De nada sirve el conocimiento si solo se aplica para destruir nuestro planeta.
Como cualquier hija de vecino, tengo un origen mezclado de raíces europeas con ramajes indios, cultura cosmopolita, arrestos de diletante, gustos caros pero necesidades de poca monta. Y así como yo hay miles, millones de seres humanos que se creen únicos e irrepetibles y actúan en consecuencia como si el sol les alumbrara en exclusiva.
Lo que resulta difícil de aceptar es la realidad simple y cruda de ser un número más entre los miles de millones de entes contaminadores en este planeta pequeño y frágil que nos tocó para nacer, vivir y reciclarnos. Desde la cuna hemos recibido el mensaje falso del dominio humano sobre los elementos, sobre la tierra, el mar y el firmamento, sobre la luna y los planetas; de hecho, nos repitieron hasta la saciedad la escena del alunizaje para grabar en nuestra mente esa noción de superioridad divina que gobierna la conciencia.
Y nos lo hemos creído a pies juntilla, rechazando todo cuanto limite nuestro indiscutible poder sobre el espacio que ocupamos y del cual nos creemos los dueños absolutos. Y así, haciendo gala de nuestro derecho de propiedad, hemos sembrado de basura los mares, convertido vergeles en desiertos áridos e inhóspitos, coronado de laureles y honores a los peores depredadores de las riquezas naturales adjudicándoles el dudoso mérito de generar desarrollo económico, agotado las reservas de agua, talado los bosques y exterminado a insectos, aves, peces, reptiles y mamíferos —por deporte, con saña y porque sí— como si en ello nos fuera la vida.
Hoy vemos con desolación que las advertencias apocalípticas sobre el deterioro ambiental, a las cuales tachamos de exageraciones sin fundamento o pura histeria de unos pocos idealistas, se han transformado en huracanes e inundaciones, sequías, hambre, miseria, epidemias y un futuro cargado de incertidumbre.
Hoy hacemos desfiles para celebrar el Día de la Tierra sobre ciudades contaminadas y contaminantes, sin reparar en nuestro aporte personal a la muerte segura de un mundo que ofreció tanto que, sin nosotros saber apreciar su maravilloso y sutil equilibrio, decidimos explotar hasta su extinción en un afán arrogante por transformarlo todo en objetos desechables. Mi romance con la Tierra -y también el suyo- consiste en manifestaciones carentes de fuerza, en pensamientos idealistas de cómo deberíamos actuar, pero sin la convicción suficiente para hacerlos realidad y aportar al gigantesco desafío de salvar todo esto que nos rodea y en cuya creación ninguno de nosotros ha tenido la menor influencia.
Así como yo, muchos nos hemos alejado de la sagrada regla de la egolatría humana. Por ello, personalmente no creo ni un ápice en el cuento de la superioridad humana por sobre las demás especies, pero tampoco tengo el poder de cambiar ese pensamiento antropocéntrico entre quienes me rodean. A lo largo de los años me he convencido, con pruebas en mano, de que el ser humano en su versión actual y en su promedio más común, no es más que una enfermedad capaz de amenazar y extinguir la supervivencia de otras muchas especies maravillosas y no el motor de desarrollo que la industria del pensamiento nos ha vendido tan caro. La única especie considerada inteligente, es también la única capaz de destruir su propio hábitat y, de ese modo, negar la vida a su propia progenie. Mi romance con la Tierra, por lo tanto, huele a falso cada vez que aporto un gramo de contaminantes.
Somos una especie destructiva, contaminante e incapaz de asumirlo.
Desde las regiones fronterizas del sur de Asia hasta la selva amazónica, los pueblos buscan nuevas formas de organizar sociedades que respeten a los seres humanos y a la naturaleza
Panchi nadiya pawan ke jhonke/ Koi sarhad na inhe roke/ Sarhadein insaano ke liye ha/ Socho tumne aur maine kya paaya insaan hoke»
Traducción:
«Los pájaros, los ríos y las ráfagas de viento/ No hay fronteras que los detengan/ Las fronteras son para los humanos/ Piensa, ¿qué hemos conseguido siendo humanos? (Javed Akhtar, letrista indio)
Cada vez es más evidente que debemos reflexionar conjuntamente sobre los problemas de la crisis climática y las fronteras. El deterioro del medio ambiente desplaza a millones de personas cada año, mientras que los Estados responden militarizando sus fronteras, provocando más sufrimiento y muerte.
No es casualidad que la degradación del clima y las fronteras estatales estén vinculadas. Históricamente, el Estado nación nació de una lógica que también veía a la naturaleza -y a los pueblos colonizados- como algo que había que conquistar y dominar. Ahora, desde las regiones fronterizas desgarradas por la guerra en el sur de Asia hasta la selva amazónica, la gente se cuestiona si la sostenibilidad puede alcanzarse a través del marco de los Estados nación. Están recurriendo a otras formas de organizar la sociedad basadas en cosmovisiones y prácticas indígenas que respetan a todos los seres humanos y al resto de la naturaleza.
Colonialismo, capitalismo y Estado nación
En los últimos 500 años, las conquistas coloniales de vastas regiones de la tierra por parte de las potencias europeas y norteamericanas, basadas en el afán de lucro capitalista y el rápido desarrollo tecnológico, han provocado la diezma de innumerables culturas y comunidades. Esto incluye la muerte de más de 50 millones de nativos en lo que posteriormente se conoció como América Latina, hambrunas devastadoras en Asia y África causadas por las políticas impuestas por los colonizadores, y la conversión de millones de hectáreas de ecosistemas naturales en plantaciones comerciales, fincas madereras o ranchos ganaderos para alimentar las demandas de consumo de Europa y Norteamérica.
En el mismo periodo, surgió la idea y la práctica del Estado nación. Aunque sus orígenes y naturaleza son diversos y complejos, la centralización del poder en manos del Estado nación fue una de las bases del capitalismo: en la práctica, el capitalismo se lleva a cabo a través de las instituciones políticas, jurídicas y militares de los Estados nación. La construcción del Estado nación se apoyó en una ideología que afirmaba que la modernidad capitalista es la única forma de organizar la vida, y que esto justifica la toma de territorios de los pueblos indígenas y las comunidades locales para alcanzar objetivos nacionales como el desarrollo y la seguridad. Los símbolos del Estado nación, como una bandera, una lengua y una identidad única, sumergen y a menudo no respetan las diversas bioculturas, es decir, los entornos humanos biológicos y culturales combinados. Debemos considerar que el Estado nación, el capitalismo y el colonialismo van de la mano.
La ideología de la era colonial-industrial afirmaba, ilusoriamente, que los seres humanos estaban separados de la naturaleza y que el progreso humano estaba supeditado a su conquista. Tras la Segunda Guerra Mundial, las viejas formas de colonialismo fueron derrotadas en la mayor parte del mundo. En su lugar se necesitaba una nueva ideología para continuar la dominación de Occidente. Se trataba de la ideología del desarrollo, o «desarrollismo». Podríamos suponer que la idea de «desarrollo» es progresista, pero nos equivocaríamos. Developmentality convenció al mundo de que el progreso humano estaba ligado a un crecimiento material y energético cada vez mayor. Las crisis ecológicas a las que se enfrenta el mundo hoy son en gran medida el resultado de estos cinco siglos de colonialismo y desarrollismo.
En este contexto, se está produciendo una intensa búsqueda de alternativas radicales que puedan satisfacer las necesidades y aspiraciones de todos los pueblos, al tiempo que se vive en armonía con el resto de la naturaleza.
Biorregionalismo y democracia radical
En el centro de la India, 90 aldeas formaron una mahagram sabha (federación de asambleas de aldeas) en 2017 y están haciendo valer su capacidad de decisión sobre toda la región, unidas por un sentido tradicional de identidad biocultural más que por las actuales fronteras administrativas o políticas. En 1999, 65 pueblos que formaban parte de una cuenca fluvial en el estado indio de Rajastán, formaron un parlamento popular que la gobernó durante una década, ignorando la división administrativa de la cuenca. Estos y otros ejemplos apuntan a un enfoque radicalmente distinto de la gobernanza: el biorregionalismo.
