Todas las patologías del capitalismo se notan, de las maneras más odiosas, en sus “locutores”. Entiéndese aquí, por “locutores”, a todos aquellos que venden su voz como mercancía para vender las mercancías del capitalismo. Algunos de ellos, incluso, contra su voluntad o su conciencia.
El abanico de tonos, inflexiones, acentos, gritos, quejidos, susurros y sentencias, ideados permanentemente para alentar el consumismo, constituye una galería inmensa de creatividad saturada de subordinación y decadencia. Muchos “locutores” lo padecen, paradójicamente, en silencio.
Y así como el concepto “mercancía”, bajo el capitalismo, abarca al trabajo, a las noticias, a los gustos, a las emociones, a las tradiciones… así abarca a las voces, a sus tonos, a sus palabras y a las ideas -explícitas e implícitas- con que insufla cualidades impertinentes a objetos, sujetos y valores burgueses. A eso se le llama “publicidad” y para ella el uso de las voces, manipuladas de mil maneras, es indispensable. El resultado es escalofriante, abrumador y odioso. Veamos.
Junto a la manía publicitaria, insoportable, de exagerarlo todo, se inocula al discurso mercantil de los “locutores”, el repertorio de supuestos fonéticos que emblematizan al “buen gusto”, al confort, al prestigio… al poder del dinero. No se habla con naturalidad, han naturalizado la idea bobalicona de que lo engolado, lo chillón, lo enfático y lo meloso son, entre otros, recursos impecables para fijar en las cabezas de los pueblos un lugar privilegiado para las mercancías de ocasión. El resultado es un pastiche nauseabundo y deprimente, tributario voluntarioso del ridículo. El colmo es que cuando se usan las voces “populares” se las usa para ridiculizar algo o a alguien. Hay millones de ejemplos insufribles e inefables.
No pocos proyectos de comunicación emancipadora, al excluir o al no haber desarrollado una crítica científica al modelo de “locución” burgués, repiten algunos de sus peores vicios. Como, por ejemplo, confundir la seriedad con la solemnidad. Como permitir que la forma reine sobre el contenido. Como imitar el “prestigio” de las formas “exitosas” como gancho para las ideas revolucionarias. Hay una lista larga de ejemplos fallidos impregnados por la lógica de que imitando lo que al capitalismo le da “llegada”, será posible hacer llegar los mensajes emancipadores. Así hemos escuchado a no pocos voceros de la revolución hablando como “locutores” de la contra-revolución. Lo viejo no termina de morir donde lo nuevo no termina de nacer.
No existe un manual mágico para dar voz a la Revolución. Nada en una Revolución nace mágicamente y lo más probable es que nos tome tiempo liberanos, realmente, de los atavismos formales, del imperio de las formas, que la burguesía nos ha inyectado hasta en los rincones más insospechados de nuestras existencias. Las manías burguesas que se nos han infiltrado no son invencibles, es falso que no se pueda cambiar, y nosotros tenemos bien claro que la práctica revolucionaria es nuestra mejor escuela, sin empirismos bobalicones. Necesitamos impulsar la formación de cuadros científicos, cuya habilidad y fortaleza consista en interpretar a la revolución y darle voz a sus mensajes, hay que organizar y movilizar escuelas de formación revolucionaria en comunicación emancipadora. Desde abajo y desde la lucha de clases.
No podemos, ni por chantaje ni por inconciencia, ser vehículo reproductor de miserias burguesas, tan sonoras como las ridiculeces que vomitan, a cada instante, sus “locutores” en nuestras propias casas y narices. Y aunque algunos trabajadores de los medios crean que es muy “nice”, muy “chic”, muy “maquetinero” el modito burgués para la vendimia de su basura, no silenciaremos nuestra denuncia cuando a miles de trabajadores de la “locución” se los usa para drenar con sus voces, hacia los mercados, el veneno de la sobre-producción capitalista que, no sin guerras inter-burguesas, se les pudre en las bodegas.
No silenciemos el daño laboral, ni el daño moral, ni el daño cultural que nos causa el modelo burgués de “locución” mercantil. No aceptemos ninguna de sus payasadas. Impulsemos una semiótica emancipadora y una red internacionalista de escuelas para la formación de cuadros revolucionarios en comunicación que asuman su responsabilidad socialista en la búsqueda de nuevas voces, nuevos vocablos, nueva dicción y nueva locución… hacia la liberación veredera de los caudales expresivos nuevos. La libertad de expresión socialista. Del dicho al hecho.
Tomado de: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=119084
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La propuesta y el proceso de reforma educativa mexicana no da muestras de avances en este momento. El titular de la SEP no ha tenido una postura educativa ante el sistema, ni tampoco ante la sociedad. Su postura pública ha sido de amenaza, de intimidación y últimamente de esquirolaje.
La reforma educativa mexicana se encuentra estancada dentro del forcejeo político, por un lado están actores que pretenden impulsar a todo costa todo tipo de imposiciones administrativas (dentro del sistema), pero también dentro del sistema hay personajes que dicen que es necesario corregir el rumbo y bajarle al exceso beligerante en las acciones y en la postura autoritaria en la que ha incurrido el actual secretario.
Un debate verdaderamente educativo en el marco de la reforma, no puede darse sobre la base del forcejeo político de la provocación, de recurrir en el abuso de las posiciones de fuerza, ni tampoco sobre la base del abuso de la posición gubernamental.
La reforma educativa mexicana en ningún momento ha abierto el debate verdaderamente educativo, el titular de la SEP al no ser educador de carrera dicho debate lo copla en una posición en desventaja. El responsable de atender los asuntos educativos en nuestro país, lo ha reducido todo a la racionalidad política y administrativa. Un debate educativo lo concebimos los investigadores y los pedagogos, como aquel de discusión e intercambio de ideas, que pone en el centro de la discusión y de las propuestas las necesidades educativas por atenderse, los recursos con los que se cuenta para lograrlo, la reorientación de los contenidos de estudio con la finalidad de definir los fines y valores del tipo de ciudadano y de mexicano que queremos formar, los retos para garantizar adaptaciones de un currículum nacional y adaptarlo a las necesidades regionales y contextuales de los diversos ámbitos en que está dividido nuestro país, etcétera. Un debate pedagógico inicia con calibrar hasta dónde los educadores mexicanos podrán adaptarse e involucrarse en un ambicioso proceso de reforma. Todo esto no pasa en nuestro país, intencionalmente.
