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España: La nueva ley de infancia prohibirá la exploración genital y los desnudos para determinar edad de los menores

La ley de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia prohibirá recurrir a desnudos integrales o exploraciones genitales para determinar la edad de un menor, de acuerdo con las enmiendas registras en el Senado.

El PSOE y el PP proponen incluir cambios en la norma con ese objetivo, siguiendo las recomendaciones del Defensor del Pueblo y de organismos internacionales, entre ellos el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
El Pleno del Congreso ha respaldado la ley de protección a la infancia frente a la violencia, que empezará a contar la prescripción de los delitos graves cuando la víctima tenga 35 años, con amplio consenso y la oposición, con distintos argumentos, de Vox y PNV. El proyecto de ley pasará ahora al Senado, donde deberá seguir su tramitación en Comisión y Pleno, con el anuncio de varios grupos de que mantienen vivas enmiendas para seguir incluyendo mejoras.

La ley, con trámite de urgencia, podría estar aprobada en el mes de mayo, ya que se espera que esté lista para votación durante el pleno del próximo 11 y 12 de la Cámara Alta y enviarla al Congreso para su aprobación definitiva, explican a Efe fuentes parlamentarias. Los socialistas plantean además limitar al máximo en los centros de menores las medidas de contención física, que no podrán aplicarse a menores de 14 años o adolescentes embarazadas.

De acuerdo con sus enmiendas, la inmovilización física del menor solo podrá realizarse en última instancia y bajo un estricto protocolo y, de forma excepcional, en centros de menores con trastorno de conducta se podrá recurrir a la sujeción de las muñecas con equipos homologados. Se prohíbe sujetar o atar al menor a un objeto fijo o anclado, como la cama u otro mueble y, en cualquier caso, si se aplican medidas de contención que exigen el uso de la fuerza habrá que informar de forma inmediata al juzgado de menores y a la Fiscalía y realizar una exploración médica en un plazo de 48 horas.

Enmiendas presentadas

En cualquier caso, si se aplican medidas de contención que exigen uso de la fuerza se hará una exploración médica del menor en un plazo máximo de 48 horas y se informará de forma inmediata al juzgado de menores y a la Fiscalía. El PSOE, que ha presentado 27 enmiendas al proyecto de ley de protección a la infancia frente a la violencia en el Senado, propone también crear en seis meses un Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia.

Por su parte, el PP ha registrado 111 enmiendas para que la ley sea «más accesible y garantista» y refuerce la asistencia y la protección de los menores, ha dicho a Efe el portavoz popular en la Comisión de Derechos Sociales, Bienvenido de Arriba, que ha reclamado una dotación presupuestaria real para que esta ley «no se quede en una declaración de buenas intenciones». La formación popular pide que se reconozca el matrimonio infantil o la trata con fines de explotación sexual como formas de violencia hacia los menores, que se priorice el acogimiento familiar y los recursos residenciales sean la «última» opción y que se refuercen los centros de protección para que sean «entornos seguros libres de violencia».

Asimismo, el PP quiere que se cree una jurisdicción especializada en Infancia, Familia y Capacidad que cuenten a su vez con plazas concretas para los menores víctimas de explotación sexual y trata de personas sujetas a medidas de protección o tutela.

Por su parte, Ciudadanos ha presentado una decena de enmiendas, muchas de ellas de mejora técnica a la redacción de algunos artículos de la ley. La formación pide que se amplíe a todos los menores que solo tengan que declarar una vez durante la investigación, que ahora se establece solo para los menores de 14 años.

Así, propone modificar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para establecer la exploración como prueba constituida para todas las víctimas menores de edad, no solo las menores de catorce años, con la finalidad de minimizar la victimización secundaria de estos menores y que ésta se haga por personas expertas.

Además, C’s defiende extender el derecho de asistencia jurídica gratuita de los menores víctimas de violencia a todos los procedimientos en los que sean parte o les afecten, no solo judiciales. Ciudadanos reclama además desarrollar programas de formación y sensibilización a adultos y menores para «la promoción intrafamiliar del matrimonio infantil, el abandono de los estudios y la asunción de compromisos laborales y familiares no acordes con la edad».

En los casos de los niños tutelados, reclama dotación suficiente para el cumplimiento de las obligaciones de la ley y que el coordinador de bienestar y protección que debe haber en los centros vele por la aplicación de estas políticas internas de control, detección e intervención.

Fuente: https://www.20minutos.es/noticia/4680769/0/la-nueva-ley-de-infancia-prohibira-la-exploracion-genital-y-los-desnudos-para-determinar-edad-de-los-menores/

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La espada de Damocles pende sobre las escuelas infantiles municipales de Granada, un modelo con 40 años de vida

Son cuatro escuelas que forman una pequeña red que dio sus primeros pasos allá por 1980, recién estrenada la democracia, con la absorción del Ayuntamiento de dos cooperativas. Tras poner en marcha un Patronato, hace algunos años se formalizó la Fundación Granada Educa, de la que dependen todas ellas. Hoy, el consistorio, gracias a una petición de la extrema derecha, encarnada en Vox, y apoyada por el Partido Popular y Ciudadanos, hace peligrar su futuro.

Nacía la democracia en España. Después de 36 años de dictadura, llegaba el momento de levantar, de nuevo, la democracia en todo el territorio. En su modesto papel, la ciudad de Granada comprendió la importancia de la educación pública y de calidad. Aquel 1980 se celebró en la ciudad un encuentro estatal de educación preescolar y el Ayuntamiento asumió como propias las conclusiones que se plantearon. Absorbió dos cooperativas de educación infantil, con proyectos que encajaban con lo expuesto en el encuentro.

