España

No se puede negar que, en cuanto a la lucha contra la LOMCE, el Gobierno extremeño y, en particular, la Consejería de Educación, están demostrando una considerable valentía. Para empezar, en un tiempo récord, y pese a la resistencia y el derrotismo de muchos, el gobierno elaboró y aprobó un nuevo decreto curricular de secundaria con el que sustituir al impuesto por el gobierno en funciones de Monago. Y no se cortó un pelo.

En este decreto se recuperaba una materia que debería ser troncal en toda sociedad democrática que se precie (y que está presente en la mayoría de los países de nuestro entorno): la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (aun cuando solo durante una hora a la semana). Se introdujo, también, una hora de Ética optativa en bachillerato (ya saben que la LOMCE eliminaba la Ética, esa reflexión en torno a los valores morales que, por lo visto, resulta inútil a los españoles – que deben de estar, por lo que parece, sobrados de ella –).

El decreto sirvió igualmente para salvar del desastre a la Filosofía, esto es, a esa insignificante materia empeñada en que los alumnos construyan crítica y racionalmente sus propias ideas en torno a cosas tan “irrelevantes” como el fundamento y el sentido de lo real, la naturaleza humana, la identidad personal, la verdad, la bondad o la justicia. La mayor dotación horaria de la Filosofía pudo molestar a quienes pensaron que se hacía a costa de materias como la Religión. Pero la Filosofía (que, por cierto, no tiene más que ver con la Religión que con cualquier otro saber o ciencia) solo incrementó sus horas a costa de las muchas que perdió con la LOMCE.

Pero aquello en lo que la Consejería más parece haber pecado (nunca mejor dicho) de valentía es en tratar de poner a la Religión en el sitio que le corresponde en el currículo educativo. Y digo “parece” porque lo único que ha hecho es ceñirse a lo que dicta la LOMCE al respecto. De hecho, las horas de Religión en Extremadura no son muy diferentes a las que tiene en aquellas comunidades gobernadas por el PP en las que se aplicó, sin cambio alguno, la LOMCE. Es por esto que provoca sorpresa la furibunda reacción de los interesados en que las horas de Religión se multipliquen en Extremadura. ¿Es que quieren aquí aún más de las que les concede la – ya de por sí conservadora y protocatólica – ley educativa del PP?

Por lo demás, la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que obliga a la Junta a rectificar el currículo es notablemente defectuosa. De entrada (y esto sonroja decirlo) en la argumentación de la sentencia se dan por buenos datos cuya falsedad es palmaria. Se acepta en ella que la religión ha perdido el 50% de sus horas en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en relación al decreto curricular anterior, cuando la verdad es que no ha perdido más que el 20%. Cinco horas semanales tenía (dos en primero y una en el resto de los cursos de ESO) y cuatro horas semanales tiene ahora. ¿Es que no han tenido tiempo de leer los decretos educativos los magistrados de la sala?

En cuanto a la presencia de la Religión en segundo de bachillerato, no hay ni que recordar que en ese curso (equivalente al extinto COU) no la ha habido casi nunca (solo recuerdo un caso). Tampoco la disponía allí el decreto LOMCE anterior (el del PP de Monago). Es cierto – esto sí – que en el primer curso de bachillerato la Religión ha pasado de dos a una sola hora semanal.

Pero esto no es ilegal, dado que las comunidades autónomas poseen la competencia de regular la carga horaria de las materias específicas (tales como la Religión). Además, esta medida tiene una justificación muy razonable. La Religión pasa de dos a una hora en primero de bachillerato para así introducir una hora de Ética especialmente diseñada para aquellos alumnos que – justo por haber cursado Religión durante toda la ESO – no han recibido ni una sola clase en la que reflexionar libre, crítica y racionalmente sobre los valores que todos los ciudadanos compartimos (y no solo los creyentes en esta o aquella doctrina religiosa).

Me parece que la necesidad de este cambio está, por tanto, meridianamente clara. Por contra, y a este respecto, la sentencia del TSJEx esboza unos razonamientos imprecisos, confusos y repletos de información irrelevante, en los que se mezclan datos no contrastados con comparaciones entre la Religión y otras materias específicas que, de considerarse válidas, provocarían la anulación, no ya solo del decreto curricular extremeño, sino de la propia LOMCE y de la práctica totalidad de las leyes educativas de los últimos cincuenta años.

El que firma este artículo ha exhibido pública y reiteradamente las razones que, a su entender, sostienen la obligatoriedad de ofertar la materia de Religión en la escuela. Ahora bien, una cosa es que el sistema educativo atienda la demanda de buena parte de las familias españolas, y ofrezca la posibilidad de recibir formación religiosa a sus hijos.

Y otra cosa es cómo deba hacerlo: si en una hora o en diez, si dentro, fuera o en los márgenes del horario lectivo, si en todos los cursos o solo en algunos, si con evaluaciones y calificaciones decisivas para optar a becas o sin relevancia académica, si impartida por profesores seleccionados de modo poco transparente por el obispado o sujetos a criterios más rigurosos, etc.

Si la Iglesia católica practicara la misma prudencia y humildad que exige a sus fieles debería darse con un canto en los dientes con la presencia, más que suficiente, que tiene en todos los colegios e institutos del país desde primaria hasta el bachillerato.

Presencia que no debería reclamar en nombre de la rara avis de un Tratado político – tan cuestionablemente constitucional y denunciable en cualquier momento – como es el firmado con el Estado Vaticano en 1979, sino por la simplicísima razón de que muchos ciudadanos entienden que la formación religiosa de sus hijos es parte fundamental de su educación, y tienen derecho a poder elegirla. Y punto.

El deseo irracional y soberbio de multiplicar las horas durante las que se adoctrina en catolicismo a los alumnos, y el hecho de denunciar, con datos ambiguos y argumentos sofísticos, a la administración que no se les hinca de rodillas, debería avergonzar a los prebostes de la Iglesia que apadrinan esta campaña (que no esconde, en el fondo, más que un problema laboral, como hicieron saber desde el principio los profesores de Religión). Y es la propia Iglesia (y no el Gobierno extremeño) la que se pone aquí a sí misma, innecesariamente, en el ojo del huracán. Su reiterativa imprudencia acabará por tener efectos. Tarde o temprano vendrá un gobierno, tan valiente o más que el extremeño, a acabar con sus privilegios heredados. Un gobierno que, al fin, ponga a la Iglesia católica en el lugar que le corresponde.