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De la interculturalidad al antirracismo

febrero 26, 2020febrero 25, 2020Xavier Besalú

Por: Xavier Besalú

Es momento de postular abiertamente una educación antirracista, que haga frente con decisión al racismo que es más que una doctrina que clasifica –falsamente– a la humanidad en razas distintas; una ideología que justifica la desigualdad, que otorga privilegios y ventajas a unos y deshumaniza y restringe derechos a los otros.

A finales de 1989 se celebró en San Sebastián un Seminario interuniversitario bajo el lema La educación multicultural en el estado de las Autonomías y, el año 1992, el X Congreso Nacional de Pedagogía tuvo como argumento La Educación Intercultural en la perspectiva de la Europa unida. Podríamos convenir que uno y otro dibujan la irrupción, en el ámbito científico, de la interculturalidad en España. Con algunos matices interesantes: en uno de los encuentros se habla de educación multicultural; en el otro, de educación intercultural. Mismo contenido, pero distinta etiqueta. Y mientras el primero ciñe su análisis a España, a la diversidad interna que supone el Estado de las Autonomías, el segundo lo hace en la perspectiva de una Unión Europea preocupada por la gestión de la inmigración que arriba, sobre todo, desde su frontera meridional. Treinta años después, merece la pena una cierta lectura retrospectiva del camino recorrido.

De la LOGSE (1990) a la LOE (2006) serían los años de la emergencia y el asentamiento del discurso sobre la interculturalidad, en paralelo a la llegada de un número creciente y diversificado de inmigrantes extranjeros, interrumpida por la eclosión de una profunda crisis económica. El balance, en pocas palabras, sería el de una decepcionante confusión teórica –no solo conceptual–, el de una perversa combinación entre los cantos a unos supuestos beneficios de la diversidad cultural y la permanente problematización de la inmigración, y la consolidación de un discurso político cada vez más identitario y más a la defensiva. Un discurso que reconoce (unos con la boca pequeña, otros con arrogancia) que efectivamente el Estado se identifica siempre, con más o menos intensidad, con una determinada comunidad de las que residen en su territorio y, en buena lógica, privilegia una determinada lengua, una determinada religión, unas determinadas manifestaciones culturales y festivas, por encima de las demás. Y que las minorías, tanto las autóctonas como las extranjeras, lo que deben hacer es admitirlo sin más y aceptar la subalternidad de sus propios derechos para salvaguardar la identidad y la unidad de la nación y evitar el riesgo de la disgregación comunitaria y la dispersión identitaria.

Esas políticas tienen su correlato en las prácticas sociales y pedagógicas calificadas de interculturales, cuyos efectos a la vista están. A lo largo de esos años, la segregación escolar ha adquirido visibilidad y se ha intensificado; el aprendizaje de la lengua vehicular de la escuela se ha considerado la medida intercultural más urgente y necesaria, dando a entender, en algunos casos, que ese era el único problema que resolver; y los resultados escolares –tanto las calificaciones de los centros como los que constata PISA– ponen de manifiesto no solo que los alumnos de familias extranjeras son sustancialmente peores, sino que también están subrepresentados en las etapas postobligatorias del sistema.

De la LOE (2006) a la LOMCE (2013-2020?) el discurso oficial experimenta un giro significativo: la interculturalidad se desvanece y suben al podio la convivencia (la LOE obliga a que todos los centros educativos españoles aprueben y apliquen un plan de convivencia) y la cohesión social como bienes que salvaguardar. Las preguntas a las que pretende responder este nuevo enfoque no carecen de sentido; el problema está justamente en la respuesta: ¿Cómo garantizar la coexistencia pacífica, en un mismo espacio, de personas socioeconómicamente desiguales y culturalmente distintas? ¿Cuáles deberían ser los límites admisibles de estas diferencias y esas desigualdades para no poner en riesgo la convivencia? ¿Qué normas y convenciones deberían regular el espacio público y compartido?

La interculturalidad, entendida como el reconocimiento pleno del derecho de las minorías a mantener y desarrollar su propia identidad, a participar en pie de igualdad en los asuntos públicos, se considera perjudicial en la práctica, pues podría erosionar la convivencia y propiciar el enfrentamiento por motivos culturales o religiosos. Y esa educación para la convivencia se plantea, en términos generales, como una estrategia al servicio de un nuevo orden, que recluye lo diverso en el ámbito de lo privado y pone el foco en las actitudes y comportamientos de los individuos pertenecientes a minorías, presuntos responsables de los hipotéticos conflictos y violencias a prevenir y evitar. Pero el verdadero adversario para garantizar esa convivencia no es tanto el conflicto, ni las diferencias, sino, sobre todo, el conformismo, la pasividad, la adaptación acrítica…

No sabemos si este año 2020 será, finalmente, el que abra una nueva etapa en la política educativa… Si así fuera, tal vez sería llegada la hora de postular abiertamente una educación antirracista, que haga frente con decisión al racismo que es más que una doctrina que clasifica –falsamente– a la humanidad en razas distintas; es, por encima de todo, una ideología que justifica la desigualdad, que otorga privilegios y ventajas a unos y deshumaniza y restringe derechos a los otros. No importa el marcador utilizado para ello (el color de la piel, la religión, la lengua, el origen, la etnia, las manifestaciones culturales, el lugar de residencia…), porque lo realmente relevante es la jerarquía de dominación que divide al mundo, en general, y a cualquier sociedad, en particular, entre lo que se considera plenamente humano y civilizado, superior, y aquellos que están en proceso de humanización o que son considerados directamente salvajes, primitivos, inferiores.

Y es que la cultura occidental se ha construido sobre unas bases profundamente racistas. El imaginario colectivo europeo está impregnado de prepotencia, de superioridad. El Otro ha sido permanentemente inferiorizado, explotado o sometido, y tratado como bárbaro, infiel, monstruo o esclavo… El Holocausto habría sido la culminación de esta lógica: judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados… una vez despojados de su condición humana y asimilados a las ratas, a las alimañas, no merecerían otra cosa que el exterminio. Las reservas, los guetos, los campos de concentración… en realidad ya habían sido probados con los indios en América, con los hereros y los bosquimanos en África…

Deberemos esforzarnos, pues, en revisar críticamente nuestros conocimientos y nuestro imaginario. Después de haber pasado por el sistema educativo, después del grado o el máster universitario, todos estamos plenamente imbuidos de esa mentalidad etnocéntrica, de esa creencia en la supremacía occidental. Y si no sometemos a revisión ese poso, es más que probable que lo sigamos propalando y, con ello, vayamos consolidando las bases del racismo. Si sabemos a ciencia cierta que el canon educativo actual es parcial, sesgado, sexista, racista, homófobo… habrá que desenmascararlo y que reconstruirlo sobre bases más científicas, más funcionales, más humanas y más justas. Ya no bastan los discursos, bienintencionados pero estériles, que invitan a niños y jóvenes a reflexionar sobre la diversidad cultural y la inmigración, ni las dinámicas y simulaciones, emocionalmente potentes pero de impacto limitado. ¿O habrá que esperar treinta años más?

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2020/02/18/de-la-interculturalidad-al-antirracismo/

Imagen: https://www.shutterstock.com/image-photo/multiracial-group-college-studentsfriends-male-female-77612251?irgwc=1&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Pixabay+GmbH&utm_source=44814&utm_term=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fimages%2Fsearch%2Feducacion%2520multicultural%2F

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ESI con el freno de mano

febrero 25, 2020febrero 25, 2020Ricardo Braginski

Por: Ricardo Braginski.

El presidente Alberto Fernández lo anunciará este domingo en el Parlamento y, entones sí, volverá el debate sobre la interrupción legal del embarazo. La semana pasada se sintió fuerte el “pañuelazo verde” frente al Congreso y la Iglesia preparara para el domingo 8 (Día de la Mujer) su contraataque frente a la Basílica de Luján.

Vuelve el debate, vuelven los “verdes” y los “celestes” y es bueno recordar lo que quedó en el camino -sin terminar de definirse- en el debate anterior, de hace dos años. En esos momentos, todos parecieron coincidir en que la mejor arma para combatir los embarazos no deseados -en la Argentina son 280 por día- es la educación.

Y más precisamente la educación sexual, que en nuestro país fue establecida como obligatoria para todos los estudiantes en 2006 bajo la forma de educación sexual integral (ESI), es decir, teniendo en cuenta no solo los aspectos biológicos del tema sino también los psicológicos, sociales, afectivos y éticos: contenidos como equidad y violencia de género, prevención de enfermedades de transmisión sexual, respeto por nuevas identidades de género, entre otros. Un completo paquete de conocimientos que, entre otras cosas, contribuyen a disminuir los embarazos no deseados.

Pero resulta que pasó el debate de 2017, cayó la ley de aborto legal y junto con ella todas las iniciativas para garantizar que la ESI se cumpliera. Incluso el año pasado, por presión de los celestes, perdió estado parlamentario un proyecto que, con diversas fórmulas, buscaba garantizar la ESI en todo el país. “Con mi hijo no te metas”, era la consigna contraria a esta iniciativa.

Uno de los cambios que introducía a la actual ley de ESI es que pasaba a ser de “orden público” (refuerza la obligatoriedad). Además, la actual ley establece que cada escuela puede adaptar la ESI a “su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”, y eso era suprimido. Las autoridades de las provincias debían presentar un informe semestral sobre el avance de la implementación. Y los aprendizajes de ESI serían medidos en los operativos de evaluación como Aprender.

Pero nada de esto avanzó. El resultado es que hoy tenemos una ley que se cumple a medias, y que avanza como con el freno de mano puesto. Con provincias y escuelas que la implementan y capacitan a sus docentes, y otras que ponen trabas o miran para el costado. Con equipos docentes que buscan los modos de llegar a sus alumnos y otros a los que aún les cuesta hablar de los temas más comprometidos, pero hacen el esfuerzo.

