Hace año y medio el mundo era diferente. Hoy que miramos atrás, reflexionamos sobre la contundente lección que nos deja la pandemia de la Covid-19: todos, sin excepción, somos vulnerables ante las enfermedades y sólo el esfuerzo colectivo puede ayudarnos a salir adelante.
Esta reflexión sobre la importancia de trabajar unidos para enfrentar la pandemia es más relevante hoy, cuando los planes de vacunación avanzan en diversos países. Es necesario, como lo establece el derecho internacional, que su distribución sea equitativa entre todas las personas, incluidas aquellas que por situaciones de vulnerabilidad o violencia pudieran quedar excluidas: nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo. No importa el género, la situación migratoria o si alguien está privado de libertad, el mundo seguirá en riesgo si los programas de inmunización no llegan de forma equitativa a todos.
Datos del proyecto Our World in Data (Nuestro Mundo en Datos) de la Universidad de Oxford y del Inform Severity Index (Índice de Gravedad) muestran que, hasta mayo, la población de los 50 países de mayores ingresos estaba siendo vacunada a una tasa 27 veces mayor que la de las 50 naciones de menores ingresos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas estableció que los estados deben dar máxima prioridad al suministro de vacunas contra el Covid-19 a todas las personas y tienen la obligación de tomar las medidas y destinar los recursos necesarios para que todos tengamos acceso a la vacuna, sin ninguna discriminación.
Para que ese derecho se garantice es necesario tomar en cuenta las necesidades y barreras que enfrentan los grupos de mayor riesgo de ser excluidos. Por ejemplo, las personas migrantes y privadas de libertad están en una situación de particular vulnerabilidad frente al Covid-19.
Las personas que migran tienen acceso limitado a servicios esenciales como albergue, atención médica, al agua o a equipos de protección personal, aumentando así su riesgo de contagio. Por otro lado, quienes se encuentran en lugares de detención, incluida la población en estaciones migratorias y estancias provisionales, muchas veces habitan en condiciones de hacinamiento, lo que impide aplicar medidas de higiene y de distanciamiento para mitigar la propagación del coronavirus.
En prácticamente todos los países existen políticas nacionales de vacunación para contrarrestar la enfermedad. Sin embargo, en algunos países aún persisten barreras para la inclusión de estos grupos en los protocolos de implementación de las campañas. Por ejemplo, la política de vacunación en México no hace explícita la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad, como las personas migrantes y privadas de libertad.
De igual forma, las barreras de acceso para las personas migrantes se vinculan a falta de acceso a la información o a la tecnología y la imposibilidad de cumplir con los requisitos establecidos. Por ejemplo, no todas las personas en situación de movilidad tienen identificaciones como la clave única de registro de población o comprobante de domicilio al que únicamente pueden acceder los ciudadanos o residentes.
En relación con la población privada de libertad, ésta debe ser incluida en las fases de priorización, identificando factores de riesgos como la edad y enfermedades crónicas. Si no es así, es muy probable que no tengan acceso oportuno a las vacunas.
Para alcanzar el objetivo de la vacunación universal, esa que nos pondrá a salvo a todos, es crucial la coordinación entre autoridades locales, nacionales y regionales que contribuya al debido seguimiento a través de registros de inmunización interconectados, que incluyen el intercambio de datos sobre la vacunación entre sistemas de salud. Esto debería implementarse sin perjuicio de la confidencialidad médica y el principio de no discriminación. La vacunación no debería ser un privilegio, sino una medida necesaria para proteger la salud de la población en general y, en particular, de los grupos más vulnerables.
* Coordinadora del programa de Salud del Comité Internacional de la Cruz Roja en México.
“Por experiencias anteriores, escribe Sábato en “Informe sobre ciegos”, sabía que llegado a un punto no vale la pena repetir los mismos razonamientos porque se forma una huella mental que impide salidas laterales.” Con independencia del contexto en que esta reflexión fue escrita, tiene miga en nuestros días.
¿Cómo pensar y diseñar el regreso a clases presenciales luego del confinamiento? Advierto una tendencia dominante en las autoridades: volver, cuanto antes, a lo mismo con modalidades que se ajusten a la precaución sanitaria – personal educativo vacunado; de manera voluntaria y escalonada; tras reparar en lo posible los daños a la infraestructura derivados de meses sin uso ni mantenimiento (con el esfuerzo y no pocos recursos del personal docente y las familias); usando filtros para detectar contagios, y combinar actividades en los planteles con sistemas de escolarización remota. El anuncio oficial es que será, en la mayor parte del país, si los indicadores de la epidemia no varían, el lunes 7 de junio.
Urge volver a clases. Se necesita retornar a la cercanía física con los otros, si bien cuidadosa, parte fundamental del proceso formativo, luego de tantos meses en que se decidió cerrar los planteles.
El problema central, a mi juicio, es que la orientación es “regresar a lo mismo”. Empleamos razonamientos semejantes en cuanto a lo que hay que recuperar, sin advertir que estamos operando con una huella mental inamovible que cancela salidas laterales. Volver, con precaución al pasado, sin hacernos cargo de lo sucedido ni acusar recibo del impacto que sobre los procesos educativos ha tenido la pandemia.
¿Acaso no ha sido palmario que los planes y programas de estudio están repletos de información irrelevante, con muy poca atención a los procesos cognitivos fundamentales que hacen factible el aprendizaje? Por eso lo que se trasladó a las casas, con el falso nombre de aprender en ella, fue el añejo vicio de inundarlas de tareas que atarean y atarantan. A fuer de hacer de cuenta que no pasaba nada más que un “cambio” en el formato de la enseñanza desde arriba, con el uso de sistemas digitales (cuando era posible por acceso a ellos), la tele o cuadernillos, se desperdició la oportunidad de abrir espacios a la creatividad del magisterio con el fin de fortalecer las estructuras intelectuales que dan cimiento al saber: leer, escribir, reflexionar, argumentar con orden, así como dar solidez a un sistema lógico que está en la base del proceder matemático. Para ello, hubiera sido necesario zafar nuestro entendimiento de los procedimientos escolares acostumbrados y, no sin fallas, intentar caminar por otras sendas. No fue autorizado: predominó remedar, ¿remendar?, la senda trillada.
Del mismo modo que renunciamos a pensar de otra manera frente a un acontecimiento inédito, corremos el riesgo de hacer lo mismo sin atrevernos a sacar un saldo reflexivo de lo vivido en estos largos meses.
Otras maneras de volver a las escuelas no son parte de la discusión. Las pantallas que son ventanas para comunicarnos, al mismo tiempo están siendo espejos donde se refleja nuestra forma de enfrentar el vínculo pedagógico. Y lo que vimos, en general, fueron hábitos y formas cristalizadas de lanzar mensajes, los que saben, para que los cacharan los ignorantes.
Decía Machado: “Se miente más de la cuenta/ por falta de fantasía: / también la verdad se inventa”. El control aplastó a la libertad: la huella mental, tan cómoda y conocida, impide trazar otras salidas. ¿No hay de otra?
Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo
Silvio Rodríguez (1994)
El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo Estratégico en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.
En una de sus obras, Apple (2002) manifiesta que, en sus escritos, todo ellos en favor de una educación que favorezca y responda a los intereses de los escolares y sus contextos, son también resultado de la ira. Esa ira que, precisamente, le producía ver cómo “la arrogancia de quienes creen en la lógica del mercado” (Apple, 2002, p. 11), y eran incapaces de ver el daño que sus propuestas educativas con “palabras grandilocuentes sobre la eficacia, la responsabilidad, la excelencia y la calidad de la enseñanza” (Apple, 2002, p. 12), causan a seres humanos reales, dado que obvian las condiciones reales de vida en que existen dichos seres. Dejaba con ello claro que la ira es, sin duda, una motivación para pensar sobre la desigualdad, la exclusión y la injusticia y, cómo no, también sobre el derecho a una educación democrática, real y pertinente para numerosos sectores sociales.
