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Estudio revela cómo la guerra ha afectado a la educación y la vida de los niños en Gaza

El estudio elaborado por la prestigiosa universidad de Reino Unido, plasma un análisis detallado de la educación en Gaza durante la guerra.

La guerra en Gaza que lleva más de dos años ha dejado a muchos niños palestinos demasiado débiles para aprender o jugar, convencidos de que serán asesinados por ser gazatíes, advierte un nuevo informe, dirigido por la Universidad de Cambridge, Reino Unido. El trabajo también incluye el primer análisis de la educación en Cisjordania y Jerusalén, realizado desde el 7 de octubre de 2023.

El estudio señala la urgente necesidad de proporcionar mayor ayuda internacional para la educación en toda Palestina, independientemente de si se mantiene o no el actual alto el fuego en Gaza. En la propia Gaza, según el texto, el conflicto ha estado a punto de borrar el derecho de los niños a la educación y, con él, su propia identidad.

El informe, que sigue a un estudio similar de 2024, ofrece un análisis exhaustivo de cómo la guerra en Gaza ha devastado la vida de los niños. Junto con la evidencia de un sistema escolar destrozado, describe cómo la violencia, el hambre y el trauma han erradicado cualquier sensación de infancia normal.

El trabajo describe a niños que se desploman de agotamiento y a quienes se les dice que no jueguen para conservar energía. Hasta el reciente alto el fuego, sugiere, muchos padres y maestros tenían que elegir entre mantener la educación de los niños y su supervivencia, y algunos sobrevivían con tan solo un plato de lentejas al día.

Uno de los hallazgos más impactantes es que la guerra ha erosionado la esperanza de futuro de los jóvenes palestinos y su fe en el sistema internacional. Testigos presenciales hablaron de la creciente ira de los niños y el desmoronamiento de la fe en valores como la paz y los derechos humanos. «Los estudiantes preguntan sobre la realidad de esos derechos. Sienten que los matan simplemente por ser gazatíes», declara un miembro del personal de una organización internacional al equipo de investigación.

La profesora Pauline Rose, directora del Centro de Investigación para el Acceso y el Aprendizaje Equitativo (REAL) de la Universidad de Cambridge, expone: «Hace un año dijimos que la educación estaba bajo ataque; ahora las vidas de los niños están al borde de un colapso total. Los palestinos han demostrado un deseo extraordinario de recibir educación durante esta terrible guerra, pero la pérdida de fe y esperanza que expresan los jóvenes debería ser una gran señal de alerta para la comunidad internacional. Debemos hacer más para apoyarlos. No podemos esperar», cita la experta en el informe.

El estudio fue realizado por investigadores del Research for Equitable Access and Learning (REAL) Centre de Cambridge y el Centro de Estudios Libaneses, en colaboración con el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA). Se basa en datos de agencias de la ONU, organizaciones benéficas y ONG, junto con entrevistas con personal de organizaciones de ayuda, funcionarios gubernamentales, docentes y estudiantes.

Los niños de Gaza habrían perdido alrededor de cinco años de educación por la guerra

Al 1 de octubre de 2025, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas informó de la muerte de 18 069 estudiantes y 780 miembros del personal educativo en Gaza, y de que 26 391 estudiantes y 3 211 docentes resultaron heridos. Save the Children estima que, durante los combates, 15 niños sufrieron lesiones que les cambiaron la vida cada día.

El estudio estima que los niños en Gaza habrán perdido el equivalente a cinco años de educacióndebido a los repetidos cierres de escuelas desde 2020, primero por la COVID-19 y luego por la guerra. Aunque la UNRWA y el Ministerio de Educación palestino han implementado medidas de aprendizaje temporales y a distancia, estas se han visto obstaculizadas por la violencia continua, los daños en la infraestructura y la escasez crónica de recursos.

El cálculo de la pérdida de aprendizaje incorpora los efectos acumulativos del trauma y la hambruna, utilizando estudios establecidos sobre cómo estos impiden el aprendizaje. Hasta octubre de 2025, casi 13 000 niños en Gaza habían recibido tratamiento por desnutrición aguda, 147 de los cuales murieron.

Dados estos mismos efectos acumulativos, los autores calculan que, si las escuelas permanecen cerradas hasta septiembre de 2027, muchos adolescentes estarán una década por detrás de su nivel educativo esperado.

El trabajo docente presentó varios retos

En toda Palestina, los profesores describieron su profesión como desmoralizada y en crisis. Un miembro del personal de una organización internacional afirmaba que los profesores estaban trabajando día y noche para garantizar que los niños siguieran recibiendo algún tipo de educacióny que muchos no habían tenido un día de vacaciones en dos años.

El estudio calcula que el costo de la recuperación educativa en toda Palestina podría ascender a USD 1 380 millones. Yusuf Sayed, profesor de Educación de la Universidad de Cambridge, asegura: «Los docentes y orientadores están demostrando firmeza y compromiso con la preservación de la identidad palestina a través de la educación, pero la magnitud de la necesidad es inmensa. Se necesitarán miles de nuevos docentes para reemplazar a los que se han perdido o para apoyar una recuperación completa del aprendizaje. Invertir en el profesorado es crucial para reconstruir y restaurar la educación en Palestina».

Con Gaza sumida en una parálisis económica casi total, la educación dependerá de la ayuda extranjera en el futuro previsible. A pesar de ello, el estudio halló indicios de fatiga de los donantes. De los USD 230 millones solicitados para educación en 2025, solo el 5,7 % se había proporcionado hasta julio, lo que equivale a unos USD 9 por niño. Se estima que se necesitan USD 1 155 por persona para la reconstrucción completa.

En medio de la tristeza, el informe identifica algunos motivos de esperanza. Durante el alto el fuego a principios de 2025, las escuelas reabrieron con una rapidez notable. Los exámenes Tawjihi para los graduados de secundaria también se han reanudado. Un profesor lo describió como un milagro.

https://www.ecuavisa.com/mundo/estudio-revela-como-la-guerra-ha-afectado-a-la-educacion-y-la-vida-de-los-ninos-en-gaza-20260107-0078.html

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¿Del escritorio al aula? Las paradojas del liderazgo pedagógico en la supervisión escolar de educación básica

Por: Fernando David García Culebro

La SEP impulsa un Taller Intensivo, a inicios de 2026, para directores y supervisores con la aspiración de trasladar la gestión escolar del escritorio al aula y reorientar una función históricamente definida por lógicas burocráticas hacia el liderazgo pedagógico (Profelandia, 2025), aunque la estructura del sistema continúe reforzando los mecanismos administrativos que dice querer superar.

