Una protesta estudiantil hace un lustro en el Maria Espinalt fue el detonante para que el centro creara el departamento de Educación Afectivosexual
Pese a que estamos aún muy lejos de que la educación sexual sea una asignatura más en la totalidad de centros del sistema educativo catalán, es innegable que, gracias al esfuerzo y la tenacidad de muchas personas, se han dado pasos, en algunos casos, zancadas. La brecha la están abriendo centros como el instituto público Maria Espinalt de Barcelona, donde cuentan con el departamento de Educación Afectivosexual igual que cuentan con el de Ciencias.
La mecha se prendió hace cinco cursos, después de una huelga de estudiantes que reclamaban la obligatoriedad de la educación sexual. «Nos pedían que algo tan importante no podía quedar relegado a una optativa, que era una formación que tenía que llegar a la totalidad del alumnado, y tenían razón», recuerda Marta Caño, directora de este instituto del Poblenou. Los protagonistas fueron los y las -ellas fueron el motor- alumnas de tercero de ESO, quienes salieron al patio al grito de «¿por qué tengo que saberme los poemas de Lope de Vega y no sé dónde tengo el clítoris?».
Un grupo de profesores motivados, conscientes de que no les faltaba razón, cogió el guante. Primero crearon un grupo de trabajo y empezaron a formarse a través de la oenegé Sida Studi, «entidad que tiene un material buenísimo«, prosigue la directora del instituto, quien señala que el equipo tenía muchas ganas de dar respuesta a la reivindicación estudiantil, pero eran muy conscientes de que era un tema delicado y tenían que hacerlo bien.
«Con esos materiales fuimos haciendo poco a poco, introduciendo la mirada interseccional y la diversidad; el enfoque que hacemos es desde los cuidados, el cuidado del otro, la importancia del bienestar; enseñar al alumnado a relacionarse de forma saludable con los demás», explica Caño, quien añade que eso es algo que repiten siempre a todas las familias interesadas en el centro en las jornadas de puertas abiertas.
«El alumnado está encantado; se sienten muy agradecidos de disponer de ese espacio y eso llega a las familias«, resume la directora.
Experiencias compartidas
Siguiendo en el apartado de pequeños pasos dados, aún muy localizados, pero que van abriendo camino, está la creación hace ya unos cuantos años -en época precovid– de la red deEscuelas Feministas; que se definen como un grupo de docentes, madres, padres y colectivos que «apuestan por la transformación educativa de la escuela pública desde una mirada feminista«.
Otro paso -en este caso zancada, ya que viene desde la Administración y este sí está llegando a todos los institutos de Catalunya- es la formación sobre la menstruación en tercero de ESO, que empezó el curso pasado como una prueba piloto en un número reducido de centros, pero que este curso llegará a la totalidad de las escuelas e institutos de Catalunya.
Una formación realizada por profesionales en salud sexual y reproductiva de los CAP cercanos a cada centro, y a la que asisten de forma obligatoria -no es un taller optativo- tanto chicos como chicas, para intentar acabar con el tabú y los mitos de la regla y que, en el caso de las personas que menstrúan, va acompañado del reparto de un ‘kit’ menstrual, con productos de higiene íntima reutilizables (una copa menstrual, unas braguitas absorbentes y una compresa reutilizable).
Además, con la presencia de las comadronas en el aula, el programa ‘La meva regla, les meves regles’ [impulsado por la Conselleria de Feminismes], busca también generar un acercamiento y espacios de confianza para abordar temas que van más allá de la regla, como los métodos anticonceptivos.
La Unión Europea se encamina a su primera ley de Inteligencia Artificial
Un belga atormentado por el cambio climático se suicidó tras semanas interactuando con Eliza, un chatGPT. «Sin estas conversaciones, mi marido seguiría aquí», afirmó su viuda. El periódico El Mundo llevaba a portada una fotografía realizada con Inteligencia Artificial de Yolanda Díaz y Pablo Iglesias. Y un alcalde australiano amenaza con demandar a dicho chat si no elimina información difamatoria y falsa contra él. Todos estos acontecimientos han ocurrido en el transcurso de una semana y ya abren el debate sobre los riesgos éticos, sociales y económicos de una tecnología que avanza a pasos agigantados.
«En los últimos meses, los laboratorios de Inteligencia Artificial (AI) han entrado en una carrera sin control para desarrollar e implementar mentes digitales cada vez más poderosas que nadie, ni siquiera sus creadores, pueden entender, predecir o controlar de forma fiable», reza una carta abierta publicada por más de 1.000 expertos del sector y respaldada por más de 10.000 firmas anónimas.
La Inteligencia Artificial está penetrando en la vida de las personas a un ritmo voraz al que la regulación no ha hecho frente y que deja a las grandes tecnologías que emergen en un vacío legal de impunidad. El riesgo creciente para identificar qué es verdad o que no está aupando la desinformación y la polarización social. Y la automatización de trabajo de las máquinas está dando paso a un escenario asimétrico en el que destruye más puestos de trabajo de los que genera. El 14 % de los empleos en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) son altamente automatizables y un 32 % podría enfrentar cambios sustanciales.
Por todo ello, el millar de firmantes de la misiva pide a las compañías tecnológicas una tregua de seis meses en el que se establezcan de forma clara y precisa las nuevas reglas del juego.
Con esta tormenta de fondo, Italia se ha convertido recientemente en el primer país occidental en bloquear el programa ChatGPT, que utiliza los algoritmos y los macrodatos para dar una respuesta instantánea a todo tipo de dilemas y preguntas: desde una ecuación a un discurso político o un soneto. El regulador italiano de protección de datos personales impulsó esta medida con carácter inmediato alegando preocupaciones sobre la seguridad, sobre brechas en torno a la Directiva europea de protección de datos y en torno a fisuras para la identificación de menores de trece años.
La decisión transalpina podría generar un efecto cascada en el resto de socios europeos. Las agencias de datos de Francia e Irlanda ya se han puesto en contacto con sus homólogas italianas para recabar información sobre esta decisión y Alemania ya estudia seguir los pasos de Roma, según revela la agencia Reuters.
