El último Informe Global sobre la Crisis Alimentaria, publicado en 2023, alerta sobre las posibilidades de una hambruna en Haití, país donde las sucesivas intervenciones extranjeras -para su “normalización”- han consolidado una crisis de carácter estructural.
La crisis humanitaria que vive Haití no es ninguna novedad. Tanto el terremoto de 2010, que dejó más de 200.000 muertos y millones de desplazados, las “intervenciones humanitarias” plagadas de denuncias de abuso sexual y participación en diferentes masacres contra organizaciones barriales, así como las constantes crisis políticas -desde golpes de Estado hasta el asesinato del presidente Jovenel Moïse- han servido de excusa, por parte de los organismos internacionales, de una acción conjunta internacional para “normalizar” el país.
De los 11,4 millones de habitantes que tiene Haití, al menos 5 millones sufren inseguridad alimentaria. A esta situación de miseria generalizada, se le suma la violencia que padece la población frente a las bandas criminales, que controlan gran parte del territorio ante la omisión (o acción) del gobierno de turno.
Sólo en 2023, se cometieron 1.446 asesinatos en el territorio, un promedio de 14 por día. A su vez, se registró 28% más secuestros que en 2022, con un total de 395 hasta la fecha. Estos datos reflejan la situación de violencia sistemática, pese a las sucesivas misiones humanitarias que llegaron al país a instancias de los organismos multilaterales.
Si bien los números son escalofriantes, la solidaridad internacional para con Haití está lejos de ser verdadera. Las sobradas muestras de preocupación y exigencias de una normalización del país se reducen únicamente a pedidos de intervención extranjera, algo que las y los haitianos conocen bien, y que sólo ha servido para empeorar la situación.
Según explican Mamyrah Prosper y Lautaro Rivara en el artículo “El intervencionismo humanitario. Misiones de paz, ONG coloniales y violencia sexual: el caso Haití”, este llamado a la intervención por cuestiones humanitarias “es una de las modalidades, cada vez más dominantes, del cambio de régimen”, cuyo carácter es indirecto y subsidiario.
Bajo el paradigma de “ayuda humanitaria”, tanto las potencias imperialistas como los organismos internacionales por ellas creadas pretenden una recolonización permanente del territorio. El argumento es que tanto el gobierno como la sociedad civil son incapaces de propiciar las condiciones para una normalización a la medida de Occidente, lo cual no sólo deshumaniza a las poblaciones receptoras de dicha ayuda, sino que las entiende incapaces de gestionar por sí mismas los aspectos más elementales de su existencia.
Bajo esta lógica es que, en Haití, se llevan a cabo una serie de intervenciones desde 2004, año en que una crisis política doméstica motivó el despliegue de más de 10.000 soldados de diferentes países, en lo que se denominó como Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH). La decisión fue impulsada por la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes, a instancias de Estados Unidos, Canadá y Francia (con fuertes intereses en el territorio), determinaron de forma deliberada que Haití representaba una amenaza a la seguridad internacional.
Si bien la MINUSTAH fue concebida para actuar en el territorio durante seis meses, su presencia se extendió por 13 años, durante los cuales se aplicó una política sistemática de violencia sexual contra la población y se cometieron una serie de masacres con el fin de diezmar a la resistencia y someter a la sociedad civil.
A lo largo de su historia como nación, la violencia sexual en Haití sirvió como forma de generar terror en las personas y su consecuente desplazamiento, algo que permitió a las potencias imperialistas consolidar su dominio sobre territorios ancestrales de las comunidades. A su vez, las masacres en barrios populosos de la zona metropolitana (la más famosa ocurrida en Cité Soleil), atribuidas a los Cascos Azules, tuvieron como fin desmembrar organizaciones sociales y la desmovilización popular para romper los lazos comunitarios. En esos territorios es donde hoy crece el dominio de las bandas criminales y organizaciones armadas.
Estas intervenciones humanitarias contaron también con otro factor: problema de las organizaciones no gubernamentales. Con las ONG, que comenzaron a ganar peso en la década de 1990 con la consolidación del neoliberalismo como política económica, se dio una instrumentalización particular del intervencionismo humanitario. A través de la captación de ayuda internacional, las ONG hicieron de la ayuda humanitaria un mecanismo de intervención para la defensa de los intereses geoestratégicos de los Estados centrales.
En palabras de Rivara y Prosper, “en el caso haitiano, los cuantiosos flujos de cooperación internacional ayudaron a inhibir aún más el deficitario accionar estatal, privatizando y fragmentando la oferta de servicios públicos en materia sanitaria, educativa, productiva y habitacional”.
La narrativa de la ayuda humanitaria sirvió durante años para Haití y, con el tiempo -y su éxito en la opinión pública debido al abordaje que de ella se hace en los medios hegemónicos-, otros países como Venezuela y Cuba fueron objeto de pedidos de intervención humanitaria, cuyo fin último es forzar el cambio de régimen en favor de los intereses del imperialismo.