Ahora, si otra vez vamos a coincidir en que todos queremos educación sexual sería bueno que mostremos las cartas y blanqueemos con honestidad de qué lado estamos.

Fuente del artículo: https://www.clarin.com/opinion/esi-freno-mano_0_WMQsK-qr.html

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El gobierno electo choca con los sindicatos de la educación

febrero 25, 2020febrero 25, 2020Tomer Urwicz

Por: Tower Urwicz.

El gobierno electo aún no asumió su mandato y ya empezó a tener cortocircuitos con los sindicatos de la educación. Esta vez el desencadenante del conflicto no es presupuestal, la causal de dos tercios de los paros y ocupaciones del último quinquenio, sino el anteproyecto de ley de urgente consideración.

Uno de cada siete artículos del anteproyecto en cuestión está vinculado a la enseñanza, y eso causó malestar en los sindicatos del sector. Tanto es así que la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo votó “por mayoría” un paro para el segundo jueves de marzo, y la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) inició una ronda de conversaciones con todos los partidos políticos.

Fue en esa gira de consultas que las autoridades de la FUM -el sindicato de maestros que nuclea a más del 84% de los docentes de Primaria de todo el país- se reunieron ayer con el ministro de Educación designado por el nuevo gobierno, Pablo da Silveira. Tras el encuentro, la integrante del secretariado ejecutivo de la Federación, Gabriela Arbeleche, dijo que se llevaba “malas noticias” porque no se alcanzó ningún acuerdo.

“La gobernanza (de la educación) es uno de los temas que también se discutieron, (porque) entendemos que el cambiar a direcciones ‘unipersonales’ no mejora la gestión. Los aprendizajes de los niños no pasan porque haya tres personas o una persona en el gobierno del Consejo de Educación Inicial y Primaria”, explicó la dirigente sindical.

No conformes con las respuestas del gobierno electo y continuando con su ronda, la FUM se reunirá hoy con el presidente y los equipos de educación del Frente Amplio, el miércoles lo harán con el colorado Julio María Sanguinetti y el último sábado de febrero se hará “una evaluación nacional”. ¿Qué se espera para entonces? Las distintas filiales elevarán sus propuestas y la idea de un paro “es una herramienta que se puede analizar”, dijo Fernando Pereira, presidente del Pit-Cnt e integrante de la FUM.

Quien sí ya decretó un paro fue el sindicato de profesores de liceos de Montevideo. La moción votada el sábado dice que “el gobierno entrante intenta aprobar rápidamente (esta ley) para evitar un debate real, de forma antidemocrática, y cuyo contenido es muy grave para la clase trabajadora y el pueblo”.

El paro quedó fijado para el 12 de marzo, fecha en que se ocupará un liceo para realizar la asamblea general de ADES Montevideo. Pero los días previos “puede que haya” paros parciales en otros institutos de la capital mientras los núcleos sindicales realizan sus asambleas.

El futuro secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que este paro es “muy ideológico”. El integrante de Todos criticó: “Tienen todo el derecho a hacerlo, pero no sé si contribuye mucho a la mejora en la educación. Cuando ocurren estas situaciones, son los más débiles los que lo sienten más, porque muchas veces la madre o el padre tiene que perder el jornal cuando no tiene con quién dejar a sus gurises en la casa”.

Da Silveira complementó en el mismo sentido: “Yo les pediría que piensen en los más débiles. Un paro en la enseñanza no solo significa que los chicos se quedan sin clases, tiene efectos tremendos sobre las vidas de las familias, especialmente los más débiles: las madres solas que se tienen que ir a trabajar, las familias trabajadoras. La gente con recursos no se ve afectada por el paro de la enseñanza, los que sufren son los vulnerables. Yo les pediría a los sindicatos de la educación, que piensen en ellos”.

Pero en ADES no se quedaron en silencio: “Hay que tener sensibilidad social y pensar en los más débiles cuando se hace un proyecto de ley que quiere avanzar en la privatización de la educación… por eso peleamos y nos movilizamos”, dijo Javier Iglesias, dirigente del sindicato. Y agregó: “Nosotros, además de profesores, somos padres, tenemos hijos. Y cuando hacemos paros tenemos descuento salarial, por lo cual también se afectan nuestras familias”.

La enseñanza significó un tercio de los paros

Los primeros años de cada gobierno, esos en que se vota el presupuesto quinquenal, suelen ser de paros y ocupaciones. La última administración no fue la excepción. Tabaré Vázquez enfrentó, en 2015, un incremento de la conflictividad laboral que superó el 140%. Un tercio de esos conflictos habían sido en la educación. De hecho la enseñanza fue el sector con más paros en tres de los años del lustro, a excepción de 2016 y 2017 en que fue superado por la construcción, según el Instituto de Relaciones Laborales de UCU.

Florit y Garibaldi: el regreso a la militancia de dos históricos

Héctor Florit (foto) y Luis Garibaldi son dos de los maestros que más tiempo han integrado el gobierno de la educación durante las administraciones del Frente Amplio. Pero con la jubilación profesional y el cambio de gobierno en la mira, ambos volverían a su viejo refugio: la militancia sindical.

Los hoy consejeros de Primaria y Formación en Educación habían sido desafiliados del sindicato en 2013, cuando la Asociación de Maestros de Montevideo decidió expulsar a todos sus socios que integraban el gobierno. Aquel episodio, que fue rechazado por el Frente Amplio, distanció a los dos dirigentes históricos de la Federación Uruguaya de Magisterio. Pero ambos están dispuestos a una reconciliación, incluso por fuera de la afiliación.

Florit ha sido uno de los colaboradores de la revista del sindicato y Garibaldi dijo estar siempre dispuesto “a militar”.

Otros dos desafiliados por Ademu habían sido la hoy directora de Primaria, Irupé Buzzetti, y el exsubsecretario de Educación, Óscar Gómez. Ambos no explicitaron si volverán.

Fuente del artículo: https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/gobierno-electo-choca-sindicatos-educacion.html

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El cerebro humano es irreemplazable

febrero 25, 2020febrero 24, 2020Facundo Manes

Por: Facundo Manes.

Nuestro cerebro está adaptándose permanentemente al contexto, generando nuevas conexiones. Es así que se modifica con cada nuevo aprendizaje. Esta plasticidad, la capacidad de adaptarse ante cada experiencia, ocurre hasta el último día de nuestra vida.

Cuando hablamos de educación nos referimos a cuestiones ligadas a la identidad, los propósitos, al desarrollo de la curiosidad, de una mente abierta sin prejuicios, a la movilización de nuestros recursos cognitivos, sociales y emocionales para tomar acción. Y esto es nuestra más eficaz arma ante la mayor amenaza de nuestro tiempo: la ignorancia, las mentes cerradas, los sesgos, prejuicios, el odio, la falta de empatía y el miedo.

Es por todo eso que cuando pensamos la educación en las instituciones escolares, debemos trabajar en potenciar aquellas habilidades que nos hacen humanos, aquello que la tecnología no puede –y difícilmente pueda algún día- imitar o reemplazar: las emociones, las habilidades sociales, la creatividad, la intuición, la empatía.

Las máquinas pueden ser “más inteligentes” que nosotros en muchos aspectos, pero nunca lo van a ser en habilidades como la compasión, en imaginar qué piensa el otro y en entender que ese otro piensa diferente a nosotros, en sentir la alegría o el dolor ajeno.

Tampoco tendrán la flexibilidad cognitiva que nos permite adaptarnos a entornos cambiantes. Las computadoras podrán reemplazarnos en tareas mecánicas o en determinados cálculos matemáticos, pero nada podrá sustituir el valor del vínculo y la interacción entre quienes aprenden y quienes enseñan porque existe un componente social y emocional muy fuerte ligado a cómo procesamos la información, a cómo memorizamos, a cómo aprendemos. La inteligencia colectiva, potenciar nuestras habilidades al trabajar en equipo, es otra fortaleza que nos diferencia de las computadoras.

Por eso, cuando hablamos de educación, es importante precisar el foco: en lugar de evaluar lo que los y las estudiantes pueden simplemente reproducir, debemos trabajar sobre lo que pueden extrapolar de lo que aprenden, aplicando el conocimiento a distintos escenarios y situaciones.

Es responsabilidad de quienes enseñamos, “amigarnos” con la tecnología, no demonizarla. El futuro será complementar la inteligencia artificial con las habilidades cognitivas, sociales, emocionales y los valores de los seres humanos.

Las tecnologías nos plantean y seguirán planteando ciertos debates éticos que es necesario dar. Respecto de esto, los humanos también seremos irremplazables.

La ética de una sociedad no surge de fórmulas algorítmicas, requiere información, conocimiento y pensamiento crítico aplicado a los contextos específicos. Estas habilidades son también las mejores herramientas para luchar contra uno de los grandes perjuicios de nuestro tiempo: las noticias falsas y la posverdad.

Asimismo, el contexto es un factor fundamental en nuestro desarrollo. En consecuencia, necesitamos generar un ambiente creativo para lograr ser sociedades basadas en el conocimiento en las que nuestras capacidades sean potenciadas.

Para que todo esto ocurra, es esencial sentar las bases para poder aprender (tanto dentro como fuera de la escuela). Pensar la educación como la mayor herramienta para la lucha contra las desigualdades implica pensar mucho más allá del sistema educativo.

Que debemos pensar y transformar nuestro sistema educativo es indiscutible. A pesar del esfuerzo cotidiano de docentes y trabajadores de la educación, la escuela actual no prepara a los estudiantes para un mundo dominado por las ideas, la creatividad y la innovación. Pero además, en América Latina, aun si reformáramos el sistema educativo y lográramos el mejor del mundo, si no aseguramos las condiciones para que los chicos y las chicas efectivamente aprendan, seguiremos en problemas. Para que se pueda enseñar y aprender es necesario lograr un mínimo indispensable de bienestar y equidad social.