Hasta la noción de reforma educativa comienza a prostituirse, incluso las malas acciones se hacen en su nombre, la utilización de la fuerza pública, el uso intimidatorio del discurso, y las amenazas, ¿realmente una reforma educativa deberá llevar este proceso tan agobiante y poco esclarecedor o es sólo la etapa más crítica del proceso? Se está presentado un abuso en el manejo de la reforma educativa mexicana, al querer inscribir todo lo que se hace en este rubro mencionar que todo es la reforma.
El estado actual de la reforma se encuentra paralizado en el mismo punto en donde inicio. Al considerar que todo deberá evaluarse, todo lo que se aparezca en el camino para conocer cómo marcha o cómo funciona el sistema, poniendo especial énfasis en la evaluación del trabajo de los docentes debido a que en ellos descansa la mayor parte de la responsabilidad en la tarea educativa. ¿Y luego? Si esto ya lo conocíamos desde el inicio, ¿por qué no se brincan la página y llegamos al capítulo de lo que realmente necesita la educación de México? Parece que al actual gobierno no le interesa avanzar en educación, su interés verdadero está puesto en darle vueltas a la noria y seguir así aunque no pasemos del punto cero.
En el estado actual de reforma educativa, no se han incluido las visiones alternativas y marginales que se mueven en educación, el hegemonismo y la tendencia a querer monopolizar todo lo relacionado con la reforma ha generado que el Estado pierda la perspectiva de diferenciar de lo hecho en dónde realmente hay avances en dónde hay estancamientos y retrocesos. Las voces de los actores no han sido incluidas suficientemente y son los docentes los que más autoridad tienen a través de sus voces y sus propuestas, para darle un mejor curso al proceso de reforma. El gobierno aún tiene la oportunidad de corregir su camino, de lo contrario la crispasón seguirá subiendo y bajo un clima de tensión institucional todas las partes salimos perdiendo.
Fuente del articulo: http://www.educacionfutura.org/cual-es-el-estado-que-guarda-el-proceso-de-reforma-educativa/
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El Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es un problema social que no para de crecer. Existen factores familiares, ambientales o ecológicos, económicos, que lo potencian pero no se ha planteado si el sistema educativo y el “abuso” de los deberes y tareas pueden influir en esta “epidemia” consentida.
Juan Pundik, es presidente de Filium (Asociación para la prevención del Maltrato al Niño), de la Plataforma Internacional contra la Medicalización de la Infancia y director de la Escuela Española de Psicoterapia y Psicoanálisis. En esta entrevista que le hizo El País Semanal lo primero que responde es sobre que el Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) no es una patología.
Y pone en cuestión el actual sistema educativo:
No atender en clase no es una enfermedad. Los que derivan a los chicos a un especialista son, normalmente, los profesores que tienen que manejar a 35 alumnos, lo que, naturalmente, no es fácil. Tenerlos quietos y callados puede hasta cuestionarse que sea sano, pero las características de la escolaridad así lo requieren y, en consecuencia, lo mejor es tenerlos drogados. Es lo que se hace con los ancianos en algunos geriátricos”.
En la revista le preguntan:
XL: Pero el niño que no consigue un rendimiento escolar adecuado porque es disperso o hiperactivo tiene más posibilidades de enfrentarse a un fracaso no ya escolar, sino social, con lo que eso supone de traumático…”.
Y responde:
Querrá decir que no consigue el rendimiento escolar que se le quiere imponer. Yo tengo un largo historial de gente que fue diagnosticada y hasta medicada como hiperactiva simplemente porque esa escolaridad que querían imponerle no le servía, porque quería ser bailarina o jugador de fútbol. El problema es porqué les imponemos a todos los niños un menú fijo, cuando cada uno tiene habilidades diferentes. No todos valemos para lo mismo”.
Y en parte ese rendimiento escolar puede estar condicionado por las propias tareas, los deberes que hacen los niños y que si no los terminan en la escuela han de hacerlo en sus casa por la tarde.
Una exhaustiva revisión del máximo especialista en tareas, Harris Cooper, profesor de la Universidad de Duke, concluyó que las tareas no mejoran significativamente el desempeño académico de los niños en la escuela primaria. Es más, demasiadas tareas resultan contraproducentes y los críos que hacen menos tareas van mejor en la escuela. Quizá resulte provocador pero no lo es: ¿Puede ser la escuela una fuente de falta de atención e hiperactividad?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó el pasado mes de abril de que los deberes perjudican la salud. El estrés de las tareas escolares desemboca en dolores de cabeza, abdominales y de espalda y causa nervios, tensión y tristeza. Un 70% de las chicas españolas de 15 años aseguran sentirse presionadas por el trabajo que los profesores mandan hacer en casa.
Vivimos en una sociedad compleja en la que cuando hay un problema de salud multitud de causas pueden estar detrás.
Sobre Pundik y conmigo y mi compañero abogado en el Bufete Almodóvar & Jara podéis ver esta entrevista en la que también tratamos sobre el TDAH:
Fuente del articulo: http://www.migueljara.com/2016/05/26/pueden-el-sistema-educativo-y-los-deberes-ser-una-fuente-de-falta-de-atencion-e-hiperactividad/
Fuente de la imagen: http://www.migueljara.com/wp-content/uploads/2013/08/TDAH1-229×300.png
El sistema educativo en México y América Latina en general está fallando y reconocerlo es el primer paso para comenzar a cambiarlo.
La educación es el medio más eficaz de un país para salir adelante. No es mentira que entre más educado sea un pueblo, más difícil será controlarlo o engañarlo, como tampoco lo es el hecho de que una sociedad sin educación está condenada al estancamiento económico y humano.
