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Espacios escolares seguros

Por: Manuel Alberto Navarro Weckmann

 

Es claro que, si el impacto de la pandemia en la educación no se atiende en el corto plazo, los estudiantes de hoy sentirán sus consecuencias durante el resto de su vida…

Las secuelas que ha dejado la emergencia sanitaria en nuestra sociedad han sido de un gran impacto en muy diversas áreas, lo que conduce a contar con efectos nocivos que dejan como consecuencia aspectos muy graves, sobre todo, si enfocamos nuestra observación en lo que tiene que ver con la educación.

 

Tan solo por efectos directos de la pandemia, de acuerdo con una investigación publicada en la prestigiada revista médica británica “The Lancet” de 21 países, México es donde más niños han perdido a sus padres o a sus cuidadores principales, cifra que alcanza a 131,325 niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad.

 

Esto pone en contexto que, a pesar de estar en medio de una alerta, en donde la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que las infecciones por COVID-19 en niños y adolescentes registran un incremento de 2020 a 2021, la necesaria tendencia del regreso a las aulas no se ha revertido.

 

Entre otras cosas, factores como el incremento de casi un 30 por ciento de las violaciones, además, el dato por parte del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) de que las muertes por suicidio de niños, niñas y adolescentes superó tres veces las muertes producto de la emergencia sanitaria, así como el notable incremento de los jóvenes con trastornos emocionales que llaman para solicitar algún tipo de ayuda, nos hacen pensar en la urgencia de retomar una vida medianamente cercana a la normalidad que se tenía antes de la pandemia es urgente.

 

En una investigación, denominada “Educación en pandemia: los riesgos de las clases a distancia” desarrollada por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), se muestra que durante la pandemia los mexicanos perdieron, en promedio, aprendizajes equivalentes a dos años de escolaridad. Para poner en contexto este impacto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que en los próximos 80 años este fenómeno le podría costar a México un monto acumulado de hasta 3.4 billones de dólares equivalente al 136% del PIB de 2019.

 

Es claro que, si el impacto de la pandemia en la educación no se atiende en el corto plazo, los estudiantes de hoy sentirán sus consecuencias durante el resto de su vida. Por ello resulta fundamental que el Estado mexicano establezca como prioridad el que el personal de los centros escolares, así como las niñas, niños y adolescentes, cuenten con los elementos mínimos necesarios para una estancia segura en clases.

 

Tan solo por poner un ejemplo, en un ejercicio de revisión de centros que abarcó 48 mil 667 escuelas de todo el país, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, entregó el “Primer Informe de la Jornada Nacional en Apoyo al Regreso Seguro a las Escuelas”, reportó más de 31 mil escuelas sin agua potable, además de otras que la mitad de los centros escolares tienen carencias que ponen en riesgo al alumnado, como el mobiliario, contactos de luz, tinacos, ventanas, puertas y bardas en mal estado.

 

No hace falta ser un genio para saber que esas carencias se arrastran de muchas décadas atrás, sin embargo, lo que queda claro, es que hoy más que nunca se necesita de fortalecer las acciones de mejora de las condiciones escolares para que no tengamos problemas que lamentar en el futuro inmediato.

Fuente de la información:  https://profelandia.com

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Solidaridad más que nunca

Por: Dinorah García Romero

Superar una solidaridad coyuntural y con matices teatrales. Se ha de posibilitar una solidaridad pensada, que incida en la mejora de dimensiones sustantivas del desarrollo de la sociedad haitiana.

La República Dominicana se caracteriza por tener relaciones cercanas y solidarias con la mayoría de los países de la región y de otras esferas geográficas del mundo. Con los regímenes del continente que se inscriben en el círculo del socialismo, como el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela, la relación es más distante y fríamente calculada. La relación de la  República Dominicana con los tres países antes mencionados es frágil, comparada con la relación que los últimos gobiernos han exhibido con China. En el marco de las relaciones con otras naciones, se destaca la relación con Haití. Dos países en una misma isla, que, a pesar de las luchas históricas entre ambos, trabajan de forma continua para fortalecer sus respectivas identidades. Desarrollan esfuerzos para abrirle espacio al diálogo y ponerlo en ejecución en un clima de respeto y acogida. Esto ocurre a pesar de los esfuerzos de algunos sectores de las dos naciones por crear una relación tóxica entre el pueblo haitiano y el pueblo dominicano.