Los resultados de las últimas pruebas PISA en nuestro país dan cuenta no solo de un nivel de rendimiento alarmantemente bajo, sino también de grandes desigualdades en el acceso a la educación de calidad.

Sabemos que el verdadero desarrollo se logra a través de la inversión en innovación educativa y la búsqueda de aprendizajes significativos e integrales para todos. No puede ser a la inversa. Es urgente devolverle a la educación su valor social transformador. Si queremos de verdad una Nación que se desarrolle de manera sostenida e igualitaria es fundamental garantizar educación de calidad para todos los niños y niñas y adolescentes.

En momentos difíciles como el que estamos atravesando las innovaciones educativas no son opcionales ni son un lujo: son claves para avanzar en justicia social, romper los círculos viciosos de crisis y encaminarnos hacia el desarrollo verdadero y sustentable. Debemos recuperar ese sueño colectivo, ese valor de la educación con el que muchos de nosotros crecimos.

Las máquinas tampoco podrán soñar ese futuro mejor para nosotros y nuestros hijos. Nuestra creatividad y nuestras herramientas cognitivas son los recursos más valiosos para pensar soluciones a largo plazo a los recurrentes problemas y construir finalmente la Argentina que queremos ser.

Fuente del artículo: https://www.clarin.com/opinion/cerebro-humano-irreemplazable_0_xX5k6VHJ.html

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10 preguntas sobre la educación de los hijos

febrero 25, 2020febrero 24, 2020Daniel Santa Cruz

Por: Daniel Santa Cruz.

La relación de la familia con la escuela se concibe como la base de una correcta formación y educación de los alumnos. Sin embargo, esta relación no es sencilla, sobre todo porque la familia se plantea distintos dilemas que intenta resolver durante el propio trayecto educativo. En estos tiempos de grandes transformaciones, los padres se preguntan sobre la escolarización temprana, sobre el uso de las tecnologías, sobre la diferencia entre los maestros que tuvieron en su infancia y los que tienen ahora sus hijos, sobre el uso de los manuales de texto y el ejercicio de la lectura, entre otras cuestiones.

Con el inicio de clases ya próximo, elegimos diez preguntas que, según los especialistas que accedieron a responderlas, en estos tiempos de grandes cambios sociales y culturales cifran los interrogantes más recurrentes que se plantea la familia durante la educación de sus hijos.

UNO

¿Es conveniente escolarizar a los chicos a los tres años?

La educación inicial o jardín de infantes es el nivel educativo que más creció en la Argentina en los últimos años. Entre 2011 y 2016 se incorporaron más de 200.000 alumnos, lo que implica un aumento del 12% en cinco años. Sin embargo, las salas de tres tienen 500.000 alumnos menos que las de cinco.

«En la Argentina es deseable la escolarización desde los tres años y hay que asegurar que se haga en ámbitos muy profesionales, capaces no solo de garantizar los cuidados básicos de los niños pequeños. Puede asumir distintos formatos, no necesariamente las formas escolares tradicionales de la sala de jardín», señala Claudia Romero, directora del Área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella.

Desde 2015, cuando se promulgó la ley 27.045, es obligatorio escolarizar a los chicos a partir de los cuatro años. A los tres años es optativo, pero el Estado está obligado a garantizar una vacante. A nivel regional, solo en México, Perú y Venezuela la escolarización resulta obligatoria a partir de los tres años, mientras que países como Finlandia, Suecia, Canadá y Escocia establecen la obligatoriedad recién a partir de los seis años y algunos desde los siete.

Más allá de las necesidades de la organización familiar y laboral, que muchas veces favorecen la escolarización temprana de los hijos, existe una duda sobre si es conveniente que sea obligatoria.

Axel Rivas, profesor y director de la Escuela de Educación la Universidad de San Andrés, responde afirmativamente. «Es acertada la escolarización temprana de todos los procesos educativos -dice-. La educación inicial desde los tres años favorece el desarrollo cognitivo y la socialización».

DOS

¿Todos los estudiantes necesitan una jornada completa?

La ley nacional de educación señala: «Las escuelas primarias serán de jornada extendida o completa con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos fijados para este nivel». La meta se fijó en 2006, acompañada luego por la ley de financiamiento educativo: para 2010, el sistema debía alcanzar al menos el 30% de cobertura. Según datos oficiales, en 2020 solo llega al 15% la oferta de escuela primaria estatal con jornada extendida.

A pesar de los atrasos en el cumplimiento de la normativa, algo usual en la Argentina, la pregunta persiste: ¿todos los estudiantes necesitan la jornada extendida?

«Depende del contenido y el formato -afirma Axel Rivas-. La jornada completa funciona para todos cuando hay un proyecto claro en una escuela flexible, con espacios de aprendizaje diversos y no rutinarios».

Luciana Alonso, directora de Eutopía, un proyecto de la Vicaría Episcopal de Educación y la OEI para trabajar con escuelas en Red, no cree que la jornada completa sea una necesidad de los estudiantes. «Sin embargo, muchos estudios muestran importantes beneficios de inclusión social y aprendizaje cuando la jornada completa se da en contextos sociales vulnerables», destaca.

TRES

¿Es qué medida hay que aplicar la meritocracia en la escuela de hoy?

El filósofo estadounidense John Rawls sostuvo en su libro Teoría de la justicia: «La voluntad para hacer un esfuerzo, para intentarlo, y por lo tanto ser merecedor del éxito en el sentido ordinario, depende de la felicidad de la familia y de las circunstancias sociales». Ahí está el núcleo central del debate respecto de la aplicación de la meritocracia en las escuelas.

El contexto social de los estudiantes debe ser tenido en cuenta para analizar los modos de aplicación de la meritocracia, afirma Axel Rivas. «La meritocracia asume un falso principio de igualdad de los estudiantes -dice-. Es un régimen injusto porque supone que premia el esfuerzo, cuando en realidad cristaliza las desigualdades extraescolares. Es necesario valorar los logros y esfuerzos, claro, pero más aún potenciar la redistribución y el reconocimiento para disminuir las brechas sociales desde la escuela».

Para Luciana Alonso, no todo da lo mismo en la escuela. «En este sentido -señala-, el mérito es importante en las aulas de hoy, donde el protagonismo del estudiante, la iniciativa, la creatividad y la capacidad de emprender deben tener un lugar destacado».

CUATRO

¿Puede la escuela sola contra el bullying y la violencia entre jóvenes?

La ley 26.892 de promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas, sancionada en 2013, ofrece herramientas para trabajar en las escuelas a fin de garantizar el derecho a una convivencia pacífica, integrada y libre de violencia física y psicológica.

«El bullying existió siempre, pero las tecnologías han potenciado esta problemática desde distintos aspectos», dice Sebastián Bortnik, especialista en seguridad informática y director de investigación de Onapsis. «La escuela no puede sola contra el bullying, pero sí cumple un rol importantísimo en su contención y prevención».

Según Axel Rivas, la escuela está desbordada y necesita el apoyo de las familias y otros actores sociales. «Los proyectos de comunidades de aprendizaje son un buen ejemplo de una visión más amplia de la participación de las familias en la escuela», dice el experto.

CINCO

¿Sirven las tareas a realizar en la casa o deben erradicarse?

Cada vez que los docentes y los padres tienen que charlar sobre las tareas escolares, aparecen preguntas recurrentes. ¿Son necesarias las tareas? ¿Qué cantidad es pertinente? ¿Les quita tiempo a los chicos para realizar otras acciones formativas?

«Lo ideal es que la experiencia de aprendizaje sea muy bien desplegada en el horario escolar -afirma Axel Rivas-. En la escuela pública, las tareas escolares pueden ampliar las desigualdades sociales. Hay que combinar una didáctica de la presencia con la motivación del autoaprendizaje, para expandir la frontera del tiempo escolar y convertirla en tiempo ampliado de aprendizaje y de placer por aprender cosas nuevas, pero de manera autónoma».

Países asiáticos como Japón, Corea del Sur, China o Singapur cuentan con una jornada escolar que promedia las nueve horas de clase con un ciclo lectivo de más de doscientos días, y aun así los alumnos están cargados de tareas. En cambio, en Finlandia o Canadá la carga horaria no es tan alta, hay un ciclo lectivo corto y su tradición escolar no incluye tareas en el hogar.

«Las tareas repetitivas o de muy baja demanda cognitiva, como copiar y pegar información, cuando además son en horario extra, tienden a desaparecer -dice Luciana Alonso-. Tienen sentido en la medida en que le permitan al alumno hacerse preguntas que lo desafíen cognitivamente, capturen su curiosidad y motorice su deseo por aprender».

En los últimos años, gran parte de las escuelas plantearon reducir o eliminar la tarea para que los alumnos puedan aprovechar el tiempo extraescolar en actividades recreativas. Sin embargo, otras instituciones mantienen la tradición y la fomentan con el propósito de reforzar lo aprendido en clase.

SEIS

¿Es conveniente que los padres estén cerca de la escuela y los maestros?

La alianza entre los maestros y los padres está en una pequeña crisis que en muchos padres despierta la duda de hasta dónde y cómo colaborar con la escuela y el maestro de sus hijos. ¿Es saludable estar siempre cerca del docente y la escuela?

«Sí, siempre que la comunicación sea basada en la confianza hacia el trabajo de los docentes. Más cooperación entre familias y escuelas reditúa en una visión integral del aprendizaje de los alumnos», afirma Axel Rivas.

La falta de respeto a las normas de convivencia en distintos ámbitos forma parte de un comportamiento social que se traslada también a la escuela. Para Luciana Alonso la alianza entre la familia y la escuela «está llamada a recrearse en tiempos actuales; hay experiencias locales que evidencian que esto no sólo es necesario, sino posible».

