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En Chile, la educación si se vende y no se defiende: La fiscalía archivará el caso lucro en las universidades.

Ya nada nos sorprende

Chile, Santiago / Febrero,  2016 / Autor: Angela Barraza Risso

Todo comenzó un 20 de junio de 2012. La diputada independiente Alejandra Sepúlveda se juntó con el entonces fiscal nacional Sabas Chahuán para denunciar que algunas casas de estudio (7 en ese momento) se estaban pasando de listos en la obtención de utilidades; vale decir, había lucro (mucho lucro). De esto se habían dado cuenta en la comisión investigadora del financiamiento de los planteles de la educación superior en la cámara de diputados.

Chahuán sumó y restó y se dio cuenta de que -como dijo el gran Bombo Fica- era sospechosa la weá. Por esta razón llamó al fiscal Gajardo (El mismo que no quiso ser Rey Guachaca) para que se hiciera cargo del asunto y lo designó como persecutor. Sin embargo, a junio de este 2016 ya serían 4 años de investigación y eso es mucho para cualquier caso. Por esta razón, de no haber avances, el caso se va a archivar y todos los esfuerzos y recursos designados a la investigación van a ir a parar a la basura.

El informe que abrió la arista penal indicaba que diversos planteles privados tenían demasiadas ganancias gracias a la triangulación de dineros que hacían con empresas que eran de ellos mismos. “Las universidades por ley deben constituirse como corporaciones privadas  sin fines de lucro, sin embargo la mayoría de las universidades privadas  vulneran la ley retirando sus excedentes mediante sociedades espejos de inversión, sociedades coligadas o empresas inmobiliarias que prestan servicios educacionales o arriendan las propiedades a las universidades”, fue lo que señalaron los diputados en parte de lo que lograron concluir después de presentar el informe.

No es de sorprenderse que, luego de que comenzara la investigación fueran apareciendo otros “delincuentes morales” (porque la ley en estos lares da para mucho y eso, según ellos los deja libres de polvo y paja) y, de 7 universidades, pasaron rapidito a ser un total de 12. Sin embargo las cosas no avanzaban tan rápido como se esperaba.

Lamentablemente y, según informa La Tercera, de acuerdo a fuentes del Ministerio Público, ocurrirá que durante el primer semestre la Fiscalía va a definir los pasos a seguir en el caso, los cuales van del sobreseimiento al archivo provisional. Esto se debe, principalmente a que los investigadores se vieron imposibilitados de conseguir avances en sus pesquisas, ya que el lucro no está tipificado como delito en la legislación chilena. ¡Y cómo no iba a ser así! Si a nuestros parlamentarios les encanta legislar para que nada que tenga que ver con comportamientos económicos indebidos y de acaparamiento de riqueza para el sentido común de cualquier ser humano sea delito.

Cabe mencionar que algunos diputados hicieron el amago de presentar un proyecto de ley que tipificara el lucro como delito, en el mes de septiembre de 2013, pero tenemos que entender que esto no fue más que un “saludo a la bandera”, una suerte de píldora para que pensáramos en la buena fe de la política, sin embargo, no es de sorprenderse que el proyecto sigue en primer trámite constitucional, a pesar de que lo lógico era que el gobierno le diera urgencia al proyecto. Pero ya tenemos claro que las prioridades del poder ejecutivo está en cualquier parte menos en lo que debe.

Obviamente, todos los involucrados están en la postura de que la fiscalía no hace más que perder su tiempo que no tiene sentido continuar esta investigación ya que se está investigando un hecho que no está tipificado como delito. Por lo tanto, ya podemos colegir que nadie de los que ha tenido la conducta impropia de generar enormes riquezas a costa de tremendos daños a los sueños de los estudiantes y a los bolsillos de sus familias, va a recibir ni siquiera “un pape” en la frente.

Una vez más, el marcador termina en empresarios y sus secuaces políticos 1 – la gente 0

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GLOBALIZACIÓN EDUCATIVA Y PLAN DE DESARROLLO

Daniel Libreros Caicedo

Profesor Universidad Pedagógica Nacional

 

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  1. Ajuste fiscal y gestión educativa:

 

La Globalización fue el resultado de un proceso de concentración de la riqueza por parte de los grupos financieros transnacionales[1] que llevó al desplazamiento de la toma de decisiones públicas de los Estados nacionales hacia los organismos multilaterales (caso OMC, BM, FMI, acuerdos regionales de integración y demás) controlados de manera corporativa por estos grupos[2]. Esto significó la privatización a escala internacional de la política y el derecho, fenómeno que aparece en las declaraciones de los neoliberales como un triunfo del mercado sobre el Estado, como una exigencia al cambio del papel tradicional de los Estados nacionales para que abandonen la intervención económica, las áreas y bienes estatales, la responsabilidad sobre los derechos colectivos y se limite al control social bien sea por la vía de la represión directa o por la búsqueda de nuevos consensos ciudadanos.

