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Colombia: Gobierno lanza 2.500 créditos educativos condonables para comunidades negras

América del sur/Colombia/16 Julio 2020/semana.com

Mientras los estudiantes financian sus estudios, sus comunidades se beneficiarán con los proyectos que ellos se comprometen a adelantar en territorio.

El Gobierno abrió este lunes una convocatoria para otorgar 2.500 créditos educativos condonables en la categoría de educación superior permanencia y graduación de estudiantes que busca beneficiar a comunidades negras de todo el país, con un presupuesto total de $6.583’522.500.

Los créditos, disponibles a través del Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior y el Fondo Especial de Créditos Educativos de Comunidades Negras, que administra el Icetex, se destinarán a financiar distintas modalidades de educación superior, como carreras técnicas, tecnológicas, pregrados, especializaciones, maestrías, doctorados y postdoctorados.

El Fondo de Comunidades Negras se destina, desde el año 1996, a estudiantes afrocolombianos, raizales y palenqueros de bajos recursos económicos y buen desempeño académico.

Para que el crédito sea condonable, el Icetex tiene en cuenta que el estudiante culmine sus estudios y que presente un proyecto de trabajo comunitario, social o académico.

La ministra del Interior, Alicia Arango, resaltó que “como responsables de las políticas públicas con enfoque diferencial para las comunidades Narp”, desde su cartera el Gobierno busca garantizar el proceso para que aspirantes a la convocatoria puedan participar, es decir, “expedir los certificados de auto reconocimiento de la población e inscribir y actualizar a las formas y expresiones organizativas de comunidades negras que avalan a los aspirantes al fondo”, esto es los consejos comunitarios y las organizaciones de base.

Fechas a tener en cuenta

13 de julio al 26 de agosto: Inscripciones convocatoria

17 de julio al 28 de agosto: Entrega de Documentos de Inscripción

7 de septiembre al 25 de septiembre: Evaluación de los proyectos (Trabajos Comunitarios) presentados por los aspirantes al Fondo de los diferentes departamentos.

14 de octubre: Publicación de los resultados de la Convocatoria 2020-2.

14 de octubre al 6 de noviembre: Legalización de los créditos ante IES y oficinas ICETEX (A partir de la aprobación de legalización se procederá con los desembolsos)

12 de noviembre: Publicación de los resultados de la Convocatoria 2020-2 Segundo Grupo.

12 de noviembre al 2 de diciembre: Legalización de los créditos ante IES y oficinas ICETEX Segundo Grupo (A partir de la aprobación de legalización se procederá con los desembolsos).

La ministra Arango destacó que, con estos créditos, mientras “los estudiantes financian sus estudios, las comunidades se benefician con los proyectos que ellos se comprometen a adelantar en territorio”.

Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/creditos-educativos-condonables-para-comunidades-negras–noticias-colombia/686330

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Calificaciones robadas en China: cómo cambió el destino de muchos

Asia/China/16 Julio 2020/semana.com

Puntajes buenos en el examen de estado son asignados de manera fraudulenta a otras personas, que acceden con ello a la universidad.

Casi 11 millones de estudiantes de secundaria chinos acaban de finalizar las difíciles pruebas del «gaokao». El examen de toda una vida, en particular para los más modestos, puesto que determina su posible ingreso a la enseñanza superior.

Solamente aquellos estudiantes con calificaciones muy altas pueden ingresar a las mejores universidades. 

No obstante, tras una investigación durante dos años, las autoridades de la provincia de Shandong (este) descubrieron que más de 280 personas se encontraban involucradas en el robo de notas de candidatos a pasar el bachillerato.

En China, donde la prueba es considerada el principal ascensor social, este anuncio ha provocado una ola de repulsa. Los diputados, en particular, instaron a actuar con mano firme contra la corrupción en este ámbito.

El fraude es un problema frecuente en este país con 1.400 millones de habitantes, en el cual la competencia escolar es despiadada, la magnitud del escándalo ocurrido en Shandong ha causado un verdadero ‘shock‘.

