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El fantasma del anticomunismo recorre Europa

Rebelion

Por: Jordi Córdoba 

Dándole la vuelta a la conocida frase con la que Marx y Engels iniciaban el Manifiesto Comunista, hoy, lamentablemente, podemos decir que “el fantasma del anticomunismo recorre Europa”. Un anticomunismo que es compartido desde posiciones ultranacionalistas, conservadoras y liberales, pero también, a menudo, desde el campo de la socialdemocracia o el ecologismo. Aunque no es una controversia parlamentaria reciente, seguramente en muy pocas ocasiones se han visualizado de manera tan clara las distintas posturas frente al comunismo como en el debate que tuvo lugar en el Parlamento Europeo en septiembre de 2019, en una propuesta de resolución instada por poco más de 50 eurodiputados, principalmente ultranacionalistas y populares, y en menor medida liberales y socialdemócratas (1). El texto aprobado, bajo el confuso nombre de “Resolución sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa” (2), fue un verdadero despropósito de revisionismo histórico.

La resolución empezaba haciendo referencia a la necesidad de una condena internacional de los “crímenes de los regímenes comunistas totalitarios”. Citaba reiteradamente el Pacto Molotov-Ribbentrop, que supuestamente llevó al estallido de la Segunda Guerra Mundial, después de la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi y la URSS y de la entrada de las tropas soviéticas en Finlandia, Rumania y los estados bálticos, haciendo una interpretación histórica absolutamente parcial. Et texto hacía referencia también a que, tras la Segunda Guerra Mundial, “algunos países europeos pudieron reconstruirse y acometer un proceso de reconciliación, pero otros siguieron sometidos a dictaduras, a veces bajo la ocupación o la influencia directa de la Unión Soviética”, tratando por igual a “la tiranía nazi, que condujo al Holocausto, y a la expansión de los regímenes comunistas totalitarios y antidemocráticos en la Europa Central y Oriental”, mientras olvidaba a los gobiernos y movimientos ultranacionalistas aliados de Hitler en diferentes países europeos.

El texto establecía una casi plena equivalencia entre los regímenes nazi y comunista, acusando por igual a ambas ideologías de cometer “asesinatos en masa, genocidios y deportaciones (…) a una escala hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad”. Refiriéndose también a “las violaciones masivas de los derechos humanos perpetrados por los regímenes comunista, nazi y otros regímenes totalitarios” sin hacer ninguna referencia a Mussolini, al fascismo italiano ni a los diversos gobiernos o movimientos colaboracionistas del nazismo en muy buena parte de Europa, con el Duce o el Generalísimo Franco entre los más destacados.

Insistía la resolución en los “actos de agresión perpetrados por los regímenes comunistas totalitarios y el régimen nazi” y criticaba que hoy día Rusia, que en el fondo es el verdadero “enemigo” y objetivo político del neoliberalismo europeo, siga “encubriendo los crímenes comunistas y ensalzando el régimen totalitario soviético”, recordando finalmente que en algunos países europeos se ha prohibido el uso de símbolos nazis y comunistas (3). El resultado de la votación fue de 535 votos a favor, 66 en contra y 52 abstenciones, con un total de 653 votos válidos. Los únicos votos en contra fueron de los representantes de la Izquierda Unitaria Europea – Izquierda Verde Nórdica (4) y algunos pocos diputados más. Sin duda es interesante conocer la posición de los diferentes grupos parlamentarios (5).

El posicionamiento de los partidos de la derecha europea fue, en general, la de signo más claramente anticomunista. Para Rasa Juknevičienė, de la Unión Nacional – Demócrata Cristianos Lituanos (TS-LKD), en representación del Grupo del Partido Popular Europeo, “el Pacto Molotov-Ribbentrop y sus protocolos secretos, que los nazis y los comunistas compartían en Europa, llevaron a la Segunda Guerra Mundial”. Para Michal Šimečka, del partido Eslovaquia Progresista (PS), en representación del Grupo Renovar Europa (liberales) “el Pacto Molotov-Ribbentrop (…) puede haber sido el acto más brutal y cínico que jamás haya presenciado Europa, concluido por dos de los regímenes totalitarios más represivos de nuestra historia”.

Para Gilles Lebreton, de la Agrupación Nacional (RN, ex Frente Nacional francés), en representación del Grupo Identidad y Democracia, es decir de la extrema derecha, “hace 80 años la Unión Soviética y la Alemania nazi firmaron el Pacto Molotov-Ribbentrop (…) que allanó el camino para el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Nunca debemos olvidar las atrocidades cometidas por estos dos sistemas totalitarios, comunismo y nazismo”. No muy lejos del anterior, Anna Fotyga, del partido Ley y Justicia (PiS, de Polonia), hablando en nombre del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ultranacionalistas), insistía también en el “terrible pacto Ribbentrop-Molotov firmado entre la Alemania nazi y la Rusia soviética” como la causa principal de todas las víctimas del totalitarismo.

Lamentablemente, desde los principales ponentes del centro-izquierda se compartieron también buena parte de los argumentos revisionistas. Así, Vilija Blinkevičiūtė, del Partido Socialdemócrata de Lituania (LSDP), hablando en nombre del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, denunció “los intentos de glorificar las acciones de los regímenes comunista, fascista y totalitario y cualquier intento de restar importancia a los crímenes de aquellos regímenes extremadamente brutales”. También estuvo en la misma línea Bronis Ropė, de la Unión de los Campesinos y Verdes Lituanos (LVŽS), hablando en nombre del Grupo de los Verdes – Alianza Libre Europea, afirmando que “los representantes de las dos ideologías criminales (…) allanaron el camino para muertes masivas, genocidio y deportaciones”

Solo algunos eurodiputados socialdemócratas o del grupo verde se distanciaron de las posiciones claramente anticomunistas compartidas por sus respectivos grupos parlamentarios. Fue el caso del europarlamentario Pierfrancesco Majorino, del Partido Democrático italiano y miembro también del grupo socialista, que se refirió básicamente al “valor de la memoria (como) fundamental para fortalecer el proyecto europeo y apostar por el futuro de Europa, especialmente en una época como la actual, marcada hoy por nuevas presiones neo-nacionalistas”, y recordando a la senadora vitalicia italiana Liliana Segre, superviviente de Auschwitz y firmemente “comprometida en contrarrestar el racismo y la deriva neo-nacionalista”. Pero fue la diputada Tatjana Ždanoka, de la Unión Rusa de Letonia (LKS) y miembro del grupo Verde, la que defendió una posición más alejada de la planteada por el ponente de su grupo, cuando afirmó estar totalmente “en contra de (…) equiparar a los nazis con los regímenes comunistas”, afirmando que “solo hay un diablo, el diablo absoluto es la ideología nazi”,  y preguntándose finalmente “¿Dónde está Munich? Olvidado. ¿Dónde están los tratados bilaterales, concluidos mucho antes del 23 de agosto de 1939?”

Pero fueron, lógicamente, los grupos de la izquierda comunista y afines los que se opusieron con más firmeza a la resolución:  Para George Georgiou, del Partido Progresista del Pueblo Trabajador (AKEL, de Chipre), que habló en representación del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica “la primera verdad es que el ejército soviético fue el que liberó a los pueblos europeos para que hoy podamos estar aquí. La segunda verdad es que veinte millones de comunistas dieron su vida para hacernos libres hoy. La tercera verdad es que quienes hoy intentan de diversas formas incriminar a los comunistas o proscribir a los partidos comunistas lo hacen (para) destruir cualquier fuerza de resistencia contra el autoritarismo del establishment”. También fue muy crítica con la resoluciónla eurodiputada Sira Rego, de Izquierda Unida (IU) y miembro del mismo grupo, recordando que procedía de España, el segundo país del mundo con más fosas comunes como consecuencia de una dictadura fascista y denunciando que la resolución “instrumentalice la historia y no haga ni una sola mención a lo que sucede aún en España”. Reivindicó además que, “cuando debatamos sobre memoria, también hablemos del papel que jugaron los combatientes republicanos españoles para parar al fascismo en Europa”. Sira Rego aprovechó para exigir una directiva de memoria y reparación que ponga en valor la lucha antifascista y reclamó que “la memoria imprescindible en la Europa de hoy, plagada de nuevos fascismos, es que reconozcamos el papel de quienes se dejaron la vida para combatirlo”.