 

La reducción de los presupuestos públicos es consecuencia de esta privatización[3] pero, en Latinoamérica esta reducción, adicionalmente, hace parte de las políticas de ajuste que desde mediados de la década de los ochenta ha diseñado el FMI como garantía del pago de los endeudamientos externos[4].

Esta reducción del gasto público se acompaña de una modificación en la ejecución de las políticas públicas y de las políticas sociales basada en criterios y métodos mercantiles; es lo que explica el surgimiento de la gerencia estatal dentro de la administración pública, la cual a su vez, toma los métodos de la gerencia privada (asociados al post-fordismo, a las modificaciones empresariales en la regulación del trabajo). La gerencia de servicios, o gerencia social, propone una revisión de los procedimientos organizativos-institucionales (“reingeniería institucional”) para optimizar tiempos y recursos. De esta manera se produce un desplazamiento intencional en las discusiones públicas a propósito de los servicios: el problema ya no es de escasez de recursos fiscales sino de ausencia de gestión. Ello permite dar otro paso hacia adelante proponiendo un pacto-participativo entre sociedad y Estado para garantizar la “gestión eficiente” de los recursos públicos. En este pacto todos aquellos que se encuentren interesados en la prestación de un servicio deben aceptarla planificación y ejecución del mismo conforme a criterios de eficiencia y eficacia; así, los hospitales y las escuelas deben funcionar como si fueran fábricas.

 

Las reformas educativas han sido determinadas por estas exigencias. Los organismos internacionales empezaron a exigir la gerencia educativa cuando constataron a mediados de los años setenta que la urbanización que había empezado en la región cuatro décadas atrás produjo un aumento de las necesidades formativas de la población al tiempo que se iniciaban las políticas de ajuste fiscal. Entonces, se generalizó el mensaje de aumentar coberturas con menores recursos.[5]

 

En el aparte introductorio del plan de desarrollo de Pastrana se incluyen todos estos elementos: después de reconocer el fracaso económico, incluso con estadísticas, en lo que va corrido de la década se hace la caracterización de que es necesario reducir de manera aún más drástica el gasto público, llevando a fondo la “reingeniería institucional”, “posteriormente los últimos años vieron cómo se trató de re-orientar la acción del Estado para, en vez de homogeneizar y profundizar esas reformas, tratar de enfatizar su contenido social dándoles un sentido más asistencialista. Este esfuerzo de reorientación se concentró sobre la acción del Estado, más que sobre su organización y procedimientos…”[6]

 

La negación del asistencialismo implica reducción de recursos; así el pacto debe basarse en distribución de responsabilidades a la comunidad antes que en asignación de presupuestos, “La participación no será ya alrededor del reparto de unos recursos del gobierno central, sino en torno a la distribución de responsabilidades y a la consolidación de recursos locales para solucionar los problemas de las comunidades…[7] Además, para estabilizar este tipo de participación se requiere recuperar la legitimidad institucional y nuevos consensos ciudadanos. El proceso de paz aparece entonces para los voceros gubernamentales como el escenario en el que se deben conseguir estas metas; la paz se convierte en una necesidad imperiosa para estabilizar las políticas de ajuste, para que la sociedad produzca “capital social”[8].

No es causal, entonces, que la primera estrategia propuesta en el aparte de política educativa del plan sea la de optimizar la gestión del servicio organizándolo a la manera de un sistema basado en sinergias. “El desarrollo de los sistemas está relacionado con el fortalecimiento institucional y de la gestión del sector educativo y su consolidación favorece el desempeño y los resultados de los programas motores…”[9]. La vertebra de este sistema deberá ser el “nuevo colegio”, la institución educativa que gestionará de manera autónoma el presupuesto, el personal docente y administrativo. Para conseguir este objetivo se requiere:

 

  • Acabar con la vinculación laboral-territorial de los docentes para que en el futuro sean contratados directamente por los colegios consultando las capacidades económicas de los mismos. El plan repite el argumento de la Comisión de Racionalización del Gatos Público – 1997 (“Comisión Rosas”) sobre las supuestas bondades de la autonomía total de las escuelas para que estas racionalicen sus gastos mediante la técnica de la “contabilidad de costos”. El actual intento del Ministerio de Educación por imponer los retiros indemnizados, la evaluación-retiro y los traslados inconsultos hacen parte de una estrategia de mediano plazo. No se trata tan solo de “racionalizar plantas” y de reducir a la mitad el situado fiscal (proyecto de ley 07 de 1998), lo cual ya sería bastante perjudicial para los docentes, se trata de programar el desmonte paulatino de las nóminas territoriales para confinar a los futuros docentes a la contratación-año en los colegios, de manera similar a lo que ocurre en el sector privado y liquidando de paso el derecho a la negociación colectiva.