Han pasado 41 años desde su fundación. Desde el primer momento se trató de un proyecto que entendía la educación infantil como un continuo que no podía partirse en dos. Así que admiten a criaturas desde los 4 meses hasta los 6 años. La mejor manera de hacer seguimiento a las etapas evolutivas de cada cual prácticamente desde el nacimiento hasta su llegada a la primaria. El objetivo primordial, respetar los tiempos de niñas y niños. No todo el mundo llega al mismo sitio en el mismo momento y, entonces, el proceso se hace fundamental.

Le cuestan a las arcas municipales alrededor de 2,4 millones de euros. Principalmente por su modelo de trabajo. En el 0-3 abunda la pareja pedagógica, dos maestras que comparten el espacio con las criaturas, se compaginan en la atención de niñas y niños. En el 3-6 no hacen parejas, pero cuentan con el apoyo (también en el primer ciclo) del equipo psicopedagógico: psicóloga, psicopedagoga y logopeda. Para rizar el rizo, cada centro tiene cocina propia, lo que supone que dos personas más han de elaborar y cocinar el menú diario. En total son 50 personas.

«Las cooperativas tenían las características del proyecto: etapa completa, públicas, abiertas a cualquiera independientemente de su capacidad económica. Y con la calidad como seña de identidad. Ahora son cuatro de 0-6»: Arlequín, Duende, Luna y Belén. Quien habla es Mercedes Blasi, pedagoga y cofundadora, en su momento, del Patronato de Escuelas Municipales que, más tarde, fue el germen de la Fundación Granada Educa, entidad dependiente del Ayuntamiento que gestiona las escuelas.

Vox, como también le ocurre al PP y a C’s, son de la opinión de que este gasto debe asumirlo la Junta de Andalucía. La educativa es eso que llaman competencia impropia, es decir, una competencia que en realidad pertenece a otra administración pública. Un estudio de hace algún tiempo de la FEMP aclaraba que los municipios pueden hacerse cargo de servicios educativos como escuelas infantiles, siempre y cuando no mermaran la capacidad de la hacienda local. Los partidos que componen el Ayuntamiento (PP y C’s) apoyados por Vox, entienden que es un problema para Granada seguir manteniendo económicamente estas cuatro escuelas. Quienes defienden la red de escuelas municipales aseguran que la inversión supone el 0,67% del presupuesto de la ciudad. Según las cuentas presentadas en agosto por el Ayuntamiento, el presupuesto para 2020 era superior a los 282,6 millones de euros.

Crónica anunciada

La moción presentada por Vox el diciembre pasado para que haya una reunión entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para que la primera asuma la gestión y el gasto de las escuelas infantiles municipales de Granada no es una novedad. Es el último capítulo de una historia con un lustro, al menos, de antigüedad.

Allá por 2016, el PP decidió que la asunción de una competencia impropia era lesiva para los presupuestos municipales. Intentó que la Junta de Andalucía asumiese la gestión de los cuatro centros en relación al segundo ciclo, el 3-6. Gracias al ruido que en aquel momento se organizó, se paralizó el intento de supresión de la mitad de la red y, poco tiempo después de aquello, en el mes de mayo del mismo año, se consiguió que el Pleno del Ayuntamiento redactase una declaración en la que se comprometía a mantener la financiación de las escuelas, al menos, hasta que hubiera un compromiso del gobierno autonómico para asumir el proyecto tal cual es, es decir, la etapa completa, sin partir.

Esta es una de las grandes reivindicaciones de algunos de los modelos más potentes de educación infantil, desde el famoso Reggio Emilia hasta las escuelas municipales de Pamplona. El respeto a la cultura de la infancia, a los tiempos de crecimiento y maduración, para en buena medida porque niñas y niños no entren en colegios de primaria a los tres años.

Aquel ruido lo montaron familias y trabajadores, antiguas y nuevas. Fue el momento en el que se creó la Plataforma Sí 0-6, integrada por ambos colectivos ante la posibilidad de que desapareciese un proyecto que ha educado a miles de ciudadanos y ciudadanas de Granada en los últimos 40 años. Es también el momento en el que ambos consiguen representación en el patronato de la Fundación Granada Educa. Desde entonces tienen información sobre la situación económica y capacidad de participar y decidir.

Aquel podríamos decir que fue el primer asalto sobre la red de escuelas, sustentada en la Fundación.

Por esto, además de por haber generado después de 40 años un sustrato social de apoyo,pudo frenarse que en el verano de 2020, de nuevo, el propio Ayuntamiento de la ciudad decidiera aumentar las cuotas que pagan las familias. Según Mercedes Blasi, así como Isabel Romero, madre de dos exalumnos y dos alumnos de las escuelas, en la actualidad el 40% de las familias no pagan nada por tener a sus hijos matriculados. Sus plazas están subvencionadas. El 60% restante paga lo que les corresponde. El Ayuntamiento decidió, sin previo aviso, aumentar las cuotas un 20% y eliminar las bonificaciones.

«El concejal, asegura Romero, ha dicho que quiere escuelas más abiertas a la población más vulnerables». Además de esto, subieron las cuotas de las escuelas de verano, durante el mes de julio y que facilitan la conciliación laboral de las familias. «Dicen que las escuelas de verano incurren en déficit y de ahí la subida. 3.000 euros de déficit. Aunque es básico para la conciliación de las familias».

De nuevo llegaron las protestas de familias y equipo profesional por lo que entendían como un ataque a las familias que, precisamente, más se benefician de la existencia de las escuelas. Finalmente, se mantuvieron los precios como estaban.