Ahora bien, con la ira pasa algo curioso en nuestras sociedades: casi siempre se observa una actitud ambivalente frente a la misma. Desde el punto de vista religioso, la ira es considerada uno de los siete pecados capitales; sin embargo, se considera santa la ira de Jesús, cuando expulsó a los mercaderes del templo (La Palabra de Dios, 1992); desde otra perspectiva, el Dalai Lama (2019) la considera un sentimiento humano que puede canalizarse para combatir las injusticias humanas o todo aquello que se cierna como una amenaza para la vida; asimismo, evita que seamos impasibles frente al dolor o la desgracia de otros. Desde lo social, como lo plantea Apple (2002), la ira es una forma de respuesta frente a aquello que causa daño, origina desigualdad social y genera injusticia y exclusión. Por lo mismo, se constituye en un valioso instrumento de lucha, reflexión y expresión social.
Ahora bien, mirar la educación misma desde la ira permite ciertas libertades que no consiente el rigor académico o la corrección política y que conviene aprovechar para poner sobre la mesa cuestiones que han sido ya dichas, pero ahora acompañadas de esa emoción que admite cuestionar, con cierta dureza y virulencia, la situación que ha puesto en evidencia la pandemia, la misma que a la fecha ha producido más de 127 millones de contagios y cuya cifra de muertos supera los 23 millones y, sin embargo, se observa que el proceso de vacunación, no sólo no marcha con la urgencia y la cobertura que la situación amerita, sino que da lugar a que algunos gobiernos hagan manejos excluyentes y perversos con ella, como lo ha denunciado la OMS (ONU, 2021). Es decir, aun frente a una situación en la cual debería privilegiarse el valor de la vida, otros asuntos resultan de “mayor importancia”.
Frente a ello, resultan necesarias la preguntas: ¿dónde está aquella educación que debe tener como misión formar sujetos sociales que, con esos saberes y sentimientos de humanidad, responsabilidad y solidaridad, deben reivindicar el valor y la importancia de la vida, por encima de otras consideraciones?; ¿qué ha sucedido con aquellos saberes que, con tanta intensidad horaria, experiencias de laboratorio y numerosos ejercicios de campo buscaban informar y provocar admiración y respeto por ese milagro, que es la vida misma? Parece que los problemas de una creciente ola de violencia, desafortunadamente, múltiple y variada en sus expresiones, así como la indiferencia social, dicen que todo ello quedó reducido a un conjunto de numerosos y llamativos datos, así como a una alfabetización básica sobre la vida, que no parece tener sentido ni utilidad en la existencia personal y social.
Parece que, frente la situación que ahora se vive, tendrían absoluta razón hombres como Toffler (1970) o Rifkin (1999), cuando se refieren al hecho de que la civilización se embarcó en un “modo de vida” industrial, en el cual este conocimiento sobre la vida asumió un sesgo en favor de una visión pragmática y productivista y en la cual los seres vivos estaban ahí para servir a una revolución científico-tecnológica, depredadora y mercantilista cuyas consecuencias hoy día no sólo son visibles en la desaparición de muchas expresiones de la vida vegetal y animal, así como de sus sustratos ecológicos, sino que incluso la vida humana ha adquirido otro valor y los grandes poderes económicos ya la ven como objeto de experimentación y como un gran potencial comercial, gracias a su acervo genético; la actual revolución biotecnológica ya permite avizorar este peligroso sentido y horizonte para la vida humana (Rifkin,1999).
El “ser humano” comercial y la sociedad consumista en la que se desenvuelve dice con sus actitudes, sus silencios, sus complicidades que las reflexiones sobre lo humano y lo social están siendo abandonadas o tienen en la educación un terreno estéril y carente de compromiso, cada vez más visible; parece que aquella escuela del papagayo, imaginada por Tagore (Nussbaum, 2011), tiene presencia evidente en muchos de los contextos latinoamericanos, dado que la reflexión y el compromiso con la vida misma y con la vida de los otros, se resume en saberes más enciclopédicos que participativos y más memorísticos que impregnados de vida y compromiso. Como observa la misma Nussbaum (2011), estamos ante una educación que está minando las cualidades esenciales que identifican lo humano y debilitan aquella solidaridad básica que debería llevarnos a desarrollar la ira y la resistencia frente al poder y sus desmanes.
Por ello mismo, también resulta pertinente preguntarse qué tipo de sujetos, de sociedades y bajo qué presupuestos se están formado mediante los procesos educativos, dado que la capacidad de respuesta de los mismos frente a la situación planteada, no tiene la cohesión ni la fuerza que la situación social amerita y así poder generar los cambios que permitan ver que los discursos ético-científicos sobre la vida y la responsabilidad con la vida y la naturaleza, van más allá de los cuentos cientificistas, a los que se dedican largas jornadas de “estudio” en las aulas escolares. Parece ser que la cuestión de la formación del sujeto sigue siendo, igualmente, una tarea aplazada, por lo cual la cuestión de la formación de una ciudadanía, entendida esta como una actitud de vida que nos hace responsables de nosotros mismos, de los otros y del hábitat, igualmente, es sólo otro ejercicio academicista.
El denominado desembarco neoliberal en la educación (Martínez, 2004) dejó claro que el Estado de Bienestar y su interés en la agenda de lo social debía desaparecer, dejando, eso sí, espacio para los discursos que se reclamaban como urgentes por ciertos sectores sociales, como la democracia, la cuestión ambiental, los derechos humanos, la equidad de género, la inclusión social, entre otros, y que se visibilizó en la llegada de nuevos saberes a la educación, sin que ello significase que lo esencial experimentara cambios: En efecto, los nuevos planes de estudio se han modernizado con la introducción de nuevas cátedras como Competencias Ciudadanas, Educación Sexual, Medio Ambiente, Derechos Humanos, Democracia y Participación. No podía ser de otro modo, en este estado de cosas, los sectores sociales son escuchados y la “educación” está atenta a dichas voces. Pero sólo eso.
Por ello, parece que la escuela, como lo mostró hace mucho Toffler (1970), sigue siendo el centro de instrucción de los hombres y las mujeres que reclama el nuevo modo de ver el desarrollo y la economía. Y entonces la escuela volvió a ser “feliz” porque se modernizó y, como no podía ser de otro modo, también ingresó la burocratización, el papeleo, la respuesta rápida, pero también los profundos cambios que están desfigurando el trabajo de los educadores, como seres humanos que forman en Humanidad (Hargreaves, 1996). Ahora es una institución más moderna, más racional y más eficiente pero, al parecer, menos inteligente. Todo ello parece indicar que se requiere del concurso de la “santa ira”, para expulsar esta nueva, pero siempre vieja casta de mercaderes de la educación, y así recobrar la escuela como auténtico y democrático templo de formación de lo humano y lo social. ¿El maestro contempla ello en sus propósitos?
Ya veremos.
Referencias
Apple, M. (2000). Educar “como Dios manda”. Barcelona: Paidós.
Dalai Lama. (2019). El poder de la ira. México: Urano.
Martínez, A. (2004). De la escuela expansiva a la escuela competitiva. Barcelona: Anthropos.
Hargreaves, A. (1996). Profesorado, cultura y postmodernidad. Madrid: Morata.
Nussbaum, M. (2011). Sin ánimo de lucro. Buenos Aires: Katz
ONU (2021). La OMS critica el egoísmo de los países ricos y las farmacéuticas frente a las vacunas del Covid-19. Nueva York: Noticias ONU.
Rifkin, J. (1999). El siglo de la biotecnología. Barcelona: Critica-Marcombo.
La Palabra de Dios (1992). El evangelio según San Juan. Bogotá: Terranova.
Toffler, A. (1970). El shock del futuro. Barcelona: Plaza y Janés.
