OIT UNESCO /16/10/2019
Dada la importancia de este documento histórico, para el debate actual de la situación de los y las docentes, nos permitimos difundirlo para el uso del magisterio regional
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Argentina: Deuda, FMI y auditoria en un contexto inédito:
Deuda, FMI y auditoria en un contexto inédito
Claudio Katz
Macri no pudo traspasar la crisis al próximo presidente y dejará una economía en demolición. Se salvó de adelantar las elecciones y afrontar una rebelión popular semejante a Ecuador, pero llega desvanecido al final de su mandato.El decaído presidente se despide con actos patéticos, promesas ridículas y una gestión despistada. Arrió sus últimas banderas neoliberales con la intervención de los precios, el cepo cambiario, la ley de abastecimiento y el inicio del default. Como implementa esas medidas con gran desgano, los resultados son nefastos. Pero la gran incógnita es el alcance de la bomba que transfiere. Nadie sabe si lo peor ya pasó.
Improvisaciones al por mayor
La fuga de capital desencadenó el desplome actual. La salida de fondos alcanzó el pico más elevado desde el 2003 y acumula 20.000 millones de dólares desde principio de año. Las reservas son rifadas al compás de la devaluación, entre días de furibundo remate y jornadas de simple goteo.
Los propios economistas ortodoxos reclamaron la introducción del control de cambios y Macri tiró la toalla. No pudo frenar la vertiginosa hemorragia de dólares y recurrió al denigrado cepo. Improvisó disfraces de esa regulación, pero se encamina a redoblar todas las restricciones cambiarias.
Ya se avecinan nuevas limitaciones a la compra de divisas (turismo, escrituras, pago de importaciones) y es probable el desdoblamiento del mercado, en un dólar turístico-financiero y otro comercial. El denominado “contado con liquidación” (que utilizan las empresas para comprar bonos en el país y venderlos afuera) es el anticipo de esa segmentación.
Los comunicadores se amoldan al nuevo escenario y archivan sus viejos latiguillos contra el cepo. Pero como el gobierno lo aplica en forma tardía y sin ninguna convicción, el control de la divisa naufraga en forma acelerada. Esa supervisión exige reglamentaciones e inspecciones, que fueron desarmados por los funcionarios de Cambiemos.
La misma ineficacia se verifica en la obtención de los dólares que retienen los exportadores. La obligación de liquidar esas divisas ha sido desoída por las cerealeras. Saben que el gobierno no quiere, ni puede forzarlas a entregar los dólares y esperan un pico superior de devaluación para ingresar los fondos. Observan atentamente la cotización del dólar blue y especulan con el mejor momento para vender.
El mayor peligro en ciernes es la reactivación de la corrida bancaria. Los pequeños depositantes comenzaron a retirar sus depósitos siguiendo la conducta de los grandes jugadores. La memoria del Plan Bonex (1989) y del corralito (2001) mantiene encendidas todas las alarmas de la clase media.
El gobierno respondió con la extensión del horario de atención de los bancos y la masiva importación de billetes estadounidenses. También explicó que la contraparte actual de los depósitos en dólares son préstamos en la misma moneda a los exportadores y reaseguros en el Banco Central. Pero como los decrecientes dólares de ese organismo están tironeados por múltiples demandas, aumentan las dificultades para satisfacer a los ahorristas .
Los bancos no sólo afrontan la continuada salida de depósitos. Han reemplazado su tradicional función crediticia por la especulación con bonos públicos de altísimo rendimiento. Por eso incubaron la bomba de las Lebacs, que terminó licuada con la última mega-devaluación. El destino de los papeles sustitutos (Leliqs) es más incierto. Si se agota el refinanciamiento del Banco Central podría irrumpir un canje compulsivo. Los bancos ya comenzaron a escaparse a otros títulos (pases), pero el círculo de su alocada bicicleta se está cerrando.
La tragedia social
La inflación que Macri prometió resolver de taquito se ha desbocado. Ya se aproxima al 60% anual y todavía falta el traslado a los precios minoristas de los efectos de la última devaluación. Los capitalistas remarcan a un ritmo desaforado, desconociendo los inconsistentes parches del gobierno. El régimen de “precios esenciales” y la reducción del IVA no han morigerado la carestía.
La credibilidad de los funcionarios que se despiden es tan reducida, como la efectividad de sus acciones. Los propios ministros olvidan los decretos que emitieron en la jornada anterior. El congelamiento por tres meses de las naftas sólo duró 33 días y el severo programa de emisión cero ha sido directamente abandonado.
El oficialismo ha perdido el manejo de todos los resortes de la economía. La caída del 2,7% del PBI en el 2019 afianzará un ciclo recesivo, que ha desvalorizado las empresas a un nivel comparable con el 2002. La cotización bursátil de las principales firmas se desplomó en un 80 por ciento y están regaladas para los grandes inversores del exterior. Habrá que ver si se consuma otra gran oleada de desnacionalización del aparato productivo.
Este gravísimo contexto económico ha provocado una t ragedia social mayúscula. Las devaluaciones, los tarifazos y el castigo a los ingresos populares dispararon la pobreza al 35,4% y ese porcentual se aproximará al 40%, antes de fin año. En uno de los principales países exportadores de alimentos hay cinco millones de personas que no acceden a los consumos básicos. Basta recorrer los comedores comunitarios para corroborar esa nueva epidemia de inseguridad alimentaria.
La emergencia contra el hambre aprobada en el Congreso sólo redistribuye partidas de un presupuesto sub-ejecutado. En los hechos, incorpora una bajísima suma de dinero que no asegura leche, carne o almuerzos suficientes a millones de indigentes. El drama de este segmento es complementado por la pauperización de los trabajadores ocupados, que perdieron el 30% de su salario desde el 2015. Esta dantesca herencia de Macri puede incluso agravarse, si estallan nuevas convulsiones cambiarias, bancarias o inflacionarias, antes de la asunción del nuevo presidente.
