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Plataformas digitales, la nueva fase del capitalismo

Eduardo Camín

Por: Eduardo Camín

Las plataformas digitales de trabajo se han multiplicado por cinco en el último decenio.

El crecimiento de las plataformas digitales conlleva oportunidades y problemas para los trabajadores y las empresas, señala la edición más reciente del informe de la OIT Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo 2021.  Este crecimiento ha puesto de manifiesto la necesidad de un diálogo internacional sobre políticas y cooperación en materia de reglamentación, que permita una actuación más coherente en favor de oportunidades de trabajo decente y el impulso del crecimiento de empresas sostenibles.

 El informe hace hincapié en torno a dos tipos principales de plataformas digitales de trabajo: las plataformas web, en las que los trabajadores realizan sus tareas en línea y de modo remoto, y las plataformas basadas en la localización, en las que unas personas, como choferes de taxis o repartidores, ejecutan su trabajo en una localización geográfica determinada.

Nuevos problemas para los trabajadores y las empresas

Los problemas para los trabajadores de las plataformas guardan relación con las condiciones laborales, la regularidad del trabajo y de los ingresos, y la imposibilidad de gozar de los derechos a la protección social, la libertad de asociación y de negociación colectiva. Las horas de trabajo suelen ser prolongadas e imprevisibles. La mitad de los trabajadores de plataformas digitales ganan menos de dos dólares por hora. Además, en algunas plataformas hay brechas notables de remuneración. El informe señala que la pandemia de Covid-19 ha puesto muchas de estas cuestiones aún más en evidencia.

Muchas empresas se topan con el problema de la competencia desleal, la falta de transparencia con respecto a los datos y la fijación de precios, además de comisiones costosas. Por su parte, las pequeñas y medianas empresas (pymes) tienen dificultades para acceder a financiación y a infraestructura digital.

Es un hecho, que las nuevas oportunidades creadas por las plataformas digitales de trabajo están volviendo cada vez más difusa la clara distinción que solía haber entre asalariados y autónomos. Las condiciones laborales en general vienen determinadas por los términos del contrato de servicios, que suelen definirse unilateralmente. Cada vez es más frecuente que las tareas de asignar y evaluar el trabajo, y de gestionar y supervisar a los trabajadores dependan de algoritmos, y no de seres humanos.

El informe apunta a la necesidad de políticas coherentes y coordinadas frente al hecho de que las plataformas operan en distintas jurisdicciones, para conseguir que ofrezcan oportunidades de trabajo decente e impulsen el crecimiento de empresas sostenibles.

Mientras tanto el Director General de la OIT, Guy Ryder señala que  “Las plataformas digitales de trabajo están abriendo oportunidades que antes no existían, en particular para las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad y los colectivos marginados en todo el mundo. Es un factor positivo.».
Añade que «Los problemas nuevos que plantean deben solucionarse mediante el diálogo social internacional a fin de que los trabajadores, los empleadores y los gobiernos puedan beneficiarse plenamente y por igual de estos avances. Con independencia de su situación contractual, todos los trabajadores tienen que poder ejercer sus derechos laborales fundamentales».

La brecha digital

La distribución de los costos y beneficios de las plataformas digitales en el mundo es muy desigual. El 96 por ciento de las inversiones en este tipo de plataformas se concentra en Asia, América del Norte y Europa. El 70 por ciento de las ganancias se concentra en solo dos países: Estados Unidos y China.

 El trabajo en plataformas digitales web es externalizado por empresas del Norte y realizado por trabajadores del Sur, que ganan menos que sus homólogos de los países desarrollados. Esta desigualdad de crecimiento de la economía digital perpetúa la brecha digital y podría agravar las desigualdades.

Muchos gobiernos, empresas y representantes de trabajadores, entre otros los sindicatos, han comenzado a ocuparse de algunas de estas cuestiones, pero las respuestas son diversas y ello provoca incertidumbre para todas las partes.

El hecho de que las plataformas digitales de trabajo operen en varias jurisdicciones plantea la necesidad de diálogo y coordinación a nivel internacional en torno a las políticas, a efectos de conseguir la seguridad reglamentaria y la aplicación de las normas internacionales del trabajo, puntualiza el informe.

 Y se exhorta al diálogo social y la cooperación internacional en materia de reglamentación entre las plataformas digitales de trabajo, los trabajadores y los gobiernos, para lograr con el tiempo la aplicación de una estrategia más eficaz y congruente.

La otra cara de la moneda: ¡navega sin normas ni recomendaciones!

 Es poco aliciente que un organismo como la OIT conformado por 187 Estados miembros, destacado por ser un órgano tripartito del sistema de Naciones Unidas, limite su rol al conjunto de informes, recomendaciones y normas laborales, navegando entre lo abstracto de la filosofía del derecho y de la coyuntural acción partisana.

Y es esta, una de las paradojas más desafiantes de nuestro tiempo: la contradicción entre el bienintencionado discurso sobre la justicia social que producen estos organismos internacionales y los Estados nacionales y la desdichada realidad de las libertades ciudadanas.

 Este es el dramático contraste entre la teoría y la práctica, entre el derecho y la vida cotidiana, un sentimiento que nos revive cada informe, pleno de buenas intenciones, pero sin poner acento en el núcleo central del problema que es el propio sistema capitalista.

Después de un período de más de cuatro décadas caracterizado por la globalización y un conjunto de políticas que han disparado entre otras cosas el drama de la desigualdad global, dislocando las instituciones que cohesionaban la sociedad y quebrado las bases naturales que sostienen la vida humana, como bien lo señalan muchos de estos informes.

Las reformas de los mercados han traído como resultado un poder creciente para las grandes corporaciones y nuevos monopolios digitales.  A partir de éstos, está emergiendo un nuevo orden fruto de la reestructuración que ha experimentado el capitalismo global tras la última crisis, en la que adquieren un papel preponderante las tecnologías de la información. La dominación digital global de las principales corporaciones del ramo, han logrado posicionarse como monopolios naturales.

 Las aplicaciones de Google se aceptan como si fueran un servicio público, y universidades e instituciones de todo el mundo firman acuerdos para que esta corporación gestione sus sistemas de correo. Mientras tanto, Facebook y Twitter capitalizan el grueso de la comunicación social en la Red, y sus logos son incluidos gratuitamente en programas de televisión o acompañando a la publicidad de otros productos.