Vendedora

La mayoría de los casos son anteriores a 2006. Para las autoridades, el origen del fraude se encuentra en los métodos defectuosos para la verificación de las identidades en la época en que fueron posibles estos hechos, que cambió el destino a muchos jóvenes.

Hasta ahora, 46 personas han sido sancionadas, de acuerdo al gobierno provincial, sin brindar detalles sobre la identidad de los timadores.

Una de las víctimas más mediáticas es Gou Jing, actualmente sobre los 40 años. La hija de un exprofesor de secundaria suyo usurpó su identidad en 1997 para sacar provecho de su elevado puntaje. 

En aquella época, Gou, una excelente estudiante, recibió calificaciones decepcionantes. Sorprendida, vio entonces esfumarse sus esperanzas de alcanzar una educación superior.

Actualmente, es vendedora de ropa para niños online. En cambio, la hija de su exprofesor tuvo un destino diferente al suyo: pudo estudiar en una universidad de Pekín y se convirtió en docente. Pero, al estallar este escándalo, le fue retirado su diploma y despedida, de acuerdo a las autoridades.

‘Inconcebible‘

«En aquella época, no tenía la menor idea ni la experiencia como para sospechar que hubiera personas que manipularan las calificaciones del bachillerato. Para mí, era algo inconcebible», declaró Gou Jing a la cadena Phoenix TV.

Su exprofesor, quien asignó a su hija sus notas, le envió una carta pidiéndole disculpas en 2003, señaló. Pero este caso tardó más de 15 años en ser dado a conocer públicamente.

«Toda la malversación y corrupción que envolvieron este caso de fraude también deben ser objeto de una investigación», continuó Gou Jing.  «Si no se revelan todos los eslabones de esta cadena, otras personas podrán continuar siendo víctimas de estos fraudes», añadió.

En la red social Weibo hashtags vinculados a este escándalo han tenido más de mil millones de visitas. «La justicia que llega demasiado tarde no es justicia», destacó un usuario. «Si este escándalo no hubiera llegado a a la red Weibo, ¿creen que (las autoridades) se habrían tomado la molestia de abrir una investigación?», subrayó.

Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/escandalo-de-calificaciones-robadas-en-china-y-como-cambio-el-destino-de-muchos/686512

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Entrevista a Pamela Molina: “La discapacidad es una construcción social e ideológica, exactamente igual que el concepto de género”

Entrevista/16 Julio 2020/Autora: Meritxell Freixas Martorell/eldiariolaeducacion.com

La experta de la OEA, Pamela Molina, habla de los desafíos de la educación inclusiva en América Latina (y el mundo) y el rol de la comunidad educativa para transformar un sistema basado en la educación segregadora.

Pamela Molina tenía 13 años y vivía en Chile cuando quedó sorda y tuvo que aprender a convivir con una discapacidad auditiva. Hoy lleva 11 años trabajando en temas de inclusión y derechos humanos de las personas con discapacidad en la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington. Desde 2004 y hasta 2006 fue parte del comité de expertos que redactaron la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad en Naciones Unidas.

Su mirada sobre la discapacidad sitúa la educación inclusiva en el centro. Apuesta por la “pedagogía de las diferencias” y defiende la basada en el concepto de “interseccionalidad” para visibilizar todas las identidades de una persona. Las de ella las define así: “Soy mujer, soy persona sorda, soy migrante y soy heterosexual”. Ninguna, dice, está por encima de la otra.

¿Cómo podemos educar de forma inclusiva cuando los aprendizajes de los estudiantes se evalúan bajo la lógica de lo que usted llama “capacitismo”, en referencia a la lógica de la “normalidad” entre las personas?