El biorregionalismo se basa en la comprensión de que los atributos geográficos, climáticos, hidrológicos y ecológicos de la naturaleza sustentan toda la vida, y sus flujos deben ser respetados. Las biorregiones, también conocidas como regiones bioculturales, son áreas con sus propias ecologías y culturas, en las que los seres humanos y otras especies están arraigados, participando activamente en varias escalas más allá del lugar inmediato. Aunque muchas de las fronteras actuales creadas por el ser humano ignoran los flujos y territorios de la naturaleza -como una cordillera o un río-, muchas comunidades locales y pueblos indígenas han vivido durante mucho tiempo con un profundo conocimiento y respeto de estos. Entienden la interdependencia de todos los seres vivos en un paisaje terrestre o marino.
Hay muchos ejemplos de gobernanza biorregional, tanto antiguos como nuevos. Durante miles de años, los pastores nómadas de Irán utilizaron amplios territorios que abarcaban una gran diversidad de ecosistemas, y sus prácticas se ajustaban a una aguda comprensión de qué ecosistemas podían soportar cuánto y qué tipo de uso. En tiempos más recientes, la nación indígena de Monkox de Lomerío (Bolivia) obtuvo derechos de autodeterminación territorial en 2006, y están intentando transformar su vida económica, política, social y cultural basadas en un plan de vida para toda la región. El proyecto Great Eastern Ranges pretende proteger, conectar y restaurar hábitats en una franja de 3.600 km del este de Australia, creando canales de coordinación regional entre diversos actores. En muchas otras partes del mundo, los pueblos indígenas u otras comunidades locales están manteniendo los mecanismos tradicionales de gobernanza del paisaje, o creando otros nuevos, como parte de un fenómeno global conocido ahora como Territorios de Vida. Muchos de estos proyectos atraviesan las fronteras políticas y administrativas, respetando en cambio los flujos y los límites ecológicos y culturales.
En el mejor de los casos, estos proyectos biorregionales se basan en una democracia radical y directa. El poder de decisión se ejerce en última instancia a nivel local, por lo que todo el mundo puede participar. Para las decisiones que afectan a territorios más amplios, se envían delegados a asambleas de toma de decisiones adecuadas a esa escala. Existen estrechas afinidades entre estos movimientos y lo que Mahatma Gandhi llamó swaraj, una visión del mundo que afirma la autonomía, la libertad y la soberanía, pero de forma no violenta y responsable con la autonomía y el bienestar de todos los demás.
Reimaginar el sur de Asia desde una perspectiva biorregional
Por diversas razones históricas, incluida la colonización, el sur de Asia está actualmente dividido en varios Estados nación, con fronteras políticas que atraviesan ecosistemas y culturas. Por ejemplo, el mayor bosque de manglares del mundo, los Sundarbans, está dividido por la frontera entre India y Bangladesh. Las altas montañas del Himalaya y las vastas zonas desérticas del oeste están divididas entre India y Pakistán. La gran meseta de gran altitud al norte del Himalaya está cercada con Ladakh a un lado y el Tíbet (gobernado por China) al otro. Las aguas del océano Índico están parcialmente repartidas entre India, Sri Lanka y las Maldivas.
He aquí una visión del sur de Asia muy diferente de la realidad actual, adaptada de un ensayo del que uno de nosotros es coautor. Forma parte de un discurso imaginario dirigido a los habitantes del sur de Asia por una tal Meera Gond-Vankar, en el año 2100:
«Mientras que India, Pakistán, Bangladesh, Nepal, Bután, Sri Lanka y China siguen conservando sus identidades «nacionales», las fronteras se han vuelto porosas, sin necesidad de visados para cruzarlas. Las comunidades locales han asumido la mayor parte de la gobernanza en estas zonas fronterizas, tras haber declarado la paz en anteriores zonas de conflicto como Siachen, los desiertos de Kachchh y Thar, y los Sundarbans. Lo mismo ocurre con el Estrecho de Palk, donde las comunidades pesqueras de la India y Sri Lanka están facultadas para garantizar un uso sostenible y pacífico de las zonas marinas. El Gran Tíbet se ha convertido en una realidad, autogobernado, y tanto India como China han renunciado a su dominio político y económico sobre él. Tanto lascomunidades nómadas como la fauna silvestre pueden ahora moverse libremente de un lado a otro. En todas estas iniciativas, el nacionalismo estrecho está siendo sustituido por las identidades civilizatorias, el orgullo y el intercambio, una especie de etnicidad autofabricada que fomenta el respeto y el aprendizaje mutuo entre diferentes civilizaciones y culturas. El sur de Asia aprendió de los errores de bloques como la Unión Europea, con su extraña mezcla de centralización y descentralización y su continua dependencia del Estado nación, y elaboró su propia receta para respetar la diversidad dentro de una unidad de propósito».
Si bien se trata de una visión futurista, ya se están forjando algunos caminos tentativos en este sentido. Además de los ejemplos citados anteriormente de pueblos que se unen para gobernar democráticamente las biorregiones, se están llevando a cabo diálogos entre personas centrados en la paz, como el Foro Popular para la Paz y la Democracia entre Pakistán y la India. La idea de un Parque de la Paz de Siachen en la zona de intenso conflicto entre India y Pakistán se ha propuesto durante muchos años, e incluso ha sido respaldada por el ex primer ministro indio Manmohan Singh. Existe una cooperación transfronteriza en materia de conservación entre la reserva de tigres de Manas, en la India, y Royal Manas, en Bután, que se suma a varias docenas de iniciativas de este tipo ya establecidas en todo el mundo. Pero, por supuesto, dado el continuo ambiente de desconfianza y conflicto en la región, acompañado de los periódicamente crecientes discursos hipernacionalistas (actualmente, promovidos por el partido en el poder en Nueva Delhi), hay un largo camino por recorrer para que estas vías sean transitadas.
La configuración de un enfoque biorregional para las cabeceras sagradas del Amazonas
La región de la Cabecera Sagrada en el Alto Amazonas es uno de los lugares de nacimiento del río Amazonas. Se extiende por 35 millones de hectáreas (86 millones de acres) en Ecuador y Perú, y es el hogar de casi 600.000 indígenas de 30 nacionalidades, incluidos los pueblos que viven en aislamiento voluntario. Es el ecosistema terrestre más biodiverso del planeta y representa tanto la esperanza como el peligro de nuestro tiempo. Las luchas de los pueblos indígenas han mantenido esta región en gran medida libre de la extracción industrial. Estudios realizados por organizaciones internacionales como la ONU, Rainforest Alliance e Hivos han demostrado que los pueblos indígenas son los mejores guardianes de la naturaleza, especialmente en la biorregión amazónica.
En respuesta a las nuevas amenazas de los Estados ecuatoriano y peruano de ampliar los proyectos petroleros, mineros y agroindustriales intensivos, las confederaciones indígenas de ambos países se unieron para formar la Iniciativa de Cabeceras Sagradas del Amazonas (ASHI). En 2019, Sacred Headwaters hizo una declaración pública:
«Pedimos el reconocimiento mundial de la selva amazónica como órgano vital de la Biosfera. Hacemos un llamado a los gobiernos de Ecuador y Perú, a las corporaciones e instituciones financieras para que respeten los derechos y territorios indígenas y detengan la expansión de nuevos proyectos de petróleo, gas, minería, agricultura industrial, ganadería, mega-infraestructura y carreteras en la Cabecera Sagrada. El legado destructivo de este modelo de «desarrollo» ha sido la gran deforestación, la degradación de los bosques, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, lo que ha diezmado a las poblaciones indígenas y ha provocado abusos de los derechos humanos. Desafiamos la errónea visión del mundo que ve la Amazonia como una región rica en recursos donde se extraen materias primas en pos del crecimiento económico y el desarrollo industrial…»
En lugar de una visión del desarrollo que considera el progreso humano como la conquista de la naturaleza, Sacred Headwaters entiende la interdependencia de toda la vida más allá de las fronteras nacionales. El Plan Biorregional de ASHI propone la autodeterminación indígena con la participación efectiva de las mujeres; una economía muy diversa que combine los nuevos métodos agrícolas ancestrales con la soberanía alimentaria y energética; sistemas de salud interculturales que respeten la diversidad de género y generacional; sistemas educativos que combinen el aprendizaje formal con el no formal; y un programa exhaustivo de conservación y restauración de la Amazonia.
