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España: Las 21 propuestas de FECCOO para combatir el abandono escolar temprano

Redacción: EducaWeb

Dotar de orientación académica y profesional a todo el alumnado, así como incrementar la oferta de FP, son algunas de las recomendaciones de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras para evitar que el alumnado deje los estudios

Ofrecer más orientación académica y profesional al alumnado, sustituir el título de la Educación Obligatoria Secundaria (ESO) por un «certificado de competencias» al terminar los estudios obligatorios, así como eliminar las repeticiones de Primaria y Secundaria, pueden ayudar a combatir el abandono escolar.

Así lo desvela el estudio Abandono temprano de la educación y la formación y fracaso escolar: diagnóstico y propuestas, elaborado por la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FECCOO), que incluye un total de 21 propuestas para afrontar estas problemáticas y recoge diversa información cuantitativa sobre estas.

La publicación destaca que se ha reducido en España el abandono temprano de la educación y la formación (ATEF), que se refiere al porcentaje de la población de 18 a 24 años que ha obtenido el título de ESO, pero no continúa ningún tipo de educación o formación.

El ATEF ha disminuido en 13 puntos desde 2002, pasando del 30,9% al 17,9% de media, según los datos de 2018 publicados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Pese a que esta cifra está lejos de la media de la Unión Europea (10,6%), el descenso registrado en el país ha sido porcentualmente mayor: 13 puntos frente a 6,4 en el periodo de 2002 a 2018.

Mientras el abandono escolar ha disminuido, según el estudio, el fracaso escolar ha subido en España por primera vez en una década: uno de cada cuatro jóvenes (el 24,4%) no ha obtenido el título de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), que es el básico y obligatorio para seguir estudiando.

«Gran parte de la bajada del abandono escolar temprano tiene que ver con el incremento del alumnado de la FP«, señala la FECCOO en un comunicado. Además, atribuye la subida del fracaso directamente a «la implantación de la LOMCE», que ha hecho más complicado que los estudiantes con dificultades de aprendizaje puedan obtener el título de la ESO.

Los datos del abandono escolar temprano en España

El informe desvela que el País Vasco y Cantabria son las únicas comunidades autónomas que presentan un porcentaje de abandono escolar por debajo de la media de la Unión Europea, con un 6,9 % y 9,8 %, respectivamente. Asturias, Catalunya, Castilla y León Galicia, Madrid y Navarra presentan un porcentaje de ATEF por debajo de la media española, mientras que el resto de las regiones la superan.

Aunque el ATEF ha descendido en los últimos años, el abandono escolar temprano de los hombres (21,7 %) es mucho mayor que el de las mujeres (14 %); y que los jóvenes extranjeros tienden a dejar los estudios más que los españoles, con un porcentaje de 35,1 % frente a un 15,3 %, respectivamente.

Pese al porcentaje más bajo de ATEF en las chicas, los datos del informe indican que el sistema educativo aún no consigue salvar la brecha de género en cuanto a las modalidades de estudios.Ellas prefieren Sanidad, Magisterio, Humanidades, etc.; mientras que ellos siguen optando por Ingenierías, Matemáticas e Informática. Dicha prevalencia se puede comprobar también en Bachillerato, Formación Profesional, estudios de Máster y Doctorado.

Recomendaciones para luchar contra el ATEF y el fracaso escolar

Además de dar a conocer los datos anteriores, el informe de FECCOO propone 21 acciones que se deberían llevar a cabo para reducir el ATEF y el fracaso escolar…