Un default en expansión
La herencia más impactante de Macri es el nuevo default de la deuda. El gran fantasma que el gobierno utilizó para denigrar a la oposición y atemorizar a los electores ha sido finalmente corporizado por el propio oficialismo. Por ahora el impago es limitado, pero tiene altas chances de extenderse.
La prórroga forzosa de los vencimientos afecta a varios bonos de corto plazo. Son títulos internos que el gobierno no pudo saldar y prometió refinanciar con un plan que continúa elaborando. Hasta ahora, ni siquiera se sabe cuáles son los papeles incluidos en esa reestructuración.
Macri implementa el default más insólito de los ocho que arrastra la historia nacional. Con el “mejor equipo de los últimos cincuenta años” dejó de pagar una deuda emitida durante su propio mandato. Esa decisión involucra un pasivo en moneda nacional, que en muy pocos países dejan en el aire.
Los títulos impagos son habitualmente utilizados por las empresas para financiar su giro cotidiano. Esas firmas reemplazan ahora esos documentos por el encarecido crédito bancario o por el simple corte de la cadena de pagos. Esta adversidad agrava la depreciación de las compañías y el consiguiente desplome de la economía. Pero p ara encubrir el default, los publicistas oficiales encontraron un nuevo eufemismo: “reperfilamiento de la deuda”.
Con esa denominación llegó al Congreso una propuesta de canje de otra porción del pasivo de más largo plazo, emitido bajo jurisdicción argentina. Los tiburones de las finanzas (que siguen manejando el Ministerio de Hacienda) aspiran a repetir el recordado negociado que instrumentó Cavallo (“megacanje”). Pretenden inflar con mayores tasas una deuda que se encamina al default, para lucrar con futuros litigios de cobranza. Algunas versiones señalan a Caputo y a los grandes fondos (Templeton, BlackRock) o bancos (J.P. Morgan) en la trastienda de esta operación.
Los medios especializados sólo discrepan en la fecha o el alcance de un default más general. La tasa de riesgo-país confirma esas predicciones, ante la evidente ausencia de los dólares requeridos para saldar los compromisos. Atribuir este quebranto al entierro electoral sufrido por Macri en las PASO es otro despiste del periodismo cortesano. Ese resultado apenas agregó otra anécdota, al desmoronamiento financiero iniciado en abril del 2018. En ese momento se cortó el crédito y apareció la soga que el FMI ha enhebrado sobre el cuello de Argentina,
Macri batió todos los récords imaginables. Incremento de la deuda a un ritmo de de 4 millones de dólares por hora, 90 millones por día, 3 mil millones por semana y 35 mil millones al año. Le deja a su sucesor vencimientos por 223.000 millones de dólares, equivalentes al 40% del producto, con un 77% de los intereses y el capital en moneda extranjera.
Esos pasivos asfixian con la misma intensidad a las provincias, que desde el 2016 multiplicaron su endeudamiento por seis. La carga ya explotó en Chubut, que tiene comprometido el 70 % de su recaudación con los acreedores y paga los sueldos en cuotas. El mismo drama se avecina en otras provincias.
Suspender y reordenar los pagos
El default de Macri comienza a modificar los lugares comunes que instaló Cambiemos. La inconmovible prioridad de pago a los acreedores ya empalidece frente a otras urgencias, como el hambre generado por el ajuste. También la cesación de pagos ha perdido su status de concepto prohibido. Muchos perciben la necesidad de transformar su caótica generalización, en una ordenada suspensión de las erogaciones. Ese manejo permitiría contener la devastación de la economía.
Un desahogo de la deuda es imprescindible para recomponer los ingresos y reactivar la producción. Sin ese respiro es dudoso el esperado rebote que sucede a la recesión. No alcanza con el superávit comercial o la elevada capacidad ociosa que generó la crisis. El torniquete continuará provocando un círculo vicioso de mayores recaídas, si los financistas cobran mientras Argentina languidece.
Las expectativas en una reactivación espontánea a partir de diciembre se basan en la analogía con el 2002. Pero conviene recordar que ese repunte se sostuvo en cinco años de total paréntesis en los pagos de la deuda. La misma suspensión es más necesaria en la coyuntura actual, frente a los severos límites que afronta la salida de la recesión.
A pesar del descomunal ajuste fiscal, Macri se irá con un desequilibrio primario muy alejado del excedente comprometido con el FMI. El déficit secundario es enorme por la acumulación de intereses (que ya degluten el 21,5 % de los recursos tributarios) y el agujero cuasi-fiscal creado por las Leliqis es directamente explosivo. En ese marco, la utilización del gasto público para “encender la economía” choca con las exigencias de recorte fiscal, que mantienen los financistas.
Es cierto que el sector externo exhibe nuevamente superávits significativos, al cabo de una tormentosa escalada de devaluaciones. Pero ese resultado obedece a la caída de las importaciones y a la significativa cosecha que sucedió a la sequía. Conviene registrar que el estancamiento de los precios internacionales, no augura escenarios auspicios para el comercio exterior.
Por otra parte, la inversión privada sigue aplastada por la altísima inflación, las astronómicas tasas de interés y la brutal contracción del mercado interno. Para reactivar el paralizado circuito fabril hay que neutralizar esas restricciones.
La recomposición del consumo debería ser el motor del repunte, luego de la impresionante la caída del poder adquisitivo. Pero esa resurrección no llegará, si la economía permanece sometida al encadenamiento de la deuda.
Alternativas de renegociación
Alberto Fernández ha subrayado la conveniencia de renegociar la deuda, en lugar de suspender su pago. Pretende encarar tratativas que incluyan la prórroga de los vencimientos y (o) una eventual quita del capital adeudado. En ambos planos se avizoran conversaciones muy duras.
De las distintas opciones en juego el futuro presidente ha ponderado el modelo uruguayo, que alargó pagos sin ninguna punición significativa del pasivo. Es la alternativa predilecta de los fondos de inversión, que ocultan el severo ajuste requerido para implementarlo. También omiten que el volumen de los bonos uruguayos era muy pequeño, en comparación a la montaña de obligaciones que afronta Argentina.