Hacer realidad el biorregionalismo
Los enfoques biorregionales, que abarcan la democracia radical, ofrecen a las comunidades la posibilidad de reconstruir y mejorar sus vidas y medios de subsistencia, libres del miedo constante a los conflictos y a las industrias extractivas violentas. En el Amazonas podrían ayudar a garantizar el sustento ecológico, económico y cultural de las naciones indígenas y otras comunidades locales, proporcionando al mismo tiempo todos los beneficios ecológicos locales y globales de la mayor selva tropical del mundo. En el sur de Asia, la retirada de las fuerzas armadas y otras fuerzas policiales y paramilitares de la tierra y el mar significaría que se podría eliminar el sufrimiento por el que pasa este personal, especialmente en las condiciones traicioneras y heladas de las zonas fronterizas del Himalaya entre India, Pakistán y China. También significaría que se podría reasignar una parte sustancial de los 72.000 millones de dólares de gastos de defensa de la India.
Este enfoque también implicaría deshacer los daños sufridos por las biorregiones en el pasado, en la medida de lo posible. Los impactos del cambio climático en forma de sequías e inundaciones van a empeorar. Es crucial reimaginar cómo gobernamos los humedales, y biorregiones enteras. Es posible que haya que desmantelar algunas presas existentes en ríos transfronterizos para restablecer los flujos hídricos, ecológicos y biológicos. Hay que evitar más presas y grandes desvíos. Un río sano es a menudo una primera línea de defensa contra las crisis climáticas para las comunidades, incluidas sus funciones al desembocar en el mar. Un enfoque biorregional también puede ayudar a hacer frente a algunos de los peores impactos del cambio climático, como el desplazamiento de las comunidades costeras -incluido el probable intento de los refugiados climáticos de Bangladesh de entrar en la India, que podría convertirse en una enorme crisis humanitaria si no se planifica adecuadamente- o el desplazamiento de la vida silvestre a mayores alturas.
Los enfoques biorregionales se enfrentan a importantes retos, entre los que destacan las nociones nacionalistas que siguen apoyando las duras fronteras de los Estados nación. Sin embargo, los diálogos de paz, los proyectos de conservación transfronteriza y las iniciativas biorregionales indígenas que hemos mencionado anteriormente son fuentes de esperanza.
Otro paso importante es el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. En 2017, el Parlamento neozelandés aprobó la ley Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement), que otorga al río y al ecosistema Whanganui personalidad jurídica y derecho propio, garantizando su «salud y bienestar», reconociendo la cosmología iwi «somos el río y el río es nosotros», y reconociendo que los derechos se extienden a toda la biorregión, desde la montaña hasta el mar.
Muy cerca, el Tribunal Superior de Uttarakhand, en la India, dictaminó en 2017 que los ríos del norte de la India, el Ganges y el Yamuna, sus afluentes, y los glaciares y la cuenca que alimentan estos ríos en el estado de Uttarakhand, tienen derechos como «persona jurídica/legal/entidad viva».
El reconocimiento de estos derechos podría permitir una gestión y una gobernanza basadas en las realidades ecológicas de la región. Esto también nos abre la oportunidad de modificar el derecho antropocéntrico y colonial actualmente dominante, hacia un nuevo marco jurídico que respete el «pluriverso«, la hermosa diversidad del mundo. Más allá de la ley, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza abre la posibilidad de articular las cosmovisiones indígenas de la naturaleza como un ser vivo, incluso dentro de las instituciones formales; y de crear un futuro mutuamente floreciente para los seres humanos y los más-que-humanos, en el que las vidas de las personas estén arraigadas en territorios que no tengan fronteras militarizadas arbitrarias, sino que estén ecológica y culturalmente definidos, abiertos y conectados.
«El marco curricular (como planteamiento que es) no desalienta la evaluación. Al contrario. Advierte su importancia como mecanismo para el acompañamiento.»
Poco más de una centena de académicos y personajes de la vida pública firmaron un manifiesto titulado “En defensa de la educación” (t.ly/HHpK), en el que expresan su preocupación sobre los riesgos que advierten en la propuesta de marco curricular presentada por la autoridad educativa federal. Ya algunos de los postulados del manifiesto han encontrado eco en diversos medios de comunicación. Pese a lo sano para el debate que resulta que un grupo tan abundante se reúna a conformar una crítica hacia un asunto de interés nacional, no se puede soslayar que el escrito producido tiene algunas imprecisiones. Una de ellas tiene que ver con la evaluación.
El manifiesto señala categóricamente que “el maestro no evaluará a los alumnos con exámenes ni pondrá calificaciones, los alumnos se calificarán a sí mismos”. Tal afirmación pudiera servir de inspiración, para quienes no estén muy adentrados en el acontecer escolar, para formar escenas extrañas en la imaginación: profesores entregando a sus estudiantes las boletas de calificaciones para que las llenen a su antojo. Puros dieces, hasta para los que se fueron de pinta o se dormían cada clase. Una invitación, a través de la negligencia en las prácticas evaluativas, a la mediocridad académica. Sin embargo, lo que plantea el bosquejo de marco curricular es muy distinto.
Si bien la propuesta curricular señala que “no se evalúa para emitir una calificación” (DGDC, 2022, p. 70) también contempla “el otorgamiento de calificaciones” (DGDC, 2022, p. 71). La aparente contradicción es fácil de resolver: la asignación de notas corresponde a un proceso denominado acreditación (cuya existencia no está amenazada, por cierto), mientras que la valoración y mejoramiento del proceso concierne a la evaluación; el marco curricular enfatiza que estas dos acciones corresponden a “dos momentos diferentes” (DGDC, 2022, p. 70).
No hay razón pues para suponer que los docentes se abstendrán de otorgar notas, pues el plan de estudios considera que “calificaciones y certificados [se emitirán] de acuerdo con el juicio que hagan maestras y maestros de todo el proceso” (DGDC, 2022, p. 71). El hecho de que los estudiantes, a través de la evaluación, “participen en la interpretación de sus propios avances” (DGDC, 2022, p. 71) no significa que arrebaten de los docentes la facultad de determinar la acreditación. Parece pues que no hay una base sólida para afirmar que los alumnos se encargarán de esta tarea mientras los profesores se desentienden de la misma.
Sobre la supuesta extinción de exámenes, el marco curricular no desaconseja su uso, simplemente previene sobre su insuficiencia como evidencia única de aprendizaje (DGDC, 2022, p. 154). Recomienda, por lo tanto, la utilización de “diversos métodos e instrumentos” (DGDC, 2022, p. 71). Lo propuesta de plan de estudios condena en cambio a las pruebas estandarizadas de gran escala, pero esto no debería entenderse como una satanización de los exámenes en sí mismos.
¿Por qué los signatarios del manifiesto incurrieron en una aseveración sin fundamentos que quizá intenta sugerir un menosprecio por la evaluación en el aula? ¿Realmente los errores pasaron desapercibidos frente a tantos ojos?
El marco curricular (como planteamiento que es) no desalienta la evaluación. Al contrario. Advierte su importancia como mecanismo para el acompañamiento, la retroalimentación y el mejoramiento de los aprendizajes. Promueve un enfoque formativo, así como procedimientos e instrumentos que impliquen la participación y el diálogo entre evaluados y evaluadores.