  1. Dotar de mayor flexibilidad al sistema educativo. Entre las ideas que se proponen destaca el incrementar los programas de segunda oportunidad en los centros educativos públicos, flexibilizar el Bachillerato para que pueda cursarse en cuatro años, suprimir el título de ESO, así como aumentar la oferta a distancia en Formación Profesional, entre otras propuestas.
  2. Aumentar el número y cuantía de las becas y ayudas en las enseñanzas no universitarias.
  3. Incentivar desde edades tempranas las vocaciones científicas y técnicas entre las niñas y jóvenes, mediante planteamientos educativos de género que eliminen el currículo oculto e incrementen las referencias femeninas, especialmente en las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingenierías y Matemáticas).
  4. Mantener y reforzar las medidas de atención a la diversidad durante la enseñanza postobligatoria, especialmente las que inciden en los programas de interculturalidad y en el primer curso de los ciclos formativos de Grado Medio.
  5. Incrementar la información y la orientación académica y profesional a todo el alumnado y especialmente a aquel que abandona de forma prematura sus estudios o su formación y se encuentra en situación socioeconómica desfavorecida; así como a sus familias, para que puedan conocer qué opciones educativas o formativas se acercan más al desarrollo de sus intereses vitales.
  6. Ampliar las prácticas profesionales en los estudios de Formación Profesional Inicial y de Grado Medio, así como reforzar el reconocimiento de la experiencia adquirida.
  7. Crear un fondo de cohesión territorial, distribuido en función de la situación de las comunidades autónomas en cuanto a abandono escolar, y que cuente con un modelo de financiación compartida.
  8. Incidir en el desarrollo de políticas activas de empleo que unan el mundo laboral con la educación y la formación de toda la población joven.
  9. Incrementar de forma significativa la oferta de Formación Profesional en el mundo rural.
  10. Aumentar la oferta de programas para conseguir la titulación de ESO y/o Bachillerato, mediante pruebas libres.
  11. Derogar la LOMCE, dado que la FE-CCOO considera que ha empeorado todos los mecanismos para la obtención de la titulación básica debido a su carácter no inclusivo y segregador.
  12. Recuperar los Programas de Diversificación Curricular en la ESO e implantarlos desde el primer momento que se detecten las dificultades del alumnado.
  13. Implementar y reforzar en toda la ESO los Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA), con más recursos y más plazas para ayudar al alumnado con mayores dificultades para seguir el ritmo académico.
  14. Eliminar el título de Enseñanza Secundaria Obligatoria.
  15. Llevar a cabo un debate social y educativo para eliminar la repetición de curso en la enseñanza básica y obligatoria.
  16. Si se mantiene la repetición de curso como medida extraordinaria de atención a la diversidad, esta debería desaparecer en Educación Primaria y estar limitada en Educación Secundaria Obligatoria, de manera que solo se repita con las materias no superadas y se implante un programa específico de atención al alumnado repetidor.
  17. Recuperar la estructura por ciclos que suprimió la LOMCE en Educación Primaria.
  18. Potenciar el carácter colegiado de las decisiones de evaluación, calificación y promoción.
  19. Limitar las actuaciones educativas que provocan la segregación del alumnado en grupos homogéneos y que suponen una dificultad para la obtención de la titulación de todo el alumnado, como el bilingüismo.
  20. Modificar el actual currículo, que FECCOO considera «academicista, extenso y repetitivo», por uno más integrador, democrático, cívico y crítico basado en la potenciación de las competencias básicas desde modelos significativos de aprendizaje y procesos de evaluación formativos.
  21. Impulsar medidas de apoyo educativo, como los refuerzos (dos docentes dentro del aula), flexibilización, adaptaciones curriculares, trabajo colaborativo, reestructuración de las aulas, etc.

Fuente: https://www.educaweb.com/noticia/2019/04/02/propuestas-combatir-abandono-escolar-temprano-18761/

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España: Más de 140.000 personas firman el ‘Manifiesto por la Ciencia’, que denuncia el «deterioro» del sistema científico

Redacción: Infosalud

Más de 140.000 personas han firmado en tan solo cinco días el ‘Manifiesto por la Ciencia’ de la la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA), en el que se alerta de la situación por la que atraviesa actualmente el trabajo científico en España.

El documento, que cuenta con con el apoyo de los 31 directores de los centros de investigación e institutos sanitarios más relevantes del país y 1.400 científicos a título particular, denuncia el «deterioro» del sistema científico español. Además, la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior (RAICEX) y la Society of Spanish Researchers in the United Kingdom (CERU-SRUK) también se han adherido oficialmente.

«La disminución continuada de los recursos públicos dirigidos a la investigación, desarrollo e innovación compromete seriamente la competitividad de los grupos de investigación en cáncer más punteros y la viabilidad de los equipos liderados por los investigadores más jóvenes de nuestro país», alertan.

ASEICA denuncia que los científicos españolse solo reciben «tres de cada diez euros del dinero público presupuestado». «En términos cuantitativos, se estima que el presupuesto español para I+D+i está por debajo del 1 por ciento del producto interior bruto en términos reales, una cifra muy alejada de los países del entorno y de los objetivos que la Unión Europea ha fijado en su Estrategia de Lisboa para 2020», explica su presidente, Xosé Bustelo.

Esto, a su juicio, se está traduciendo en «graves recortes» en la financiación que «afectan incluso a la línea de flotación de los grupos de investigación punteros de este país». «Es ya literalmente imposible hacer ciencia competitiva en el país con los presupuestos que se están asignando actualmente a los proyectos de investigación», según el doctor Bustelo.

Junto con este problema, los impulsores del manifiesto alertan también de que «la última convocatoria de proyectos del Plan Nacional de I+D+i correspondiente al año 2018 ha salido con más de 7 meses de retraso y, pese a que los proyectos deberían haberse iniciado el 1 de enero de este año, no lo harán hasta los últimos meses de este año según los cálculos más optimistas».

«Como resultado de estos retrasos, muchos grupos de investigación, sobre todo los liderados por los científicos más jóvenes, están actualmente sin financiación desde el 1 de enero. Esto conlleva a su vez el despido temporal de investigadores altamente cualificados debido a la falta de continuidad entre proyectos sucesivos», señala el presidente de ASEICA.