Para poder educar de forma inclusiva hay que transformar el sistema de enseñanza porque lo que hoy tenemos no es inclusivo. Se basa en la lógica de “lo normal”, en un paradigma excluyente y competitivo que selecciona al estudiante excepcional. No incluye los propios ritmos y maneras de aprender de todas y todos los estudiantes, la elección de lo que quieren o necesitan aprender, según sus habilidades. Hay que construir un nuevo sistema y eso significa trabajar en todos los ámbitos del sistema educativo: estudiantes, familias, comunidad educativa, directores de colegios, profesores, autoridades públicas… No puede ser un parche, tiene que ser una transformación real, estructural y basada en la pedagogía de las diferencias.

¿Qué dice la pedagogía de las diferencias?

Apunta a revertir la dirección desde donde fundamos la pedagogía, la enseñanza, el conocimiento. Desde inicios de la historia, para definir al ser humano, se ha buscado lo que hay «en común” entre nosotros para identificar características supuestamente «representativas de lo humano» y –de ahí– generalizar una definición. Sobre estas concepciones antropológicas se funda la pedagogía. Pero, ¿y si la característica que nos define como seres humanos no es la que homogeneiza al ser humano, sino la que atiende a la diferencia? Desde ahí no hablamos de «las personas diferentes», sino de la diferencia en la humanidad, la diversidad humana como esencia de la definición de lo humano. Esta pedagogía apunta a concentrarse en lo que es diferente para fundar la enseñanza o el conocimiento, no en lo que es común. Si nos concentramos en las diferencias de quienes estudian, podemos diseñar currículums y procesos de aprendizaje que sirven a cada una y cada uno.

¿Cómo abordar la inclusión de las personas que conviven con una discapacidad en contextos educativos marcados por la desigualdad, como ocurre en países como Chile, por ejemplo, y otros en América Latina?

La desigualdad marca toda la región de América Latina. Para abordarla hay que atacar a la brecha de desigualdad y enfocarnos en quienes están fuera del sistema, los grupos en situación de vulnerabilidad. Hay que priorizarlos a ellos y preguntarnos ¿por qué están fuera?, ¿quiénes son?, ¿dónde están?… A partir de ahí, diseñar e implementar una educación que los incluya. Hemos naturalizado la posición que ocupa ese grupo por sus características y por eso los mantenemos ahí, donde están. Tenemos que atacar la naturalización de la desigualdad y eso implica una transformación cultural, actitudinal, social.

Precisamente, usted habla de la “barrera cultural” como obstáculo de la educación inclusiva.

Hay paradigmas conceptuales heredados de la familia y de la sociedad que vienen del patriarcado, del machismo, del capacitismo y de todos los ismos culturales e ideológicos que son parte de estructuras de discriminación y desigualdad múltiples. La teoría del género está muy vinculada con la teoría de la discapacidad porque en ambos casos la diferencia y la discriminación están basadas en una corporeidad distinta. Aquí entra en juego el concepto de interseccionalidad: las personas no pertenecemos a una sola categoría social, sino a múltiples. Yo tengo, al menos, cuatro identidades que coexisten al mismo tiempo y no las puedo dividir: soy mujer, soy persona sorda, soy migrante y soy heterosexual. No soy más mujer que persona sorda o más persona sorda que migrante. Sin embargo, no actuamos y pensamos interseccionalmente.

¿A qué se refiere?

Los distintos grupos defienden los derechos basándose en una sola etiqueta y de forma homogénea. Incluso los mismos colectivos de personas con discapacidad (las personas sordas o ciegas, personas con discapacidad física, o intelectual…) defienden sus espacios y derechos de manera aislada. También, el movimiento feminista defiende y lucha por la igualdad de género, pero no piensa en las afrodescendientes de las zonas rurales que ni siquiera tienen acceso al concepto de igualdad de género; ni en las mujeres y niñas con discapacidad que tenemos falta de acceso a los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo. No sabemos cuántos indígenas con discapacidad hay, cuántos son, dónde están. Y no lo sabemos porque no pensamos bajo la lógica de la interseccionalidad.

Habla, también, de la “segregación” como una medida de “pseudo-protección”. ¿A qué se refiere?