Los argumentos presentados en este escrito no pretenden interferir con la necesaria crítica hacia la propuesta curricular del gobierno federal, ni negar las áreas de mejora que presenta. Sin duda se requieren ideas para su enriquecimiento, pero éstas no pueden surgir de interpretaciones flagrantemente imprecisas.
REFERENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR. (2022). Marco curricular y plan de estudios 2022 de la educación básica mexicana. México: autor.
La motivación es clave para guiar a las infancias con necesidades especiales durante su proceso de aprendizaje.
La accesibilidad es un tema de suma importancia para una oferta educativa justa e igualitaria. En artículos anteriores hemos hablado de los tremendos retos que personas con capacidades diferentes enfrentan para tener y aprovechar oportunidades educativas o de trabajo. Los recursos digitales son de gran ayuda para construir un puente entre personas con necesidades especiales y la experiencia educativa.
“Yo también leo”, una aplicación fundada por Gemma Fàbregas y Marie Anne Aimée, fue diseñada a base de metodologías adaptadas a las necesidades de niñas y niños con capacidades cognitivas diferentes. Gemma y Marie Anne nos acompañarán en nuestro próximo webinar titulado “Tecnología educativa para una inclusión real”, que se transmitirá el martes 26 de abril a las 12:00 horas (Centro de México).
El esfuerzo educativo de esta tecnología se centra en facilitar el aprendizaje de infantes con neurodivergencias como autismo y Síndrome de Down. ¿Por qué es importante hacer un esfuerzo por hacer la enseñanza de la lectura accesible para todos los niños? La lectura provee a los estudiantes de habilidades básicas como el manejo del lenguaje, las reglas de ortografía, la sintaxis, la expresión de ideas, la imaginación, memoria, comprensión, y pensamiento crítico. La lectura no solo nos enseña a comunicarnos, también nos enseña a pensar. Es la senda a través de la cual se abren muchos de nuestros caminos cognitivos más básicos. Tomando en cuenta las experiencias tan particulares de las personas con neurodivergencia, cómo se relacionan con el acto de pensar, entender y expresar, habría que entender que la forma en que abordan la lectura también es diferente y representa una oportunidad para gestionar su enseñanza de forma distinta.
La tecnología es una forma de llegar a este objetivo, pero las herramientas tienen que estar planteadas en una comprensión profunda de cómo funciona el aprendizaje de los estudiantes con neurodivergencias y cómo guiarlos en su proceso didáctico. “Se parte de la motivación e intereses del niño o niña. Es un método activo, variado, lúdico y orientado hacia el éxito”, explicaron Fàbregas y Aimée sobre el fundamento teórico detrás de la aplicación. La misión en este respecto no es sencilla, la intención educativa que pretende esta tecnología lucha con sistemas y formas de aprendizaje muy arraigadas y ajenas a la forma de procesar y aprender dentro de las neurodivergencias.
Las invitadas reiteraron en una entrevista previa con el Observatorio la importancia de los refuerzos positivos como un balance para manejar la frustración que constantemente enfrentan los niños con capacidades intelectuales diferentes. Así como gestionar los errores como parte integral y neutral de la experiencia educativa. Este enfoque, junto con el uso puntual de la tecnología, presentan una ventaja enorme para asegurar un aprendizaje efectivo.
El proyecto fundado por Fàbregas y Aimée, y sobre el que comentarán en esta próxima entrega de nuestros webinars, está respaldado por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Las emprendedoras también fueron asesoradas por Fundación Talita, que cuenta 25 años de experiencia en la educación de niños y niñas con desarrollo neuroatípico. La experiencia de nuestras ponentes como profesionales en su rubro, y mamás de niños con capacidades intelectuales diferentes, ofrecerá una valios perspectiva sobre el uso de las tecnologías para la accesibilidad educativa de las infancias neurodivergentes.
Gemma Fábregas es diseñadora y especialista en la creación de tecnología educativa inclusiva y de accesibilidad. Es cofundadora y CEO de Diversity Apps. Además, logró la certificación en áreas como “Usabilidad y experiencia de Usuario”, “Tecnología accesible” y “Materiales digitales accesibles”.
Marie Anne Aimée es directora técnica y cofundadora tanto de la Asociación Forma 21, como de Diversity Apps. Es formadora en el método global de lectura. Sus credenciales comprenden un grado en Trabajo Social, un postgrado en Trastornos Mentales y un máster en Programación Neurolingüística. También cuenta con certificaciones en “Estimulación infantil según el método Dorman” y en “Recursos didácticos: El juego como instrumento de aprendizaje”.
Si quieres saber más sobre los métodos para hacer accesible la educación a niños y niñas con neurodivergencias, no te pierdas nuestro próximo webinar, este martes 26 de abril a las 12:00 horas (Centro de México). El webinar será en idioma español, pero para más información sobre educación accesible en inglés, da clic a los enlaces incluidos al inicio del artículo.
Aclaración: en artículos anteriores hemos hablado sobre la diferencia entre inclusión y accesibilidad así como el uso distintivo de ambos términos provee de espacio para impulsar el propósito por una educación para todos, desde minorías sociales hasta personas con cualquier tipo de discapacidad. En España, el término inclusión real se usa para designar las metodologías pedagógicas y recursos que aseguran la calidad de la experiencia educativa de las personas con necesidades especiales. SI eres de habla inglesa y quieres saber más sobre los avances realizados en España para este rubro, puedes consultar este artículo académico, el repositorio documental de la Universidad de Valladolid, o la plataforma Inclusión Real Ya.
El pasado 23 de abril de 2022, el periódico El Universal emitió una nota referente a la propuesta de marco curricular que se encuentra aún en construcción. En el encabezado se leía “SEP va por desaparecer grados escolares, especialistas ven ocurrencia” (t.ly/Q8L4). Pese al título, éste no encuentra sustento siquiera en los expertos cuyas ideas dieron contenido al texto, pues incluso uno de ellos advierte que actualmente la consolidación de aprendizajes responde a un proceso comprendido en conjuntos de grados sucesivos, situación que continúa en la propuesta curricular. Lo anterior se ha tergiversado, atendiendo al encabezado, como un intento de desaparición. Cualquiera con un poco de gis en las manos podría dar fe que aprendizajes como los relativos a la alfabetización inicial formal se afianzan, cuando menos, en los dos grados iniciales de primaria.
La idea de la extinción de grados es tomada quizá del manifiesto “En defensa de la educación” (t.ly/HHpK), signado, entre otros, por dos de los tres expertos consultados en la nota referida anteriormente. En tal documento se exponen algunos riesgos que, de acuerdo con los firmantes, representarían los nuevos plan y programas de estudios. Pese a que en el borrador de marco curricular coexisten grados y fases de estudio, el manifiesto afirma que éstas sustituirán a los primeros. No bastó tampoco que, explícitamente, la propuesta curricular señale que la educación básica “se cursa a lo largo de trece grados” (DGDC, p. 151).
Si en el buscador de noticias de Google uno teclea “SEP grados”, aparecerán cuando menos, a la fecha de publicación de este escrito, una decena de notas de diferentes periódicos que hacen eco de la supuesta extinción. Hubo incluso un dirigente nacional de un partido político que expresó su preocupación ante el asunto.
Parece que quienes han publicado notas sobre la hipotética desaparición no se han dado tiempo siquiera para un vistazo al borrador del plan de estudios: tanto en la definición de la estructura de la educación básica (DGDC, p. 151) como en la distribución de los periodos lectivos de los campos formativos (DGDC, pp. 152- 154), los grados siguen estando presentes. Asimismo, en múltiples fragmentos se hace alusión a los mismos. La transición hacia fases tiene que ver con la organización de los procesos de aprendizaje y no con lo que erróneamente se asume como un sustitución de los grados escolares. ¿Por qué concluyen que se intentan desaparecer éstos con la nueva propuesta? ¿Se trata de un intento deliberado por desinformar?
