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Según explicó Jaime Vargas, presidente de la Conaie, el proyecto regulatorio es negativo para amplios sectores del país.

A su juicio, el texto debería ser archivado y en cambio, establecer mesas técnicas en busca de alternativas derivadas en propuestas que no afecten a la población trabajadora.

En ese sentido, el líder indígena defendió la propuesta presentada por el recién creado Parlamento de los Pueblos y Sectores Sociales, que aclaró, no es un proyecto de ley, sino una alternativa al plan económico, pensada desde los sectores populares, por el bien de los más desposeídos del país.

Sobre el posible retorno a la movilización, el dirigente señaló que no se descarta esa opción, pues todo depende del gobierno nacional y sus decisiones.

Desde octubre pasado, cuando se registraron 11 días consecutivos de paro a nivel nacional contra medidas económicas de corte neoliberal y alineadas con las llamadas recetas del Fondo Monetario Internacional, la Conaie lidera a organizaciones de la sociedad ecuatoriana, en demandas de ideas y normativas, con la mirada puesta en las familias de menos ingresos.

Las movilizaciones iniciadas contra la eliminación del subsidio al combustible, que desató un alza en precios del transporte nacional y los alimentos, se convirtió en protesta de indígenas, campesinos, trabajadores, estudiantes y otros, contra políticas y disposiciones consideradas paquetazo.

Hasta ahora, suman varios los debates realizados entre el gobierno y diferentes sectores hacia un plan concreto, para elaborar un decreto sobre el tema de los subsidios, al cual se han añadido otros puntos y aportes, desde el plano económico, para un marco regulatorio más amplio.

Sin embargo, con el sector indígena mayormente representado por la Conaie, las mesas están suspendidas, ante denuncias desde el ejecutivo, contra líderes de pueblos y nacionalidades, por supuestas irregularidades durante las marchas.

Para Conaie, ‘sin paz no hay diálogo’, razón por la cual se creó el Parlamento de los Pueblos y nació la propuesta económica defendida hoy ante la Asamblea nacional.

La premisa se sostiene, entre otras, con el argumento de que desde los sectores representados por más de 180 organizaciones miembros del nuevo Parlamento, se genera el 70 por ciento de los alimentos en Ecuador, por lo cual, sus voces deben ser escuchadas y atendidas.

Archivar la normativa presentada por la administración nacional de esta nación andina, es también una idea defendida por la bancada de la Revolución Ciudadana, a cuyo criterio, la iniciativa contiene falencias, que ni desde el mismo Ministerio de Economía y Finanzas se han podido explicar.

El proyecto presentado por el gobierno nacional al Legislativo, mantiene invariable en el 12 por ciento el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y comprende la eliminación del impuesto a la salida de divisas, así como el pago de una contribución especial para empresas que facturen más de un millón de dólares anuales.

Contempla además la supresión del anticipo del impuesto a la renta, un nuevo mecanismo de devolución de impuestos para exportadores, la simplificación del esquema de tributación en el caso de los bananeros y un gravamen de 10 centavos por la utilización de fundas plásticas, mientras también aumenta el impuesto por la adquisición de cigarrillos electrónicos y los servicios digitales.

El gobierno espera recaudar alrededor de 700 millones de dólares si el instrumento legal resulta aprobado, mientras sectores populares consideran que la idea, nuevamente golpea a la masa trabajadora y mira en dirección a los grandes empresarios y ecuatorianos acaudalados.

De no llegar a una conclusión en el pleno de la Asamblea nacional, la propuesta del ejecutivo comenzaría a regir por el ministerio de la ley.