Los teléfonos inteligentes se venden con aplicaciones de fábrica diseñadas para recopilar masivamente datos sobre y de sus usuarios. Miles de millones de consumidores de todo el mundo, cualquiera sea su estatus, aceptan con normalidad situaciones en las que son intensamente monitorizados por empresas privadas. Más grave aún la sociedad en su conjunto ha sucumbido a los cantos de sirena y renunciado a protegerse contra las nuevas formas de control digital. Esta sumisión se explica porque las corporaciones digitales son vistas como agentes del progreso tecnológico, dando la impresión de que aceptar su tutela es la única forma de disfrutar las ventajas prácticas de la tecnología; es estar acorde con el mundo actual del progreso.

 Pero, esta ideología de progreso tiene un profundo rasgo neoliberal, en tanto que se nos pide que aceptemos que los ganadores del juego económico se conviertan, desde su posición de monopolio, en árbitros de éste.  Ahora, empresas de cualquier sector y tamaño compiten por llegar a la gente en Facebook o posicionarse en Google, pero nadie está en condiciones de competir contra quienes han logrado dominar de forma incontestable el mercado de la atención en la red.

El capitalismo digital es la fase  de la economía en la que el mercado es impulsado y dinamizado por plataformas digitales que generan nuevos ciclos de acumulación de capital. Estos sistemas se caracterizan por su extraordinaria escalabilidad, es decir, su capacidad para amplificar la oferta de un servicio sin modificar sus condiciones de producción. Inicialmente, el lanzamiento de un proyecto digital implica una gran inversión de capital, pero una vez desarrollado puede ofrecerse globalmente con una inversión estable en infraestructura.

En otras palabras, alcanzado cierto umbral las posibilidades de facturación crecen exponencialmente mientras los costes lo hacen aritméticamente, generando oportunidades de rentabilidad nunca vistas en la historia económica. En la práctica, las ratios de productividad de estas compañías – según algunos expertos – superan con facilidad el millón de dólares por empleado contratado.
El amplio margen de beneficios que prometen estas plataformas hace de ellas un vehículo privilegiado de inversión para los fondos financieros, ávidos por encontrar nuevos caladeros de rentabilidad.
Por eso nunca escasean fondos de capital de riesgo para auspiciar el desarrollo de nuevas empresas digitales, y por eso las que ya están consolidadas negocian con holgura la atracción de nuevos capitales. Surge así una alianza estructural entre la élite financiera y la tecnológica, en la que la primera pierde progresivamente su hegemonía, al tiempo que la segunda se afirma en la posición dominante.
En otras palabras, los emprendedores tecnológicos cuentan con una inédita posición de poder frente a los representantes del capital financiero, quienes se ven obligados a apostar por cualquier opción que les prometa aumentar la rentabilidad de sus inversiones.
Por su parte, las plataformas digitales satisfacen ampliamente esta necesidad, haciendo uso de su inigualable capacidad para organizar e influir en las actividades de miles de millones de usuarios en todo el mundo.

Desde el punto de vista histórico, cada nueva etapa del capitalismo supone una mejora en la capacidad de acumulación. Al igual que el capitalismo financiero se construyó sobre el industrial apoyándose en una nueva capa de abstracción económica (las finanzas), el capitalismo digital lo hace sobre el financiero haciendo aún más complejo el sistema de extracción de plusvalías.

 En definitiva, es una evolución guiada por la huida hacia adelante del capital para escapar de la tasa de rendimientos decrecientes, como lo enseñaba Karl Marx. En el siglo XIX, cuando las posibilidades del mercado nacional comenzaron a agotarse, el capitalismo industrial precisó abrir nuevos mercados y las potencias occidentales intensificaron la conquista violenta de otros territorios. A riesgo de pasar por trasnochados diremos alto y fuerte que el imperialismo sigue siendo la fase superior del capitalismo porque en la búsqueda constante de beneficio, que es su motivación sistémica, crea la esencia de una necesidad estructural expansionista.

 A finales del siglo pasado, cuando el ciclo de crecimiento económico posterior a las guerras mundiales desaceleró, el capitalismo se reinventó a sí mismo con la financialización de la economía y la oleada de políticas neoliberales que aplanaron el pensamiento global.

 En la actualidad, cuando empieza a cuestionarse la capacidad de la especulación financiera para mantener el ritmo de crecimiento, el capitalismo se reinventa de nuevo gracias a las plataformas y sus mercados digitales. En otras palabras, después de que el mercado se haya expandido por toda la capa física del planeta, se orienta hacia la búsqueda de nuevos horizontes.

Y los encuentra en la colonización de la mente humana, cuya atención atrapa con una oferta infinita de contenidos e interfaces diseñados para enganchar con actualizaciones y recompensas virtuales.  En su grado actual de desarrollo, las tecnologías de la comunicación demuestran su potencial como tecnologías del pensamiento y como piedra angular del sistema económico y social.

En este sentido, la era digital es un capítulo más de la historia del capitalismo, no un episodio al margen de él, como ciertos revisionistas pretende hacer creer. El capitalismo a lo largo de su historia ha logrado captar innumerables aspectos de la realidad ajenos a la esfera comercial para convertirlos en mercancías. Los cercamientos de los bienes comunes o la creación de “mercancías ficticias” son buenos ejemplos de ello.
Vivimos demasiada desigualdad, explotación, mercantilización y alienación, concentración del poder y devastación social y ecológica asociada a la economía digital como para pensar que su desarrollo nos ha acercado mínimamente a un horizonte poscapitalista, como pretenden algunos.
En realidad no son las tecnologías las que determinan la evolución del orden social, sino al contrario. Debemos estar atentos ya que el capitalismo digital ofrece más de lo mismo, cuando no peor.

*Periodista uruguayo acreditado en ONU-Ginebra. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
http://estrategia.la/2021/02/28/plataformas-digitales-la-nueva-fase-del-capitalismo/

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El SNTE y las pensiones para jubilados y activos: el atraco

Abelardo Carro Nava

Por: Abelardo Carro Nava

Corría el año de 2007 y, Felipe Calderón, supeditado a lo que el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mandatara en términos de seguridad social en diversos países como el nuestro, logró una reforma al sistema público de salud y de pensiones que vulneró los derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado.