Quiénes observan con mayor realismo el futuro de la actual hipoteca destacan la alta probabilidad de una quita. En las últimas 10 reestructuraciones internacionales de pasivos se registraron 6 reducciones de ese tipo (Argentina, Iraq, Ecuador, Costa de Marfil, Grecia y Ucrania). El promedio del recorte fue 40%, en las 187 recomposiciones de deudas nacionales concretadas desde 1970.
El caso más reciente de Ucrania (2015) se ubicó por debajo de esa media y la reducción efectiva de Grecia es motivo de controversia. Lo que todos conocen de ese país es la interminable pesadilla de ajustes que soporta su pueblo.
La mayor quita reciente se registró en Argentina en 2002-2007. Es el antecedente que Alberto propone evitar. Argumenta que el país no puede repetir -en tan corto plazo- un recorte tan drástico. Pero olvida que con la misma brevedad se consumó otro escandaloso endeudamiento.
La gran novedad de la próxima renegociación será el lugar del FMI, como acreedor principal del pasivo. Ese organismo nunca estuvo tan involucrado en esa condición. Desembolsó en un brevísimo plazo 45 mil millones de dólares y convirtió súbitamente a la Argentina en su gran prestatario. El único propósito de esa monumental concesión de dinero fue el financiamiento de la fracasada reelección de Macri que demandó Trump.
El FMI se encuentra actualmente muy dividido y aumentan los pases de facturas, para dirimir quién cargará con la culpa de semejante aventura. La prioridad del organismo es cobrar y por eso alienta la aplicación de una quita a los acreedores privados. Esa llamativa violación de sus normas está dictada por las necesidades de cobro. Por eso exige un recorte de los pagos al resto.
El Fondo busca evitar un default en carne propia, que afectaría a la institución rectora de todas refinanciaciones mundiales. Además, sus directivos perciben que la crisis argentina puede generar impactos globales. Si afecta directamente al propio Fondo desencadenaría nuevas turbulencias en los mercados.
Por el momento el FMI tantea el terreno y despliega un doble juego. Por un lado, mantuvo el bloqueo a la concreción de la última cuota de su mega-crédito (5400 millones de dólares). Los favores de último momento de Macri fueron insuficientes. No bastó el decreto autorizando la peligrosa importación de desechos reciclados. El enojo de FMI con su fracasado títere del Cono Sur persiste, a pesar de la conversión de Argentina en un basural de Estados Unidos.
Pero el Fondo autorizó, al mismo tiempo, el uso de otros 7000 millones de dólares (que Banco Central mantenía como reserva intocable), para abrir una puerta de negociación con Fernández. Ese guiño evita la inmediata ampliación del default a otros bonos.
El FMI necesita disimular sus flaquezas para preservar la imagen de organismo todopoderoso, ante el agujero generado por la insolvencia de su último cliente. Como en toda gran deuda, el problema ya se localiza en la contabilidad del acreedor. La cuantía del pasivo no es tan importante como su impacto. El caso argentino tiende a renovar en varias latitudes, la crítica generalizada al comportamiento saqueador de los organismos financieros internacionales.
Auditoria para conocer los responsables
El esquema económico, el gobierno de Macri y el FMI comparten la responsabilidad del dramático escenario actual. La incidencia del modelo salta a la vista y repite el nefasto desemboque de todos los experimentos neoliberales. Ese derrumbe no fue un propósito deliberado del oficialismo, para disciplinar a la población y enriquecer a sus socios. Macri no quería inmolarse, ni terminar enemistado con los grandes capitalistas. Lo sucedido tiene una explicación más sencilla. Cambiemos repitió la misma secuencia de todos sus antecesores derechistas.
El gobierno intenta diluir esa culpabilidad directa con despechadas críticas a todos los argentinos (“somos irresponsables”). Acusa al conjunto de la sociedad (“no nos acompañó”) y retrotrae los males a la historia nacional (“siempre endeudados”). Pero ninguno de esos pretextos disuelve la responsabilidad de los funcionarios que estamparon su firma en la concreción de la hipoteca.
Esos individuos deben responder por obligaciones concertadas con infinitas irregularidades. Desde el momento que la deuda no pasó por el Congreso, su legalidad es altamente cuestionable. Fue consumada a través simples e incongruentes decretos. La ilegitimidad de esa operación es resaltada por varios movimientos y personalidades, que demandan la publicidad de todos los términos del acuerdo con el FMI. Ese conocimiento permitiría promover su nulidad.
La responsabilidad del Fondo es obvia. El organismo violó su propia carta orgánica al conceder un préstamo enorme (que renovó varias veces), sin considerar los incumplimientos del deudor. Más grave fue el aval otorgado a la fuga de capitales, que está explícitamente penalizado en este tipo de créditos.
El FMI argumenta que socorrió a un demandante de auxilio, pero oculta que lo hizo por reclamo de Trump para sostener a Macri. Olvida, además, que prometió actuar con sensibilidad social y ha dejado una terrible secuela de indigencia.
La deuda con el FMI es una estafa mayúscula. Todo el país asume un compromiso por un dinero que se esfumó en forma vertiginosa. Ni un sólo dólar de los 50.000 millones aportados se tradujo en inversiones. Esos recursos fueron capturados por grupos financieros que consumaron el mayor fraude de la historia reciente. Ellos deben afrontar las consecuencias de esa apropiación. Es la deuda de un puñado de millonarios y no la obligación de todos los argentinos.
La fuga de capitales se consumó en esta ocasión a la vista de toda la ciudadanía. Involucra especialmente los 80 mil millones de dólares expatriados en los últimos cuatro años. Como existen datos muy precisos de esas transferencias, una rápida auditoría identificaría a los beneficiarios de esa operación. Antes de discutir cuánto y cómo se paga de la deuda hay que esclarecer quién se apropió de ese dinero.
Las experiencias de auditorías de Grecia y Ecuador podrían servir de modelos a la investigación de Argentina. No es necesario remontarse al pasado dictatorial, ni lidiar con la documentación perdida. Hay que poner la lupa en funcionarios como Caputo, que emitieron insólitos bonos a 100 años e hicieron negocios para sus propias consultoras.