En este sentido, centramos nuestra atención en el momento que vive la sociedad haitiana. En el 2021, en un  corto período  se ha visto afectada por dos terremotos de gran magnitud: el terremoto político generado por el magnicidio del presidente de la República y el terremoto de magnitud 7,2 acaecido el 14 de agosto del año en curso.  Este último fenómeno agrava la situación de pobreza, de indefensión e inestabilidad política y social. A los acontecimientos actuales, se unen los problemas irresueltos generados por el terremoto de 2010. La herencia de este terremoto: alto índice de personas sin hogares e infraestructura pendiente de reparación.  Esta situación está por encima de las posibilidades del país afectado y requiere de la solidaridad de las naciones de América Latina y el Caribe.  Requiere, también, la colaboración de los países y de las personas que se han beneficiado de la riqueza natural y de la condición de empobrecimiento de ese país. Es necesario desplegar solidaridad más que nunca. Ya el discurso se agotó, ahora se impone la ayuda real aun en medio de los riesgos y de la peligrosidad presentes en el territorio haitiano.

El fortalecimiento de la solidaridad no es algo fortuito. Ha de ser una solidaridad focalizada y acompañada de un interés por el bienestar de la población de ese país. Este requiere que sus amigos y aliados decidan, de una vez y por todas, un apoyo sistemático que les permita fortalecer la institucionalidad, la democracia y la atención a las necesidades de la población. Es preciso repensar la solidaridad con un país con un empobrecimiento estructural. No abogo por una sustitución pura y dura del trabajo y de los esfuerzos que les toca a los haitianos. No. Lo que planteo es que se ha de superar una solidaridad coyuntural y con matices teatrales. Se ha de posibilitar una solidaridad pensada, que incida en la mejora de dimensiones sustantivas del desarrollo de la sociedad haitiana. En el ámbito de la solidaridad, se ha de cambiar la misma práctica ante fenómenos críticos. Se espera que el componente creativo y el contexto favorezcan la búsqueda de estrategias de solidaridad más duraderas en el tiempo y más consistentes en las acciones. Es un imperativo cualificar la solidaridad. Esta se ha de acompañar de apoyo a programas y proyectos orientados al fortalecimiento de la madurez política, socioeducativa y económica de Haití. Solidaridad más que nunca, salvando la soberanía del país hermano y con perspectiva más integral e innovadora.

Fuente: https://acento.com.do/opinion/solidaridad-mas-que-nunca-8975738.html

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La crisis de salud mental: Los estudiantes de posgrado necesitan ayuda

Paulette Delgado

Invertir económicamente ya no es suficiente, se necesita un cambio cultural para apoyar la salud mental de los alumnos de posgrado.

A pesar de estar en un momento de gran tensión financiera e incertidumbre, las universidades no deben de dejar de invertir recursos para abordar la salud mental de sus estudiantes. Según un informe de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, los estudiantes de posgrado están en riesgo de sufrir una crisis de salud mental en todo el país. Alan Leshner, quien presidió el comité detrás del informe, dice que “el problema es tan grande o más grande que nunca, y no está mejorando. A menos que haya una atención concertada, la situación empeorará sustancialmente, porque las presiones no desaparecerán».

Los estudiantes de posgrado muchas veces sienten que no tienen acceso a una buena atención de salud mental y que su único apoyo u orientación son sus supervisores, los cuales no son suficiente recurso. Además, muchas veces estos jóvenes se sienten presionados por adaptarse al mundo laboral y cumplir con expectativas familiares, empeorando su situación. Para que el panorama realmente mejore, se necesita un cambio cultural que va más allá de invertir dinero, se debe involucrar desde el rector hasta los estudiantes. Los educadores y demás miembros de las universidades deben recibir capacitación formal para saber cómo apoyar y abordar el bienestar de los alumnos, quienes también deben aprender sobre distintos problemas de salud mental como parte de su formación introductoria.

En una encuesta realizada en diciembre del 2020 por el Consejo Estadounidense de Educación, el 68 % de los rectores de universidades reconocen que la salud mental de los estudiantes es de sus problemas más urgentes. La tasa de abandono de los alumnos con problemas de este tipo oscila entre el 43 % y el 68 %, haciendo el conflicto no sólo de salud mental, sino también sobre la efectividad y la economía de las instituciones.