Difícilmente alguien podría oponerse a la idea de fortalecer el liderazgo pedagógico en las escuelas de educación básica. El problema no está en el propósito, sino en la distancia que existe entre ese discurso y las condiciones reales en las que hoy operan las supervisiones escolares, particularmente en contextos como el de Chiapas, donde las condiciones geográficas, sociales y administrativas complejizan de manera significativa el ejercicio de la función de las y los supervisores.

La primera contradicción es evidente para cualquier supervisor en activo. Mientras se le exige acompañar pedagógicamente a las escuelas, se le demanda de manera simultánea una cantidad creciente de reportes, formatos y evidencias administrativas, muchas de ellas innecesarias o francamente duplicadas. Documentos que se solicitan dos o incluso tres veces por distintas áreas de la propia Secretaría de Educación Federalizada, sin coordinación entre instancias ni claridad sobre su uso real. El tiempo que podría destinarse a observar clases, dialogar con docentes o reflexionar colectivamente sobre las prácticas pedagógicas —en aulas multigrado, rurales o indígenas— se diluye en una lógica de control fragmentado que termina por convertir al supervisor en un gestor de trámites.

Conviene subrayarlo: no se trata únicamente de una sobrecarga laboral. El problema es más profundo. Se trata de trabajo mal diseñado. Un sistema que proclama el liderazgo pedagógico, pero organiza la gestión para vigilar, reportar y cumplir, termina atrapando a sus figuras clave en tareas que poco contribuyen a la mejora educativa, especialmente en los niveles de educación básica donde el acompañamiento cercano resulta fundamental.

La segunda contradicción tiene que ver con la gestión permanente de la emergencia. En muchas zonas escolares de Chiapas, caracterizadas por una alta dispersión territorial y condiciones de difícil acceso, los supervisores enfrentan escuelas con faltantes de personal docente, directivo o de apoyo. Estas carencias generan conflictos cotidianos: grupos sin maestro, inconformidad de madres y padres de familia y tensiones comunitarias que, en no pocos casos, se entrelazan con dinámicas políticas y sociales locales.

En este escenario, el supervisor dista mucho de fungir como acompañante pedagógico. Se convierte, más bien, en mediador, gestor y amortiguador institucional, obligado a solicitar reiteradamente ante la autoridad educativa soluciones que, con frecuencia, no llegan o lo hacen de manera tardía. No se acompaña lo pedagógico porque la prioridad es contener la crisis. No se reflexiona sobre el aula porque el sistema empuja, una y otra vez, a apagar incendios.

En este contexto, exigir liderazgo pedagógico sin atender las condiciones estructurales que lo obstaculizan equivale a responsabilizar a los sujetos de fallas que son, en realidad, institucionales.

La tercera contradicción resulta especialmente preocupante. Al mismo tiempo que se exige a la supervisión escolar de educación básica un rol cada vez más complejo, formativo y pedagógico, se ha reducido el personal que podría hacerlo posible. La disminución de personal administrativo en las supervisiones y la reducción de figuras de asesoría técnico-pedagógica debilitan la estructura mínima de acompañamiento. Se pide más liderazgo con menos manos, más orientación con menos apoyos y mayor presencia pedagógica en territorios amplios y diversos, con menos tiempo disponible.

El resultado es previsible. Un discurso progresista sostenido sobre una maquinaria administrativa que no ha sido transformada. Talleres intensivos, lineamientos renovados y llamados al compromiso chocan una y otra vez con normativas rígidas, sistemas de control heredados y exigencias burocráticas que permanecen intactas. Se impulsa un cambio de rol sin modificar las reglas, los incentivos ni las condiciones en las que ese rol se ejerce.

La pregunta, entonces, no es retórica ni ideológica, sino profundamente práctica: ¿puede hablarse seriamente de liderazgo pedagógico en la educación básica mientras la gestión escolar siga organizada para vigilar, reportar y cumplir, más que para acompañar y orientar? En entidades como Chiapas, donde las carencias estructurales son evidentes y la complejidad territorial forma parte de la vida cotidiana del sistema educativo, esta pregunta adquiere un peso particular.

Tal vez el problema no sea la falta de talleres, ni de discursos, ni siquiera de voluntad individual. Tal vez el desafío de fondo esté en revisar la arquitectura administrativa de la educación básica: simplificar procesos, coordinar instancias y liberar tiempo y recursos para aquello que se dice querer fortalecer. Mientras eso no ocurra, cualquier intento por mover la gestión del escritorio al aula corre el riesgo de quedarse, precisamente, en el escritorio.

Referencias bibliográficas:  Profelandia. (2025). SEP plantea un giro en la función de directores y supervisores. https://profelandia.com/sep-plantea-un-giro-en-la-funcion-de-directores-y-supervisores/

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El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable

Por: Vijay Prashad

Sesenta años después de la Conferencia Tricontinental, el derecho al desarrollo —la base material de la dignidad— sigue siendo el horizonte de la revolución socialista y la liberación nacional.

En memoria de Mehdi Ben Barka (1920-1965), cuyos pasos seguimos.

Hace casi 60 años, en enero de 1966, cientos de revolucionarixs de todo el Tercer Mundo se reunieron en La Habana, Cuba, para la Primera Conferencia de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina: la Conferencia Tricontinental. Allí discutieron la inevitabilidad de la descolonización y sus ideas para un mundo más allá del imperialismo. Fidel Castro y los demás organizadores convocaron la conferencia para reunir las dos corrientes de la revolución mundial: la corriente de la revolución socialista y la de la liberación nacional. Lxs delegadxs vieron la necesidad de radicalizar los ideales de soberanía que habían sido expresados 10 años antes en la Conferencia de Bandung. Les frustraba que el orden mundial seguía atrapado en las estructuras del neocolonialismo. Estas mantenían en ciclos de subdesarrollo incluso a los países recién independizados, con partidos de liberación nacional anteriormente revolucionarios desmovilizándose tan pronto como se izaban las nuevas banderas y comenzaban a sonar los nuevos himnos.