Pero la tranquilidad no dura siempre. Y, a finales de diciembre de 2020 llegó Vox con la petición de que se cree una comisión participada por los grupos políticos del Ayuntamiento y la Junta. El objetivo, que la gestión pase a esta y el Ayuntamiento se deshaga de las escuelas. Esta posibilidad deja un futuro complicado a las cuatro escuelas y a sus trabajadoras y trabajadores. En principio, el 3-6 lo gestiona directamente la Junta en centros de infantil y primaria, y el primer ciclo, el 0-3, en la mayor parte de los casos, deriva la gestión a empresas privadas.

Un proyecto educativo de prestigio

Todo esto sería un mal sueño en cualquier circunstancia. Pero en el caso de las escuelas municipales de Granada se ha rizado el rizo. Se trata de un modelo que recibe la visita todos los años de alrededor de 1.200 personas que se interesan por su funcionamiento y sus bases pedagógicas. Tiene no pocas similitudes con el modelo de Pamplona, una ciudad que apostó en su momento por sus escuelas municipales, que invierte, siendo más pequeña que Granada, 8 millones anuales en su infancia.

El modelo nació, y mantiene, la perspectiva de que ha de escolarizar criaturas hasta los 6 años. «Es un contexto amable de crecimiento paulatino, protegido» explica Blasi. En el primer ciclo funcionan con pareja educativa, no en el segundo. Ambos cuentan con el apoyo del equipo psicopedagógico. «Una de nuestras fuerzas, comenta, es que las escuelas comparten proyecto, como cada una en su contexto». Además de proyecto común, cada dos semanas se reúnen las cuatro directoras con el equipo psicopedagógico para hablar del funcionamiento y generar abordajes conjuntos. «Hay un sentido de cooperación, una cultura institucional de ayuda. Construimos juntos», asegura Blasi.

El día comienza entre las 7.30 y las 9.30, según las necesidades de las familias. Se produce el primer encuentro con los niños y se plantean las propuestas para comenzar a hacer. Hay un momento a media mañana para higiene y comer fruta. Después, el grupo pone en común y se proponen actividades: exploración, algún proyecto de trabajo, etc. Comenta Blasi que no se establece un momento y espacio para el recreo. La idea es que haya un continuo entre el dentro y el fuera. «Son tan importantes uno como otro». Además, a lo largo del día «no todas las criaturas hacen lo mismo, hay diferentes estrategias».

Esto es algo que a Isabel Romero le gustó del modelo. Las criaturas no hacen fichas, como en otras escuelas, no hacen todas lo mismo al mismo tiempo. «Me gustó la autonomía que dan a los niños desde chiquititos», asegura.

Un autonomía que, por ejemplo, se ve cuando llega la hora de comer. Se hace en el aula y son niñas y niños, ya desde que tienen un año, quienes se ocupan de preparar el menaje, montar el comedor en el aula y, una vez que han terminado, recogerlo todo.»El aula, comenta Blasi, es un espacio de vida donde sucede todo».

La red

La red, más allá de estar formada por las cuatro escuelas, la constituyen las familias y también el territorio en el que se enmarcan. Desde el primer momento se trata de centros en los que las familias se ven acompañadas en el periodo de crianza, no solo con la ayuda de las profesionales que conforman el equipo, sino por las otras familias en las que encuentran, en no pocas ocasiones, amistades que perduran en el tiempo.

La participación de las familias es uno de los pilares del proyecto. Más allá de que todos los días (también en este curso de pandemia) pueden entrar en el aula (con accesos diferentes para evitar aglomeraciones) para dejar a sus niños y, a partir de las 16.00, para recogerlas.

Se establecen, comenta Blasi, «relaciones concretas, fluidas, cotidianas, más espontáneas». A las que que se suman cuestiones más estructurales como reuniones trimestrales con el equipo docente para hacer valoración o explicar los proyectos que se ponen en marcha o la gestión de las escuelas. Se les ofrece, además, información escrita individual y participan en el consejo escolar. Además, explica Blasi, se elaboran «talleres de familias cada año; cada escuela elige un tema de estudio, que puede ser la música o los espacios exteriores» y se comparten con las familias. Esta elección de tema «permite una reflexión al personal docente, una práctica con el niño y que la familia pueda participar en las diferentes estrategias que se organicen».

«Las familias están en la escuela, la viven, con los niños. Si las familias cooperan te permite hablar sobre las criaturas a través de la acción. Permite relación interfamilias, tenes socialización en la crianza», asegura la pedagoga. Algo que, para Romero, ha supuesto estar muy contenta.

Romero comenta cómo muchas familias organizan planes conjuntos más allá de las escuelas, para que sus hijas e hijos tengan una infancia respetada. A esto se viene a sumar el impacto de la existencia de las escuelas en el territorio. «Esto ayuda a crecer a las criaturas. Que se inserten donde habitan supone un crecimiento para críos, familias y para el territorio», asegura Blasi. Y lo ejemplifica en el uso de un parque cercano a una de las escuelas durante el periodo de pandemia. «Los críos han dejado sus huellas, encontradas por los vecinos: tizas, poesías en los árboles». Una buena manera de acercarse a la importancia de incardinar las escuelas en el territorio es el libro Viviendo el barrio, de la Editorial Octaedro, en el que se habla de la experiencia de la escuela Arlequín.

La red generada por las familias, además, se extiende más allá de la etapa de infantil. En buena medida, todas las familias acaban en los mismos colegios de primaria del barrio. Como explica Romero, esto ha supuesto cambios importantes en algunos de ellos, donde la participación de las familias ha aumentado hasta el punto, por ejemplo, e cambiar la tendencia de que los comedores se gestiones por una empresa de cátering que les traía la comida desde Zamora hasta Granada. Ahora tienen un comedor ecológico. O la adhesión a los caminos escolares o la construcción de un rocódromo. «Son familias muy implicadas».