Fuente: https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-mas-140000-personas-firman-manifiesto-ciencia-denuncia-deteorioro-sistema-cientifico-20190404144034.html

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Educación pública y laica, una necesidad democrática

Por

El gobierno de la Comunidad de Madrid, gobernada desde hace muchos años por el PP,  difundió bulos sobre las horas lectivas que los profesores y profesoras de la Escuela Pública dedicaban en la escuela; fue la “lideresa” Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad madrileña, quien arremetió contra dicho colectivo. Y todo se hizo con la clara intención de deteriorar la Escuela Pública y fomentar la privada y la concertada (gran parte en manos del OPUS). Las declaraciones fueron desmentidas por el profesorado con argumentos y datos, pero quedó la huella de la mentira, y el dicho “calumnia que algo queda”, se cumplió. Otro tanto sucedió con la Sanidad Pública y el acoso que sufrió el, ya fallecido, doctor Montes.

Joseph Goebbels, jefe de propaganda de Hitler, establecía lo siguiente: “La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas”. De aquí viene la famosa frase: “Si una mentira se repite mil veces se convierte en verdad”. Y esos métodos se han impuesto en nuestra sociedad. Y “ante la confusión reinante”, todo es posible.

El debate sobre la Escuela Pública viene de lejos. Durante los años 80, cuando tras la dictadura franquista, el gobierno de Felipe González afirmaba que los centros privados eran necesarios, ya que pretendía universalizar la educación pública y no había centros educativos públicos suficientes; se dijo que era una medida provisional hasta la construcción de nuevas escuelas públicas. Con dicho argumento, el Gobierno de González contó con los centros privados existentes, asumiendo los salarios de los docentes y otros gastos generales. Pero lo que supuso una necesidad provisional se ha convertido en norma interesada que ha ido en aumento. Después de más de 30 años, la red concertada cuenta con más dos millones del alumnado y con 130.000 profesores en los diversos centros concertados; dicha situación es un agravio comparativo hacia las personas que acceder a una plaza en la Educativa Pública, a través de una dura oposición. Es necesario recordar que en la escuela concertada regida por el OPUS, el profesorado es contratado y despedido por el obispado, aunque los salarios salen del erario público, lo que es lo mismo, de nuestros impuestos.

Mientras que la educación pública europea cuenta con una media del 81% de Escuela Pública, en España es del 68%, siendo la Comunidad de Madrid la que bate el récord, a la baja, con el 49%. Esto supone que un Estado que se define “Aconfesional”, en la Carta Magna, está impulsando la educación privada concertada con claro predominio de la Iglesia Católica en los conciertos educativos (el 70% van a parar al OPUS). Los sucesivos gobiernos del PP cuentan con una dilatada trayectoria en privatizaciones de servicios públicos, que se intensificó a partir del famoso “Tamayazo”; éste permitió seguir gobernando al PP la comunidad madrileña haciendo del territorio su “feudo particular”.

En los años 80 se garantizaban plazas suficientes en centros públicos, pero ahora solo se garantiza la existencia de plazas suficientes, sean públicos o concertados. En Madrid, según UGT, entre los años 2000 y 2013 se cedieron 82 parcelas para construir colegios privados, en los barrios de nuevo desarrollo. La cesión de parcelas es un instrumento básico para la privatización de la Enseñanza Pública. Conclusión: más escuela concertada en manos de la Iglesia; tan solo un pequeño porcentaje van parar a cooperativas.

Ésta ha sido la década de los grandes conciertos educativos. Según los últimos datos que aparecen en la web oficial de la Comunidad de Madrid, en el año 2009 se destinaron 793,31 millones de euros para convenios; en los presupuestos de 2018 que firmaron PP y Ciudadanos llegaron a 1.012 millones. Y la guinda del pastel son los descuentos fiscales que el gobierno de Madrid destina a las familias que lleven a sus hijos a la privada. Se calcula que son 90 millones de euros. El desmantelamiento de la Educación Pública es una agresión que no debemos aceptar, una agresión que no solo afecta al profesorado y alumnado, ya que es un patrimonio de la Red Pública que se nos está usurpando, poco a poco.

Si al aumento de conciertos educativos en manos de la Iglesia Católica se suma la enseñanza de la religión en la Escuela Pública, cabe afirmar que estamos ante un “Estado Confesional de hecho”, aunque la Constitución diga lo contrario

CC.OO denuncia que el Gobierno madrileño ha reducido el 22% de la partida para la gestión de infraestructuras educativas públicas. En su opinión, lo más triste de esta gestión de los recursos es que los resultados escolares de los últimos cursos en Madrid se han situado por debajo de la media, y ya están por debajo de los datos obtenidos en el año 2000. El fenómeno del fracaso escolar se concentra en las zonas más pobres, donde los medios económicos para la Escuela Pública están siendo reducidos. Sindicatos, madres y padres de alumnos denuncian que se han eliminado aulas de enlace para adaptar a escolares inmigrantes y que en toda la comunidad ya sólo quedan cinco grupos de bachillerato nocturno para los estudiantes que trabajan.