En la misma línea que sus compañeros de grupo, Sandra Pereira, del Partido Comunista Portugués (PCP), denunció que “el deplorable intento de equiparar fascismo y comunismo absuelve y silencia los crímenes del nazi-fascismo y las responsabilidades conspiradoras de las grandes potencias capitalistas que, con el Tratado de Múnich (…) allanaron el camino para el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la invasión de la Unión Soviética”. La diputada lusa recordó una vez más la contribución decisiva de los comunistas en la derrota del nazi-fascismo y la liberación de los pueblos, como en su propio país, donde la Revolución de los Claveles (1974) acabó con el régimen fascista, denunciando finalmente a los que quieren “allanar el camino para legitimar y generalizar la persecución y la prohibición de los partidos comunistas, como ya es el caso en varios estados miembros” mientras se toleran la rehabilitación y el elogio histórico del fascismo. Una de las intervenciones más contundentes fue también la de Lefteris Nikolaou-Alavanos, del Partido Comunista de Grecia (KKE), eurodiputado que no forma parte de ningún grupo parlamentario, y que tachó el debate de ser un “delirio de vulgar anticomunismo”, considerando que la resolución era totalmente contraria a la historia y que se intentaba legitimar “la proscripción de los partidos comunistas, los símbolos comunistas, la ideología comunista”, un objetivo que Nikolaou consideró encabezado “por los países que glorifican y blanquean el nazismo”.

También desde fuera del parlamento europeo, especialmente desde diversos medios de la izquierda,  se publicaron reacciones contundentes. Así la escritora, periodista y activista italiana Luciana Castellina expresaba en Il Manifesto, que se trataba de una resolución absolutamente vergonzosa “no sólo porque supone una despreciable distorsión de la historia, sino también porque (…) pone en tela de juicio el prestigio de la institución parlamentaria que lo promulga”. A Castellina apenas le sorprendió el voto favorable de los Verdes pues, afirmó, “su anticomunismo tradicional siempre ha producido una gran cantidad de ambigüedades políticas”. Consideró que la operación descaradamente negacionista tenía el objetivo encubierto de reforzar las sanciones económicas contra Rusia. La veterana activista italiana recordó el apoyo de Gorbachov a una Europa occidental alejada de los bloques militares, una Europa que optó, una vez más, por apoyar a los Estados Unidos y su política de extensión de la OTAN tan al Este “como para colocar sus misiles debajo de la nariz de Moscú” (6).

Por su parte Patrick Le Hyaric, director de L’Humanité, también dedicó un amplio artículo al tema, argumentando que “con el objetivo de trazar una línea de igualdad entre comunismo y nazismo, el texto moviliza consideraciones que son modelos de propaganda y revisionismo histórico”. Según él, la firma del pacto germano-soviético se designaba obsesivamente como la principal causa del estallido de la Segunda Guerra Mundial, mientras no se dedicaba ni una palabra a los Acuerdos de Múnich. Reconocía que el estalinismo fue un “régimen criminal”, pero que es “moral e históricamente inconcebible” equiparar a los comunistas de todos los países, muchas veces decisivos en la lucha de liberación, con los nazis y sus colaboradores. Una odiosa equivalencia entre nazismo y comunismo que, según Le Hyaric, permitía exonerar a los regímenes nacionalistas de inspiración fascista de aquellos años. El texto criticaba también duramente que socialdemócratas y ecologistas apoyaran la resolución, alejándose aún más, según él, de la tradición y la historia del movimiento obrero (7).

Walter Baier y 170 intelectuales europeos de más de 15 países, expresaron su opinión, igualmente muy crítica, a través de una carta abierta publicada en la revista Transform!, considerando que “no corresponde a un organismo institucional o político modificar la historia por decisión mayoritaria”. Criticaron que se pretenda imponer una visión revisionista de los principales acontecimientos del siglo XX, poniendo en evidencia los errores inaceptables, distorsiones y visiones unilaterales del texto, omitiendo cualquier referencia al comportamiento inicialmente favorable de las democracias liberales frente al expansionismo nazi, especialmente en la anexión de Austria por Alemania y la partición de Checoslovaquia entre la propia Alemania, Polonia y Hungría. Baier y el resto de los firmantes cuestionaron que la resolución no mencionara en ningún momento la enorme contribución, tanto de la Unión Soviética como de muchísimos comunistas de otros países a una victoria sobre el nazismo, “decisiva para el destino de Europa y de la humanidad”, así como que hiciera referencia al campo de concentración de Auschwitz sin recordar en ningún momento que “fue el ejército soviético quien liberó el campo y a los prisioneros destinados al exterminio”.

Los firmantes del anterior texto recordaron una vez más que los comunistas fueron el componente principal de la resistencia frente al nazismo y el fascismo en toda Europa, no solo en el Este, contribuyendo en gran medida a su derrota y a la recuperación en muchos países de una democracia constitucional y de las libertades políticas. La carta reconocía que la crítica contundente de la resolución no significaba ignorar y guardar silencio sobre “los errores y horrores del estalinismo”, pero distinguiendo siempre la abismal diferencia entre los ideales del nazismo, que perseguía el exterminio proclamado y planificado en los ámbitos político, religioso, étnico, cultural, y de las minorías sexuales, y los ideales del comunismo, que no tuvieron nada que ver con las graves e inaceptables violaciones de la democracia y la libertad en los regímenes comunistas (8).

En todo caso, hoy podemos recordar nuevamente a líderes comunistas como Rosa Luxemburg o Antonio Gramsci, que sufrieron en carne propia la represión ultranacionalista o fascista, en el caso de Rosa pagándolo con su propia vida. Como podemos reconocer el autoritarismo revolucionario de Lenin que, sin embargo, nada tuvo que ver con el totalitarismo criminal de Stalin. Tampoco se puede olvidar, no solo la condena del estalinismo por parte de Kruschov y del XX Congreso del PCUS, también la via autogestionaria y de gran autonomía para las diferentes nacionalidades encabezada por Josip Brioz, “Tito” en Yugoslavia, sin olvidar el serio intento de iniciar un periodo democratizador tanto en la Unión Soviética como en los países del Este de Europa por parte del ya citado Gorbachov y que, sin embargo, supuso la caída, en la mayoría de los casos pacífica, tanto de los regímenes pro-soviéticos de Polonia, Hungría, Checoslovaquia, la República Democrática Alemana o Bulgaria, como de los partidos comunistas más alejados políticamente de la URSS, como Rumanía, Albania o Yugoslavia

Es evidente que culpabilizar a los comunistas de todos los países y generaciones, de los errores, carencias, falta de democracia, o incluso de la represión en los regímenes del llamado socialismo real, no es más que una simplificación tan injusta como pretender condenar a los cristianos de todo el mundo por los crímenes de la Inquisición durante siglos. Tan injusta como intentar responsabilizar a los liberales e incluso a los demócratas de cualquier país y época por los episodios de terror durante la revolución francesa. En todo caso, son perfectamente admisibles las críticas rigurosas pero honestas que puedan hacer diversos historiadores e intelectuales al marxismo y al comunismo, pero otra muy diferente es aprobar una resolución históricamente revisionista y absolutamente vergonzosa, como la que obtuvo esa amplia mayoría de votos favorables en el Parlamento Europeo.

Notas

1. La propuesta fue avalada por 22 eurodiputados populares, 20 ultranacionalistas, 11 liberales y 4 socialdemócratas https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2019-0097_ES.html

2. Resolución sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa – 2019/2819(RSP) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_ES.html

3. Más información sobre la prohibición de símbolos o partidos comunistas en diversos estados del Este de Europa en https://es.wikipedia.org/wiki/Prohibici%C3%B3n_de_s%C3%ADmbolos_comunistas

4. Desde enero de 2021, el nombre oficial del grupo es La Izquierda en el Parlamento Europeo – GUE/NGL

5.  Intervenciones en representación de los grupos parlamentarios . https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2019-09-18-ITM-017_ES.html

6. Luciana Castellina -– Europarlamento assuefatti a una-memoria azzerata (El Parlamento Europeo quiere borrar la memoria) – Il Manifesto – 24/09/2019 – https://ilmanifesto.it/europarlamento-assuefatti-a-una-memoria-azzerata/

7. Patrick Le Hyaric – Révisionnisme historique. Le déshonneur du Parlement européen (Revisionismo histórico. El deshonor del Parlamento Europeo) – L’Humanité – 26/09/2019 https://www.humanite.fr/revisionnisme-historique-le-deshonneur-du-parlement-europeen-677700

8. Walter Baier y otros – Respect for Historical Memory in Europe (Respeto a la memoria histórica en Europa) – Transform – 09/11/2019 https://www.transform-network.net/blog/article/respect-for-historical-memory-in-europe-2/

Fuente e imagen: https://rebelion.org/el-fantasma-del-anti-comunismo-recorre-europa/

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Qué pasa con las becas, que no llegan

Pablo Gutiérrez del Álamo

 Por: Pablo Gutiérrez de Álamo

Un alto porcentaje de alumnado espera todavía la llegada de las becas con las que afrontar el curso. Sobre la mesa, como habitualmente, la necesidad de realizar cambios en los plazos de solicitud y en el modo en que se gestionan estas ayudas  para que el primer día de clase quienes las vayan a percibir las tengan.

El sistema de becas no deja de acumular críticas. Desde que lo cambiara José Ignacio Wert siendo ministro de Educación por un sistema con una cantidad fija y otra variable y un cálculo que hacía virtualmente imposible conocer qué dinero se recibiría por la beca, hasta las casi históricas relacionadas con los plazos para que se hagan los ingresos de las cuantías.