Algunos especialistas señalan que la convivencia entre maestros y padres suele ser conflictiva cuando los padres resultan incapaces de reconocer los errores o acciones incorrectas de sus hijos. ¿La recomendación? Que los maestros dediquen más tiempo a explicar a esos padres las decisiones que afectan a sus hijos. Aunque cueste.

SIETE

¿Mejora la calidad el uso de computadoras en los colegios?

Muchos estudios y los resultados de distintas pruebas de evaluación de calidad educativa (PISA, Terce) demuestran que las nuevas tecnologías en el aula no mejoran por sí mismas el aprendizaje. Muchas veces, su aplicación es inadecuada.

«Bien utilizadas sí, mal utilizadas no», asegura Sebastián Bortnik, experto en informática. «Las computadoras nos dan la oportunidad de mejorar la calidad educativa en algunos aspectos, pero la mera existencia de la computadora en el aula no solo no mejora nada per se, sino que, mal utilizadas, podrían ser incluso peores que la misma práctica sin computadoras».

Axel Rivas piensa en ese sentido: «Por sí solas, no. Pero bienvenida la tecnología en contextos con capacidades docentes para aprovecharla como recursos para el aprendizaje»

Claudia Romero matiza. «Las computadoras son una herramienta potente, pero una herramienta. No deberían ocupar el centro de la escena, eso es obsceno. Lo que mejora la calidad educativa es la calidad de los docentes capaces de usar computadoras para enseñar».

OCHO

¿Cómo se adapta la escuela a una era digital en permanente cambio?

Las herramientas tecnológicas y el espacio virtual han suscitado nuevas formas de comunicarnos, de trabajar, de informarnos, de divertirnos y, en general, de participar y vivir en una sociedad.

«La actualización que más me preocupa no es la de hardware (equipos) sino la de software (aplicaciones), ya que el desafío para el cuerpo directivo y docente es estar atentos al constante cambio respecto al uso de tecnologías para adaptar el aula y el colegio a esas nuevas aplicaciones o realidades», dice Sebastián Bortnik.

La escuela y, en consecuencia, el rol del docente no han podido resistirse a su influencia y deben estar pendientes de estas actualizaciones. Así lo entiende Axel Rivas: «La clave es potenciar las capacidades docentes para pensar la enseñanza, diseñar clases, investigar y ser críticos con sus propias prácticas. Esto lleva al uso de recursos digitales con sentido pedagógico y no por moda o por obligación».

NUEVE

¿Siguen siendo útiles los libros de texto y los manuales?

El libro de texto goza de salud y futuro, según muchos especialistas que aseguran que los manuales son utilizados por la mayoría de los docentes y, al mismo tiempo, son muy valorados por las familias porque les facilita saber qué estudian sus hijos.

«Los libros físicos van a seguir existiendo y es bueno disponer de ellos en la escuela, tanto libros de texto como obras literarias», dice Luciana Alonso. Sin embargo, aclara: «Hoy un libro digital puede ofrecer una gran variedad de interacción y esto enriquece la enseñanza y el aprendizaje».

Para Axel Rivas no hay dudas: «Los libros de texto son una gran ayuda para dar continuidad y homogeneidad al currículum. Desde ya hay mucha variedad de calidad y de enfoques en los libros, pero son una herramienta clave para potenciar el aprendizaje».

Sebastián Bortnik coincide. «La respuesta es bastante clara: los manuales siguen siendo útiles. Las reducciones binarias respecto a cómo la tecnología interpela y modifica el contexto educativo son a mi criterio muy peligrosas».

DIEZ

¿Los docentes de antes eran mejores que los del presente?

La mayoría de los especialistas no cree que este sea un debate justo o pertinente.

«No se puede comparar a los maestros de antes con los de ahora porque son tiempos distintos -dice Axel Rivas-. Los docentes de hoy están más exigidos porque enseñan en contextos más diversos culturalmente. Su trabajo es menos rutinario, más complejo y desafiante hoy que en el pasado».

El uso de la tecnología marca una gran diferencia entra aquellos docentes y los del presente. Así lo entiende Sebastián Bortnik: «No tengo elementos para pensar que los docentes de antes eran mejor que los de ahora. Pero los de ahora se encuentran en un contexto muy exigente, en el que la tecnología interpela constantemente. La escuela debe preparar a los chicos para la vida, y en un mundo que está en constante cambio, los desafíos para la educación se multiplican».

Fuente del artículo: https://www.lanacion.com.ar/opinion/10-preguntas-sobre-la-educacion-de-los-hijos-nid2335737

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El neoliberalismo necesita la militarización

febrero 24, 2020febrero 24, 2020Emir Sader Simon

El neoliberalismo necesita la militarización

Emir Sader

En el estado liberal clásico, las FFAA tenían la función de garantizar la soberanía nacional, proteger sus fronteras y liderar posibles guerras contra otros países. La representación política estaba reservada para los partidos.

Pero, con el tiempo, la FFAA se han convertido en un agente político de reserva para las clases dominantes. El caso del golpe de estado en Brasil, en 1964 se volvió típico, en el marco de la guerra fría y la Doctrina de Seguridad Nacional, asumida por la FFAA, a través de la Escuela Superior de Guerra, desde su fundación a fines de la década de 1940. A medida que el campo popular ascendía, a lo largo de la década de 1950 y principios de la década de 1960, la capacidad de la derecha de actuar a través de sus partidos tradicionales se debilitó -especialmente después del fracaso del gobierno de Jânio Quadros-, se pidió a la FFAA que interviniera, rompiera con el proceso democrático y estableciera una dictadura militar que duraría más de dos décadas.

Después de agotar este régimen, el proceso de transición democrática en Brasil no representó una derrota política abierta para la FFAA en nuestro país, al contrario de lo que sucedió en Argentina, Uruguay y Chile. Las FFAA han tenido que retirarse de la militarización del Estado con el que habían desempeñado un papel destacado en la historia política brasileña. Pero nunca asimilaron la democratización del país, la han tolerado, impotentes para evitarlo, y, sobre todo, nunca han hecho autocrítica de todo lo que habían hecho durante la dictadura.

No fue casualidad que la Comisión de la Verdad representara un duro golpe para la imagen de la institución. En la transición democrática, las FFAA habían logrado imponer su amnistía, que incluía el crimen no afianzable de tortura [N. ed.: el artículo 5.XLIII de la Constitución brasileña de 1988 considera que la tortura es un delito para el que no existe el derecho al pago de una fianza para eludir la prisión provisional, del mismo modo que no es susceptible de indulto ni de amnistía]. El carácter negociado de la transición, reflejado en la derrota de la campana por las elecciones directas para la presidencia de Brasil y en el papel central del Colegio Electoral, que produjo la fusión entre lo viejo y lo nuevo, con la elección de Tancredo-Sarney, conservó la amnistía impuesta por la FFAA. La Comisión de la Verdad se volvió inaceptable para la FFAA, porque se abrió ampliamente a toda la sociedad, la represión sistemática puesta en práctica por la dictadura, incluida la tortura como un método reiterado de acción por parte de los militares. Los testigos de sus víctimas revelaron a la sociedad, con nombres y rostros, las monstruosidades cometidas por las FFAA. Varios oficiales de alto rango revelaron su incomodidad, nunca pudieron contrarrestar las denuncias incuestionables. Las persecuciones políticas y legales que lanzó la derecha para tratar de desalojar al PT del gobierno, después de haber agotado los intentos de hacerlo democráticamente, con las repetidas derrotas electorales de los tucanos, fueron acompañadas por declaraciones con el tono de amenazas por parte de oficiales de las FFAA. En vísperas del juicio de hábeas corpus a Lula por parte del STF, el jefe del Ejército hizo una declaración amenazante, que tuvo un efecto en la decisión negativa del poder judicial. Más tarde justificaría esa declaración, alegando que, sin ella, «el proceso se habría salido de control». Se refería, por supuesto, a la libertad de Lula y su papel en el control del proceso político hasta los límites que consideren convenientes.

El gobierno de Temer, establecido por el golpe de estado de 2016, retomó de inmediato lo fundamental a la derecha, el modelo neoliberal, pero gobernó con los partidos tradicionales de la derecha. El gobierno de Bolsonaro tenía la intención de presentar una imagen de independencia de estos partidos. Inicialmente, su gobierno estaba respaldado por tres ejes: la política económica ultraneoliberal (que garantiza, hasta hoy, el apoyo de los grandes empresarios), la del estado policial de Moro (que tenía la intención de transformar Lava Jato en una política estatal, un proyecto debilitado hoy) y miembros de las FFAA. Estos eran indispensables porque, a diferencia de Temer, Bolsonaro no tenía un partido sólido, que se ha desmantelado con el tiempo. Después, los militares asumieron una gran cantidad de cargos gubernamentales, incluso en el Palacio do Planalto. Asumieron con los rasgos propios de una corporación, pero no de cualquier corporación, sino de una que concentra el uso de la fuerza militar y que representa los valores del orden y la jerarquía. Su discurso siempre garantizó la lucha contra la «subversión», identificada en los movimientos sociales y los partidos de izquierda.

El personal militar perteneciente a unas FFAA desmoralizadas por la democratización del país, el éxito de los gobiernos de izquierda y las revelaciones de la Comisión de la Verdad, se ha unido cada vez más a un gobierno elegido por la judicialización de la política y la manipulación del proceso electoral. Sin ideología o un proyecto político, aparte del control del proceso político en manos de la oligarquía, no dudaron en unirse al gobierno, individualmente. A medida que el presidente se debilitaba, debido a su incapacidad innata para agregar, priorizar y gobernar, y surgió la opción del derecho de sustituir al presidente por el vicepresidente, Bolsonaro decidió dar una demostración de fortaleza, que él es el jefe del gobierno, y despidió a varios militares. Los que quedaron fueron debilitados.