Hacia la primera ley europea
«La forma en la que abordemos hoy la Inteligencia Artificial definirá el mundo en el que vivimos mañana», resumen desde la Comisión Europea. En abril de 2021, el Ejecutivo comunitario presentó su propuesta para crear el primer marco jurídico que regule la IA. Se trata de la primera legislación en esta materia y busca establecer una base europea armonizada en torno a las implicaciones humanas y éticas de la Inteligencia Artificial.
En ella, que de momento es solo una propuesta, se desgranan de forma gradual las tecnologías en función de su riesgo: inaceptable, alto riesgo, limitado o mínimo. La IA de color rojo en lo alto de la tabla se prohibirá y será aquella que presente una amenaza a la integridad, la vida o los derechos de las personas. La naranja, de alto riesgo, cuenta con el potencial de entrar en conflicto con los derechos fundamentales. En este caso, la normativa obligará a las compañías a ser más transparente y a aportar garantías de seguridad. La tercera, de riesgo limitado, incluye a los chatbots y solo exige a estos sistemas que se identifiquen claramente como máquinas y no como humanos.
Sin embargo, dado el fugaz desarrollo tecnológico de los últimos dos años, los chatbots podrían escalar un peldaño más arriba y estar sometidos a una regulación más estricta. No obstante, la mayoría de aplicaciones con AI que se utilizan en la UE, como videojuegos o filtros de spam, se encuentran en la categoría de riesgo mínimo.
Las leyes de protección de datos europeas son las que cuentan con más salvaguardas del globo y una regulación de este tipo se proyecta como pionera. Pero para ser implementada por los 27 gobiernos todavía debe culminar el farragoso proceso de trámite institucional. El próximo paso es la Eurocámara, que la deberá someter a votación.
«Ser una potencia global implica ser líder en la IA», reza un informa del Parlamento Europeo sobre esta tecnología, más y más presente en todos los aspectos del día a día. Se espera que el volumen de datos en el mundo pase de 33 zettabytes en 2018 a 175 en 2025 (1 zettabyte son mil billones de gigabytes).
En esta nueva era en la que los datos son el nuevo oro, la forma en la que se regulan y controlan las tecnologías emergentes definirá el presente y el futuro, como reconoce Bruselas.
Fuente de la Información: http://www.cubadebate.cu/noticias/2023/04/08/la-union-europea-se-encamina-a-su-primera-ley-de-inteligencia-artificial/
El análisis, realizado por la jugadora inglesa de hockey Tess Howard, refleja que muchas niñas se sintieron «sexualizadas» o «juzgadas por la ropa deportiva» que debían llevar
umerosos estudios realizados en la última década reflejan que en la adolescencia es cuando se produce el mayor porcentaje de abandono del deporte entre las mujeres. Antes, la falta de referentes, la ausencia de gestoras y el desarrollo hormonal eran algunas de las causas que potenciaban que las niñas dejaran la actividad física a partir de los 12 ó 13 años.
Pero, aunque han mejorado numerosos aspectos -por ejemplo el de los referentes femeninos-, el abandono deportivo en esta franja de edad sigue siendo notablemente más alto entre las mujeres.
Un nuevo estudio, realizado por la jugadora inglesa de hockey Tess Howard, revela que el 70% de las mujeres vieron cómo de niñas abandonaron el deporte por ropa y las preocupaciones relacionadas con la imagen corporal. Además, muchas se sintieron «sexualizadas» por lo que se vieron obligadas a usar.
De hecho, el análisis apunta que usar diferentes uniformes puede influir en el desarrollo de un miedo a la «masculinización» y a tener percepciones «masculinas o lesbianas» en el deporte. «Los hallazgos que descubrí, en términos de la cantidad de niñas que retrasan hacer deporte, son realmente alarmantes», dijo Howard. «Ninguna persona debe dejar de participar en cualquier deporte basándose únicamente en el uniforme que se requiere. Debemos poner el propósito del deporte en primer lugar y permitir que las personas disfruten de estar activas para obtener todos los beneficios claros».
La jugadora espera que su investigación, que incluyó respuestas de más de 400 mujeres mayores de 18 años, pueda ayudar a generar cambios en el deporte de más alto nivel. «Mi sueño es ir a los Juegos Olímpicos, pero mi sueño también es unos Juegos Olímpicos con la opción de usar pantalones cortos o faldas», dijo.
Cambios en el color de la ropa por la menstruación
La menstruación es también una de las causas que lleva a muchas mujeres a dejar la práctica deportiva por diversas razones. En este sentido, y tras las reclamaciones de las jugadoras, la Asociación de Fútbol confirmó el lunes que el equipo femenino de Inglaterra cambiará el color de sus pantalones cortos a azul después de las preocupaciones sobre el uso del color blanco durante los períodos.
Como viene denunciando el movimiento pensionista, los fondos privados de pensiones son un suculento negocio para la banca y una ruina económica para sus clientes. Son inseguros, amorales, vulnerables a los vaivenes producto de la especulación financiera, opacos y en muchos casos gestionados por auténticos ladrones de guante blanco. Sin embargo, a pesar de estas evidencias, el gobierno español apuesta por privatizar las pensiones. El gobierno de izquierdas está dejando el camino expedito para que otras fuerzas políticas, llegado el caso, caminen por la senda trazada y profundicen aún más la privatización. Es un camino que tiene como horizonte el convertir las pensiones públicas en algo parecido a la mera beneficencia. Este será uno de los legados del “gobierno más progresista de la historia”.
Lo quieren ocultar. Pretenden que pase desapercibido. Pero no se puede ni mentir ni trapacear siempre. La realidad, finalmente, golpea y se abre paso. La guerra ha traido, como estamos viendo, una nueva crisis bancaria. El detonante, aunque no la causa, ha sido la quiebra del Silicon Valley Bank. Se dijo que otras entidades financieras, así como el propio gobierno federal, acudirían en socorro del banco; el problema es que ahora son muchos más bancos los que están en el ojo del huracán. Según el Wall Street Journal son 186 entidades las que están en situación crítica (además del Silvergate, Signature Bank, PacWest Bancorp, Zions Bancorporation, First Republic Bank y Regions Financial que ya habían dejado de cotizar hasta nuevo aviso).