En estos días se repiten en redes sociales las críticas, hasta el punto de que una petición de change.org acumula más de 37.500 firmas para reclamar al Ministerio de Educación y Formación Profesional que se agilicen los pagos de las becas.

Manos atadas

El Ministerio de Educación y FP es el encargado de gestionar las becas y ayudas al estudio de la práctica totalidad del país. Solo hay dos comunidades autónomas que reciben la transferencia desde el Departamento de Isabel Celaá, Andalucía y Cataluña, y que más tarde ellas mismas reparten entre las personas beneficiarias.

Pero, de una u otra manera, un escollo burocrático le deja las manos atadas a la espalda al Ministerio cada año. Las becas y ayudas funcionan sin tener en cuenta el año natural, sino el curso lectivo. Explican fuentes de Educación que esto supone el problema de depender de dos Presupuestos Generales del Estado. A esto se suma que las cantidades que dependen del segundo presupuesto, en este caso de 2021, no se abren hasta el mes de febrero.

Aquí se encuentra uno de los escollos principales, pero no el único. En Andalucía y Cataluña hay que sumar un poco más de tiempo. Primero, el Ministerio ha de recibir el dinero por parte de Hacienda. Después, hacer la transferencia correspondiente a las consejerías respectivas y, luego, estas lo reparten entre los estudiantes. Esto alarga el proceso un poco más de tiempo.

Y para aumentar un poco más la dificultad, hay que contar con los departamentos de becas, al menos en la universidad, que analizan las solicitudes antes de que sean enviadas a Hacienda para comprobar que los datos personales son los que se solicitan. Juanjo Ávila es trabajador de uno de estos servicios; explica que como las convocatorias comienzan tarde (a primeros de agosto), hasta mediados de octubre no llegan los datos de matriculación de los estudiantes. Entre otras cosas porque hay universidades que tienen abiertas convocatorias extraordinarias de matriculación en septiembre. Es el caso de la UNED. Este es el otro gran escollo para adelantar la entrega de la financiación.

Un problema mayúsculo teniendo en cuenta que, retrasado porque las solicitudes se presentan entre agosto y octubre, algunas se pagan en el mes de marzo, a pocos meses de acabar el curso lectivo y cuando las familias (o quien pueda) han hecho la práctica totalidad del esfuerzo económico que las motivó a solicitar la ayuda.

Fuentes de Educación, eso sí, aseguran que a día 4 de marzo se había pagado la cuantía fija y la primera parte de la variable del 90% de las becas no universitarias y el 96% de la universitarias y están haciendo el esfuerzo de informar lo antes posible a quienes las solicitan si se las concederán o no, para que puedan organizarse hasta que las cobren.

Desde CANAE, su presidenta, Andrea Henry, afirma que dos son las cuestiones que deben priorizarse en toda esta historia. Por una parte, la eliminación de la parte variable de estas becas y ayudas y, la segunda, el adelanto en la entrega de las cantidades aprobadas. Una solución, esta última, que parece muy compleja.

CANAE, junto a Save the Children, proponen que se adelante el momento en el que se presentan las solicitudes al primer trimestre del año natural para que, de esta manera, los trámites con Hacienda y con los departamentos de becas estén finalizados sobre mayo o junio y a principios de curso puedan entregarse las cantidades aprobadas. Desde Educación explican que esto ya se propuso en la reunión del Observatorio Nacional de Becas, el pasado mes de enero, y que se pondrá en marcha desde el próximo curso 2022-2023.

Para Ávila, optar por este adelanto podría, como mucho, agilizar una parte de las becas, pero persistiría el problema con las matrículas extraordinarias de las universidades.

La propuesta de CANAE y Save the Children se apoya en cierta medida en las propuestas de José Montalbán, del Swedish Institute for Social Research (SOFI) de la Universidad de Estocolmo. Montalbán es el autor de un artículo ‘¿Por qué las becas universitarias llegan tarde? Soluciones para España‘, en el que, entre las alternativas que propone, se encuentra la de que la primera criba la realice el Ministerio de Hacienda y no las unidades de becas de las universidades. Según sus cálculos, un tercio de las solicitudes presentadas se deniegan por no cumplir con los requisitos económicos.

Para Juanjo Ávila esto supondría nuevos problemas si la información facilitada por las y los peticionarios de becas fuera incorrecta y una vez concedidas las cantidades hubiera que denegar dicha concesión.

Montalbán opina también que otra posibilidad podría ser que en vez de contarse con los datos fiscales del ejercicio anterior al que se hace la petición de beca, se tuviera en cuenta el de los dos años anteriores, como ocurre en Francia. De esta manera, se podría contar con esta información con mayor anticipación.

Un embrollo, ciertamente, que tiene muy compleja solución cuando son tantas las instituciones y servicios implicados.

Soluciones financieras

Según ha investigado CANAE, existen algunas soluciones financieras actualmente. Aunque, claro, muchas de ellas con costes directos o indirectos. El Banco Santander es una de estas entidades, pero para que hoy día te adelanten el dinero, has de ser mayor de edad (lo que deja fuera a estudiantes de bachillerato y de ciclos formativos) y tener cuenta precia en el banco. Según la información recogida por la organización estudiantil, no adelantan becas parciales y no obran comisiones.

Otra opción es la que proporciona Abanca que cobra un 3% de comisión de apertura, tiene un límite máximo de 5.000 euros y puede exigir un aval para hacer este préstamo.

Finalmente, desde hace algunos meses ha aparecido en el mercado financiador una web llamaca bcasapp. La empresa adelanta el capital de la beca en cuestión y cobra 50 euros por cada 1.000 (o fracción) que se le haya concedido a quien solicite sus servicios.

Fuente e imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2021/03/11/que-pasa-con-las-becas-que-no-llegan/

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Guatemala: ¡Disparen contra la universidad pública!

Marcelo Colussi

Por: Marcelo Colussi

La tendencia es poner la universidad de investigación al total servicio del mercado, llegando así a la noción de “universidad empresarial”, donde lo que cuenta es la óptima relación costo-beneficio.

“Nosotros, como Ejército, durante la guerra teníamos tres prioridades de descabezamiento: el Triángulo Ixil en Quiché, los Cuchumatanes en Huehuetenango y la Universidad de San Carlos, cueva de guerrilleros”.

Ex oficial del Ejército de Guatemala en charla pública

En Guatemala, Centroamérica (décima economía de América Latina, pero con una de las mayores inequidades en la distribución de esa riqueza en todo el mundo), en estos días se libró orden de captura contra el actual rector y contra un ex rector de la universidad pública, la tricentenaria San Carlos de Guatemala –USAC–, una de las más viejas del continente americano. Ambos, como medida para evitar la prisión, “aparecieron” enfermos y hospitalizados. Curiosa enfermedad, por cierto.

No vamos a entrar en el análisis de ese hecho en concreto, porque carecemos de todos los elementos para ello. Se ha especulado que la medida, llevada adelante por la Fiscalía Especial contra la Impunidad –FECI– del Ministerio Público (creada a partir de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG– por sugerencia del gobierno de Washington) es una señal del nuevo gobierno de Joe Biden que intenta retomar la lucha contra la corrupción impulsada anteriormente por la administración demócrata de Barak Obama, abandonada durante los cuatro años de presidencia de Donald Trump. Sin que ello sea ahora determinante para el presente texto, lo cierto es que, como cosa insólita en el mar de corrupción e impunidad que campea por las instituciones guatemaltecas, en este momento la medida muestra que empiezan a soplar nuevos aires. “Casualmente” estos días, también, el titular de la FECI, Juan Francisco Sandoval, recibió el premio “Campeones Internacionales Anticorrupción” otorgado por el gobierno estadounidense, y casi a diario se conoce de la “honda preocupación” de la Casa Blanca por la corrupción en el país centroamericano.

En modo alguno el imperialismo de Estados Unidos se está “abuenando”; puede suceder, en todo caso, que se retoma la estrategia de fortalecer administraciones nacionales en Centroamérica mediante la lucha contra la corrupción, buscando que se dé mayor inversión social en estos países (Guatemala, Honduras, El Salvador), evitando así tanta migración de desesperados pobladores de la región hacia el “sueño americano”. Esa era la iniciativa de la Alianza para la prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, abandonada por Trump. Todo indicaría, ahora sin la CICIG, pero con otros actores, que se relanza el proyecto.