Desde luego que la propuesta de marco curricular debe ser sometida a la crítica, pero ésta debe partir de un análisis preciso de lo que establece. Los medios de comunicación tienen un papel importante en ello. Deben ser responsables del contenido de sus notas y no alentar a la desinformación ni al catastrofismo donde no debe haberlo. Tanto hay por arreglar en la vida educativa del país, tanto por condenar y proponer, que lo menos que se requiere es una crítica extraviada.
REFERENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR. (2022). Marco curricular y plan de estudios 2022 de la educación básica mexicana. México: autor.
El debate sobre la bajada de ratios merece un análisis exhaustivo y poliédrico que tenga en cuenta, al menos, tres factores: a) el nuevo contexto de descenso demográfico, b) la problemática real de las altas ratios en ciertos territorios y centros y c) la superación del modelo 1×1 (docente x aula) a través de la codocencia que propone la Lomloe.
La decisión de bajar ratios pasa por integrar y triangular los tres factores a la vez en una secuencia multi-nivel (macro-meso-micro) desde criterios de eficiencia y equidad. Es un tema complejo que no admite las simplificaciones habituales y requiere una mirada larga y estratégica para hacer gobernable la próxima década.
1. Cae la natalidad y habrá bajada natural de ratios en unas CCAA más que en otras
La caída de la natalidad entre 2008 y 2020 ha sido del 34,8% en España, situándose como el segundo país de la UE donde más ha caído. Entre las causas estructurales, destaca la Gran Recesión de 2008 y su resaca posterior de recortes y austeridad desde gobiernos de derechas sin políticas natalistas y de verdadero apoyo a las familias jóvenes.
El modelo español de natalidad está muy condicionado por la tardía emancipación de los jóvenes en un mercado laboral muy precario, la tardanza en formar nuevas familias por el coste de la vivienda y los altos costes de crianza infantil por las discretas bonificaciones por hijo/a y la falta de servicios públicos gratuitos y universales en la etapa 0-3. Es un fiel reflejo del modelo mediterráneo de bienestar con universalismo incompleto y nivel medio de impuestos que hace recaer el peso de los cuidados en las mujeres. Por tanto, injusto.
Acotada en el período más reciente, entre 2015-2020, la caída de nacimientos en España ha sido del 19,2% como promedio. En términos de flujos escolares, esa caída implica que el alumnado que cursará educación primaria entre los cursos 2021-22 y 2026-27 se reducirá un 19,2% de media, así como el alumnado que cursará ESO entre 2027-2032.
Fuente: INE
Sin embargo, el promedio no refleja la gran variación territorial de la caída de la natalidad que va desde el máximo de Asturias (25,8%) y resto de la cornisa cantábrica hasta la menor en Baleares (11,7%). Por tanto, todas las CCAA están experimentando una bajada “vegetativa” de la población a escolarizar, pero algunas con el doble de intensidad que otras. Razón fuerte para que sea el nivel autonómico de gobernanza educativa el que intervenga.
Recordemos que el Estado fija las ratios máximas a través del Ministerio y que las sucesivas legislaciones han ido manteniendo y siguen siendo un máximo de 25 alumnos por aula en el 2º ciclo de Infantil y Primaria, 30 alumnos en la ESO y 35 en Bachillerato. En formación profesional, cada decreto curricular de los títulos ha ido fijando una ratio máxima de 30 alumnos. Suponen un techo común para todo el Estado, pero bajo el marco federal de co-gobernanza que tiene España, las CCAA pueden reducir las ratios máximas estatales a su realidad concreta ejerciendo sus competencias de autogobierno.
El mosaico resultante de las diferentes ratios máximas que han decidido las CCAA se expresa en la tabla 2, agrupándolas por la intensidad de su caída demográfica reciente. Podemos diferenciar un primer grupo de CCAA con la mayor caída demográfica entre 2015-2020 (aunque arranca desde 2008) que destaca con más casillas de color naranja, es decir, han decidido ratios máximas más bajas que las estatales. Hasta ahora en ESO y Bachillerato, pero ya son varias las que han anunciado reducciones en infantil y primaria por coherencia demográfica.
Fuente: Elaboración propia
En naranja: ratios autonómicas más bajas que las estatales. En azul: las mismas ratios
En el segundo grupo de CCAA con una caída demográfica intermedia lo que predominan son las casillas azules, es decir, mantienen intocables las ratios máximas estatales. Las excepciones las encontramos en Infantil 3-6 (Canarias y Extremadura) y en Bachillerato (Cataluña). Por último, en el tercer grupo con mayor natalidad y menor caída demográfica, vuelven a predominar las casillas azules como cabría esperar. Solo se reducen las ratios máximas estatales en la Infantil 3-6 de Baleares y La Rioja y el curioso caso de Navarra que ha reducido la ratio máxima en Bachillerato y, sobre todo, en los CFGM de formación profesional a 20 alumnos siendo el más bajo en la FP del que tengamos registro.
Por tanto, se produce la paradoja de que las CCAA con un contexto de baja natalidad son las que hasta ahora más han bajado sus ratios máximas, pero no tanto en infantil-primaria sino en secundaria. En este grupo, Aragón es la más coherente al haber bajado ya las ratios máximas en todas las etapas. En el resto de CCAA, observamos comportamientos dispares, pero siempre manteniendo las ratios máximas en primaria y ESO hasta ahora.
En todo caso, el desigual cambio demográfico a la baja en todas las CCAA les va a permitir desarrollar nuevas medidas de política educativa y de ratios para el período 2022-2030, crucial porque coincide con una reforma sistémica como es la Lomloe:
a) La primera medida factible es universalizar la escolarización del primer ciclo de educación infantil (0-3) con más plazas públicas financiadas por los fondos europeos, retirada del co-pago a las familias y bajadas vegetativas de ratios en esa etapa y en 3-6.
b) La segunda, la planificación de un ajuste progresivo de las ratios alumnos/grupo con dos dianas que conviene diferenciar. De un lado, un ajuste secuencial en los primeros cursos de primaria hasta llegar al resto de etapas por pura bajada vegetativa como ya hemos mostrado. En especial, las CCAA con mayor descenso demográfico lo tienen mejor que el resto para aprobar nuevas ratios máximas más bajas en infantil y primaria.
c) La segunda diana, y más urgente, es la reducción de las sobre-ratios disparadas por los recortes del RDL 14/2012 del ministro Wert que siguen sin revertirse a pesar de la Ley 4/2019 aprobada por el actual Gobierno de coalición. Ciertas CCAA ya lo han revertido, otras lo han hecho a medias y algunas siguen con el modelo Wert. Es una asimetría que va contra la cohesión territorial del sistema.
2. La problemática real de las sobre-ratios en ciertos territorios y centros
Dada la complejidad de este apartado, vamos a ordenarlo por puntos a fin de mostrar la realidad caleidoscópica de la problemática de las sobre-ratios. Para empezar, vamos a concretar qué es, en realidad, el indicador estadístico de ratio alumnos/grupo.
2.1. La ratio alumnos/grupo es un promedio estadístico que requiere ser calibrado de forma más fina, teniendo siempre presente que es muy dependiente de las políticas educativas, mapa de matrícula y gestión de los recursos que hace cada CCAA. Se trata de un promedio calculado por las CCAA, pero sin publicar su índice de dispersión, es decir, no nos informa de sus máximos y mínimos reales en un territorio.
Por otro lado, en el cálculo de las ratios de la red pública se agregan en mayor proporción los entornos rurales y el alumnado con más necesidad de apoyo que hacen bajar su promedio de ratio. Pero a costa de camuflar y dejar invisibilizados a otros centros públicos con ratios más altas que el promedio. En especial, si ciertas CCAA optan por cerrar grupos en la red pública y no construir nuevas plazas, saturando así determinados centros públicos que trabajan con ratios desmesuradas y sobrecapacidad de sus instalaciones. El promedio estadístico oficial los camufla, pero son la razón del malestar docente en aquellos casos más afectados.