Una forma de justificar la segregación es el paternalismo. No es una cuestión nueva o de la época moderna: el código civil de la época romana ya era paternalista. Existía la interdicción, es decir, el reemplazo en la toma de decisiones por causa de discapacidad. Se piensa que de esa manera se está protegiendo el interés de la persona con discapacidad, que no sabe o no puede tomar decisiones. La idea del “pobrecito” que no puede, que tiene que ir a un sistema segregado porque sufrirá en un sistema regular. Pero las personas que vienen de un sistema segregado después tienen muchas dificultades para incluirse en la sociedad y vivir autónomamente, porque no se les han entregado las herramientas para eso. El paternalismo también es una discriminación. Mientras exista un sistema de educación especial, no habrá educación inclusiva. Los recursos de educación especial deberían estar en el sistema regular para apoyar a todo el sistema, a que las personas aprendan juntas. No se trata de forzar que una persona con discapacidad aprenda lo mismo que la que persona sin discapacidad porque el objetivo de la educación es aprender para la vida y eso se puede hacer a distintos ritmos y de diferentes maneras.

Usted es muy crítica con el “paradigma médico” y dice que delimita las posibilidades de aprendizaje. ¿Cuál debería de ser el rol de la ciencia y la medicina en el ámbito de la educación inclusiva?

La ciencia puede ayudar en la tecnología para la autonomía del estudiante, pero la medicina no debería tener ningún rol en el ámbito de la educación inclusiva. No deberíamos definir a nuestros estudiantes por un diagnóstico. El problema no es el estudiante, es el sistema el que discrimina, la escuela y a sus políticas educativas. La discapacidad es una construcción social e ideológica de la sociedad, exactamente igual que el concepto de género. No es una característica individual de la persona.

¿Qué características debiera tener una escuela verdaderamente inclusiva?

Enfocada en los que se quedan atrás del sistema; muy enlazada con la comunidad que la rodea, donde las familias también sean parte de la toma de decisiones; con una jerarquía más horizontal y un currículum flexible, que incluya a los estudiantes para diseñarlo; basada en la pedagogía de la diferencia. El diagnóstico queda fuera de la escuela. Todas y todos los alumnos están en la misma aula, con profesores con lenguas de señas, tecnologías de la información y comunicación distintas y materiales en braille. Con rampas y no escaleras, con intérpretes de lengua de señas. Que incluya profesores sordos (50% sordos y 50% oyentes) y que todos los docentes sean bilingües o multilingües y que todos también aprendan braille. Las escuelas deberían ser inclusivas desde el parvulario. De esta forma, ya no entenderíamos la exclusión, la discriminación y el paternalismo porque no habríamos sido formados bajo ese esquema.

¿Qué porcentaje de avance en materia de educación inclusiva ha habido América Latina en los últimos años? ¿Quiénes lideran en ese ámbito?

Todavía no tenemos una evidencia suficiente de cómo está eso porque no hay recolección de datos suficientemente fiables en la región. Estamos buscando apoyo para realizar proyectos que nos permitan recolectarlos. Desde la Convención de la ONU, casi todos los países han elaborado leyes que promueven la educación inclusiva, el problema es que algunas se contradicen con otras que mantienen los sistemas segregados. Eso impide implementarlas de manera efectiva. Pese a eso, diría que –desde la Convención– los países han avanzado un 10%. Todavía falta muchísimo y hay un tremendo desconocimiento de lo que significa la educación inclusiva.

¿Alguna experiencia de buenas prácticas que pueda destacar?

La Red Regional de Educación Inclusiva (RREI) ofrece webinarios de capacitación para todos los actores clave dentro y fuera de la escuela. La escuela puede tomar decisiones para hacerse inclusiva, no depende solo de las autoridades o de las leyes. Todas y todos los actores cuentan

Fuente e imagen tomadas de: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/07/15/la-discapacidad-es-una-construccion-social-e-ideologica-exactamente-igual-que-el-concepto-de-genero/

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México: Contra el miedo, esperanza, autocuidado y cuidado mutuo durante la pandemia

Compartimos materiales de la campaña “Contra el Miedo, la Esperanza, sobre el autocuidado y el cuidado mutuo durante esta pandemia”, una iniciativa de Unitierra Oaxaca. La intención de esta campaña es proporcionar información útil sobre el covid-19, manteniendo como eje principal la esperanza.