Además, la pandemia ha aumentado enormemente la necesidad y demanda de apoyo para los servicios de rubro psicológico y psiquiátrico. Según Sara Oswalt, científica de salud pública de la Universidad de Texas en San Antonio, quien rastreó las tasas de salud mental y el uso de servicios para mantenerla en los campus desde el 2009, dice que “los servicios de salud mental están abrumados. Los desafíos a los que se enfrentan los estudiantes ahora son diferentes a los que tenían en el pasado. Es difícil cuantificar lo que le está haciendo a su salud mental”. Los recursos son especialmente escasos en pequeñas instituciones privadas y universidades de carreras de dos años.

Lamentablemente, los efectos de la pandemia podrían permanecer mucho tiempo después de que se controle el virus, ya que este provocó un brote de ansiedad y depresión que algunos estudiantes no supieron manejar y cayeron en mecanismos de escape que no son saludables, como el alcohol.  Según una investigación que estudió el cambio del consumo del alcohol durante el cierre de universidades por COVID-19, antes de la pandemia el mayor consumo de alcohol informado por los alumnos era de 63 bebidas por semana y ahora es de 98 (el número promedio aumentó de tres y medio a más de cinco). El autor, William Lechner, advierte que el cambio en el consumo podría durar años y que puede traer consecuencias neuronales y psicológicas duraderas.

La presión de la academia

Otro sector con problemas de salud mental son los jóvenes investigadores ya que son presionados para obtener fondos, publicar y conseguir trabajos en un mercado brutalmente competitivo, donde el fracaso parece no ser una opción. Una encuesta realizada el año pasado a 13 mil académicos por Cactus Communications, mostró que más de un tercio (38 %) de los participantes se sienten abrumados constantemente por su situación laboral.

La incertidumbre profesional ha detonado gran parte de la ansiedad y depresión en la comunidad académica ya que muchos miembros cuentan con contratos temporales que los hace siempre pensar en el futuro sin tener ninguna seguridad de que las cosas mejoren. Esta situación los lleva a trabajar muchas horas y priorizar su carrera a costa de su salud mental.

En una encuesta de Nature del 2019, el 76 % de los graduados contestaron que trabajan más de 40 horas a la semana y casi el 40 % dijo que está insatisfecho con su equilibrio entre el trabajo y la vida. Otro problema es que no sienten que cuentan con el apoyo necesario para salir adelante. Aunque tienen mentores y colegas con quienes deberían poder compartir sus labores, un 21 % de ellos experimentan acoso o discriminación por parte de ellos, especialmente las mujeres o los participantes que forman parte de grupos étnicos minoritarios.

Otra razón por la cual no todos los investigadores buscan apoyo es por el estigma percibido y la falta de conciencia de los recursos que existen. Muchos ni siquiera saben qué opciones tienen ni que apoyo ofrecen sus universidades, hace falta mucha difusión. Y cuando los estudiantes si conocen los recursos, no siempre están disponibles. En un informe del Consejo de Escuelas de Posgrado y la Fundación Jed descubrieron que muchos alumnos de doctorado describieron problemas para recibir apoyo. Una de estas dificultades es el horario de los centros de asesoramiento que cierran después de las cinco de la tarde y los fines de semana, limitando el acceso para aquellos que llevan clases, trabajan y están investigando. Además, muchos temen encontrarse con alumnos de sus clases o compañeros de trabajo, o los recursos se encuentran fuera de su alcance económico.

Hace falta un cambio estructural, no individual

Algunas instituciones han optado por implementar programas enfocados en el bienestar integral como talleres de yoga, meditación y administración del tiempo, ya que muchos de los estudios sostienen que tanto estudiantes como investigadores tienen problemas para poner límites entre el trabajo y la vida personal. Estos recursos planean impulsar la resiliencia, hacer que recuperen la motivación y planeen mejor su trabajo. Sin embargo, Katia Levecque, investigadora de psicología y derecho en la Universidad de Gante en Bélgica, argumenta que estas medidas, aunque sí ayudan, no abordan las causas estructurales de los problemas de salud mental, sólo se enfocan en los síntomas. Además, son programas dirigidos al individuo, lo que según la psicóloga puede crear una mentalidad de “culpar a la víctima”. Hacen que parezca que el problema es individual y no estructural, se necesita cambiar la cultura y el sistema.

Levecque advierte que de continuar esta mentalidad, las instituciones de educación superior no podrán retener a estudiantes afectados por el problema. «Perderán la guerra de los talentos, es tan simple como eso. Si otros trabajos (fuera de la academia) están mejor pagados, tienen más perspectivas y permiten el equilibrio entre el trabajo y la vida privada, ¿por qué deberían quedarse?».

