Por: Pedro Insua.
La acción represora del franquismo sobre el uso de las lenguas regionales es una de las mentiras más flagrantes y reiteradas de las que se ha valido el nacionalismo fragmentario para tratar de blindar su acción legisladora autonómica y poder así, con esa excusa, hacer y deshacer a voluntad en su ámbito regional correspondiente (estatutos, leyes de normalización lingüística, etc.). Una (presunta) represión la franquista que buscaba, al parecer, la imposición de la lengua española (castellana) sobre el resto de lenguas peninsulares, suponiendo ello, naturalmente, un retroceso injusto para las lenguas vernáculas, propias de cada región, que acaban siendo conducidas finalmente a la anormalidad (reducidas, se dice, a un uso clandestino, con hablantes despreciados, multados, encarcelados, incluso fusilados, se llega a decir, por el simple hecho de hablar en una lengua regional).
Esta represión ha valido pues, así en Galicia, como en Cataluña, en el País Vasco, etc., para justificar una legislación en sentido contrario, contrario a esa fantástica represión, buscando ahora normalizar, es decir, compensar y reequilibrar el uso de ese idioma propio por los cauces que, se supone, llevaría en cada región si no fuera por esa imposición política centralizadora del castellano. La lengua castellana, al transformarse en español, de un modo artificioso, forzado, violento en fin, ha invadido ámbitos que no le correspondían, ya ocupados por otras lenguas, siendo necesario ahora, incluso perentorio, compensar ese desajuste y devolver cada lengua a su lugar naturalcorrespondiente.
Este es el espíritu de la ley, de las leyes autonómicas de normalización lingüística que buscan, con el repliegue y obstaculización (en el límite eliminación) del uso del español en determinadas regiones, levantar murallas lingüísticas que faciliten, con su babelización, la división de España (siendo como es la lengua española, por ser común, uno de los mayores factores de cohesión social entre los españoles).
Una muralla lingüística que actuaría, además, en cada región, en un doble sentido: de puertas para adentro promoviendo, sobre todo desde la administración, un uso exclusivo de la lengua regional; de puertas para afuera, de cara al resto de ciudadanos españoles (que no viven en dichas regiones), convirtiendo a la lengua regional en un requisito para poder entrar.
¿Cuál es la excusa, más inmediata, de este doble encapsulamiento y mutua exclusión (segregación), promovidos desde las administraciones autonómicas? Clarísimo: el franquismo represor.
Pues bien, varios botones de muestra vamos a aportar aquí (sacados de nuestra biblioteca personal) para demostrar la falsedad de esa supuesta prohibición franquista de las lenguas regionales, restringiéndonos, eso sí, al ámbito gallego por ser mejor conocido por nosotros (aunque sería extensivo a otras regiones).
En 1950, de la mano de Ramón Piñeiro, aparece la editorial Galaxia, con sede en Vigo, que solo publica obras en gallego. Entre otras -cuento con la primera edición- Da esencia da verdade, traducción de la obra Vom Wesen der Wahrheitde Heidegger al gallego, realizada por el propio Piñeiro y Celestino Fernández de la Vega tras superar la censura -una censura, atención, que concernía igualmente a los libros en gallego como a los publicados en español-. Ambos también se encargan de la versión en gallego del Cancioeiro da Poesía Céltiga, traducción del original de Julius Pokorny que, publicado en Santiago en 1952, recibirá el premio en el II Concurso de la Editorial de los Bibliófilos Gallegos del año 1951.
Por otro lado, en 1963, en conmemoración del centenario de la publicación de Cantares Galegos de Rosalía de Castro, se establece el Día de las Letras Gallegas, día 17 de mayo que se sigue celebrando desde entonces (aunque ahora ya como festivo en Galicia). Esta iniciativa procede de la RAG, la Real Academia (da lingua) Galega, que, tras un período semiclandestino durante los primeros años del franquismo, siguió reuniéndose a partir de 1943, y celebrando el ingreso de sus nuevos miembros (aquí tengo el Discurso de ingreso de, de nuevo, Ramón Piñeiro, titulado precisamente A linguaxe e as linguas, con la respuesta de García-Sabell, Editorial Galaxia, 1967).