Se preveía que el Paro programado para el 28 de abril de 2.021, tornaría en Indefinido. Se conocía con anticipación, que pese a las restricciones con ocasión del Covid-19, las movilizaciones serian multitudinarias, permanentes. Era de esperar que la protesta centraría contra la Rama Legislativa (Senado, Cámara, Asamblea, concejos), retomando lo sucedido en el anterior Paro Nacional del 21 de noviembre de 2.019 (21N), que en plena protesta callejera el Senado aprobó la fatídica Reforma Tributaria que privó al Estado colombiano de recaudar cerca de 12 billones de pesos, nueve billones de los cuales fueron entregados al sector financiero parasitario y el resto a exenciones tributarias a empresarios, dizque para impulsar el “pleno empleo”, resultando embolsillados por ellos. También que la petición directa fuere la extinción del Escuadrón Policial de la Muerte, El Esmad y como remate la exigencia de la reforma de fondo a la Policía Nacional, desnaturalizada por lo militar.
Un Pliego de Peticiones, presentado por el Comité Nacional de Paro desde hacía 11 meses, engavetado y sin respuesta oficial, presagiaba el alcance político del desarrollo de las protestas. El binomio gubernamental lo sabía y no han demostrado capacidad para encararlo y ello explica la dilación en solucionarlo. Los acontecimientos políticos que se han sucedido y generado durante su ciclo de actividad califican el presente paro, como de Paro Político Nacional (PPN), sustentado en un estallido político-social y en la consecuente y consciente participación organizada de las masas y por ende del movimiento popular colombiano.
No estaba entre los cálculos que el régimen presidencialista le diere un tratamiento contra insurgente al Paro y ello demuestra la incongruencia en lo gobernable y la ratificación que en Colombia opera una hegemonía oligárquica contra insurgente, de la que hacen parte la mayoría de grupos y partidos políticos que tienen representativo en el Congreso.
Con anterioridad se ha planteado la culpa gubernamental en la vorágine causada. La conciencia popular enardecida ha comprobado que es posible exigir los cambios de fondo que la sociedad colombiana requiere. Se impone la constante de tener claro que es lo que se quiere y se ha demostrado que se perdió el miedo a protestar a exigir, denunciar, pese a la ola de Terrorismo de Estado aplicado en Colombia.
Alcances políticos del paro
En este mes de Paro se ha revelado la lucha de clases latente. El racismo entronizado contra minorías étnicas y pueblo ancestral. Desenmascarada la iniquidad e injusticias, materializada en conocimiento que el 1% de la población, más rico, es el dueño de medio país. Que el 1,5% de la población, sea la dueña ostentosa del 52% de la tierra productiva en el país. Se desenmascara a los pocos personajes que son los dueños de los Peajes, que tienen rebotado y en acción de bloqueos a los transportadores. Que todos los Servicios Públicos esenciales (Comunicaciones, Agua, Luz, Transporte, Educación, Salud, Banca, Recursos Naturales) han sido privatizados a ultranza, redundando en un imaginario popular de no pertenencia y valía. Que el problema de poder en la generación y generalización de la corrupción radica en toda la rama legislativa, atornillada por la existencia de un sistema electoral corrupto, soso, hecho a imagen, semejanza y provecho del clientelismo. En la existencia y permanencia de una metodología desarrollada por los gobernantes al servicio del capital financiero especulador y parasitario, al que se le otorgan auxilios, exenciones, beneficios abusivos en billones de pesos, en detrimento de las arcas públicas. Complementa con un modelo económico que incluye el uso desmedido de la explotación de los recursos naturales, en lo extractivo, que asola el panorama del equilibrio ecológico, la defensa de la naturaleza, de sus derechos y el de los animales. Se revela, como verdad sabida, que funge un presidente títere, sub valorado, por sus mismos partidarios y lastre en la conducción eficaz del país. El experimentado dirigente político Álvaro Leiva D, advierte, en clara alusión al sub presidente: “un animal puede tener cien pies; pero jamás dos cabezas”. No obstante(o por eso) el objetivo del movimiento popular, no es el fin del mandato del títere de turno y en consecuencia tampoco el de la politicidad del Paro Nacional; como si lo es la Fuerza Pública criminal que sustenta al Establecimiento y el señalamiento e identificación del enemigo principal del pueblo colombiano, como lo es la Rama Legislativo del Poder Público. La conciencia ciudadana y popular tiene muy bien identificado a todos los causantes de sus males y la dictadura mediática no logra confundir esos imaginarios pululares.
Efectos de los alcances políticos del paro
En relación con la capacidad de dirección del Comité Nacional de Paro, este no ha perdido fuerza, ni vigor, durante el más de un mes de desarrollo del paro. Esto, por cuanto no se trata de un cese de actividades tipificado, sino de una Huelga generalizada, de carácter político en todo el país. El gobierno le apostó a su desgaste y el Comité ha salido bien librado de pretendidas imposiciones unilateral gubernamentales.
El tema de los Bloqueos, que no es del resorte nacional del comité, expresa la multiplicidad de reclamaciones de otros sectores populares, que no están bajo la égida de dirección del Comité Nacional del Paro y demuestra la errada aplicación de inteligencia preventiva del Establecimiento gubernamental. Craso error el haber desautorizado a dos vice ministros que habían llegado a un acuerdo con manifestantes para destrabar el corte de vía en Buenaventura y progresivamente permitir el fluido, con ayuda de los transportadores, manifestantes y organizaciones populares en la calle. Se suma a la salida de dos ministros y un Alto Consejero gubernamental.
Como nunca se había registrado en las luchas populares en Colombia, este paro del 28A, ha elevado el nivel organizativo de las masas. Resultado de la brutalidad policial aplicada por el Escuadrón de la Muerte Policial, Esmad, los jóvenes han creado LA 1ª LINEA. Los muchachos o pelaos de La 1ª Línea, están en la lucha callejera, con cascos, gafas plásticas de seguridad, escudos de lata y plásticos, tapabocas y disponibilidad total. Enfrentan las bombas lacrimógenas y chorros de agua dirigidos a los manifestantes. Orientan a la población alzada. Controlan a saqueadores. Organizan los Bloqueos, evitando la extorsión. Encausan y ayudan. Previenen, orientan, socorren a golpeados, o a sitiados, a quienes ayudan a salir. Participan en las ollas comunitarias, junto con LAS MADRES DE LA 1A LINEA. Aseguran las tres comidas del día y a la que jamás habían tenido acceso. Entretejen con amistades, compañeros, novias, todo un soporte de activismo político y social. También son liderados y ayudados por sacerdotes de iglesias, médicos, auxiliares de salud, activistas de ONG´s sin apropiarse de sus espacios- profesores que acuden a proteger a sus alumnos, padres de familias y vecinos. Sorprende la capacitación e ilustración que ostentan y expresan los pelaos sobre lo problemático del país. La represión contra los pelaos de La 1º Línea ha sido brutal y sanguinaria por parte del Terrorismo de Estado. Policías y paramilitares los ubican, identifican, los retienen cuando salen de los escenarios de confrontación. Los siguen, los desaparecen, y los incineran, como en el lamentable suceso del joven de piel negra, encontrado carbonizado en las instalaciones destrozadas del centro comercial Dollar City, en la ciudad de Cali, no distante, por la parte trasera, de un centro de atención policial, que ha sido objeto de reiterados ataques durante las confrontaciones de estos días. Los medios de alienación masiva, mantienen en una burbuja, mintiendo sobre la cotidianidad de una confrontación permanente en las ciudades afectadas, al no ejercer un periodismo independiente. Difunden especies como la del Ministro de Justicia Wilson Ruiz, quien afirma que se trata de una estrategia de difamación contra el Estado colombiano y que las muertes de manifestantes han sido en incidentes aislados como riñas callejeras, hurtos, etc. Inventan lo de la presencia de grupos armados y de control del fementido narcotráfico y el Consejero para la Estabilización, Emilio Archila, señala en una entrevista, que los bloqueos son ilegales y deben ser levantados de manera inmediata para poder iniciar una negociación.
Todo un montaje preparando el escenario de golpes dictatoriales y más represión y muerte. Duque y sus comilones que repiten, siempre habla de respetar la Constitución, pero en la práctica no acude a negociar una búsqueda de salida concertada, recurriendo a la represión. Se trata de un gobierno des legitimado que solo se sostiene con la dictadura.