Pero a medida que el gobierno perdió el apoyo de muchos de sus promotores y el apoyo popular, a medida que el desgaste de las acciones del presidente y sus hijos, involucrados en la corrupción y otros crímenes, se intensificó, el presidente decidió reanudar el proceso de militarización del gobierno.

El modelo neoliberal ha perdido capacidad hegemónica, es incapaz de obtener bases de apoyo social que le den estabilidad, como lo demuestra el desgaste acelerado del gobierno de Macri en Argentina. Gobierna de acuerdo con los intereses del capital financiero. Una política que promueve la especulación financiera, sin favorecer ni la producción ni la creación de empleo. Es una política que reproduce sistemáticamente la exclusión social y que, por lo tanto, requiere represión, políticas de dominación, ya que no tiene capacidad de persuasión y conquista estable de las bases de apoyo popular.

Las FFAA son una garantía de resistencia contra el retorno del PT al gobierno, contra el protagonismo de los movimientos sociales. Representan una reserva de cuadros para un gobierno que no tiene partido y como reserva para la represión. Pero el ejército no está hecho para gobernar, en el sentido de convencer, dialogar, vivir con diferencias, discutir ideas. Están hechos para mandar (como las escuelas militares deben entrenar a los jóvenes para la guerra, a diferencia de otras escuelas, que sirven para formar a los jóvenes para la libertad, la democracia, la convivencia con la diversidad, el aprendizaje con el conocimiento). Tendrán dificultades para dialogar con el Congreso, enfrentar críticas, vivir con movilizaciones populares.

Pueden representar una mayor dosis de pragmatismo en el gobierno, reemplazando o silenciando a los ministros habladores, incompetentes y mediocres, buscando una mayor efectividad, tal vez incluso del ministerio de economía, educación y asuntos exteriores. Pero tendrán que vivir con el comportamiento intransigente del presidente y las acciones de las milicias de sus hijos. Tienen una dura prueba política. Quizás sea la última carta de ese gobierno, que necesita militarización, pero que pierde aún más capacidad política de dirección. Nadie puede extraer agua de la piedra y, al sentarse en las bayonetas, también corre el riesgo de ser víctima de ellas.

Autor: Emir Sader

Fuente de la Información: https://rebelion.org/el-neoliberalismo-necesita-la-militarizacion/

Fuente de la Imagen: Rebelión

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Argentina: La deuda o la vida

febrero 24, 2020febrero 24, 2020Mario Hernandez

La deuda o la vida

Mario Hernández

La cuenta de la deuda eterna: cuando el gobierno de Isabel Perón fue derrocado por el golpe militar de 1976, Argentina debía 5.000 millones. Militares y civiles genocidas estatizaron la deuda privada y dejaron al país endeudado en 43.000 millones. Raúl Alfonsín tras desembolsar más de 10.000 millones, dejó una deuda de algo menos de 60.000 millones. Carlos Menem vendió las empresas públicas para pagar; en una década derivó más de 100.000 millones a los acreedores, mientras la deuda crecía hasta los 150.000 millones. Fernando de la Rúa pagó casi 50.000 millones y huyó con el monto adeudado acrecido hasta 180.000 millones. Eduardo Duhalde pagó algo menos de 20.000 millones (o sea cuatro veces lo que el país debía en 1976). Pero, entregó el mandato con casi 220.000 millones de deuda. Los Kirchner pagaron más de 200.000 millones y tras 12 años dejaron una Argentina endeudada en mucho más de 220.000 millones. Macri en 4 años pagó más de 100.000 millones y dejó la deuda acrecida en 310.000 millones. Argentina pasó de una deuda de 5.000 millones en 1976 a una de 323.177 millones a comienzos de 2020, tras haber pagado en ese período casi 500.000 millones.

El Fondo Monetario Internacional, como prestamista de último recurso, ratificó que no ofrecerá un recorte de su préstamo a Argentina,a pesar del pedido de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, que instó al organismo a asumir una pérdida. En tanto, el Gobierno argentino prepara su oferta a los tenedores de bonos soberanos en la que, se espera, se incluya una fuerte quita de capital.

Una misión técnica del FMI abandonó Buenos Aires el 19 de febrero tras reunirse con funcionarios de Argentina y evaluar la sostenibilidad de la deuda del país. Sin embargo, el Gobierno prioriza la reestructuración con los acreedores privados. Es más del doble que la deuda con el FMI, y los vencimientos son cuantiosos a partir de abril, de ahí el objetivo de cerrarla el 31 de marzo. En cambio, el primer vencimiento con el FMI cae en septiembre de 2021 y las sumas más pesadas en 2022 y 2023.

La Argentina es el principal deudor del FMI, con una línea por USD 44.000 millones que equivale al 43% del total que hoy tiene prestados el organismo a sus países miembro. Las tenencias de acreedores privados más que duplican esa cifra.

El FMI estima que la Argentina necesita hacer una “quita” de capital a los acreedores privados cercana al 20%, trato que por estatuto rechaza para sus propias acreencias.

Invoca un estatus de “acreedor privilegiado”, por actuar como “prestamista de última instancia” en situaciones de crisis, cuando se secan otras fuentes de crédito; por cobrar intereses mucho más bajos que los mercados de capital; y porque su capital se conforma con aportes de los 189 países miembros.

El FMI consideró que la deuda externa argentina “no es sostenible” y que, por lo tanto, se requiere que la reestructuración se haga en base a “una contribución apreciable de los acreedores privados”. Esto quiere decir que el organismo abogó por una negociación de deuda que no sólo modifique plazos en el repago de las obligaciones con tenedores privados sino que además implique una considerable quita, ya sea de capital, intereses o ambos.

Al respecto, el vocero de los buitres, Marcelo Bonelli, en Clarín sostuvo el viernes pasado que “Si Argentina quiere cuatro años de gracia debe hacer una contribución inicial de U$S 10.000 millones”. La suma que faltaría ingresar del préstamo del FMI y el actual Gobierno rechazó.

Hubo otros guiños del FMI hacia el gobierno, con consideraciones positivas sobre las primeras medidas implementadas y en relación a la coherencia del plan económico. Sin embargo, el FMI no hizo autocrítica ni se refirió al hecho de que el gobierno anterior aplicó al pie de la letra las recomendaciones del organismo a la hora de tomar los fabulosos créditos de 44.000 millones de dólares en 2018 y 2019, lo cual implica que el fracaso estuvo de entrada en la genética del programa. El Fondo dejó en claro que no acepta ni quitas ni reperfilamiento en sus créditos otorgados, lo cual obliga al gobierno argentino a entrar en un nuevo programa de financiamiento si es que decide pagar los enormes vencimientos de capital previstos para 2022 y 2023. Una de las grandes incógnitas es si el gobierno buscará cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo como llave para resolver la negociación con los acreedores privados. Si bien el acuerdo con el FMI no es una condición necesaria, la secuencia habitual sí supone un entendimiento previo con el organismo.

¿Por qué apoya el FMI las primeras medidas implementadas por el Gobierno?

El aumento que debió otorgarse a las jubilaciones según la legislación suspendida era de 11,56% y en la difusión de las nuevas escalas el gobierno enfatizó el casi 13% para la mínima, asignaciones familiares y la AUH (11,8 millones de personas); incluso difunde que el aumento de la jubilación mínima alcanzó al 18,8% sumando los bonos otorgados por 5.000 pesos en diciembre y enero pasados.

En todas las otras categorías actualizan ingresos por debajo del guarismo oficial, desde 9,80% a quienes perciben 20.000 pesos mensuales, en escala descendente hasta el 3,80% de los que perciben entre 100.000 pesos mensuales y la máxima que era de 103.800 pesos. Se argumenta que el incremento destacado de la mínima alcanza a los 197 pesos al mes, y para el resto de las categorías, pierden por ausencia de actualización, desde $ 352 en los que perciben 20.000 pesos mensuales hasta $ 8.038 en las jubilaciones entre 100.000 a 103.800 pesos al mes.

Se trata de un ahorro en la seguridad social que disminuye el compromiso del gasto social y es por ende calificado como “ajuste”, al tiempo que achata la pirámide de ingresos previsionales.

Entre los anuncios se destaca el Proyecto de ley para modificar el régimen jubilatorio de jueces y diplomáticos, aumentando los aportes de los activos, elevando progresivamente la edad jubilatoria y reduciendo la relación del haber, del 82/85% a un 60% aproximado. La cuestión de fondo se discutirá bajo el nuevo régimen legal antes de junio próximo.

El ajuste a las jubilaciones tiene por finalidad aumentar el Superávit Fiscal Primario para poder afrontar así el pago de los Intereses de la Deuda Pública.

En esta misma frecuencia, la Anses salió a aclarar que «no está previsto modificar la edad jubilatoria», luego de que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, planteara que «en algún momento esas discusiones las vamos a tener que dar» y que «no es un disparate pensar que una mujer se jubile a los 65 años».

Este martes, Moroni abrió la puerta a la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria. «La expectativa de vida todos los años crece y los sistemas jubilatorios se van a tener que ir adaptando», evaluó Moroni.

Por otra parte, la Argentina estaría dando cumplimiento a otra de las reformas acordadas en el Programa Stand-By con el FMI: la Reforma Laboral mediante la reducción de los costos laborales disminuyendo los salarios reales afectados no solo por la inflación sino también por lo perdido durante el macrismo que se estima en un 20% y la idea del actual gobierno de eliminar los ajustes automáticos por cláusula gatillo.

Ambas medidas tienen por objeto disminuir el Gasto Social Total del Estado – incluyendo las Asignaciones Familiares, la Asignación Universal por Hijo y los Subsidios Personales – merced a la desactualización frente a la Inflación.