 

  • Transformar los mecanismo de asignación del gasto educativo generalizando el “subsidio a la demanda”, o pago estatal por matricula-alumno. Esto permite “mercantilizar” la educación pública. El estudiante que recibe dicho subsidio demandará en el servicio completando las matrículas de los que no cuentan con este aporte[10], lo cual, a su vez, es la otra cara de la moneda del desmonte de la obligación estatal de cubrir los costos históricos indexados –año en los planteles oficiales. De esta manera, se invierten las responsabilidades; ahora, el colegio es el que debe lograr su autofinanciamiento, ajustándose a los costos “per cápita” que le determinen los organismos técnicos del Estado, costos definidos conforme a los indicadores cuánticos de gestión empresarial y, además, competir por atraer el número de alumnos necesarios para el efecto. La participación de la comunidad educativa quedará atrapada en esta lógica; la comunidad sumirá parte de los gastos en las “empresas educativas”, construcción de infraestructuras, cafeterías, transporte y demás (los Fondos de Servicios Docentes ya abrieron esta posibilidad). Los PEI se convertirán en un mecanismo de presión, mucho más fuerte de lo que es ahora, hacia las comunidades educativas para que se involucren en gestionar escuelas de escasos recursos.

 

  1. Ajuste fiscal y descentralización:

 

La descentralización ha sido una de las piezas claves en el engranaje de la reforma neoliberal del Estado. Acompaña la reestructuración espacial del capital, el cual puede realizar inversiones flexibles, obligando a la competencia inter-regional; persigue una nueva espacialidad que abre mayores posibilidades a la utilización “eficiente” de los recursos y a una participación obligada a obtener “capital social”. Facilita la legitimación de las instituciones y los consensos ciudadanos participativos bajo el supuesto ideológico simple de que descentralización equivale a democratización local, como si la democracia dependiera de procedimientos institucionales que conservan el carácter elitista en la toma de decisiones[11]. Porque la descentralización acompaña un proceso centralizador tecnocrático en la definición de políticas públicas[12] se trata en lo fundamental de una descentralización en la ejecución de los servicios, funcional a orientaciones técnicas estatales impuestas por la regulación privada transnacional.

 

La descentralización fiscal es otro de los componentes de los planes de ajuste, permite la reducción de los presupuestos del gobierno central al transferir responsabilidades a los entes territoriales, aumentando la tributación local: la descentralización administrativa se concibe, igualmente, bajo los parámetros de la gestión estratégica apoyada en sistema de planeación, información y evaluación territorial; la descentralización política procura una participación condicionada por la “mercantilización social”. Con diversas variables, dadas las tradiciones históricas desiguales en la relación centro-región, la estrategia de la descentralización vine implementándose de manera generalizada, durante las últimas décadas en Latinoamérica y las reformas educativas hacen parte de estas transformaciones políticas y económicas[13].

 

El plan de desarrollo de Pastrana propone un reordenamiento presupuestal en los territorios, para que éstos aporten mayores recursos, en la perspectiva de la reducción del déficit fiscal, “la descentralización separó las decisiones sobre el gasto de aquellas que atañen a los impuestos. Tanto más, en la medida en que los municipios aumentaron sus ingresos por participantes en los ingresos centrales sin haberse visto en la necesidad de aumentar sus impuestos locales, Los niveles subnacionales, en estos casos, tienden a sobregirarse, confiando en obtener más recursos del nivel central. El fortalecimiento de los intereses regionales lleva también por esta vía a que sus representantes en el nivel central estén siempre al acecho de cada vez más recursos comunes…”[14] Termina este aparte del plan planteando un reordenamiento de los entes territoriales por provincias y regiones (el cual ya había sido anunciado en la constitución de 1991), superando su carácter de simples unidades político-administrativas. Esta autonomía que, de paso, garantice autonomía en el gasto público. La fórmula incluye una transición, la redistribución de las actuales transferencias, quitándole, desde ya, a los departamentos con mayor capacidad económica el derecho a obtenerlas, lo cual los obligará a asociarse con regiones.

 

En el aparte educativo del plan, los autores recuerdan que el sistema educativo es descentralizado y que por consiguiente el mejoramientode la gestión educativa pasa por la conformación de sistemas locales del servicio. Añaden que se requiere una redefinición de competencias en el sector de manera análoga a la de la descentralización en general y en el punto de financiación se dice textualmente. “Se adoptará como principal estrategia la reforma del esquema actual de asignación de recursos (ley 60 de 1993) con base en los criterios de evaluación por resultado, la adopción de estándares técnicos, la introducción de incentivos a la eficiencia y la población atendida y por atender como mecanismo de regulación que será administrado por los departamentos, ejecutado por los municipios y monitoreado y evaluado por el nivel nacional mediante el sistema de información de la gestión educativa…”[15].

 

Esto significa la institucionalización del circuito financiero de las transferencias basado en el subsidio a la demanda y organizado a la manera sistémica-empresarial. Territorios y colegios coordinados como unidades-sinergia que asociadas con la comunidad producen “capital social”, confinados a estabilizar demandas para que funcione el “mercado educativo”. La privatización de la educación como política pública generalizada; privatización que diluye la frontera convencional entre áreas estatales y áreas privadas.