El efecto político, como repercusión internacional no se ha dejado esperar. Movilizaciones de colombianos y ciudadanos de diferentes países donde se han dado multitudinarias protestas de solidaridad con el pueblo colombiano y en contra del gobierno. Llamados de organismos internacionales y personalidades a la búsqueda de una solución y al respeto a los manifestantes. Cartas diplomáticas enviadas, a raíz de los violentos comportamientos de la fuerza pública. Reiterada inquietud por la cantidad de baleados, muertos, heridos y sobre todo, desaparecidos, durante las jornadas de protesta, aumentan el desprestigio internacional del gobernante colombiano, que pareciere no piensa con cabeza propia, sino por la del otro. Inexplicable mal manejo y contradictorio trato al pedido de la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) a venir a verificar las denuncias de violación a los Derechos Humanos.
La Secta-que no partido- de gobierno, ha impulsado la reacción fascista contra las protestas llamando a la intervención militar y al mesianismo salvador con los inmensos recursos dinerarios de sus “corporados”: “Urgimos al Gobierno Nacional liderar la consecución de unos recursos pagados por los más pudientes para financiar la lucha contra la pobreza y la política de juventud” 28 de mayo de 2.021. La plata es grosera, insolente. Piensan que dando limosna a la juventud, manteniendo la situación de iniquidad, miseria, pobreza, pueden continuar cabalgando sobre las necesidades del pueblo colombiano. En nada se diferencia esta grosería, como cuando el capo Pablo Escobar, anunció que estaba en condiciones de pagar la deuda externa colombiana. Vaya pues!
El paso dictatorial con un decreto de marras
Los Bloqueos son protesta ciudadana. Se explica cómo manifestación soberana del pueblo indignado. Una expresión de democracia directa:(Artículo 3 CP91) “el pueblo la ejerce en forma directa”. Puras elucubraciones se dan en torno de ellos. Los gremios económicos y financieros; oficiales y privados, mencionan sumas billonarias, astronómicas, en pérdidas. La verdad es que no ha existido, no se ha dado, un desabastecimiento critico en las ciudades. Los bloqueos se han dado en forma intermitente y al parecer funcionan unos “corredores humanitarios” por el que circulan los artículos de primera necesidad, medicamentos, etc. Obvio, los importadores de lo santuario si se afectan. Sucede que la decisión política es no aceptar ninguna clase de protesta, no negociar, derrotar al movimiento popular y aprovechar la coyuntura para el engaño electoral gubernamental que avecina. Si los gremios y grupos de presión económica estuvieren afectados, hubieren presionado al gobierno a una solución negociada; pero no, avalan las medidas contra el movimiento popular y llaman a la militarización, con la ambientación intoxica dora de los medios de comunicación que buscan hastiar a la clase media y ponerla en contra del Paro Político Nacional (PPN), a fin que ninguna conquista política se logre conseguir. En acto de desespero por la intensificación de la protesta y continuación de la lucha, le resulta imposible contener la autonomía de los gobernantes locales, elegidos popularmente y terminarían demarcándose de la directriz central del gobierno por in gerente la “asistencia militar”. No están en capacidad de continuar reunidos con un Comité de Paro, solido en sus argumentos y ante la flaqueza de ingobernabilidad manifiesta, deciden acudir a lo dictatorial. Emiten un Decreto, que prácticamente lleva a traste las negociaciones con el Comité de Paro, tal como lo enuncian sendos comunicados de ambas partes.
El Decreto 575 del 28 de mayo de 2.021, es de indiscutible carácter dictatorial, draconiano. Pasa por alto las observaciones de las fuerzas militares y de policía, que realizan tareas de control en medio de las protestas sociales y políticas. Desconoce que están sujetos a las reglas internacionales del uso de la fuerza, limitadas por los principios universales de legalidad, necesidad, precaución y proporcionalidad. Todo eso lo viola el citado decreto e instaura el Terrorismo de Estado, siempre vigente en Colombia. Como tal, la “asistencia militar” es inconstitucional y no contentos con el injerto, emiten un Decreto, que más pareciere de conmoción interior, sin darse las condiciones objetivas para ello. Es un disfraz que busca “restaurar el orden público” en los Departamentos citados; lo cual no es de unánime, ni igual caracterización. También resulta inconstitucional un Decreto dictatorial dizque para “prevenir” la alteración; es decir lo que vendrá. Eso demuestra ineficacia en la dirección del país. Ese Decreto es inaplicable. De cuando acá el Departamento de Norte de Santander esta alterado en“el orden público”? Acaso se está con la Constitución de 1886? No..En el Departamento Norte de Santander existe un conflcito armado interno agudizado, con control territorial insurgente, a diferencia de El Cauca, por ejemplo, que controlan el territorio las bandas de narcotraficantes en connivencia con las brigadas militares y el generalato a la cabeza. Resulta que la única manera de “prevenir” que no se altere el orden público en el Norte de Santander, es no fumigar con glifosfato. En una palabra, aplicar los Acuerdos de La Habana. Crear las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Proteger a las comunidades indígenas. Derogar los Zidres y comenzar a reconstruir la economía de El Catatumbo bajo la dirección cooperativa, desplazando el capital financiero parasitario y narcotraficante de lavado legal. Uno a uno los gobernantes locales manifestara el desacuerdo con la pérdida de su autonomía. Ya lo han manifestado la Alcaldesa de Bogotá,DC y el Alcalde de Bucaramanga. Más de cinco alcaldes en Cundinamarca y seguiremos contando.
La salida es política no militar
Debe el gobierno nacional retomar las negociaciones con el Comité del Paro Nacional. Entender que una cosa es negociar con el comité Nacional y otra con las comunidades en protesta regional, con representatividad soberana directa, del pueblo en las calles, carreteras y veredas. Es fácil: solucione el Paro de los Transportistas. Ponga en la cartera del Ministerio de Obras Públicas y Transportes a una persona capacitada y enfrente el problema que tendrá con los explotadores de los Peajes. Enfrente a Sarmiento Angulo y al grupo Aval y no a los transportistas, conductores, ayudantes y al pueblo organizado en las calles. Soluciónelo ya y resuelve lo de los Bloqueos. No seguir dándole al Paro Político Nacional un tratamiento contra insurgente. Esto contribuirá a un agudizar del conflicto armado interno insurgente. Y por dejar por el momento, aliste se, señor gobierno bicéfalo o dual a aceptar la convocatoria, de una Consulta Popular para determinar temas puntuales como la Revocatoria del Mandato de Toda la Rama Legislativa del Poder Público actual y empezaremos a construir una Nueva Colombia, aplicando los ajustes necesarios al sistema corrupto electoral, clientelista y de casino, narco paramilitar, que impera en Colombia.
A principios de julio de este año, irá saliendo publicada la convocatoria de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana para elegir rector para el periodo 2021-2024. Por Ley, la Junta tiene las atribuciones para definir las características del proceso. Normalmente hay un periodo de registro, luego otro de presentaciones ante la comunidad y luego hay una deliberación interna para designar la futura rectoría de la UV. Los criterios de participación definidos por la Ley Orgánica son muy amplios, diseñados el siglo pasado.
Artículo 37. Para ser Rector se requiere:
I. Ser mexicano por nacimiento;
II. Ser mayor de treinta y menor de sesenta y cinco años de edad, al momento
de su designación;
III. Tener cuando menos cinco años de servicio docente, de investigación o de difusión de la cultura y extensión de los servicios, preferentemente en la Universidad Veracruzana;
IV. Haberse distinguido en su especialidad; y
V. Poseer título de licenciatura y preferentemente haber realizado estudios de posgrado, y publicado obra en el área de su especialidad.
En medio de la pandemia y de las políticas sanitarias para su contención, el proceso para renovar la rectoría de la UV estará atravesado además por el periodo vacacional de tres semanas en julio, limitando gravemente las posibilidades de participación de la comunidad.
Más allá de todas las posiciones críticas que sostenemos sobre la insuficiencia y las limitaciones de las juntas de gobierno en las universidades, es necesario asumir que en medio del proceso sucesorio es imposible cambiar las reglas del juego institucional y por tanto debemos ajustarnos a ellas. Sí se pueden cambiar las reglas, pero para ello debemos transformar la Ley Orgánica y mientras eso no suceda la sucesión rectoral en la UV se decidirá en un entorno de normas y procedimientos establecidos por la Junta en su convocatoria. En efecto, la Junta tiene la facultad de diseñar el proceso en cada ocasión.