Por tanto, hace falta un mapa caliente y desagregado de las zonas urbanas y municipios de la red pública con mayor sobre-ratio y de aquellos centros saturados que superan su capacidad programada. En suma, hay que hacer más cualitativo y desagregado lo que hoy es un indicador estadístico promedio con excesiva dispersión que no puede ser tomado como única medida para adoptar decisiones salomónicas y universales.
2.2. Durante la última década, tanto en ESO como en bachillerato, el profesorado ha trabajado con un pico demográfico de cohortes muy numerosas nacidas entre 1998-2008 en plena época de crecimiento y optimismo económico. Llegaron luego la Gran Recesión, los recortes y el RDL 14/2012 del ministro Wert que hicieron aumentar las ratios y la carga lectiva. En cambio, la llegada de la pandemia y la contratación extra de 33.000 nuevos docentes en el curso 2020-21 y de 21.800 en el curso 2021-22 han ayudado a aliviar la situación por razones epidemiológicas excepcionales gracias a la inversión extraordinaria de 2.000 millones desde el Ministerio de Isabel Celáa.
Ese contraste entre una coyuntura de máximos a la que sigue otra de mínimos por motivos de salud pública es algo irrepetible que ha despertado la expectativa sindical y docente de una bajada de ratios generalizada. No obstante, esa ducha escocesa, única en la historia reciente, no debería condicionar una bajada generalizada de ratios sin la debida reflexión, perspectiva de futuro y previsión de su coste/beneficio.
2.3. En tercer lugar, una bajada generalizada de ratios beneficiaría a la privada concertada por tener ratios más altas que la red pública, extendiendo potencialmente los conciertos a más grupos. Para el curso 2020-21, la ratio de la privada en ESO es más alta (25,1) que en la red pública (22,6), tal y como ocurre en todas las etapas educativas. Son 2,5 alumnos más por grupo, pero en Canarias son 6,1 alumnos más y en la provincia de Segovia son 8,8 alumnos más respecto a la pública. Son ratios elevadas que sirven como fuente de ingresos para la concertada (uniformes, comedores, extra-escolares…) y dado su coste, sirven como barrera excluyente y de cierre social para seleccionar su clientela. Eso sí, sin asumir la escolarización del alumnado vulnerable que le correspondería según el concierto y su zona. Bajar las ratios por decreto, con un coste descomunal aún por calcular, supondría una suculenta inyección de dinero público para la red concertada y un incentivo perverso para la reproducción de la segregación. Recordemos que pronto deberá aprobar el Ministerio (una vez oídas las CCAA) un nuevo decreto sobre los conciertos y que el sector ya ha dramatizado la caída demográfica como argumento de posición.
La bajada de ratios en la red concertada será un proceso natural por puro descenso demográfico y el aumento del alumnado que pierdan vendrá dado por el equilibrio de matrícula y el cumplimiento de la Lomloe contra la segregación escolar que impide zonas únicas e incluye el reparto del alumnado de matrícula viva. La caída demográfica y la nueva legislación anti-segregación fuerzan al sector concertado a construir un significante nuevo que no todos sus centros tienen interiorizado: su alumnado no ha de pagar por la escolarización dado que presta un servicio público.
En caso contrario, está haciendo competencia desleal al sector privado que no reclama concierto ni los compromisos en fines sociales que comporta. Por tanto, el propio mapa mental y corporativo de la concertada deberá cambiar a la hora de exigir fondos públicos. En este dilema, es esperable que aparezca en el debate, y con voz propia, una concertada inclusiva con verdadero interés público por el inter-clasismo y la diversidad que se diferencie de la concertada pro-mercado. La gran incógnita será ponderar el coste de la plaza, pero ése es otro debate y da para otro artículo.
2.4. En cuarto lugar, ciertas CCAA siguen aplicando muchos aspectos del RDL 14/2012 de Wert y no han invertido suficientes recursos para reducir ratios, en especial, en la secundaria. Por ejemplo, la política propia seguida en Cataluña sigue atada al decreto de Wert y la convierte en líder de las ratios más altas en la ESO de la red pública (28,2) casi al mismo nivel que su red privada (28,8) para el curso 2020-21.
Fuente: MEFP-Estadísticas de la Educación
Igual pasa en bachillerato en Andalucía con las ratios más altas de la red pública (29,4). La provincia de Málaga llega al máximo (30,4) junto con las provincias de Girona (29,3), Barcelona (28,9) y la Comunidad de Madrid (28,7). Recordemos que son promedios estadísticos y, por tanto, habrá ciertos centros en esos territorios (y otros) con sobre-ratios disparadas que pueden llegar a superar las ratios máximas estatales o autonómicas. Es el mapa de zonas calientes que las propias CCAA deberían priorizar y resolver. Por tanto, el nivel de gobernanza que ha de intervenir es el autonómico (meso) y no el central (macro) por pura eficiencia.
2.5. Por último, y lo más grave, en España si eres un alumno pobre soportarás ratios más altas, toda una anomalía en el contexto de la OCDE. Mientras en el promedio OCDE, los centros con más alumnado vulnerable tienen un 12 % de menor ratio respecto a los centros con más alumnado acomodado, en España es al revés y los más vulnerables tienen un 3 % de mayor ratio. Con datos PISA para la ESO, el promedio de ratio en España en las escuelas desfavorecidas que concentran el alumnado del 25 % de menor renta familiar es de 28,6 alumnos mientras que en escuelas favorecidas (con el 25 % de mayor renta familiar) es más baja, de 27,8 alumnos/grupo. Una anomalía que es inaceptable.
Fuente: OCDE (2018)
Esta evidencia muestra la necesidad de una política que priorice la bajada de ratios en entornos socio-económicos vulnerables donde el alumnado presenta mayor necesidad socio-educativa. En cambio, si se opta por una bajada generalizada y uniforme de ratios se estaría exacerbando y reproduciendo la desigualdad social ya existente. Una vez más, la uniformidad y el café para todos no implica igualdad cohesiva sino todo lo contrario, discriminación, asimetrías injustas y privilegios para unos pocos.
Aunque España es el tercer país europeo con mayor pobreza infantil (31,3 %), la política de ratios de las CC.AA deja mucho que desear, en especial, en la detección de alumnado NEAE por desventaja y vulnerabilidad socio-educativa: sólo se detecta un 2,6 % del total de alumnado en primaria y ESO cuando la tasa de exclusión social severa de los menores en España es del 22 % según Cáritas-FOESSA. Es una infradetección de casi 10 a 1 que impide una adecuada y justa bajada de ratios en las escuelas y entornos con una educabilidad más desafiante. Al contrario, esos centros suelen soportar las máximas ratios en la ESO que hacen desbordar al profesorado ante una mayor resistencia anti-escolar y disruptiva del alumnado más necesitado de apoyo.
Sin embargo, llama la atención que la infradetección del alumnado NEAE por desventaja y vulnerabilidad socio-educativa no sea denunciada ni por el profesorado ni por sus sindicatos dado que sería automática la bajada de ratios como grupos de diversificación curricular y de atención preferente, según establecen la mayoría de las normativas autonómicas. Ahí tienen un frente de batalla y exigencia planteándose esta pregunta: ¿qué datos sociológicos y de registros oficiales (Hacienda, padrón, servicios sociales…) se usan en esa defectuosa detección y quién la hace? El sistema educativo español sigue funcionando a pedales en cuanto a la inter-operabilidad estadística y ya va siendo hora que se modernice y digitalice con big data para identificar mejor el índice de necesidad educativa (NEE y NEAE) de cada centro. El sistema dice ser equitativo, pero sigue sin conocer la desigualdad y desventaja de origen que la sociedad le transfiere sin que tampoco le ayude con los recursos adecuados.