Actualmente es muy común aceptar la idea de que la educación debe ser proporcionada por el Estado. En México, por ejemplo, el artículo tercero de la Constitución Mexicana nos habla de que la educación tiene que ser “laica, gratuita, obligatoria y de calidad” y hemos crecido repitiendo dicho principio y dándolo por hecho sin siquiera poder atrevernos a cuestionarlo.
Aunque de modo moral y legislativo, garantizar la educación universal pareciera ser un proyecto válido y de elemental justicia, en la práctica terminan por imponerse argumentos de mayor peso en el mundo real como lo son la simple lógica económica o la baja efectividad generalizada por parte de las instituciones gubernamentales.
Lo “gratuito” no existe. Cuando un Gobierno nos ofrece alguna solución o apoyo, no se está financiando por arte de magia ni por las generosas aportaciones de losfuncionarios públicos; es sólo a través de nuestros impuestos que dichas iniciativas pueden llevarse a cabo y la educación no es la excepción a esta aseveración.
Por más que quisiéramos que la educación fuese gratuita, la realidad es que no lo es. Para poder brindar educación es necesario pagar salarios de profesores, construir y mantener infraestructura y contratar prestadores de servicios administrativos entre muchos gastos y costos más.
Tenemos pues que la educación pública parte del principio de quitarle a alguien una parte de su riqueza a través de impuestos para entregársela después a un tercero en forma de educación. Si bien se puede argumentar que tal vez la importancia del tema en cuestión podría justificar dicho intercambio involuntario, lo que no se puede negar es que el sistema no está funcionando como debería: en un estudio realizado por la OCDE, en el año 2015, México ocupó el lugar 36 de 36 países evaluados en materia educativa y al resto de países latinoamericanos no les fue mucho mejor.
Todo pareciera indicar que el tema tiene que ver con asuntos presupuestarios y es verdad en parte, pero no por falta de recursos como se podría suponer. El presupuesto que México invierte per cápita en educación, es similar al que invierte un país puntero en el rubro como lo es Corea del Sur. La diferencia radica en la efectividad del presupuesto: mientras que en México el presupuesto se gasta mayoritariamente en salarios, lujos y burocracia ejercida por líderes sindicales, maestros y administrativos, en el país asiático se invierte en infraestructura, tecnología y en el desarrollo de modelos educativos eficientes.
Otro factor relevante es el hecho de que el tiempo formativo típico para los alumnos en México es de 562 horas al año, mientras que en otros países comoCorea del Sur es 1.195, en Finlandia 1.172, en Estados Unidos 710 y en Francia 875.
El monopolio de los programas de estudio por parte del Estado es otro factor a considerar. Sin importar si la institución educativa es privada o pública, las mismas no pueden brindar servicios de educación oficialmente si sus programas de estudio no han sido previamente aprobados por la Secretaría de Educación Pública. Esto genera el sometimiento de las instituciones educativas a las ocurrencias y decisiones de algunos pocos funcionarios públicos y un constante cambio de rumbo de acuerdo al periodo político en el que el país se encuentre.
El adoctrinamiento institucional es otro tema preocupante. Algunos ejemplos claros son la excesiva carga de oficialismo que manejan los libros de historia en los niveles de primaria y secundaria o el adoctrinamiento estatista en las universidades públicas por parte de carismáticos y queridos profesores “revolucionarios” que promueven la importancia de luchar contra un sistema del que ellos mismos forman parte.
La educación pública es financiada por todos, sin importar si el contribuyente hace uso de ella o no. Por eso nadie debe ser indiferente ante el mal uso que se dan a los recursos en dichas instituciones cuando sin ninguna clase de remordimiento, deciden irse a huelga en respuesta a la más mínima provocación.
Las instituciones privadas no se van a huelga, porque entienden que sería comprometer su prestigio como organización y el de sus alumnos egresados, y sobre todo porque saben que se vería reflejado en una pérdida significativa de alumnos matriculados y eventualmente en pérdidas económicas. Mientras tanto, en las instituciones públicas se crea una falla de mercado artificial, porque políticos y burócratas saben que se pueden ir a paro por un tiempo indefinido sin dejar de recibir presupuesto ni salarios y que los alumnos no abandonarán la institución porque no tienen otra opción realmente viable.
Lo más grave, desde un punto de vista cultural, es el tipo de formación y el ejemplo que están recibiendo miles y miles de alumnos, quienes crecen defendiendo este tipo de sistemas y personajes, y cuando salen al mercado laboral están acostumbrados a lograr objetivos a través de la fuerza o negociaciones políticas y no a través de capacidades y méritos propios.
Estamos formando luchadores sociales en un país que necesita de forma desesperada un sinfín de científicos, ingenieros y sobre todo emprendedores que se atrevan a materializar sus metas a través de una vida productiva.
Es importante no cerrar los ojos ante lo evidente: el sistema educativo en México yAmérica Latina en general está fallando y reconocerlo es el primer paso para comenzar a cambiarlo.
Necesitamos encontrar mecanismos para dar incentivos a los alumnos para escoger y dar su mejor esfuerzo por formarse en carreras productivas y crear métodos de sanción para aquellos profesores e instituciones que no cumplan con su misión principal, que es dar herramientas a sus alumnos para competir y valerse por sí mismos. Liberalizar el mercado educativo proveería de ambos.
En esta nueva etapa, de circunstancias históricas difíciles cuando la derecha usa sus mejores disfraces para alcanzar los intereses más rastreros, volvemos desde la acción popular a interpretar las causas que tienen años moviéndonos sin descanso: la explotación de carbón en la cuenca hidrográfica del Guasare, ubicada al norte del estado Zulia, y las alternativas energéticas más favorables para la nación asumiendo con seriedad el proyecto político ecosocialista.
Hoy saludamos y vemos a bien que el diálogo se plantee con un compañero de larga trayectoria en la lucha revolucionaria y que desde la madurez política acumulada sabe lo indispensable y urgente que es la crítica revolucionaria en circunstancias históricas de crisis donde el timón debe enfilarse hacia la profundización del proyecto político socialista.