Ante el miedo generalizado, queremos compartir formas de protegernos, sanarnos y reconstruir nuestros estilos de vida ante la pandemia. Los materiales han sido elaborados de manera conjunta con comunidades y colectivos con los que Unitierra mantiene vínculos cercanos.

La campaña radiofónica está disponible en español, mixe medio y zapoteco del istmo. Aborda temas sobre el cuidado mutuo, el autocuidado, la desinformación, así como los hábitos alimenticios que nos ayudarán a mantenernos sanos.

Escucha las cápsulas radiofónicas y accede a los diversos materiales de la campaña: Contra el Miedo, la Esperanza, sobre el autocuidado y el cuidado mutuo durante esta pandemia

Este material se comparte con autorización de La Minuta

 

Fuente e imagen:  https://www.educaoaxaca.org/contra-el-miedo-esperanza-autocuidado-y-el-cuidado-mutuo-durante-esta-pandemia/

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México: Autoridades “tienen una enorme deuda con las familias de los desaparecidos”: colectivos en Michoacán

“Las autoridades de varios estados del país tienen una enorme deuda con las familias de los desaparecidos porque hemos vivido décadas de simulación y humillaciones”, aseguró Mercedes Ruiz, integrante de Familiares Caminando por Justicia, al denunciar la falta de voluntad política para atender las desapariciones en Michoacán.

Ruiz denunció que ni los familiares de las víctimas ni las organizaciones defensoras de los derechos en Michoacán participaron en la elaboración del registro histórico de desaparecidos, a pesar de que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, haya informado lo contrario.

Explicó que desde hace más de un año las familias y organizaciones de Michoacán han solicitado un acercamiento con Alejando Encinas y con la Comisión Nación de Derechos Humanos (CNDH), pero no los han recibido. “Incluso pedimos su participación en la caravana de búsqueda de mayo de 2019 y no se presentaron. Falta más atención y darnos oportunidad de participar, porque nadie más que nosotros sabemos lo que significa perder un hijo, un hermano o un padre”, agregó Ruiz.

“Lo único que han sabido decir es que no hay nada nuevo sobre el caso, cuando sabían perfectamente que no habían hecho nada”, denunció la activista.

Señaló que en Michoacán hay documentados al menos 300 casos de desaparición, en los que estuvieron involucradas autoridades de las tres órdenes de gobierno y el crimen organizado.

Finalmente, indicó que es necesario que la CNDH y la Secretaría de Gobernación transparenten la metodología que utilizaron en el registro histórico para asegurar que hay 73 mil 201 personas desaparecidas, casi todas a partir de 2006.

 

Fuente e imagen:   https://desinformemonos.org/autoridades-tienen-una-enorme-deuda-con-las-familias-de-los-desaparecidos-colectivos-en-michoacan/

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La ONU alerta sobre los efectos del coronavirus: desocupación, hambre y terrorismo

Europa/Italia/15/07/2020/Autora: Elena Llorente/Fuente: Pagina12.com.ar

«El virus, como el terrorismo, no respeta fronteras» afirma Antonio Guterres.

Entre 83 millones y 132 millones de personas se agregarán en 2020 a las que ya sufrían el hambre: será consecuencia de la recesión económica provocada por la pandemia.

Desde Roma

Naciones Unidas estima que a causa de la covid 19, el hambre aumentará de modo alarmante en el mundo, agregando un mínimo de 83 millones y un máximo de 132 millones, a los 690 millones de personas que ya padecían hambre en el mundo en 2019, según un informe difundido el pasado lunes.