“De esta manera, sin decirlo y dejando que el tiempo actúe de hecho a favor de estas modificaciones que se están produciendo, el gobierno FF está llevando a cabo las recomendaciones y compromisos acordados con el FMI en materia de Superávit Fiscal

Primario y de Reformas Estructurales, con lo que allanaría el camino de cumplimiento de lo pactado por la administración Macri y facilitaría así el entendimiento con el FMI”, afirma el economista Héctor Giuliano en “LA DEUDA PÚBLICA EN LA CUENTA REGRESIVA”.

Las negociaciones secretas siguen así su curso mientras el gobierno busca generar resultados presentables a los Acreedores y Organismos Multilaterales de Crédito en materia de Ajuste Fiscal y Reformas Estructurales que garanticen la capacidad de repago de los Intereses de la Deuda Pública para que nuestro país pueda así volver a colocar Deuda Nueva en los Mercados Internacionales.

Reperfilando las paritarias

Trascendió que Armando Cavalieri ya habría acordado un esquema de sumas fijas definidas por el Poder Ejecutivo al ritmo de la negociación con el FMI.

El plan del gobierno es una “tregua salarial” hasta mayo y “acuerdo social con pauta general” una vez renegociada la deuda. Con esos condicionamientos el aumento no dependerá de las necesidades de las familias trabajadoras ($ 40.373), sino de la “sostenibilidad de la deuda”.

Uno de los gremios pesados de la CGT decidió ofrecerse como ejemplo. El “eterno” Armando Cavalieri avanzó en un acuerdo con el ministerio de Trabajo. El Sindicato de Comercio estaría a punto de acordar un aumento que implicaría, en una primera etapa, absorber la suma fija de $ 4.000 decretada por el Gobierno y sumarle $ 2.000 para cerrar el primer trimestre. Así el aumento interanual alcanzaría un 52%, casi tres puntos por debajo de la inflación oficial. En una segunda etapa, acordar una suma fija remunerativa para los meses de abril, mayo, junio, y posiblemente julio. Con esa suma, el básico de los empleados y empleadas de Comercio queda arañando la línea de pobreza del Indec.

El caso testigo de Comercio tiene la función de marcar los objetivos del Gobierno para las paritarias 2020. Cavalieri es solo el abanderado de una política que involucra a todas las cúpulas sindicales. Héctor Daer se reunió con Alberto Fernández hace pocos días, donde no habló de las paritarias libres y directamente dejó de lado el reclamo de “cláusula gatillo”. Como también lo hizo Hugo Yasky, de la CTA. Parece que la unificación de las centrales sindicales que proponen algunos de sus dirigentes tendrá como primera pelea anestesiar las expectativas de trabajadores y trabajadoras de recuperar su poder adquisitivo.

Al respecto, el secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Hugo «Cachorro» Godoy, se diferenció este lunes de otros sindicalistas y no descartó la incorporación de la «cláusula gatillo» en el marco de las negociaciones paritarias que se avecinan.

«Está demostrado que a la inflación no la genera la evolución de los salarios. El último año, éstos perdieron entre un 15 y 20 % y, en el caso de los estatales, un 25 % de la capacidad de ingreso», explicó Godoy.

«Aun con servicios congelados, naftas con incrementos limitados y dólar planchado, los precios siguen aumentando. Eso demuestra que la espiral inflacionaria no la generan los salarios, sino las especulaciones de unas 200 empresas, que bien podrían ser controladas por el Estado, pero no hay políticas activas al respecto», concluyó.

También Carlos Acuña, uno de los integrantes del binomio que conduce la CGT, polemizó con el concepto esgrimido por el Ejecutivo acerca de que las cláusulas gatillo serán eliminadas porque “indexan la economía”. Disparó: “pareciera que los responsables de la inflación fueran los salarios». Y agregó: “en campaña se comprometen y después nos dan la espalda».

Los alimentos subieron en enero el doble (4,7%) que el costo de vida (2,3%). Y en 15 días de febrero otro 2%.

Un relevamiento nacional de precios efectuado por integrantes de Libres del Sur, Barrios de Pie, Jóvenes de Pie, el movimiento universitario SUR, Libres y Diverses y MuMaLa (Mujeres de la Matria Latinoamericana) en distintas ciudades argentinas indican incrementos cercanos al 20% en arroz, azúcar y yerba, y superior al 10 % en pan, manteca y asado. El promedio de subas es de 9,88%.

Además, las agrupaciones corroboraron que en la mayoría de los supermercados hay un faltante de los alimentos que tienen los Precios Cuidados.

Ante la falta de acuerdo en la paritaria, el gobierno de Axel Kicillof resolvió otorgar por decreto un aumento de 4.000 pesos a los trabajadores estatales, a pagar en dos cuotas, con los sueldos de febrero y marzo.

El Ejecutivo comunicó esta decisión luego de que fracasara una nueva reunión con los gremios ATE, FEGEPPBA y UPCN por la paritaria 2020. En concreto, se replicará la decisión nacional de otorgar una suma fija remunerativa de 4.000 pesos, aunque en este caso será percibida por todos los trabajadores del Estado bonaerense, incluidos los médicos.

A diferencia de Nación, en donde se dispuso que lo cobren quienes tienen sueldos de hasta 60.000 pesos, en Provincia no habrá tope salarial y será percibida por todos los empleados de la Ley 10.430 y también por los profesionales de la salud, cuyo trabajo está regulado por la Ley 10.471. No lo cobrarán los docentes ni los judiciales.

La discusión salarial 2019, que quedó inconclusa durante el gobierno de María Eugenia Vidal, volverá a retomarse en las futuras mesas técnicas: los gremios aseguran que perdieron más de 25 puntos frente a la inflación.

Oscar de Isasi, secretario general de ATE provincia de Buenos Aires, indicó que “desde ATE se planteó que era absolutamente insuficiente el planteo salarial del gobierno y todo el arco sindical ratificó lo expuesto por nuestra organización.Además agregó“frente a lo que expusimos el gobierno expresó que sigue abierta la paritaria y que nos van a convocar para seguir discutiendo salario”.

El Gobierno aclaró que la doble indemnización que regirá hasta mitad de año no podrá aplicarse a trabajadores del sector público nacional, luego de que jerárquicos de empresas estatales advirtieran que no planeaban dejar sus cargos sin cobrar ese beneficio. La explicación, plasmada en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), forma parte de un plan de la administración de Alberto Fernández orientado a delimitar con la mayor claridad posible la condición de político de un cargo en el Estado.

Sólo en la Administración pública nacional (ministerios y organismos descentralizados) hay más de 4.000 cargos considerados “políticos” en tanto que existe un número, por ahora indeterminado aunque quizás superior, en las empresas y sociedades ligadas al Estado como YPF, Aerolíneas Argentinas, Arsat, entre otras, con salarios que llegan a oscilar de los 100.000 a los 500.000 pesos. A ese tipo de cargos apuntó el DNU publicado ayer en el Boletín Oficial que los privó del derecho de reclamar por la doble indemnización.

La decisión encendió las alarmas en algunos sectores gremiales del Estado por la eventualidad de que pudiese ser utilizada para facilitar despidos indiscriminados.

El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, admitió que la norma “evidentemente está destinada a los funcionarios macristas que no dejaron sus puestos cuando cambió el Gobierno”, lo que tildó de “actitud deshonesta, repudiable y, en algunos casos, ilegal”, aunque advirtió que “esta medida de carácter general puede afectar también a trabajadores que eventualmente sean despedidos de empresas estatales”.

Docentes

El titular de Suteba, Roberto Baradel, puntualizó que durante esta semana el gremio será convocado para mantener negociaciones respecto a los salarios docentes y aseguró: «a este gobierno le vamos a pedir más que a Vidal».

En declaraciones formuladas aseguró: «lo que vamos a plantear a nivel nacional y provincial son discusiones que nos permitan no solamente no perder poder adquisitivo sino mejorar las condiciones de los salarios docentes».

Gremios docentes adheridos a la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGTRA), AMET, CEA y UDA, exigieron al Ministro de la Nación, Nicolás Trotta, la urgente convocatoria a paritarias.

Advierten que “no somos responsables si la mentada dilación afecta las negociaciones jurisdiccionales y el normal inicio del ciclo lectivo”.

Al respecto, Nicolás Trotta, ratificó el compromiso de que durante el 2020 «los salarios de los docentes le ganen a la inflación», lo que requerirá «un esfuerzo de las provincias y el Estado Nacional en una realidad fiscal tan compleja» y pidió «responsabilidad», de cara a la paritaria nacional que continuará la semana próxima.

Si bien el gobierno de Chubut había previsto el inicio de las actividades escolares para el 18 de febrero, en Esquel no ocurrió así: la mayoría de las escuelas permanecieron sin actividad ya que se mantuvo el paro de auxiliares de la educación por 48 horas y pese a que el sindicato no llamó a paro, hubo una presentación masiva de retenciones de servicios.

ATECh había llamado a asambleas escolares para el día martes y miércoles. Sin embargo, debido a la urgencia del conflicto, muchas escuelas realizaron asambleas el lunes y mandataron. En su mayoría se rechazó la “propuesta” del gobierno, porque no cumple con los acuerdos firmados en noviembre del año 2019. El único gremio que realizó paro fue SADOP, que nuclea a los docentes de escuelas privadas.