Lo cierto es que estos dos funcionarios de la tricentenaria casa de estudios, presuntamente vinculados a actos de corrupción, en tanto cabezas visibles de la universidad más grande del país, la única pública y que acoge al 50% del estudiantado de educación superior, necesariamente plantea preguntas. ¿Por qué puede suceder esto? ¿Cómo es posible que un centro universitario esté vinculado a mafias delincuenciales y pesen sobre él denuncias que le unen a lo que se ha dado en llamar Pacto de Corruptos? (es decir: contubernio entre clase política, crimen organizado, ex militares, cierto empresariado). El epígrafe comienza a dar alguna pista. Luego de los años de guerra interna, la universidad pública fue virtualmente descabezada (se asesinó a lo más connotado de su inteligencia: docentes y estudiantes, y quienes sobrevivieron, tuvieron que marchar al exilio), abriéndose la posibilidad de instalar allí las más cuestionables “roscas”, mafiosos grupos de interés con poca o ninguna vocación académica, que dirigieron a la baja la investigación y el pensamiento crítico. Es por eso que hoy la San Carlos, que fuera una gloria nacional alguna vez convocando admiración en toda el área centroamericana, actualmente languidece, presentando esta patética imagen.

La gran mayoría, por no decir la totalidad de quienes lean este opúsculo en Guatemala –en general jóvenes de clase media, varones y mujeres, muchos: también trabajadores, pero muchos sólo estudiantes–, algunos de origen maya, aunque en su gran mayoría no-mayas– son unos privilegiados. ¿Por qué? Porque conforman el escaso porcentaje de población que tiene la dicha de cursar estudios universitarios: un 3% del total nacional.

Definitivamente eso es una suerte. En un país donde el nivel de analfabetismo abierto llega al 13% del total de la población (entre muchas mujeres mayas del interior llega al 100%), y el analfabetismo funcional (dificultad para entender lo que se lee), al menos, al 60%, tener la posibilidad de alcanzar un aula universitaria es todo un don, un verdadero motivo de orgullo. En la amplia mayoría de la población, terminar la escuela media es ya un logro de magnitud; la universidad sigue siendo un lujo bizantino.

Estudiar una carrera universitaria ha sido, sigue siendo y todo indica que, al menos en el corto plazo, seguirá siendo un privilegio reservado a pocos. En un mundo dirigido cada vez más por grandes capitales donde, para “triunfar”, hay que estar crecientemente “preparado”, los estudios universitarios –y hoy también los de post grado– son una clave definitoria. Por tanto, quienes acceden al nivel superior tienen asegurado, de terminar exitosamente sus estudios, un mejor pasar económico que quien no fue beneficiado por esa situación.

Dentro de esa lógica tener un título universitario es un seguro pasaporte al bienestar. Un universitario graduado –verdad inobjetable– tiene mejor nivel económico que alguien sin título. Incluso hoy ya pasa a ser “necesario” un nivel de maestría para el mercado laboral. Ello no garantiza la real calidad académica, pero sí brinda los papeles que abren puertas. De ahí lo de “privilegiado” para quien tiene un cartón de esos.

Ahora bien: ¿qué decir del papel de la universidad –no solo de la San Carlos sino también de todas las privadas– en la sociedad actual, la guatemalteca o la de cualquier país capitalista? La respuesta inmediata es: está para brindar la formación de profesionales, la promoción de mano de obra calificada. Paralela a esa formación técnica para el trabajo viene la otra, la que no se ve en lo inmediato: la formación ideológica, la transmisión de valores, de esquemas de pensamiento. Y es preciso decir que, hoy por hoy, la universidad –al menos en términos generales– prepara a sus graduados para ser un profesional sabedor de esos privilegios (de esa minoría que se encuentra en el bajísimo porcentaje de quienes disponen del preciado cartón), y que, por tanto, se “siente más”.

Pero la universidad –en este caso la pública – puede, o debe, ser otra cosa. Eso es lo que buscó durante los años de mayor politización, cuando la guerra interna, entre los 60 y los 80 del pasado siglo, lo que motivó esa intervención del Estado contrainsurgente (véase nuevamente el epígrafe). Según lo indicado por la constitución nacional de Guatemala, según su Artículo 82: la USAC “cooperará al estudio y solución de los problemas nacionales” [elevando] “el nivel espiritual de los habitantes de la República, promoviendo, conservando, difundiendo y transmitiendo la cultura”. Es decir: no sólo es la instancia educativa encargada de graduar a los profesionales; tiene en sus manos otro cometido: ayudar a resolver los problemas nacionales.

Si vemos nuestra realidad latinoamericana, no pareciera que ese sea hoy día el papel dominante de las casas de altos estudios, ni en Guatemala ni otros países, salvo Cuba. Según lo expresa sin tapujos el sociólogo venezolano Vladimir Acosta “uno de los grandes problemas de las universidades, de nuestras universidades [latinoamericanas], es que son unas universidades colonizadas, dependientes, subordinadas a una visión derechista, globalizada, eurocentrista, blanca y gris de mirar el mundo. Son universidades donde los saberes se disocian, se fragmentan, justamente para impedir una visión de totalidad, y para hacer del estudiante que se gradúa, que egresa como profesional, un profesional limitado, con una visión burocrática profesional, orientada en lo personal a hacer dinero, y en la visión que se tiene a encerrarse dentro de un marco profesional sin tener conocimiento de su identidad, de su historia y de su compromiso con su país”.

En Latinoamérica las universidades tienen una larga historia. La primera nace en 1538, en Santo Domingo. Todas las que se van fundando reflejan el modelo medieval traído de Europa, asociado con los poderes de la realeza y la iglesia católica. La preparación profesional se separaba de los centros de generación del conocimiento. Frente a este modelo de profesional liberal surge otra concepción en Alemania, donde aparece la “universidad de investigación”. Allí la enseñanza técnica se combinaba con la generación del conocimiento puro y la ciencia, lo cual tuvo el valor de una verdadera revolución académica. Ese esquema investigativo fue consolidándose en Europa durante el siglo XIX y luego en Estados Unidos, acorde al crecimiento económico que iba impulsando más y más desarrollos técnicos para la floreciente industria. El modelo se solidificó y es el imperante hoy día, en el que se da una asociación directa del conocimiento generado en la universidad con su aplicación práctica en la esfera económica, vía empresas privadas básicamente (al menos en el capitalismo). En el transcurso del siglo XX la investigación científico-técnica terminó por ligarse enteramente al crecimiento económico, y las ciencias pasaron a ser el sostén de la industria moderna. El modelo universitario, por tanto, pasó a ser una actividad inseparable del crecimiento económico del capitalismo desarrollado.

En el siglo XXI esa tendencia se mantiene y profundiza, más aún con los nuevos paradigmas de producción caracterizados por la globalización de la economía y el paso hacia la “sociedad de la información y el conocimiento”, basada cada vez más en tecnologías de punta. La tendencia es poner la universidad de investigación al total servicio del mercado, llegando así a la noción de “universidad empresarial”, donde lo que cuenta es la óptima relación costo-beneficio concebida desde el lucro y donde se va esfumando la idea de desarrollo social, de extensión y servicio comunitario. Todos estos procesos de privatización, surgidos en los países que marcan el rumbo –las potencias capitalistas–, llegan a la región latinoamericana como tibia copia. No hay, en general, procesos con dinámicas propias. Siempre se ha tratado de imitar al Norte, visto como opulento y modelo a seguir.

¿Y qué hay de lo declamado en la constitución guatemalteca entonces en relación a la Universidad de San Carlos, aquello de “cooperar al estudio y solución de los problemas nacionales”? Hoy por hoy: ¡nada! ¿Qué significa que un rector y un ex rector de la universidad pública caigan presos por actos de corrupción? ¡Es patético! Muestra que esa institución funciona como mafia al servicio de la privatización de la educación superior (en el país, con tan bajo índice de universitarios… ¡hay 14 universidades privadas!) y como engranaje del Pacto de Corruptos, siguiendo con el cumplimiento a cabalidad de lo implementado en la pasada guerra: ¡se la destruyó por ser “cueva de guerrilleros”! Y se la sigue destruyendo.

La misión urgente, por tanto, es rescatarla.

Marcelo Colussi

Analista político e investigador social, autor del libro Ensayos

mmcolussi@gmail.com,

https://www.facebook.com/marcelo.colussi.33

https://www.facebook.com/Marcelo-Colussi-720520518155774/

https://mcolussi.blogspot.com/

https://www.alainet.org/es/articulo/211306
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Estados Unidos y su apoyo a los golpes de Estado y a los dictadores

Renán Vega Cantor

Por: Renán Vega Cantor 

“Trujillo es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”, palabras de Cordell Hull, Secretario de los Estados Unidos, hablando del dictador de República Dominicana.

El título de este artículo puede parecer de entrada como injurioso y fuera de tono, pero adquiere sentido porque parafrasea lo dicho por altos funcionarios de los Estados Unidos en varias ocasiones cuando se referían en conciliábulos privados a algunos dictadores de América Latina que ellos patrocinaban. Quien originalmente pronunció la palabra “hijo de puta” para referirse a uno de los dictadores apoyados por Washington fue Cordell Hull, en 1938.