Para conmemorar el legado de la Conferencia Tricontinental, que da su nombre a nuestro instituto, este mes publicamos el dossier n° 95 El imperialismo será inevitablemente derrotado: el resurgimiento del espíritu tricontinental (diciembre de 2025). En el transcurso de 2026, también organizaremos varias discusiones y seminarios en línea y presenciales (el primero de ellos, coorganizado con CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, puede verse aquí). En el dossier argumentamos que, mientras el espíritu de Bandung se anclaba en una insistencia en la soberanía y el multilateralismo, el espíritu tricontinental va más allá, fundamenta la verdadera emancipación en la dignidad y la lucha de clases.

Una de las ideas clave de las eras de Bandung y de la Tricontinental fue que la dignidad no puede lograrse sin desarrollo, y que el derecho al desarrollo pertenece a todos los pueblos del mundo. En noviembre de 1957, la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) adoptó la  Resolución 1161 (XII) sobre “Progreso económico y social equilibrado e integrado”. Cuatro años después, en 1961, la AGNU declaró que la década de 1960 sería el “Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo”. En mayo de 1968, hacia el final de esa década, lxs delegadxs en la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos celebrada en Teherán, Irán, aprobaron la Proclamación de Teherán, que advertía:

La creciente disparidad entre los países económicamente desarrollados y los países en desarrollo impide la realización de los derechos humanos en la comunidad internacional. Dado que el Decenio para el Desarrollo no ha alcanzado sus modestos objetivos, resulta aún más necesario que cada país, en particular los países desarrollados, procure por todos los medios eliminar esa disparidad

La Conferencia Tricontinental tuvo lugar a mediados del denominado decenio para el desarrollo. En ese momento, ya existía un reconocimiento claro entre los países líderes del Tercer Mundo de que el marco de desarrollo de la ONU no podría cerrar la brecha mientras la economía mundial se mantuviera organizada en torno a estructuras de dependencia. Pasarían casi dos décadas después de Teherán para que la ONU adoptara una declaración sobre el derecho al desarrollo. El 4 de diciembre de 1986, cuando muchos Estados del Tercer Mundo ya colapsaban bajo el peso de una crisis de deuda que se extendería hasta la década de 1990, la AGNU finalmente adoptó la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. El documento brillaba con los mejores ideales:

El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.  (Artículo 1.1).

Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias para la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los ingresos. Deben adoptarse medidas eficaces para lograr que la mujer participe activamente en el proceso de desarrollo. Deben hacerse reformas económicas y sociales adecuadas con objeto de erradicar todas las injusticias sociales. (Artículo 8.1).

Los Estados deben alentar la participación popular en todas las esferas como factor importante para el desarrollo y para la plena realización de todos los derechos humanos.  (Artículo 8.2).

Estos ideales están consagrados en resoluciones y declaraciones de la ONU no por el altruismo del Norte Global, sino porque cientos de millones de personas en movimientos anticoloniales y socialistas lucharon por ellos.

Rafael Morante Boyerizo (OSPAAAL), No al militarismo y al hambre, 1981. Cortesía de The Radical Media Archive.

Dos años después de la adopción de la declaración, el Banco Mundial publicó el World Development Report [Informe sobre el desarrollo mundial] (1988), el que constataba que la deuda externa total del Tercer Mundo había alcanzado más de US$ 1,035 billones en 1986. Esta cifra representaba un aumento asombroso desde los US$ 560.000 millones en 1982 y los US$ 130.000 millones en 1974. El informe señalaba: “Sus deudas [de los Estados del Tercer Mundo] están aumentando, pero todavía enfrentan transferencias netas de recursos negativas porque las obligaciones del servicio de la deuda superan las limitadas cantidades de nuevo financiamiento. En algunos países en desarrollo la gravedad de esta prolongada recesión económica ya supera la de la Gran Depresión en los países industrializados, y en muchos países la pobreza va en aumento”. El Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó a una conclusión similar en su propia evaluación, que situó la deuda total del Tercer Mundo en US$ 916.000 millones, una cifra ligeramente menor que aún apuntaba a la misma tendencia.

El próximo año se cumplirá el 40° aniversario de la Declaración de la ONU sobre el Derecho al Desarrollo, pero pocas personas lo conmemorarán. Desde 1986, se han realizado esfuerzos dentro del sistema de derechos humanos de la ONU para pasar de una declaración no vinculante y en gran medida simbólica a un instrumento jurídicamente vinculante. Sin embargo, esos esfuerzos han encontrado una resistencia sostenida por parte de las naciones más ricas, que consideran dicho instrumento como perjudicial para su monopolio sobre la riqueza y los recursos.

En octubre de 2021, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos aprobó su resolución anual sobre el derecho al desarrollo por una votación de 29 votos a favor, 13 en contra y 5 abstenciones. Los 13 votos en contra procedían íntegramente de países del Norte Global. Dos años después, en octubre de 2023, cuando el consejo votó a favor de presentar un proyecto de convención sobre el derecho al desarrollo a la AGNU, la resolución volvió a aprobarse con una votación de 29 votos a favor, 13 en contra y 5 abstenciones. Todos los votos en contra procedían una vez más de los países del Norte Global. Es evidente que, a pesar del apoyo retórico del Norte al desarrollo, ha dedicado mucha energía a recortar las resoluciones de la ONU sobre el desarrollo e incluso a impedir cualquier discusión sobre un alivio mayor de la deuda, un paso crucial para el desarrollo del Sur Global.

Esta es la contradicción que encierra el derecho al desarrollo: proclamado como inalienable, pero denegado en la práctica. El dossier n° 95 retoma la insistencia del espíritu tricontinental en que la emancipación no puede medirse por banderas y discursos, sino por si la vida del pueblo mejora materialmente. El desarrollo no es un eslogan, ni un conjunto de objetivos que deben gestionarse desde arriba. Es el derecho a expandir la capacidad de la gente para vivir con dignidad. Pero tal derecho seguirá fuera del alcance de la mayor parte de la humanidad mientras el servicio de la deuda, las medidas económicas coercitivas y las guerras continúen drenando la riqueza social de las naciones más pobres.