Otro aspecto importante es que muchos estudiantes de posgrado a menudo reciben becas, por lo que su ingreso está comprometido a su condición de estudiantes, lo que evita que tomen vacaciones o tiempo para dedicarse a mejorar su salud mental. Por eso es necesario que las instituciones mejoren sus políticas internas para permitir que aquellos alumnos comprometidos con sus estudios puedan enfocarse en su bienestar sin temer quedarse sin el apoyo económico.

Además, las universidades deben promulgar políticas que aborden el acoso y la discriminación, ya que es otro factor importante que afecta la salud mental. Retomando la encuesta de Cactus, el 23 % de los participantes pide a las organizaciones académicas implementar medidas para promover la igualdad y prevenir el acoso, la discriminación y la intimidación.

Para mejorar las condiciones de los alumnos y los académicos, se debe de preparar a las personas a adquirir habilidades de comunicación, liderazgo, resolución de conflictos y espíritu empresarial, dice Suzanne Ortega, la presidenta del Consejo de Escuelas de Posgrado. Además, un buen equilibrio entre la vida y el trabajo alejaría a los académicos de la cultura de “publicar o perecer«. Normalizar las vacaciones, tiempo libre, jubilarse o crear una cultura de trabajo en la que no se tiene que ser productivo todo el tiempo. Los líderes de laboratorio pueden comenzar el cambio brindando una mayor flexibilidad de horario para permitir más tiempo libre. Queda mucho camino por recorrer.

Fuente: https://observatorio.tec.mx/edu-news/la-crisis-de-salud-mental-en-estudiantes-de-posgrado

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El regreso a las escuelas “es obligatorio”

Por: Fidel Ibarra López 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el pasado 20 de agosto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo 23/08/21 donde se presentan los lineamientos para el regreso a las clases presenciales. Es a partir de este documento oficial, que se puede realizar un análisis con la seriedad debida, sobre el regreso a las escuelas que están planteando las autoridades educativas. Y discernir a partir de lo anterior, los costos que se deprenderán con la implementación de los lineamientos referidos.

Para tal efecto, parto de lo siguiente: el argumento que se utilizó en lo público para fundamentar la reapertura de las escuelas, es que el regreso iba a ser presencial, seguro, voluntario y escalonado. Ese era el concepto que se adujo en lo público; pero si se revisa el documento de marras, se identifica que ahora se plantea que el regreso será presencialresponsable y ordenadoSe borró del mapa el término voluntario. De hecho, de las 7 mil 16 palabras que componen el Acuerdo, solamente se menciona dos veces el término “voluntaria” –ya no voluntario-. Y se menciona en páginas interiores. Lo cual significa que se cercenó el concepto original en aras de ajustar la fundamentación para encuadrar los lineamientos para el regreso al modelo presencial.

El otro término que se borró es el concepto de “seguro” y se cambió por el de “responsable”. El primero implicaba garantizar un marco de seguridad para los maestros y los alumnos, lo cual no era del todo fácil. El segundo conlleva el cumplimiento de las obligaciones que se establecen en el Acuerdo. Lo cual significa que es un término más ad hoc para lo que se demanda, puesto que la responsabilidad se enmarca en lo referente al cumplimiento de nueve acciones de carácter sanitario que se pretenden desarrollar para el regreso a las escuelas.  En lo que respecta al regreso a las aulas entonces, se cercenó el concepto original con miras a ajustar un documento a una decisión política por parte de las autoridades educativas.

El otro factor a destacar, es que se declara desde el inicio del Acuerdo que el modelo con el cual se va a iniciar el ciclo escolar, es con el modelo presencial. Y eso no es un asunto menor. ¿Por qué? Porque significa que se elimina la posibilidad de desarrollar un proceso de innovación educativa que nos pudiera permitir en el futuro inmediato enfrentar, por ejemplo, un escenario -como lo hemos señalado en este espacio- donde la pandemia se constituyera en una enfermedad endémica; es decir, en una enfermedad que nos afectara de forma permanente, como sucede con el caso del VIH. Si eso ocurre, no podremos hacerle frente –en términos educativos- con el modelo presencial, porque sería de suma riesgoso mantener a los niños en las escuelas. Necesitamos otro modelo educativo –como el caso del modelo mixto e híbrido-; pero esa posibilidad se cerró en el actual ciclo escolar. Y se dejó en claro que la única vía para atender la gravedad del problema educativo es el modelo presencial. Lo que es lo mismo a decir que se recurrió al pasado para atender un problema del presente y del futuro. Lo cual es un craso error. En el fondo, no se acepta que la escuela que conocimos hasta febrero del 2020 ya no existe. Que se tiene que reinventar, si se pretende mantener en pie. Empero, en lugar de ello, se “asumen riesgos” al pretender implementar un modelo educativo presencial en el momento más inadecuado.