Sobre todos los argumentos posibles o imaginados, existe el argumento principal; el derecho a la Educación Pública está garantizado por la Constitución. La Enseñanza Pública, así como la Sanidad, es objeto de deseo de aquellos que quieren hacer negocio con nuestro patrimonio y los promotores son los partidos políticos que no creen en los servicios públicos; éstos disponen de un bien que NO les pertenece como si fuese suyo. A la triada PP, Ciudadanos, y Vox no les importa la Enseñanza Pública y menos aún que sea LAICA.

Están pendientes de terminar infraestructuras educativas públicas, pero las privadas no se retrasan; ante la inexistencia de centros públicos, no es extraño que muchas familias opten por los centros privados. Una trampa muy bien urdida por los sucesivos gobiernos conservadores, donde muchos de sus ministros son del OPUS. En Madrid, el número de centros privados y concertados ha superado al de las Escuelas Públicas: entre privados y concertados hay un  total de 1.688, frente a los 1.634 de la red pública. Hace una década, la educación madrileña contaba con un total de 1.028.753 estudiantes, ahora la cifra ha crecido hasta los 1.195.810. A pesar de haber sumado 167.057 educandos, CASI TODOS (129.937) han ido a parar a centros privados o concertados religiosos.

Si al aumento de conciertos educativos en manos de la Iglesia Católica se suma la enseñanza de la religión en la Escuela Pública, cabe afirmar que estamos ante un “Estado Confesional de hecho”, aunque la Constitución diga lo contrario. Es una clara usurpación de lo público en beneficio del negocio y de la ideología católica. Ante el ataque sistemático a la Educación Pública y Laica, solo cabe su defensa, ya que es unos de los resortes fundamentales de la Democracia. No solo porque es un derecho reconocido en nuestra Constitución, sino porque es un patrimonio del pueblo.

Los sucesivos gobiernos han privilegiando a la Iglesia y al conservadurismo inspirado en los principios del nacional-catolicismo del franquismo. Todos ellos, incapaces de entender los principios de la libertad de conciencia y movidos por el espíritu franquista, están convencidos de que hay que recristianizar a esa parte del pueblo que ha sido pervertida por los ideales de la Demo-Cracia.

Fuente: https://www.nuevatribuna.es/articulo/madrid/educacion-publica-laica-necesidad-democratica/20190401171231161540.html

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En España: Profesores madrileños obligados a declarar por escrito si hicieron huelga el 8M

Europa/España/nuevatribuna.es

La consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha remitido a los profesores de la enseñanza pública un documento oficial para que informen si secundaron la huelga feminista el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

El escrito les inquiere a que declaren de forma individualizada si secundaron o no lo paros. Bajo el título “Anexo IV. Notificación de participación en caso de ejercicio del derecho de huelga”, se reviste el documento con expresiones jurídicas como “alegaciones” o “plazos”. También alude a que «se dará traslado de todo lo actuado (…) a los efectos procedentes», o hace referencias a un órgano desconocido («Delegación Provincial de Educación»), que llevan a pensar que se trata de un procedimiento administrativo.

El asunto ha sido denunciado por CCOO de Madrid en un escrito firmado por la responsable de Enseñanza de este sindicato, Isabel Galvín, y dirigido al director general de Recursos Humanos de la Consejería, Miguel José Zurita Becerril, en el que se exige la retirada “inmediata” de este requerimiento “improcedente” y los “extraños documentos que le han servido de soporte”.

CCOO afirma que se trata de “un hecho sin precedentes en nuestra historia democrática” y un intento de “coaccionar” a los trabajadores. Recuerda el sindicato que este requerimiento no está amparado “en absoluto” por la normativa vigente, que establece que ningún funcionario está obligado a declarar si ha ejercido el derecho a huelga o no, ni a realizar aviso alguno o comunicación. “Todo ello induce a pensar en un proceso inquisitivo ad hoc revestido de una clara intención coactiva”, denuncia.

CCOO recuerda que la coacción, e incluso la limitación del derecho de huelga, está tipificado como falta disciplinaria muy grave por el Estatuto Básico del Empleado Público (art. 95) e, incluso, por el Código Penal (art. 315), por tratarse de un Derecho Fundamental especialmente amparado en el artículo 28.2 de la Constitución.

El sindicato también recuerda que el funcionario o la funcionaria que no asistió el día 8 de marzo a su puesto de trabajo y no presenta justificación “está ejerciendo su derecho a huelga al amparo de una convocatoria legal, por lo que no puede ser obligado a efectuar ningún otro pronunciamiento individualizado”.

“El derecho a huelga es un derecho colectivo que se ejerce individualmente y que, con este extraño procedimiento, se está privando a la persona de ese amparo colectivo”, subraya.