 

La educación atrapada en una nueva forma de acumulación de capital que extendió sus tentáculos al área de los bienes públicos y que convirtió los métodos de administración empresarial en normas de funcionamiento social. La racionalización de las plantas y la evaluación de los docentes se requieren para poner en funcionamiento el “sistema empresarial educativo”. La evaluación sintetiza el propósito gerencial, obtener resultados proyectados conforme a indicadores costo-beneficio. Esto determinaría la actividad del docente. Como la pragmática del mercadeo condena a un terreno secundario la historia, la discusión epistemológica, la recreación artística y los propósitos colectivos, el universo del maestro quedaría reducido al de aplicar procedimientos que lleven a los alumnos a conseguir logros definidos por la gestión educativa, realizando evaluaciones año bajo esos parámetros. Pragmática del mercadeo que intenta proyectarse al aula para reducir a la pedagogía a una técnica-instrumental y conductista que adecue a los estudiantes a la racionalidad de la eficiencia. A esta “concepción neoliberal del mundo” solo se le puede responder con un proyecto alternativo de educación pública que les muestre a las comunidades educativas una opción que recupere el humanismo, la solidaridad, el arte y una dimensión plena de la vida. La recuperación, propuesta por FECODE, del movimiento pedagógico puede encontrar en esta perspectiva grandes posibilidades de interlocución con las comunidades educativas.

 

[1]El grupo financiero es una organización capitalista a gran escala que incluye empresas, negocio de distribución comercial y negocio de crédito; el universo del capital, en la actualidad se vértebra en torno a grupos multinacionales. Según la revista Fortune 500 multinacionales han incrementado su participación proporcional en el PIB mundial del 17% a mediados de los años 60, al 24% en 1982, y a más del 30% en 1995. Fortune – Agosto 5 de 1996. La cita, a su vez, está tomada del artículo de Frédéric Clairmont intitulado. Ces deux cents sociétes qui controlent le monde, publicado en la edición mensual de “Le Monde Diplomatique”, Abril de 1997.

[2]El nuevo derecho asociado a la globalización se viene produciendo en esos organismos de regulación transnacional. A manera de ejemplo, el “Tratado de Libre Comercio entre USA, Canadá y México incluye cláusulas que garantizan una jurisdicción internacional de protección a la inversión de las multinacionales, obligando a que los Estados las indemnicen cuando haya “perjuicios” causados por huelgas, desórdenes sociales o cambios en las reglas de juego de los gobiernos. Otro ejemplo, en el plano interno, la presión del actual gobierno de Pastrana por acabar con el artículo constitucional que posibilita la expropiación sin indemnización, en casos excepcionales, es parte de sus compromisos para poder ingresar en los pactos regionales tipo ALCA.

[3] Esta reducción fiscal fue presentada, desde el momento en que se inicia el ataque del thatcherismo y el reaganismo en contra del anterior Estado de Bienestar, como una discusión técnica-económica. El argumentogiraba entre la necesidad de políticas de estabilidad macroeconómica anti-inflacionarias y un supuesto beneficio al ahorro privado que a su vez incentivaba la inversión.

[4]En la actual coyuntura el tema de la deuda ha recobrado particular importancia. La devaluación que se viene generalizado en el continente como producto de la devaluación brasileña, el 53% de la economía regional, viene produciendo un aumento a escala de las deudas externas públicas de tal magnitud que asfixia el gasto público. En el caso colombiano, esta (sumando la de corto y largo plazo) ya llega a $17,5 billones: una devaluación de 10 puntos incrementaría la deuda pública externa en $1,7 billones. Debe tenerse en cuenta que el propio gobierno ha anunciado recientemente una devaluación de 25%, para lo que queda del año en curso, proyección que a nuestro entender se queda corta dada la magnitud de la crisis económica internacional. De llegar a cumplirse el pronóstico presidencial el incremento de la deuda pública, por ese solo concepto, sería de $5,1 billones. Además, el FMI, tal y como lo hizo en la década del ochenta, presionará a los gobiernos para que asuman parte del endeudamiento privado ($18 billones entre deuda de corto y largo plazo) por diversos mecanismos (diferencial cambiario, operaciones de salvamento, compra de títulos-deuda, etc.). Luis Guillermo Vélez, presidente de la Comisión económica del Senado, ya se pronunció a favor de la reestructuración del 50%de la deuda privada. Ver entrevista, “El Espectador”, sección salmón, pág. 4-B. Abril 4 de 1999. La consigna del no pago de la deuda externa adquiere un papel de primer orden para los trabajadores y para el conjunto de los sectores populares.

[5] En el caso de la educación superior, las estadísticas constatan que en América Latina para el periodo 1975-1985, las matriculas en educación superior crecieron en un 370% mientras que el gasto público del sector lo hizo un 210%. De esta manera el gasto público por estudiante cayó en 34%; datos tomados de ALBRECHT, D. Y ZIDERMAN, A. “Funding Mechanisms for Higher Education”. Banco Mundial, 1996.