Después la repitió el mismísimo presidente de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt para referirse al dictador de Nicaragua Anastasio Somoza a quien también considero como “nuestro hijo de puta”. Esta última referencia es la que más se suele citar, porque apareció en un número de la Revista Time de 1948. La palabra soez se usaba para señalar la verdadera catadura criminal de los dictadores apoyados por Washington, algo que al final poco interesaba en la medida en que ellos fueran sumisos e incondicionales a los Estados Unidos. Que esos dictadores mataran, torturan, desaparecieron a miles de personas en sus respectivos países, poco le interesaba a Estados Unidos, siempre y cuando no fueran a tocar los intereses del capital estadounidense. Traducida la afirmación sobre los dictadores quería decir: sí, son asesinos y criminales, pero nos sirven y los necesitamos, y por eso si hay que matar y torturar para mantener incólumes nuestros intereses, poco importan esos métodos tan poco refinados. Y para camuflarlos un poco, y que no salpicaran sangre hasta el territorio de los Estados Unidos, a esos dictadores se les calificaba por parte de políticos y medios de desinformación en Estados Unidos, como campeones de la libertad y amigos del mundo libre.

El término ofensivo, sobre todo con las pobres madres de los dictadores Rafael Trujillo y Anastasio Somoza, ha vuelto a cobrar actualidad en estos días, pero en un sentido diferente, en términos geográficos y políticos, a raíz de la absolución que se le hizo a Donald Trump en el segundo juicio político, relámpago por lo demás, que se le hizo en el Senado de los Estados Unidos, para juzgarlo por la toma del Capitolio el 6 de enero de este año.

Algunos liberales, admiradores de Estados Unidos y que son ignorantes, ingenuos o cándidos, que tanto han aplaudido la ida de Donald Trump de la Casa Blanca y elogian a su nuevo inquilino, Joe Biden (el “bonachón” que bombardea), se hacen cruces de incredulidad al enterarse del resultado de ese juicio relámpago y comprobar que Trump ha salido indemne, a pesar de que haya sido promotor de un intento de golpe de Estado, para perpetuarse en el poder, y que dejó un saldo fatal de cinco muertos.

Las preguntas más bien son otras: ¿De qué se sorprenden? ¿Acaso creían que a Trump lo iban a acusar de ser golpista, lo iban a sentenciar a cadena perpetua o a la pena capital y de forma inmediata lo iban a encarcelar? Si Estados Unidos nunca ha hecho eso con los dictadores que ha fabricado mientras le son útiles, mucho menos lo iba a hacer con uno de los suyos. Si el Congreso de los Estados Unidos hubiera condenado a un golpista, hubiera roto con la tradición que forma parte de los principios centrales de la política exterior de los Estados Unidos: apoyar a cuanto hijo de puta le sirva al American way of life, un axioma, tanto “teórico” como sobre todo práctico, que ha caracterizado la actuación de los Estados Unidos desde finales del siglo XIX en el mundo y particularmente en América Latina.

Recordemos que en listado interminable de golpes de Estado y de dictadores que Estados Unidos ha patrocinado se encuentran criminales de la talla de los ya nombrados Rafael Leónidas Trujillo y Anastasio Somoza, a los cuales hay que agregar Augusto Pinochet (Chile), Jorge Rafael Videla (Argentina), Efraín Ríos Montt (Guatemala), Maximiliano Hernández Martínez (Salvador), Tiburcio Carias (Honduras), François Duvalier (Haití), Alfredo Stroessner (Paraguay),Ferdinand Marcos (Filipinas), Hahi Moamaed Suharto (Indonesia), Mobuto Sese Seko (Zaire) y una interminable cadena de otros hijos de mala madre del imperio, a lo largo y ancho del mundo, cuya lista es tan larga que se requieren muchas páginas para mencionarlos.

La novedad “politologica” del caso de Donald Trump no es que Estados Unidos tenga hijos malnacidos en casa, porque la casi totalidad de los presidentes y altos funcionarios de ese país lo son, sin duda alguna, sino que ahora uno de ellos se haya atrevido a atentar contra ellos mismos. Es decir, el gran crimen de Trump no radica en los múltiples crímenes que realizó fuera de los Estados Unidos, algo que es perfectamente normal en cualquier presidente de ese país, sino en que se haya realizado en casa lo que se hace y aplaude en el exterior. Al respecto, resulta diciente y cínico que Nancy Pelosi, del Partido Demócrata y presidenta de la Cámara de Representantes, una de las más beligerantes contra Donald Trump por su intento del golpe en el Capitolio, sea la misma que aplaudió a rabiar y recibió personalmente al golpista venezolano Juan Guaidó, otro hijo de puta Made in USA. (Ver fotos).

El juicio inútil a un HP doméstico (Nancy Pelosi firma documentos de juicio contra Donald Trump) y en la otra foto se apoya a uno de nuestros HP en América Latina (Nancy Pelosi recibe al golpista venezolano Juan Guaidó)

Aunque no se le perdone a Donald Trump por lo que hizo el 6 de enero, esto tampoco podía llevar al Parlamento de Estados Unidos ‒una institución criminal, untada de sangre del resto del mundo, hasta los tuétanos‒ al peligroso extremo de condenarlo. Eso sería sentar un precedente funesto y de alguna forma cerrar las puertas a que futuros golpes de Estado, en los que se encuentre la mano asesina de Washington, salieran deslegitimados de antemano y alguien se atreviera a juzgar a los golpistas. No, no se puede abrir la Caja de Pandora, con una condena judicial a un golpista, que ha sido presidente de Estados Unidos. No, ahora hay que proceder en el ámbito doméstico de la política de Estados Unidos, como se ha hecho con los golpistas y dictadores que manufactura Estados Unidos en el exterior (y Juan Guaidó es uno de los últimos), decir en voz bajaque es un malnacido, pero afirmar en publico que es un demócrata, un genuino luchador por la libertad, un combatiente por la justicia y mil mentiras por el estilo.

Por eso, más bien hay que decir en adelante que Donald Trump, como lo deben murmurar políticos, periodistas y académicos del establecimiento en los Estados Unidos, es “un hijo de puta, pero al fin y al cabo es nuestro hijo de puta” y lo hemos tenido en casa, en plena Casa Blanca.

Fuente e imagen:  https://rebelion.org/estados-unidos-y-su-apoyo-a-los-golpes-de-estado-y-a-los-dictadores/

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El voto femenino y la lucha de clases

Documentos

Por: Rosa Luxemburgo

 

«¿Por qué no hay organizaciones de mujeres trabajadoras en Alemania? ¿Por qué se sabe tan poco del movimiento de mujeres obreras?». Con estas palabras Emma Ihrer, una de las fundadoras del movimiento de mujeres proletarias en Alemania, introducía en 1898 su obra Mujeres obreras en la lucha de clases. Apenas han transcurrido catorce años desde entonces, y el movimiento de mujeres proletarias ha conocido una gran expansión. Más de ciento cincuenta mil trabajadoras sindicadas constituyen el núcleo más activo en la lucha económica del proletariado. Muchos miles de mujeres políticamente organizadas se han alineado tras la bandera de la socialdemocracia: el órgano de las mujeres socialdemócratas [Die Gleichheit, editado por Clara Zetkin] tiene más de cien mil suscriptoras; el voto femenino es uno de los puntos vitales del programa de la social democracia.

Pero es posible que precisamente estos datos lleven a algunos a subestimar la importancia de la lucha por el sufragio femenino. Pueden pensar: aun sin la igualdad de derechos políticos del sexo débil hemos hecho enormes progresos tanto en la educación como en la organización de las mujeres. Por lo tanto, el voto femenino no es ninguna necesidad urgente. Quien piense así, se equivoca. El extraordinario despertar político y sindical de las masas proletarias femeninas en los últimos quince años ha sido posible sólo gracias a que las mujeres trabajadoras, a pesar de estar privadas de sus derechos, se interesaron vivamente por las luchas políticas y parlamentarias de su clase. Hasta este momento, las mujeres proletarias viven del voto masculino, en el que indudablemente toman parte, aunque de forma indirecta. Las campañas electorales son una causa común de los hombres y de las mujeres de la clase obrera. En todos los mítines electorales de la social-democracia las mujeres constituyen ya una gran parte, a veces incluso la mayoría. Siempre están interesadas y se sienten apasionadamente implicadas. En todos aquellos distritos en que existe una fuerte organización socialdemócrata, las mujeres ayudan en la campaña. Y son las mujeres las que llevan a cabo el inestimable trabajo de distribuir panfletos y recoger suscripciones para la prensa socialdemócrata, esa arma tan importante en las campañas.