Después del desastre que fueron los últimos dos procesos en donde privaron los intereses políticos sobre los académicos y donde la Junta fue cómplice de un atropello tras otro, a partir de la autocrítica es posible reconsiderar algunas cuestiones. Por ejemplo, es inadmisible que la Junta vuelva otra vez la espalda a los universitarios y sus notables integrantes supongan que son más sabios que la comunidad de estudiantes, trabajadores y profesores de la Universidad: los integrantes de la Junta se deben a la comunidad y fueron nombrados por el Consejo Universitario bajo un acto de confianza en donde se les encarga una tarea específica, para que la asuman con autonomía de las presiones sociales, económicas o políticas privilegiando el bien de la institución y de su comunidad. En el mismo sentido, es inadmisible que prime la manipulación, o el interés de uno o varios de sus integrantes para el beneficio privado o de grupo, por sobre el sentido colegiado de la decisión. Es inadmisible también que hasta ahora haya predominado la opacidad y la secrecía en los procesos, cuando deberían de ventilarse de modo transparente ante la comunidad. En el contexto actual no sería equívoco que la Junta tratara de recuperar la legitimidad perdida entre la comunidad, por ejemplo, todas las sesiones de la Junta deberían de ser transmitidas en vivo por TV UV y por las redes sociales de la Universidad, sus decisiones y acuerdos deberían ser difundidos ampliamente, y no debería ser descabellado que alguna vez recurriera a la consulta a la comunidad que dice representar.
Además de los criterios establecidos por la Ley Orgánica, la Junta debe establecer exigencias de participación que garanticen que la persona que sea designada para la Rectoría tenga un profundo conocimiento de la Universidad, de sus problemas y retos, de su comunidad y de sus aspiraciones por una educación de excelencia. La Junta debe decidir entre los mejores aspirantes y no puede convertirse en un órgano político que favorezca a un grupo de interés.
El primer criterio es el predominio de los criterios académicos y la valoración meritocrática de los referentes académicos principales: la antigüedad y el reconocimiento en la docencia; la experiencia y la valoración en la producción del conocimiento; la originalidad y la trascendencia en la creación artística. Para esto hay indicadores precisos como la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores o al Sistema Nacional de Creadores, los premios y reconocimientos académicos, la pertenencia a asociaciones científicas, la experiencia dirigiendo tesis de todos los niveles, la participación en proyectos culturales y científicos. Es indispensable que el próximo rector sea un líder académico.
Otro referente ineludible es el compromiso con la UV y su comunidad que derivan de su conocimiento, de su involucramiento en su desarrollo reciente, en su contribución efectiva al fortalecimiento de sus funciones, de su dimensión organizacional, de su gobernanza y de su vinculación. Es indispensable que el próximo rector conozca a la Universidad en sus regiones y en sus áreas, que valore la diversidad y se comprometa con la descentralización y el fortalecimiento de la UV en sus regiones.
Es necesario que la Junta garantice un proceso mediante el cual sea designado un rector que conozca a la comunidad y se identifique con sus causas y necesidades, que sea empático con los trabajadores y estudiantes, que comprenda, valore y se comprometa a resolver sus problemas.
La Junta tiene que privilegiar la honestidad y la austeridad y cerrar el paso a quienes lo que pretenden es utilizar a la UV como un patrimonio privado o de grupo, al servicio de unos cuantos y para su beneficio personal.
La Universidad requiere de un nuevo liderazgo capaz de conducir a la Universidad por el rumbo de la excelencia y un nuevo paradigma orientado al fortalecimiento de su proyecto académico.
Fuente de la Información: http://www.educacionfutura.org/la-convocatoria-de-la-junta-de-gobierno/
Niñas, niños y adolescentes encajan el cambio sin derecho a opinar ni a elegir.
Si hay un segmento de la sociedad carente de autoridad sobre su vida es el de niñas, niños y adolescentes, las grandes mayorías en prácticamente todos los países de nuestra América. Somos sociedades jóvenes y en crecimiento; sin embargo, la visión imperante entre quienes recae la responsabilidad de propiciar un desarrollo basado en la justicia, equidad y el mejor aprovechamiento de todos los recursos, suele ir en contraposición con aquello que dicta la razón y cuya esencia plasmó el filósofo estadounidense Jhon Dewey: “La educación no es preparación para la vida; la educación es la vida en sí misma.”
La historia de nuestros pueblos nos ha enseñado que somos sobrevivientes de sistemas adversos, hostiles e incapaces de comprender el enorme potencial implícito en el cambio generacional. Vemos a la niñez y la juventud como una carga impuesta y no una oportunidad maravillosa para generar transformaciones de gran escala, lo cual debería conducir a una consolidación de valores con la misión de fortalecer el tejido social. Y todo ello, con la educación como leit motiv de cualquier sistema de gobierno. De modo automático, asumimos la autoridad del adulto como si esta fuera una forma válida de actuar sobre quienes dependen de nosotros en la línea familiar o social, y lo hacemos sin cuestionar la validez de una autoridad muchas veces impuesta de manera legal, aunque su aplicación resulte, en muchos casos, ilegítima.
Al observar los efectos de la situación excepcional en la cual estamos inmersos desde hace ya año y medio, es posible constatar la situación riesgosa en la cual viven niñas, niños y adolescentes al enfrentarse a una pérdida de sus vínculos sociales y, simultáneamente, a un encierro obligado con adultos poco preparados para ofrecer un ambiente seguro, enriquecedor y libre de violencia. El ser adulto a cargo de personas jóvenes cuya custodia nos ha sido confiada por ley, no significa de ningún modo que tengamos el derecho para imponer nuestra voluntad de manera arbitraria ni para descargar en ellas nuestras frustraciones, sino más bien nos da una oportunidad para reforzar lazos de conocimiento mutuo, respeto y colaboración.
Sin embargo, la violencia emocional generada por el forzoso cambio de hábitos y las limitaciones provocadas por las restricciones a la movilidad, al trabajo y al estudio, cobran sus mayores víctimas entre las nuevas generaciones, por estar estas sometidas a una situación sobre la cual no poseen voz ni voto. La impunidad imperante en casos de violencia doméstica es un elemento adicional, aunque poderoso, al trastorno psicológico ocasionado por la pérdida de lazos sociales, la falta de actividad lúdica y la tensión natural provocada por un fenómeno de alcance global sobre el cual no tenemos control.
En tanto no se recobre un cierto estado de normalidad, es imperativo aprovechar la ocasión para prestar atención a este enorme contingente de nuevas y nuevos ciudadanos, cuya vida y futuro dependen, en gran medida, de quienes están a cargo de su bienestar físico y emocional, así como de propiciarles una educación de calidad. El tema no es menor: la niñez y la juventud han sido los eternos marginados en nuestras sociedades y el impacto de esa agresión -naturalizada por un concepto equivocado de la autoridad de los adultos que les rodean- tiene secuelas de largo plazo en la pérdida de oportunidades de desarrollo, pero también en forma de abuso y marginación. No repitamos el cliché de que constituyen “el futuro de la patria” mientras no seamos capaces de honrar esa promesa.
La juventud tiene todo el potencial, pero de nosotros depende abrirles el camino.
Audio:
Fuente de la Información: https://carolinavasquezaraya.com/2021/05/30/los-eternos-marginados/
Varios integrantes o descendientes de la comunidad judía hemos suscripto un nuevo llamamiento de solidaridad con el pueblo palestino, Convocamos a multiplicar las protestas contra los asesinatos en Cisjordania, los bombardeos en Gaza y las agresiones a los árabes de Israel.[1]
En ese pronunciamiento resaltamos la incompatibilidad de las raíces, las tradiciones y los valores de la cultura judía con las masacres perpetradas por el ejército israelí. Esos crímenes destruyen el fundamento humanista de un legado milenario proclive a la hermandad de los pueblos.