[6]Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002 – “cambio para construir la paz” publicado por el D.N.P. Bogotá – 1999, pág. 6.

[7]Ibíd., pág. 29.

[8]Citan la definición de Stiglitz, uno de los voceros más importantes del B.M. durante los últimos años sobre el tema “el pegamento que produce cohesión entre y al interior de los grupos” Ibíd., pág. 27. Debe tenerse en cuenta lo que implica esta definición, el reconocimiento de que hemos llegado al punto en que la producción de capital ha salido de las empresas hacia el conjunto de la sociedad obligándola a cubrir gastos que antes salían del bolsillo de los capitalistas.

[9]Ibíd., pág. 208.

[10]La mercantilización de los servicios educativos y de los servicios públicos en general es presentado por los técnicos neoliberales como el nuevo paradigma en la ejecución de los mismos. (ver “Informas Wiesner-Bird. D.N.P. Bogotá, 1991; “La Efectividad de las Políticas Públicas en Colombia”, Eduardo Wiesner, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1998). Esta forma de concebir la política social obedece igualmente a la privatización transnacional anotada en un principio. El papel del Estadodebe ser el de garantizar que el “mercado social” funcione, incluso en los niveles del SISBEN, se focaliza el gasto para que los pobres accedan al mercado. El Estado perdió la definición de la política social quedando reducido al papel secundario de manejar las limitaciones del “mercado de los bienes públicos”.

[11]La prueba de que la descentralización obedece a razones técnicas del funcionamiento del capital y no a un propósito democratizador está en el caso chileno Pinochet, en el periodo inicial de la dictadura fue el precursor del modelo descentralizador en América Latina.

[12]El caso colombiano sirve para ejemplificar esta tendencia política generalizada en la región. Así, mientras en el año 1986 se expidieron las normas sobre la descentralización fiscal, administrativa y políticas, tres años después se modificó la legislación presupuestal oficializándose un control técnico del Ministerio de Hacienda y del D.N.P. sobre el conjunto de las políticas sectoriales (CONPES) y sobre la ejecución del gasto público (CONFIS). La constitución del 91, al crear una tecnocracia de la moneda por fuera de las ramas del poder público, con la reforma de la Banca Central, culminará este ciclo de modificaciones tecnocráticas.

[13]La concepción de servicio asociada a la gestión educativa obliga a una articulación con las políticas descentralizadoras, pero, además, la descentralización educativa acompaña los cambios regionales hacia competitividad. Los curriculum flexible hacen parte del fraccionamiento regional competitivo que la globalización impone mediante la focalización de la inversión.

[14]“Plan Nacional de Desarrollo”, OpCit, pág. 23

[15] Ibíd. Pág. 215

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The presence of the military in our public schools.

William Ayers

 

Nota en español por OVE Editores: Para el Profesor William Ayers la educación pública en una democracia tiene como objetivo preparar ampliamente la juventud para la plena participación en la sociedad civil para que puedan tomar decisiones informadas sobre sus vidas y el futuro de la sociedad en su conjunto. El Departamento de Defensa tiene como objetivo limitar drásticamente esto en nuestras escuelas: influir en los estudiantes a «elegir» una carrera militar. El ejército exige sumisión y aceptación sumisa a la autoridad, mientras que una amplia educación para la vida democrática enfatiza la curiosidad, el escepticismo, la diversidad de opinión, investigación, iniciativa, coraje para tomar una posición impopular, y mucho más. Ayers aborda el tema en este artículo y señala que las anteriores generaciones enfrentaron los intentos del sistema para imponer una visión militarizada de la educación pública

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Ayers

 

 1. Public education is a civilian, not a military, system.

Public education in a democracy aims to broadly prepare youth for full participation in civil society so that they can make informed decisions about their lives and the future of society as a whole. The Department of the Defense has a dramatically more constrained  goal in our schools: influencing students to “choose” a military career. The military requires submissiveness and lock-step acquiescence to authority, while a broad education for democratic living emphasizes curiosity, skepticism, diversity of opinion, investigation, initiative, courage to take an unpopular stand, and more. This distinction—of a civilian, not a militarized, public education system—is one for which earlier generations fought.

During WW I, national debates took place over whether or not to include “military training” in secondary schools.  Dr. James Mackenzie, a school director, argued, in a remarkably resonant piece  published in the New York Times in 1916: “If American boys lack discipline, by all means, let us supply it, but not through a training whose avowed aim is human slaughter.” In 1917 a report issued by the Department of the Interior pointed out that “in no country in the world do educators regard military instruction in the schools as a successful substitute for the well-established systems of physical training and character building.” And in 1945 high school students in New York held public discussions about “universal military training” in schools, where some, an article noted, expressed “fears that universal military training would indicate to the world that we had a ‘chip on our shoulders.’”