La inmediata repatriación de todo el patrimonio del alto funcionariado de Cambiemos constituiría un simbólico inicio del nuevo tratamiento de la deuda. También correspondería investigar cómo fue devastado el Fondo de Garantía las jubilaciones, que Macri recibió con 67.000 millones de dólares y devuelve con menos de 22.000 millones.
Hay múltiples instrumentos para concretar una auditoría expeditiva. El blanqueo de capitales ofrece una base de datos para entrecruzar información. Ese operativo transparentó 116.800 millones de dólares de los 300.000 millones afincados en el exterior.
La au ditoría es también una necesidad política, para cualquier gobierno que pretenda legitimar su gestión. Es imprescindible conocer lo ocurrido con la deuda. Esa clarificación sería el punto de partida de un verdadero “n unca más” (como sucedió con la CONADEP) . Introduciría un quiebre definitivo en el fraude recurrente que padece la Argentina.
¿Reconstuir desmovilizando?
Alberto Fernández soslaya la ilegitimidad de la deuda y sugiere “cerrar la grieta” con un borrón y cuenta nueva. Pero su mensaje de reconstruir el país “entre todos” (y sin que nadie pague) carece de realismo. No hay forma de recomponer la economía, si se consagra la impunidad de los vaciadores del país. La ilusión de reconstruir Argentina con sus destructores será aprovechada por la derecha para rehacer sus filas. Utilizará el desahogo para preparar otro retorno.
Alberto espera afrontar un escenario parecido al imperante durante la gestión de Néstor Kirchner. Supone que la reactivación del consumo y la producción sucederán al Pacto Social y estima que los empresarios relegarán su rentabilidad, para facilitar el rebote de la economía. Pero olvida que los capitalistas siempre responden con el bolsillo a esos mensajes del corazón. Desconoce, además, que ese idílico contexto puede quedar diluido, si se repite el turbulento escenario que por ejemplo afrontó Menen al comienzo de su mandato. En esa ocasión una crisis irresuelta tardó dos años en tocar fondo.
En la campaña electoral Alberto transmite a cada público lo que quiere escuchar. Por un lado sugiere mensajes progresistas de mejora salarial, recuperación de los ingresos, penalización de los banqueros, impuestos al patrimonio y planes de tarjeta alimenticia.
Al establishment le habla con otro lenguaje de garantía a los negocios. Los trascendidos sobre la explotación de Vaca Muerta con fideicomisos externos son la contracara del modelo boliviano de captura estatal de la renta. Los candidatos a ocupar el Ministerio de Economía son más descarnados. Ponderan el dólar competitivo y demandan posponer la redistribución de los ingresos.
Lo más preocupante es la inmediata cogestión de una transición que avale la inflación galopante. Esa carestía podría consumar el “trabajo sucio” que inicio la última mega-devaluación. Presentar esa agresión como un dato ajeno (“gobierna Macri”) es tan engañoso, como exigir que “se cuiden los dólares de las reservas”, omitiendo las consecuencias devaluatorias de ese mensaje.
Alberto promete un alivio que llegaría con las calles vacías, a través de las urnas. Como enfatiza esa conveniencia de la desmovilización popular, convocó al abandono de las manifestaciones sociales y al levantamiento del paro aeronáutico. Sus voceros afirman que es un llamado transitorio para engrosar la base electoral. Pero preparan un mensaje parecido para los próximos meses, que objetará los reclamos activos a un gobierno recién llegado.
En ese terreno de la movilización se juega la posibilidad de recomponer el ingreso popular. Sin lucha social, triunfos por abajo y cambios de las relaciones de fuerza, no habrá mejoras significativos para el grueso de la población. Conviene recordar que las conquistas logradas durante el Kirchnerismo fueron un eco tardío de la rebelión del 2001. Cualquier pulseada con el FMI, sin el pueblo en la calle será una batalla perdida.
La gravitación de la movilización se verificó nítidamente en las últimas semanas. Las marchas y los acampes de los movimientos sociales impusieron la acelerada sanción la ley de emergencia alimentaria, con el evidente propósito de descomprimir la calle. No se obtuvo todo lo pedido (reapertura de los planes a los nuevos desocupados y aumento de la AUH), pero la agenda giró hacia la problemática del hambre.
El gran nivel de organización de los movimientos sociales constituye una diferencia con 1989 y el 2001 que atemoriza a las clases dominantes. Esa fortaleza abre caminos para imponer las demandas populares. Lo mismo ocurre con el reforzado movimiento sindical, si emerge del letargo impuesto por la dirigencia. La acción directa define el futuro del país. Es la gran disyuntiva en curso. Ocupar la calle para recuperar conquistas o aceptar la desmovilización y resignar lo perdido.
Resumen
Macri deja una herencia catastrófica, con improvisaciones finales contrapuestas a su credo neoliberal. Inició un insólito default, que debería transformarse en suspensión y reordenamiento de todos los pagos. Otras alternativas de renegociación no permitirán recomponer el ingreso popular. El FMI comparte con el modelo económico y el gobierno la responsabilidad del colapso actual. Afronta, además, severos cuestionamientos que afectan su status de acreedor privilegiado. Para esclarecer cómo se financió la fuga de capital corresponde implementar una auditoría, que surgirá de la movilización popular. Esa presencia callejera es indispensable para recuperar lo perdido.
Claudio Katz. Economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI. Su página web es: www.lahaine.org/
Autor: Claudio Katz
Fuente de la Información: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=261411
América Latina hace frente a la obesidad
BID / 16/10/2019
Informe elaborado por Steven Ambrus worked as a correspondent for US and European media during two decades in Latin America, covering politics, education, the environment and other issues. He currently works in the communications and publications unit of the Research Department at the IDB.
Tomó diez años, una epidemia completa y dos médicos de los más altos rangos del gobierno—pero tras la resistencia feroz de la industria alimentaria, Chile finalmente promulgó una ley que hace frente al problema de la obesidad. Dicha ley es considerada por los expertos en nutrición como una de las más estrictas del mundo, si no la más estricta.