Quiénes conocimos en la infancia a los sobrevivientes del holocausto no podemos permanecer en silencio. Indigna escuchar cómo se equipara a los opresores con los oprimidos, presentando la confrontación de Medio Oriente como una “guerra entre dos contendientes”.
Los resistentes del gueto de Varsovia no constituían un “bando en conflicto” con la maquinaria del nazismo. Eran heroicos sublevados contra el cerco impuesto por un batallón genocida. También Israel despliega en la actualidad su arrolladora superioridad militar contra víctimas indefensas. Transformó a Gaza en un campo de tiro, convirtió a Cisjordania en un laberinto carcelario y maltrata a los árabes-israelíes como ciudadanos de segunda.
Ese brutal escenario resulta particularmente chocante para los descendientes de judíos en América Latina, que conocimos los tormentos padecidos durante las dictaduras de los años 70. La insultante identificación de los militantes palestinos con “grupos terroristas”, nos recuerda la equiparación de los luchadores populares con la “sedición” que hacían los militares de esa época.
En las últimas tres décadas los gendarmes israelíes estrecharon vínculos con las fuerzas represivas de América Latina. Afianzaron una oscura sociedad en el submundo del espionaje y el tráfico de armas. En las principales operaciones regionales de “contra-insurgencia” siempre aparece algún asesor militar de Israel.
En Colombia adiestran a los paramilitares en el asesinato de dirigentes sociales, en Chile enseñan a disparar a los ojos de los manifestantes, en Centroamérica comandan incursiones de guerra sucia. El mayor exportador per cápita de armas del mundo ha forjado un gran mercado para sus productos, en la región de mayor violencia social del planeta. Comercializan los drones y misiles que utilizan en sus fronteras. Cada operativo en Gaza es coronado con una feria de ventas de ese armamento.
Resulta inadmisible convalidar ese salvajismo o imitar la indiferencia que exhibe gran parte de la sociedad israelí. Al cabo de varias décadas de adoctrinamiento y militarización han naturalizado la deshumanización. Ni siquiera la matanza de niños suscita reacciones compasivas. La ideología sionista, el sistema educativo y el prolongado servicio militar han acostumbrado a una significativa parte de la población de ese país a convivir con la crueldad, la venganza y el castigo colectivo a los palestinos.
Esta validación del terrorismo de estado se acentuó en los últimos 20 años de gobiernos derechistas. Las viejas corrientes laboristas perdieron gravitación frente al fundamentalismo ideológico o religioso y se afianzó el protagonismo de los colonos, que despliegan una violencia cotidiana en Cisjordania. Por fortuna, la nueva oleada juvenil de protestas que denuncia esos atropellos encuentra un eco creciente en todo el mundo.
INCURSIONES PARA EL REDISEÑO IMPERIAL
Existen numerosos indicios del involucramiento personal de Netanyahu en la reciente escalada de provocaciones contra los palestinos. Los desalojos en Jerusalén, los asaltos a la mezquita de Al Aqsa y la intensificación del cerco en Gaza coincidieron con la proximidad de un juicio por corrupción que puede tumbar al primer ministro. El reelegido derechista intentó sortear esa amenaza política con apuestas militares.[2]
Pero la nueva secuencia de desangres también apuntó a incidir en la política externa norteamericana. Biden ha confirmado la prioridad de la disputa geopolítica con China, sin definir si esa estrategia incluirá la crecente tensión con Irán que promovía Trump o la acotada negociación que auspiciaba Obama.
Netanyahu recalienta las tensiones militares para promover la primera alternativa y frustrar la reanudación de cualquier tratativa con Teherán. El bombardeo de Gaza fue un mensaje concertado con todos los halcones de Washington.
Israel ya no actúa sólo en un territorio minúsculo del Mediterráneo. Cuenta con armamento nuclear y tiene manifiestas ambiciones de control del gas de la costa, los recursos de Siria y el territorio de Cisjordania. Participa activamente en la reconfiguración imperial de la región y aprovechó la destrucción padecida por su principal rival fronterizo para reforzar la anexión del Golán.
También la demolición de Irak y Libia consolidó ese expansionismo. Israel acompaña el proyecto estadounidense de rediseño regional, diseminación de mini-estados fallidos y despliegue de fuerzas para neutralizar a Irán.
Con la virulenta exhibición de su poder militar, Israel ha logrado subordinar a varios estados árabes. Extendió a los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos, las relaciones diplomáticas que restableció hace varias décadas con Egipto y Jordania. Los funcionarios de Tel Aviv incursionan también en lugares más alejados. Han intervenido en la balcanización de Sudán y estrecharon vínculos con las elites africanas enemistadas con sus rivales del universo árabe-musulmán.
El aprovisionamiento de la tecnología militar encabeza la agenda de todas las actividades internacionales del país. La justificación sionista de ese protagonismo bélico ha perdido sus antiguas mascaradas. Nadie puede alegar en la actualidad que Israel se militariza para defender sus fronteras de enemigos más numerosos. La pequeñez de su territorio contrasta con el gigantismo de su poder destructivo. Utiliza especialmente ese arsenal, para desconocer las resoluciones desfavorables que periódicamente aprueba la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Ese descaro se asienta en el sostén incondicional de Estados Unidos. Sin el respaldo que aporta el Pentágono, los desplantes de Israel serían impracticables. El famoso lobby sionista de Washington afianza una sintonía asentada en la integración de la mini-potencia al entramado interno del imperialismo norteamericano.
Esta amalgama fue inaugurada por la sucesión de guerras que consolidaron en 1950-70 el proyecto sionista El entrelazamiento con Washington derivó posteriormente en el novedoso perfil coimperial que exhibe Israel. En esa transformación el sionismo perdió su exclusividad judaica y ha quedado enlazado a distintas redes del fundamentalismo cristiano neoconservador.
COLONIALISMO, ANEXIÓN Y APARTHEID
La reciente incursión en Gaza repitió el salvajismo habitual. Durante once días el ejército destruyó edificios, instalaciones públicas y hospitales. Asesinó a centenares de adultos y niños y pulverizó el programa de contención del Covid.
Fue la cuarta incursión a un enclave que desde el 2008 acumula miles de víctimas. Las bombas despedazan periódicamente a las familias y los asesinatos selectivos ultiman a los dirigentes de la resistencia. Como los colonos israelíes abandonaron el lugar en el 2005, los ataques se repiten a mansalva y sin ninguna consideración por la población civil.
Con el bloqueo de todas las salidas terrestres y marítimas, Gaza ha quedado transformada en una cárcel a cielo abierto. Soporta una modalidad pausada pero sistemática de limpieza étnica. En Cisjordania impera otro modelo de ocupación. Los colonos usurpan el territorio demoliendo todos los atisbos de vida normal, para remodelar las fronteras a su conveniencia. Capturan las parcelas más valiosas y afianzan la constelación de cantones que ha destruido la articulación interna de la zona.
El acuerdo de Oslo (1993) aceleró ese proceso de apropiación del territorio y del agua. La población palestina fue relegada a localidades recortadas que rememoran el viejo diagrama del bantustán sudafricano.
Los árabes-israelíes que permanecieron en el territorio inicial de estado sionista padecen una tercera variante del apartheid. Conforman una minoría marginada que actualmente reúne al 20% de la población israelí, en un casillero de ciudadanos formales sin derechos reales. Están desarmados frente a una mayoría entrenada en uno de los servicios militares más prolongados y permanentes del mundo.
Israel mantiene un sistema de propiedad estatal de la tierra laborable para asegurar la primacía de los judíos. El régimen legal también garantiza a los recién llegados, todos los derechos negados a la población originaria. Un judío proveniente de cualquier parte del mundo tiene más prerrogativas que los antiguos moradores del lugar. Con ese sistema institucional se ha erigido, en los hechos, otra variante de las teocracias imperantes en Medio Oriente.
El estado de Israel fragmenta a la población palestina en tres tipos de encarcelamientos. Los colonos regentean la prisión de Cisjordania, los soldados custodian los barrotes de Gaza y el sistema político enclaustra a los viejos residentes árabes. Con expulsiones y apartheid se ha desgarrado a toda la sociedad palestina.