Las repercusiones producidas por el hundimiento de los bancos norteamericanos hace aflorar a la superficie una realidad cruel e incómoda para muchos gobiernos: la opacidad del sistema financiero. La opinión pública parece no darse cuenta pero los fondos de pensiones corren un enorme riesgo y por tanto las jubilaciones. En el mes de octubre pasado, el fanatismo neoliberal de la ex primera ministra británica, Liz Strauss, y sus propuestas económicas ocasionaron que los fondos de pensiones ingleses tuvieran que ser salvados tres veces en tres semanas; el costo de esta “ayuda” se transformará en un recorte en las prestaciones para los jubilados. Eso fue un aldabonazo en la puerta; el otro es la crisis en que viven los fondos norteamericanos, que se arrastra también desde hace años; no consiguen la suficiente liquidez para pagar el cheque mensual a sus aportantes (la financiación media de los 100 mejores fondos no supera el 78,6% de sus necesidades) lo que les impulsa a invertir de forma muy agresiva para obtener liquidez, corriendo enormes riesgos. El fondo de los bomberos de Houston es un triste ejemplo; su inversión en criptomonedas fue un fiasco y acabó perdiendo enormes cantidades, como afirmó en su momento Reuters. La falta de transparencia ha impedido que trascienda esta información al público no especializado. Estos fondos, al ser regionales, tienen un nivel de control mucho más laxo y pueden escamotear los números en sus balances.
La crisis financiera y los altos tipos de interés perdurarán. El Banco Central Europeo, incapaz de pergeñar otras soluciones, ahora cambia de política pero sin tocar el fondo de la cuestión. Los resultados serán incluso peores que en la ocasión anterior. En la época de Mario Draghi se redujeron a 0 las tasas de interés y se optó por fabricar papel moneda; fue la denominada expansión cuantitativa. La consecuencia, ahondar todavía más la crisis desatada. El descontrol inflacionario vino a continuación. Ahora, para controlarlo y supuestamente para retirar dinero en circulación, se suben las tasas de interés y se provoca la atonía productiva.
La posibilidad de expansión de la crisis es alta. El primer gran banco que ha caído fuera de la zona euro es el Credit Suisse, un banco sistémico (de aquellos tan grandes que no pueden quebrar) y el segundo por activos de Suiza (el primero en el ranking es el UBS). Nuevamente son los bancos centrales, en este caso el Banco Central suizo, quienes avalarán las operaciones para reflotar a esas entidades financieras: la línea de liquidez que se ha abierto supera los 100.000 millones de €. En una decisión que ha infringido las leyes del mercado (no se ha consultado a los accionistas como es preceptivo). El UBS ha comprado Credit Suisse por 3.250 millones de € (una rebaja del 60% respecto a su último valor en bolsa). Tampoco UBS está libre de pecado: en 2008 tuvo que ser rescatado a razón de 3.500 millones de € y el estado tuvo que asumir los 44.780 millones de € en activos tóxicos que tenía la institución. Son los contribuyentes los que habrán de rascarse nuevamente el bolsillo para defender a grupos financieros caracterizados por su nefasta gestión.
Hay, como en 2008, una enorme cortina de humo envuelve a las entidades financieras; de hecho, nadie sabe cuál es la exposición de los bancos europeos respecto al banco suizo y a otras entidades en apuros. Tal es el desconocimiento que el Banco Central Europeo pidió la semana pasada a los diferentes bancos que le informaran de su exposición al banco quebrado. Nadie puede adivinar qué es lo que puede pasar.
Todo esto proyecta una enorme sombra sobre los fondos de pensiones en muchos países. EEUU, ya lo hemos visto, es un ejemplo sangrante puesto que de los 4,4 billones de dólares que gestionan sus fondos más de dos tercios se colocan en el mercado, incluyendo inversiones de alto riesgo. Los fondos están atados a las variaciones o quiebras de la bolsa. Las aportaciones de los jubilados europeos y norteamericanos se ven nuevamente en peligro.
La crisis económica provocada por la guerra sumada a la subida de tipos de interés impulsada por la FED y los bancos centrales trastoca todos los escenarios. Los fondos de pensiones, gestionados de forma privada, se caracterizan en primer lugar por la falta de transparencia en los contratos entre los Fondos y sus gestores (normalmente los bancos). La segunda es aún más grave: el desinterés de los gobiernos en fiscalizarlos. Las aportaciones que realizan estos fondos de inversión en las campañas electorales de los dirigentes políticos seguro que tienen mucho que ver con ese laissez faire.
La incertidumbre se está apoderando del mundo financiero. Las pruebas aportadas por la CNN, Reuters o The Guardian ponen de manifiesto cómo las entidades gestoras de los fondos de pensiones inflan las valoraciones para asegurar la captación de nuevos clientes. El Estado de California, epicentro de la actual crisis, informó semanas antes de la quiebra del Silicon Valley que el valor de los activos de los fondos de pensiones de los trabajadores públicos había caído un 10,5% respecto al mismo trimestre del año anterior (35.000 millones de dólares). Moodys. por otro lado ponía su punto de mira en el estado de Illinois. Según esos informes, el pasivo de los fondos ha pasado de 230.000 millones de dólares en 2022 a 261.000 ahora. Los cuatro principales fondos de pensiones de Chicago se enfrentan también a una enorme crisis de solvencia. La propia alcaldesa, Lori Lightfoot, reconoció que la infrafinanciación de los fondos de pensiones de los funcionarios públicos obliga a la ciudad a aumentar los impuestos para recaudar 96 millones de dólares extras. Algunos de estos fondos, para hacer frente a sus obligaciones mensuales, están vendiendo activos para poder retribuir a los pensionistas que están esperando su cheque. En contraposición, algunas de las gestoras siguen aumentando sus comisiones mientras sus directivos se suben los sueldos como si no hubiera un mañana.