Para pocos es desconocido que, diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido Nueva Alianza (Panal) en marzo de 2007, presentaron en la Cámara de Diputados una iniciativa de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (LISSSTE) cuyo objetivo, entre otros, consistía en la conversión gradual de los planes contributivos obligatorios en sistemas privados de capitalización individual como columna vertebral para algo que recibió el nombre de “Sistema Nacional de Pensiones”. Iniciativa que fue aprobada días más tarde y publicada el 31 de marzo de ese mismo año en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Esta nueva ley abrogó la ley del ISSSTE publicada en el DOF el 27 de diciembre de 1983.

De nada sirvieron las protestas, marchas y manifestaciones de cientos de miles de trabajadores del Estado. Las respectivas Cámaras de “Representantes” y un presidente, corto de miras, habían logrado su objetivo: acrecentar la precariedad laboral, la seguridad social y las pensiones de dichos trabajadores, como si éstos hubiesen tenido una responsabilidad en el pésimo manejo de las finanzas del país que se habían venido dando con los años, o bien, en la implementación de un modelo neoliberal que poco o nada ha favorecido a los sectores más vulnerables de México. ¿Por qué no se diseñó una política para mantener y ampliar los fondos de pensiones?, ¿por qué se optó por una política donde el estado y los gobiernos estatales podrían utilizar los fondos de pensiones de manera discrecional?, ¿por qué se optó por aplicar en el ISSSTE un modelo similar al del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a sabiendas de que, con en este último, no se resolvió el problema de estos fondos en la década de los 90’s?, ¿por qué, en esta y otras reformas, no se ha puesto en el centro a los trabajadores y, en su lugar, se han colocado a las finanzas y administración del estado, al mercado de capitales, a las AFORES y a los bancos?, ¿cuál fue el papel de los sindicatos en ese tiempo? Para el caso que nos ocupa, el de los trabajadores de la educación, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) guardó silencio. Éste fue comparsa de tal infamia. Claro, durante el “calderonismo”, La Maestra tenía un lugar privilegiado en el gobierno no así los miles de trabajadores de la educación.

Pasados algunos años, en los que obviamente la reforma “calderonista” no funcionó y de la que se desprendió, como ya se dijo, el esquema de pensiones a través de cuentas individuales, el incremento en la edad de jubilación y años de servicio (con el consecuente aumento en los años de cotización al ISSSTE), en diciembre de 2014, el ejecutivo federal en manos del peñanietismo, presentó a la Cámara de Diputados la iniciativa para la desindexación del salario mínimo, misma que fue aprobada y publicada en el DOF el 27 de enero de 2016.

Esta acción, como se sabe, condujo a una reforma constitucional y la creación de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) la cual, dicho sea de paso, es una unidad que se utiliza como índice de referencia, medida o base económica en pesos para determinar la cuantía de pago de obligaciones, créditos, multas, impuestos y deducciones personales.

Para este propósito se creó la Ley UMA, y se le confirió al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la responsabilidad de calcular y actualizar el valor de dicha UMA, hechos que, indudablemente, han repercutido seriamente en los derechos laborales, en la seguridad social y en las pensiones de los trabajadores puesto que, como se verá más adelante, la cuantía de las pensiones de los trabajadores, por ejemplo, estaría determinada por el comportamiento de la UMA.

Esto es así, porque si analizamos varias normativas como el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, en su Artículo Único, se especifica que: “Se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del Artículo 123; y se adicionan los párrafos sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 123…, VI. los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base o referencia para fines ajenos a su naturaleza” (DOF, 2016).

Pero aún hay más, en ese mismo decreto, en el Cuarto Transitorio se señala que: “…el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como las Administraciones Públicas Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización” (DOF, 2016).

Con la emisión de este Decreto y las consecuentes reformas constitucionales, los trabajadores recibieron otro duro golpe a sus derechos, otra vez, proveniente de gobiernos neoliberales y tecnócratas cortos de miras y cuya precariedad laboral, con esta “idea de reforma”, la acrecentaron.

Para el caso que nos ocupa, el de los trabajadores de le educación, ¿cuál fue el papel del SNTE en manos de un líder ampliamente cuestionado por su entrega total al poder ejecutivo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto? Al igual que sucedió en el 2007: guardó silencio. Fueron comparsas de tal infamia. Al fin de cuentas, ese líder sindical apoyó sin miramiento lo que en su momento el magisterio nacional conoció como la mal llamada reforma educativa de 2013.

Ahora bien, regresando al tema de las pensiones de los trabajadores, dada la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que emitió hace unos días, y de la que hablaré más adelante, no hay que perder de vista lo que el Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de ISSSTE, en su artículo 8 señala: “la cuantía de las pensiones se aumentará anualmente conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efecto a partir de enero de cada año. En caso de que en año anterior el incremento del índice Nacional de Precios al Consumidor resulte inferior a los aumentos otorgados de manera general a los tabuladores que contienen los sueldos básicos de los trabajadores en activo, las cuantías de las pensiones se incrementarán en la misma proporción de estos últimos” (DOF, 2009). Esto nos lleva a observar: 1) que la actualización de la pensión es por IPC, 2) esta cuantía puede ser determinada por el comportamiento de la UMA, 3) “la pensión mínima garantizada de la Ley del ISSSTE de 2007 está determinada nominalmente y se actualiza también por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, pero para la cuantía máxima de pensión para los que se encuentran el décimo transitorio, está establecida en salarios mínimos: el monto máximo de pensión no podrá exceder diez veces el salario mínimo con lo que el tope sería 10 veces la UMA, perjudicando el monto de las pensiones del 86% de los trabajadores que estaban activos cuando se aprobó la reforma de 2007 y que decidieron mantenerse en el régimen de beneficio definido con las modificaciones que introdujo el artículo décimo transitorio – aumento de edad y de aportaciones –” (Ramírez y Badillo, 2017).

Visto lo anterior, probablemente sea fácil comprender el revuelo que causó, entre los trabajadores del Estado, la resolución de la Segunda Sala de la SCJN en cuanto al tope máximo de la pensión obligatoria otorgada por el ISSSTE puesto que ésta, a decir de la Corte, deberá cuantificarse en UMA y no en salarios mínimos. Lo anterior, teniendo como fundamento la reforma constitucional en materia de desindexación del salario que, como ya he referido, entró en vigor en enero de 2016 y, mediante la cual, se eliminó el salario mínimo como parámetro para calcular multas, créditos y aportaciones de seguridad social.