La ley, que entró en vigor en 2016 con un firme liderazgo del senador y cirujano Guido Girardi y la expresidenta y pediatra Michelle Bachelet, exige que todos los productos con un alto contenido de azúcar, grasas saturadas, calorías y sodio exhiban etiquetas negras de advertencia. Esta ley, que también prohíbe la venta de dichos productos en las escuelas y limita estrictamente la forma en que estos pueden ser anunciados, ya está marcando la diferencia. Aunque es demasiado pronto para saber si dicha ley tendrá repercusiones sobre los altos índices de obesidad, un estudio reciente revela que ha logrado mejorar la percepción de los niños sobre los alimentos y la responsabilidad de las madres al adquirirlos, justo cuando la industria alimentaria está comenzando a replantearse cómo lograr métodos más sanos.
Para no quedarse rezagados, otros países de la región, incluyendo México, Uruguay, Perú y Brasil, han emprendido la batalla con medidas que van desde colocar etiquetas de advertencia hasta cobrar impuestos sobre los refrescos. Con ello buscan revertir la epidemia que ha llevado a uno de cada cuatro adultos en América Latina y el Caribe a ser obesos, con consecuencias potencialmente letales en términos de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y cáncer.
El BID examina el problema de la obesidad en lo que respecta al deporte
En 2018 el BID publicó un estudio que abordó el problema desde el punto de vista del ejercicio. El estudio titulado Deporte para el desarrollo, reportó que en la región los adolescentes y adultos se encuentran por debajo del promedio mundial en lo que respecta al ejercicio físico y que más de cuatro de cada cinco adolescentes realizan menos de una hora de actividad física entre moderada y vigorosa al día, un porcentaje solo superado por los jóvenes de la región mediterránea oriental. Esa inercia física no solo pone en riesgo la salud, según reveló el BID, sino que además podría dar lugar a una menor productividad, más días por enfermedad y mayores costos de salud. Sin embargo, el gasto público vinculado al deporte en la región no pasa del 0,1% del PIB, aproximadamente un tercio de lo que gastan los países europeos.
El BID también ha venido apoyando programas de deporte para el desarrollo en la región y ha recomendado proyectos piloto para programas de ejercicio que permitirían la evaluación necesaria para ver qué tipo de programas funcionan mejor.
Entretanto, los esfuerzos de varios países de la región para hacer frente de manera enérgica al otro pilar del problema -la dieta- han sido impresionantes. En México en 2014 entró en vigor un impuesto del 10% sobre las bebidas azucaradas y en el lapso de un año se redujo el consumo en un 12%, donde los más beneficiados fueron los hogares más pobres. El país también aplicó un impuesto del 10% sobre la comida chatarra. Brasil ha publicado de manera voluntaria pautas para comer sano. Perú y Uruguay están avanzando rápidamente para exigir que ciertos alimentos exhiban etiquetas de advertencia, similares a las utilizadas en Chile. Y los ministros de salud de Mercosur se reunieron en junio de 2018 para considerar la posibilidad de tomar esas mismas medidas en todos los países.
Chile como líder en la lucha contra la obesidad
Chile es líder de la región y quizás del mundo. Las etiquetas de advertencia, obligatorias en ciertos productos, y la prohibición de personajes de dibujos animados en productos con niveles peligrosos de azúcar y otras sustancias, están dando resultado. Dichas reglas según se informa, han provocado una disminución del 25% en la compra de bebidas azucaradas y del 9% en la de cereales azucarados. Las madres afirman que la influencia ejercida por los medios de comunicación, las escuelas y, sus propios hijos, ha cambiado su forma de comprar para incluir productos más saludables.
Se está dando un cambio cultural, y no es para nada prematuro. Se podría tardar una generación entera o más para que se vea el pleno efecto de las nuevas actitudes. Pero el ejemplo de Chile y la comprensión de que unas mejores políticas puedan transformar la actitud hacia la alimentación por parte de los niños, los padres y la industria alimentaria, nos hace abrigar la esperanza de que la región pueda revertir el problema de la obesidad y vencer sus terribles consecuencias para la salud.
Ecuador: del centro al fin del mundo
Ecuador: del centro al fin del mundo
Boaventura de Sousa Santos
Traducción de Antoni Aguiló
Como su propio nombre indica, Ecuador está situado geográficamente en el centro del mundo. Todo lleva a creer que el neoliberalismo ha decidido llevar a cabo su agenda de fin del mundo en este país. Como es sabido, el neoliberalismo es la versión más antisocial del capitalismo global porque está estrictamente vinculada a los intereses del capital financiero. No reconoce otra libertad que la libertad económica, por lo que le resulta fácil sacrificar todas las demás. Por cierto, es bueno que los portugueses sepan esto con respecto al partido Iniciativa Liberal, la versión más tardía del liberalismo en forma de bancarrota. La especificidad de la libertad económica es que se ejerce en la medida exacta del poder económico que uno tiene para ejercerla y, por tanto, su ejercicio siempre implica una forma de imposición asimétrica sobre los grupos sociales que tienen menos poder y una forma de violencia brutal sobre los que no tienen poder, la gran mayoría de la población empobrecida del mundo. Tal imposición y violencia siempre se traduce en la transferencia de riqueza de los pobres (traducida en las magras políticas de protección social del Estado) a los ricos y en el saqueo de los recursos naturales, así como de los activos económicos, cuando los hay. El Fondo Monetario Internacional es el agente encargado de legalizar el robo en el que se traducen las políticas de austeridad impuestas por el capitalismo financiero.
