Por José Manuel Cabada
María Soriano fue la primera directora de la Escuela Central de Anormales en 1923, miembro de la Sociedad Europea de Ortopedagogía, después Pedagogía Terapéutica; investigadora en los albores de la Psicología, fundadora de la Asociación Española para la Educación Especial y de AILA, Asociación Iberolatinoamericana, en 1991 recibió el Premio Reina Sofía de Integración. Es el camino, acompañar a los nuevos derechos.
En el año 1968, los alumnos subnormales, así se llamaban, se clasificaban en “entrenables”: los que tenían menos de 50 de CI y dependían del Ministerio de Sanidad, y «educables»: los de más de 50 de CI, que pertenecían al Ministerio de Educación. En aquellos años, te decía una madre: “Don José, ¿no le importa poner 48 de CI y así me dan 3.000 pts?». ¡Cuántas injusticias y abusos en nombre del CI se han cometido contra las personas con la discriminación, la exclusión y la segregación!
A partir de 1975 se extendió la educación especial y sus centros, muchos en convenio con diputaciones, cajas de Ahorros y asociaciones protectoras, que cumplieron su papel en aquellos tiempos: beneficencia, acogida, protección, pero ausencia de derechos.
En el año 1948 se habían aprobado la Declaración de los Derechos Humanos, pero no se contemplaba a las personas con discapacidad. Y 60 años más tarde, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención de los Derechos de las Personas con discapacidad, que fue ratificada y firmada por el Reino de España en 2018. El artículo 24 se dedica a la educación aunque para mejor comprenderlo se precisaría la lectura de otros derechos: “Los Estados Partes con miras a hacer efectivo el derecho a la educación sin discriminación y sobre la base de igualdad de oportunidades, asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles… para hacer efectivo este derecho se asegurará que las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la secundaria por motivos de discapacidad, que puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita en igualdad de condiciones con los demás en la comunidad en que viva, que se harán los ajustes razonables en función de las necesidades y que se prestará el apoyo necesario a las personas con discapacidad en el marco del sistema general de inclusión para facilitar su formación efectiva”.
Una madre denunció ante la ONU el incumplimiento del derecho a la inclusión educativa de su hijo, se unieron más; la ONU constató los datos y se dirigió al Gobierno español con la información recibida, recabando nuevos datos. Con todo esto, solicitó y envió una Comisión para verificar los datos y evaluar el grado de cumplimiento del Convenio.
El informe fue demoledor y las críticas al CERMI, responsable del Observatorio del seguimiento del Convenio y las descalificaciones hacia la Comisión, que realizó un informe impecable, provocaron una oleada de protestas de colectivos con distintos intereses. Unos se agruparon en torno a la Plataforma Educación Inclusiva Sí, especial También, con el pretexto de que se van a suprimir los centros de educación especial y que se van a conculcar gravemente derechos consagrados en las leyes europeas y españolas que protegen a este colectivo.
Lo cierto es que ni se suprimen los centros de educación especial ni se conculcan los derechos, al contrario, se defienden y, en vez de negar este derecho, podrían exigir las condiciones para que se garantizasen las exigencias de su cumplimiento.
La plataforma de colegios concertados alega un déficit democrático en la tramitación de la LOMLOE en tiempos de estado de alarma, aunque no será ese el verdadero motivo dada su postura ante la tramitación de la LOMCE, sin un gran plus democrático ni de consenso; nadie la apoyó, excepto el PP que la impuso.
Sin entrar en el análisis de la LOMLOE, es la primera vez que una ley de Educación se apoya en la Declaración de los Derechos del Niño (1989) firmada por España que, por lo tanto, obliga al Estado y que reconoce el interés superior del niño. También podría la LOMLOE incluir en sus principios el Convenio de los Derechos Humanos de las Personas con discapacidad para desarrollar la inclusión educativa.
Esta es un derecho que se consagró en la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad y se incorporó al corpus legislativo español porque así lo especifica la Constitución Española, que en su art. 10.2: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España». En su art. 96: “Los tratados internacionalmente celebrados una vez publicados formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional”.