En este sentido es importante señalar, que dicha resolución es aplicable a los trabajadores sujetos al Artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE, es decir, para aquellos que, tras la reforma a dicha Ley en 2007, decidieron permanecer en el esquema de pensión vitalicia que paga el Estado, rechazando con ello, el esquema de cuentas individuales. ¿Cuál es la afectación directa a estos trabajadores por la cuantía de su pensión en UMA y no en salarios mínimos? La disminución en el pago de dicha pensión dado el valor que tiene la UMA con relación al incremento del salario mínimo.

¿Cuál fue el motivo por el que la SCJN resolvió de esta manera? Después de la aprobación de la Ley del ISSSTE en 2007, como ya he dicho, varios de estos trabajadores optaron por mantenerse bajo el esquema que ofrecía el Décimo Transitorio. No obstante, al entrar la desindexación del salario mínimo en 2016, aquellos que comenzaron a tramitar sus pensiones ante el ISSSTE se encontraron que éste las cuantificó con base en la UMA vigente, hecho que propició una serie de demandas y amparos con un propósito específico: que sus pensiones fueran cuantificadas en salarios mínimos y no teniendo como base la UMA. ¿Tercer golpe para los trabajadores del Estado? Indudablemente porque, desde mi perspectiva, la resolución de la Suprema Corte, de nueva cuenta, no puso en el centro al trabajador, pero sí colocó a las finanzas, economía y política en un país donde el modelo neoliberal sigue presente, aunque alguien señalé lo contrario.

Para el caso que nos ocupa, el de los trabajadores de la educación, ¿cuál fue la postura del SNTE ante este asunto? Irrisoriamente, emitir un escueto manifiesto mediante el cual rechazaba la determinación de la SCJN anunciando que acudiría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás organizaciones internacionales para demandar el respeto a las disposiciones originales del Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE (Profelandia.com, 2021). Repito, solo para demandar el respeto a los trabajadores que optaron por el Décimo Transitorio, ¿y los que no lo hicieron?, ¿y los que ingresaron después de 2008?

¿Por qué no fijó postura en 2007?, ¿por qué no levantó la voz en 2016?, ¿por qué solamente la emisión de un escueto manifiesto que, eso sí, vía WhatsApp llegó a prácticamente todo el gremio? En fin, esto me llevó a preguntarme ¿cuál es su capacidad de movilización, resistencia y lucha de esta organización sindical que alguna vez fue conocida como la más grande de América Latina? Llamar los reflectores y simular una supuesta defensa de los derechos de los trabajadores de la educación se ha vuelto una costumbre en este “Sindicato”.

Pienso, que la lucha la están y la estarán dando cientos de trabajadores de la educación, activos y pensionados, para que este falló se eche abajo en otras instancias, o bien, para que se abrogue la Ley del ISSSTE de 2007.

Caray, la pensión es un derecho adquirido por los trabajadores a través de los años y, por un pésimo manejo de las finanzas del Estado sin olvidar las pésimas reformas que se han aprobado en distintos momentos en México, éste no merece otra cosa más que un trato digno y una pensión que le permita vivir con dignidad el resto de sus días.

Con negritas:

¿Sabe usted a cuánto asciende la pensión de un ministro de la SCJN? Más de 250 mil pesos mensuales. ¿Se compara con lo que un trabajador con tope máximo de 10 UMA recibiría en un mes? Vaya desigualdad, ¿no le parece?

Referencias:

Aguilar, J. (2006). La seguridad social y las reformas a los sistemas de pensiones en México. Revista Estudios Políticos. Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/4264/426439536007.pdf

Cámara de Diputados. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/LISSSTE_abro.pdf

DOF. (2009). Reglamento para el otorgamiento de pensiones sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n217.pdf

DOF. (2016). Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Recuperado de: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423663&fecha=27/01/2016

Flores, Z. (2016). Aprueban ley de UMA que desindexa el minisalario. El Financiero. Recuperado de: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/aprueban-ley-de-uma-que-desindexa-el-minisalario

Flores, Z. (2021). Corte determina que tope de pensión jubilatoria en ISSSTE será en UMA, ¿a quién le afecta? El Financiero. Recuperado de: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/corte-determina-que-tope-de-pension-jubilatoria-en-issste-sera-en-uma-a-quien-le-afecta

Leal, G. (2011). ISSSTE: la “reforma” de Calderón, un fracaso. La Jornada. Recuperado de: https://www.jornada.com.mx/2011/02/05/opinion/020a1pol

Notimex. (2007). La Ley del ISSSTE, primera reforma estructural del sexenio. Crónica.com.mz. Recuperado de: https://www.cronica.com.mx/notas/2007/320016.html

Ramírez, B.P. y Badillo, G. (s/f). La UMA y su impacto en las pensiones. UNAM. Recuperado de: http://ru.iiec.unam.mx/3688/1/La%20UMA%20y%20su%20impacto%20en%20las%20pensiones.pdf

Redacción Profelandia.com. Aquí el posicionamiento del SNTE sobre las pensiones en UMAs. Profelandia.com. Recuperado de: https://profelandia.com/aqui-el-posicionamiento-del-snte-sobre-las-pensiones-en-umas/?fbclid=IwAR1gNpwI0qaeMOPjjpk3GcAX1pA8RgLu186cIXNw88RdDNvuDNfBV5DRPTQ

Ulloa, O. y Alonso, M. (s/f). La nueva Ley del ISSSTE: la reforma estructural del consenso dominante. UNAM. Recuperado de: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3484/2.pdf

Fuente e Imagen: https://profelandia.com/el-snte-y-las-pensiones-para-jubilados-y-activos-el-atraco/

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¿Cómo educar a los niños en la era digital?

ABC Sociedad

Por: ABC

Claves para un uso de la tecnología saludable según Isabel Ortín, responsable del Departamento de Orientación del Colegio Logos.

En un mundo en el que los niños están «creciendo digitalmente», es importante ayudarlos a aprender conceptos saludables sobre el uso digital. Los padres juegan un papel importante en la enseñanza de estas habilidades.

Los medios y los dispositivos digitales son una parte integral de nuestro mundo actual. Los beneficios de estos dispositivos, si se usan de manera moderada y apropiada, pueden ser muy numerosos. Pero se ha demostrado que el tiempo cara a cara con la familia, los amigos y los profesores juega un papel fundamental e incluso más importante en la promoción del aprendizaje y el desarrollo saludable de los niños.