El robo es tan evidente hasta el punto de que el montante de los préstamos casi siempre equivale a los beneficios públicamente contabilizados que se ofrecen a los acreedores internacionales y a las grandes corporaciones multinacionales que se articulan con ellos. Los casos más recientes de este proceso van desde Grecia hasta Portugal (2011-2015), desde Argentina hasta Brasil y muchos países africanos. Lo que está sucediendo en Ecuador representa el paroxismo, el momento de máxima intensidad de la voluntad destructiva del neoliberalismo. Con el fin de salvaguardar el derecho al robo legal por parte de los acreedores y las empresas multinacionales, el país se incendia socialmente, se declara un estado de excepción rápidamente legitimado por una Corte Constitucional cómplice, se movilizan las Fuerzas Armadas entrenadas por la infame Escuela de las Américas (hoy con un nombre diferente que borra la historia para mantener los propósitos) a fin de ejercitarse en la lucha contra los enemigos internos, es decir, las grandes mayorías empobrecidas, se asesina y hiere a los manifestantes y se provoca la desaparición de cientos de niños. Es una estrategia maximalista y de fin del mundo dispuesta a arrasar el país para hacer cumplir la voluntad imperial y de las élites locales a su servicio.
Lo más trágico de todo es que Ecuador fue el país de la esperanza en la primera década de este siglo. Tuve el placer de ser consultor en la elaboración de una de las constituciones más progresistas del mundo, la Constitución de 2008, la primera que en su articulado consagró los derechos de la naturaleza y ofreció una alternativa al desarrollo capitalista. Una alternativa que se basaba en los principios de armonía con la naturaleza y de reciprocidad que los pueblos indígenas siempre han practicado, un modelo de vida que, por resultar tan extraño a la lógica occidental, tuvo que consagrase en su versión original, en lengua quechua, el suma kawsay, traducido imperfectamente por buen vivir. Los años siguientes fueron años de experimentación innovadora y grandes expectativas, de manera especial para los pueblos indígenas que, sobre todo desde 1990, venían luchando por el reconocimiento de sus derechos, el respeto de sus formas de vida y la dignidad de su existencia como supervivientes del gran genocidio colonial moderno, perpetuado hoy por el nuevo colonialismo y el racismo que durante décadas caracterizó tanto a los partidos políticos de derecha como de izquierda.
La presidencia de la República la ocupaba Rafael Correa, un gran comunicador, sin gran arraigo en los movimientos sociales, con un discurso antimperialista, siempre polémico en sus posiciones y poco tolerante con las divergencias en su propio campo político. A pesar de ello, realizó un trabajo notable de renegociación de la deuda externa y de redistribución social, aunque erróneo y tal vez insostenible por dos razones principales. Por un lado, tenía dificultades para reconocer en los pueblos indígenas algo más que gente pobre; sus derechos colectivos, su cultura y su historia apenas contaban; la redistribución social implicaba centralismo de Estado y la liquidación de las autonomías territoriales del autogobierno indígena, garantizadas al menos desde la Constitución de 1998; pronto trabajó duro por demonizar a los líderes indígenas. Por otro lado, en contra de la Constitución e invocando dificultades financieras, adoptó el modelo de desarrollo capitalista neoextractivista (centrado en la extracción de recursos naturales, especialmente petróleo), aunque dando preferencia a los inversores chinos en detrimento de los inversores norteamericanos tradicionalmente presentes. En los últimos años, Correa fue abandonado por una buena parte de la izquierda ecuatoriana, no solo por su desarrollismo, sino por su virulencia contra los líderes indígenas. Yo mismo fui crítico con Correa, pero nunca compartí los excesos de cierta izquierda, ungida por la izquierda ecologista europea, que llegó a considerar a Correa como un líder autoritario de extrema derecha. Hoy deben estar experimentando un baño de realidad sobre lo que verdaderamente es la extrema derecha en Ecuador y en todo el subcontinente.
Rafael Correa estuvo en el poder entre 2007 y 2017 y fue relevado por su vicepresidente durante varios años, ahora presidente, Lenín Moreno. Inicialmente, dio la idea de que lo que cambiaría solo sería el estilo de gobierno, no la sustancia. Sin embargo, quien conocía los antecedentes de Moreno debería haber estado estar más atento. Nadie se dio cuenta de que la persecución judicial contra Correa por presunta corrupción, que Moreno patrocinó, no era más que otra versión de la nueva estrategia estadounidense para neutralizar a los gobernantes que pusieran en peligro los intereses de las empresas estadounidenses, especialmente en el sector petrolero: la supuesta lucha contra la corrupción. Fue así contra Lula da Silva y Cristina Kirchner, entre muchos otros. Poco a poco, Moreno fue mostrando su verdadero propósito: realinear Ecuador con los intereses de Estados Unidos. El acuerdo con el FMI culminó la celebración de esta alianza. El llamado «paquetazo» decretado el 1 de octubre, el paquete de medidas de austeridad, es de una violencia extrema para las familias de bajos ingresos, la gran mayoría de la población ecuatoriana.
La trágica trayectoria de las recetas del FMI es de sobra conocida. Nunca dan nada más que buenos negocios para sus inversores. Siempre resultan en el empobrecimiento de las grandes mayorías. A pesar de ello, o tal vez por ello, siguen aplicándose y, cada vez que se aplican, se anuncian como la única alternativa para salvar el país. Que el FMI sea indiferente a las desastrosas consecuencias sociales de sus recetas no resulta sorprendente, porque no se puede exigir que el capitalismo haga otra filantropía que la que redunda en su propio interés (y por tanto no es verdadera filantropía). Lo sorprendente es que Lenín Moreno parece no recordar que la resistencia de los pueblos indígenas, una resistencia aprendida a lo largo de los siglos, ya ha derribado a tres presidentes desde 1990, y es muy probable que él sea el próximo. Lo más trágico para el pueblo ecuatoriano es que los anteriores derrocamientos presidenciales (1997, 2000, 2005) fueron mucho menos violentos de lo que se anuncia para el siguiente. La tímida declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuya incapacidad para defender con autonomía los derechos humanos es bien conocida, es una señal de los tiempos autoritarios en los que nos encontramos. La esperanza de Ecuador reside en la dignidad de su pueblo. Para estar a la altura de esta dignidad, la solidaridad de los demócratas del mundo con el noble pueblo ecuatoriano debe ser inequívoca y activa.