En una breve descripción del proceso, es necesario traer al tapete que luego de la dolorosa desaparición física del presidente Chávez, surgieron dos escenarios donde el carbón apareció de nuevo: el primero se materializó a través del decreto 1.606 con el que se pretendía elevar el área de explotación de carbón en la cuenca del Guasare de 7500 a 24.192 hectáreas, para soportar un proyecto carboeléctrico cuya viabilidad fue desmontada por las organizaciones sociales y ecologistas, la comunidad científica del Zulia y las comunidades amenazadas por la explotación, en un informe presentado públicamente en distintas asambleas populares, así como, ante las instituciones del Estado, demostrando que el impacto a las fuentes hídricas que alimentan seis municipios de la región y la intervención al ecosistema sería inminente e irreversible. Otro esfuerzo del pueblo organizado, se hizo en noviembre del año 2015, cuando le entregamos, al entonces Vicepresidente Jorge Arreaza, una propuesta que contiene a detalle la hoja de ruta para avanzar hacia la construcción de Territorios Energéticamente Sustentables (TES) con fuentes renovables, como alternativa al modelo de generación centralizada hoy vigente en nuestro país.
El segundo escenario es el contexto en el que nos encontramos actualmente: el 18 de enero de 2016, en el palacio de gobierno del estado Zulia, el Ministro Eulogio del Pino reunido con el gobernador y el sector empresarial lanzó lo que, según dijo, será el plan minero-carbonífero para la región zuliana, todo esto enmarcado en el motor minero de la Agenda Económica Bolivariana. En esa ocasión el ministro anunció varios aspectos que han sido cuidadosamente estudiados y debatidos por las organizaciones sociales y ecologistas, la comunidad científica y las comunidades Wayuu de la Sierra de Perijá, en el estado Zulia.
Luego de las movilizaciones realizadas, las investigaciones y los documentos publicados, la reiterada posición ante el tema del carbón de parte del presidente Chávez, junto a dirigentes nacionales como la compañera Jaqueline Farías, a quien le fue asignado en su momento la tarea de generar un informe sobre la situación del carbón en el Zulia, preocupa sobremanera que el Ministro Del Pino viniera a la región y sin la participación de organizaciones sociales, ni considerar los argumentos presentados durante años ante un aspecto tan movido de la política regional, anunciara una serie de políticas que están en franca contradicción con lo expresado en varias oportunidades por el máximo líder de la revolución bolivariana.
Necesario es debatir, ninguno de los actores antes mencionados luego de tantos años de investigación y movilización puede callar y paralizarse ante la menuda información ofrecida sobre tales proyectos, sería una contradicción imperdonable. Sin ánimos de descalificar, el Ministro Del Pino pareciera haber sido engañado o no tener conocimiento en detalle sobre las consecuencias reales que traería el desarrollo de un proyecto de esa naturaleza en un ecosistema tan frágil. Con la minería no podemos hacer tabla rasa. No se puede tener en cuenta nada más que el recurso del subsuelo que se “necesita” sin mirar a detalle el contexto geográfico, ambiental, hídrico, social, económico, cultural y las contradicciones profundas que podrían existir con el proyecto político revolucionario, podemos perder mucho más de lo que ganaríamos.
El carbón ha sido, es y será el proyecto minero piloto de la burguesía zuliana desde los tiempos de Fernando Chumaceiro, junto a los lobistas de las transnacionales que hoy orbitan en torno al gobierno regional. Si algo hay que recordar en la evolución de este tema es el enorme esfuerzo que estos personajes hicieron para intentar convencer al presidente Chávez y, a pesar de todo no lo lograron, por lo menos según lo declarado públicamente al respecto por el alto gobierno en distintos momentos desde el año 2006 hasta la actualidad.
En vista entonces de la gravedad que implica para toda una región y para todo nuestro país asumir la minería otorgándole preponderancia a un área sobre otras de mayor importancia, enumeramos algunos aspectos a considerar y le solicitamos, con toda la seriedad que amerita el caso, una reunión con Usted y el grupo de expertos que promueven este proyecto para debatir francamente la problemática de la extracción de carbón en la región zuliana asumiendo lo económico, político, ambiental, social y cultural; es decir, todo lo que implica su ejecución, para volver a evaluar con espíritu revolucionario los beneficios (si los tuviese) y los daños que la actividad minera ocasionaría a la Bioregión de esta cuenca occidental, al país y al pueblo venezolano:
Aspectos que preocupan sobre la situación actual de la minería de carbón en el Zulia:
El primer argumento presentado por el Ministro Del Pino está enmarcado en la necesidad de diversificar las fuentes de ingresos dada la crisis económica que atraviesa el país, producto de la guerra económica orquestada por la derecha nacional e internacional, y la baja cerca del 70% de los ingresos nacionales por concepto de comercialización del petróleo, debido al precio actual en el mercado internacional.
Analicemos si acudir a la minería de carbón solo es parte de una estrategia para la diversificación de las fuentes de ingresos, pues necesario es precisar que ante tal medida, el modelo de desarrollo energético que padece el planeta actualmente permanecería intacto, y las consecuencias de una economía de puerto extractivista se agudizaría: el principio de diversificación solo es considerado en materia “económica”, más específicamente en lo relativo a un área de la economía; es decir, se diversifica la fuente de ingreso producto de la comercialización de un recurso no-renovable, sin evaluar, en un similar nivel de importancia lo ambiental, político, social y cultural que implica tal explotación dentro del ecosistema en cuestión, lo que desde el poder popular, repetimos, hemos estudiado con lupa y vivido en detalle. Incluso considerando lo que el capitalismo internacional más salvaje, enmascarado en la llamada “minería responsable” ha llamado “costos ambientales” esa relación económica de ganancia de la que habla el Ministro Del Pino se vería dramáticamente cuestionada, lo que parecería no haberse tomado en cuenta ni siquiera desde esa óptica, para seguir considerando que es un “negocio para Venezuela” la extracción de carbón. La pregunta que cabe sería: ¿vamos nosotros desde un modelo ecosocialista a diseñar la política con las mismas categorías de análisis e indicadores de cálculos que las utilizadas por el capitalismo minero internacional, principal responsable de los indicadores climáticos post-industriales declarados en el último informe del IPCC de la ONU?