 

  1. Military programs and schools are selectively targeted.

Professor Pauline Lipman of the University of Illinois at Chicago has documented that Chicago’s public military academies, along with other schools offering limited educational choices, are located overwhelmingly  in low income communities of color, while schools with rich curriculums including magnet schools, regional gifted centers, classical schools, IB programs and college prep schools are placed in whiter, wealthier communities, and in gentrifying areas. In other words, it’s no accident that Senn High School was forced to house a military school, while a nearby selective admission high school was not. This is a Defense Department strategy—target schools where students are squeezed out of the most robust opportunities, given fewer options, and  perceived, then, as more likely to enlist; recruit the most susceptible  intensively, with false promises and tactics that include bribes,  gifts, home visits, mailings, harassment,  free video games promoting the glories of war and offering chances to “kill,” and more. Indeed, the Defense Department spends as much as $2.6 billion each year on recruiting.

 

  1. Military schools and programs promote obedience and conformity.

Mayor Daley’s  claim that “[military programs] provide… students with the order and discipline that is too often lacking at home” taps into and fuels racialized perceptions and fears of unruly black and brown families and youth. They must be controlled., regulated, and made docile for their own good and for ours. An authentic commitment to the futures of these kids would involve, for a start, offering exactly what the most privileged youngsters have: art education, including dance, music instruction, theater and performance, and the visual arts,  sports and physical education, clubs and games, after-school opportunities, science and math labs, lower teacher-student ratios, smaller schools, and more. . Instead, to take one important example, a recent study by the Illinois Arts Council reports that in the city of Chicago, arts programs are distributed in the same way as the other rich educational offerings —white, wealthy communities have them, while low income communities of color have few or none.

A 16 year old student attending the naval academy in Chicago said in an interview in the Chicago Tribune: “When people see that we went to a military school, they know we’re obedient, we follow directions, we’re disciplined.”  She understood and accurately described the qualities her school aims to develop—unquestioning  rule-following.

 

  1. Military schools and programs promote and practice discrimination.

Although the Chicago Board of Education, City of Chicago, Cook County, and the State of Illinois all prohibit discrimination based on sexual orientation, the United States Military condones discrimination against lesbians, bisexuals, and gay men. Promoters of these schools and programs are willfully ignoring the fact that queer students attending these schools can’t access military college benefits or employment possibilities, and that queer teachers can’t be hired to serve as JROTC instructors in these schools. This double standard should not be tolerated. Following the courageous examples of San Francisco and Portland, Chicago should refuse to do business with organizations that discriminate against its citizens.

Military schools and programs  depend on logics of racism, conquest,  misogyny and homophobia. Military schools need unruly youth of color to turn into soldiers, and they need queers and girls as the shaming contrasts against which those soldiers will be created. In other words, soldiers aren’t sissies and they aren’t pussies, either. These disparagements are used as behavior regulators in military settings. Military public schools are a problem, not simply because  “don’t ask don’t tell” policies restrict the access of queers to full participation in the military, but because these schools require the active, systematic, and visible disparagement and destruction of queerness and queer lives. We reject the idea that queers should organize for access to the military that depends on our revilement for its existence, rather than for the right to privacy, the right to public life, and the right to life free from militarism.

We live in a city awash in the randomly, tragically spilled blood of our children. We live, all of us, in a violent nation that is regularly spilling the blood of other children, elsewhere. It sickens us to think of students marching and growing comfortable with guns.

 

 

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Hacia la construcción de sistemas de aprendizaje permanente

comunidades de aprendizaje

En este último capítulo nos vamos a referir a cómo viabilizar lo que hemos venido refiriendo. Estas vías, desde nuestra óptica, tienen que ver con la posibilidad de crear y sostener, en todos los espacios posibles, sistemas articulados de aprendizaje permanente. Y en esto, insistimos, no puede haber un solo protagonista, ni un ente centralizador, sino que debe ser generado por todos, en todas partes, y con grandes posibilidades de articularse entre sí para hacer de la sociedad un gran sistema interconectado de aprendizaje y diálogo de saberes.

Puntos de convergencia
Visto lo anterior, insistiremos en algunos puntos de partida y de convergencia, como ejes articuladores de estos espacios de aprendizaje permanente:

1. Todos, absolutamente todos, vamos a sentirnos, pensarnos y asumirnos como los hacedores de historia, como los constructores del porvenir. No todos somos líderes, y tal vez no todos tengamos el mismo reconocimiento. Pero todos, desde donde nos movemos cotidianamente, tenemos grandes y pequeños papeles que cumplir en las transformaciones sociales. Los procesos formativos han de confrontarnos con nosotros mismos, y entre sí, para reconocernos en lo que somos, y aún en lo que podemos hacer.