La pandemia del coronavirus (COVID-19) fue un recordatorio contundente de que las escuelas no son solo lugares de aprendizaje académico. Son parte del tejido social de nuestras vidas y ha quedado evidenciado el importante papel que desempeñan para garantizar el bienestar de la comunidad.

La prisa por el aprendizaje remoto cuando las escuelas cerraron, resaltó tanto las inmensas oportunidades del mundo digital, como también nos recordó lo esencial que es el contacto físico. Los seres humanos son sociales y prosperan en la conexión presencial.

Tal y como señala Isabel Ortín, responsable del Departamento de Orientación del Colegio Logos, centro privado internacional de la Comunidad de Madrid, “la clave está en hacer un buen uso de la tecnología, sobre todo en esta época actual donde los acontecimientos mundiales nos han obligado a todos a trabajar, estudiar, reunirnos y aprender desde dispositivos y ordenadores. Es evidente que el uso de las nuevas tecnologías se ha incrementado, sirviendo en muchos casos de calmante emocional para niños y adolescentes”.

«Desde Colegio Logos somos conscientes de la importancia de la tecnología como instrumento de una enseñanza-aprendizaje que conecta a los alumnos con la vida real, pero siempre desde el punto de vista pedagógico y con supervisión», recalca.

De esta forma, Ortín da algunas claves que puedan ayudar a los padres para hacer un uso consciente de la tecnología, y, sobre todo, a cómo educar a los niños en esta era digital para lograr con éxito una educación en valores:

—Educar desde el ejemplo. El progenitor debe ser el primero en entender el funcionamiento de la tecnología y sus alcances, utilizarla de manera responsable y evitar pasar muchas horas con el ordenador o el móvil. Esto es determinante, ya que, los niños aprenden del ejemplo y si ven a sus padres muchas horas al día con un dispositivo, verán esta actividad como algo normal.

—Crear un espacio familiar para compartir actividades digitales como ver vídeos, películas, jugar, aprender… Con ello, además de reforzar vínculos entre padres e hijos, les permitirá observar qué es lo que les divierte y les mantiene atentos a los dispositivos.

—Es importante conocer qué sitios web visitan con frecuencia, con quién chatean a diario o si no lo hacen, y, sobre todo, observar el comportamiento que tienen los niños cuando están frente a estos dispositivos electrónicos.

—La adjudicación de un horario para el consumo de tecnología también es importante. Aunque parezca algo complejo si los niños no pueden salir a jugar fuera de casa, en estos casos se pueden ofrecer alternativas de juegos y recreación offline que fomenten su creatividad y la interacción con los miembros de la familia.

—Hacer uso de los programas de control parental para evitar que se encuentren contenidos inadecuados para su edad.

—Algunos estudios demuestran que los niños pequeños aprenden mejor con la interacción bilateral, que estimula su lenguaje y otras destrezas. Con ayuda de la tecnología también se puede lograr ese aprendizaje, pero es importante la participación de los padres durante el proceso.

Prestarle atención a lo afectivo y lo emocional

La era digital ha traído consigo un distanciamiento de lo afectivo y «los niños siguen necesitando del desarrollo emocional y psicológico para un crecimiento sin dificultades, lo que implica que los padres entiendan la necesidad de poner límites desde el cariño», señala Isabel Ortín.

Tal y como recalca, «es necesario estar presentes no solo de manera física, sino que los niños sientan la presencia emocional y la empatía ante sus necesidades, sus miedos y sus emociones. Los padres que pasan mucho tiempo conectados a sus dispositivos, aunque estén al lado de sus hijos, se encuentran ausentes. Situación que hace que muchos niños lleguen a utilizar la tecnología como calmante emocional».

Un dispositivo tecnológico «jamás podrá sustituir la interacción afectiva y emocional que se logra del contacto del niño con el medio que le rodea, de ahí surgirán las experiencias y aprendizajes, pero no podemos obviar que actualmente la tecnología forma parte de toda esa interacción. Los padres deben estar atentos ante las situaciones que surgen del manejo de la tecnología, habrá errores en el uso que pueden manejarse de forma empática y afectiva, sacando de ello un aprendizaje significativo para el niño y los padres», finaliza Isabel Ortín.

El Colegio Logos es un colegio internacional y bilingüe, localizado en la zona noroeste de Madrid, pionero en el uso de las tecnologías en las aulas desde el año 1990 y que está posicionado entre los 5 mejores colegios de España, según el Ranking El Mundo 2020. Un colegio que se basa en la internacionalización, en la educación con valores, en la innovación educativa y el espíritu deportivo.

Fuente  e Imagen: https://www.abc.es/familia/educacion/abci-como-educar-ninos-digital-202102241447_noticia.html

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El teatro y la educación democrática

Leonardo Díaz

Por: Leonardo Díaz

El arte teatral no solo potencia la capacidad dialógica, sino también, la habilidad de comprender la afectividad y la situación desde donde habla quien difiere de nosotros.

Los artículos dedicados estas últimas semanas al texto de Martha Nussbaum, LaMonarquía del miedo, resaltan la importancia que debemos dar a las emociones como variables determinantes del comportamiento político.

A pesar de la literatura cada vez más amplia sobre el papel de las emociones  (A. Grant, D. Goleman, H. Gardner, H. Eysenck, entre muchos otros),nuestra mirada de los fenómenos políticos sigue siendo muy intelectualista.

Observamos los acontecimientos políticos como si estuvieran determinados por decisiones racionales, y las acciones emocionales como anomalías ajenas a las reglas del juego democrático.

Pero las emociones son constitutivas de nuestra condición humana, no pueden ser exiliadas de la vida comunitaria. Como en la obra de Esquilo, Las euménides, están ahí; no desaparecerán de la ciudad, aunque deban ser reorientadas para servir al propósito de un proyecto democrático común.

Para ello, se requiere una educación que permita transmutar el lado obscuro de su potencialidad en una fuerza constructiva y civilizatoria. Como ha señalado Nussbaum, el arte juega un papel crucial en este proceso de transformación educativa.