«Una escuela pública de calidad necesita unos mínimos», asevera Blasi. «La educación es una inversión, no un gasto, ni una pérdida. Es dinero que se invierte en ciudadanía». Algo que en las escuelas municipales infantiles de Granada tienen claro, tanto sus profesionales como las familias que las llenan cada día. «Sabemos que el PP no es afín al proyecto», dice Romero, pero «es un proyecto prestigioso que deberían aumentar». Y aunque el futuro no parece muy prometedor, esta madre de cuatro criaturas que han pasado o están matriculadas en estas escuelas infantiles, asegura que «habrá resistencia»

Fuente e imagen:  https://eldiariodelaeducacion.com/2021/03/25/la-espada-de-damocles-pende-sobre-las-escuelas-infantiles-municipales-de-granada-un-modelo-con-40-anos-de-vida/

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España: CC OO pide a Educación que abra la negociación para un nuevo acuerdo de interinos

Europa/España/29-03-2021/Autor(a): E. Rodríguez/Fuente:www.elcomercio.es

Comisiones Obreras inició ayer la primera de las movilizaciones para reclamar a la Consejería de Educación que inicie a partir del 1 de abril un nuevo acuerdo de interinidades. Según ese documento, las partes (lo suscribió la Administración con ANPE y UGT), pueden hacerlo entre abril y agosto. El motivo, sostiene el sindicato, es «el aumento de la precariedad. En 2011 había 1.600 interinos y 450 a media jornada y ahora, 4.500 y 1.500, respectivamente. Se ha incrementado un 300%». Apuntó que incluso «hay centros enteros sostenidos con interinos». La central sostiene «que de puertas para dentro la consejería reconoce que el acuerdo es injusto. Uno nuevo debería dar estabilidad y abrir el debate de si se establecen listas cerradas», que no obliguen a los interinos a tener que presentarse obligatoriamente a las oposiciones.

Fuente e Imagen: https://www.elcomercio.es/asturias/pide-educacion-abra-20210327001013-ntvo.html

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Francia: ¿Son las mujeres las grandes perdedoras de la pandemia?

Sabine Germain

No es necesario prolongar el suspenso. Las mujeres se ven más afectadas que los hombres por los efectos de la pandemia. De forma inequívoca y en todos los frentes: empleo, carga de trabajo y mental, ingresos… En junio de 2020, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dio la voz de alarma al constatar que «la crisis de Covid-19 afecta de forma desproporcionada a las trabajadoras». Y en más de un sentido.

Las mujeres están «sobrerrepresentadas» en todos los frentes de la crisis sanitaria. En primera línea, ya que las profesiones sanitarias están feminizadas en más de un 70%, llegando hasta el 90% entre las enfermeras y auxiliares de enfermería. Pero también en la segunda línea: en el momento álgido del encierro, las profesiones de la distribución (el 82% de los empleados son mujeres), la ayuda a domicilio (el 98% de las mujeres) o la limpieza (el 67%) proporcionaban «continuidad económica y territorial» asumiendo todos los riesgos, mientras que los equipos de protección seguían siendo difíciles de encontrar.

Las mujeres también cayeron masivamente en el paro parcial, que les permitió mantener su empleo cuando las actividades estaban paralizadas, pero que les hizo perder el 16% de su remuneración neta, excepto a las que reciben un salario mínimo. Los sectores de actividad más afectados por la crisis, es decir, los que se han beneficiado de una mayor asignación parcial de actividad desde el 1 de junio de 2020, son el turismo, la hostelería, el deporte, la cultura, el transporte de pasajeros y los eventos.

También en este caso se trata de actividades muy feminizadas: en el turismo o la hostelería, por ejemplo, más del 80% de los empleados son mujeres. Para el conjunto del año, aún no se conoce la distribución de mujeres-hombres entre los beneficiarios de la actividad parcial. Pero la OIT está convencida de lo siguiente: «Los empleos de las mujeres corren mucho más peligro que los de los hombres, sobre todo a causa de la crisis del sector de los servicios». A diferencia de la crisis de 2008, que afectó más a la industria.

Las mujeres que pueden teletrabajar no se libran. Según un estudio realizado por Ipsos y el Boston Consulting Group, el 34% de las mujeres encuestadas dijo estar «al borde del colapso» (frente al 28% de los hombres). Porque la frontera entre el trabajo y la vida personal se está erosionando, porque las mujeres tienen 1,3 veces menos probabilidades que los hombres de tener un espacio de trabajo aislado, porque son 1,5 veces más interrumpidas por los hijos o las tareas domésticas..

Por ello, no es de extrañar que la carga mental de las mujeres aumentara durante el aislamiento físico de la pandemia. Según la encuesta EpiCov realizada por el Inserm (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) y la DREES (Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques) entre el 2 de mayo y el 2 de junio de 2020, las mujeres de entre 20 y 60 años que declaran dedicar al menos cuatro horas al día a las tareas domésticas habituales son el doble que los hombres (19% frente al 9%). Además, el 58% de las madres de niños pequeños pasan más de cuatro horas al día cuidando de ellos, frente al 43% de los padres. Por último, los hombres son 2,3 veces más propensos que las mujeres a dedicar menos de una hora al día a las actividades domésticas (40% frente al 17%).

Índice distorsionado

En este contexto, el Ministerio de Trabajo (Francia) publicó el 8 de marzo su índice 2021 de igualdad profesional entre mujeres y hombres. Hay que tener en cuenta que las empresas de más de 50 trabajadores están obligadas a medir cada año cinco indicadores: la brecha salarial entre hombres y mujeres (40% de la puntuación), la diferencia de aumentos anuales (20%), la diferencia de ascensos (15%), los aumentos al regreso de la baja por maternidad (15%) y la presencia de mujeres entre los salarios más altos de la empresa (10%).