Esta realidad, tan lejana del mundo idílico de las finanzas «perfectamente reguladas», está provocando altísimos niveles de incertidumbre en todo el mundo financiero. Los datos que se acumulan no ayudan a tranquilizar la situación sino al contrario. Los números proporcionados por los reguladores vuelven a ser falseados. En el caso del Silicon Valley Bank, de 16 fondos de inversión 15 calificaban muy positivamente al banco, sólo uno opinaba lo contrario. Algo parecido sucedió con la famosa revista Forbes que hace poquísimas semanas lo situaba entre los 20 bancos más seguros del país.
La crisis, los rescates financieros entre corporaciones y el dinero público que se pierde pesan ya sobre los fondos de pensiones. El más grande de Suecia (Alecta) pierde, según han reconocido sus propios directivos, al menos 1.100 millones de euros debido a su exposición a los bancos quebrados al otro lado del Atlántico. Ha costado varios días pero finalmente han reconocido que la situación “afectará en pequeña medida” a las pensiones de sus clientes. Este fondo invertía en operaciones arriesgadas, incluso en criptomonedas. Tenía fuertes inversiones en el SVB, en el también quebrado Signature Bank (cerrado por las autoridades estadounidenses debido a riesgos sistémicos) y en el hundido First Republic (un banco de criptomonedas) y los datos parecen no ajustar, puesto que era el cuarto mayor propietario del banco quebrado.
Hemos sabido en estos días que el mayor fondo de pensiones del mundo, el Fondo de Pensiones del Gobierno-Global (GPFG) dependiente a su vez del Norges Bank Investment Management (Banco Central Sueco), tenia participaciones en algunos de los bancos quebrados. Lo realmente preocupante ha sido el informe anual del 2022. Las pérdidas de este fondo ascienden a 164.400 millones de dólares como consecuencia de la guerra, la alta inflación y el aumento de los tipos de interés. El Fondo de Pensiones ha perdido en casi todos los sectores donde ha invertido. El rendimiento global en conjunto fue del -14,1%.
Hay profundas enseñanzas que podemos obtener del actual panorama económico: las pensiones privadas son una ruina y un peligro. Queda en evidencia lo que hemos expuesto en múltiples ocasiones. El sistema público de pensiones, el sistema de reparto, es infinitamente más seguro que los fondos de pensiones de capitalización o de gestión privada, que dependen de las apuestas que se realizan en el mercado financiero. Los fondos públicos de pensiones tienen el respaldo del Estado, no así los otros. En los fondos de reparto, la pensión nunca va a depender de las apuestas que los bancos hagan en el mercado financiero; sin embargo vemos cómo históricamente los fondos privados de capitalización e incluso los fondos públicos con gestión privada, han quebrado en numerosas ocasiones. Por eso resulta tan inexplicable el interés del actual gobierno de “izquierdas” en introducir un modelo de capitalización que sustituirá progresivamente al modelo de reparto que teníamos hasta ahora.
Los datos, al margen de la propaganda, conllevan un baño de realidad. En nuestro país los fondos privados de pensiones son una ruina económica para el cliente, aunque para el banco es un negocio redondo. En uno de los estudios independientes sobre el tema se señala que de 408 fondos de pensiones privados españoles con más de 15 años de historia, la rentabilidad media era muy inferior (menos de la mitad) a la obtenida si se invirtiera el dinero en deuda pública (la más segura que hay). Por otro lado el mencionado informe señala que hay una veintena de fondos que en lugar de ganar, pierden dinero; los costos por comisiones se llevan las escasas ganancias cuando las hay. Sería más rentable dejar el dinero debajo del colchón.
Pero existen más paradojas. Según el informe de Light House Reports, el análisis de las cuentas de 70 fondos de pensiones importantes en España, Italia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Dinamarca demostró que algunos de estos fondos están apostando su dinero en los mercados de futuros (materias primas), especialmente en alimentos. Aunque nominalmente tienen prohibida la especulación con los productos alimenticios, algunos (se han identificado 15) se saltan la regulación. Eso contribuye lógicamente a aumentar la inflación. El fondo de pensiones holandés Rabobank (ABP) decía en sus informes “2021 fue un año excelente para la categoría de materias primas”. La rentabilidad que obtuvo el fondo fue espectacular, sobrepasando el 43%, seis veces más que la rentabilidad media de los otros fondos de pensiones holandeses. Otro fondo holandés que agrupa a los funcionarios públicos obtuvo una rentabilidad del 31% invirtiendo en alimentos. En el Reino Unido, con una crisis de precios en la alimentación nunca vista, su mayor fondo de pensiones (10 millones de ahorradores) invirtió 500 millones de libras en los mercados de futuros, 150 millones de los cuales eran para especular con los productos alimenticios. En España, como es previsible topamos con un muro de desinformación. Aún así se sabe que el fondo CaixaBank Destino 2026 que tiene más de
Lo preocupante de la actual reforma de pensiones, lo hemos señalado en la introducción, es que no revierte la filosofía de fondo del gobierno Zapatero o Rajoy que era, como todos recordamos, la privatización y el recorte en sus diversas modalidades (Zapatero llegó a plantear a Bruselas el modelo de la mochila austriaca) y abrió a través de la modificación constitucional el camino a los recortes que transitó con tranquilidad Rajoy. La actual reforma de Escrivá privatiza y recorta, aunque lo modula un poco más en el tiempo y abre nuevas vías para profundizar en la senda de la desregularización bajo el epígrafe de que: “son de los nuestros”. Este será uno de los legados del “gobierno más progresista de la historia”.
Fuente de la Información: https://www.elviejotopo.com/topoexpress/los-fondos-de-pensiones-en-peligro/
Olga Cantó y Libertad González, que han coordinado un estudio sobre el coste de la pobreza infantil para la economía, hablan sobre sus resultados y el auge del análisis de la desigualdad en los últimos años
Docentes universitarias, economistas, investigadoras y líderes de amplios grupos académicos sobre pobreza, desigualdad y políticas públicas. Olga Cantó (1970) y Libertad González (1975) atienden a elDiario.es días después de presentar un innovador estudio coordinado por ambas sobre el coste económico de la pobreza infantil en España. Una injusticia social y una vulneración de derechos de los menores, reiteran ambas, pero también una ineficiencia económica que resta miles de millones a la economía cada año.