Fuente: https://www.nuevatribuna.es/articulo/madrid/profesores-madrilenos-obligados-declarar-escrito-hicieron-huelga-8m/20190326121837161325.html

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La memoria histórica invisibilizada en la educación

Por: Enrique Díez

La memoria histórica sigue siendo una asignatura pendiente en el currículum escolar.

Los textos escolares dominan el curriculum: la mayor parte del tiempo escolar se centra en torno a ellos. Ayudan a construir el imaginario colectivo de las futuras generaciones, la comprensión que se hace y la perspectiva que se adopta sobre el pasado, el presente y el futuro.

Tras una investigación a lo largo de tres años, en la que revisamos y analizamos los contenidos de los manuales escolares de Historia de España, de 4º de la ESO y, sobre todo, de 2º de Bachillerato, y en la que realizamos 610 entrevistas a profesorado de Historia y 376 a alumnado de estos cursos, sobre lo que están aprendiendo en sus libros de texto sobre la II República, la represión tras el golpe de estado franquista y la posterior lucha antifranquista, hemos constatado que la memoria histórica de aquel período permanece invisibilizada, ocultada e, incluso, tergiversada en buena parte del material curricular que utiliza el alumnado en ESO y Bachillerato.

El origen de esta investigación surgió a raíz de la producción y realización del documental Los campos del silencio, sobre los presos republicanos en campos de concentración franquistas y sobre los mecanismos de construcción social de la inconsciencia colectiva, de ese silencio, miedo y olvido que aún hoy en día se puede sentir en donde ocurrieron los hechos y donde viven los descendientes de muchos de aquellos presos.

Cuando grabamos en una clase de Historia del Instituto de Secundaria Fabero del Bierzo (León), constatamos que el alumnado desconocía que había un campo de concentración en Fabero y que algunos de sus abuelos habían estado presos en él, trabajando como “esclavos de Franco” para una empresa privada (Minas Moro) en la extracción de carbón en las minas del Bierzo. Parecía que sus libros de texto, sus clases de Historia, su formación académica, la reconstrucción histórica que se les brindada en el ámbito escolar, todavía seguía encubriendo, silenciando u ocultando de forma significativa esta parte de la historia que nos pertenece a todos y todas, a la sociedad en su conjunto.

Las conclusiones fueron significativas:

Extensión: Los contenidos se centran excesivamente en la Guerra Civil, mientras que la posguerra sigue en la sombra. Además, los 44 años que es el período que transcurre entre la II República, la guerra civil y el franquismo y que deberían ocupar cerca del 50% de los contenidos del siglo XX, por estricto tiempo cronológico, sólo ocupa el 9%.

Ocultamientos: Se presenta esta parte de la historia desde una visión supuestamente “neutral y aséptica”, pero encubre graves silencios y ocultamientos deliberados. Formas genéricas que, apenas dicen nada u ocultan, más que aclarar, lo que parece no querer abordarse de forma clara y decidida.

Invisibilidad y minimización: Menos de la mitad de los manuales que los alumnos españoles estudian en 4º ESO hace referencia a la represión de la dictadura franquista, que se prolongó durante casi 40 años. La represión se queda en un cuadro de detalle (se dedica a los “paseos” el mismo espacio que el dedicado a Mariquita Pérez, “el juguete más ansiado en los cincuenta”), sin explicar quién, cómo, ni por qué se fusilaba.

Tergiversación: Incluso se falsean las causas de la guerra civil. Según un texto de una de las editoriales más vendidas, la guerra civil fue un “conflicto entre hermanos”, “originado por el caos que produjo la segunda república”.

Lenguaje: Se utilizan términos que disminuyen la gravedad: se habla de “alzamiento” (no de golpe de Estado), se dice que se instauró una dictadura, aclarando que una dictadura simplemente es “un gobierno no democrático” y donde parece que el único problema es que “no hubo libertad de expresión” durante su transcurso…

Teoría de la equidistancia: Se insiste reiteradamente en afirmar que hubo un “enfrentamiento fratricida”, como si dos bandos igualados se hubieran enfrentado en las mismas condiciones o legitimidad.

Equiparación: Se busca en muchas ocasiones hacer un paralelismo entre golpistas y defensores de la democracia, afirmando en algunos manuales que “uno y otro lado provocaron las mismas víctimas”, cuando los golpistas ejercieron durante cuarenta años una represión sistemática.

Temas “tabú”: Prácticamente en ningún manual escolar se aborda la incautación de bienes o el papel legitimador de la Iglesia. Al igual que la lucha antifranquista, que sólo se incluye en alguna actividad de una única editorial recientemente.

No obstante, hay que reconocer que en los últimos años alguna editorial sí que menciona la represión, incluso incluye dentro de sus actividades alguna referencia a la lucha antifranquista y a las víctimas españolas de los campos de concentración nazis.

En cuanto a los estudiantes, su repetida afirmación es que “no se suele llegar en clase a este tema”. El profesorado matiza esta afirmación alegando que en algunos casos no se quiere llegar, puesto que se considera un “tema espinoso” que sigue levantando ampollas y que pueden encontrar problemas, como nos relataban algunos.