Un centenar de docentes de varias escuelas del nivel medio se autoconvocaron en el local de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) de Esquel para pedir explicaciones sobre la dilatación de los tiempos que la conducción genera para resolver el conflicto.Un afiliado subrayaba en referencia a la conducción del sindicato: “están haciendo el juego al gobierno. El gobierno nacional tiene una línea: banca al gobierno provincial, que tiene otra línea parecida. Los partidos políticos hacen su juego. Y los sindicatos pegados a los partidos políticos y a los gobiernos hacen su juego, completamente en contra nuestra. Si ponemos un poquito la lupa en lo que se lee en las noticias, en lo que dicen ustedes, es claro que les están dando tiempo, que le dieron tiempo a Arcioni, que jugaron el juego que les pidieron desde el gobierno nacional. Está a la vista las razones de por qué no se puede creer en el sindicato. En el 2018 se firmó y no se cumplió. En el último mandato del 2019 se firmó y no se cumplió. Lo dijo Goodman: si no están las condiciones, sino se cumple con todo, no arrancamos. Listo. Es más, gente del sindicato diciendo que están dadas las condiciones, que está todo más o menos bien”.

Los trascendidos en algunos medios sobre personas muy afines al sindicato que estarían trabajando en el Ministerio, la representatividad para las escuelas de ciclo invertido, que debían empezar las clases a mediados de enero y no lo hicieron por falta de transporte escolar y por retención de servicio, fueron otros temas cuestionados a la conducción del gremio.

En el caso de Santa Cruz, la gobernadora Alicia Kirchner ofreció una suma fija de 2.000 pesos a pagar en marzo. La comisión directiva de Adosac (Asociación de Docentes de Santa Cruz) rechazó el ofrecimiento. Dice que es “una provocación” y aseguraron que «pone en riesgo el inicio del ciclo lectivo”, que tendría que comenzar el 2 de marzo.

El argumento que plantea el gobierno provincial iría en sintonía con la línea del gobierno nacional de «reducir la brecha» entre «el trabajador que más gana y el que menos gana». Pero lejos de implicar un mejoramiento de las condiciones salariales del conjunto de la docencia, implica un «achatamiento» de sus ingresos. Lejos de imponerle una «solidaridad» a las petroleras, mineras y pesqueras que saquean Santa Cruz, se propone una redistribución entre los propios trabajadores y trabajadores en clave de ajuste.

Trabajadores y trabajadoras de la obra social docente, organizados en el SITOSPLAD, marcharon el miércoles 19 de febrero hasta el Ministerio de Trabajo, ante la falta del pago total del sueldo de enero. Al no encontrar respuestas los días 20 y 21 de febrero realizaron un paro de 48 horas.
“Cabe recordar que además de padecer el desdoblamiento salarial, les trabajadores estamos en estado de emergencia salarial dado que perdimos el 50% del poder adquisitivo en dos años, gran parte del salario se abona de manera no remunerativa y la OSPLAD no pagó los bonos de $ 5.000 de 2018 y 2019 ni los $ 3.000 de enero de 2020 decretados por el gobierno nacional”, agregaron.

El miércoles 19, representantes de la Mesa Ejecutiva de CONADU Histórica, se reunieron con el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni.

La conducción de la CONADU Histórica manifestó centralmente la preocupación ante la falta de precisiones respecto del cumplimiento de los acuerdos paritarios 2019 y el inicio de la negociación salarial 2020. En particular, enfatizaron las incertidumbres generadas ante la posibilidad del no pago en tiempo y forma de la cláusula gatillo correspondiente al último acuerdo salarial y la posible incorporación de sumas fijas en la paritaria 2020.

CONADU Histórica enfatizó su rechazo a cualquier modificación al acuerdo paritario vigente, destacando que el desconocimiento del mismo sería contrario a los derechos adquiridos en el ámbito de una negociación salarial realizada de buena fe.

En relación al inicio de las próximas paritarias, la Federación adelantó que no se aceptará la incorporación de sumas fijas que achatan la pirámide salarial, al tiempo que perjudican a quienes tienen mayor antigüedad y quienes cobran zona desfavorable.

Por otra parte, consultaron al Ministro sobre la situación de nuestros regímenes jubilatorios especiales a la luz del decreto 163/2020 de movilidad jubilatoria firmado el pasado 18 de febrero. Al respecto, Moroni aseguró que la movilidad de las jubilaciones de docentes universitarios (ley 26508-82%) y preuniversitarios (decreto 137/2005) no se encuentran alcanzados por esta disposición.

El próximo 4 de marzo se reunirá el Plenario de Secretarías Generales donde se analizará la coyuntura del sector y se debatirán los pasos a seguir en función de los mandatos de base de las asambleas docentes.

VICENTÍN: Peligra la continuidad de 3.000 puestos de trabajo

Tras haber entrado en cesación de pagos en noviembre pasado aduciendo «stress financiero», Vicentín presentó la convocatoria de acreedores a comienzos de esta semana. La empresa, parte del complejo agroexportador y productora de alimentos, acumuló deudas millonarias con diferentes Bancos y proveedores manteniendo en vilo la continuidad de 3.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos en Santa Fe.

Un sector afectado es el aceitero en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, ciudad lindera a Rosario por cuyos puertos es la salida más importante de granos de la Argentina.

Pablo Reguera, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA), manifestó: «La situación nos tiene muy preocupados porque no es sólo una deuda del Banco Nación. Se le debe a los bancos exteriores, se le debe al Nación, al Banco Provincia y también a las cerealeras que transportaban su mercadería. Se debe una suma que asciende a 1.300 millones de dólares», detalla.

«La planta que tenemos en San Lorenzo está parada desde el 14 de noviembre. Hay una guardia mínima, se retiraron los camiones y lo único que se hace es cuidar la maquinaria. Si bien cumplen con el 93% de los sueldos, no están tributando a la Municipalidad. Es la empresa que más puestos de trabajo genera en el Departamento«, agrega.

La cerealera estaba dentro de las cuatro empresas con mayores exportaciones en la región. San Lorenzo cuenta, además, con el polo aceitero más grande del mundo.

La deuda con la banca pública

Al respecto, el Diputado Nacional del Frente de Todos, Juan Carlos Alderete, publicó un documento, donde entre otras cosas señala: El informe que el director del Banco Nación, Claudio Lozano, elevó al directorio de la entidad para que determine los pasos a seguir frente al pedido de renegociación que pidió la compañía Vicentin cuestiona el “estrés” alegado por el Grupo y considera, que “ninguno de los números disponibles justifica la repentina crisis financiera de Vicentin”.

Según se indica en el informe, “[…] en el proceso de endeudamiento que fue acumulando Vicentin con el Banco Nación, se superaron los límites a los que podía acceder en función de la normativa correspondiente fijada por el Ente Regulador para las Grandes Empresas […]”. Y que “[…] Sin embargo y sin fundamento alguno la empresa obtuvo la refinanciación que requería sin hacer las cancelaciones correspondientes para volver a encuadrar en la normativa. Extrañamente la decisión de violar la normativa del Banco Central para grandes empresas no fue tomada por un acto administrativo del directorio del Banco, sino por la línea gerencial, en el período del último gobierno […]”.

En el referido informe se documenta el acelerado crecimiento de la empresa en los últimos cuatro años, lo que se advierte en que las ventas anuales del Grupo Vicentin variaron como se indica a continuación:

Año 2015. 27.100 millones de pesos, 19° puesto en el ranking de ventas.
Año 2016. 45.200 millones de pesos, 10° puesto en el ranking de ventas.
Año 2017. 61.335 millones de pesos, 7° puesto en el ranking de ventas.
Año 2018. 118.015 millones de pesos, 6° puesto en el ranking de ventas.

Mientras que en el acumulado anual de los años 2016, 2017 y 2018, el total de las empresas de mayor facturación tuvieron una expansión de ventas del 51,36% de promedio anual; el Grupo Vicentin superó ese porcentaje ampliamente en un 83,87% de promedio anual.

Por otro lado, los 23.500 millones de pesos en los que está endeudado Vicentin en el mercado financiero doméstico representan el 20% de la facturación del 2018 y dentro de ella, la deuda con Banco Nación de $ 18.000 millones es sólo el 15% de su facturación del 2018.

Además, en el citado informe se detalla el entramado societario que se utilizó para operar y se destaca que la relación entre el préstamo impago y la facturación de la empresa llega apenas al 20%, mientras que otras compañías como Arcor o YPF tienen una relación de 50% y 65% y no han planteado la crisis que alega Vicentin.

Teniendo en cuenta que el incumplimiento de la empresa en el periodo 2015 – 2018 no hizo más que expandir su facturación, haciendo que los fondos públicos financiaran su crecimiento a expensas de los más necesitados propone:La intervención del Grupo Vicentin por parte del Estado (principal acreedor) permitiría incidir en un sector clave de la economía nacional evitando que los productores agrarios, en su mayoría pequeños y medianos como demuestra el reciente Censo Agropecuario Nacional, sean perjudicados.

Se garantizaría la continuidad laboral de los cientos de trabajadores y trabajadoras que desempeñan funciones directas e indirectas en sus plantas y que no se corte la cadena de pagos golpeando a los pequeños productores y los pueblos del interior.

Por último, propone iniciar un proceso de debate público sobre la necesidad de constituir una sociedad del Estado o una sociedad mixta con mayoría Estatal con la empresa Vicentin. Buscando, de esta manera, los medios para la participación de los sectores interesados en el debate sobre el destino futuro de Vicentin: productores pequeños y medianos, las organizaciones de los trabajadores, así como las representaciones sociales y políticas de las regiones y las provincias para aportar la experiencia y el conocimiento desde la cercanía.

Garbarino

La empresa de electrodomésticos Garbarino podría cerrar la mitad de sus sucursales y alrededor de 2.000 trabajadores quedarían en la calle.

La empresa justifica la posible decisión a la caída de ventas de varios comercios del país, que va en línea con otras empresas de electrodomésticos, y la competencia que debe afrontar con los nuevos sistemas de venta on line que no necesitan una cantidad considerable de empleados ni locales al público. Según trascendidos, la medida sería confirmada por representantes de la compañía en las próximas horas.