Los Límites de la Enunciación
Por: Fernando Buen Abad
Un zopenco “sentido común” reza, con desparpajo disfrazado de “librepensador”, que “todos pueden decir lo que se les de la gana”; que se es “libre de opinar” y que, al amparo del subjetivismo y el individualismo (“todo es según el color del cristal con que se mire”) se suelta la lengua bajo el capricho de conspiraciones o compulsiones. Vivimos bajo el imperio de un verdadero torneo de irresponsabilidades lenguaraces. En especial cuando de detecta que, en una controversia asimétrica, el “más fuerte” procede con una ofensiva, grosera y ultrajante, que pasa del origen de una discusión al ataque -e insulto- personal.
Si se pone en riesgo la vida, el bienestar, la salud, la integridad o los derechos humanos fundamentales… ¡no se puede soltar la lengua al antojo!. Si se miente, se calumnia, se injuria… nadie tiene derecho a la pretendida “libertad” -a cualquier costo- con cualquier pretexto. Y no importa el “ingenio” que pongan, legos o expertos, para hacer pasar sus lancetazos hirientes y falaces contra personas, pueblos, movimientos o líderes sociales. El hecho concreto y claro es que quien suelta la lengua para herir o mentir debe ser sancionado. Así rezan cientos de Constituciones Políticas, morales, sociales y religiosas en todo el planeta. La “Libertad de Expresión” no es un reducto para retóricas delincuenciales ni salvoconducto para cualquier barbaridad impune. Aunque la camuflen como Libertad de Empresa. Ni el “rating” justifica altisonancias o desvaríos expresivos, especialmente si la integridad de terceros indefensos queda en peligro tenue o grave.
Tampoco gozan de impunidad la “opinología” de mercado ni los “periodistas” mercachifles que, al amparo de “fuentes reservadas” o de pretendida “autoridad moral”, se despachan deyectando epítetos a cual más venenosos, parciales y tóxicos. Así exageren lo que exageren; así lloriqueen o se desgarren las vestiduras de sus camuflajes liberales. Es imperativo cultural establecer límites para diestras y siniestras porque la integridad humana, su dignidad y honra, no pueden ser presa de la prosa con intereses espurios, por más que canturreen “libertades” que se reservan sólo para sus negociados. Aquí no hay ingenuos.
No tiene derecho el imperio yanqui de calumniar a ningún gobierno, ni a ningún líder o movimiento social como tampoco lo tienen sus adoradores, operen donde operen. No tiene derecho la ONU ni la OTAN ni cualquiera de sus empleados para envenenar con sus “comentarios” a destajo, si son incapaces de ofrecer pruebas materiales ni argumentos sólidos. No nos acostumbremos a que el poder escupa cualquier basura ideológica contra los pueblos sólo porque no les gusta lo que hacen o lo que piensan. Aunque desplieguen todos sus medios, todas sus farándulas o todas sus maquinas de guerra psicológica.
Otra cosa es presentar un debate serio, una argumentación fundada en razonamientos consensuados y apoyos documentales. Para eso hay métodos, marcos de referencia científicos, jurídicos y políticos. Tribunales, foros, academias especializadas y, principalmente, pueblos en lucha que son fuente de credibilidad suficiente y que deben ser escuchados como requisito de toda controversia. Ningún diferendo, que implique a grupos sociales, puede resolverse a puertas cerradas ni a espaldas de los interesados. Mucho menos con epítetos “ingeniosos” fuera de contexto, de lugar y de personas.
Todo el que “abre la boca” debe ser consciente de la responsabilidad que implica lo que diga. Sólo en el marco de tal advertencia es aceptable el desarrollo de un debate o de una contienda de enfoques o intereses. Incluso para asuntos bélicos entre naciones, existen marcos legales que, en medio de razones difíciles de aceptar, fijan límites y norman conductas. Especialmente fijan responsabilidades para los dichos y para los hechos. No se puede decir cualquier cosa por más fanáticos de la “libre expresión” que se crean o se autoproclamen. No es aceptable presentar como “argumento” el producto de un odio sedimentado cuya forma, acaso socarrona, sólo es un escondite de clase.
No es aceptable decir cualquier sandez y menos aceptable es su defensa desvergonzada. Aunque se tengan títulos o licencias. Aunque se digan en tono “culto” o con histrionismo de erudito. Es imperativo sostener mucha firmeza en este terreno. Nos han llenado con “estiércol verborrajico”, el campo didáctico del debate que es escenario de diputa del sentido y donde es indispensable “velar armas” para entrenar inteligencias, saberes, convicciones, principios y luchas. Permitir que nos lo secuestren nos condena al silencio y nos reduce a espectadores de la estulticia. No se trata de prohibir las ideas ni el derecho a sostenerlas libremente, de lo que se trata es de asegurarse de que tales ideas no deambulen impúdicamente para infligir más penurias a los más débiles, ni más opresión a los históricamente oprimidos.
Se puede ser enfático pero sin payasadas y sin exageraciones inútiles. Se puede ser vehemente pero sin emboscadas de palabrerío oscurantista ni desfiguración de datos. Se puede argumentar con números y con razones sin traficar los unos por las otras. Se puede pensar desde las minorías o navegando a contracorriente del “sentido común” más hegemónico… lo que es inaceptable es vender la inteligencia y la saliva al mejor postor oligarca, bajo el pretexto de que se comparten las ideas” cuando, en realidad, se trafica con intereses oligarcas. De eso hemos tenido hasta el hartazgo en las cámaras de representantes tanto como en las televisoras de los monopolios. Simplemente estamos hartos de que nos vendan su palabrerío envuelto en cháchara de “libertad” para hacernos silenciar con silogismos y sofismas mercantiles bañados con estiércol de mercado. Estamos hartos de no poder debatir con seriedad porque las formas de la censura, diversificadas y camufladas, se deslizan por todas partes incluso ofertadas como la Libertad de Expresión de unos cuantos.