Hagamos un alto hasta aquí, para plantear la interrogante que más interesa a los padres de familia:  ¿qué pasa si un padre de familia no quiere llevar a sus hijos a la escuela? Para tal condición, se afirma que se podrá “inscribir o reinscribir –el alumno- en el grado educativo que corresponda”. Y cito: “Una vez que se incorpore a las clases presenciales se realizará una valoración diagnóstica con objeto de conocer su nivel de aprovechamiento escolar”. Pero, ¿qué maestro acompañará el proceso de enseñanza-aprendizaje de ese alumno que no asistirá a las clases presenciales? De eso no se especifica nada en el documento. Solamente se señala que “se continuará ofreciendo el servicio público educativo mediante la utilización de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, así como el uso y aprovechamiento de programas de educación a distancia como «Aprende en Casa», «Jóvenes en TV», «Bachillerato en TV» y otras estrategias desarrolladas por las comunidades escolares”. Y se señala que “Las Autoridades Educativas Locales, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, los Asesores Técnico Pedagógicos y los equipos técnicos, podrán, dentro de sus posibilidades, brindar seguimiento y atención a las y los educandos que optaron por no acudir al servicio educativo presencial”. ¿Qué decir de lo anterior? Eso de brindar seguimiento “dentro de las posibilidades” se lee como un “hagan lo que puedan”; es decir, no marca un compromiso, ni tampoco una responsabilidad.

En ese sentido, si no se establece con claridad cómo se va a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje para los niños que no van a ser enviados por sus padres a las clases presenciales, se infiere que esos alumnos “quedarán a la buena de Dios”, pues no habrá quien les dé seguimiento debido a que el maestro titular estará atendiendo a los niños que acudan a las clases presenciales. Bajo esas condiciones, estamos ante un escenario donde se les está obligando a los padres de familia a enviar a sus hijos a la escuela, si es que quiere que su hijo tome las clases en el ciclo escolar. Ese es el punto central en todo este entuerto.

Ahora bien, ¿qué costos educativos y sanitarios se pueden generar con todo este embrollo? Si millones de niños no son enviados por sus padres de familia a las escuelas, y si no hay un seguimiento del proceso de aprendizaje de esos niños, el resultado -en términos de aprendizaje- podría ser catastrófico. Pero la parte que más preocupa es lo referente a la salud. Mientras que el Ministro de Salud en Cuba -por poner un comparativo- José Ángel Portal Miranda, declara que la variante Delta “es considerada la variante más contagiosa con un 64% de incremento frente a la variante Alfa, que es entre 40 y 50% más transmisible respecto al virus original de Wuhan”. Y agrega: “¿Qué nos hace falta para entender que los niños no son inmunes ante el SARS-CoV-2?”. La declaración es resultado luego de que en la isla se confirmó la cifra más alta de menores de 20 años contagiados en un solo día: 2,029 casos, y de éstos, 1,915 pacientes se hallan en edades pediátricas. (Juventud Rebelde, 20 de agosto del 2021). ¡Qué discurso tan radicalmente diferente al que se está presentando en México! Acá se declara la educación como actividad esencial -como requisito para regresar a las escuelas- y se afirma por parte de la principal autoridad sanitaria en el país, que las “niñas y niños tienen riesgo ‘casi nulo’ de morir por Covid” (El Financiero, 24 de agosto del 2021). Se minimiza el riesgo y se pavimenta el terreno “conceptualmente” para retornar a las escuelas.

Desde nuestra perspectiva, lo adecuado hubiese sido iniciar el ciclo escolar a la distancia mientras se experimentaba en algunas escuelas la implementación de un modelo mixto. Ello daría pauta para regresar a las escuelas de forma escalonada y segura. Sin embargo, se opta por “el trabajo por urgencias”. Y con ello no solamente se cercenan conceptos sino, sobre todo, se privilegia lo inmediato y se deja de lado lo estratégico.

