España

Por: Marc Casanova

El pasado sábado 25 de marzo se realizaron en Barcelona, de forma simultánea y en paralelo, dos importantes debates sobre el futuro de la educación en Catalunya.

Por una parte, en el edificio de CosmoCaixa, culminaba “Ara és demà”, un proceso de reflexión impulsado por el Departament d’Ensenyament y el Consell Escolar de Catalunya que a partir de 5 personalidades y sus respectivas ponencias pretende dibujar en clave constituyente la arquitectura de la educación de la futura república catalana. En teoría, este debate se planteaba como un proceso participativo abierto a entidades y particulares de la sociedad civil donde cada uno podría hacer su aportación. Pero en la práctica el proceso de discusión ha quedado bajo el control total de los ponentes propuestos desde arriba que son libres de aceptar o desestimar las aportaciones que les van llegando.

Más allá de las buenas palabras, de las referencias pomposas a la tradición de la escuela pública catalana o del mismo título del debate(“Ara és demà”, en referencia a un conocido poema de Miquel Martí i Pol), lo cierto es que lo que se prometía como un proceso de reflexión abierto y participativo para pensar “la nueva escuela del siglo XXI” ha devenido, por el contrario, la afirmación y apuntalamiento de los principios de las dos leyes más regresivas que ha tenido que confrontar desde la movilización y la lucha la comunidad educativa en Catalunya: la Ley de Educación Catalana (LEC) y la Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

De hecho, el espíritu que se desprende de las ponencias lleva hasta el paroxismo dichos principios: direcciones fuertes y gerenciales, contratación a dedo del profesorado, desmantelamiento de facto de la función pública, fusión de los centros privados-concertados y públicos bajo los parámetros de los primeros, incentivos y evaluaciones por resultados, destrucción de la visión integral de la red y competencia entre centros, concepción gerencial de la autonomía de centros…

Por otra parte, decíamos, el mismo día y a la misma hora, pero no en el mismo lugar sino en un instituto público de un barrio obrero de Barcelona (ya en sí toda una metáfora de las dos realidades que se confrontan) se celebraba el “Debat extraordinari sobre l’educació pública catalana”. Un debate alternativo al institucional, abierto a todas e impulsado por todos los actores que han luchado por la educación pública en los últimos tiempos: Assemblea Groga, Ampas, sindicatos, asociaciones de vecinos, Xarxa d’escoles insubmises…y un larguísimo etcétera. Como el mismo manifiesto rezaba: “Este debate nace como una denuncia y alternativa a “Ara és demà” para reconducir el debate a aquellos temas pedagógicos, políticos y sociales que preocupan a la comunidad educativa que cree en la escuela pública y da la palabra a esta misma comunidad”.

Y, en efecto, esta comunidad se pronunció. El número de inscripciones desbordó las previsiones de los organizadores hasta el punto que se tuvo que buscar una ubicación más grande, pasando de la pequeña escuela pública que tenía que acoger el acto inicialmente a un instituto de mucha mayor capacidad. Y los ejes del debate que se prolongaron a lo largo de todo el día a través de talleres abiertos, abordaron todos aquellos temas y aquellas problemáticas que el debate institucional quiere enterrar bajo la alfombra de un falso consenso: concertada-pública, pobreza y segregación, privatización, participación democrática, mercantilización, educación crítica y para la transformación social…

Desde que el 9N de 2015 el Parlament de Catalunya declaró “la apertura de un proceso constituyente ciudadano, participativo, abierto, integrador y activo”, en cada ocasión que la comunidad educativa se ha organizado y ha intentado participar, la reacción del Govern ha sido la misma: Ninguneo, censura y finalmente veto.

Este fue el caso de la ILPeducació el curso pasado. Una iniciativa de la sociedad civil con más de 95 000 firmas recogidas, 170 entidades de la sociedad civil adheridas y 26 mociones aprobadas en diferentes ayuntamientos del territorio desde pequeños pueblos como Bordills hasta grandes metrópolis como Barcelona.

Fue el Govern de JuntsPelSí que previamente había declarado solemnemente la apertura de un proceso participativo en Catalunya el que con los votos del PP no permitió, ni siquiera, la posibilidad de hacer un debate sobre la iniciativa surgida de la sociedad civil más importante que ha habido des de la transición en materia educativa en este país.

Ahora, pues, que la Generalitat vuelve a poner en marcha un debate constituyente sobre el futuro de la Educación en Cataluña, hecho desde arriba y obviando, otra vez, las preocupaciones y las reivindicaciones de la escuela pública, así como muchos de los actores que las han protagonizado, hay que recordar que en las postrimerías del franquismo en Catalunya hubo un auténtico proceso constituyente, participado y desde abajo, en el ámbito de la educación.