Esta es la situación: ni de partidos políticos, ni de asociaciones, ni de gobiernos del color que sean; son los gobiernos los que tienen que garantizar su cumplimiento mediante el desarrollo normativo que lo haga posible y efectivo.
Podríamos poner ejemplos de personas con discapacidad que en procesos de integración escolar y gracias a su trabajo y esfuerzo, con la ayuda de los padres, profesores y profesionales han logrado su integración y participación social. En un centro de integración de alumnos con discapacidad motórica, alumnos con espina bífida consiguieron su licenciatura en Psicología o Derecho; una alumna con parálisis cerebral que no podía andar, ni hablar ni escribir, al principio con la fotocopia del teclado y después con el ordenador y otros medios, se licenció en Filología Hispánica; un joven con Síndrome de Donw de 2º de BUP, en el Congreso Respuesta Educativa ante la Diversidad, de 1990, presentó la comunicación “Un camino a la esperanza como utopía”. Ese mismo día Diario 16 presentaba un extenso reportaje sobre las personas con síndrome de Donw ”Esos Pobres idiotas”… pero él siguió estudiando, terminó Magisterio, ha escrito dos libros, hizo una película, un programa de televisión… (El PAÍS, 9 de junio 2019); podríamos poner muchos más ejemplos, pero muchos más hay que no conocemos.
Ese es el camino, no poner freno, no ignorar las capacidades y fijarse solo en las discapacidades; escucharles, saber cómo sienten y cuáles son sus expectativas; no negarles, bajo el pretexto del cuidado y la seguridad, su derecho a un ritmo normal de vida, como niño, joven, adulto, en la educación, en el arte y en el ocio… que no se les cuente, sino que se cuente con ellos y que puedan participar.
La película Campeones es un ejemplo, por muchos motivos. Por cierto, la adquirió el Ministerio de Educación de Francia para proyectarla en los centros de secundaria, no para ahorrarle el dinero de la paga a los jóvenes sino para debatir sobre ella. Aquí no tenemos tiempo, cargaría el curriculum. Javier Freser, su director, iba a iniciar un casting a actores para representar los papeles del guion; se puso en contacto con Plena Inclusión y allí le convencieron para que los actores fueran personas con discapacidad. La película fue un éxito de público, en ella las personas con discapacidad representan otros personajes, no sólo el que se le otorga de persona con discapacidad. Los actores nos comentaron la segregación y discriminación en la que habían vivido hasta que se le presentó esta oportunidad. Javier Freser vendió el guion y producción a EE.UU. con la condición de que fueran actores con discapacidad.
Estos son caminos, pero hay otros en sentido contrario: el del incumplimiento de derechos y el de políticas de pocas miras; Díaz Ayuso, como candidata del PP a la Comunidad de Madrid, en defensa de los centros de educación especial dijo que “se enseña a los alumnos a realizar tareas del día a día para ser más autónomos, como hacerse la cama, moverse en el transporte público, en definitiva integrase en la sociedad”, ni hace 100 años.
Ya en la Presidencia, con los votos de Ciudadanos y Vox unidos a los suyos, aseguró: «Creemos que la inclusión no es obligatoria, es un derecho pero no puede ser solo una obligación de la izquierda, somos todos iguales”. Ya nos hizo conocedores de que no quiere nada con Podemos y sí con Vox, y podemos, por ello, entender en parte que tenga dormido en la Asamblea de Madrid el Proyecto de Ley sobre Inclusión que presentó Podemos, en la pasada legislatura; pero lo que no entendemos es que el Proyecto de Ley de Iniciativa Popular sobre inclusión educativa que presentaron 43 ayuntamientos de la Comunidad en la Asamblea y que, por lo tanto, ha de seguir vivo, también esté muerto. Pero podemos entenderlo cuando su consejero de Educación se apresuró a recibir a la Plataforma Inclusión, Si, Especial También, como los únicos interesados o afectados.
Los derechos humanos no están sujetos a plazos, ni a falacias para enmascarar su cumplimiento; los derechos humanos están en la base de la democracia no en el número de votos, la inclusión educativa es un derecho según nuestro régimen jurídico y nuestra Constitución.
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