El estado capitalista no ha podido evitar que las mujeres del pueblo asuman todas estas obligaciones y esfuerzos en la vida política. Faso a paso, el Estado se ha visto obligado a garantizarles los derechos de asociación y de reunión. Sólo les niega el último derecho político: el derecho al voto, que les permita elegir directamente a los representantes populares en el parlamento y en la administración, y que les permita ser, asimismo, un miembro electo de estos cuerpos. Pero aquí, como en todos los ámbitos de la sociedad, el lema es: «¡Ojo con empezar cosas nuevas!» Pero las cosas ya han empezado. El actual Estado claudicó ante las mujeres proletarias al admitirlas en las asambleas públicas y en las asociaciones políticas. Pero el Estado no cedió aquí por voluntad propia, sino por necesidad, bajo la presión irresistible del auge de la clase obrera. Y fue también el apasionado empuje de las mujeres proletarias mismas lo que forzó al Estado policíaco pruso-germano a renunciar al famoso «sector de mujeres» [el «sector de mujeres» instituido en 1902 por el ministro prusiano Von Hammerstein obligaba a reservar en las reuniones políticas una sección especial para las mujeres] en las reuniones y abrir las puertas de las organizaciones políticas a las mujeres. La bola de nieve empezaba a rodar más deprisa. Gracias al derecho de asociación y de reunión las mujeres proletarias han tomado una parte activísima en la vida parlamentaria y en las campañas electorales. La consecuencia inevitable, el resultado lógico del movimiento es que hoy millones de mujeres proletarias reclaman desafiantes y llenas de confianza: ¡Queremos el voto!

Hace tiempo, en la maravillosa era del absolutismo pre-1848, se decía que la clase obrera no estaba lo «suficientemente madura» para tener derechos políticos. Esto no puede decirse de las mujeres proletarias actualmente, porque han demostrado sobradamente su madurez política. Todo el mundo sabe que sin ellas, sin la ayuda entusiasta de las mujeres proletarias, el partido socialdemócrata no habría alcanzado la brillante victoria del 12 de enero [1912], no habría obtenido los 4 1/4 millones de votos. En cualquier caso la clase obrera siempre ha tenido que demostrar su madurez para las libertades políticas por medio de un movimiento de masas revolucionario. Sólo cuando el Emperador por la Gracia de Dios y cuando los mejores y más nobles hombres de la nación sintieron realmente el calloso puño del proletariado en su carne y su rodilla en sus pechos, sólo entonces entendieron inmediatamente la «madurez» política del pueblo. Hoy les toca a las mujeres proletarias evidenciar su madurez al estado ca-pitalista; y ello mediante un constante y poderoso movimiento de masas que debe utilizar todos los medios de la lucha proletaria.

El objetivo es el voto femenino, pero el movimiento de masas para conseguirlo no es tarea para las mujeres solamente, sino una responsabilidad común de clase, de las mujeres y de los hombres del proletariado. Porque la actual ausencia de derechos de las mujeres en Alemania es sólo un eslabón de la cadena de la reacción: la monarquía. En la moderna Alemania, de capitalismo avanzado y altamente industrializada, del siglo veinte, en la era de la electricidad y de los aviones, la falta de derechos políticos para la mujer es un residuo del pasado muerto pero también el resultado del dominio del Emperador por la Gracia de Dios. Ambos fenómenos -el instrumento divino como el poder más importante de la vida política, y la mujer, casta en un rincón de su casa, indiferente a las tormentas de la vida pública, a la política y a la lucha de clases- hunden sus raíces en las podridas condiciones del campo y de los gremios en la dudad. En aquellos tiempos eran justificables y necesarios. Pero tanto la monarquía como la falta de derechos de la mujer, han sido desbordados por el desarrollo del capitalismo moderno, son hoy ridículas caricaturas. Pero siguen en pie en nuestra sociedad moderna no porque la gente olvidara abolirlos, ni tampoco a causa de la persistencia e inercia de las circunstancias. No, todavía existen porque ambos -la monarquía, y la mujer privada de sus derechos- se han convertido en instrumentos poderosos en manos de los enemigos del pueblo. Los peores y más brutales defensores de la explotación y esclavización del proletariado se atrincheran tras el trono y el altar, pero también tras la esclavitud política de las mujeres. La monarquía y la falta de derechos de la mujer se han convertido en los instrumentos más importantes de la dominación capitalista de clase.

En realidad se trata para el Estado actual de negar el voto a las mujeres obreras, y sólo a ellas. Teme, acertadamente, que puedan ser una amenaza para las instituciones tradicionales de la dominación de clase, por ejemplo, para el militarismo (del que ninguna mujer obrera con cabeza puede dejar de ser su enemiga mortal), la monarquía, el sistema fraudulento de impuestos sobre la alimentación y los medios de vida, etc. El voto femenino aterra al actual Estado capitalista porque tras él están los millones de mujeres que reforzarían al enemigo interior, es decir, a la socialdemocracia. Si se tratara del voto de las damas burguesas, el Estado capitalista lo considerará como un apoyo para la reacción. La mayoría de estas mujeres burguesas, que actúan como leonas en la lucha contra los «privilegios masculinos», se alinearían como dóciles corderitos en las filas de la reacción conservadora y clerical si tuvieran derecho al voto. Serían incluso mucho más reaccionarias que la parte masculina de su clase. A excepción de las pocas que tienen alguna profesión o trabajo, las mujeres de la burguesía no participan en la producción social. No son más que co-consumidoras de la plusvalía que sus hombres extraen del proletariado. Son los parásitos de los parásitos del cuerpo social. Y los consumidores son a menudo mucho más crueles que los agentes directos de la dominación y la explotación de clase a la hora de defender su «derecho» a una vida parasitaria. La historia de todas las grandes luchas revolucionarias lo confirma de una forma horrible. La gran Revolución francesa, por ejemplo. Tras la caída de los jacobinos, cuando Robespierre fue llevado al lugar de la ejecución, las mujeres de la burguesía triunfante bailaban desnudas en las calles, bailaban de gozo alrededor del héroe caído de la revolución. Y en 1871, en París, cuando la heroica Comuna obrera fue aplastada por los cañones, las radiantes mujeres de la burguesía fueron incluso más lejos que sus hombres en su sangrienta venganza contra el proletariado derrotado. Las mujeres de las clases propietarias defenderán siempre fanáticamente la explotación y la esclavitud del pueblo trabajador gracias al cual reciben indirectamente los medios para su existencia socialmente inútil.

Económica y socialmente, las mujeres de las clases explotadoras no son un sector independiente de la población. Su única función social es la de ser instrumentos para la reproducción natural de las clases dominantes. Por el contrario, las mujeres del proletariado son económicamente independientes y socialmente tan productivas como el hombre. Pero no en el sentido de que con su trabajo doméstico ayuden a que los hombres puedan, con su miserable salario, mantener la existencia cotidiana de la familia y criar a los hijos. Este tipo de trabajo no es productivo en el sentido del actual orden económico capitalista, a pesar de que, en mil pequeños esfuerzos, arroje como resultado una prestación gigantesca en autosacrificio y gasto de energía. Pero éste es asunto privado del proletariado, su felicidad y su bendición, y por ello inexistente para nuestra sociedad actual. Mientras domine el capital y el trabajo asalariado, sólo el trabajo que produce plusvalía, que crea beneficio capitalista, puede considerarse trabajo productivo. Desde este punto de vista, la bailarina del music-hall cuyas piernas suponen un beneficio para el bolsillo del empresario, es una trabajadora productiva, mientras que el del grueso de mujeres y madres proletarias dentro de las cuatro paredes de sus casas se considera improductivo. Esto puede parecer brutal y demente, pero corresponde exactamente a la brutalidad y la demencia del actual sistema económico capitalista, y aprehender clara y agudamente esta realidad brutal es la primera tarea de las mujeres proletarias.

Porque precisamente desde este punto de vista la reivindicación de la mujer proletaria por la igualdad de derechos políticos está firmemente anclada sobre bases económicas. Hoy millones de mujeres proletarias crean beneficio capitalista como los hombres -en las fábricas, en las tiendas, en el campo, en la industria doméstica, en las oficinas, en almacenes. Son, por lo tanto, productivas en el sentido estricto de la sociedad actual. Cada día aumenta el número de mujeres explotadas por el capitalismo, cada nuevo progreso industrial o técnico crea nuevos puestos de trabajo para mujeres en el ámbito de la maquinaria del beneficio capitalista. Y con ello cada día y cada avance industrial supone una nueva piedra en la firme fundamentación de la igualdad de derechos políticos de las mujeres. La educación y la inteligencia de la mujer se han hecho necesarios para el mecanismo económico. La típica mujer del «círculo familiar» patriarcal ya no responde a las necesidades de la industria y del comercio ni a las necesi-dades de la vida política. Claro que también en este aspecto el Estado capitalista ha olvidado sus deberes. Hasta ahora han sido los sindicatos y las organizaciones socialdemócratas las que más han hecho por el despertar espiritual y moral de las mujeres. Hace décadas que los obreros socialdemócratas eran ya conocidos como los más capaces e inteligentes. También hoy han sido los sindicatos y la socialdemocracia los que han sacado a las mujeres proletarias de su estrecha y triste existencia, de su miserable e insípida vida doméstica. La lucha de clases proletaria ha ampliado sus horizontes, las ha hecho más flexibles, ha desarrollado su mente, y les ha ofrecido grandes objetivos que justifiquen sus esfuerzos. El socialismo ha supuesto el renacimiento espiritual para las masas proletarias femeninas y con ello también las ha convertido, sin duda alguna, en una fuerza de trabajo más capaz y productiva para el capital.