La movilización social y la auto-organización fueron capaces de ir levantando de facto y a través de la lucha una nueva realidad constituyente en el ámbito educativo que permitió abolir los antiguos cuerpos de direcciones franquistas y levantar una nueva institucionalidad democrática (claustros de profesores y consejos escolares vinculantes) sin la cual la participación real (no como consumidores, no como «usuarios», sino como ciudadanos de pleno derecho) de toda la comunidad educativa no hubiera sido posible.

Gracias a estas luchas, los centros públicos fueron introduciendo en su organización de trabajo y en su gestión formas de funcionamiento democráticas y participativas. Donde la participación y la gestión colectiva articulaba a través de la elección directa de la dirección (cuando la había) la representación de la comunidad educativa frente a la administración, de las decisiones de los claustros y consejos escolares y de la creación de estructuras horizontales de trabajo colectivo y debate pedagógico.

No es casualidad que uno de los momentos de innovación pedagógica más ricos y fértiles que ha habido en nuestro país surja de estas luchas (la inmersión lingüística entre muchas otras experiencias innovadoras) y se despliegue en el marco de esta nueva institucionalización (las aulas de acogida, los grupos flexibles, el trabajo cooperativo, trabajo por proyectos…), donde los actores educativos se movían en un clima de igualdad, democracia, autonomía pedagógica y colaboración mutua dentro del centro, con el entorno y con el conjunto de la red.

Lo primero que hace la LEC cuando aterriza en Cataluña (de la mano de las «recomendaciones» de la patronal europea, los «libros blancos» de la Comisión Europea y de la OCDE) es empezar a desmantelar esta institucionalidad democrática (ya tocada por las diferentes leyes que la precedían) conquistada por las clases populares y que hizo posible esta renovación pedagógica.

La LEC consagra los cuerpos de directores y una gestión piramidal y jerárquica que emula la privada-concertada donde los directores hacen las funciones de jefes de personal y de representantes de la Administración, abriendo de nuevo la educación pública al control ideológico, a las viejas redes clientelares y la arbitrariedad. Externaliza servicios y entierra a docentes y alumnos en una morralla burocrática de evaluaciones estandarizadas para confeccionar rankings de centros e incentivos económicos y, eso sí, a cambio nos ofrece la zanahoria del «sello de prestigio» de las fundaciones privadas: «la educación del siglo XXI», la solución mágica para que centros, docentes y Ampas, en un contexto de desinversión estructural y de precarización creciente compitamos entre nosotros por las matrículas y por unos recursos cada vez más escasos …

Tal y como han mostrado los sociólogos Christian Laval y Pierre Dardot /1, estamos asistiendo a un inmenso experimento de ingeniería social impulsado por la OCDE, la Unión Europea y sus Estados que tienen sus raíces ideológicas y teóricas más profundas en la escuela de economistas y juristas ordoliberal alemana y la escuela neoliberal austro-americana que se empezaron a forjar en la Europa de entreguerras para despegar institucionalmente a partir de la revolución conservadora de los años 80. y que, poco a poco, han ido configurando un cambio axiológico, epistemológico y antropológico de muchos de los conceptos que han informado la modernidad: democracia, individuo, soberanía, libertad …

Este discurso a lo largo de las últimas décadas ha ido encontrando en la transformación de los modelos educativos de los diferentes países su ámbito estratégico privilegiado de aplicación y en las socialdemocracias europeas sus más entusiastas impulsores en todos los terrenos de la gestión pública; de aquí su bancarrota política y moral, de aquí, también, la crisis de legitimidad de las instituciones europeasy de muchos de sus estados.

En esta nueva concepción, vemos cómo se produce una auténtica inversión de los conceptos y del sentido de las luchas sobre las que se habían construido los Estados de bienestar. La «soberanía» ya no radica en el pueblo o los ciudadanos como fundamento del derecho público, sino en el «ciudadano-consumidor» y su «libertad de elección» que se convierte en la expresión genuina e irrevocable de la «voluntad general «. voluntad que el Estado debe preservar mediante la institucionalización del «derecho privado» como forma de sociedad que regula los vínculos humanos a través de su nuevo fundamento «universal»: la competencia.

En este contexto, el Estado debe asegurar esta «voluntad general» (a través de la institucionalización del derecho privado como principio regulador de todos los aspectos de la vida) frente a los intereses «particulares» que ahora ya no son, como antes, los intereses de las empresas o de aquellos individuos que quieren sacar un beneficio o ventajas de un bien común a expensas de los demás, sino (al contrario) de todos aquellos agentes o marcos institucionales que ponen trabas u obstáculos al «normal funcionamiento» del derecho privado y su libertad de elección: derechos de los trabajadores, sindicatos, derechos sociales, sanidad pública, educación pública … que se convierten así en «anomalías corporativas» que hay que ir desmantelando.

