las artes, los saberes populares y los que componen la vida cotidiana, de forma que sirva al cuidado de las personas, de la naturaleza y de la vida comunitaria. Construir una ciudadanía informada y crítica
  • Pluricultural, currículo intercultural.
  • Integral, no formulado como listados de contenidos mínimos y compendio de competencias, sino de forma global, integrada y compleja en términos de resolución de problemas, situaciones sociales, ambientales y éticas relevantes. Dar importancia y tiempo escolar al lenguaje musical, el movimiento corporal y la expresión artística.
  • Adaptado al contexto, con amplio margen de adaptación y desarrollo por parte de la comunidad educativa.
  • Que potencie el conocimiento abierto y compartido.
  • No competitivo. No se realizarán pruebas externas que tengan como objetivo la homogeneización del aprendizaje ni la elaboración de clasificaciones.
  • Ecológico, con contenidos ligados a la sostenibilidad, el mantenimiento de la vida y la ética ecosocial.
  1. PROFESORADO COMPROMETIDO Y RECONOCIDO
  • Restituir las condiciones laborales del profesorado que, en los últimos años, han empeorado enormemente: aumento de las ratios, incremento de la jornada lectiva, retrasos en las sustituciones, precarización de las condiciones de empleo e inestabilidad docente. Acabar con el abuso en la figura de la interinidad.
  • Elaboración del estatuto del profesorado, en el que se expliciten con claridad sus derechos y deberes, superando las indefiniciones que existen en el ejercicio de sus funciones. Rehacer los mecanismos de representación y negociación.
  • Integración progresiva en un cuerpo único de profesorado, estableciendo los criterios claros y comunes para una formación inicial -pedagógica y práctica- sólida. Mejorar los procesos selectivos.
  • Formación permanente, desarrollo profesional y práctica docente innovadora e investigadora deben ser reconocidos, dignificados y potenciados al máximo.
  • Son necesarios más perfiles profesionales: orientación, apoyo a necesidades específicas del alumnado, educación e integración social, vertebración de la educación en el ocio…
  • Garantizar la autonomía del profesorado y los centros, así como la participación democrática de la comunidad educativa en éstos, integrándolos en el contexto social. Direcciones colegiadas y revocables.
  1. FINANCIACIÓN
  • 7% del PIB para educación, garantizado constitucionalmente como suelo de gasto.
  • Fondo de compensación educativa que garantice la equidad
  • Gratuidad de la enseñanza básicaentendida en sentido amplio: material, transporte, comedor….

Debe blindarse una financiación adecuada al sistema educativo y no solo por razones de igualdad de oportunidades, de equidad y justicia social, que serían suficientes. También porque es lo más rentable que puede hacer una sociedad. El Nobel de Economía (2000) James Heckman decía que por cada euro invertido por niño el rendimiento es de entre el 7 y el 10% anual a lo largo de su vida; es decir, una rentabilidad mucho mayor que la de los fondos de inversión, añadía irónicamente. Algo que reafirmaba hace unos días el Bank of América Merrill Lynch al decir que invertir en educación es tan rentable como hacerlo en Bolsa y que cada dólar produce un retorno de 10 $. A aquellos políticos que solo miran por las élites en perjuicio de la mayoría social y que apuestan por un país de la mediocridad, habría que recordarles lo que decía Derek C. Bok, que fue durante veinte años Rector de la Universidad de Harvard: “Si piensan que la educación es cara, prueben con la ignorancia”.

(Resumen de la intervención de Agutín Moreno en la Subcomisión del Pacto Educativo). Intervención íntegra de Agustín Moreno (PDF).

Fuente  del articulo: http://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/2017/02/21/propuestas-para-un-pacto-educativo/1848

Fuente de la imagen: https://www.cuartopoder.es/wp-content/uploads/2017/02/Agustin-Moreno-Congreso.jpg
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