La pobreza infantil no solo lastra de manera injusta a quienes la sufren, explican las académicas, sino también al conjunto del país con trabajadores más precarios, más desempleo y mayores problemas de salud que atender, entre otras consecuencias. Poner esta factura en números, en una oferta pública para el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, con colaboración de la Fundación La Caixa, no solo es pionero en España sino que rompe con dogmas capitalistas del pasado.
En su estudio concluyen que la pobreza infantil no solo es injusta para quienes la padecen, sino que también es claramente ineficiente desde un punto de vista económico. Estiman que nos cuesta a todos unos 63.000 millones de euros al año.
Libertad González: Con los datos que se habían publicado hasta ahora sobre la incidencia de la pobreza parecía como si fuera un tema que importa solo a un segmento de la población, quienes la sufren. Y, si te convences de que es relativamente poca gente, aunque no lo es porque en España la incidencia es muy alta, puede parecer que afecta solo a una parte pequeña de la población. Aquí lo que intentamos era mostrar que no solo afecta a las personas que viven directamente en situaciones de pobreza, sino también a la prosperidad económica de toda la sociedad.
Lo hace través de distintos canales, como con impactos sobre la productividad, menor crecimiento económico y el nivel de desarrollo de la economía en su conjunto. Pero afecta también a la recaudación impositiva, al gasto sanitario, al gasto social… Toda la sociedad se puede beneficiar de reducir los niveles de pobreza infantil, porque es un coste para todos.
Una lectora nos destacaba que la pobreza es en sí una vulneración de derechos, a la que habría que combatir aunque costara dinero. ¿Por qué era importante medir esta ineficiencia económica?
Olga Cantó: Libertad ha tocado un punto clave, mostrar que la pobreza afecta a toda la sociedad, y añadiría aquí que estamos indagando en la conexión entre la desigualdad y la pobreza con la eficiencia económica que hasta principios de la segunda década de este siglo estaba muy escondida en el análisis económico. La desigualdad parecía como una especie de externalidad negativa de un sistema capitalista competitivo, donde se quiere llegar a la mayor eficiencia posible y la pobreza parecía que no afectaba a este resultado. Pero es que la pobreza sí que afecta a la eficiencia económica.
Los países que realmente consiguen desarrollar su sociedad son países que intentan, por supuesto, tener una producción más eficiente, pero a su vez tienen unas políticas que son inclusivas. Y lo vemos en esta línea que estamos explorando sobre desigualdad-pobreza-eficiencia, que era muy evidente desde hace ya mucho tiempo, pero los organismos económicos, como el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, no lo ponían en el foco.
Los países que realmente consiguen desarrollar su sociedad son países que intentan, por supuesto, tener una producción más eficiente, pero a su vez tienen unas políticas que son inclusivas
Ese coste de la pobreza para toda la economía lo cifran en alrededor de unos “1.300 euros por persona al año” en España.
Olga Cantó: Es importante poner en el foco en el coste de no hacer nada, que es como invisible, la población no lo percibe. Y es muy importante. Pasó por ejemplo cuando de pronto se lanzó el cheque bebé en 2007. Hubo mucha discusión sobre si se debía dar prestaciones a los más ricos y nadie se había planteado que en el impuesto sobre la renta las familias más ricas ya tenían una desgravación por hijo y por lo tanto estaban recibiendo dinero del Estado. Pero era algo como escondido, que no se ve.
Creo que el coste de no hacer nada no se ve ¿y cuándo se ve? Cuando ya no hay remedio, se ve cuando ya esos niños han pasado mucho tiempo por debajo de ese umbral de la pobreza, cuando ya tienen muchas dificultades educativas, laborales,… Por ello también creo que este estudio es fundamental.
El Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil lanza la convocatoria pública para que se investigue cuál es el coste de la pobreza infantil, pero apenas había precedentes académicos. ¿Cómo lo abordaron?
Libertad González: Lo primero fue acotar el problema. Es una pregunta que se puede abordar desde distintas perspectivas, así que en mi equipo pensamos en cómo afecta la pobreza infantil a la vida de las personas, a corto, medio y largo plazo, que luego se vaya a traducir en un coste para la sociedad. Con lo que ya sabemos de otros países y del análisis empírico, decidimos acotar y centrarnos en dos áreas que nos parecían muy importantes.
Una, los efectos sobre el capital humano. Es decir, crecer en una situación de pobreza va a afectar a tu desempeño educativo, desarrollo cognitivo y luego más adelante al mercado de trabajo, en el acceso al empleo, su calidad, ingresos laborales. Esta gran pata afecta a la productividad, a los ingresos, a la recaudación impositiva y también indirectamente a algunas prestaciones sociales.
El segundo gran bloque analiza el impacto de crecer en la pobreza sobre el estado de salud. En concreto, nos centramos en dos áreas principales: la salud mental, por un lado, ya que está documentado que la pobreza está asociada con tasas de enfermedades mentales y de depresión más altas, y las consecuencias derivadas del sobrepeso y obesidad, también más elevadas.
Libertad González, profesora de Economía e investigadora en políticas públicas en la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona. Xavier Jubierre
Apuntaban en la presentación del estudio que el coste de la pobreza de 63.000 millones al año era un mínimo, porque hay más efectos sin incluir y distintos niveles de pobreza que pueden encarecer este resultado, ¿no?
Olga Cantó: Nuestro grupo se ocupó de caracterizar la pobreza para el equipo de Libertad. Y los resultados de coste que obtenemos realmente son un umbral inferior, porque hay cosas que no se han podido incorporar porque no hay datos. Sobre todo para conectar padres con hijos, que es muy difícil porque tenemos muy poca información longitudinal en España, mientras que hay otros países que lanzan análisis estadísticos de cohortes y pueden saber qué le ha pasado a esa cohorte desde que es pequeña hasta que es adulta. No se ha podido incluir por ejemplo una dimensión fundamental, que es el aumento de la cronicidad de la pobreza.
Libertad González: Vemos el efecto medio para todos los que han sido pobres en la infancia, pero para algunos de ellos la pobreza fue transitoria, con un efecto menor, mientras otros pasaron situaciones más persistentes de pobreza crónica y el efecto sería obviamente mayor.