El Ministro Del Pino anunció la intención de llamar al empresariado internacional y nacional para que participe en las distintas fases de la industria del carbón, además de comprometer el proceso de nacionalización desarrollado por el presidente Chávez, que implicaba directamente mayor control sobre el recurso. La puesta en marcha de esa política minera carece de factibilidad económica para un proyecto nacional, incluso entendida ésta de la manera más aislada y capitalista. En el anuncio se dijo que se necesitaba una inversión cerca de ochocientos millones de dólares (800 MM$) solo para la activación de las minas existentes debido al deterioro en el que se encuentran ambos proyectos. Sin embargo, también se dijo que la meta era elevar progresivamente la producción hasta alcanzar el límite histórico de ocho millones de toneladas métricas al año (8 MM TN/año) y luego superar ese límite.
Pensamos, que en contraparte, la Agenda Económica Bolivariana cuenta con motores que apuntan hacia la consolidación de una productividad agrícola, asumida desde la economía ecológica, que incluye el factor ambiental, con planes mucho más acordes tanto con las necesidades actuales del pueblo y el país como con la política que hemos defendido en los últimos años. Consideramos que existen acciones del gobierno que buscan generar ingresos, pero también atender las problemáticas sociales que tienen que ver con el consumo y la dependencia de alimentos que actualmente no estamos produciendo.
Compañero vicepresidente, según los datos oficiales para el año 2006 (informe de la comisión presidencial sobre la situación de la explotación de carbón en el estado Zulia) ambas minas: Mina Norte y Paso Diablo, alcanzaron el volumen máximo de producción histórico antes mencionado y por concepto de comercialización en el mercado internacional solo generó el 0.34% al Producto Interno Bruto. Llevando a cabo un plan meramente economicista, como el padre de familia que lleva dinero a casa sin ver las consecuencias que traen las prácticas aplicadas para conseguirlo, Venezuela además, según lo declarado por el Ministro, le pagaría con el recurso a las empresas que inviertan lo necesario para activar las minas. Ello nos llevaría en lo inmediato a la disminución del ingreso en divisas. Es necesario evaluar además que las minas en cuestión cuentan con aproximadamente 7 años de recurso extrayendo ese volumen anual, luego para llegar a 10 MM TN/año, se haría necesario abrir nuevas minas, específicamente la llamada mina Socuy, proyecto previsto para sostener por 21 años más la extracción, hecho que de darse, irremediablemente contaminaría el recurso hídrico y acabaría con un ecosistema fundamental para alimentar los municipios Maracaibo, San Francisco, Miranda, Mara, Guajira y “Jesús Enrique Losada”. Cabe aquí hacerse otra pregunta: ¿para quién es el negocio del carbón, incluso viéndolo desde la óptica capitalista más bárbara, para Venezuela que sería el país productor de la materia prima, para el socio privado en la extracción y comercialización o para el consumidor de carbón?
Hay que analizar juntos entonces esta realidad Vicepresidente, en el marco de una democracia popular, participativa y protagónica en la que militamos y a la que fuimos convocados y convocadas, asumiendo el análisis desde un hacer-pensar-decir ecosocialista.
Territorios Energéticamente sustentables (TES)
Luego de la reunión con el Vicepresidente Ejecutivo Jorge Arreaza el día 30 de julio de 2015 llegamos a tres acuerdos claves: 1) la enmienda oficial del decreto 1.606 para eliminar la ampliación a 24.192 hectáreas en la cuenca Guasare para explotar carbón, 2) detener totalmente el proyecto sobre una planta termoeléctrica a base de carbón en el estado Zulia para generar 1000 MW y 3) la presentación de una propuesta por parte de las organizaciones sociales y ecologistas para el sector eléctrico coherente con el proyecto político que permita estabilizar el Sistema Interconectado Nacional, logrando la sustentabilidad energética del Zulia y posteriormente, del occidente del país sin necesidad de acudir al carbón como fuente energética. Como un ejemplo significativo de seriedad política valga resaltar que todas las partes cumplieron su palabra: el decreto fue enmendado, los actores gubernamentales que defendían el proyecto carboeléctrico callaron por lo menos en el escenario público; sin embargo, queda latente la amenaza de ese proyecto dado que ningún representante del gobierno lo rechazó públicamente. Y la propuesta solicitada fue entregada.
El movimiento social, asumiendo su responsabilidad, el 4 de noviembre de 2015 hicimos entrega formal del documento a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. Posterior a la entrega, se nos solicitó un tiempo de evaluación del documento por parte de la institución. Sin embargo, el escenario político del país sufrió cambios dentro del Ejecutivo Nacional, resultando ahora Usted en la conducción de la Vicepresidencia Ejecutiva de le República y, en consecuencia, como el responsable de atender los planteamientos que presentamos. En tal sentido le solicitamos:
La revisión y debida evaluación de la propuesta entregada al despacho que hoy dirige con el propósito de retomar las acciones necesarias para avanzar en la hoja de ruta planteada, ya que:
Es una propuesta que atiende a corto, mediano y largo plazo la crisis eléctrica nacional desde el occidente del país.
La materialización de la propuesta elevaría estratégicamente la seguridad nacional territorial, debido al bajo nivel de vulnerabilidad en situaciones de conflictos que implica la articulación de territorios energéticamente sustentables en un sistema de generación eléctrico distribuido y descentralizado.
Surge del diálogo permanente de las organizaciones sociales, personas con alta capacidad científica-técnica, comunidades afectadas, comunas y consejos comunales urbanos de la ciudad de Maracaibo.
Se trata de una propuesta estratégicamente elaborada para trascender el modelo centralizado de generación eléctrica heredado del sistema capitalista.
Implica el ahorro a mediano plazo de aprox. 6 millones de litros de combustibles líquidos que al comercializarse en el mercado internacional significaría un ingreso a la nación cercano a 5 millones de dólares diarios.