Esa cirugía fue intensificada durante el mandato de Trump. El magnate incentivó la ocupación definitiva de Cisjordania y bendijo los nuevos muros y corredores que manejan los colonos. El reconocimiento internacional de Jerusalén como la capital de Israel constituiría el broche final de esa apropiación.
Basta observar los sucesivos mapas de Israel (1948, 1973, 2001, 2021) para constatar la impresionante expansión de sus territorios. El sionismo programó metódicamente ese proyecto colonialista. En sus inicios justificaba la creación de un “hogar nacional judío”, alegando derechos milenarios estipulados en las escrituras de la Biblia.
Posteriormente presentó el mismo objetivo como una reparación internacional a los sufrimientos padecidos con el holocausto. Pero omitió que esa compensación no debía basarse en el sufrimiento de otro pueblo. Con sucesivas implantaciones de pobladores foráneos terminó reproduciendo en Medio Oriente la tragedia vivida en Europa. Palestina no era una “tierra vacía” a la espera de un aluvión de inmigrantes. Albergaba una masa de habitantes organizados en comunidades multiétnicas, que fueron sometidas al suplicio de la Nakba (catástrofe).
Los administradores del decadente imperio inglés iniciaron ese desastre, mediante la típica remodelación del mapa que en todos los continentes consumaban sin consultar a los involucrados. La mayoría de los habitantes de Palestina se oponía a partición forzada de 1948 y a la consiguiente expulsión de la población originaria. Las familias que huyeron, fueron engañadas o perdieron sus pertenencias a punta de pistola quedaron automáticamente transformadas en refugiados, desprovistos del elemental derecho de retorno a sus hogares.
Desde ese momento Israel afronta el dilema sin solución de su proyecto colonialista. Debe lidiar con una masa de pobladores que no puede absorber, expulsar ni exterminar. Al concluir la guerra de 1967 los palestinos no repitieron la escapatoria de 1948. Frente al dramático y conocido destino de los refugiados, decidieron permanecer en sus hogares y comenzar la resistencia.
En los últimos sesenta años Israel ha respondido a esa defensa con violencia, masacres y muros, pero no ha podido capear los efectos de la demografía. La presencia de siete millones de palestinos entre siete millones de israelíes, torna inviable el aterrador ideal del sionismo. El genocidio perpetrado con los indios en Estados Unidos (y su posterior agolpamiento en alejadas reservas fronterizas), no puede repetirse en un diminuto territorio de Medio Oriente. El colonialismo del siglo XXI confronta con múltiples obstáculos.
FRACASOS Y RESISTENCIA
Netanyahu perpetró su nueva matanza en Gaza pero no doblegó a los resistentes. Destruyó edificios y asesinó niños sin contener la lluvia de cohetes. Tampoco desmanteló los túneles construidos por Hamas para almacenar esos misiles. Para demoler esa estructura necesitaba una nueva invasión que prefirió soslayar. Optó por aceptar la tregua, frente a la tenebrosa perspectiva de quedar empantanado en otra incursión territorial. Recordó que el último intento de ocupar Gaza desembocó en el retiro forzoso de los colonos y los soldados.
Igualmente impactante ha sido la resistencia de los palestinos de Cisjordania. Libraron con éxito una sucesión de pequeñas batallas contra el invasor. En Jerusalén frenaron la introducción de nuevos controles, impidieron el desalojo de familias de un barrio codiciado por los expansionistas y detuvieron las provocaciones sobre la mezquita de Al Aqsa.[3]
Pero la mayor sorpresa provino del interior de Israel. Por primera vez en mucho tiempo los árabes de ese territorio se sumaron públicamente a las protestas callejeras. Los actos y la huelga general en las denominadas ciudades mixtas retrataron la pujanza combativa de una nueva generación.
Esa intervención reavivó la unidad de los palestinos fragmentados en tres segmentos por el sistema colonial. El paro en Israel, las manifestaciones en Cisjordania y la resistencia de Gaza han permitido recuperar la potencialidad militante de toda una nación oprimida.
La violenta respuesta israelí reactivó, a su vez, la centralidad de la causa palestina en el mundo árabe. Encuestas recientes han confirmado el abrumador apoyo a esa lucha y el rechazo a la complicidad de los gobernantes con el enemigo sionista.[4]
La lucha de los palestinos ha recobrado impulso. No lograron recuperar sus tierras, ni construir un estado, pero consolidaron la legitimidad de su demanda. Israel no consigue ignorarlos, ni borrarlos del escenario internacional. Debe disimular las viejas proclamas del sionismo, que convocaban “al arreglo del problema palestino entre los propios árabes”, utilizando “el gran espacio que existe para ellos en otros lugares de Medio Oriente”.
El rebrote actual del conflicto pone también en aprietos a los recientes “acuerdos de Abraham” que Israel suscribió con varios emiratos. Los reyezuelos justificaron esa traición con la ridícula promesa de inducir a Netanyahu a moderar su anexionismo.
Los sionistas afrontan un complejo escenario que agrieta al establishment israelí. Aumentan las críticas al último operativo y reaparece el recuerdo de las derrotas bélicas y los reveses geopolíticos. Israel conoció el amargo sabor del repliegue en la guerra de 1973 y en la salida del sur del Líbano en 1982. Las nuevas resistencias palestinas han comenzado a quebrantar el triunfalismo de los últimos tiempos.
¿DOS ESTADOS O UN ESTADO?
Israel instrumenta su expansión con un gran despliegue de hipocresía. Finge el carácter provisional de ocupaciones que paulatinamente transforma en expropiaciones definitivas. Convierte de esa forma las mejores zonas de Cisjordania en sólidos asentamientos protegidos con retenes militares.
Cuando deben emitir algún comentario sobre esas confiscaciones, sus voceros recurren a pretextos inverosímiles. Aprovechan la complicidad de la “comunidad internacional”, que encubre todas las fechorías de los sionistas con algún comunicado de ocasión. La diplomacia europea se ha especializado en ese tipo de pronunciamientos verbales carentes de efectos prácticos.
La continuada ampliación territorial de Israel ha demolido el ensueño de los dos estados, que promocionaban los suscriptores del acuerdo de Oslo. Este convenio nunca contempló la constitución real de un estado palestino. Omitía el retorno de los refugiados y encubría la multiplicación de los asentamientos judíos. Enmascaró ese avance de la colonización hasta que la derecha capturó el gobierno israelí y enterró el inservible disfraz de las anexiones.
Esa expansión del colonialismo fue también pavimentada por la capitulación de la OLP, que ensombreció su heroica historia de resistencia aprobando un acuerdo que ha imposibilitado la creación del estado palestino. Ese aval afectó la credibilidad de la autoridad nacional palestina.
Esa dirección ejerce actualmente funciones administrativas en Cisjordania en convivencia con los ocupantes. Su dependencia financiera de las corruptas dictaduras y monarquías de Medio Oriente no es ajena a la actitud sumisa que adoptó en las últimas décadas. La ausencia de elecciones impide verificar qué grado de respaldo efectivo mantiene entre la población, frente a la gran influencia conquistada por los sectores (como Hamas), que rechazaron el sometimiento al expansionismo israelí.
La solución de los dos estados ha quedado totalmente sepultada en los términos actuales. Sólo una gran derrota de Israel obligaría al ocupante a negociar las dos cláusulas requeridas para resucitar esa salida: el retiro a las fronteras de 1967 y alguna reconsideración del retorno de los refugiados.
Ningún esbozo del estado palestino es viable desconociendo esas exigencias. El repliegue del territorio conquistado en la guerra de seis días es imprescindible para integrar a Cisjordania con Jordania y la deuda con los refugiados supone negociar distintas alternativas de reparación. En el contexto de la crisis creada por la primera intifada y el empantanamiento militar en el sur del Líbano hubo conversaciones (Taba, Ginebra) que llegaron a evaluar un asomo de esas posibilidades.