Para comentarios:

Correo: fidelibarralopez@gmail.com

Fuente de la información: https://www.educacionfutura.org

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Cómo ser niña… y no morir en el intento: La maternidad no debe ser parte de su infancia

Carolina Vásquez Araya

Una de las consecuencias más devastadoras de la indefensión de las niñas en nuestros países, es la maternidad precoz. En Guatemala, por ejemplo, es pavorosa la cifra de embarazos y partos a edad temprana.

De acuerdo con una de las instituciones dedicadas a monitorear este tema –el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva, OSAR- se produjeron 57 mil quinientos setenta y ocho embarazos en niñas y adolescentes entre 10 y 18 años, durante el primer semestre de 2021. De entre ellos, cerca de 3 mil corresponden a niñas de 10 a 14 años. Es decir, un período en el cual una niña aún no ha desarrollado plenamente su cuerpo y cuando un embarazo supone un riesgo elevado.

Además de la violencia implícita en la violación y sus consecuencias físicas y psicológicas, un embarazo a esa temprana edad significa la pérdida de derechos a todo nivel y el sometimiento a un régimen de vida duro, restrictivo y sometido a la autoridad de los adultos de su entorno. A ello se suma la prohibición legal de interrumpir el proceso de gestación, aún cuando se trate de un ser cuyo cuerpo no reúna las condiciones para sostenerlo y llevarlo a término. Es decir, la ley condena a la víctima a partir de una visión de Derecho influenciada por doctrinas religiosas y un sistema patriarcal sólidamente establecido.

Visto como parte normal de la vida, el embarazo en niñas y adolescentes es una de las mas graves consecuencias de la marginación en la cual vive y se desarrolla una gran parte de la población femenina. Asediadas por un concepto patriarcal de la vida y del deber, miles de niñas acaban siendo víctimas de abuso sexual desde antes de alcanzar la pubertad, convirtiéndose en madres en etapas tan tempranas de su desarrollo que incluso pierden la vida en el proceso. Indefensas ante la presión del autoritarismo ejercido por padres, hermanos y otros hombres de su entorno, sumado a la falta de protección por parte del resto de la comunidad, las niñas-madres terminan agotando la etapa de la infancia sin haberla vivido, para enfrentar la dura realidad de una existencia de miseria.

Ante esta situación, derivada de patrones culturales absolutamente viciados, las niñas se ven obligadas a arrastrar la humillación de una sexualidad no deseada, no consentida y de graves repercusiones para su salud física y psicológica, en un entorno de irrespeto que les veda el derecho a experimentar las etapas normales de su desarrollo.

En estos escenarios, las niñas-madres no entran en las prioridades de atención de las autoridades. Estas ven los casos de embarazo precoz como una expresión más del subdesarrollo y no como los actos criminales de abuso sexual que realmente son. El mensaje que envía esta aproximación al problema es de conformismo ante el sometimiento de uno de los grupos sociales menos tomados en cuenta en las políticas públicas de los gobiernos.

Esos miles de niñas y adolescentes cuyo cuerpo mal alimentado y endeble apenas puede cargar con el peso de su propia existencia, dan a luz en condiciones miserables, en medio de la indiferencia de las autoridades y soportando el rechazo de su propia familia. Así es su vida, así es el entorno social y ese el resultado de una cultura que las condena al eterno subdesarrollo.

Este abuso ha sido un hábito inveterado durante generaciones, profundamente arraigado y considerado una práctica socialmente aceptable; un destino insoslayable para quienes aún no poseen la fuerza ni la protección de la ley para defender sus derechos.

Las niñas merecen alcanzar sus sueños. La maternidad precoz no es uno de ellos.

Fuente: https://rebelion.org/como-ser-nina-y-no-morir-en-el-intento-la-maternidad-no-debe-ser-parte-de-su-infancia/

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¿Tiene valor el agua? Apuntes para discutir el uso del río Paraná

Por: Julio Gambina 

El agua cotiza en la Bolsa de Nueva York, se profundizan las sequías en América del Sur y el debate sobre quién controla la hidrovía Paraná-Paraguay, principal vía de exportación de Argentina. Y la pregunta: ¿un bien común o un producto de compra-venta? Son algunas de las reflexiones que ayudan a mirar el fondo: el extractivismo y la necesidad de otro modelo.

El interrogante que encabeza esta reflexión es una pregunta habitual que hace décadas incluyo en mis cursos sobre Economía Política, lo que genera un gran debate. La misma pregunta remite a la tierra. ¿Tiene valor la tierra?