Olga Cantó: Así que si añadiéramos esa dimensión de aumento de la cronicidad de la pobreza, esa herida probablemente sería más cara. La estimación realmente es como un mínimo, porque no tenemos otra información que creemos que empeoraría los resultados.
Su investigación es innovadora, con escasos referencias previas, alguno en Estados Unidos y Reino Unido. ¿Qué repercusión está teniendo?
Libertad González: Justo la OCDE en paralelo ha intentado hacer un estudio similar, para los 27 países de la Unión Europea. A la presentación de la investigación vino un representante de la OCDE para hablar de sus resultados y, aunque ellos no lo han podido hacer con tanto detalle como nosotros, sus resultados son de una magnitud similar al nuestro. Lo cual nos parece interesante porque son dos estudios independientes que concluyen cosas parecidas. Para el caso de España estiman que la pobreza infantil cuesta un 4,2% del PIB y a nosotros nos sale un 5,1%, porque medimos un poco diferente. Pero es relevante, porque tenemos dos estudios recientes en la misma dirección.
Olga Cantó: Eso también nos permite la comparación. Ahora puedes coger el informe de la OCDE y vemos que España está en la cola alta de coste de pobreza infantil. Eso ya te dice algunas cosas.
Vemos esa gran factura social que supone que millones de menores vivan por debajo del umbral en la pobreza. ¿Han estudiado qué medidas son más efectivas para reducirla?
Olga Cantó: Nos planteábamos inicialmente hacer esa extensión hacia las políticas, pero el informe empezó a ser realmente muy grande, haría falta otro documento completo para analizar esa parte. Pero sí indicamos que creemos que hay que extender las políticas, no solo a las monetarias, sino también a las educativas y sanitarias.
Por ejemplo, está aumentando la incidencia de la pobreza en 0-5 años, algo muy preocupante y sabemos que las políticas educativas de 0 a 3 años son muy preventivas. Hay mucha literatura que indica lo que realmente ayuda mucho para el desarrollo cerebral de los menores es tener una situación de suficientes recursos económicos cuando tienen esa edad, especialmente. La capacidad de llevarlos a una escuela desarrolla mucho más el cerebro de aquellos que vienen de familias con situaciones económicas difíciles, que de quienes vienen ya de una situación de ingresos mucho más estabilizada. Entonces, las políticas de 0 a 3, incluso de 0 a 6 años, hasta el primer año de primaria, son muy relevantes.
Pero también sabemos que el coste de un niño aumenta con la edad, el adolescente es más costoso que el menor en términos de ingresos, por lo que también habría que hacer políticas para ese grupo de 6 a 12 años particularmente. Pueden ser educativas, pero nos parece relevante que se simulen algún tipo de transferencias a esos grupos. La idea es que estaríamos ahorrando el gasto futuro, estaríamos gastando hoy para no gastar mañana.
El Gobierno ha desplegado una medida específica en este sentido, el ingreso mínimo vital (IMV) y el complemento de ayuda a la infancia, las ayudas entre 50 y 100 euros al mes por hijo.
Libertad González: En políticas públicas hay dos pilares. Por un lado, proponer cosas nuevas, pero también documentar los impactos de las políticas que ya se están implementando. Es muy interesante evaluar los impactos de políticas que se han aprobado desde 2019, como la subida del salario mínimo y sobre todo el ingreso mínimo vital, que se concretó en 2020 y tenemos que evaluarlo.
Aquí hay que mencionar la importancia de que se facilite el acceso a los investigadores a datos administrativos de prestaciones sociales, de la manera lo más urgente posible para que se pueda ir evaluando sobre la marcha, para poder ir reaccionando sobre lo que funciona y lo que no.
Mencionan el salario mínimo y también cómo ha cambiado la mirada sobre la desigualdad y la pobreza en la ciencia económica. ¿Se están desmontado ideas preconcebidas sobre medidas sociales, tradicionalmente más progresistas, que pueden hacerlas prosperar en gobiernos más conservadores?
Olga Cantó: Los académicos hacemos estudios y damos los resultados de impacto distributivo y sobre la eficiencia, por ejemplo. Y es el político que está votado por los ciudadanos el que ha de tomar la decisión respecto a qué quiere pesar más y qué peso le quiere dar a la equidad.
Lo que lo que subrayamos en este estudio es que la eficiencia económica se puede coordinar con la justicia social. Luego hay otra pregunta: ¿hasta dónde estarías dispuesto a reducir la eficiencia? Esa es la gran pregunta siempre. ¿Hasta dónde estás dispuesto a reducir la eficiencia para mejorar la equidad?
Libertad González: Pero es cierto que los economistas se han centrado, o nos hemos centrado, mucho en mirar los efectos sobre la eficiencia y sobre posibles destrucción de empleo, pero no han tenido tanto peso las investigaciones que hayan documentado el impacto que tiene el salario mínimo para producir la pobreza infantil, por ejemplo.
Hasta hace unos años, como apuntaban, en los que sí se están haciendo más estudios en este sentido.
Olga Cantó: En España en particular los estudios sobre desigualdad y pobreza no han sido suficientemente valorados por la academia. De hecho no hay muchas revistas que publiquen resultados sobre ello, está algo menos valorado. También hay pocos congresos donde haya sesiones sobre desigualdad y pobreza, es así. Esto ha traído que sea un área menos desarrollada.
Te vas al extranjero y ves la cantidad de sitios donde se trabaja ese tema y desde 2010 en adelante ha habido cada vez más trabajos sobre el impacto distributivo de las políticas, está muy presente ya en el ámbito europeo. Creo que hemos dado unos pasos de gigante en los últimos años, se está desarrollando mucho esa visión más heterogénea de las políticas públicas, que no inciden solo en el individuo medio, sino en muchos individuos con diferentes características.
En España los estudios sobre desigualdad y pobreza no han sido suficientemente valorados por la academia económica y esto ha traído que sea un área menos desarrollada
¿A qué adjudican ese aumento de las investigaciones sobre pobreza y desigualdad?