Los partidarios de retomar ese camino suelen discrepar en la forma de efectivizarlo, pero coinciden en señalar que aporta la única solución realista en escenario actual.[5] En la misma línea, otros imaginan que Jerusalén podría convertirse en un micro-modelo de esa solución, si la ciudad es unificada y al mismo tiempo dividida en una capital israelí occidental y otra palestina oriental.[6] El objetivo más deseable de un esquema confederativo podría suceder en el futuro a esa primera gran conquista.
Los críticos de esta propuesta destacan la obsolescencia de esa salida. Consideran que el proyecto de los dos estados podría haber funcionado en el pasado, pero quedó enterrado por la frustración de Oslo y la conversión de Cisjordania en un anexo de Israel. Proponen retomar la vieja tesis de la OLP de forjar un sólo estado laico y democrático.[7] Esta mirada ha ganado adeptos en distintas franjas juveniles.[8]
A favor de este curso se presenta el antecedente sudafricano de desmantelamiento del apartheid. Para preservar sus privilegios económicos, la minoría blanca se avino a generalizar el status ciudadano y a compartir el sistema político con las elites negras. Conviene igualmente recordar que la economía sudafricana integraba a los trabajadores negros explotados a sus actividades y la colonización israelí expulsa a los palestinos de sus tierras para apropiarse de sus medios de vida.
Los promotores de un sólo estado también remarcan la mayor afinidad de su planteo con las campañas internacionales de solidaridad con Palestina y boicot a la economía israelí (BDS). Subrayan que con esa estrategia se reconstruyen, además, los puentes entre dos comunidades enfrentadas. En las movilizaciones recientes, israelíes y palestinos compartieron tribunas exhibiendo prometedores signos de esa convergencia.
SIONISMO, JUDAISMO, ANTISEMITISMO
Cualquier expresión de solidaridad con Palestina afronta la inmediata respuesta denigratoria del establishment sionista. Los críticos del estado de Israel son acusados de ignorar los “derechos del pueblo judío”, como si esas prerrogativas debieran materializarse con la opresión de otra colectividad. Un colono que confisca parcelas aplasta derechos ajenos, en lugar de ejercer los propios. Lo mismo vale para un soldado que responde con balas a las piedras lanzadas por los resistentes.
Los sionistas contraatacan identificando cualquier cuestionamiento a Israel con el antisemitismo. Pero olvidan que las víctimas palestinas de sus matanzas comparten la misma raíz semítica de los pobladores judíos. Las acusaciones de antisemitismo emitidas sin ton ni son, apuntan a recrear temores ancestrales divorciados de la realidad contemporánea. Se imagina la persistencia de un gran acoso universal sobre los judíos, que Israel contrarrestaría con exhibiciones de brutalidad militar.
Pero en la actualidad las comunidades judías de mundo no afrontan ningún peligro significativo. Y la eventual reaparición de esa amenaza no quedaría atemperada con el asesinato de niños Gaza. Los sionistas resucitan el miedo al antisemitismo, para erosionar la convivencia (y mixtura) de los judíos con las distintas colectividades de sus países de origen. Recrean diferencias y propician antagonismos para fomentar la emigración a Israel.
Los judíos que rechazan esa política de auto-segregación y hostilidad al entorno son presentados como traidores a la comunidad (“se odian a sí mismos”). La simple búsqueda de coexistencias e integraciones es mal vista por los forjadores de una identidad separada. También exacerban las viejas modalidades del nacionalismo reaccionario, para justificar el despojo colonial en Medio Oriente con alusiones misioneras a la supremacía de un “pueblo elegido”
Todo el armazón conceptual del sionismo se asienta en la errónea identificación del judaísmo, el estado de Israel y el sionismo. Confunden tres conceptos muy distintos.
El judaísmo es la religión, la cultura o la tradición de un pueblo diseminado por muchos países. En cambio Israel conforma una nación surgida de la partición y colonización del territorio originalmente habitado por los palestinos. A su vez el sionismo es la ideología colonialista que justifica esa expropiación, con extravagantes teorías de exclusiva pertenencia de esa zona a los inmigrantes judíos. El antisionismo critica esa retrógrada concepción, sin adoptar actitudes anti-judías o anti-israelíes.[9]
El sionismo oscurece esas distinciones, para presentar la lucha de los palestinos como una amenaza a la supervivencia de los israelíes en Medio Oriente y de los judíos en el resto del mundo. Interpreta las convocatorias “a destruir el estado de Israel” (que repiten los mandatarios de Irán y varias corrientes islámicas), como una corroboración de sus advertencias.
Pero en su formato inicial ese viejo enunciado no era un llamado a consumar actos de genocidio o exilios forzados. Proponía el reemplazo del engendro creado por la partición (estado de Israel) por una nueva estructura estatal laica, democrática e integrada por todos los habitantes del territorio.
Al cabo de varias décadas ese escenario ha cambiado y en Israel se forjado una nación en el plano objetivo (lengua, territorio, economía común) y subjetivo (pasado y lazos culturales compartidos). Los derechos nacionales de los israelíes tienen la misma validez que los enarbolados por los palestinos y por eso la demanda de un sólo estado debe incluir actualmente el componente binacional.
UN EMBLEMA EN AMÉRICA LATINA
Los sionistas no libran una simple batalla de ideas contra sus opositores. Han consolidado una red de intereses en la cúspide del poder económico, militar y mediático de Estados Unidos, que se proyecta a otros países con gravitación de la comunidad judía. Influyen en los gobiernos, comparten actividades con las vertientes cristinas o evangelistas reaccionarias, manejan fondos millonarios y controlan instituciones, fundaciones y museos.
Esa presencia es muy visible en América Latina y especialmente en Argentina. En ese país la derecha sionista capturó la conducción de los principales organismos de la comunidad judía, consolidó vínculos con el macrismo y logró neutralizar (o acallar) al progresismo, luego de los irresueltos atentados a la embajada y la AMIA. Alberto Fernández inició su mandato con un elogioso viaje a Israel.
El amparo oficial y la idolatría que despierta Israel en los medios de comunicación hegemónicos han potenciado, además, las campañas anti-palestinas. La denuncia que realizó, por ejemplo, un diputado de la izquierda de los bombardeos en Gaza fue recientemente sucedida por virulentas presiones para expulsarlo del Parlamento.
A escala regional, el sionismo está muy involucrado en acciones golpistas contra Venezuela. No olvidan la enorme simpatía que generaron los pronunciamientos de Chávez en Palestina. El gestor del proceso bolivariano destacó las raíces comunes de las batallas populares que se libran en América Latina y el mundo árabe. Resaltó la resistencia al saqueo de los recursos naturales, en dos regiones que han padecidos los mismos despojos y agresiones del imperialismo estadounidense.
Washington ambiciona el petróleo de Venezuela y Medio Oriente. Por eso acosa a todos los países que protegen sus riquezas y ha buscado emular el militarismo israelí en América Latina, montando un apéndice bélico muy semejante en Colombia. Pero no puede contrarrestar la enorme simpatía que suscita la causa palestina en toda la región.
Palestina es el gran emblema de los jóvenes que desafían a los gendarmes en las calles de Cali, Santiago o Lima. Encarna una rebelión heroica contra la injusticia que despierta admiración en todos los rincones de América Latina. Palestina está muy presente en el corazón de nuestros pueblos.
RESUMEN
Las atrocidades cometidas por el ejército israelí suscitan nuevas protestas entre los herederos de la tradición humanista del judaísmo. Esa reacción es mayor en América Latina, frente a la importación derechista de los brutales métodos utilizados en Medio Oriente. Con anexiones y apartheid Israel participa en el rediseño imperial de la región, pero su proyecto colonialista no es viable en el siglo XXI.
La resistencia en Gaza, Cisjordania y las ciudades mixtas recompone el fragmentado tejido de los palestinos. La solución de los dos estados exigiría la reparación a los refugiados y el dudoso fin de la ocupación. Por eso gana adeptos el proyecto de un sólo estado, binacional, laico y democrático. Es necesario distinguir la cultura judía y la nación israelí del expansionismo sionista y apuntalar una lucha de Palestina que suscita admiración en América Latina.
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