Claro, profundizando en la teoría del valor explicamos que para tener “valor” se requiere que una mercancía tenga utilidad (valor de uso), esté destinada al mercado (valor de cambio) y sea producto del trabajo humano. Se trata de una síntesis de discusiones sostenidas por décadas, desde antes de la Escuela Clásica en la disciplina científica, que aún mantiene vigencia.

Tanto la tierra como el agua tienen valor de uso y no son producto del trabajo humano, salvo cuando están procesadas o envasadas, por lo que no tienen valor. Sin embargo, la tierra natural tiene precio, no valor, porque es susceptible de ser apropiada. No ocurre igual con el agua, aun cuando existen quienes pretenden apropiarse, en sus territorios privados, de los cursos naturales de agua.

Por eso cuando hablamos de agua o de tierra aludimos a “bienes comunes”, que no deberían ser susceptibles de apropiación privada.

Bienes comunes y capitalismo: el debate sobre la Hidrovía

Los bienes comunes trascienden a la generación actual, por lo que deben resguardarse para el futuro de la humanidad, amenazada hoy por un modelo productivo de saqueo y destrucción de la vida natural y social. Ahí está la explicación de la contaminación, producto del accionar productivo del ser humano.

El tema ambiental o ecológico es evidente y por eso se habla de “cambio climático” y se emiten argumentos en cónclaves de todo tipo para intentar contener los desastrosos efectos de la producción ejercida por la iniciativa del capital sobre la naturaleza. Todos esos argumentos eluden el tema principal que supone afectar el modo de producción capitalista.

Resulta de interés el debate teórico que proponemos a propósito del análisis sobre la llamada Hidrovía Paraná-Paraguay, que arrastra ya una larga historia. Incluso desde los tiempos en que se definió la inserción subordinada de los territorios y poblaciones del sur de América en la dinámica del capitalismo mundial (europeo).

Con la conquista y colonización se le daba forma universal a la producción y circulación “capitalista” de bienes y servicios. Carlos Marx describió ese proceso de manera brillante en El Capital, apuntando que la modernidad europea brilla por la apropiación de los bienes comunes de la región latinoamericana y caribeña con base en la explotación y saqueo.

Sin ese proceso, además sustentado en la violencia física y cultural, no puede explicarse la constitución y consolidación del orden capitalista como sistema mundial. La discusión es el uso del curso de agua, caso del río Paraná, u otros, con qué destino o propósito, a favor de quiénes y con qué fines.

La “Hidrovía” como empresa supone puertos privados y privatización del transporte ferroviario, naval, aéreo o carretero, organizado al servicio de la lógica de la ganancia y la acumulación, apropiada por un núcleo reducido de capitales transnacionales, más allá de algunos de origen local enganchado en esa lógica productiva, muchas veces de manera delictiva, caso Vicentin.

Vivimos en una sociedad global “monetario-mercantil”, por lo que la “ley del valor”, explica por qué “bienes y servicios” de distinta calidad son comparables, intercambiables, mediante los precios, que son expresión monetaria del valor.

El río, los ríos, los bienes comunes se subordinan a una lógica de las relaciones de intercambio al servicio de la ganancia y la acumulación.

La relación de intercambio (comercial) opera mediante la intermediación del dinero (monedas, billetes, en sus diversas manifestaciones a través del tiempo, incluso electrónica en el presente).

Insistamos en que ni el agua, ni la tierra son producidos por el trabajo humano, salvo el agua o la tierra procesada, la que se vende en botellas o bolsas, por ejemplo. Estas formas de oferta en el mercado sí son producto del trabajo humano, pero no las aguas y las tierras naturales. Sin embargo, no teniendo “valor”, tienen precio a partir de la apropiación privada.

Es larga la historia de la apropiación de tierras y territorios, a las que remito con invasiones en todo el planeta. Con el agua es más difícil la apropiación privada, pero son conocidos casos de cursos de agua apropiados ilegítimamente al transitar (naturalmente) por propiedad privada territorial, lo que genera conflictos históricos.

Apropiación privada y derecho a los bienes comunes

La propiedad privada, categoría jurídica histórica -es decir, que no siempre existió- pretende expandir su jurisdicción sobre todo lo que sea posible. Hace medio siglo que se generalizaron las políticas de privatización del capital público, a su vez, una forma específica del desarrollo, estimulado por la lógica productiva hasta la crisis de la década del 70. Luego vendrían las privatizaciones.