Olga Cantó: Esto es una creencia mía, no contrastada, pero creo que cuando hay movilidad social –y en España hubo mucha en las generaciones nacidas en los 70 y los 80– y hay personas de orígenes sociales bajos que tienen la oportunidad de estudiar y que pueden llegar a una educación superior, o incluso a tener becas para estudiar fuera de España, es obvio que pueden tener más interés en explicar esos temas. Mientras que en general, si uno viene de un entorno más rico, probablemente le pueda dar menos valor, lo cual no significa que no haya mucha gente de esos entornos que también sea consciente de estos problemas. Pero, en media, creo que sí sucede.
Hay ejemplos, por ejemplo, de economistas que han vivido una recesión, como le pasó a Keynes en su momento, y que estaba preocupado sobre por qué había esas colas de hambre en Nueva York o en Londres en los años 29 y 30. Se preocupó por eso y buscó un modelo de corto plazo para analizar la economía. Lo que has vivido influencia, creo.
En sus casos, ¿hay alguna vinculación con su trayectoria personal?
Libertad González: Yo nací en 1975 en Dos Hermanas, un pueblo de Sevilla que, digamos, no es la zona más próspera de España. Fui a un instituto público de mi pueblo y luego la Universidad Pública de Sevilla. Después estudié el doctorado en Economía en Estados Unidos gracias a una beca para hacer cursos de posgrado, un poco por casualidad, gracias a esa beca porque tenía buenas notas de la carrera. Pero no conocía a nadie que hubiera estudiado ni fuera de España, ni muchísimo menos en Estados Unidos. Esto me abrió completamente otro mundo, de ir de Dos Hermanas a Chicago.
Luego ya una vez que estuve un año en Estados Unidos, conseguí también una beca del Ministerio aquí en España que me permitió hacer el doctorado allí, que es carísimo, y a partir de ahí pues poder dedicarme a la investigación en los temas que me interesan, que son temas de tipo social. Pero eso es el resultado de que haya universidad pública en todas las provincias de Andalucía, que había becas para estudiar en la carrera y después para apoyar los estudios de posgrado.
Mi carrera es el resultado de que haya universidad pública en todas las provincias de Andalucía, de becas para la carrera y también para los estudios de posgrado
Olga Cantó: Yo soy medio andaluza, medio valenciana, porque mis padres son inmigrantes internos del país, como sucedió en tantos hogares. Mis abuelos tenían un nivel educativo muy bajo, por lo que fue un esfuerzo muy importante para ellos trasladarse, como hicieron todos los inmigrantes internos del país tanto en Cataluña como en Madrid.
También estudié en la Universidad Pública, en la de Alcalá de Henares (Madrid) y en el Erasmus, un esfuerzo para mis padres, fue donde vi el cartel para hacer la tesis en Florencia. Vi “economía laboral y desigualdad” y aquello me llamó mucho, porque yo vivía en Alcalá de Henares, una ciudad de aluvión, estilo lo que puede ser Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. Me dieron la beca, me financiaron cuatro años y pico que tardé en terminar. Sin eso, no hubiera podido hacer la tesis en un instituto universitario europeo, ni vivir en Florencia. Así que también soy producto de las becas, como Libertad, y probablemente las dos cumplimos esa movilidad social de la que estábamos hablando al principio.
Son dos mujeres que lideran equipos de investigación, con autoridad dentro de sus ámbitos de estudio. ¿Cómo de frecuente es esto? ¿Qué dificultades específicas han afrontado como investigadoras por ser mujeres?
Libertad González: No siento que haya tenido muchos obstáculos particulares por el hecho de ser mujer, pero hay dos cosas que quiero mencionar. Por un lado, que por razones culturales, aunque también sistémicas, a veces nosotras mismas nos autolimitamos o somos menos ambiciosas de lo que podríamos ser. Por ejemplo, ahora mismo conseguí un proyecto bastante cuantioso del European Research Council y casi no lo pedí porque pensaba que era imposible, que no me lo iban a dar, que no daba la talla, me tuvieron que insistir en mi departamento. En cambio, para muchos hombres es más fácil lanzarse, atreverse y ser ambicioso.
La economista Libertad González, en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Xavier Jubierre
Lo segundo está relacionado con el tema familia y los hijos. Soy madre, tengo dos hijos y mi marido siempre ha sido maravilloso, pero escuché a una mujer economista decir: ‘Las mujeres lo mejor que podemos aspirar es una pareja que haga el 50%’. Es decir, que nuestra pareja va a hacer entre el cero y el 50%, pero la mayoría de mis compañeros tienen compañeras que llevan a todo el cuidado de los hijos, que dejan de trabajar o trabajan a tiempo parcial, que los han seguido de país a país,… Ellos tienen un apoyo en casa con el que nosotras no contamos.
También a veces el reto está los equipos de investigación y las universidades, ¿no?
Olga Cantó: Al principio cuando trabajé de regreso a España, en Vigo, tuve la gran suerte de que mis dos colaboradores que trabajaban en desigualdad y pobreza fueron muy equitativos conmigo, compartíamos los investigadores principales siempre, íbamos rotando y no había diferencias por hombres y mujeres. Pero esto no es lo común. Conozco bastantes casos de personas donde los hombres, a veces también las mujeres, se han resistido a que gente más joven, y sobre todo mujeres más jóvenes en particular, lideren los proyectos de investigación porque creen que lo debe liderar siempre el que ya lo ha hecho antes. Estas persistencias a las mujeres nos nos retrasan.
Luego en la práctica diaria, creo que nosotras tenemos una forma de trabajar y de funcionar mucho más horizontal y mucho menos jerárquica. Pero el sistema promociona lo jerárquico, porque cuanto más acumulas en una persona, más posibilidades de ganar. Es verdad que nos atrevemos menos, como dice Libertad, pero a la vez ellos acumulan más porque en gran medida se colocan en esa posición de liderazgo y no se mueven de ahí. Yo eso no lo he sufrido y por eso también he conseguido acreditarme como catedrática, sino no hubiera podido y tampoco estaría aquí.