La situación de Haití, con la violencia social y la extrema pobreza como características estructurales, es consecuencia directa de la lógica intervencionista humanitaria. No se trata de “normalizar” el país para imponer allí una democracia que responda a los intereses de Occidente, sino de una estrategia sostenida y sistemática de recolonización, la cual comienza a vislumbrarse como una nueva forma de intervención en los países donde el imperialismo pretende mantener su influencia.
Foto de portada: Andrés Martínez Casares – Reuters
La tarde del miércoles (17), elementos de la Policía Nacional Civil de El Salvador detuvieron a Manuel Gómez Morales, hijo de la ambientalista Vidalina Morales, en el marco del régimen de excepción impuesto desde marzo del 2022 bajo el pretexto del combate a las pandillas.
Horas antes, Vidalina Morales, presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico del Salvador (ADES) de Santa Marta, departamento de Cabañas, denunciaba en medios nacionales las acciones del gobierno salvadoreño que promueven la minería en el país centroamericano, pese a que la industria extractiva está prohibida por ley.
Durante entrevista radiofónica, Vidalina sostuvo que existe la “intención de este gobierno, ahora más clara que nunca, de revertir la ley que se aprobó en 2017 (…) una ley aprobada por unanimidad en el congreso”, en referencia a la norma que convirtió a El Salvador en el primer país del mundo en prohibir la extracción minera.
Al testimonio de Morales, se suma la denuncia de la ADES, la cual días antes precisó que representantes de dos empresas consultoras llegaron a la comunidad de Santa Marta para intentar convencer a las autoridades territoriales sobre la reanudación de las actividades mineras.
Tras la noticia de la captura de su hijo, la ambientalista dirigió una carta a la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, mediante la cual calificó la detención de una acción arbitraria e injusta. En la misiva denunció que la aprehensión de su hijo “se suma a los diferentes y cobardes ataques que han sufrido las personas defensoras de derechos humanos y sus familias, como actos de intimidación ante la exigencia de justicia” durante el régimen de excepción.
Cabe resaltar que la supresión de garantías constitucionales decretada por la Asamblea Legislativa, con el pretexto de combatir la violencia criminal, ha permitido detenciones masivas sin orden judicial y elimina la defensa legal de los aprehendidos. Con 15 meses de permanencia, hasta mayo del 2023 se registran más de 68 mil arrestos.
Debido a la presión local e internacional, Manuel Gámez Morales fue liberado después de haber sido detenido arbitrariamente durante más de 24 horas.
Persecución
El arresto de Morales es solo el más reciente caso de persecución contra la organización anti minera del norte de El Salvador.
Vidalina Morales y su hijo, Manuel Gómez Morales.
El 11 de enero de 2023 fueron capturados cinco ambientalistas pertenecientes al poblado de Santa Marta, comunidad que ha destacado por su lucha contra la minería y por la promoción de su prohibición que se concretó mediante la ley de 2017.
La Fiscalía salvadoreña acusa a los líderes comunitarios por un delito ocurrido en 1989, durante el conflicto interno, pero organizaciones como la ADES sostienen que es un pretexto para atacar la organización de las comunidades contra la minería.
Vidalina Morales argumenta que, dadas las acciones del gobierno de Nayib Bukele desde su llegada al poder en 2019, organizaciones sociales se han mantenido en alerta ante la reactivación minera. La lideresa sostiene que fue, durante finales del 2022, al enterarse de la existencia de recursos en el presupuesto general de la nación para “revisar y actualizar la ley de prohibición de minería”, cuando las organizaciones decidieron actuar.
“En ese movimiento estábamos, de querer organizar un evento grande, a nivel nacional, cuando capturan a los compañeros el 11 de enero”, sostuvo la lideresa comunitaria en el mismo día del arresto de su hijo.
Los cinco líderes de Santa Marta, también integrantes de la ADES, aún permanecen detenidos. El pasado 8 de marzo, Naciones Unidas solicitó al gobierno salvadoreño información sobre la base legal de la acusación y la situación humanitaria de los cinco ambientalistas de Santa Marta. En su respuesta, dos meses después, la administración de Bukele afirma que hay suficientes pruebas contra los ambientalistas detenidos y que no se ha vulnerado el debido proceso.
Al contrario, el abogado de los acusados, Dennis Muñoz declaró que “se desconoce la situación humanitaria de los detenidos porque nadie los ha podido ver. No se me ha permitido verlos desde el 9 de marzo y sus familiares tampoco los ven desde el 19 de enero”, sostuvo sobre la respuesta del gobierno salvadoreño a la ONU con respecto a la condición de los ambientalistas presos.
A las denuncias de la defensa legal de los detenidos, el mismo miércoles (17), se sumó la exigencia de la Relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Mary Lawlor, quien expresó su preocupación al gobierno salvadoreño y pidió la libertad de los activistas ambientales.