Las aspiraciones de desarrollo del Sur Global no se lograrán en los pasillos de la ONU. Solo se harán realidad a través de la lucha organizada que obligue a las instituciones y los Estados a actuar.

Al terminar el año, también culmina la primera década de nuestra existencia como instituto de investigación. Comenzamos con la ambición de ser el centro de estudios inter-movimientos del Sur Global, con los pies arraigados en las más de 200 organizaciones de trabajadorxs y campesinxs y movimientos políticos que conforman la red de la Asamblea Internacional de los Pueblos. En el transcurso de la última década, nos dimos cuenta que teníamos dos tareas fundamentales: primero, amplificar las perspectivas de los movimientos y estimular un debate entre ellos y dentro de la sociedad; segundo, construir una nueva teoría de desarrollo para el Sur Global para cuando nuestros movimientos lleguen al poder y tengan la obligación de reestructurar la sociedad y llevarnos a un futuro mejor más allá de las cadenas del capitalismo. A medida que nuestro mandato crecía, también lo hacía el alcance de nuestro trabajo.

Por esa razón, y porque ustedes creen en nuestra misión, esperamos que decidan apoyar nuestro trabajo durante un año más. Dependemos de su solidaridad para sostenerlo. Hay muchas formas de contribuir:

  1. Si desean unirse a nuestra Brigada Internacional de Pasantes Tricontinental, escriban a intern@thetricontinental.org.
  2. Si desean ayudarnos con trabajo de edición y traducción, escriban a volunteers@thetricontinental.org.
  3. Si desean hacer una contribución financiera, escriban a donations@thetricontinental.org.

Realmente dependemos de su apoyo para continuar este trabajo.

Esperamos que se unan a nuestra comunidad Tricontinental.

Fuente: https://thetricontinental.org/es/newsletterissue/boletin-desarrollo-sur-global/

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El frágil horizonte de América Latina en 2026

Por: Sergio Ferrari

Entre tumbos económicos casi generalizados a nivel mundial, el continente latinoamericano mira al 2026 sin mucho optimismo. La tendencia parece prever “más de lo mismo”: una incómoda zona de “confort” de bajo crecimiento.

“El motor se atasca”, afirma la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su Balance Preliminar 2025 al calcular un crecimiento regional del 2,4% en 2025 y apenas un 2,3% en 2026. Según CEPAL, se trata de “un ritmo insuficiente para reducir la pobreza y la desigualdad de manera significativa”, en otras palabras, “una senda de bajo crecimiento”.

La principal alerta, según CEPAL, es el hecho de que los dos pilares que han sostenido la actividad en los últimos años comienzan a flaquear. Por un lado, el consumo privado, responsable de más de la mitad del crecimiento regional, que pierde energía por un mercado laboral menos dinámico; por el otro, la demanda externa, que también muestra signos de debilidad.

El informe 2025 revela realidades subregionales divergentes: América del Sur bajando del 2,9% en 2025 al 2,4%; Centroamérica, aumentando de un 2,6% en 2025 a un 3,0%, aunque sintiendo el impacto de una menor demanda desde Estados Unidos y amenazada por serios riesgos, como la volatilidad en las remesas y los efectos del cambio climático; el Caribe, que si bien exhibe las cifras más altas (5,5% en 2025 y 8,2% en 2026), sigue siendo frágil si se tiene en cuenta que tanto el boom petrolero de Guyana como la normalización del turismo postpandemia esconden la alta fragilidad de esa región ante desastres naturales recurrentes (https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/d36b03d7-df19-41e7-a01f-514792ae8818/content).

Para escapar al bajo crecimiento, CEPAL insiste en la necesidad de políticas de desarrollo productivo de mayor ambición –especialmente hoy debido a las nuevas condiciones de rivalidad geoeconómica– combinadas con decisiones macroeconómicas que muevan más recursos para el crecimiento, la innovación, la diversificación económica, la transformación productiva y la creación de empleos de calidad. La receta que CEPAL recomienda sostiene que, en un mundo transformado por la fragmentación geoeconómica y la revolución tecnológica, América Latina y el Caribe no puede conformarse con un crecimiento raquítico. En otras palabras, lo que hace falta es “una combinación audaz de políticas que fomenten la transformación productiva para construir una región más resiliente, inclusiva y, finalmente, más próspera”.

Lucha contra la pobreza

Si bien los porcentuales de crecimiento son relativos y a menudo fuertemente cuestionados por no incluir ciertos coeficientes esenciales del desarrollo humano, de todos modos pueden servir como pista para descifrar tendencias futuras. Un análisis más completo y objetivo hace imprescindible la inclusión adicional de la situación de pobreza y de extrema pobreza, así como de pobreza monetaria. Esta última considera la situación crítica de las personas o las familias cuyos ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas, fundamentalmente vivienda, salud, educación y transporte.

Cuando se incluyen estos aspectos, las estadísticas de CEPAL son contundentes y revelan las contradicciones esenciales.  En América Latina y el Caribe, la concentración del ingreso sigue siendo extrema: el 10% más rico capta el 34,2% del ingreso total, mientras que el 10% más pobre solo accede al 1,7%. Esta disparidad se traduce en el índice de pobreza monetaria más bajo desde que comenzó esta medición: en 2024, el 25,5% de la población latinoamericana (162 millones de personas) carecía de los ingresos suficientes para enfrentar sus necesidades más básicas. Se trata de una disminución de 2,2 puntos porcentuales respecto de 2023, y de más de 7 puntos porcentuales respecto de 2020, en plena pandemia de COVID-19. En cuanto a la pobreza extrema, en 2024 la misma afectó al 9,8% de la población (62 millones de personas), lo cual representa 0,8 puntos porcentuales menos que el año anterior, aunque 2,1 puntos porcentuales por encima de la tasa registrada en 2014, cuando alcanzó el nivel más bajo de las últimas tres décadas.

Sin embargo, constata CEPAL, esta pequeña mejoría en 2024 no significa que el continente en su totalidad haya logrado resultados positivos en su lucha contra la pobreza. Se debe, principalmente, a los relativos avances de México y, en menor medida, de Brasil, los dos “gigantes” de la región. El resto del continente casi inmutable. (https://www.cepal.org/es/comunicados/la-concentracion-ingreso-sigue-siendo-extrema-america-latina-10-mas-rico-capta-342).