En el mundo se habla sobre todo de las consecuencias económicas del coronavirus, centrando las preocupaciones en el gran nivel de desocupación generado (la Organización Internacional del Trabajo calcula la pérdida de unos 195 millones de puestos de trabajo a tiempo completo), en la alarmante pobreza y el hambre. Pero el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, al inaugurar el 6 de julio en la ONU de Nueva York la Semana contra el Terrorismo, mencionó además la posibilidad de que las debilidades del sistema que han salido a relucir con la pandemia, puedan ser aprovechadas por “formas nuevas de terrorismo” como ataques cibernéticos, bioterrorismo y mal uso de las tecnologías. “Como el virus, el terrorismo no respeta fronteras”, dijo Guterres, señalado que “afecta a todas las naciones y sólo puede vencerse colectivamente”.

Según el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, el estudio realizado por distintas instituciones de Naciones Unidas difundido este lunes, los 690 millones de hambrientos de 2019 significan un aumento de 10 millones respecto a 2018. El informe fue difundido pocos días después de que el secretario Guterres presentara el 9 de julio otro documento sobre el impacto del covid-19 en América Latina y el Caribe, aconsejando a los gobiernos a tomar ciertas medidas para la recuperación de la crisis, reduciendo la pobreza, la inseguridad alimentaria y la malnutrición.

Aunque la ONU reconoce que todavía es un poco temprano para establecer los efectos reales de las cuarentenas en los distintos países y de las otras medidas de contención aplicadas, estima sin embargo que los 83/132 millones que se agregarán en 2020 a los que ya sufrían el hambre, serán el efecto de la recesión económica provocada por el coronavirus. Estos datos hacen cada vez más difícil conseguir el objetivo de “Cero Hambre en 2030” que se había propuesto la ONU, dice el informe elaborado entre otros por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa Alimentario mundial (PAM) y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), las tres con sede en Roma, además de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Asia es el continente con más desnutridos (381 millones), seguido por África (250 millones) y América Latina y Caribe (48 millones), dijo el informe ONU. Es necesario aclarar que Asia es el continente con más población (más de 4.600 millones según estimaciones para el 2020), seguido por África (unos 1.300 millones). América Latina y Caribe en torno a los 650 millones de habitantes pero eso no la salva de la pobreza y el hambre. El mayor porcentaje de desnutridos en proporción a la población está en Africa (19,1%), seguido de Asia (8,3%) y América Latina (7,4%), precisó el informe ONU. Si se continúa con esta tendencia, en 2030, África será el lugar donde se encontrará más de la mitad de las personas que sufren hambre en el mundo, añadió.

“La pandemia intensificó la vulnerabilidad y las deficiencias del sistema alimentario mundial”, afectando las actividades productivas, la distribución y el consumo de alimentos. Por eso el estudio llamó a todos los gobiernos a incorporar el tema nutrición en sus políticas agrícolas, tratando de disminuir los costos de la producción, transporte y distribución y apoyando a los productores pequeños y locales para cultivar y vender más alimentos nutritivos, asegurando su acceso a los mercados. La idea es dar prioridad además a la nutrición de los niños, fomentando cambios en la educación y en los medios de comunicación, a fin de favorecerla, pero también facilitar el acceso a dietas saludables que podrán ser diferentes de un país a otro.

En cuanto a América Latina y el Caribe en particular, el documento difundido por la ONU el 9 de julio destacó que la región se ha transformado en un punto de acceso de la pandemia donde los más vulnerables sectores de la población son una vez más los más afectados y mencionando en este sentido a las mujeres, los ancianos, los indígenas, los africano-descendientes, los migrantes y refugiados, entre otros.

“Para Latinoamérica y el Caribe la comunidad internacional debe proveer liquidez (dinero efectivo), asistencia financiera y aliviar sus deudas”, subrayó Guterres al presentar el documento sobre Latinoamérica. “En una región donde las desigualdades se han hecho insostenibles, es necesario desarrollar un sistema de asistencia social accesible a todos”, creando además un sistemas de impuestos equitativo, promoviendo trabajos decentes y reforzando los mecanismos de protección social, fomentando, entre otras cosas, la participación masiva de las mujeres en la vida pública y económica. “Junto podemos superar esta crisis y construir una sociedad sostenible para todos”, concluyó el secretario general de Naciones Unidas.