Por supuesto el gallego literario, como vemos, no fue extirpado ni mucho menos de la sociedad gallega por el franquismo, pero es que ni siquiera se procuró. Sí se persiguió el galleguismo (Piñeiro, por ejemplo, sufrió cárcel), pero ello solo en los primeros años del período franquista, luego anduvo a sus anchas, por lo menos no en la clandestinidad, como reconoce en su autobiografía el propio Piñeiro hablando de aquellos tiempos: «A nosa significación e actuación ideolóxica e ben coñecida de todos, incluídas as autoridades» (Ramón Piñeiro,Da Miña Acordanza, Memorias. Editorial Galaxia, 2002, pág. 136).
Menos aún fue perseguido y censurado el uso oral del gallego, a riesgo de dejar a la población muda si así fuera, cuando en el rural gallego se hablaba, y aún se habla, habitualmente. Precisamente uno de los factores de extinción del gallego, a pesar de este intento por parte de las autoridades autonómicas de conservarlo a toda costa (incluso a costa, insistimos, de privar de derechos a los hispanohablantes), es la extinción del rural gallego (reserva espiritual del idioma gallego en toda su riqueza dialectal). Yo mismo, nacido en Vigo, he tenido familiares que han hablado toda su vida en gallego (durante la República, el franquismo, la Transición), y lo hablaban igualmente con las autoridades locales como con las fuerzas del orden (policías y guardia civiles, muchos de ellos también gallegohablantes).
En la enseñanza, el franquismo no tuvo una política distinta de los regímenes anteriores (en 1902 se prohibió del uso de las lenguas minoritarias en la escuela, prohibición que se prolonga en 1926 con Primo de Rivera), esto es, el monolingüismo en castellano, exceptuando que, al final del período de la dictadura, será un decreto firmado por el propio Franco (Decreto 1433/1975, de 30 de mayo) el que introduzca las lenguas regionales en la Educación general, en el contexto de la LGE del año 70 (asunto éste que ignora mucha gente). Así, se afirma en dicho Decreto:
«LA LEY General de Educación, al definir las áreas de actividad para la Educación Preescolar, en su artículo 14, y, para la Educación General Básica, en su artículo 17, incluye en ellas el cultivo, en su caso, de la lengua nativa como medio para lograr una efectiva incorporación de las peculiaridades regionales al patrimonio cultural español. La introducción de las lenguas nativas en la Educación Preescolar y en la General Básica se justifica, atendiendo, por una parte, a la necesidad de favorecer la integración escolar del alumno que ha recibido como materna una lengua distinta de la nacional, y por otra, al indudable interés que tiene su cultivo desde los primeros niveles educativos como medio para hacer posible el acceso del alumno a las manifestaciones culturales de tales lenguas».
Muchos podrían argüir que este Decreto, decisivo, es una concesión hecha por un régimen ya agonizante, impotente para detener los aires de libertad de una democracia anunciada. Decir, tan solo, que fue en septiembre de 1975, cuatro meses después de la firma de este Decreto favorable a las lenguas nativas, cuando ese mismo régimen, supuestamente agonizante, firmó las últimas sentencias de muerte. Sentencias que, finalmente, y a pesar de la ola de protestas dentro y fuera del país (manifestaciones en Estocolmo promovidas por Olof Palme, el Papa Pablo VI solicitando clemencia, etc.), se terminaron de ejecutar al alba, tal era la firmeza resolutiva del régimen.
Parece ser que en Francoland, pero en el Francoland de verdad (no en el que dicen que todavía vivimos), las lenguas vernáculas regionales no gozaron de una persecución tan intensa como se quiere ver desde las vigentes leyes de normalización lingüística. Es más, esa vida prohibida y clandestina nunca ha existido para dichas lenguas.
No hay pretexto histórico alguno, en definitiva, que justifique el segregacionismo lingüístico en contra del uso del español que, con el respaldo de la legislación autonómica, se está practicando actualmente, ahora sí, en algunas regiones de España.
Fuente: http://www.elmundo.es/opinion/2017/12/13/5a302271e2704e4f568b4626.html
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