Lo sorprendente es que el alumnado muy a menudo manifestaba un profundo desconocimiento de la represión franquista, considerando que sólo había habido represión contra las libertades. Y, en general, parecían tener una visión de que todo esto era algo del pasado, que no les afectaba, como si fuera otra “anécdota” más de la historia. De hecho, se constató que sabían más del nazismo que del franquismo.

El hecho chocante es que, en otros países, de Alemania a Inglaterra, de Italia a Francia, de Argentina a Polonia, esta temática se aborda de forma sistemática en las clases de Historia y se visitan regularmente los lugares de la memoria, de tal forma que en investigaciones similares lo que muestra el alumnado es justamente al contrario de lo que pasa en España, que tienen una sensación de “saturación” por la constancia con la que aparece en los contenidos escolares en sus países.

No olvidemos que las dictaduras utilizan el olvido para imponer su visión de la historia. Es la democracia la garante y responsable del recuerdo y la memoria que se lega a las futuras generaciones.

Por eso hemos realizado unas Unidades para la Recuperación de la Memoria Histórica, que tratan de recuperar esa parte de nuestra historia que ha quedado relativamente olvidada o silenciada en el curriculum escolar.

Fuente e imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/04/01/la-memoria-historica-invisibilizada-en-la-educacion/

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Recuperar la participación como signo de calidad

Por: Pedro Uruñuela

Cuando se ha conseguido un alto nivel de implicación en los asuntos colectivos, las acciones son mucho más eficaces y tienen mayor éxito.

Una de las medidas importantes que puso en marcha la LOMCE, aunque tal vez eclipsada por otras, fue la anulación y desaparición casi total de la participación en el control y funcionamiento de los centros por parte de los diversos sectores que conforman la comunidad educativa. Reforzando la figura del director y sus competencias, la participación quedó reducida a recibir información y, como mucho, poder opinar sobre algunos aspectos de lo que pasaba en el centro. La decisión en sus múltiples formas quedaba reservada a la dirección del centro, dejando fuera también todo lo relativo a la ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones llevadas a cabo.

La convocatoria anticipada de elecciones ha paralizado las reformas propuestas para la modificación de la LOMCE, sin saber qué pasará con sus principales aspectos negativos. Pero, desde un punto de vista profesional, político y, sobre todo, educativo, es necesario insistir en la recuperación de la participación como uno de los elementos ineludibles para una educación de calidad en nuestros centros.

Desde el año 1985, con la entrada en vigor de la LODE y con determinadas dudas y altibajos en su consideración, se tuvo en cuenta la participación como uno de los signos que mostraban la calidad de la educación. Y es que incorporar la participación como principio de organización del sistema educativo supone apostar por un modelo de educación basado en la cooperación y no en la competitividad, un modelo horizontal que deja de lado planteamientos jerárquicos verticales, un modelo basado en el reparto y difusión del poder que cuenta, además, con la iniciativa y aportación de todas las personas implicadas en la educación: el profesorado, las familias y los propios alumnos y alumnas. En definitiva, se trata de hacer realidad una escuela pública democrática.

No basta, para ello, con tener parte en el funcionamiento de los centros educativos, limitando la participación a asistir a determinadas actividades del centro. Se trata, por el contrario, de tomar parte activa y de llegar a ser parte del propio centro, asumiendo las responsabilidades que sean necesarias y desarrollando el sentimiento de orgullo por pertenencia. Sabemos que cuando tiene lugar esto, cuando se ha conseguido un alto nivel de implicación en los asuntos colectivos, las acciones son mucho más eficaces y tienen mayor éxito. Pero, más allá de estas razones instrumentales, hay otras estrictamente educativas que llevan a plantear este recorrido hasta llegar a ser parte del centro.

Efectivamente, lo que está en juego en este enfoque es, ante todo, el modelo de persona y de sociedad que queremos formar y desarrollar. ¿Buscamos desarrollar una persona conforme con lo establecido, que no se cuestiona lo que está pasando, que acepta acríticamente todo lo pasa en la sociedad y todo lo que viene de la autoridad? O, por el contrario, ¿buscamos trabajar por una persona autónoma, que haya desarrollado pensamiento y criterio propio y que quiera comprometerse por una sociedad más justa y equitativa, más solidaria y cooperativa? Es mucho lo que nos jugamos en este enfoque y debemos ser conscientes de ello.

Apostar por la participación implica comprometerse en la organización de un centro diferente, sólidamente construido de abajo a arriba. Varios son los procesos implicados en el desarrollo del centro participativo, que exigen una revisión de nuestras prácticas habituales de organización del centro educativo. Podemos comparar la participación con la construcción de una pirámide: la base debe ser amplia y sólida para que el crecimiento que tenga lugar se mantenga firme y bien apoyado. La participación se basa y exige, en primer lugar, una amplia labor de información, de acceso a lo que sucede en el centro, a los objetivos que se buscan, a la planificación, al propio modelo educativo. Cuanto más sólido sea este primer escalón, más firme y mejor asentada estará la participación.