Por último, y quizás el objetivo de mayor alcance, contribuye directamente a la construcción de una subjetividad ecosocialista centrada en el consumo energético consciente y el fortalecimiento de los procesos productivos territoriales a partir de energías renovables y limpias.
Para finalizar, los planteamientos de este documento apuntan hacia la construcción de la patria socialista, asumiendo el ecosocialismo como un camino incuestionable para alcanzar los objetivos históricos revolucionarios. Logramos colectivamente la elaboración de una síntesis de gran valor dialéctico que titulamos: Territorios Energéticamente Sustentables, una propuesta para superar el modelo de generación eléctrica centralizado; donde participaron organizaciones sociales y ecologistas, reconocidos investigadores de la comunidad científica zuliana y nacional, las comunidades indígenas y fronterizas wayuu de la zona norte de la Sierra de Perijá, servidores públicos del MPPEE, CORPOELEC y FUNDAELEC, comprometidos política y profesionalmente con las responsabilidades de Estado que desempeñan, así como trabajadores de la UBT del sector eléctrico e integrantes de la comunidad universitaria de las distintas casas de estudio superior presentes en el estado Zulia.
Con el firme propósito de que estas líneas no mueran en alguna gaveta, esperamos que Usted, vicepresidente, atienda lo que aquí le planteamos y nos convoque al diálogo, con fecha y hora de encuentro, y nos dé respuesta, como lo hicieron Jorge Arreaza y el Presidente Chávez en su momento. No deje que se acumulen más los malestares y hagamos viable el gobierno popular desde la efectiva organización del pueblo, pues básicamente desde allí es que se podrá profundizar el proyecto político que apoyamos.
Frente de Resistencia Ecológica del Zulia
Comunidades Wayuu de la Sierra de Perijá amenazadas por la minería de carbón
Servidores públicos del sector eléctrico del estado Zulia
Nota: en el documento entregado a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela se pueden conseguir todas las vías de contacto: nombres y apellidos de los voceros responsables con los debidos correos y números telefónicos. Además, contamos con un listado de todos los que apoyamos esta propuesta.
Tomado de: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=212704
Fuente de la imagen: http://static.laverdad.com/images/2015/mayo/31/76077b.jpg
El cambio climático se está convirtiendo rápidamente en uno de los riesgos más significativos para los sitios del Patrimonio Mundial, según el informe “Patrimonio mundial y turismo en un clima cambiante” publicado hoy por la UNESCO, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y la Unión de Científicos Comprometidos (USC).
“Tenemos que entender, vigilar y abordar mejor en todo el mundo la amenaza del cambio climático sobre los sitios del Patrimonio Mundial”, dijo Mechtild Rössler, directora del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
“Tal y como como destacan las conclusiones del informe, alcanzar el objetivo que marca el Acuerdo de París de limitar el aumento global de la temperatura a un nivel inferior a los grados centígrados es de vital importancia para la protección del nuestro patrimonio mundial para las generaciones actuales y futuras”. El nuevo informe examina 31 sitios culturales y naturales inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial en 29 países que son vulnerables a fenómenos como el aumento de las temperaturas, el derretimiento de los glaciares, la subida del nivel del mar, los fenómenos climáticos extremos, las sequías o el mayor riesgo de incendios.
En él se documenta el impacto climático en sitios turísticos emblemáticos tales como Venecia, Stonehenge o las Islas Galápagos y otros sitios del Patrimonio Mundial como la Región floral del Cabo, en Sudáfrica; la ciudad portuaria de Cartagena de Indias, en Colombia; y el Parque Nacional de Shiretoko, en Japón.
“El cambio climático está afectando a sitios del Patrimonio Mundial en todo el mundo”, dijo Adam Markham, autor principal del informe y subdirector del Programa de Clima y Energía de la UCS. “Algunas estatuas de la Isla de Pascua están en riesgo de perderse en el mar debido a la erosión costera. En muchos de los arrecifes de coral más importantes del mundo, incluyendo los de las islas de Nueva Caledonia en el Pacífico Occidental, se observa este año una decoloración de los corales sin precedentes relacionada con el cambio climático. El cambio climático podría llegar incluso a causar que algunos sitios del Patrimonio Mundial pierdan su condición”.Dado que los sitios del Patrimonio Mundial deben tener un “valor universal excepcional”, el informe recomienda que el Comité del Patrimonio Mundial tome en cuenta el riesgo de posibles sitios que se degraden por el cambio climático antes de añadirlos a la Lista.
Noruega/26 mayo 2016/Autor: Amnistía Internacional
“Si un cliente se porta mal contigo, al final tienes que solucionarlo tú misma. Sólo llamas a la policía en caso de peligro de muerte. Si llamas a la policía, lo pierdes todo.»
–Trabajadora sexual de Noruega
Amnistía Internacional publica hoy su política sobre la protección de las trabajadoras y los trabajadores sexuales frente a los abusos y las violaciones de derechos humanos, junto con cuatro informes de investigación sobre este asunto en Papúa Nueva Guinea, Hong Kong, Noruega y Argentina.
“Las personas dedicadas al trabajo sexual están especialmente expuestas a sufrir toda una serie de abusos contra los derechos humanos, como violación, violencia, extorsión y discriminación. Con demasiada frecuencia la protección de la ley y los medios de resarcimiento con que cuentan son escasos o inexistentes», ha explicado Tawanda Mutasah, director general del Programa de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional.
“Nuestra política indica que los gobiernos deben tomar aún más medidas para proteger de los abusos y violaciones de derechos humanos a quienes se dedican al trabajo sexual. Nuestra investigación pone de relieve los testimonios de estas personas y los problemas a que se enfrentan a diario.»
La política
La política de Amnistía Internacional es la culminación de extensas consultas de ámbito mundial, un minucioso examen de datos sustanciales y normas internacionales de derechos humanos e investigación directa, llevados a cabo a lo largo de más de dos años.
Su aprobación formal y su publicación son el resultado de una decisión democrática, tomada por el movimiento global de Amnistía Internacional en agosto de 2015 (disponible aquí) y de la que se informó ampliamente entonces.