Marco mundial complejo

Las perspectivas económicas para América Latina y el Caribe en 2026 proyectan un bajo dinamismo, con tasas de crecimiento moderadas debido a un entorno internacional incierto y persistentes limitaciones internas, todo lo cual afecta el impulso de la inversión, el fortalecimiento de la productividad y la expansión del empleo formal. En consecuencia, una mayor desaceleración de la economía mundial, con una proyección de 3,2% de crecimiento, menor que en 2024 y 2025.

Este panorama se ha agravado, en parte, por la escalada arancelaria desatada por Estados Unidos, así como los altos niveles de deuda pública, que restringieron el espacio del gasto gubernamental e impusieron altas tasas de interés a largo plazo. Mayores aranceles y endeudamiento se erigieron en obstáculos contra mayores niveles de inversión.

Según CEPAL, a esto se suman problemas estructurales, como la crisis de productividad en la zona del euro y la persistente deflación en China, factores que limitan el impulso global. En Europa, el crecimiento siguió siendo débil por la menor demanda externa, la debilidad de la inversión y problemas persistentes de productividad, particularmente en Alemania y Francia. Aunque la inflación europea se acercó a la meta del 2%, lo que permitió estabilizar la política monetaria, los altos niveles de endeudamiento continúan limitando los márgenes de acción. La excepción, según CEPAL, ha sido España, que se consolidó como la economía de mayor crecimiento (aunque de grandes disparidades internas) , con una tasa de alrededor del 2,6%, apoyada fundamentalmente por el turismo, la inversión en infraestructura y el avance de las energías renovables.

Las economías emergentes y en desarrollo han mostrado un desempeño favorable. Tal es el caso de India y China. Por otra parte, el comercio mundial registró en 2025 una recuperación parcial gracias al mayor dinamismo del comercio Sur-Sur y a pesar de verse afectado por los nuevos aranceles de importación impuestos por Estados Unidos. Sin embargo, las condiciones macrofinancieras y los altos niveles de endeudamiento público de las economías avanzadas reducen sus márgenes para la aplicación de políticas fiscales locales contra cíclicas, mientras que las tasas de interés a largo plazo permanecen elevadas, lo que restringe la inversión. En otras palabras: el costo de financiamiento de sus respectivas deudas nacionales sigue condicionado por la volatilidad global y la incertidumbre con respecto a la trayectoria futura de la política monetaria estadounidense.

Si bien a nivel continental la desocupación se ubica en un 6%, una de las más bajas de los últimos tres lustros, la informalidad y la desigualdad persisten y exigen respuestas urgentes. Especialmente en el importante sector agrícola, donde el 80% del trabajo es informal. Esto afecta en particular a las mujeres, los jóvenes y las personas mayores en el ámbito rural. Y algo no menos importante: este mismo sector concentra el 46% del trabajo infantil regional y más de la mitad de la mano de obra con baja escolaridad.

Los retos sociales y laborales en América Latina y el Caribe en 2026 son enormes. Defendidos por sindicatos y movimientos sociales, ninguneados e ignorados por los gobiernos latinoamericanos de derecha y extrema derecha que siguen apostando a más ajuste y menos Estado social.

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Propósito para 2026: Acción colectiva frente a la incertidumbre y la impotencia

En 2026 brindamos por un frente colectivo cada vez más amplio y sólido ante la emergencia ecológica y social, con el que sostener la vida de los ecosistemas y, dentro de ellos, la vida justa, habitable y digna de todas las personas.

En el año que entra nos proponemos trabajar para hacer cada vez más fuerte una acción social colectiva que proteja la vida de los ecosistemas y las personas frente a las realidades políticas y socioecológicas tan duras que están marcando el final de 2025. Queremos empezar 2026 desplazando el desaliento y poniendo en su lugar el compromiso y la tenacidad de la población organizada para transformar esas realidades y posibilitar futuros ecosociales.

Cerramos 2025 con un balance que puede llevar al pesimismo e inacción. Desde un supuesto plan de paz en Gaza que ampara la impunidad y no detiene el genocidio, hasta el tsunami desregulador de la UE que está ahogando la ya insuficiente normativa de protección ambiental y social europea con el fin de favorecer los intereses económicos de grandes corporaciones transnacionales. Sin embargo, Ecologistas en Acción empezamos el año con buenos propósitos y, como diría Joanna Macy, con esperanza activa.

Más que buenos deseos, queremos multiplicar los procesos que sirven de brújula para navegar sin miedo en las aguas turbulentas de la emergencia ecológica y el crecimiento del autoritarismo. Brújulas hechas de iniciativas colectivas en las que estamos comprometidas y a las que animamos a sumarse como antídoto a la incertidumbre y la impotencia. Ejemplo de ello es la exigencia de boicot, desinversión y sanciones a Israel para denunciar el ecocidio en Palestina, la ocupación, el apartheid y la expulsión del pueblo palestino. Además de la participación en campañas de boicot a empresas que están sosteniendo crímenes contra la humanidad, y la denuncia de la complicidad de la UE en el genocidio tal y como se ha plasmado en el último informe de la relatora de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados.

Queremos también seguir tejiendo redes estatales y europeas para intensificar la presión social que frene los sucesivos paquetes de eliminación de las normas de protección ambiental y social en la UE. Como también revertir las amenazas que sobrevuelan a la directiva de Hábitats, de Aves y de Agua.

Entre las últimas propuestas de desregulación se encuentra la “aceleración” de las evaluaciones medioambientales de proyectos clave para la UE, lo que se traduce en un menor control sobre proyectos que son clasificados como estratégicos pero suponen un grave daño ambiental y social. Es el caso de los proyectos mineros y grandes industrias e infraestructuras, así como el desmantelamiento de algunas de las salvaguardas fundamentales frente a los pesticidas a la hora de proteger a la ciudadanía de la contaminación de tierras, alimentos y acuíferos.