2. Los seres humanos, todos, vamos construyendo la Historia (con mayúscula y con minúscula), desde las realidades diarias que nos constituyen y que reconfiguramos, pero también desde nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestras utopías encarnadas. Claro que también tenemos que vivir criticando estos haceres y esos soñares, por cuanto pueden estar teñidos de las ideologías que sustentan el sistema capitalista dominante, y crear condiciones para vivir procesos de libertad, plenitud y creación. En la medida que podamos abrir diálogos con todos los espacios sociales posibles, nos aproximaremos a la edificación de un proyecto alternativo de nación y de sociedad. Las tareas formativas, aquí, tienen que ver con la posibilidad de compartir miradas críticas sobre la realidad (sobre todo la cotidiana) y también sobre nuestros anhelos y esperanzas.

3. La tarea inmediata es trabajar de manera compartida para crear las condiciones y medios que nos ayuden a buscar un desarrollo pleno en lo personal/ colectivo, en todas las esferas de nuestra vida. Así, la labor formativa tiene que ver con aprender y reaprender todos los días a liberarnos progresivamente de las estructuras opresivas y a ejercitar cotidianamente la liberación y la creación de nuevos estadios de vida, mediante la articulación horizontal, participativa, entre todos los espacios posibles.

Sistemas de aprendizaje permanente
Es vital, desde nuestro punto de vista, crear espacios de aprendizaje en todos los ámbitos sociales donde nos movemos: familias, vecindarios, organizaciones comunitarias, comunas, escuelas, universidades, empresas sociales, el poder municipal y estadal, etc. Ello ha de apuntar a fortalecer y desarrollar los movimientos sociales como entes diversos, plurales y heterogéneos, pero simultáneamente vinculados entre sí y con otras instancias sociales. Los espacios de aprendizaje se inician con la dedicación de ciertas horas de la semana a reunirse en algún lugar para dialogar e intercambiar ideas, saberes y aprendizajes.

Por ejemplo, los consejos comunales, las comunas, las empresas de propiedad social y las instituciones del estado pueden ser espacios privilegiados para el ejercicio del aprendizaje de la democracia, de cara a la transformación social. Ello se debe, en el caso de los dos primeros, a que son puntos de encuentro entre el gobierno municipal y el gobierno local, donde se prioriza la autonomía y los requerimientos de las comunidades.

Y, en el caso de las empresas de propiedad social y las instituciones oficiales, se trata de abrir espacios autogestionarios y de corresponsabilidad, en ámbitos organizacionales tradicionalmente imbuidos en una fuerte carga de autoritarismo y burocracia. Estamos hablando de un proceso de la mayor importancia, aunque no exento de complejidad, para la construcción de nuevas formas de existencia social.

El proceso de surgimiento y consolidación de consejos comunales y comunas, y el desarrollo de potencialidades revolucionarias en las empresas sociales requieren de la profundización del aprendizaje compartido en diversas instancias y niveles. Por ejemplo, los gobiernos municipales deben asumir una apertura hacia “arriba” (articulación con otras instancias gubernamentales y empresas sociales) y hacia “abajo” (articulación con las comunidades locales). Ello implica, por una parte, simplificar los procedimientos administrativos y agilizar la toma de decisiones, y por la otra, ampliar la capacidad de diálogo y de interacción con sus interlocutores.

En cuanto a las comunidades locales organizadas, base de los movimientos sociales, este proceso les mueve a abrirse al diálogo directo con tres tipos de actores sociales:
 Su propia gente (la comunidad en sí),
 Las otras comunidades (por ejemplo, en la creación de la red de consejos parroquiales y comunales), y
 Los gobiernos municipales, tradicionalmente alejados y casi autosuficientes.

En el caso de las instituciones oficiales, se plantea una apertura interpretativa de los grandes planes sociales y económicos de la nación, y un repensar con profundidad sus propios seres y sus fundamentos, sus modos de organización, con potencialidad transformadora. Ello representa, tanto para el gobierno municipal, regional y nacional, como para las comunidades específicas, y las empresas de producción y de propiedad social, la previsión y realización de acciones organizadas de mayor alcance y complejidad. Para emprender tales acciones, conviene desarrollar y perfeccionar a diario altos niveles de aprendizaje colectivo. Este aprendizaje no puede ser meramente espontáneo, aunque tampoco nada parecido a un programa de estudios formales. Requiere la concertación, así como la disposición actitudinal y las competencias de las personas involucradas en los distintos niveles.

Así, la conformación y el fortalecimiento de este tejido social revolucionario está relacionado con la generación de un sistema vivo de aprendizaje permanente, que involucre diversos actores: gobierno central, gobiernos municipales, regionales, y las comunidades locales.

Este sistema (alejado de atavismos burocráticos), ha de tener como horizonte el aprendizaje de la convivencia y la integración, mediante el ejercicio diario del diálogo, de la búsqueda de acuerdos, del perenne ensayo del consenso. Sólo dentro de esta intención del intercambio y el compartir, adviene el aprendizaje de la teoría/ práctica necesaria para llevar a cabo las acciones (elaboración de planes, constitución de las mesas técnicas, ejercicio participativo de presupuesto, entre muchas otras).

