Por: El País.
Mientras avanzan, aunque más lentamente de lo deseable, los programas para erradicar el hambre y la malnutrición infantil en los países pobres, una nueva forma de malnutrición se extiende por todo el mundo, incluidos los países avanzados, hasta el punto de poner en riesgo los derechos de la infancia. Es la malnutrición que resulta de una dieta desequilibrada y poco saludable que, unida al creciente sedentarismo, está provocando una epidemia de obesidad infantil. España es uno de los países más afectados. Un informe realizado por Unicef con datos de 3.803 escolares de 245 centros revela que el 35% de niños y adolescentes de entre 8 y 16 años tiene sobrepeso y el 14,2%, obesidad. Pero lo más relevante es que el problema afecta con mayor intensidad a segmentos de población con menos ingresos. A mayor pobreza, mayor tasa de sobrepeso y obesidad infantil.
La dieta es uno de los principales determinantes de salud. A las carencias económicas, de bienestar y de educación que sufren las familias en situación de pobreza se añade en este caso un factor de desigualdad que se proyectará sobre toda la vida adulta de estos niños, pues la obesidad provoca diabetes y patología cardiovascular. La mayor incidencia del sobrepeso en las familias pobres se debe en parte a la falta de conocimientos sobre dietética y salud, pero sobre todo a la existencia de una oferta de alimentos procesados y bebidas azucaradas muy baratos que ingeridos en exceso provocan un rápido incremento de peso. El problema es que estos alimentos resultan atractivos porque tienen potenciadores del sabor, pero además son más asequibles que los alimentos frescos y saludables. Son las llamadas calorías baratas, que además de ser más accesibles se presentan con una publicidad muy agresiva que las hace especialmente deseables.
Se trata de una realidad compleja que hay que abordar, porque no hacerlo condicionará la salud de estos niños para el resto de su vida y comportará una carga muy onerosa para el sistema sanitario público. Puesto que en el origen hay un problema de educación, es preciso reforzar los programas de formación dietética y llegar a las familias de riesgo a través de los propios colegios. También se puede incidir a través de las becas de comedor, incluyendo en los criterios de concesión no solo los económicos, sino de prevención de la obesidad. Y es preciso asegurar también que los niños hacen en el colegio suficiente ejercicio físico para contrarrestar la tendencia al sedentarismo.
Todas estas medidas son necesarias, pero sus resultados son lentos. Mucho más eficaz es intervenir sobre la oferta, regulando mejor desde una perspectiva de salud pública los alimentos procesados con elevados contenidos en grasas, sal o azúcar. La ingesta continuada de estos productos altera el umbral de tolerancia, de manera que el gusto se acostumbra a esos ingredientes y cada vez los necesita en mayor proporción. Todo ello, agravado por una publicidad a veces engañosa que pone el acento en la abundancia y la experiencia más que en la calidad y la salud. La única forma de romper esta espiral es conseguir que los alimentos preparados reduzcan el potencial calórico y se acerquen lo más posible a su sabor natural. Para ello es preciso alcanzar una alianza entre las políticas públicas y una industria alimentaria que no puede ignorar el grave problema de salud que se está creando.
Fuente del artículo: https://elpais.com/elpais/2019/10/22/opinion/1571767951_261160.html
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