De hecho, buena parte de los datos de equidad de que dispone el sistema español provienen de fuentes internacionales ante la inexistencia, tanto a nivel estatal como autonómico, de un Observatorio de la Equidad del Sistema Educativo. La mayoría de los países avanzados ya lo tienen y les permite evaluar la equidad desde infantil a estudios universitarios y sus primeros años de vida activa. Ayudaría mucho a la toma de decisiones y a ilustrar a la ciudadanía sobre el peso real de las desigualdades de origen en los resultados y trayectorias, sobre a contribución equitativa de las becas o sobre el funcionamiento real del ascensor social y de la meritocracia en España. Hoy en día son temas distorsionados por fakes, falacias y subjetividades dogmáticas.
Casi cuatro años después de que fuese anunciado por la ministra Isabel Celáa, tanto el Ministerio de Educación como el de Universidades siguen sin contar con este potente observatorio de equidad analítica que, si las CCAA lo nutren del número de identificación del alumno (NIA) aprobado en la Lomloe, daría lugar a un big data pormenorizado que ayudaría a una mejor gobernanza de la equidad, de las necesidades educativas y de la prevención del abandono temprano. Además, ayudaría a centrar el debate y anular los pánicos morales y mentiras de la derecha reaccionaria que vive de mitificar y normalizar el “esfuerzo individual” a costa de ocultar los problemas estructurales de equidad e inclusión educativa que explican buena parte de los resultados del sistema.
Fuente: Panorámica de la educación, OCDE (2021)
Por otra parte, dado el volumen demográfico que representa intervenir en los entornos vulnerables, en la detección adecuada de la vulnerabilidad socio-educativa y en el mapa caliente de centros con sobre-ratios, con bastante probabilidad el promedio de la ratio en ESO bajaría en España de los actuales 25 hasta los 23 alumnos del promedio OCDE y en ciertas CCAA aún menos. Por tanto, nadie es más aliada de la bajada de ratios que la equidad y el profesorado debería darse cuenta y pasar a ser sus máximos defensores.
3. La superación del modelo 1×1 (profesor x aula) a través de la co-docencia
Por último, el debate de las ratios sigue anclado en la premisa del modelo 1×1 que adjudica un docente a una materia, un grupo y un aula como forma canónica de organizar el conocimiento y adjudicar la docencia. Es una herencia cultural y escolástica que se remonta a la jesuítica Ratio Studiorum de 1599. Trasplantada a la moderna escuela de masas, es un modelo que instaura una clasificación “fuerte” y parcelada del conocimiento (“pedagogías visibles” para Basil Bernstein) y una rocosa identidad de asignatura que reproduce una cultura individualista docente poco dada a colaborar.
Recordemos que en los informes TALIS, el 48% del profesorado español de la ESO nunca ha colaborado en actividades conjuntas con otras asignaturas, el 87% nunca ha observado el aula de otros profesores (el doble de la media OCDE) y el 76% no participa en ninguna red de profesores. Son datos anómalos en el contexto internacional donde la formación continua en el centro y la cultura colegiada y colaborativa entre docentes están mucho más asentadas. Por si fuera poco, España presenta cifras muy bajas de lectura experta sobre educación y pedagogía por parte de los docentes (47%) frente a la media OCDE (72%) y solo un 28% de los directores de secundaria cree que los equipos docentes deben ser formados en metodologías colaborativas.
La docencia compartida o co-docencia es una metodología de formato flexible con diferentes modalidades de llevarla a cabo que implica todo un cambio de paradigma. En especial, destaca por sus efectos positivos en la atención de la diversidad del alumnado, la mejora del clima del aula, la reducción del estrés docente y el aprendizaje mutuo y la confianza entre docentes [1]. Ciertas CCAA con gobiernos socialistas en Educación han aprovechado los fondos covid para impulsar pilotos de co-docencia: Navarra (110 centros), Comunidad Valenciana (80), Castilla-La Mancha, Aragón y Baleares.
La LOMLOE promueve la co-docencia y la evaluación colegiada, instando a las CCAA a que desarrollen formaciones y experimentaciones-piloto que implicarían reducir la actual carga lectiva docente en favor de más horas de coordinación, co-planificación, co-tutoría y coevaluación. Se rompería así la premisa 1×1 que hace atascar el debate de las ratios y lo desenfoca de su dimensión real: redefinir hoy la relación del alumnado con el conocimiento a través de metodologías más activas y rigurosas en lo académico, pero más personalizadas, en base a reorganizar aulas, horarios, docentes y materias en forma de ámbitos, co-docencia e hiper-aulas. Un curriculum competencial ha de derribar tabiques físicos y paredes mentales.
El objetivo en pleno siglo XXI es lograr una nueva relación de enseñanza-aprendizaje más enriquecida y personalizada y menos encorsetada en la organización rígida del aula derivada de la Ratio Studiorum de 1599. Menos aulas con puertas cerradas y más ecosistemas de aprendizaje conectado, en red e inter-disciplinares. Los institutos públicos no han de ser universidades elitistas en pequeño balcanizadas en cátedras y departamentos sino campus abiertos y estimulantes de aprendizaje, progreso y descubrimiento de todos los talentos entre 12-18 años. La LOMLOE lo posibilita.
Para ello y para empezar, es imprescindible que el profesorado reduzca su carga docente en las 10 CCAA que siguen con 25 horas en primaria y en las 4 CCAA que siguen con las 20 horas en secundaria. Ahora mismo, solo 4 CCAA fijan una carga lectiva de 23 horas en primaria y otras 8 CCAA establecen 18 horas para secundaria. La reversión del RDL 14/2012 de Wert debe ser completa, incluso en las CCAA donde gobierna el PP, por la imposibilidad de liberar el suficiente tiempo docente de coordinación y co-planificación que implica desarrollar los ámbitos inter-disciplinares o la docencia compartida.
Fuente: Secretaría de Política Educativa de CCOO
(*) En Castilla y León serán 19h en secundaria y 2h en primaria a partir del curso 2022-23
(**) En La Rioja serán 23h en primaria a partir del curso 2022-23
El profesorado en España pasa demasiadas horas en el aula, sin contar ni con los recursos de apoyo necesarios ni con las ratios corregidas por índices de equidad, a costa de disponer de pocas horas y espacios de coordinación. Son espacios y tiempos del todo indispensables para que germine una I+D+i liderada por los propios docentes en tanto que intelectuales transformadores (Giroux): en tareas como la coordinación organizativa del centro, la formación permanente, el diseño y desarrollo de proyectos, la acogida e inducción de profesorado novel, la puesta en marcha de innovaciones y cambios metodológicos, la investigación y discusión de las evidencias de lo que funciona o el trabajo colaborativo y en red con otros centros y equipos docentes. Todos ellos son ingredientes de la profesionalidad reflexiva docente (Schön) y de los significados que implica la docencia compartida. Son reclamados por los propios docentes y son del todo imprescindibles para construir sólidos liderazgos pedagógicos para una escuela pública de alta calidad, rigurosa y moderna. La pregunta es qué CCAA apuestan o no por desarrollar esos tiempos y espacios de I+D+i escolar y cómo la estimulan como parte de una política de innovación pública.
Conclusión: por una política más equitativa y global de ratios
Como hemos visto, el debate de las ratios no puede ser reduccionista y unidimensional, es bastante más complejo y laberíntico que las retóricas simplistas habituales. Una bajada lineal y uniforme de ratios entrañaría altos costes fijos de entre 4.000 o 6.000 millones anuales en función del tamaño al que se quieran bajar las ratios (a 21 o 20). Puede representar entre el doble y el triple de toda la inversión anual que hace el Ministerio en becas que, para 2022-23, será de 2.134 millones de euros. Es un coste desorbitado que la literatura internacional desaconseja al no demostrar que tenga impacto significativo en la mejora de los resultados de aprendizaje y si se da, es bajo ciertas circunstancias excepcionales.