Este año, el ministerio se ha alegrado de que el índice de respuesta haya aumentado considerablemente (ha pasado del 59% en 2020 al 70% en 2021) y de que la puntuación media haya progresado ligeramente hasta alcanzar los 85 puntos sobre 100 (+ 1 punto en comparación con 2020). Sin embargo, los interlocutores sociales consideran que estos resultados están sesgados por la crisis. El rango de empleados que se tiene en cuenta en estos cálculos excluye a los que trabajan a tiempo parcial, es decir, alrededor del 10 % de la plantilla de las empresas con más de 50 empleados.

Por lo tanto, este índice de igualdad ocupacional debe analizarse con cautela, incluso si se espera que la crisis de Covid se traduzca en un descenso histórico de la igualdad ocupacional. Rachel Silvera, investigadora asociada de la Universidad París-Nanterre, lamenta que se sacrifiquen «los peores trabajos». Con la modesta subida del salario mínimo (+ 0,9% el 1 de enero de 2021), en particular, «el 13% de las mujeres cobra el salario mínimo, frente al 5,5% de los hombres», señala este economista especializado en igualdad profesional. Además, «el 43% de los trabajadores que perciben un salario mínimo trabajan a tiempo parcial, mientras que esta forma de contratación alcanza al 17,5% de todos los asalariados».

Por lo tanto, podemos concluir con la OIT que «existe el riesgo de perder algunos logros de las últimas décadas y de empeorar las desigualdades entre hombres y mujeres en el mercado laboral». Esta es una de las especificidades de esta crisis: «A lo largo del siglo XX, a pesar de sus efectos devastadores, las guerras y las recesiones han hecho avanzar la igualdad de género en los países de renta alta», señala la economista Cecilia Garcià-Peñalosa en una columna publicada por Le Monde el 8 de marzo. Por ello, cree que «la reinserción de las mujeres en el mercado laboral debe ser un aspecto fundamental del plan de recuperación».

Fuente: https://rebelion.org/son-las-mujeres-las-grandes-perdedoras-de-la-pandemia/

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Miles de inmigrantes podrán homologar su título universitario en seis meses para ejercer en España

El ministerio prepara un mecanismo de evaluación más operativo para terminar con las demoras de más de dos años. Habrá, además, un “plan de choque” para los 15.000 extranjeros que ya aguardan turno.

Homologar un título universitario en España es una odisea por la pesada burocracia. Las esperas suelen ir de los nueve meses ―para un título expedido en Europa― a más de dos años, y si la licenciatura o el grado es de Medicina, aún más tiempo si es un título extracomunitario. Ahora el Ministerio de Universidades prepara un decreto de procedimiento de homologación (para las profesiones reguladas) y de equivalencia de los títulos extranjeros que será aprobado próximamente en el Consejo de Ministros y que acorta los plazos hasta un máximo de seis meses porque agiliza la burocracia y exime en muchos casos de un informe complementario.

Las 15.000 tramitaciones en lista de espera ―aún hay 9.000 de 2019― se regirán por el decreto de 2014, pero el ministerio asegura que habrá “un plan de choque” para resolverlos de forma “inminente” digitalizando sus expedientes ―muchos están en papel― y contactando con los demandantes telemáticamente. Actualmente, el método es el correo certificado, que eterniza el procedimiento. El pasado año se aprobaron 9.000 homologaciones y se falló en contra de apenas 350, por lo que el ministerio cree que no tiene sentido ser tan puntilloso.

“Es de vital importancia para nuestro mercado laboral atraer el talento que necesitamos para recualificar nuestro país. No se puede pensar en hacerlo sin la inmigración de profesionales de alta cualificación”, ha afirmado el ministro de Universidades este miércoles en rueda de prensa. Manuel Castells estudió y dio clase en París y ha ejercido durante tres décadas en la Universidad de Berkeley (California), por lo que es muy sensible al asunto. “La espera es un drama humano que se hace insoportable. Muchos de los mejores abandonan y optan por países más acogedores en su burocracia aunque hayan optado por España”, ha añadido. El ministro confía en que haya un “efecto llamada” entre los inmigrantes muy cualificados porque lo considera “fundamental” para construir una sociedad del conocimiento al estilo de Silicon Valley. Un 25% de los ciudadanos extracomunitarios, según un estudio de la Universidad de Comillas, posee un título universitario.

Cuando el licenciado fuera de España presente la solicitud telemáticamente al Ministerio de Universidades, se generará un número de seguimiento, como el de los paquetes de correo urgente. Ya no se podrá solicitar presencialmente. En los siguientes 15 días ―según los planes del ministerio― se revisará la petición y se demandará la subsanación de errores (ocurre en la mayoría de los casos). El demandante contará con 15 días para corregirlos.

Una comisión de homologaciones ―formada por técnicos del ministerio y profesores universitarios, en total 12 personas― contará después con hasta dos meses para emitir un informe que habrán redactado expertos en la materia y el resultado se comunicará al interesado. Para las profesiones reguladas ―médico, veterinario, abogado o juez― se pedirá un informe al colegio correspondiente que deberá de concluirse en 10 días (ahora se demora meses).