Un ejemplo de la importancia del arte en una educación emocional para la democracia lo constituye el teatro, en cualquiera de sus expresiones (drama creativo, drama en educación, juego creativo). Numerosos investigadores avalan el rol que puede desempeñar el arte teatral en la educación emocional y el desarrollo de las habilidades interpersonales (A Franks, J. García, S, Grady, S. Karakelle, T. Motos, entre muchos otros).

Imaginen una clase donde el estudiantado tiene que comprender el conflicto histórico que se produjo en la Sudáfrica del apartheid. El grupo puede escuchar la exposición del profesor sin involucrarse emocionalmente, sobre todo, al tratarse de un tema relacionado con una geografía e historia lejanas. Aprenderá datos, olvidará la mayoría de ellos.

Ahora, imaginemos a ese mismo estudiantado representando una obra teatral sobre el apartheid. Para realizarla con autenticidad, los jóvenes deben estudiar el libreto y tener un conocimiento histórico de lo que van a representar. Pero no basta ese saber. Deben comprender los roles de los personajes históricos que encarnarán, lo que implica situarse en “lugar de otro”, de su pensamiento, de su biografía, de sus emociones.

Si un joven escucha una conferencia de historia no tiene que ponerse en lugar de los personajes, puede asumir el contenido de lo dicho pasándolo por el filtro de sus presuposiciones previas y dejando todo como está.

Pero si ese joven va a representar a una figura histórica, además de entender las ideas del personaje, debe también comprender: sus estados de ánimo, sus inclinaciones, sus hábitos, el entorno social que lo llevó a actuar como lo hacía. La representación implica un acto de autenticidad que no es posible desarrollar sin empatía.

Y en ese proceso, los practicantes lidian con sus propias emociones y con los estados afectivos de sus compañeros de reparto, aprenden a sintonizar con las palabras de los otros y con las emociones que transmiten. Y comprenden la perspectiva de esos otros personajes que no encarnan ni representan su imagen del mundo.

Por eso, el teatro es un recurso de enorme poder para la educación emocional y democrática. El arte teatral no solo potencia la capacidad dialógica, sino también, la habilidad de comprender la afectividad y la situación desde donde habla quien difiere de nosotros. La destreza dialógica es un acto de toleranciay racionalidad, la habilidad de comprender afectivamente a los otros es un acto deempatía. Sin la primera habilidad, nos abocamos a relaciones comunicativas autoritarias; sin la segunda, somos un conglomerado de individuos dispuestos a conversar sin escucharse; oír sin entenderse; coexistir sin convivir.

Fuente: https://acento.com.do/opinion/el-teatro-y-la-educacion-democratica-8916756.html

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Los peligros de la educación online para la privacidad de los alumnos

Educación 3.0

Por: Educación 3.0

Estos son los principales peligros que pueden surgir por el uso inadecuado de Internet y aplicaciones gratuitas en el aula y en el ámbito educativo. Nos lo explica Juan Quintanilla, director general de Syntonize.

La situación que vivimos en el sector educativo desde marzo del año pasado ha supuesto importantes desafíos para padres (conciliando en casa), maestros (transformando los métodos de enseñanza) y escolares (aprendiendo y experimentando sin compañeros). Pero, sin duda, uno de los factores más controvertidos en este tiempo ha sido el excesivo peso que se está dando a la tecnología en este modelo.

Se ha hablado mucho durante estos meses del teletrabajo y sobre los desafíos que comporta para la productividad y la ciberseguridad, pero la realidad es que la mayoría de las empresas, cada una en su medida, está preparada para afrontar este reto sin problemas. Sin embargo, cuando miramos a los colegios, la realidad es muy diferente. No sólo porque como instituciones no cuenten con las infraestructuras necesarias sino, y sobre todo, porque los más jóvenes no son del todo conscientes de los peligros que entraña un uso inadecuado de la tecnología.

Normativa de la Unión Europea en privacidad de los alumnos

En primer lugar, es importante ser consciente de las aplicaciones que proponen los colegios para la educación remota. No todas las herramientas cumplen con las regulaciones de seguridad necesarias para salvaguardar la privacidad de los alumnos; por ello, es importante confiar solamente en fabricantes conocidos. Muchos centros han elegido plataformas gratuitas, como pueden ser Google, Microsoft o Zoom, aunque esto también puede suponer un problema.

El Tribunal de Justicia de la UE, en sentencia del 16 de julio, advierte a los centros educativos de que deben abstenerse de utilizar aplicaciones cuyo prestador de servicios tenga su sede social en EEUU al menos hasta que se garantice la protección adecuada de los datos de los alumnos. De hecho, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha prohibido expresamente el uso de estas aplicaciones en los colegios públicos y concertados de la región.

privacidad de los alumnos en Internet

Aplicaciones seguras en el aula

Antes de elegir otras aplicaciones más concretas, es importante también que desde la escuela se lean los términos de servicio y las políticas de seguridad y que se compruebe si están admitidas o recomendadas por las autoridades. En este sentido, precisamente la legislación estadounidense se encuentra bastante avanzada que la europea, y leyes como FERPA o COPPA suelen certificar a las aplicaciones más comunes y que cumplen los criterios de privacidad de los alumnos y protección de la infancia.

Una vez elegidas las aplicaciones idóneas para el trabajo con el alumnado, es importante que el propio colegio establezca sus propias reglas de protección de datos, tanto para almacenar documentos (incluidos exámenes o expedientes), como para permitir las conexiones hacia las infraestructuras de la institución, ya sea a través de VPN o mediante capas adicionales de seguridad. En este momento, es fundamental también la formación del profesorado para que conozcan perfectamente cómo utilizar todas las herramientas y evitar fugas de datos o acceso de intrusos.

Involucrar a las familias

Y ya que hablamos de formación, es un buen momento también para educar a los estudiantes, pero también a los padres, para que puedan disfrutar de una Internet segura y respetuosa. Muchas veces los más jóvenes consideran Internet como un amigo más y no son conscientes de los peligros que acechan si no se toman las precauciones necesarias o si pasamos por alto comportamientos inadecuados. No hablamos solamente del ciberbullying sino de la simple ‘netiqueta’ o educación a la hora de hablar con otras personas en redes o foros.

En definitiva, la educación remota ha llegado para quedarse y, en realidad, es importante que se haya dado este paso, ya que puede ayudar en el futuro a muchos niños que no puedan asistir a clase por cualquier motivo, pero es fundamental que pensemos más allá del mero sistema y seamos conscientes de que, además de un gran habilitador, puede suponer muchos perjuicios si no se hace un uso adecuado de la misma.