En la política se formulan varios llamamientos a los gobiernos para que, entre otras cosas, garanticen la protección contra el daño, la explotación y la coerción; la participación de las trabajadoras y los trabajadores sexuales en la elaboración de las leyes que afectan a su vida y a su seguridad, el fin de la discriminación, así como el acceso a la educación y a oportunidades de empleo para todas las personas.
Se recomienda la despenalización del trabajo sexual consentido, incluida la anulación de las disposiciones legales que prohíben las actividades conexas, como la prohibición de la compra y el ofrecimiento de servicios sexuales y de la organización general de trabajo sexual Esta recomendación está basada en la evidencia de que tales disposiciones hacen a menudo que las personas dedicadas al trabajo sexual estén menos seguras y que se abuse de ellas con impunidad, pues es frecuente que tengan demasiado miedo a que las sancionen para presentar una denuncia ante la policía. Las leyes sobre el trabajo sexual deben estar centradas en la protección contra la explotación y los abusos, no en intentar prohibirlo por completo y sancionar a quienes se dedican a él.
La política de Amnistía Internacional refuerza su postura de que el trabajo forzoso, la explotación sexual infantil y la trata de seres humanos son abusos atroces contra los derechos humanos, que hacen necesaria una acción concertada y que, con arreglo al derecho internacional, han de estar penalizados en todos los países.
“Queremos que se modifiquen las leyes para centrarlas en conseguir que la vida de las personas que se dedican al trabajo sexual sea más segura y que mejore su relación con la policía, a la vez que se aborda el problema absolutamente real de la explotación. Queremos que los gobiernos se aseguren de que ninguna persona es coaccionada para vender servicios sexuales o no puede dejar el trabajo sexual si decide hacerlo», ha añadido Tawanda Mutasah.
Queremos que se modifiquen las leyes para centrarlas en conseguir que la vida de las personas que se dedican al trabajo sexual sea más segura y que mejore su relación con la policía, a la vez que se aborda el problema absolutamente real de la explotación. Queremos que los gobiernos se aseguren de que ninguna persona es coaccionada para vender servicios sexuales o no puede dejar el trabajo sexual si decide hacerlo.
La investigación
Un extenso trabajo de investigación, incluidos cuatro informes específicos desde el punto de vista geográfico que se han publicado hoy junto con la política de Amnistía Internacional, muestra que las trabajadoras y los trabajadores sexuales sufren a menudo terribles abusos contra los derechos humanos. Es así debido en parte a la criminalización, que agrava su situación de peligro y marginación y les impide buscar protección contra la violencia y solicitar servicios jurídicos y sociales.
“Algunas trabajadoras sexuales nos contaron que la criminalización permite a la policía acosarlas y no dar prioridad a sus denuncias y a su seguridad», ha explicado Tawanda Mutasah.
En vez de centrarse en proteger a las trabajadoras y los trabajadores sexuales de la violencia y el crimen, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de muchos países se centran en prohibir el trabajo sexual por medio de la vigilancia, el acoso y las redadas.
La investigación de Amnistía Internacional revela que las personas que realizan trabajo sexual suelen tener muy poca o ninguna protección frente a los abusos y carecer de resarcimiento por medios judiciales incluso en los países donde la venta de servicios sexuales es legal.
Papúa Nueva Guinea
En Papúa Nueva Guinea es ilegal vivir del trabajo sexual y organizar actividades de comercio sexual. La homosexualidad también está penalizada y es la principal causa de procesamiento de trabajadores sexuales.
La investigación de Amnistía Internacional ha determinado que esta legislación penal permite a la policía amenazar, extorsionar y detener arbitrariamente a las personas dedicadas al trabajo sexual.
Las trabajadoras y los trabajadores sexuales de Papúa Nueva Guinea sufren en grado extremo estigmatización, discriminación y violencia, incluidos la violación y el asesinato. Según una encuesta de investigación académica de 2010, en un periodo de seis meses el 50% de las personas dedicadas al trabajo sexual en la capital del país, Port Moresby, habían sido violadas por clientes o por la policía.
Amnistía Internacional escuchó testimonios terribles de personas que habían sido sometidas a violación y abusos sexuales por agentes de policía, clientes y otros agresores, pero tenían demasiado miedo para denunciarlo porque incluso ellas mismas se consideraban «ilegales».
Mona, trabajadora sexual sin hogar, contó a Amnistía Internacional: “La policía comenzó a golpear a mi amigo [un cliente] y a mí […] Seis agentes tuvieron sexo conmigo uno tras otro. Estaban armados, así que tuve que hacerlo. No tengo ningún apoyo para denunciarlos ante los tribunales. Fue muy doloroso, pero lo he dejado estar. Si recurro a la ley, no podrán ayudarme, porque el trabajo sexual es ilegal en Papúa Nueva Guinea.»
La policía de Papúa Nueva Guinea ha utilizado preservativos como prueba contra personas dedicadas al trabajo sexual, a quienes a menudo se estigmatiza y se acusa de ser «propagadoras» de enfermedades. Esta práctica hace que muchas se abstengan de buscar información y servicios de salud sexual y reproductiva, incluso para el VIH/sida.
Mary, trabajadora sexual, explicó: “Cuando nos agarra o nos retiene la policía, si nos encuentran condones nos golpean y dicen que promovemos el sexo o que somos las que propagamos enfermedades de esas como el VIH. La policía pide dinero; nos amenaza o nos dice que le demos tanto. Nosotras se lo damos, porque tenemos miedo de que nos golpeen si no.”
Hong Kong
En Hong Kong, vender servicios sexuales no es ilegal si se trata de una persona que lo hace en un domicilio particular. Sin embargo, trabajar en lugares aislados deja a las trabajadoras y los trabajadores sexuales en situación vulnerable, expuestos a sufrir robos, agresiones físicas y violaciones.
En su calidad de trabajadora sexual, Queen contó a Amnistía Internacional: “No he denunciado nunca ningún delito, como violación, porque temo que me acusen de ofrecer servicios sexuales.”
No he denunciado nunca ningún delito, como violación, porque temo que me acusen de ofrecer servicios sexuales.