La articulación internacionalista es, sin duda, una apuesta por fortalecernos para frenar el extractivismo que se expande a nivel mundial. El capitalismo verde, digital y, cada vez más, militar se suma al capitalismo fósil para acelerar la apropiación y explotación de más y más territorios. Se multiplican así los graves daños a las regiones y sus poblaciones, especialmente en los países que no concentran el poder económico y militar, donde la lógica de explotación se suma al colonialismo de las empresas y gobiernos que quieren controlar los minerales llamados fundamentales. Frente a ello, se han puesto en marcha procesos para dar forma a una voz común ecologista, anticolonial, feminista y anticapitalista.

La resistencia de las redes, plataformas y campañas tiene como principal eje la existencia de grupos locales que defienden palmo a palmo el territorio frente a grandes proyectos e intereses económicos mineros, agroindustriales, energéticos, inmobiliarios o industriales. Miles de personas que dedican gran parte de su vida a cuidar los ecosistemas que saben que son esenciales para sostener la vida presente y futura.

Por eso, en el inicio de un nuevo año seguimos proponiéndonos contribuir a la organización y acción colectiva para defender lo común. Desde las movilizaciones y la desobediencia civil no violenta, hasta el trabajo de hormiga relacionado con la formación y capacitación ante nuevas amenazas. A lo que se suman las denuncias legales ante el incumplimiento sistemático de una legislación cada vez más debilitada.

Este 2026 brindamos por un frente colectivo cada vez más amplio y sólido ante la emergencia ecológica y social, con el que sostener la vida de los ecosistemas y, dentro de ellos, la vida justa, habitable y digna de todas las personas.

Fuente: https://www.ecologistasenaccion.org/354674/proposito-para-2026-accion-colectiva-frente-a-la-incertidumbre-y-la-impotencia/

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Argentina – LEY DE PRESUPUESTO 2026: NO AL DESFINANCIAMIENTO EDUCATIVO Y CIENTÍFICO

LEY DE PRESUPUESTO 2026: NO AL DESFINANCIAMIENTO EDUCATIVO Y CIENTÍFICO

Comunicado del Consejo Directivo Nacional de Sadop

Desde Sadop denunciamos el rumbo de ajuste del Gobierno Nacional y señalamos su responsabilidad directa en la desarticulación del sistema educativo argentino, con la sanción de la Ley de Presupuesto 2026, recientemente aprobada. Esta norma institucionaliza el recorte y consolida un proceso regresivo inédito en las últimas décadas, al tiempo que desmantela mecanismos y garantías que resguardaban el financiamiento de la educación y del sistema científico-tecnológico.

La aprobación del Artículo 30° del Presupuesto 2026 implica la eliminación del piso del 6 % del PBI destinado al financiamiento educativo, y deja sin efecto los marcos legales que garantizaban el financiamiento de la Educación Técnico Profesional, así como de la ciencia y la tecnología. De este modo, el ajuste se institucionaliza una vez más como política de Estado y el derecho a la educación queda reducido a una variable subordinada a la lógica de mercado.

Este retroceso estructural no sólo cercena el derecho a la educación, sino que debilita la capacidad del país para la formación técnica, científica y profesional, una trama esencial para la soberanía productiva, la innovación y la justicia social.

Por lo anterior, rechazamos categóricamente el Artículo 30 del Presupuesto 2026, ya que atenta contra derechos adquiridos y marcos de financiamiento ya consolidados, y en especial representa un grave atentado contra el derecho a la educación. Asimismo, repudiamos la conducta de quienes acompañaron este artículo, avalando un marco presupuestario que desfinancia la educación, la ciencia y el trabajo docente, y que restringe las condiciones reales de acceso, permanencia y posibilidad.

Desde Sadop decimos no al desfinanciamiento del sistema educativo y científico, al intento de desarticulación del sistema educativo nacional y a las políticas que deterioran las condiciones de vida y de trabajo de quienes educamos. Y exigimos el respeto irrestricto de los derechos conquistados, porque constituyen la base esencial de una sociedad democrática, justa y con igualdad de oportunidades.


Consejo Directivo Nacional

5 de enero de 2026

Fuente de la Información: https://sadop.edu.ar/no-al-desfinanciamiento-educativo-y-cinetifico-de-la-ley-de-presupuesto-2026/

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La Doctrina Trump para Venezuela: petróleo y tierras raras, bases militares, información y desgobierno

La Doctrina Trump para Venezuela: petróleo y tierras raras, bases militares, información y desgobierno

Luis Bonilla-Molina

América Primero!! Es la expresión que condensa la actitud imperialista, neofascista y neocolonial norteamericana en el presente. La Declaración de Trump de este martes 16 de diciembre de 2025 es una profundización radical en la ofensiva imperialista sobre Venezuela. Ya no quiere “perseguir cárteles de droga”, ni producir un simple cambio de régimen, sino que exige el control absoluto por parte de Estados Unidos del petróleo venezolano, demandando la “devolución de territorios” que no es otra cosa que cambiar la condición de dependencia por una relación territorial neocolonial. Estados Unidos amenaza con anexar parte o la totalidad del territorio venezolano, algo sin precedentes y de una significación dramática.

Esta confesión de parte en las intenciones de los Estados Unidos nos debe convocar a la conformación de un amplio frente internacional contra la ofensiva imperialista a Venezuela, que con la movilización y denuncia en todos los rincones del orbe, evite este desafuero gringo de tomar posición de la soberanía territorial venezolana.

Los hechos

En noviembre de 2025 la administración de Trump publicó el documento titulado Estrategia de Seguridad Nacional, en cuyas 57 páginas -versión en español- define sus prioridades, énfasis, propósitos y curso de acciones. Reivindicando y relanzando la Doctrina Monroe, este documento es un texto pragmático, una hoja de ruta para el momento político de construcción de un reordenamiento capitalista global, en el cuál Estados Unidos necesita afianzar su poder porque pretende dirigir esta transición.

La Estrategia de Seguridad Nacional tiene continuidades imperiales que hemos venido analizando en ensayos recientes, pero también las particularidades propias de un momento histórico singular en el cuál otros países capitalistas le disputan la supremacía económica (China), el equilibrio militar (Rusia), el eje de la innovación que se ha vitalizado en lo que se  denomina como la región Indo-Pacífico, y Europa ya no tiene posibilidades ni capacidades para seguir siendo su anillo de seguridad y contención en Eurasia. Es imposible comprender el giro iliberal y neofascista de la administración Trump sin vincularlo a estas dinámicas. Se equivocan terriblemente quienes caracterizan el momento como una simple etapa de liderazgo divergente en el imperio.