Durante el año pasado, llevó adelante la paga de salarios en cuotas, como primera medida para mantener todos locales abiertos y no verse obligado a realizar despidos o suspensiones. Pero debido a la crisis que viene atravesando durante los últimos años parece no haber salida posible.

De esta manera, se prevé que la firma se desprenda de 152 sucursales distribuidas a lo largo de todo el país, y al menos 2.000 trabajadores pierdan su fuente laboral. La incertidumbre, que ya se mantiene en el universo trabajador desde hace meses, creció fuertemente durante las últimas horas debido a los rumores de cierre.

Asbesto en el subte

El secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), Roberto Pianelli, advirtió que si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conducido por Horacio Rodríguez Larreta, y la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) “no retiran los vagones contaminados con asbesto y no llaman a licitación para la compra de nuevas unidades, nos veremos obligados a tomar medidas”. El límite es el 1° de marzo, declaró Pianelli.

En enero, la jueza Elena Liberatori falló a favor del amparo ambiental promovido por el gremio junto a miles de usuarios para exigir “la desabestización completa y definitiva del subte”.

La primera respuesta oficial fue intentar el recambio de sólo los componentes con asbesto, lo cual fue rechazado por el gremio, que exigió el retiro de las unidades.

Créditos UVA: ¿con los Bancos o con la gente?

La red nacional Autoconvocados UVA, que agrupa a miles de familias que obtuvieron los préstamos hipotecarios lanzados en la era Macri, volvió a manifestarse en contra de la postura que adopta el presidente Alberto Fernández, a quien le exigen «terminar con esta usura, llevando a la práctica una de sus frases de campaña: ‘Entre los bancos y la gente, me quedo con la gente’».

Reproducimos comunicado:
A lo largo de toda la campaña electoral, el por entonces candidato no se refería a estos créditos como una mera cuestión entre privados. Muy por el contrario, aludía a los mismos como una pesada carga para los deudores y señalaba que todo el costo de la devaluación recaía sobre los deudores y que los bancos eran los grandes beneficiarios de esta relación contractual. Así mismo, señalaba que en el año 2003 y siendo él jefe de gabinete, junto con el Presidente Néstor Kirchner habían tenido que enfrentar una situación similar con los créditos hipotecarios dolarizados de la época de la convertibilidad. “Sabemos cómo hacerlo”, sentenció en más de una oportunidad.

En ese momento, el Estado se hizo presente y asumió su responsabilidad.

Han pasado solamente 60 días desde la asunción presidencial y su discurso en la materia, cambió radicalmente. Se devaluó su palabra.

Ahora la cuestión quedaría reducida a sólo 90.000 créditos, los cuales, en palabras del Presidente, ya han recibido asistencia con el congelamiento de sus cuotas durante cinco meses. Toda la asistencia e involucramiento del Estado se redujo a eso. Suena a poco, más bien a nada.

Es necesario recordar -pues las autoridades parecieran ser que se han olvidado de ello-, que estos créditos fueron impulsados desde el Estado Nacional como una política pública de vivienda. La normativa para instrumentar créditos indexados fue impulsada por el Banco Central, pese a que en marzo de 2016 se encontraba plenamente vigente la prohibición de indexar por precios.

Haciendo caso omiso a ello, toda la maquinaria publicitaria del Estado y del sistema financiero se puso a disposición para promocionar esta nueva cuasi moneda, la UVA. Estas líneas crediticias tomaron fuerte impulso hacia mediados de 2017, comienzos de 2018 y con el paso del tiempo se convirtieron en las únicas disponibles para acceder a una vivienda.

El Estado nunca estuvo ausente. Fue el motor e impulsor de estos créditos. El gobierno actual no puede desatenderse de ello. No son viables créditos indexados a 20, 25 o hasta 30 años, con una inflación que navega por encima del 50 % anual, con ingresos de la población cada vez más devaluados y que se ajustan muy por debajo del nivel general de precios de toda la economía.

En momentos de descreimiento generalizado, cobra valor la palabra empeñada. No se puede pasar de calificar estos créditos como una pesada carga para los deudores a quienes hay que brindarles una salida, y sin solución de continuidad sostener que sólo se trata de una cuestión entre particulares que aceptaron las cláusulas de un contrato.

Sr. Presidente Alberto Fernández, hemos reflexionado y estamos convencidos que estos créditos indexados, son una estafa. De usted depende tomar una decisión y terminar con esta usura, llevando a la práctica una de sus frases de campaña: “Entre los bancos y la gente, me quedo con la gente”.

En la actualidad, el congelamiento caducó, con lo que los deudores de hipotecas UVA deben pagar la cuota del mes más el plus correspondiente al plan de pagos por el congelamiento. Además, el mecanismo de indexación sigue vigente tal cual estaba. Mientras las autoridades llaman a desindexar la economía, liberan a los créditos UVA de esta convocatoria.

Los créditos UVA fueron una estafa creada durante la gestión de Macri. Con un mecanismo ajustado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el valor de los mismos no paró de escalar. Entre marzo de 2016 y noviembre de 2019 hubo subas de más del 200 %. El sueño de la casa propia se volvió una historia de terror por la inflación y las devaluaciones.

Los precios de los alquileres se duplicaron en CABA desde 2017

Una familia inquilina que pagaba 10.000 pesos y renovó contrato en diciembre de 2017, terminó su contrato a fines de 2019 pagando cerca de 21.000 pesos. En los últimos 24 meses, los contratos de alquiler de vivienda se renovaron con un 40% por encima del valor anterior y ajustes semestrales del 15%. Estos datos se desprenden de un informe del Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo porteña.

Como los aumentos los fija arbitrariamente el mercado inmobiliario, para los próximos dos años las renovaciones de contratos se están firmando con un aumento del 30% inicial y ajustes semestrales del 18%. Es decir que el mercado inmobiliario está previendo una espiral inflacionaria de más del 50% anual.

La difícil situación no es nueva y las organizaciones de inquilinos impulsan desde hace años una Ley de alquileres que regule el mercado inmobiliario. Si bien en 2016 la norma consiguió media sanción en el Senado, no fue impulsada por el macrismo en Diputados y perdió estado parlamentario. En noviembre, la misma ley fue aprobada en la Cámara baja por unanimidad y las organizaciones de inquilinos reclaman que se incluya en la agenda de las sesiones extraordinarias para su tratamiento en el Senado.

Allanan casa de integrantes del FOL

El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) denunció que efectivos de la Policía Federal allanaron la casa de dos de sus integrantes en la ciudad de Fiske Menuco (General Roca), Río Negro, «bajo una supuesta ‘causa por extorsión’, sin haber sido notificado en el momento del allanamiento». Asimismo, la organización relató que «entraron violentamente» y «procedieron a llevarse computadora, teléfono celular, y todos aquellos papeles que tengan alguna vinculación con la organización». La causa está a cargo del juez federal Hugo Greca, «quién carga en sus espaldas la criminalización de distintas luchas que se vienen dando en la región», lo cual la organización considera «una clara persecución política a una organización que en el marco del ajuste, precarización y crisis económica, lucha por trabajo y realiza actividades laborales en cooperativas, además de tareas educativas y sociales con fines comunitarios». El FOL concentró el jueves en la sede del Poder Judicial Federal de la ciudad, para que se les informe del estado y actuaciones de la causa, y el viernes dará una conferencia de prensa.

Cooperativas porteñas

Reproducimos comunicado: En este contexto social y económico, vemos con gran preocupación la demora en la prórroga de los convenios de trabajo para este año 2020, debido a la consecuente demora del pago de enero, teniendo en cuenta que ya está finalizando el mes de febrero. En el caso de nuestro sector, esta situación tiene un impacto profundo, ya que nuestros ingresos son destinados principalmente al consumo para satisfacer las necesidades básicas más elementales de nuestras familias y dada la situación económica no nos permite llegar a fin de mes.

Exigimos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una urgente recomposición de ingresos del 30% correspondiente al año 2019, para compensar lo perdido y el adelanto del nuevo convenio. En la Ciudad más rica del país no podemos resignarnos a trabajar en condiciones de tal precariedad.

Asimismo, ante una economía en crisis, exigimos también la reapertura de los programas de trabajo que fueron cerrados por la gestión del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, así como la igualación de los convenios para todas las cooperativas.

Finalmente, destacamos el arduo trabajo y dedicación de las compañeras que cocinan día a día para cientos de familias. Al mismo tiempo denunciamos que el gobierno porteño ha incumplido los acuerdos con los comedores y merenderos: tanto de mercadería a granel como los asistidos con raciones para dichos grupos comunitarios. Esta ausencia del Estado agrava notablemente nuestras condiciones de vida por lo cual el reclamo de actualización que estamos reclamando es de imponente urgencia.

Las organizaciones abajo firmantes, exigimos:
– Aumento para las y los cooperativistas YA
– Apertura de los programas de empleo y construcción de nuevos puestos de trabajo
– Igualación de los convenios a todas las cooperativas
– Regularización y actualización de la situación de los comedores
– Entrega inmediata de útiles escolares y guardapolvos
– Actualización de compras a los productivos de la economía popular

Encuentro de Organizaciones Populares:
Barrios de Pie, Movimiento Evita, Corriente Clasista y Combativa, Frente Popular Darío Santillán (FPDS), Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), CTA Autónoma Capital, Frente Popular Venceremos, Movimiento Octubres, La Poderosa, Organizaciones de Base Autónoma (FOB-Autónoma), Movimiento Resistencia Popular (MRP), MTL Rebelde.

Fuentes: Tiempo Argentino, Red Eco Alternativo, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Clarín, Ambito Financiero, Infogremiales, APU, Anred, argentina.indymedia, Mundo Gremial

Fuente de la Información: https://rebelion.org/la-deuda-o-la-vida-2/

Fuente de la Imagen: TELESUR

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