Sin embargo, suele costar mucho facilitar el acceso a la información, proporcionar y dar respuesta a todas las preguntas que nos llegan al centro. No hay que olvidar que la información es poder, y de ahí la resistencia a compartirla. Pero es la base necesaria y, cuanto más abunde, mejor, con la única limitación derivada de la protección de la información personal. Sobre la información se apoya la opinión, ya que esta sólo es posible si sabemos qué está pasando. Opinar supone valorar los hechos, analizarlos y buscar alternativas, y puede concretarse en muchas formas, desde la consulta organizada a la elaboración de propuestas alternativas, pasando por reclamaciones o peticiones concretas.

A partir de la formación de una opinión individual y colectiva es posible construir formas de decisión conjunta, buscando el consenso en la medida de lo posible como mecanismo preferible a la votación. Y tras la decisión, un último proceso, la ejecución-desarrollo y el control de éste, incorporando la evaluación de nuestras acciones para buscar su mejora. Muchas veces se ha entendido la participación exclusivamente como control, lo que ha llevado al rechazo de ésta por parte del profesorado que se sentía vigilado o fiscalizado. La participación es un planteamiento más ambicioso y así debe ser desarrollado.

En su versión inicial, la LODE definió la participación como tomar parte en el control y funcionamiento del centro, y estableció el consejo escolar como el cauce para ejercer la participación. Desde mi experiencia, este planteamiento trajo serios inconvenientes, ya que dejó fuera la necesidad de preparar y formar a las personas para la participación, convirtiendo lo que debía ser un punto de llegada en un punto de partida. Y es que, si algo ha quedado claro a lo largo de todos estos años, es que es necesario aprender a participar, que hay que adquirir determinados valores y habilidades y, sobre todo, que hay que construir lo que denominaba la “pirámide de la participación”, para que el funcionamiento del consejo escolar fuera realmente operativo.

La participación y el modelo participativo de funcionamiento están establecidos y regulados por la ley, pero esto no es suficiente: es necesario formar personas participativas, lo que exige trabajar varios aspectos. En primer lugar, hacer que las personas QUIERAN participar, es decir, que estén motivadas para ello, que deseen tomar parte y ser parte del centro, que lo encuentren gratificante y atractivo. Lamentablemente, muchas personas, especialmente entre las familias, han aprendido justamente lo contrario; que, debido a la composición y funcionamiento de los órganos colegiados, su presencia apenas es efectiva, que todo está decidido de antemano y que poco pueden hacer en dicho órgano colegiado. Es necesario deshacer esta mala experiencia y conseguir que el alumnado o las familias, y también el profesorado, no aprendan que no merece la pena participar debido a su ineficacia.

En segundo lugar, es necesario SABER participar, es decir, adquirir los valores de respeto, cooperación, búsqueda del bien común, etc. y las habilidades necesarias para participar, como la escucha activa, la capacidad de diálogo, saber llegar a acuerdos, etc. necesarios para una adecuada participación. Es cierto que “a participar se aprende participando”, y que a lo largo del proceso es necesario incidir y cuidar estos aspectos y habilidades imprescindibles. De la misma forma, es necesario conocer el funcionamiento del propio centro, la normativa que lo regula, las exigencias legales que inciden en el centro, para que nuestro trabajo sea eficaz.

Por último, es necesario PODER participar o, lo que es lo mismo, que existan cauces adecuados para ello. No se trata solamente de recuperar las competencias de los órganos colegiados suprimidas por la LOMCE. Se trata de crear y desarrollar estructuras de participación intermedias en el centro educativo, que sirvan de apoyo a lo que se trabaja en el consejo escolar. De esta forma se traslada la participación al día a día de los centros, extendiendo la posibilidad de ser y tomar parte en todos los asuntos del centro. La creación de distintas comisiones (de convivencia, de evaluación, de actividades culturales, etc.) en las que puedan participar padres y madres, la extensión de la figura del alumnado ayudante y su concreción en diversos programas, son algunas de las formas en que pueden concretarse estas formas de participación que garanticen que, realmente, se puede participar.

No está de moda la participación. Desde el modelo económico y social no se considera importante, predomina una relación de cliente frente a las exigencias de la ciudadanía responsable que quiere ejercer su obligación y ser parte del centro educativo. Es mucho lo que nos jugamos en este punto y no puede quedar olvidado en la nueva ley educativa.

Fuente e imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/convivenciayeducacionenvalores/2019/03/26/recuperar-la-participacion-como-signo-de-calidad/

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España: La Academia del Cine publica Cine y Educación, un documento marco para llevar el audiovisual a las aulas

Europa/España/04 Abril 2019/Fuente: El diario la Educación

El texto repasa iniciativas que ya están en marcha, da consejos sobre formación docente, plantea cómo introducir el cine en ESO y bachillerato y ofrece listados de cortos y largos, ordenados por edades y tramos educativos, para que «de una vez por todas» el cine entre en las aulas.