En resumen, la soberanía se convierte en «soberanía del consumidor», la democracia en «democracia de consumo» y la libertad en «libertad de elección» en un marco de atomización social y competencia de mercado generalizado.

Todo esto representa un verdadero cambio de paradigma global en las políticas de gestión de los servicios públicos. Una concepción que emula los modelos de gestión de la empresa privada y concibe los servicios públicos, ya no como unos derechos fundamentales que hay que preservar de la lógica depredadora del mercado, sino que, por el contrario, entiende que la obligación de las administraciones es ir descentralizando y poniendo paulatinamente los recursos públicos en manos de la iniciativa privada. Es así como vemos que la administración se adapta cada vez más al papel de un simple supervisor y distribuidor de recursos públicos que, a través de incentivos y evaluaciones, debe fomentar esta misma iniciativa privada en les centros educativos.

Ahora se entiende mejor el sentido de propuestas de innovación pedagógica como la Escuela Nueva 21 (patrocinadas por la Caixa y la Fundación Bofill entre otras entidades) donde se pone a disposición de las escuelas públicas nuevos sellos de prestigio para “revalorizarse”, que permitirán a las escuelas armarse con el “capital simbólico” suficiente para la nueva selva neoliberal del siglo XXI que viene; para el nuevo mercado emergente de todos contra todos por matriculas y recursos. Obligando a escuelas, docentes y Ampas a actuar como agentes privados dentro de la misma red pública; en busca de oportunidades de mercado que permitan la supervivencia de su escuela y la sitúe en una posición más competitiva que la otra escuela pública del mismo barrio…

Finalmente, para moverse con éxito en esta nueva «utopía social», se postula como ideal un nuevo proceso de subjetivación o un nuevo tipo antropológico: «el hombre-empresa» o «el emprendedor». Al mismo tiempo que todo este cambio axiológico va ligado, como decíamos, a una nueva epistemología y praxeología sobre el mundo que nos rodea; donde no importa el «qué» o el «por qué» del conocimiento; sino el «cómo» el individuo puede adquirir en su práctica y experiencia un conocimiento que pueda ser utilizado de forma provechosa para tener más ventajas que los demás en este marco de competencia generalizada que hay que preservar e impulsar como expresión más alta de democracia y libertad: “Todos somos emprendedores, o más bien Aprendemos a serlo, nos formamos mediante el Funcionamiento del Mercado en la disciplina de gobernarnos como empresas, el Mercado es un Proceso de aprendizaje continuo y de Adaptación permanente. (…) la libertad es la POSIBILIDAD de experimentar las propias facultades, de aprender, de corregirse, de adaptarse. El mercado es un proceso de formación de sí. Tal sociedad se caracteriza por su «adaptabilidad» y su norma de Funcionamiento, el cambio perpetuo: El emprendedor va en busca del cambio, sabe actuar sobre él y explotarlo como una oportunidad. El nuevo ’management’ de emprendedores, pretende extender y sistematizar el espíritu de empresa en todos los dominios de la acción colectiva, muy particularmente en el Servicio Público, haciendo de la innovación el principio universal de organización” (Laval y Dardot, 2015: p.147-155).

Se dice siempre que la mejor manera de saber a qué sociedad se aspira en un país es observar qué modelo educativo propone. Este es el modelo que nos propone el Govern de la Generalitat para la futura república catalana. Toda una nueva concepción de las sociedades, del individuo y del papel de los servicios públicos, que responde sin complejos a esta voluntad de introducir la filosofía empresarial en el ámbito de la educación pública. ¿Y dónde queda la democracia en todo este entramado? Pues la «nueva democracia» radica precisamente en todas estas transformaciones que hemos apuntado, nos vienen a decir los nuevos gurús del futuro educativo …

En Catalunya estamos asistiendo a un proceso constituyente de facto. Hecho desde arriba y por los de siempre. Cualquier marco de soberanía que no constituyamos desde abajo y desde la movilización social será constituido por arriba y al servicio de los intereses de los de siempre. Los movimientos sociales en Catalunya debemos coordinarnos y conjurarnos en clave constituyente a través de una gran asamblea de movimientos sociales para que, independientemente del marco de relación que finalmente decidamos tener con el Estado español, seamos capaces de definir mediante la lucha no sólo qué educación queremos, sino qué sanidad, qué servicios sociales, qué relaciones laborales….en definitiva, para articular también de facto, una correlación de fuerzas que nos permita constituir soberanía real y compartida entre las clases populares de aquí, de los pueblos del Estado y de toda Europa.

8/=4/2017

Marc Casanovas es miembro del Seminario Ítaca de Educación Crítica (SIEC) y redactor de la revista viento sur

Notas:

1/ Laval.C, Dardot.P (2015) La nueva razón del mundo. Barcelona: Gedisa