Considerando todo lo dicho, la falta de derechos políticos de la mujer proletaria es una vil injusticia, porque además ha llegado a ser, hoy en día, una verdad a medias, dado que las mujeres masivamente toman parte activa en la vida política. Sin embargo, la socialdemocracia no utiliza en su lucha el argumento de la «injusticia». Ésta es la diferencia sustancial entre nosotros y el socialismo utópico, sentimental, de antes. Nosotros no dependemos de la justicia de la clase dominante, sino sólo del poder revolucionario de las masas obreras y del curso del desarrollo social que abona el camino para este poder. Así pues, la injusticia, en sí misma, no es ciertamente un argumento para acabar con las instituciones reaccionarias. Pero cuando el sentimiento de injusticia se apodera cada vez más de amplios sectores de la sociedad -dice Friedrich Engels, el cofundador del socialismo científico- es siempre una señal segura de que las bases económicas de la sociedad se tambalean considerablemente, y de que las actuales condiciones están en contradicción con el curso del desarrollo. El actual y poderoso movimiento de millones de mujeres proletarias que consideran su falta de derechos políticos como una vergonzosa injusticia, es una señal infalible de que las bases sociales del orden existente están podridas y de que sus días están contados.

Hace cien años, el francés Charles Fourier, uno de los primeros grandes pro-pagadores de los ideales socialistas, escribió estas memorables palabras: «En toda sociedad, el grado de emancipación de la mujer es la medida natural de la emancipación general». Esto es totalmente cierto para nuestra sociedad. La actual lucha de masas en favor de los derechos políticos de la mujer es sólo una expresión y una parte de la lucha general del proletariado por su liberación. En esto radica su fuerza y su futuro. Porque gracias al proletariado femenino, el sufragio universal, igual y directo para las mujeres supondría un inmenso avance e intensificación de la lucha de clases proletaria. Por esta razón la sociedad burguesa teme el voto femenino, y por esto también nosotros lo queremos conseguir y lo conseguiremos. Luchando por el voto de la mujer, aceleramos al mismo tiempo la hora en que la actual sociedad se desmorona en pedazos bajo el martillo del proletariado revolucionario.

Redactado:  «Frauenwahlrecht und Klassenkampf», discurso pronunciado en las Segundas Jornadas de Mujeres Socialdemócratas. Stuttgart, 12-mayo-1912.
Fuente de la presente versión:  Texto recogido en el libro: El pensamiento de Rosa Luxemburg (ant. y trad. de María José Aubet). Barcelona, Ediciones del Serbal, 1983, pp. 281-287. Traducido de Gesammelte Werke, vol 3, Dietz Verlag, Berlín, 1973, pp. 159-165.
Esta edición: Marxists Internet Archive, agosto 2014.

Fuente e imagen:  Marxists.org

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La deuda: un mecanismo infernal en el centro de la feminización de la migración

Contrahegemoniaweb

Por: Christine Vanden Daelen

La deuda al servicio de una economía feminizada y racializada.

El capitalismo globalizado, dentro del que el «sistema de la deuda» es esencial, exacerba las desigualdades sociales. Alimenta y acentúa las desigualdades relacionadas con la clase, el género y la «raza». De hecho, el capitalismo es estructuralmente patriarcal. Y no podría funcionar sin la explotación del trabajo reproductivo 1/ de las mujeres, un trabajo que está totalmente devaluado, infravalorado, invisible y, por tanto, muy mal pagado o, directamente, no pagado (gratuito). Además, se basa en una lógica racial que establece un principio de jerarquía entre las personas «blancas» y las «no blancas». Estas últimas asignados al fondo de la escala social y de la división del trabajo, lo que favorece su explotación desmedida. Así, el capitalismo, el patriarcado y el racismo están entrelazados y refuerzan mutuamente sus opresiones. La deuda, una de las principales herramientas para la consolidación de este capitalismo patriarcal y racializado, ataca a las poblaciones más vulnerables y marginadas, de las que sin duda forman parte las mujeres precarias, migrantes y racializadas. Por ello, a ellas les conciernen específicamente las medidas exigidas en su nombre, que acentúan la división sexual y racial del trabajo y las violencias sexistas y machistas.

El exilio forzado de las mujeres como consecuencia del “sistema deuda”

La deuda no es neutral en cuanto al género. La desestructuración que genera tiene impactos específicos de género, empujando a cada vez más mujeres a abandonar sus familias, sus comunidades, sus ciudades, sus pueblos y países, no para involucrarse en un proyecto con perspectivas emancipadoras, sino para tratar de sobrevivir y asegurar su subsistencia y la de sus seres queridos.

El desmantelamiento del Estado social que está en el centro de las exigencias de austeridad tiene múltiples implicaciones para las mujeres. La privatización y los recortes presupuestarios impuestos a los servicios públicos y sociales les afectan específicamente como trabajadoras 2/, usuarias y beneficiarias de estos sectores, pero también como madres, compañeras e hijas que tendrán que «compensar» la pérdida o inaccesibilidad de estos servicios. De hecho, para llevar a cabo las tareas de cuidado y educación desatendidas por la administración pública, no tienen más remedio que reducir su jornada laboral remunerada o tomar de sus escasos recursos los fondos necesarios para el cuidado de sus hijas e hijos y familiares dependientes. Asistimos así a una auténtica sustitución de las funciones y responsabilidades esenciales del Estado hacia la esfera familiar y, por tanto, hacia las mujeres. En nombre de la deuda pública, el concepto de «Estado social» está siendo sustituido por el de la «madre social». Asumir esta carga adicional significa para muchas mujeres integrar de manera forzada los flujos migratorios.

El «todo para la exportación», medida emblemática del ajuste estructural, sitúa a las mujeres, sobre todo a las mujeres rurales, principales productoras y agricultoras del mundo, en una posición de total precariedad. Basado en un extractivismo ilimitado de los recursos naturales, De manera progresiva, la intensificación de los monocultivos para la exportación que están, generalmente, en manos de hombres, están sustituyendo a los cultivos de subsistencia, en los que hay una gran mayoría de mujeres, que se ven obligadas a retirarse a tierras marginales. El «todo para la exportación» también significa el acaparamiento y la explotación intensiva y extensiva de la tierra, los ríos, los lagos, etc. por parte de las empresas multinacionales con el aval de los gobiernos y las IFI (Instituciones Financieras Internacionales). Privadas de los medios de producción necesarios para la reproducción las vidas, arrancadas de sus formas de vida no mercantiles que garantizaban su soberanía alimentaria y la de sus familias, cada vez más mujeres rurales del Sur se ven obligadas a emigrar a las ciudades o a los países del Norte.

Como principales suministradoras de las necesidades básicas de la familia, las mujeres sufren las consecuencias del aumento de los precios de los bienes de consumo cotidiano resultantes de la devaluación de las monedas locales, el aumento del IVA o el fin de los subsidios en los productos básicos, el paquete básico de políticas prescritas para garantizar el pago de la deuda. Para seguir cubriendo las necesidades básicas de sus familias, deben, a menudo a costa de su salud física y mental, aumentar cada vez más su trabajo gratuito y/o recurrir al endeudamiento privado. No es casualidad que el microcrédito, que tiene como objetivo principal a las mujeres, haya crecido enormemente en las economías más “ajustadas” 3/. Para escapar de sus acreedores, algunas de ellas abandonarán sus hogares y comunidades.

Los megaproyectos extractivistas apoyados por las IFI (por ejemplo, agroalimentarios, de explotación minera o energética a gran escala, etc.) no dudan en recurrir a grupos armados para «proteger» las zonas que acaparan. Estos «hombres armados» suelen ejercer violencia sexual contra las mujeres para empujarlas a ellas y a sus familias a abandonar los territorios y los recursos codiciados. A menudo, son las mujeres las que están en la vanguardia de la resistencia a estos megaproyectos, y se enfrentan a altos niveles de violencia represiva. El aumento del gasto militar financiado por la deuda también acentúa la violencia específica contra las mujeres, muchas veces utilizadas como «botín de guerra». Para estas mujeres, la migración es a menudo la única manera de escapar de esta violencia multifacética y de salvar sus vidas.

Rutas de la emigración bloqueadas por la deuda

En un capitalismo cada vez más globalizado, las mujeres migrantes (documentadas o indocumentadas) son las principales trabajadoras en sectores laborales cuyo desarrollo está intrínsecamente ligado a las políticas de endeudamiento. Voy a centrarme en dos de ellos.