Si la resolución es afirmativa, se expedirá el título en 10 días y, si es negativa, el afectado contará con 15 días para presentar alegaciones y el ministerio con otros 15 para contestarle. La novedad es que los títulos expedidos en Estados del Espacio Europeo de Educación Superior o en países con los que hay reconocimiento de los estudios no tendrán que someterse al veredicto de la comisión de homologaciones. En estos momentos hay equivalencias automáticas con determinadas universidades de prestigio en Argentina, Colombia y Chile y países como Ecuador están muy interesados en la reciprocidad.

Estarán eximidos también del informe los expedientes “cuando se corrobore que la mayoría de solicitudes ―100 como mínimo― de homologación o equivalencia de un determinado título universitario extranjero proveniente de la misma universidad de un determinado país, se ha saldado con la obtención de una resolución definitiva favorable”, se afirma en el decreto. “Así que el porcentaje de informes que se hagan va a ser mucho menor”, subrayó José Manuel Pingarrón, secretario general de Universidades.

La pandemia ha puesto de manifiesto la gravedad del problema. En los momentos más duros, las autonomías quisieron contratar a sanitarios muy experimentados en sus países de origen ―en su mayoría sudamericanos―, pero no podían ejercer por faltarles la homologación. El ministerio les facilitó entonces un permiso especial para ejercer durante un año. Universidades valida el título de Medicina y el Ministerio de Sanidad, por su parte, tiene que reconocer la especialidad. Castells ha tenido un recuerdo para los funcionarios que durante el confinamiento regularizaron a 4.100 sanitarios acudiendo al ministerio, semivacío, porque muchos de los expedientes estaban en papel. “No es posible que el sistema funcione a partir del heroísmo cotidiano de los funcionarios”, ha sostenido el ministro.

Este diario dio durante el confinamiento voz a sanitarios frustrados por no poder trabajar cuando más se necesitaba. Yasmine Chacón, que era radióloga en El Salvador, limpiaba casas en un pueblo de Valencia a falta de la equivalencia. El uruguayo Lucas Ferraz, que trató decenas de casos de malaria en el Congo como auxiliar de enfermería, hacía reformas al no tener los papeles.

CONVALIDACIÓN DE PERIODOS EN UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

El decreto aborda también la convalidación de parte de los estudios de un ciudadano español ―quedan excluidos los trabajos de fin de máster o de grado― en una universidad extranjera. Serán los campus nacionales los encargados de la tramitación y contarán con un plazo de hasta dos meses. Regirán las normas de ese centro, pero en función de unas directrices generales del Consejo de Universidades ―conformado por representantes del ministerio y los campus―. Estas también serán responsables de la equivalencia del título de doctor.

Fuente: https://elpais.com/educacion/2021-03-24/miles-de-inmigrantes-podran-homologar-su-titulo-universitario-en-seis-meses-para-ejercer-en-espana.html

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España: Educación dice estar «peleando» para acabar con la semipresencialidad el próximo curso

Europa/España/26-03-2021/Autora: Ana Moriyón/Fuente: www.elcomercio.es

Carmen Suárez reconoce dificultades para conseguirlo en el próximo trimestre.

La consejera de Educación, Carmen Suárez, dijo esta mañana estar «peleando» para acabar con el modelo educativo de semipresencialidad que, como consecuencia de las medidas sanitarias exigidas en las aulas con motivo de la covid, se ha adoptado en algunos centros asturianos. Suárez admitió, una vez más, a preguntas de PP y Podemos, que no es un modelo con el que esté totalmente satisfecha, pero insistió en que su aplicación resulta necesaria para garantizar la distancia de seguridad de metro y medio que se exige entre alumnos. Una medida de seguridad que, aseguró, «no se le quita de la cabeza» y «sueña con ella» porque, lamentó, «ha condicionado y está condicionado» el curso escolar de muchos alumnos.

Por su parte, PP y Podemos recriminaron al Gobierno del Principado la falta de planificación para recuperar la presencialidad en todas las aulas cuanto antes. La diputada popular Gloria Fernández alertó de que es ahora el momento de planificar el próximo curso, y tener en cuenta que en septiembre se incorporarán 4.000 nuevos interinos sin vacunar, por lo que exigió a la consejera que iniciara cuanto antes contactos con los ayuntamientos para buscar nuevos espacios. Nuria Rodríguez, diputada de Podemos, reclamó «mayor inversión» para la contratación de docentes con los que ofrecer clases lectivas en horario de tarde y acabar con esta situación que, alertó, tendrá graves consecuencias académicas y sociales para el alumnado que se ha visto afectado, y que está «totalmente desmotivado».

La máxima responsable de Educación confía en que se puedan ir «flexibilizando las medidas» en el próximo curso y revertir de esta forma esta situación, que ha generado malestar en toda la comunidad educativa, pero reconoce que será complicado conseguirlo en el próximo trimestre, ya que «disponer de más espacio parece fácil, pero es complicado» porque se requiere de convenios con los seguros escolares. «Es mi voluntad y la del Gobierno acabar con la semipresencialidad. Lo tengo claro. Tenemos que utilizar todos los mecanismos habidos y por haber para poder revertir esta situación», respondió la consejera.

Fuente e Imagen: https://www.elcomercio.es/sociedad/educacion/asturias-educacion-dice-estar-peleando-terminar-semipresencialidad-20210323130305-nt.html

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Entrevista a: Salvemos la Montaña de Cáceres: «No se puede sacrificar una ciudad Patrimonio de la Humanidad para que se enriquezcan unas empresas privadas que usurpan la tierra»

Por: Daniel Seixo

¿Cómo surge la Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres?

La Plataforma “Salvemos la Montaña de Cáceres” surge en verano de 2017, cuando los vecinos de Cáceres descubren maquinaria pesada (de la empresa minera) entrando sin permiso en terrenos públicos y privados y arrasando con todo, creando caminos, deforestando, abriendo balsas haciendo sondeos, agujeros y calicatas.