Fuente e imagen: https://www.pagina12.com.ar/278260-la-onu-alerta-sobre-los-efectos-del-coronavirus-desocupacion

 

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Alertan a la Unión Europea sobre graves crisis de derechos humanos en México

México y la Unión Europea sostuvieron la IX edición del Diálogo Bilateral de Alto Nivel en materia de derechos humanos el 10 de julio pasado, durante el cual organizaciones civiles entregaron un extenso diagnóstico sobre la crisis de derechos humanos en México y formularon recomendaciones a las autoridades mexicanas y europeas.

 

  • Ante la crisis sanitaria y económica en México y sus impactos a corto, mediano y largo plazo, organizaciones civiles hacen un llamado a la Unión Europea y al Estado mexicano a fortalecer su relación bilateral en materia política, técnica y de cooperación.

  • Exigen al gobierno de México y a la Unión Europea fortalecer mecanismos de consulta y participación de la sociedad civil, así como de transparencia y rendición de cuentas.

Organizaciones civiles denunciaron ante el Representante Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, la grave crisis de derechos humanos en México, agudizada por los efectos de la crisis sanitaria y económica que han impactado de forma desproporcionada a los derechos humanos de las víctimas, particularmente a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.

México y la Unión Europea sostuvieron la IX edición del Diálogo Bilateral de Alto Nivel en materia de derechos humanos el 10 de julio pasado, durante el cual organizaciones civiles entregaron un extenso diagnóstico sobre la crisis de derechos humanos en México y formularon recomendaciones a las autoridades mexicanas y europeas.

En el encuentro, las OSC apuntaron como un hecho positivo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador haya reconocido, en parte, la magnitud de la crisis en materia de derechos humanos y se haya comprometido a resolver algunas de las problemáticas más graves como las desapariciones; sin embargo, en la práctica, se siguen manteniendo altos índices de violencia y violaciones a los derechos humanos e impunidad.

La crisis de desapariciones se mantiene en el país, con un registro oficial de 61,637 personas desaparecidas, incluidas 5,184 personas desaparecidas en 2019, de las cuales 1,277 son niñas y mujeres. Las personas defensoras de derechos humanos, particularmente las defensoras indígenas de la tierra y del territorio, son el blanco de agresiones por parte de actores tanto privados como públicos. Los datos confirman que desde inicios del 2019, 33 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas, de entre las cuales 4 fueron mujeres, incluyendo dos mujeres trans defensoras de derechos humanos y 19 periodistas, demostrando que labor periodística es de alto riesgo en México. La violencia de género se torna particularmente alarmante con el encierro, como lo reflejan las 11 mujeres, en promedio, asesinadas cada día. Cada 30 minutos un niño o niña es víctima de abuso sexual. Las niñas, niños y adolescentes son, por su parte, víctimas de 7 asesinatos y 7 desapariciones al día. Tan solo en el primer año de la administración, 117 crímenes de odio contra personas LGBTTTI+ fueron contabilizados. Los datos públicos disponibles, si bien no reflejan la totalidad de los casos, sí dejan entrever un aumento de la violencia y violaciones a los derechos humanos en el contexto de la pandemia.

La Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos dio a conocer que entre de marzo a junio, en el contexto de la contingencia sanitaria por COVID-19, se registraron 103 agresiones en contra de quienes defienden el derecho a la salud; 47 ataques contra el personal de salud, 141 agresiones contra personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas y 237 personas desaparecidas.

Asimismo, las OSC externaron su preocupación ante las deficiencias estructurales de las instituciones de administración y procuración de justicia, que propician la persistencia de la impunidad, la ausencia de políticas integrales de atención a víctimas, el mantenimiento de la política de militarización de la seguridad pública y el incumplimiento de México con recomendaciones y resoluciones internacionales. También hicieron hincapié en el debilitamiento de algunos órganos reguladores y autónomos; los señalamientos generalizados y difamaciones contra las organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación; el impacto de las medidas de austeridad sobre las instituciones de derechos humanos; así como la falta de criterios técnicos para el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas relacionadas con derechos humanos.