Fuente e Imagen: https://www.educaciontrespuntocero.com/opinion/privacidad-de-los-alumnos/

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Los excluidos digitales deberían ser una prioridad global

Paulette Delgado

Por:

La pandemia ha sacado a la luz la gravedad de la brecha digital que ha puesto a quienes no tienen las habilidades de conectividad y acceso en una grave desventaja.

En un mundo de distanciamiento social y órdenes de quedarse en casa, ha existido una mayor presión por hacer todo en el entorno digital, desde las clases hasta la banca electrónica o compras en línea. Esto ha sacado a relucir el grave problema de inclusión digital que se vive en el mundo.

Esta crisis ha puesto al descubierto los desafíos que viven los que están fuera del mundo digital. El no tener conectividad no sólo deja a las personas aún más aisladas, sino también en una gran desventaja ya que tienen que luchar por tener acceso a cosas vitales como una educación, trabajo u oportunidades laborales. Antes de la pandemia, muchos tenían la oportunidad de ir a alguna cafetería, librería o lugar con acceso a internet público pero, ¿y ahora que muchos de estos lugares cerraron? ¿Cómo le hacen para informarse, acceder a anuncios gubernamentales oficiales e incluso tener videollamadas con seres queridos que viven lejos?

En el caso de Estados Unidos, según un estudio del Pew Research Center, hay 33 millones de estadounidenses que no tienen acceso a internet. Esto representa al 10 % de la población. Esta brecha digital está vinculada a una serie de variables demográficas, incluida la edad, el nivel educativo, los ingresos familiares y el tipo de comunidad. La falta de acceso a las tecnologías pueden tener un impacto negativo en todos los aspectos del día a día. Desde provocar exclusión social por no tener manera de hablar con otras personas por la pandemia hasta no tener acceso a servicios públicos, como registrarse para la vacuna del COVID-19.

Una investigación realizada por Capgemini sobre por qué debería ser prioridad eliminar la brecha digital, descubrió que el 44 % de los encuestados que no contaban con internet creían que podían encontrar trabajos mejor pagados y mejorar su educación si lo tuvieran. Según Capgemini, la mayoría de los encuestados que no cuentan conconectividad tienen entre 22 a 36 años de edad. La encuesta fue realizada a personas que van desde los de 18 a más de 70 años. También notaron que la mitad de ellos, no son novatos al mundo digital, de hecho, el 59 % ha utilizado estas herramientas anteriormente, es decir, que cuenta con las habilidades digitales necesarias para usar Internet en el futuro.

¿Por qué el 44 % de los encuestados no tiene acceso a internet? La investigación encontró tres razones: el costo, complejidad o falta de interés. Sin embargo, mencionan que no hay una causa universal, por ejemplo, el costo del internet puede ser un punto clave para la gente joven que vive en zonas rurales y la complejidad para el caso de los adultos mayores, las personas en situación de discapacidad o con problemas de salud.

En Estados Unidos la principal barrera es el costo ya que, según Capgemini, el 84 % de la población desconectada menor de 36 años admite que no están en línea por lo que cuesta contratar el servicio de internet. En comparación al resto del mundo, el promedio de personas sin conectividad por temas económicos es el 50 %. Pero la brecha digital va más allá de tener acceso a internet. El 76 % de los encuestados sin conexión dijeron que esta situación se debe a que no pueden comprar computadoras o dispositivos móviles para conectarse.

El nivel educativo también es uno de los factores que afectan la probabilidad de que una persona no esté conectada. Según el estudio de Pew Center, tres de cada diez adultos (29 %) que no usan el internet cuentan, como máximo, con estudios de bachillerato. Esta cifra ha disminuido en gran medida desde el 2000 ya que en ese entonces era el 81 % de las personas.

¿Cómo apoyar una mayor inclusión digital y cerrar la brecha digital?

La responsabilidad de la inclusión digital y el acceso universal a Internet no puede recaer en el individuo o en un solo grupo; requiere la contribución de una variedad de partes interesadas. Esta responsabilidad debe ser, principalmente, de los gobiernos, organizaciones privadas, organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones sin fines de lucro y el mundo académico en conjunto con expertos.

Las organizaciones públicas y privadas deben tomar medidas críticas y urgentes para garantizar que las personas afectadas por la brecha digital no queden más excluidos. Google, por ejemplo, se asoció con el Departamento de Educación del Estado de California para proporcionar Chromebooks y 100,000 puntos de acceso móvil a estudiantes en áreas rurales.

En el caso de las organizaciones privadas, éstas deben invertir en cerrar la brecha digital como parte de su agenda de responsabilidad social. Lloyds Banking Group ha incorporado la inclusión digital y la igualdad digital en su estrategia y propósito. En el Reino Unido, Lloyds estableció un Programa de Campeones Digitales donde tienen cerca de 25,000 “campeones” desde que empezó este programa en el 2015 comprometidos a aumentar las habilidades digitales de al menos dos personas, empresas u organizaciones cada año. Utilizan distintas campañas a través de asociaciones e iniciativas locales.

Aunque, claro, los que tienen el papel más importante son los legisladores y los gobiernos, que deben trabajar para hacer que los dispositivos e internet sean más accesibles para las comunidades marginadas o cualquier persona que no cuente con estos servicios. Deben enfocarse en el acceso público y acceso privado al internet. La Unión Europea, por ejemplo, lanzó la iniciativa WiFi4EU para proporcionar Wi-Fi público gratuito en espacios públicos, incluidos parques, plazas, bibliotecas, centros de salud y museos.

Además, los gobiernos pueden contribuir a que los dispositivos sean más asequibles. La organización “Alliance for Affordable Internet” dice que gran parte del costo de los dispositivos proviene de los impuestos de importación y venta. En julio de 2015, el gobierno de Costa de Marfil, por ejemplo, redujo los impuestos sobre los teléfonos inteligentes del 27 % al 6,5 %.