Área de libre comercio o de libre explotación de mujeres

La proliferación de estas áreas de libre comercio (también llamadas «zonas francas») es una de las consecuencias directas de la disolución de todos los derechos laborales, de la regulación, promovida por las IFI. Atraen masivamente a las multinacionales que se aprovechan de una mano de obra mal pagada, esencialmente femenina y «que se deja explotar voluntariamente». En estas fábricas de exportación (de producción textil y electrónica principalmente) hacia el Norte Global, las condiciones de trabajo se asemejan a la esclavitud moderna 4/, con trabajadores y trabajadoras que ponen en peligro su salud por salarios que apenas les permiten sobrevivir. Cuando se organizan y demandan, las empresas los despiden y/o se trasladan a nuevas zonas (se deslocalizan), dejando atrás a millones de personas. El hecho de que estos empleos, con obsolescencia programada y pésimas condiciones laborales, generen grandes flujos de migración femenina rural e internacional es indicativo de la magnitud de la miseria de la que huyen o tratan de compensar.

Las mujeres al servicio de la reproducción social

La destrucción del Estado social allí donde existía, con los recortes presupuestarios, la mercantilización y la privatización de los servicios públicos necesarios para la reproducción de la vida (sanidad, educación, atención a la primera infancia, sectores sociales) implica también un llamamiento a las trabajadoras del Sur para garantizar y mantener la reproducción social. Los trabajos 5/ (formales o no) que sostienen la reproducción social y el mantenimiento de la vida son sistemáticamente desvalorizados, entendidos como naturalmente «femeninos», no son considerados como un «trabajo real» y, por lo tanto, están muy mal remunerados, son flexibles y precarios. Muy poco atractivos para las trabajadoras nacionales, son el nicho de trabajo para las mujeres que se sitúan en la imbricación de las opresiones de clase, género y «raza»: las mujeres migrantes.

En la esfera privada, ante la escasez o la inaccesibilidad a los servicios públicos y de protección social, ante el rechazo persistente de los hombres a compartir las tareas domésticas y ante el rápido envejecimiento de la población, las mujeres que pueden permitírselo económicamente (y para salvaguardar también su acceso al trabajo remunerado) externalizan el excedente de trabajo de reproducción social a las mujeres migrantes. Estas últimas, a su vez, confían a mujeres más pobres y/o vulnerables que ellas el trabajo reproductivo que ya no pueden realizar en el seno de sus familias. Asistimos así a lo que las feministas han llamado la «cadena global de cuidados» que mantiene a toda velocidad el orden de dominación y la estructura capitalista patriarcal y racial a la que sirve.

En conclusión, constatar que el cinismo del «sistema de la deuda» no tiene límites: Las mujeres que emigran para paliar la crisis de la reproducción social orquestada por el ajuste estructural, cuya explotación se ha convertido en crucial para salvaguardar el mantenimiento de la vida en el Norte, son proveedoras netas de divisas para sus países de origen, parte de las cuales se destinan a la devolución de la deuda o a la contratación de nuevos préstamos… La espiral infernal de la deuda llega así a su paroxismo y muestra lo mucho que gana cualquier estrategia de emancipación al incluir la abolición de las deudas ilegítimas entre sus demandas.

Traducción: Beatriz Ortiz para CADTM

4/3/2021

Notas

1/ El trabajo reproductivo abarca todo el trabajo realizado para reproducir la vida humana. Desde una perspectiva capitalista, se refiere a los cuidados necesarios para proporcionar a una persona la capacidad de trabajar. Este trabajo de (re)producción de fuerza de trabajo es indispensable para el capitalismo: sin él no hay producción ni reproducción de mercancías y, por tanto, no hay acumulación capitalista.

2/ Las mujeres representan dos tercios de las trabajadoras en el sector de la sanidad, la educación y los servicios sociales, esencialmente en puestos «subalternos».

3/ Por un análisis crítico de las microfinanzas : https://www.cadtm.org/microcredit-1538?lang=fr

4/ Jornadas de trabajo de más de 12 horas sin descanso real, que a menudo se prolongan hasta la noche, con horas extraordinarias impuestas, en condiciones de ruido, insalubridad y escasa iluminación, reglamentos muy estrictos, multas, registros corporales, pruebas de embarazo obligatorias, etc.

5 Reuniendo a los sectores de servicios de cuidado, trabajo doméstico y de trabajo sexual.

Fuente: https://contrahegemoniaweb.com.ar/2021/03/09/la-deuda-un-mecanismo-infernal-en-el-centro-de-la-feminizacion-de-la-migracion-2/

Fuente principal: Viento Sur

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Escepticismo, negacionismo y “puntillismo vacunal”

Leonardo Díaz

Por: Leonardo Díaz

No son solo posturas teóricas erróneas; constituyen graves afrentas contra lo que Aristóteles denominó la amistad cívica.

El esfuerzo internacional de las administraciones sanitarias por lograr la denominada “inmunización de rebaño” contra la COVID-19 confronta un problema: la disposición reacia a vacunarse.

Una de las actitudes que provocan dicha reacción es el negacionismo antivacuna. No debe confundirse con el escepticismo, una actitud saludable de cuestionamiento ante la falta de evidencias científicas. Por ejemplo, es razonable dudar de los resultados de una vacuna que no ha sido el producto de un proceso riguroso de contrastación. Ante la falta de evidencias, o si se tienen datos insuficientes para poseer el conocimiento fundamentado de un fenómeno, debemos ser escépticos.

Por su parte, el negacionismo antivacuna es indiferente a las evidencias científicas. Es una actitud emocional que lleva a las personas a creer que las vacunas generan un efecto dañino en el organismo humano, obviando los resultados de los estudios científicos que muestran la eficacia de las mismas para prevenir enfermedades.

El negacionismo antivacuna no constituye un movimiento doctrinal homogéneo salvo en el hecho de agrupar a personas que consideran las vacunas como dañinas a la salud.

A veces, los partidarios del negacionismo antivacuna aluden a razones religiosas para defender su causa, pues consideran que las mismas interrumpen procesos naturales establecidos por Dios; en otros casos, el negacionismo se da la mano con una adhesión a la teoría de la conspiración de las vacunas. Según esta, los organismos de salud, las comunidades científicas, las farmacéuticas, y por supuesto, Bill Gates (ninguna teoría de la conspiración es completa si no incluye al cocreador de Microsoft), forman parte de una red conspirativa que orquesta un macabro plan para lesionar a la humanidad inoculando un líquido maligno a través de las venas.

El negacionismo antivacuna es indiferente a los datos científicos, pues entiende que los mismos constituyen parte de una estrategia de las élites para engañar a la población. Además, la actitud negacionista es reacia al diálogo racional, a un proceso de discusión lógico argumentativo.

Pero no solo se puede ser reacio a la vacunación por indiferencia a los datos, sino también, por malinterpretarlos. Este es el caso de lo que el divulgador científico Javier Sampedro denomina “puntillismo vacunal”.

(https://elpais.com/ciencia/2021-02-26/los-puntillosos-de-la-vacuna.html).

El término puntillismo proviene del arte. Se refiere a una técnica neoimpresionista liderada por el pintor francés Georges Seurat, a fines del siglo XIX, consistente en configurar una obra de arte a partir de puntos muy pequeños.

Por analogía, Sampedro toma el concepto de puntillismo para referirse a las personas “quisquillosas” con las vacunas, reacias a colocarse las que consideran de baja calidad. El puntillismo vacunal viene a ser, entonces, una actitud esnob -además de desconsiderada hacia los millones de seres humanos que no tienen acceso a ningún tipo de vacuna por vivir en condiciones de pobreza- donde la persona considera indigno o inseguro colocarse una vacuna cuya eficacia está en un 70% porque existen otras que llegan al 90%.

En esta actitud existe un problema de interpretación. El puntillista vacunal piensa que los valores de eficiencia de las vacunas son absolutos y, si una vacuna tiene un 90% de eficiencia, significa que es 20 veces más eficiente que una que tenga un 70%. Pero los valores deben interpretarse en relación con una serie de variables muy situacionales que pueden afectar en un momento determinado, o que pueden afectar a una persona y no a otra. Por ejemplo: la carga viral, el sistema inmunólogico del inyectado, entre otros factores.

Entonces, ¿Por qué vacunarse? La respuesta a esta pregunta incorpora un supuesto ético que confronta al individualismo. Se suele pensar que nos vacunamos contra la COVID-19 buscando inmunizarnos contra el virus un 100%. Realmente, nos vacunamos para reducir los riesgos de contagio, para intentar reducir al mínimo las probalidades de daño colectivo.

Mientras más integrantes de una población no estén vacunados, hay mayor probabilidad de que muchas personas de esa población se contagien y enfermen gravemente, independientemente de que yo salga ileso. Es la misma razón por la que usamos mascarillas, por un acto de solidaridad. El negacionismo y el puntillismo vacunal no son solo posturas teóricas erróneas; constituyen graves afrentas contra lo que Aristóteles denominó la amistad cívica, el vínculo que nos une a un proyecto de ciudadanía común.

Fuente:  https://acento.com.do/opinion/escepticismo-negacionismo-y-puntillismo-vacunal-8919376.html

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