El nuevo orden mundial que puja por nacer es increíblemente capitalista y militarista, y Estados Unidos aspira no solo a ser parte de él, sino a seguir siendo la nación hegemónica. No hay un contrapeso de Estado anticapitalista en este tablero, aunque la revolución de los de abajo sigue apareciendo en el horizonte como posibilidad. En ese reacomodo, el control de la energía y los insumos para la innovación (petróleo, uranio, litio, tierras raras) juegan un rol central.  Estados Unidos no quiere repetir la historia del declive del imperio español ante el británico, quiere estar al frente de los cambios geopolíticos que acompañan a la cuarta revolución industrial.

La administración Trump ha definido claramente sus prioridades territoriales en lo que denomina el hemisferio occidental, una especie de frontera ampliada que incluye a toda Latinoamérica y el caribe, Canadá y Groenlandia.  En ese escenario Venezuela adquiere un valor estratégico, por sus riquezas minerales -la mayor reserva de petróleo, potencialidad de tierras raras en la zona sur/Orinoco- biodiversidad -agua y reserva genética- además de una situación militar privilegiada al norte de Suramérica, al sur del Caribe con fachada al Atlántico, a escasos kilómetros del Canal de Panamá que le permite acceso al Pacífico. Estados Unidos no quiere compartir estos privilegios con China, Rusia ni ninguna nación emergente. Es decir, Venezuela para los norteamericanos, como sentencia de la Doctrina Trump. Desde la apertura de la relación abierta neocolonial de Estados Unidos con Venezuela, después del bloqueo europeo a las costas venezolanas (1902-1903), su mediación para la solución del impasse -justificada en el marco de la Doctrina Monroe- y el golpe de Estado liderado por Juan Vicente Gómez -que por lo menos EEUU avaló- este es un giro sin precedentes de violación a la soberanía territorial y política.

Para lograrlo, desde agosto del 2025 se ha generado el más impresionante desplazamiento militar y de tropas conocido en la región por décadas. El ataque a botes de pescadores, acusados de ser “mulas” del narcotráfico, ha sido la melodía trágica de presentación de su ofensiva sobre Venezuela que se recrudece cada día. La intervención del espacio aéreo venezolano, con NOTAM emitida por la autoridad de tráfico aéreo norteamericano y la orden presidencial directa de Trump de prohibir los vuelos hacia el país, fue escalada con la piratería marítima de captura y confiscación de un buque petrolero. Este 16 de diciembre, el propio Donald Trump ha declarado que le exige a Venezuela que “le devuelva el petróleo, tierras y otros activos a Estados Unidos. Es decir, ha declarado públicamente su decisión de apoderarse de las reservas petroleras y el deseo de colonizar directamente parte del territorio venezolano.

Eso solo lo puede lograr mediante la ocupación militar directa del territorio, colocando bases militares. Pero quiere hacerlo con el menor costo posible, en términos de pérdida de vidas de soldados gringos, gastos operativos e impacto político. Por eso, la decisión de confiscar todos los barcos petroleros no autorizados por el Departamento del Tesoro norteamericano es otra escalada para asfixiar al gobierno de Maduro y crear las condiciones para su caída, ya sea por implosión interna, golpe de Estado desde el mismo Madurismo para iniciar una transición pactada en los términos de la Estrategia de Seguridad Nacional, o como resultado de una “operación quirúrgica” que permita colocar en el poder a la dupla Edmundo González Urrutia (EGU)– María Corina Machado (MCM). La asfixia económica del país pareciera ser la herramienta ideal para concretar cualquiera de estas iniciativas coloniales. Estaríamos hablando del riesgo de una hambruna sin precedentes para la población venezolana.

La colocación de bases militares norteamericanas en territorio venezolano le permitiría establecer una relación colonial cercana a las reservas petroleras, asegurándose la exclusividad de su acceso. En un país como Venezuela, en el cuál incluso su aliado histórico Rómulo Betancourt no aceptó la colocación de bases militares gringas en el territorio, por los efectos que tendría el nacionalismo criollo en la voluntad electoral del pueblo, esto solo es posible lograrlo con una larga transición caótica -que prolongue y aunque parezca increíble, eleve la miseria y tragedia de las condiciones materiales de vida de la población vividas en el periodo madurista- algo que cada vez aparece de manera más nítida en la ofensiva gringa.

El daño colateral inmediato se está sintiendo en Cuba, imposibilitada de recibir el auxilio venezolano en materia de combustible y petróleo para su economía y el mantenimiento del sistema eléctrico. Estados Unidos apuesta por un efecto dominó en la región, que produzca la “carambola” de desplazar de un solo golpe a los gobiernos de Caracas, La Habana y Managua.  Es decir, el posicionamiento es para el control total del llamado hemisferio occidental.

Adicionalmente, usando los avances tecnológicos de última generación, en captura y procesamiento de datos, Estados Unidos avanza en la puesta en marcha del régimen de control predictivo al disponer de una información extremadamente valiosa sobre el comportamiento de la población -del hemisferio occidental en general y Venezuela en particular- ante su despliegue militar en el Caribe sur. Por eso, la clínica de rumores y contra informaciones que genera día a día en las redes sociales, para incentivar respuestas de la población, poderlas segmentar y clasificar, para la construcción de sus escenarios de acción.  Estamos viviendo la primera ofensiva militar regional con tecnología, técnica y propósitos propios de la cuarta revolución industrial, por lo cual resulta terriblemente limitada su interpretación con las claves paradigmáticas de las tres primeras revoluciones industriales.

