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Por: Consuelo Cifuentes y Paula Valenzuela

El texto explica por qué el sistema universitario en Chile debe ser controlado por el Estado y el mercado, con una efectiva distribución de poder, para asegurar el pluralismo, la libertad y el sentido «público» de la razón.

En marzo se retoma el debate legislativo y junto con ello vuelve a la discusión una de las reformas centrales de este Gobierno: la gratuidad en la educación superior. Si bien esta semana se dio a conocer que 95 mil estudiantes accederán a la gratuidad -podrían llegar a 220 mil-, por segundo año consecutivo el beneficio se implementa a través de la Ley de Presupuestos.

Justamente por eso, el Ejecutivo espera aprobar, antes de la discusión del presupuesto de 2018, el proyecto de ley que establece la gratuidad universitaria y que se encuentra estancado en la Cámara Baja, en primer trámite.

Anteponiéndose a la discusión que viene, Chile Vamos prepara los argumentos que defenderá en el debate sobre la gratuidad en la educación superior.

El primer paso se dio en enero, en un seminario -organizado por el diputado UDI Jaime Bellolio y el senador RN Andrés Allamand, integrantes de las comisiones de Educación del Congreso-, donde el filósofo e integrante de la comisión programática del bloque opositor, Hugo Herrera, expuso los planteamientos de su libro «La frágil universidad», publicado por el Centro de Estudios Públicos (CEP).

En 170 páginas, el autor teoriza acerca de lo que significa ser universidad, cómo debiera operar el sistema de educación superior.

Su trabajo será uno de los insumos para la elaboración de una propuesta que los parlamentarios esperan desarrollar, como ocurrió con las bases para un futuro programa de gobierno. A continuación, párrafos escogidos del libro y las principales ideas en que Herrera profundiza.

Sentido de lo público

Herrera plantea que el sistema universitario implica poder, ya que es determinante para formar las élites. Por ello, llama a resguardar un ambiente de libertad para razonar. Para él, lo «público» de la universidad no está dado porque el Estado sea dueño de ella, sino porque exista un lugar donde verdaderamente el uso de la razón sea público. Ello ocurre, a su juicio, en un ambiente donde existe «visibilidad, igualdad y libertad».

«Una institucionalidad libre y estable requiere constituirse sobre la base de una división del poder. Ni el poder político ni el mercado deben controlar la universidad», señala el texto.

Rol del mercado

«Lo más adecuado para asegurar el uso público de la razón es no restringir, sino expandir la esfera de operaciones del Estado (…) Un avance del poder estatal y el correlativo desplazamiento del mercado, significa darle más poder a un Estado que ya concentra el poder coactivo; ahora incluye la concentración del poder económico. La concentración del poder incrementa la posibilidad de abusos y limita la libertad».

«El fisco debe contribuir al financiamiento de la investigación, porque ella resulta relevante para el país. Dicha participación del Estado ha de ser puesta bajo la exigencia de la división del poder».

«El modo de división del poder de financiamiento que queda aún disponible es el de un régimen de aportes mixto, que incluya al fisco y a los privados, a través del pago de aranceles y matrículas diferenciadas por parte de las familias».

Realidad chilena

«La gran cantidad de funcionarios partidistas en los niveles medios y altos de los ministerios, importa que el sistema universitario difícilmente pueda ser tratado institucionalmente allí, como una cuestión de Estado».

«Cualquier iniciativa que aumente, sin generar a la vez contrapesos efectivos, el control del Estado sobre el sistema universitario, genera un riesgo para la división del poder y, en último término, para la correlativa libertad que es requerida por el uso público de la razón».

«El carácter mixto -tanto en su composición como en los aportes- del actual -y algo caótico- sistema universitario chileno permite, y pese a todas sus dificultades y defectos, contar con una división efectiva del poder (…) aunque merece correcciones urgentes y severas, posee un vigoroso pluralismo, cuando se la considera en su conjunto».

«Si el Estado asume para sus universidades un cierto conjunto de principios -ideas dominantes-, tampoco parece inconveniente, sino adecuado para la existencia de un ámbito público eficazmente complejo y plural, que los privados estén facultados para fundar y mantener universidades que definan marcos de referencia».

«La división del poder y no la concentración, es la palanca y el asiento de esa pluralidad. Considerarla como un punto de partida desde el cual realizar las exigibles reformas parece ser requisito».

Cogobierno

«Probablemente, el sistema más adecuado a un uso público de la razón sea, nuevamente, uno de división del poder al interior de la universidad, que consagre la participación deliberativa de los académicos en instancias de gobierno».

En el libro, Herrera descarta la inclusión de alumnos y funcionarios administrativos en la toma de decisiones internas: «No poseen un conocimiento suficiente del carácter específico de las labores más propias de la universidad (…). Los estudiantes son admitidos a la universidad para ser educados».

Respuesta a Fernando Atria

El segundo ensayo del texto enfrenta los postulados que el precandidato PS Fernando Atria desarrolla en el libro «Derechos sociales y educación». Su pensamiento, argumentan en la oposición, ha permeado en el debate educacional y ha sido plasmado, en gran medida, en la reforma que impulsa el Gobierno.

«Atria considera necesario excluir la lógica del mercado en educación superior, por medio de la agencia estatal, restringiendo allí (coactivamente) su operación y concentrando en manos estatales el poder de financiamiento», indica el libro.

«Tanto las condiciones que Atria plantea para la universidad -continúa- cuanto el modo en el que posiciona la discusión presentan problemas relevantes. Son cuestionables la concentración del poder a la cual su planteamiento conduce y las posibilidades de abusos».

Financiamiento

«Es en un punto de equilibrio entre ambos -mercado y Estado- en donde se logra neutralizar los efectos más alienantes del uno y del otro».

«Atria trata de mostrar que la instauración de los derechos sociales y la exclusión del mercado permiten lograr la superación del conflicto de intereses privados (…). Aun en un sistema universitario que lograra excluir radicalmente el retiro de dineros, sería una añoranza, tan utópica como la idea de la superación del Estado, pensar que ya no habrá oposición de intereses entre los trabajadores y los estudiantes, o entre los estamentos de trabajadores, o una lucha por recursos fiscales de los representantes del sistema».

Respecto a la libertad de cátedra, Herrera señala que la autonomía de los académicos se ve afectada si el financiamiento proviene de una sola fuente: «Si el poder de financiamiento se encuentra concentrado, entonces la autonomía universitaria y académica disminuye. Esta regla, generalmente aceptada por el pensamiento político, no es considerada por Atria, quien no ve peligro en la concentración del poder de financiamiento en manos del Estado».

«Es posible pensar en una captura de una gran mayoría o todas las universidades del Estado. No es difícil mostrar que actualmente las universidades estatales acusan una inclinación hacia posiciones laicas y de centro-izquierda».

Fuente: http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=336988