Las calles de la capital madrileña volverán a teñirse de verde este sábado 25 marzo debido a la manifestación en defensa de la educación pública que ha convocado Marea Verde Madrid. Estos son los porqués de la concentración.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid es el que menos invierte en educación pública», así comienza el manifiesto en defensa de la educación pública realizado por Marea Verde; un texto que critica la escasa financiación y aborda la necesidad de construir nuevos centros públicos e incrementar el número de plazas de Formación Profesional y de la Universidad en la capital. Sus reivindicaciones son las que resonarán por las calles de Madrid el sábado 25 de marzo a partir de las 18:00 horas desde la plaza de Neptuno hasta la Consejería de Educación, en la calle Alcalá.
La divergencia existente entre la financiación estatal de los centros públicos y privados es uno de los motivos principales por los que se celebra esta manifestación. Tal y como denuncia Marea Verde, «cada vez se destina más dinero público a centros privados y concertados». Un ejemplo de ellos son los 1,9 millones de euros procedentes de los fondos ‘Next Generation’ que se destinan a centros privados y concertados pero que estaban pensados para dirigirse a fomentar el éxito académico de alumnos vulnerables quienes, principalmente, «están escolarizados en la pública», tal y como asegura el manifiesto.
No obstante, la escasa orientación de dinero público a Educación no es el único tema que se podrá escuchar este sábado. También podrán oírse proclamas a favor del aumento de plazas para la contratación de docentes, la necesidad de nuevos profesionales en las aulas como los orientadores que ayuden a los alumnos en cuestiones pedagógicas; y medidas para desmasificar las aulas y ejercer una educación más personal con los alumnos, entre otras. Aquí se pueden todas y cada una de las exigencias de Marea Verde para este 2023.
Las demandas de Marea Verde por la Educación
Se reivindicará una mayor inversión en educación pública: bajo esta pretensión, desde Marea Verde, se proclama una subida de la inversión en educación elevándolo al 7% del producto interior bruto (PIB). Actualmente el índice no asciende del 5% .
Una bajada de ratio a un máximo de 15 estudiantes por clase con el objetivo de reducir la masificación en las aulas y favorecer la enseñanza de calidad.
La construcción de nuevos centros públicos según los niveles demográficos en solo una fase: con ello se pretende agilizar la creación de nuevos centros y también crear nuevos colegios para el grueso de los estudiantes.
El aumento de más plazas públicas en Universidades y Formación Profesional con lo quese pretende que más alumnos entren a la universidad o a su FP y que les salga más barato e incluso gratis.
Creación de más Escuelas infantiles de 0 a 6 años con el objetivo de que los más pequeños no se queden sin su plaza, obligando a las familia a escolarizar a sus niños a partir de los 3 años.
Más Orientadores y docentes de Pedagogía y otros profesionales que no son exclusivamente profesores: entre ellos pueden encontrarse psicólogos e integradores sociales.
18 periodos lectivos para todas las etapas educativas: se pretende disponer de más tiempo para coordinación.
La derogación de la Ley Maestrade Libertad de Elección Educativa de la Comunidad de Madrid con la que se regula el derecho a la educación y a la libertad de elección de un determinado centro escolar. Esta ley entra en conflicto con la LOMLOE y fomenta la segregación, según explica el manifiesto.
La revisión del Programa Bilingüe en Madrid con lo que se intenta que este programa no afecte a la enseñanza del castellano en las aulas.
La demanda de una mayor transparencia y sistemas democráticos con respecto a las políticas educativas de la Comunidad de Madrid: se espera erradicar la confusión y el autoritarismo en el sistema educativo teniendo en cuenta a las familias y los profesores.
¿Qué ocurre con los colegios concertados y privados?
Una de las razones de esta marcha son las desigualdades existentes entre los colegios privados-concertados y los públicos. La polémica surgió cuando la Comunidad de Madrid destinó las ayudas del programa PROA+ (Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo) a estudiantes vulnerables de centros privados y concertados, excluyendo a los públicos donde se encuentran la mayoría de los estudiantes. La Comunidad de Madrid destinó en total 1.937.021,69 euros de los fondos Next Generation a 46 centros concertados, y entre ellos no hay ninguno público.
Por otra parte la misma capital también ha confirmado que aumentará un 15% los fondos para contratar a personal no docente y otros gastos de funcionamiento, según Europa Press, de nuevo excluyendo a los centro públicos del aumento de estas partidas. Además según ha informado Comisiones Obreras Madrid, ya es una de las comunidades autónomas que menos invierte en educación pública, alrededor de 900 euros por alumno, mientras crece la financiación de los centros privados y concertados. Su secretario general, Jaime Cedrún, ya dijo en 2021 que «esta comunidad se estaba convirtiendo en la más segregadora de España y también de Europa, con abundancia de centros gueto en función de qué barrios».
Pueblos indígenas y comunidades de México y países del mundo como Francia exigieron el pasado 22 de marzo un alto a la sobreexplotación y saqueo del agua por parte de empresas y gobiernos que despojan y mercantilizan el líquido, en el marco de la jornada global por el Día Mundial del Agua.
En la capital del país, integrantes del Congreso Nacional Indígena, de Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes y de la comunidad otomí residente en la Ciudad de México marcharon por avenida Reforma para denunciar el robo de agua a manos de trasnacionales como Bonafont-Danone en Puebla.
A la lucha contra Bonafont se unieron colectivos desde París, Francia, que con una jornada de conciertos, mítines y acciones frente a la sede de la empresa tiraron cientos de botellas «para recordar el papel de la empresa en la superproducción mundial de plástico», así como denunciaron el saqueo de los mantos acuíferos de México y Francia.
«Danone deseca y contamina al planeta», se lee en una manta que los parisinos usaron para protestar contra el corporativo francés en París.
Los pueblos de México también rechazaron los proyectos extractivos que amenazan el abasto de agua, despojan a las comunidades y contaminan los recursos, como las minas, las presas hidroeléctricas, los parques eólicos y las plantas industriales.
Finalmente, exigieron un alto a la criminalización de los defensores del agua en el país, como Miguel López Vega, de Puebla, a quien las autoridades estatales buscan encarcelar una vez más con delitos prefabricados.
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