Los lobos en el gallinero educativo
Por: Luis Hernández Navarro
El fantasma de Carlos Jonguitud Barrios vaga libremente por las instituciones educativas de San Luis Potosí. Joel Ramírez Díaz, quien fue secretario particular del cacique sindical del magisterio entre 1972 y 1989, es el actual titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Sege).
No es que el ingeniero Ramírez tenga una idea muy clara sobre las cuestiones pedagógicas. Su única experiencia previa en la enseñanza pública fue su chamba como secretario del gobernador Jonguitud Barrios. Eso sí, antes de estar al frente del ramo fue dirigente del PRI y diputado.
Como líder del otrora invencible partidazo, el ingeniero Ramírez anunció: Vamos a asumir el compromiso de los priístas de todos los tiempos, a seguir transformando positivamente la vida de los mexicanos, transitando de la revolución política a la evolución social
.
De su mentor heredó la proclividad a la mano dura. Como si fueran terribles criminales, no dudó en aventarles patrullas y fuerza metropolitana a 50 maestros de inglés a los que cesó.
Su relación con el SNTE es magnífica. Apenas hace unos días le reconoció a las secciones 26 y 52 de la gremial un compromiso renovado, moderno y con gran cercanía a la base
.
El suyo dista de ser un caso único. A mil 250 kilómetros de distancia, en Baja California Sur (BCS), despacha Héctor Jiménez Márquez, una figura con vocación partidaria similar a la del potosino, pero bajo las siglas del PAN.
Como si tuviera el don de la ubicuidad, en 2018, no obstante ser titular de la Secretaría de Educación en la entidad, fue parte de la comisión encargada de organizar la renovación del comité nacional blanquiazul. Se justificó aduciendo que era “un nombramiento honorario […] no es un tema que interfiera, porque no te genera jornadas o un horario de trabajo”.
Tampoco vio problema en que su hijo, Ángel Jiménez, percibiera el pago simultáneo de dos plazas: una en la ciudad de La Paz, y otra en Loreto. La Contraloría del estado concluyó que no había nepotismo en el caso, pero cesó a Alba Priego, la responsable de la contratación de Ángel.
El profesor Jiménez lleva años haciendo política en las filas del PAN. Fue su dirigente estatal, diputado local y delegado de la Sedesol. Su relación con el sindicalismo oficial es tan buena, que el encargado de tomarle protesta y entregarle su nombramiento como secretario de Educación fue el líder del SNTE en BCS, Mateo Casillas.
Luis Arturo Cornejo Alatorre es el secretario de Educación de Morelos, entidad gobernada por Morena y el PES. Él es un político de la vieja guardia. Más que sobre educación, de lo que sabe es de grilla. Saltimbanqui consumado, fue, entre otras muchas cosas, subsecretario de organización nacional del PRI, secretario de elecciones del partido Convergencia y subsecretario de Gobierno del panista Rafael Moreno Valle en Puebla.
Fue director de administración del Instituto Nacional de Solidaridad, el espacio de capacitación de los cuadros salinistas. Allí manejó millones de pesos de programas que no tenían control presupuestal ni rendición de cuentas. Del salinismo saltó al zedillismo.
En los primeros cuatro años de esa administración fungió como subdirector del área técnica del Capfce, donde administró un presupuesto millonario para construir escuelas en todo el país. Curiosamente él es abogado. A diferencia de los delegados de esa área era el único que no tenía título de ingeniero. Las cuentas que entregó fueron pésimas. Él, todos los gerentes que coordinaba y varios desligados fueron inhabilitados y multados.
En el mismo cuadro de honor ocupa un lugar destacado Alberto Frutis Solís, el perredista que despacha en la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán (SEE). Aspirante a la alcaldía de Morelia y a la dirección estatal del sol azteca, cuenta con triple plaza: una como titular de la SEE, y otras dos magisteriales (en total: 101 mil 416 pesos). La secretaría a su cargo hizo algunos malabares verbales para justificarlas.
En la Cámara de Diputados, Xóchitl Leyva lo denunció por presupuestar en 80 pesos la cajita (del tamaño de una pizza mediana) donde se reparten los útiles escolares, cuando en realidad cuestan 12 pesos.
Desde que él está al frente de la institución, las universidades patito han crecido exponencialmente, utilizando incluso infraestructura de escuelas públicas. La colección de autos de lujo en los que se mueve es de antología (https://bit.ly/2q1z6OS). Y, como si le faltaran condecoraciones, ha sido acusado de utilizar su puesto para pedir favores a cambio de empleo (https://bit.ly/319tAGZ).
El SNTE no controla la educación en los estados como en el pasado. Pero no está manco. Basta ver a Jaime Torres Merlo, el titular en Colima. Fue secretario general de la sección 6 del gremio. De allí saltó a las instituciones educativas, con apoyo del cacicazgo local. Fue director de Educación Básica, secretario técnico de la Secretaría de Educación, estuvo en la dirección de Planeación Educativa, hasta que se sacó el premio mayor: fue designado titular del ramo.
Además del sueldo de 59 mil 627 pesos mensuales que percibe al frente de la secretaría, cobra 14 mil pesos como director de primaria y otros 10 mil 965 como maestro de grupo.
En Educación: la rectoría del Estado (https://bit.ly/2MBiQf8) documenté la forma en que grupos empresariales y de ultraderecha capturaron, en muchas entidades, las secretarías de Educación locales. Como puede verse en este recuento, los partidos políticos en los estados no cantan mal las rancheras.
En prácticamente todo el país, los lobos manejan los gallineros educativos. ¿De verdad alguien cree que con ellos se puede echar a caminar una Nueva Escuela Mexicana (sea ésta lo que sea)?
Lo que ganamos con la diversidad
Por: Isabel Jaramillo.
La orientación y la identidad sexual se han convertido en categorías sospechosas en el sentido de que si alguien las usa se sospecha que está discriminando. Por ejemplo, se sospecha que si alguien le dice “maricón” a su vecino no lo hace de cariño. Le toca demostrar a esa persona su buena intención y no a quien se queja de este tratamiento demostrar que esta actitud le causó un perjuicio.
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