En el salón de actos de la Academia del Cine casi no cabía más gente. Desde cineastas a inspectores de educación, pasando por representantes políticos de diferentes partidos. Con Mariano Barroso, presidente de la Academia, como maestro de ceremonias, y las tres personas que han coordinado la elaboración del libro: Marta Tarín, Mercedes Ruiz y Fernando Lara.

Hace ya dos años, la Academia dio los primeros pasos para llegar a este documento. En mayo y junio de 2017 la revista que edita la entidad dedicó ese número al cine y la educación y organizó unas jornadas con la misma temática. De aquel esfuerzo nació un grupo de trabajo conformado por personas de diferentes perfiles dentro del mundo audiovisual, así como de la educación. Su objetivo: elaborar un documento marco para que las diferentes administraciones pudieran recoger el testigo e implementar la cultura audiovisual en la aulas. Ayer, la Academia, presentó dicho documento.

La idea es que, al igual que otras expresiones artísticas están en ellas, como la Literatura, el cine merece un espacio, aunque solo sea porque en 125 años de historia ha generado grandes obras, además de convertirse en espejo y herramienta con la que aprehender el mundo. “En cierto modo, la Academia del cine -comentaba Mariano Barroso al inicio de la presentación- ha asumido un trabajo que correspondería a las administraciones”.

Ahora, la pelota está en el tejado tanto del Gobierno central como de los autonómicos. Aunque ni unos ni otros estuvieran representados ayer.

Fernando Lara definió el documento como un “semillero de propuestas” para matizar que el documento marco no pretende ser una guía cerrada y única que deba seguirse al pie de la letra. En él se han recogido y unificado las decenas y decenas de propuestas y actuaciones que diferentes iniciativas privadas llevan ya años organizando por todo el Estado. También pretende ser una guía para las y los docentes, para lo que pueden encontrarse un listado de 100 películas españolas que van desde el inicio del cine sonoro hasta el año 2000. No están todas las que son ni son todas las que están, pero, como comentó Lara, sí son cintas representativas. Además, se establecen recomendaciones según el curso en el que se encuentre el alumnado.

Lara destacó estos listados. “Uno fundamental, por edades y tramos educativos, de largos y cortos”, pensado para que los docentes tengan una guía sobre qué pueden enseñar a chicas y chicos. A este se suma el de las 100 películas, con la que se genera una perspectiva histórica.

“No hay excusas para las administraciones”, afirmó Lara. “Se trata de una carrera de relevos. La comenzamos nosotros, planteamos iniciativas, hemos hecho un plan y ahora entregamos el testigo a cada una de las autoridades educativas y culturales”. Es tiempo de que, “de una vez por todas, 125 años después, el cine llegue a las aulas”.

Y aunque el grupo de trabajo que ha elaborado buena parte del trabajo, así como quienes lo han coordinado, tienen claro que cómo se haga esto es labor de la administración, se lanzan con una propuestas para un proyecto piloto para el próximo curso, financiado con un millón de euros para que se desarrolle en centros de las diferentes comunidades autónomas. “Es cuestión de voluntad” llevar la cultura audiovisual a las aulas, decía Fernando Lara, quien recordó que en comunidades como Aragón, Andalucía o Castilla y León ya se hacen programas potentes. “Si no se hace (a partir de ahora) es porque no se quiere hacer”.

El libro, no queriendo ser un paso a paso, sí pretende facilitar la puesta en marcha de un Plan de Alfabetización Audiovisual que, eventualemente, quedase recogido en un Pacto de Estado, para que la administraciones central y autonómicas pudieran implementarlo. Para ello, esboza algunas medidas que podrían tomarse a lo largo del tiempo para la consecución de dicho plan.

También señala la necesidad de una mayor y mejor formación del profesorado en relación al cine y al lenguaje audiovisual.  Generar ciudadanía crítica que pueda acercarse a las pantallas con el conocimiento suficiente como para comprender crítcamente lo que ve, su significado e intencionalidad, además de conocer la historia de una parte importante de la cultura, sobre todo del siglo XX y de este XXI.

El libro, tras una breve presentación, así como una catalogación de cómo se encuentra la cultura audiovisual representada en el sistema educativo, no gasta esfuerzos en ponérselo fácil a las administraciones, así como a los centros educativos, con propuestas sobre qué ver a qué edad, o qué festivales y otras iniciativas acercan el cine a chicas y chicos.

Y, para que nadie tenga excusas, también dedica páginas y páginas a cómo trabajar diferentes materias curriculares utilizando el cine como herramienta en la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

Imagen y Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/alfabetizacionaudiovisualenlasaulas/2019/03/29/la-academia-del-cine-publica-cine-y-educacion-un-documento-marco-para-llevar-el-audiovisual-a-las-aulas/

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