La transición imposible

María Corina Machado (MCM) tiene un liderazgo indiscutible entre la población venezolana, incluso en sectores que históricamente apoyaron al Chavismo. Eso se lo debe en buena medida a Maduro, quién en su afán de polarizar para evitar la consolidación de una oposición de izquierda, ha jugado el juego que más le conviene a MCM. Pero liderazgo -de MCM- socialmente arraigado, no es lo mismo que capacidad para gobernar, especialmente si es errado el diagnóstico que se tiene de la crisis venezolana y el camino de su superación. La apuesta de MCM es el impulso de un gobierno iliberal que continué y profundice las políticas neoliberales aplicadas por Maduro, especialmente implementadas a partir de 2018. Su estrategia de liberalización absoluta de la economía del mercado como fórmula para generar empleo, la coloca de espaldas al problema central del venezolano en el corto plazo, salarios y retorno de condiciones materiales de vida mínimamente decentes. La “bonanza post madurista”, de una economía sin sanciones, MCM la piensa en clave de privatizaciones, flexibilización del empleo y atracción de capitales internacionales, solo posible manteniendo bajos salarios.

Estados Unidos lo sabe, por eso su apuesta por una transición de EGU-MCM, para abrir paso a la larga transición caótica que le permita instalar su relación abiertamente colonial con el territorio y las riquezas venezolanas.  De hecho, MCM lo ha dicho en reiteradas oportunidades, que la “recuperación de Venezuela” exigirá niveles más profundos de cooperación con Estados Unidos.

Los errores de cálculo del Madurismo

El antiimperialismo del Madurismo tiene los límites de su sobrevivencia en el poder. El Madurismo no es de izquierda, mucho menos revolucionario. Desde la guerra de Ucrania ha procurado un acuerdo estratégico con Estados Unidos, canjeando petróleo a cambio de permanencia en el poder, cabalgando la posibilidad de levantamiento de las criminales Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) aplicadas con fuerza por Estados Unidos contra Venezuela desde el año 2017. El problema es que ahora la administración Trump quiere ir mucho más allá.

El gobierno de Maduro ha sido una desgracia para la población y la clase trabajadora venezolana. No solo en términos salariales y de condiciones materiales de vida, sino en restricción de libertades democráticas básicas, como derecho a opinar, libertad de expresión, posibilidades de organizarse autónomamente en sindicatos y partidos políticos, arraigo territorial y desarrollo humano integral. Maduro ha sido un terminator de los avances ocurridos en el periodo chavista y un profundizador de sus errores. Ningún venezolano vivo ha conocido peor gobierno que el de Maduro.

En medio de estas condiciones de ofensiva imperialista Maduro continúa con su línea de acción autoritaria y de supervivencia del sector de la nueva burguesía que representa. Una ofensiva imperialista como la desatada desde agosto de 2025 en el sur del Caribe solo se puede enfrentar con un gran frente nacional antiimperialista resultante del consenso mínimo nacionalista, pero esto pasa por revertir sus propias políticas, generando la libertad de los presos políticos -entre los que se cuentan dirigentes sociales, progresistas y de izquierda- amnistía general para todos los enjuiciados, presos y quienes son objeto de medidas restrictivas, devolución de los partidos políticos a sus legítimos militantes, y una reorientación de los menguados ingresos nacionales hacia sueldos y salarios. Pero ha hecho todo lo contrario, ha profundizado la represión, aumentado el número de detenidos y enjuiciados, profundizado la caída del salario y la concentración de la riqueza en unas pocas manos. Hace todo lo contrario a lo que la lógica demanda, porque su compromiso no es con el pueblo sino con el sostenimiento de un modelo de acumulación que favorece a los ricos.

La retórica de Maduro no se corresponde con lo que socialmente ocurre. Para el ciudadano común, el ataque norteamericano es fundamentalmente contra Maduro, y no hay razones para defenderlo. Ante este panorama, el desespero de la sobrevivencia ha hecho pensar a amplias capas de la población que una salida de Maduro, por cualquier vía, sería el inicio de la recomposición de la situación de oprobio en la cual se vive. Para el común de la población la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos poco importa, porque Maduro disolvió la esperanza en un mañana mejor.

Se trata de un panorama complejo para las fuerzas nacionalistas, progresistas y quienes no han renunciado a la identidad de izquierda, negándose a colocarse bajo la dirección de EGU-MCM o la aceptación del desgobierno madurista.  Lo significativo es que el país vive hoy, desde el mundo del trabajo y la clase trabajadora, iniciativas de despolarización a partir de la construcción de un programa mínimo de defensa del salario y las libertades democráticas básicas. La interrogante es si darán los tiempos para construir un polo autónomo para otra transición posible.

¿Qué hacer?

Continuar apostando -y trabajando- por la constitución de un polo político autónomo de los y las trabajadoras, apoyando sin reservas iniciativas como la conformación este 12 de diciembre del Acuerdo Unitario de 6 centrales sindicales, federaciones, gremios y sindicatos por el rescate del salario. Un evento como este, en medio de las tensiones militares en el Caribe, habla del instinto de la clase trabajadora ante cualquier escenario en el corto y mediano plazo.

Aunado a ello, se debe profundizar la campaña por una Amnistía General, que libere a todos los detenidos, enjuiciados y sometidos a medidas restrictivas, abriendo camino al encuentro de múltiples voces para pensar la soberanía nacional en tiempos de ataque imperialista. Exigir la devolución de los partidos, sindicatos y federaciones sindicales a sus legítimas representaciones.

Cualquier diferencia con Maduro, partido político o personalidad, no puede servir de excusa para no desarrollar un auténtico antiimperialismo, eso sí desde los intereses de la clase trabajadora. Todas las fuerzas democráticas, progresistas, populares y de izquierda deben denunciar y enfrentar la ofensiva norteamericana sobre Venezuela, lo que no significa de modo alguno defender al gobierno de Maduro. La salida del Madurismo debe ser una decisión y proceso soberano del pueblo venezolano, liderado por su clase trabajadora. En este sentido, son días de impulso de una política antiimperialista sin dobleces ni dudas.

Sea frente a Maduro, EGU-MCM o cualquier gobierno, la clase trabajadora debe defender su autonomía y reafirmar que solo su capacidad de lucha le permitirá salir del actual drama. Los y las revolucionarias debemos con humildad y decisión abonar en este sentido y dirección. En esta dirección la conformación de un frente antiimperialista internacional puede contribuir a conjurar el rostro horrible de la guerra y la recolonización territorial. Avancemos en esa dirección.

La Doctrina Trump para Venezuela: petróleo y tierras raras, bases militares, información y desgobierno

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