Las personas dedicadas al trabajo sexual en Hong Kong no sólo reciben poca protección de la policía, sino que a veces son sometidas deliberadamente a acoso por ella.
La investigación de Amnistía Internacional revela que los agentes de policía ejercen a menudo sus atribuciones de manera indebida para atrapar y sancionar a estas personas tendiéndoles trampas, extorsionándolas y coaccionándolas. Se permite que agentes de policía de incógnito reciban en el curso de su trabajo determinados servicios sexuales de personas dedicadas al trabajo sexual para conseguir pruebas. Amnistía Internacional ha registrado también casos de policías o individuos que afirmaban serlo que dijeron a trabajadoras o trabajadores sexuales que podían librarse de sanciones legales si les daban dinero o sexo «gratis».
Las personas trans dedicadas al trabajo sexual suelen ser objeto de prácticas policiales especialmente abusivas, como humillantes e invasivos cacheos integrales, practicados por agentes varones a mujeres trans.
“Hay mucho manoseo y mucha mofa”, explicó un abogado que defiende a personas trans dedicadas al trabajo sexual en Hong Kong.
Tras su detención, las trabajadoras sexuales trans pueden ser enviadas a centros de detención para hombres y a unidades especiales para personas con enfermedades mentales.
Noruega
En Noruega, comprar servicios sexuales es ilegal, pero el acto directo de venderlos, no. Otras actividades relacionadas con el sexo están penalizadas, entre ellas la «promoción de la prostitución» y alquilar establecimientos para vender servicios sexuales.
A pesar del alto índice de violaciones y violencia de clientes y bandas organizadas, el grado de resistencia de las personas dedicadas al trabajo sexual a denunciar la violencia ante la policía es muy alto.
“Fui a casa de un hombre. Me dio dos puñetazos en la cara. No lo denuncié a la policía. No quiero que figure en mi historial”, dijo a Amnistía Internacional una persona dedicada al trabajo sexual.
Fui a casa de un hombre. Me dio dos puñetazos en la cara. No lo denuncié a la policía. No quiero que figure en mi historial.
Amnistía Internacional escuchó el testimonio de varias personas dedicadas al trabajo sexual en Noruega que habían denunciado violencia a la policía y habían sido desalojadas de sus hogares o expulsadas por haber hablado con la policía.
En virtud de la legislación noruega, las trabajadoras y los trabajadores sexuales corren riesgo de desalojo forzoso, pues sus caseros pueden ser procesados por alquilarles la casa si venden servicios sexuales en ella.
Una persona que representaba a una organización noruega de defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales explicó: «Si los caseros no proceden al desalojo, la policía interpone una querella criminal contra ellos […] La policía anima a los caseros a tomarse la justicia por su mano y aplicarla ellos mismos.”
Las personas dedicadas al trabajo sexual no pueden tampoco agruparse para trabajar por motivos de seguridad ni contratar servicios de terceros en funciones de seguridad, pues probablemente se calificaría de «promoción de la prostitución» según la ley.
Buenos Aires, Argentina
En teoría, la venta o compra de servicios sexuales no es ilegal en Buenos Aires, pero en la práctica a las personas dedicadas al trabajo sexual se las criminaliza por medio de diversas leyes que sancionan actividades conexas y que no distinguen entre trabajo sexual con consentimiento y trata de seres humanos.
En la investigación de Amnistía Internacional se determinó que entre las personas dedicadas al trabajo sexual en Buenos Aires el grado de resistencia a denunciar violencia a la policía era muy alto.
“[El cliente] me pagó y estaba a punto de bajarme del auto cuando me agarró del cuello y me cortó con un cuchillo. Le di todo el dinero que tenía y mi teléfono celular, y me dejó ir,” dijo a Amnistía Internacional Laura, trabajadora sexual que se desempeña en la calle.
Explicó que no había denunciado la violencia ni el robo a la policía porque le parecía que iba a ser una pérdida de tiempo: “No me van a escuchar, porque soy trabajadora de la calle.”
La policía suele abordar arbitrariamente en la calle a las personas que se dedican al trabajo sexual, que en ocasiones tienen que pagar reiteradas multas y son sometidas a libertad vigilada. Es ilegal que la policía o los fiscales de Buenos Aires tengan en cuenta la apariencia, la vestimenta o los modales de una persona al hacer cumplir una ley que penaliza la comunicación relacionada con el trabajo sexual en público. Sin embargo, la aplicación de estos criterios es un hecho, y en sus operaciones la policía se dirige específicamente contra las personas trans que se dedican al trabajo sexual.
En Buenos Aires, aunque desarrollen su actividad en domicilios particulares, las trabajadoras y los trabajadores sexuales suelen sufrir largas y violentas inspecciones y allanamientos de la policía, así como extorsiones y chantajes.
Las personas que se dedican al trabajo sexual en Buenos Aires informaron también de problemas para acceder a los servicios de salud, entre ellos una enorme estigmatización y discriminación.
Realmente no teníamos acceso a los servicios de atención a la salud, porque siempre que íbamos a un hospital los médicos se burlaban o nos atendían en último lugar.
«Realmente no teníamos acceso a los servicios de atención a la salud, porque siempre que íbamos a un hospital los médicos se burlaban o nos atendían en último lugar», dijo a Amnistía Internacional una persona trans que se había dedicado al trabajo sexual.
Amnistía Internacional comprobó que estos obstáculos habían hecho que algunas personas que realizaban trabajo sexual prescindieran por completo de estos servicios.
Nada justifica los abusos
“En demasiadas partes del mundo, las trabajadoras y los trabajadores sexuales carecen de protección de la ley y sufren espantosos abusos contra los derechos humanos. Esta situación no puede justificarse jamás. Los gobiernos deben tomar medidas para proteger los derechos humanos de todas las personas, incluidas las que se dedican al trabajo sexual. La despenalización es sólo una de las medidas necesarias que los gobiernos pueden tomar para garantizar la protección frente al daño, la explotación y la coerción», ha manifestado Tawanda Mutasah.
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