Se trataría, en fin, de un sistema abierto, sin jerarquías preestablecidas, que favorezca al máximo la comunicación entre los diversos actores (gobierno nacional, regional, municipal, local, así como de las respectivas comunidades), en una interacción permanente, y una constante sistematización (reflexión, análisis, conceptualización) de las experiencias desarrolladas. Una especie de atarraya, donde todos los puntos son importantes, pero lo más importante es el mantenimiento de la trama social total.

Los espacios desde donde se ha de tejer este sistema, así como la gestión del mismo, han de estar en manos de las propias comunidades y de los gobiernos locales y municipales, por una parte, y de los trabajadores de las instituciones oficiales, por la otra. Se trata de un aprendizaje desde la cotidianidad, y quienes deben desarrollarlo y administrarlo son los actores principales ya mencionados.

Estos actores, en medio de la diaria praxis de previsión y realización de acciones para el mejoramiento de la vida comunitaria, dedicarían momentos al análisis, la reflexión y el disfrute de lo que se hace, así como de la detección de los aprendizajes derivados, de modo de poder compartir esos conocimientos con otros miembros de la comunidad, y de otras comunidades. No está demás llevar registros, y pensar en publicaciones puntuales, por ejemplo: cómo dirigir una asamblea, o como ejecutar un presupuesto, o algo así como: viviendo y creciendo comunitariamente…

Sin embargo, aunque el aprendizaje relevante estará en manos de las comunidades organizadas y los gobiernos municipales, es posible contar con el respaldo de otros grupos de profesionales. Por ejemplo, pueden conformarse equipos de apoyo formativo, que favorezcan tipos específicos de aprendizaje, tales como los técnicos (cómo un diagnóstico comunitario, elaboración de presupuesto), y de apoyo a los práxico-actitudinales (llevar a cabo una negociación, tomar decisiones, etc.). Estos equipos de apoyo pudieran estar formados por universitarios, escuelas de gerencia social, y otras instancias pertinentes. Los recursos técnicos y financieros para llevar a cabo esto, requerirían de acuerdos interinstitucionales, y del aporte de las empresas de propiedad social.

La vida en las comunidades de aprendizaje
Los espacios de formación han de convertirse progresivamente en verdaderas comunidades de aprendizaje. Hablamos de seres humanos en relación cercana, capaces de reconocerse mutuamente y de compartir sentires, saberes y posibilidades. Mas, esto, lejos de distraer el sentido de la organización que comparten, ha de potenciar sus acciones y proyectos para cumplir los roles acordados y mejorar las condiciones de vida.

Sin embargo, las comunidades de aprendizaje no deben estar subordinadas a otros espacios organizacionales. Es decir, no son simples medios para el logro de los fines de la organización, sino un ámbito con perfil propio. Y, al mismo tiempo, tiene que vincularse con la vida entera de esa organización, sin sustraerse de ella.

Estas comunidades de aprendizaje serán siempre un ensayo en sí mismas, es decir, una creación permanente desde los intereses y los requerimientos vitales de sus integrantes. Algo con vida propia, con el ritmo y el estilo que las personas le vayan imprimiendo. Pueden asumir acciones como las siguientes:

 Intentar crear las reglas de juego entre todos, por consenso. Ello hará que cada quien se concentre en el grupo, y no sólo en sí mismo, y ejerciten el ponerse de acuerdo. Estas reglas tienen que pautar las vivencias compartidas del colectivo, en cuanto a tiempo, espacio, responsabilidades personales y compartidas, etc.

 Realizar acciones permanentes para fomentar la participación activa y relevante de todos los integrantes, de cara a la creación colectiva de un clima de libertad, respeto, tolerancia, solidaridad, compromiso. No se trata de imponer valores más bien abstractos, incoloros, sino de vivirlos en el transcurrir cotidiano.

 Sumergirse en un ambiente agradable, de trato respetuoso y sentida amabilidad, pero al mismo tiempo abrir cauce para la problematización constante, la crítica sistemática del mundo y la autocrítica constructiva. Ese mundo incluye sistemas complejos de vínculos personales, familiares, grupales, locales, nacionales, regionales y hasta mundiales. Más, esos sistemas no constituyen formas abstractas, ajenas, sino que están contenidos en las redes multidimensionales de relaciones que transitan nuestra vida cotidiana. Así, problematizar y cuestionar el mundo es también hurgar y transformar nuestra vida cotidiana.

 Asumir experiencias integrales e integradas con otras, de cara a la generación y desarrollo de proyectos de vida/ aprendizajes. Estos proyectos a la par que permiten el crecimiento y desarrollo interno de los seres humanos, se orientan a procesos de liberación plena, crecimiento personal y transformación progresiva de la sociedad.

 Codificar y sistematizar tales proyectos, convirtiéndoles en aprendizajes compartidos, relevantes, comunicables a personas de la misma comunidad, o de otras comunidades, por medio de informes, esquemas, gráficos, etc.

[Capítulo siete del libro Movimientos sociales en Venezuela, una propuesta transformadora, de mi autoría, publicado por la editorial venezolana El Perro y la Rana en 2012]

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