Además, a través de regulaciones y políticas públicas, los gobiernos pueden ejercer presión a los proveedores de servicios de Internet y las empresas de tecnología, para que éstas reduzcan el costo de los datos móviles o banda ancha para ciertas comunidades o áreas rurales, establecer iniciativas como las de Lloyds Banking Group, brindar acceso a internet de alta velocidad en áreas remotas. Por ejemplo, Spectrum, una compañía de telecomunicaciones, ofreció acceso gratuito de banda ancha e internet por 60 días a hogares con estudiantes de primaria, secundaria o universitarios que aún no tienen una suscripción

Las organizaciones privadas también deben buscar educar a las personas sobre cómo mantenerse seguros en línea. Muchas personas mayores no usan el internet por miedo a caer en estafas o fraudes, tampoco se sienten cómodos compartiendo información personal en línea. En estos tiempos donde incluso se pueden hacer transferencias bancarias en línea, es clave ayudarlos a perder el miedo y a utilizar estas aplicaciones.

Durante una época de crisis como la pandemia del coronavirus, es aún más importante que se priorice la inclusión digital, no sólo para las personas que trabajan de forma remota o porque las escuelas han mudado al aprendizaje en línea, sino porque se ha vuelto vital para obtener información básica y servicios de salud. Es fácil olvidar que tan sólo en Estados Unidos hay 33 millones de personas que están desconectadas. Es momento de explorar formas de cerrar la brecha digital y brindar oportunidades a quienes enfrentan estos desafíos digitales.

Fuente e Imagen: https://observatorio.tec.mx/edu-news/brecha-digital-covid19

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Los gobiernos condenan el planeta a un calentamiento global de catastróficas consecuencias

Tercera Información

Por: Tercera Información

  • Según el informe de síntesis de Naciones Unidas, la suma de los compromisos presentados para cumplir el Acuerdo de París supone una reducción de tan solo un 1 % de las emisiones en 2030, lo que implicará asumir un calentamiento global muy superior a los 2ºC con catastróficas consecuencias.

  • En plena tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, Ecologistas en Acción hace un llamamiento al sentido común. La emergencia climática y las indicaciones científicas son incontestables y deberían ser el centro de la toma de decisiones.

El endeble Acuerdo de París (AP) establece que el único mecanismo para limitar el calentamiento global son los compromisos individuales de los países, comunicados en la forma de un documento conocido como NDCs (compromisos determinados nacionales, por sus siglas en inglés). En este camino de París, todos los países firmantes del acuerdo debían de comunicar antes del 31 de diciembre cuáles eran esos compromisos, una comunicación que solo han hecho a tiempo 75 países que apenas representan el 30 % de las emisiones globales. La suma de estas reducciones de gases de efecto invernadero ha sido evaluada a través de un informe de síntesis recientemente publicado, y que muestra con contundencia lo lejos que está la comunidad internacional de cumplir el objetivo del AP de “limitar el incremento de la temperatura global muy por debajo de 2 ºC y perseguir esfuerzos para mantenerlo en 1,5 ºC”.

Por tanto, la insuficiente ambición de los países implica para Ecologistas en Acción la condena a un calentamiento global de consecuencias catastróficas. La falta de voluntad e incapacidad de cumplir con las indicaciones científicas de los países vulnera el Acuerdo de París y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que, como la propia comunidad internacional ha manifestado en numerosas ocasiones, no enfrentar la emergencia climática se traducirá en mayores hambrunas, desplazamientos, pérdidas de ecosistemas y de vidas, entre otras muchas consecuencias.

Ecologistas en Acción considera inadmisible que, tras más de cinco años desde la adopción del AP, la suma de los compromisos presentados según las propias conclusiones de Naciones Unidas represente tan solo una reducción del 1 % de las emisiones en 2030 respecto a los niveles de 2010. El IPCC ha sido claro en establecer que esa reducción global para el año 2030 deberían ser de al menos el 45 % para tener poco más de la mitad de las posibilidades de ser capaces de limitar el incremento de la temperatura global en 1,5 ºC.

En plena tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en el Congreso de los Diputados, la organización ecologista hace un llamamiento a la responsabilidad de proteger el interés general. La península ibérica es de las más vulnerables al cambio climático. Está en riesgo no solo la rica biodiversidad que tiene la región, sino también elementos identitarios tan importantes como los olivos o las vides. La ley, al igual que los compromisos internacionales, está lejos de la altura de los compromisos climáticos. Solo hace falta comparar cómo se plantea una reducción de sólo el 23 % de las emisiones para 2030 frente al 55 % que sería el mínimo necesario. Una de las razones por la que Ecologistas en Acción, Greenpeace e Intermon Oxfam han interpuesto un contencioso judicial por la inacción del Estado español en esta lucha climáticas.

La normativa climática marco llega con más de una década de retraso, un déficit que debería solucionarse inmediatamente. Todavía existe una ventana de oportunidad para hacer un llamamiento al sentido común, a dejar de convertir esta importante pieza legislativa en una nueva batalla política. La emergencia climática y las indicaciones científicas son incontestables, y una respuesta política a la altura debería de saber escuchar y alcanzar un consenso global que garantice las medidas y herramientas necesarias para lograr la descarbonización de la economía antes de 2040. La dilación en la tramitación de la ley, la falta de una participación plena en el establecimiento de objetivos y las concesiones en las enmiendas transaccionales a la rebaja de los escasos compromisos son temeridades demasiado caras que aún se pueden revertir. Del mismo modo, sería una imprudencia dejar al impulso empresarial las medidas de transición ecológica necesarias. La falta de medidas de planificación vinculantes a nivel estatal o, aún peor, la actitud cómplice de algunas administraciones públicas regionales a los proyectos más impactantes que se tiñen de verde, son la constatación real de la falta de comprensión de la importancia de la emergencia ecológica actual.

La publicación del informe de síntesis es sin duda una mala noticia, que recuerda que, mientras el tiempo para actuar se agota rápidamente, las medidas planteadas son tibias y lentas. Ecologistas en Acción recuerda que para enfrentar la emergencia ecológica no hacen falta palabras que solo benefician el lavado verde de grandes empresas, sino hechos concretos. Es necesario asumir la imposibilidad de seguir manteniendo los consumos energéticos actuales y perpetuar el modelo de producción y consumo que ha llevado a la situación de emergencia ecológica. La organización ecologista señala, además, la imposibilidad de permanecer impasibles ante esta negligencia común a todos los gobiernos mundiales, que defrauda enormemente a los cientos de miles de personas que en 2019 exigieron medidas que nunca llegan.

Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/opinion/27/02/2021/los-gobiernos-condenan-el-planeta-a-un-calentamiento-global-de-catastroficas-consecuencias/

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