La red internacional de expertos, voluntaria y sin ánimo de lucro Campbell Collaboration realizó en 2018 un metas-análisis de 148 estudios realizados sobre el tema ratios en 41 países y concluye que reducir el tamaño de las clases tiene un efecto nulo o muy leve tanto en la competencia lectora como en la matemática. Sin embargo, la evidencia acumulada sí nos dice que la bajada de ratios tiene un coste-beneficio positivo si se aplica en centros y entornos socialmente vulnerables. Ésta debería ser la primera medida a aplicar por todas las CCAA en base a índices de necesidad o complejidad educativa y extendida a los 1.000 barrios más vulnerables que existen en España.
Como hemos dicho, debería mejorarse mucho la detección del alumnado en situación de exclusión social severa y vulnerabilidad socio-educativa para extender esta política con impacto y nivelar su derecho a la educación. Al diagnóstico médico o psico-pedagógico que sirve para determinadas categorías NEE o NEAE hay que añadir el diagnóstico sociológico de las condiciones de vida del alumnado más penalizado por la pobreza y privación familiar. En esta labor, la coordinación entre municipios y CCAA es imprescindible y urgente (con la debida protección de datos) para tener una política más robusta de igualdad de oportunidades que compense las desigualdades de partida y de proceso para que los resultados sean el máximo de independientes de los orígenes.
En suma, las CCAA encaran la próxima década 2022-2032 como la más desafiante y transformadora, aprovechando la caída demográfica y el esfuerzo en financiación que está haciendo el gobierno de coalición para dar un gran salto de calidad hacia la excelencia del sistema. En todo caso, la solución no pasa por una bajada generalizada de ratios por su sobre-coste inviable y su claro efecto reproductor de la desigualdad incubada ya en el sistema. En cambio, la opción eficiente y justa es bajar ratios para neutralizar la inequidad e introducir la co-docencia ante cohortes de alumnado que serán más reducidas. La caída demográfica también es una gran oportunidad de contexto para reducir la actual carga lectiva y consolidar un espacio de I+D+i de desarrollo profesional docente en los propios centros. El debate de las ratios debe abrir todas esas carpetas y sincronizarlas en un círculo virtuoso que, bajo el paraguas de la LOMLOE, sea duradero y muy focalizado en la práctica y necesidades de los centros a fin de mejorar la calidad y los resultados de un sistema más inclusivo, riguroso y personalizado. Apliquemos la inteligencia colectiva y hagámoslo posible.
Una nueva agenda de reivindicaciones universitarias emerge como consecuencia inmediata de la pandemia. En la educación superior se perfilan como necesarios un nuevo tipo de derechos no definidos con anterioridad, propios de esta nueva época. Se trata de reivindicar una serie de derechos digitales para los universitarios que ayuden a encuadrar el uso de las TIC en la educación superior con un sentido progresista.
La primera y más contundente consideración es que desde hace más de veinte años se desarrolla una intensa revolución tecnológica en todas las actividades humanas, en las profesiones y en las prácticas académicas y que asociado con ella ha emergido una nueva cultura digital que atraviesa todos los sistemas simbólicos, las creencias y representaciones sociales: en esta intensa transformación las universidades y los universitarios juegan un dinámico papel.
Una segunda consideración de carácter histórico son los cambios ocurridos durante la pandemia, que hicieron que las clases, las actividades académicas, culturales, de divulgación y administrativas migraran al espacio virtual; que las TIC fueran el soporte del trabajo y del estudio, de la comunicación y el intercambio académico.
También habríamos de observar el incremento de las desigualdades que resultó de la pandemia. A las viejas desigualdades sociales se les sumaron las que tienen que ver con la muy desigual distribución del capital tecnológico, en el acceso a los recursos tecnológicos, en el grado de dominio y las disposiciones incorporadas con que cuentan los estudiantes y profesores.
Ya habíamos enunciado en Educación Futura que precisamente en ese contexto, es que teniendo como fuente de inspiración la consulta a la ciudadanía que se desarrolla en España (https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/140721-Carta_Derechos_Digitales_RedEs.pdf) es que podemos formular un listado inicial de derechos digitales que habríamos de exigir los universitarios en México. En principio enunciamos al menos cuatro ejes principales:
Derechos de libertad. Comprenden lo derechos y libertades en el entorno digital universitario, a la identidad, a la protección de datos, al pseudonimato, el derecho de la persona a no ser localizada y perfilada, el derecho a la ciberseguridad, para garantizar la libertad de creación y el derecho de acceso a la cultura en el entorno digital. Se trata de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos en el entorno digital universitario, de condenar la discriminación, el racismo y otras formas de exclusión social. Al mismo tiempo, de garantizar el derecho a la identidad en el contexto digital; las universidades deberán ofrecer garantías necesarias que permitan la verificación segura de la identidad en el entorno digital con la finalidad de evitar manipulaciones, suplantaciones, o control de la misma por parte de terceros. Las universidades deben garantizar la protección de los datos personales de los universitarios. En el entorno digital universitario, la localización y los sistemas de análisis de personalidad o conducta que impliquen la toma de decisiones automatizadas o el perfilado de individuos, o grupos de individuos, únicamente podrán realizarse en los casos permitidos por la normativa vigente y con las garantías adecuadas en ella dispuestas. En cuanto a la ciberseguridad, todo universitario debería tener derecho a que los sistemas digitales de información que utilice para su actividad personal, profesional o social, o que traten sus datos o le presten servicios, posean las medidas de seguridad adecuadas que permitan garantizar la integridad, confidencialidad, disponibilidad, resiliencia y autenticidad de la información.
Derechos de igualdad. Derecho a la igualdad y a la no discriminación en el entorno digital universitario, el derecho de acceso a Internet. Se trata de garantizar que el derecho y el principio a la igualdad sea aplicable en los entornos digitales, incluyendo la no discriminación y la no exclusión. Deberíamos promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres en entornos digitales y fomentar que los procesos de transformación digital apliquen la perspectiva de género adoptando, en su caso, medidas específicas para garantizar la ausencia de sesgos de género en los datos y algoritmos usados. Además, las universidades deberán impulsar políticas dirigidas a garantizar el acceso efectivo de todos los universitarios a los servicios digitales institucionales, garantizarán el derecho a la no exclusión digital y combatirán las brechas digitales en todas sus manifestaciones. Las universidades deberán promover las condiciones necesarias para garantizar la accesibilidad universal de su comunidad a los entornos digitales, en particular a las personas con discapacidad.
Derechos de participación en la vida universitaria. Comprenden el derecho a la neutralidad de Internet y la garantía de las instituciones para tratar el tráfico de datos de manera equitativa sin discriminación, restricción o interferencia. Garantizar el derecho a la libertad de expresión y libertad de información, el derecho a recibir libremente información veraz. Promover el derecho a la participación universitaria por medios digitales deberá permitir el pleno y efectivo acceso a la información del proceso en cuestión; permitir y garantizar la plena transparencia y rendición de cuentas de las personas implicadas; garantizar las condiciones de igualdad y no discriminación participativa, lealtad institucional y justa y equilibrada competitividad; y garantizar la accesibilidad de los sistemas digitales de participación universitaria. Esta serie de derechos se completa con el derecho a la educación digital y con la definición de los derechos digitales de los universitarios en sus relaciones con la administración universitaria.
Derechos laborales. Se trata de definir los derechos en el ámbito laboral de profesores y trabajadores que se asocian con el trabajo a la distancia, con las clases virtuales e híbridas, con la ampliación de las jornadas laborales, de la definición de las condiciones del trabajo y de la capacitación tecnológica.
Estos cuatro ejes enuncian sucintamente una agenda de trabajo que tendrá que ser atendida de manera colectiva por los universitarios en el marco específico de sus instituciones. La precisión y consagración normativa de los derechos digitales puede ser un indicador de la modernización tecnológica de las universidades.
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