Todo de manera ilegal, por lo que le ha supuesto a la empresa una doble sanción por parte del ayuntamiento de Cáceres y por la Junta de Extremadura. La empresa ha recurrido a los tribunales para no asumir las sanciones impuestas y mediante sentencia judicial firme se le obliga a la restauración del valle de Valdeflores.

En aquel momento, la ciudadanía cacereña conoció las intenciones de la empresa de hacer una mina a cielo abierto en Cáceres y comenzó la lucha social mediante la creación de la Plataforma, que cuenta ya con miles de seguidores.

¿Qué efectos nocivos para la población cacereña tendría una mina a cielo abierto a apenas 800 metros del casco urbano?

Sobre todo, efectos negativos para la salud de todos los cacereños y habitantes de la zona. Los procesos de extracción y de procesado de hidróxido y carbonato de litio son muy contaminantes. Estaríamos muchos años respirando gases tóxicos y nubes de polvo nocivas. Además de la mina está prevista la construcción de una planta de tratamiento del mineral muy contaminante y tóxica. También, se contaminarían nuestros acuíferos para siempre y estaría en juego incluso el agua potable que abastece a la ciudad.

Las continuas detonaciones y la contaminación acústica nos preocupa mucho, tanto para la salud, como para el patrimonio, ya que con las vibraciones de los explosivos podrían ocasionar hundimientos o socavones importantes en la ciudad y alrededores (todos sabemos que el suelo de Cáceres está hueco). La destrucción de la Montaña también sería un suceso que nos afectaría: hay 2.500 personas que residen allí, y familias que viven del sector agropecuario en la sierra. Serían efectos nocivos por el agua, por el suelo y por el aire. El futuro de Cáceres sería desolador.

¿Supondría este proyecto a su vez una amenaza directa para el hábitat de la región?

Por supuesto, si hablamos del patrimonio natural y la importancia de la Sierra de la Mosca, como nexo de unión de corredores ecológicos y hogar de especies endémicas y amenazadas, la destrucción de esta sierra sería muy grave para la región, para la biodiversidad y para el ecosistema que alberga. Perderíamos un valor enorme nunca antes visto junto a ninguna ciudad de Europa de las características de Cáceres. Además, la ciudad perdería un gran potencial de empleos verdaderamente sostenibles, vinculados al turismo de naturaleza (en auge en Europa, y que ya es el primer ingreso de muchas comarcas), la producción agropecuaria tradicional desarrollada con nuevas tecnologías de agricultura ecológica, etcétera… Las generaciones futuras nunca lo perdonarían, ni podrían recuperarlo, pues tras la explotación de una mina a cielo abierto, sólo queda un gran cráter de tierra yerma y una extensión de tierra contaminada, como tenemos en otras zonas como en Huelva o en Murcia.

El gobierno de España asegura que la explotación de esta mina resulta vital para la industria automovilística del estado. Ustedes admiten la importancia del litio para la transición ecológica y el sector automovilístico, pero aseguran que la mina de Cañaveral, también en la provincia de Cáceres, supone la aportación de Extremadura a esta industria y que se deberían buscar alternativas al proyecto de la mina de Cañaveral ¿han recibido alguna respuesta en este sentido por parte del actual gobierno?

La Plataforma “Salvemos la Montaña de Cáceres” nació con el objetivo de evitar la destrucción de Cáceres por esta mina a cielo abierto. Este tipo de minas son muy contaminantes y podría destruir una capital de provincia de 100.000 habitantes. En el resto de Europa,  ni siquiera se plantearía lo que aquí se ha planteado con este proyecto. El falso desarrollo verde de algunos países conlleva la destrucción de muchas zonas y pretende que Cáceres sea una “zona de sacrificio” para beneficio de Europa, por lo que, como es lógico, hay oposición ciudadana a muchos proyectos en distintos lugares, en Cañaveral también ha surgido una plataforma en contra de esa mina.

La Plataforma “Salvemos la Montaña de Cáceres” seguirá luchando para evitar que se destruya la ciudad y que desaparezca la calidad de vida de sus habitantes.

¿Cuál es la postura respecto a este proyecto de las diferentes formaciones políticas?

A nivel local:

El Ayuntamiento de Cáceres en el Pleno Municipal celebrado el 19/04/2018 vota mayoritariamente «NO» a la modificación del Plan General Municipal de Ordenación Urbana, solicitada por la empresa TECNOLOGÍA EXTREMEÑA DEL LITIO, S.L.U, para permitir la instalación del proyecto (21 votos «NEGATIVOS» de los concejales del Partido Popular, Partido Socialista y Unidas Podemos, frente a 4 votos «afirmativos» de los concejales del grupo político “Ciudadanos”, después uno de ellos ficha por la empresa, Cayetano Polo).

https://www.hoy.es/caceres/caceres-vota-mina-20180419112417-nt.html

Recientemente, el jueves 18 de febrero de 2021 se vuelve a refrendar la OPOSICIÓN del pleno del consistorio cacereño a dicho proyecto, realizando una declaración institucional sólida y contundente en contra del mismo por la mayoría absoluta de fuerzas políticas: se aprueba dicha moción en contra de la mina, con 22 votos a favor y 2 en contra.

https://www.europapress.es/extremadura/noticia-total-22-25-concejales-ayuntamiento-caceres-ratifican-no-mina-litio-20210218123559.html

A nivel autonómico:

La Junta de Extremadura, a través de sus representantes, ha manifestado en varias ocasiones que se tienen que ajustar a la legalidad vigente, y por tanto, seguir con los procesos administrativos abiertos para seguir tramitando los expedientes administrativos.