En ese marco no sorprende que los “derechos de uso” del agua hayan desembarcado recientemente en el mercado de capitales estadounidense, o que la utilización de cursos de aguas se oriente con fines de acumulación de ganancia, caso del río Paraná, ahora en debate a propósito de la concesión para la gestión del transporte de la producción del modelo del agro-negocio.

Los pueblos en su desarrollo histórico se asentaron a la vera de los cursos de agua, facilitando la reproducción social individual y colectivamente, lo que estimuló la regulación de los usos del agua, tanto para el consumo individual como para la producción social.

Existe una cantidad importante de personas (agricultores, pescadores, etc.) que asocian su subsistencia al río Paraná, hoy afectado por una bajante que no debe disociarse de los problemas ambientales generados por el modelo productivo y de desarrollo, dominado por corporaciones transnacionales y su objetivo específico por las ganancias y la acumulación.

Los pobladores a la vera de los cursos del agua demandan el derecho al agua, como derecho a la vida por encima del uso capitalista del curso de agua.

El avance actual de las relaciones económicas se asienta en la expansión de la propiedad privada de los medios de producción. En sentido histórico de las formas productivas, debemos remitirnos a formas previas, comunitarias o de articulación individual-familiar sobre medios naturales ocupados y trabajados comunitariamente.

No siempre hubo propiedad privada de los medios de producción y por ende podría no haberla a futuro. Tanto el capital público como el privado son formas histórico transitorias de organizar el proceso de producción y circulación.

Por eso, la discusión actual no trata solo de cómo gestionar la vía navegable o quién cobra el peaje del uso de la “autopista” por donde transitan el 80 por ciento de las exportaciones e importaciones de la Argentina.

El debate se extiende al conjunto del modelo productivo, que incluye el agronegocio de inserción subordinado a la dominación de las grandes transnacionales de la alimentación y la biotecnología, la industria de ensamble para el mercado mundial y una dependencia de la especulación fuertemente asociado al endeudamiento, gran condicionante de la política económica.

Todos estos mecanismos derivados de la “propiedad privada de los medios de producción” inducen que el excedente económico de la producción local migre al exterior, lo que se llama “fuga de capitales”, sea por cancelaciones parciales y reiteradas de deudas impagables de eterna negociación; como parte de las habituales remesas de utilidades al exterior y/o directamente para favorecer constitución de activos en el exterior.

Al no renovarse la concesión privada sobre el uso del río Paraná, habilita a discutir el conjunto del problema, con el eje en la defensa de los bienes comunes, el derecho a ellos o -si se quiere- el derecho a la vida.

*Publicado originariamente en el sitio del autor.

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/tiene-valor-el-agua-apuntes-para-discutir-el-uso-del-rio-parana/

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Libro: (RE)pensando el vínculo entre migración y crisis

(RE)pensando el vínculo entre migración y crisis

Perspectivas desde América Latina y Europa

Lucila Nejamkis, Luisa Conti y Mustafa Aksakal

 

(Re)pensando el vínculo entre migración y crisis
Ramírez Gallegos, Jacques … [et al.] ; coordinación general de
Lucila Nejamkis ; Luisa Conti ; Mustafa Aksakal. – 1a ed. –
Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO ; Guadalajara:
CALAS, 2021.
Libro digital, PDF
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-813-000-2
1. Políticas 2. Medioambiente 3. Identidades. I. Nejamkis,
Lucila, ed. II. Conti, Luisa, ed. III. Aksakal, Mustafa, ed.
CDD 304.809

«Las migraciones se han convertido en una de las temáticas de mayor importancia en la actualidad tanto en la agenda de los gobiernos y medios de comunicación como en el ámbito de las ciencias
sociales y humanidades. A pesar de esta tendencia, a lo largo de la historia ha quedado claro que la migración no es un hecho excepcional, sino que es una característica intrínseca de la vida humana(Manning y Trimmer, 2013). Como varios estudios han mostrado, la creación de las fronteras a partir de la organización del mundo en
Estados naciones fue lo que alimentó, aún más, la idea del nosotros vs. otros de la modernidad.» (Introducción p. 8)

Descargue el libro completo en este enlace: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20210924020947/Repensando-el-vinculo.pdf

 

Fuente: CLACSO – Novedad Editorial – Biblioteca CLACSO

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