Respecto al “Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación” entre la Unión Europea y México, resaltaron el cierre de las negociaciones durante la pandemia, sin consulta ni participación de la sociedad civil, lo que evidencia la priorización de los actores económicos sobre los derechos humanos, contraviniendo los principios europeos de gobernanza y participación. Esto se refleja en la falta de evaluaciones de impacto en derechos humanos y ambientales incluyendo consulta previa, libre e informada, culturalmente adecuada y de buena fe, como se ha hecho con los megaproyectos del Tren Maya y del Corredor Transístmico, cuyas consecuencias ambientales y sociales serán devastadoras.

Por lo anterior, entre otras recomendaciones, las OSC exhortaron al gobierno de México y a la Unión Europea:

A cancelar los megaproyectos que han provocado asesinatos de personas defensoras y suspender aquellos que carecen de valoraciones sobre los impactos en derechos humanos y consultas (CPLI), y paralelamente implementar mecanismos obligatorios para identificar, prevenir, abordar y reparar los daños actuales y posibles de las actividades empresariales públicas y privadas, tanto domésticas, como extranjeras.

A fortalecer su cooperación política, técnica y económica, para paliar los efectos de la crisis por la COVID-19 y sus impactos a corto, mediano y largo plazo.

A reevaluar sus estrategias en materia de derechos humanos, en particular las dirigidas para la protección de grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres, personas defensoras, periodistas, migrantes, personas LGBTTTI+, pueblos indígenas, y niñas, niños y adolescentes ante el recrudecimiento de la violencia en el contexto de la pandemia.

A fortalecer la cooperación técnica para lograr un mayor acceso a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

A incorporar una perspectiva de prevención en las acciones realizadas para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, por ejemplo mediante la emisión  periódica de alertas por parte de la Delegación de la Unión Europea en casos de amenazas, detenciones arbitrarias y otros graves ataques.

A diseñar una política migratoria y de asilo con enfoque de derechos humanos.

Finalmente, las OSC instaron al Gobierno Mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a hacer públicos los resultados del diálogo de Alto Nivel sostenido con la Unión Europea, en particular su valoración acerca del diagnóstico presentado y su propuesta para el seguimiento de las recomendaciones.

 

Organizaciones mexicanas firmantes:

Artículo 19 México y Centroamérica,

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan,

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas,

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A C.,

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C,

Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos,

Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C. (Consorcio Oaxaca)

Equis: Justicia para las Mujeres,

Espacio OSC,

Gire, Grupo de Información en reproducción elegida, A.C.,

IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C.,

Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio, INEPPA, A.C.,

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.,

Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER),

Servicio Internacional para La Paz (SIPAZ),

Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) compuesta por Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A.C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A.C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A.C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A.C. (Bachajón, Chis.); Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C. (CAM) (Ciudad de México); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, S.J. (CUDJ) (Guadalajara, Jal.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.);  Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A.C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A.C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A.C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental A.C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A.C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A.C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A.C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” (Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C. (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A.C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A.C. (CIARENA) (Oaxaca); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A.C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Uno de Siete Migrando A.C. (Chihuahua, Chih.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C. (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).

 

Organizaciones europeas firmantes:

Coordinadora Alemana por los Derechos  Humanos en México,

Oficina Ecumenica por la Paz y la Justicia,

President de la Comissió de DDHH del Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, vicepresidente Fundación DDHH del Consejo General de la Abogacía Española, Decano del Colegio abogacía Girona, Carles McCragh,

Colectivo París Ayotzinapa,

Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH),

Organización Mundial contra la Tortura (OMCT),

Taula per Mèxic

La Adhesiva

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/boletin-alertan-a-la-union-europea-sobre-graves-crisis-de-derechos-humanos-en-mexico/

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