Infinity Lithium asegura que la mina podría generar cerca de 1.000 empleos, mientras que ustedes aseguran que apenas serían 200, ¿cómo explican esta obvia divergencia en las cifras?

Desde el primer momento, el baile de cifras ha ido incrementándose por parte de INF. Pero Infinity Lithium tiene registrados en su documento oficial de explotación tan sólo 205 puestos de trabajo.

Aparte de la cifra, lo más llamativo es la calidad de los puestos de trabajo: para los cacereños, solamente serían los puestos de trabajo más básicos, como el de movimiento de maquinaria. Por otro lado, son puestos de trabajo para pocos años -un máximo de 20-, pero si baja la cotización del litio en el mercado de valores, esta cifra se reduciría mucho, como ocurrió en Aguablanca.

Y por lo demás, la empresa nunca valora los puestos de trabajos tradicionales actuales de tipo agro-ganadero que se destruirían y perderían para siempre: son 30 empleos directos y más de 100 indirectos, empleos de calidad y sostenibles en el tiempo.

¿Cómo afectaría la mina al sector turístico de Cáceres?

Le afectaría de forma muy grave.

El sector turístico ha florecido muchísimo  en los últimos años: los datos municipales arrojan una cifra de casi 900.000 visitantes en el año de 2018, con un incremento del 20% con respecto al año anterior.

https://www.europapress.es/extremadura/noticia-caceres-registra-2018-casi-900000-visitas-supone-aumento-20-datos-municipales-20190116161503.html

Si la mina se llegara a explotar, el sector turístico, el de servicios y los miles de puestos de trabajo que éstos generan se resentirían de la misma forma que el modelo de ciudad cultural, saludable y de calidad que los ciudadanos de Cáceres deseamos seguir manteniendo.

¿Consideran que hay presiones empresariales por encima de las deliberaciones políticas para lograr sacar adelante este proyecto?

Claramente, un ejemplo es la presentación del Consorcio Battchain.

https://www.diariomotor.com/noticia/battchain-el-consorcio-para-fabricar-integramente-baterias-de-coches-electricos-en-espana/

En las noticias de la Sexta-TV, dan por hecho que la mina de San José de Valdeflores es ya una realidad. Cuando apenas cuenta con un Permiso de investigación, que no les deja excavar en el 70% de la zona, por estar protegida.

Han pedido a la Presidenta de la Comisión Europea que retire el apoyo financiero, promocional y comunicativo a Infinity Lithium, ¿consideran que este apoyo resulta vital para la viabilidad del proyecto?

En marzo de 2020, INF firmó un MoU o memorando de Entendimiento con EIT-InnoEnergy, entidad europea que le brinda apoyo institucional en la búsqueda de inversores para financiarse, y prestigio añadido para relacionarse a nivel empresarial.

Consideramos que este apoyo es muy significativo para el desarrollo del Proyecto y la empresa INF lo ha utilizado para darse publicidad y poner en valor su Proyecto.

Infinity Lithium, seleccionada como candidata para una nueva fuente de financiación de la UE – San José Valdeflórez (sanjosevaldeflorez.es)

https://www.asx.com.au/asxpdf/20190822/pdf/447q5qc52gh077.pdf

Luis Salaya, alcalde de la ciudad, declaró en su momento “estar asustado de la presión que pudiera venir de Europa”, ¿temen que el gobierno español pueda sucumbir a presiones en ese sentido?

La presión de los lobbies del sector del automóvil es muy fuerte. Estos lobbies tienen mucho peso y fuerza en la economía europea. Hay que añadir la aprobación del plan millonario de recuperación de la economía europea post-covid para España. (140.000 millones de euros).

Las manifestaciones de la ministra de Industria Reyes Marotto o del eurodiputado Sr. Garicano son varios ejemplos de esta presión, con la implantación de Planes Tractores para la construcción de fábricas de baterías y de plantas industriales para la fabricación de coches eléctricos.

https://twitter.com/MarotoReyes/status/1372115405905481730?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

«Los fondos europeos deben invertirse en la mina de litio de Cáceres» – Noticias Extremadura – El Periódico Extremadura (elperiodicoextremadura.com)

Por otro lado, los nuevos organismos surgidos como la Alianza Europea de las Baterías, la Alianza de las Materias Primas Críticas o el Instituto Europeo del Litio, y la reciente normativa nacional como el Real Decreto Legislativo 36/2020, con figuras como los PERTE, Proyectos Estratégicos (BOE 341, 31 diciembre de 2020, curiosamente el día de fin de año), ejercen igualmente su presión.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0474&from=EN

¿Qué le dirían a todos aquellos que aseguran que la industria necesita de proyectos como este para enfrentar la precariedad y el desempleo?

“Que no todo vale”: «AQUÍ, EN LA MONTAÑA DE CÁCERES, NO».

No se puede sacrificar una ciudad Patrimonio de la Humanidad para que se enriquezcan unas empresas privadas que usurpan la tierra, el agua y la salud es los ciudadanos cacereños. El desarrollo en Cáceres debe enfocarse en la manufactura de los recursos naturales agro-ganaderos y en el desarrollo del potencial turístico asociado a la cultura y a un magnífico entorno natural muy bien conservado, del que carecen la mayoría de las  regiones europeas industrializadas, modelo que con el correr de los años será cada vez más demandado y visitado por los habitantes de las grandes urbes.

Fuente e imagen: https://nuevarevolucion.es/entrevistamos-a-salvemos-la-montana-de-caceres-no-se-puede-sacrificar-una-ciudad-patrimonio-de-la-humanidad-para-que-se-enriquezcan-unas-empresas-privadas-que-usurpan-la-tierra/

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