Organizaciones de derechos humanos de El Salvador registraron hasta mediados de marzo al menos 5,082 “víctimas directas” de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, en el contexto del régimen de excepción.
Reapertura minera
Por su parte, Alfredo Leiva, directivo de la ADES, recalcó que existen “acciones concretas sobre la posibilidad de reabrir la minería en El Salvador”.
La organización de comunidades del norte de El Salvador consiguió frenar la actividad minera en el país centroamericano.
Ante medios nacionales, Leiva ejemplificó el contexto actual, en el que se dio la visita a la comunidad de Santa Marta “de personal de una empresa consultora panameña que realiza un estudio sobre la minería. Otra empresa peruana se está encargando de convencer a alcaldes y otros actores del territorio de reabrir la minería”, sostiene.
Leiva asegura que ambas empresas han sido contratadas por el gobierno y ya tienen listo el estudio para la reanudación de la actividad minera en los territorios del norte de El Salvador, por lo que denunció que la lucha contra la minería que realiza la comunidad está de fondo en la detención de los líderes comunitarios de Santa Marta.
La CNTE también expresó su repudio por el doble discurso de los líderes charros del SNTE a quienes no reconocen como los defensores de los trabajadores de la educación.
La Sección 22 del Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), repudió el oportunismo de los “líderes charros” del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) quienes se atribuyeron la cancelación de la iniciativa para la integración de la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe (DGEIIB) al Instituto Nacional de Pueblos indígenas (INPI).
En un comunicado, la Seccional de Oaxaca recordó que fue gracias a la fuerza, organización y disciplina del Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO) que logró cancelar la citada iniciativa luego de que la Comisión Política, Secretaría de Trabajo y Conflictos del Nivel, representantes de la DGEPOO y el jurídico de la Sección XXII defendieran en la mesa con la Secretaría de Gobernación, SEP, Gobierno del Estado de Oaxaca, IEEPO y la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados el derecho a la educación de los pueblos originarios.
Refirió que tras intensas horas de negociación y con el respaldo del 20 por ciento de la membresía sindical, así como el arribo masivo del Nivel de los Pueblos Originarios de Oaxaca a la ciudad de México, sus representantes sindicales cumplieron con el mandato de hacer valer la fuerza histórica de lucha en defensa de los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación.
Así también señaló que a la par de las negociaciones en la Cuidad de México, en Oaxaca se realizó un paro de 24 horas, en donde agremiados de la Sección 22 bloqueó los accesos al Aeropuerto oaxaqueño, atendiendo con ello a su principio táctico de lucha: “movilización- negociación-movilización”.
Por tal motivo, este Movimiento Democrático, referente nacional e internacional de lucha, rechaza el oportunismo de los charros del SNTE al atribuirse un logro de nuestras bases democráticas al declarar que por intervención del charro mayor Alfonso Cepeda Salas lograron echar abajo dicha iniciativa.
En tanto expresó su repudio por el doble discurso de los líderes charros del SNTE a quienes no reconocen como los defensores de los trabajadores de la educación “puesto que han sido aliados y cómplices de gobiernos, reformas, procesos y medidas de persecución a líderes de la CNTE, principalmente de la Sección XXII con retención de salarios, saqueo de nuestras cuotas sindicales, encarcelamientos y asesinatos de maestros“.
Por último, la Seccional de Oaxaca exhortó a sus bases a mantener la unidad, organización y disciplina “para defender la educación pública, los derechos laborales y de nuestros pueblos logrará respuestas a las demandas legítimas de nuestro movimiento, por ello, hacemos un llamado a la unidad frente al oportunismo del charrismo sindical“.
Por: Karla Guerrero, reportera; Carlos Acuña, mentoría / Corriente Alterna
El Caracol A. C. es una organización que brinda acompañamiento y atención a las poblaciones callejeras. Con casi tres décadas de trayectoria, se trata de una de las asociaciones con mayor presencia y trabajo en la capital.
Luis Enrique Hernández recuerda bien el aroma penetrante de la loción que usaba aquel hombre calvo y de bigote; el saco gris, la corbata, las cadenas y alhajas colgando de su cuello.
—¿Cuánto dinero quieres para quitar a esos chavos de esta zona? —le preguntó—. ¿Qué quieres para ti? ¿Una camioneta? ¿Unas casas de campaña?
Han pasado más de siete años. Hernández ya era, entonces, director de El Caracol, una asociación civil que desde 1994 brinda acompañamiento a niños, niñas, jóvenes, hombres, mujeres y personas con discapacidad que habitan en la calle.
Luis Enrique estaba distraído en las oficinas de la asociación, ubicadas a unas cinco cuadras de la estación del Metro Fray Servando de la Ciudad de México. Minutos antes preparaba materiales que debía presentar en unos días. Había sido invitado a España para explicar el trabajo que hacía El Caracol A. C., como parte de la Red Internacional de Trabajo de Calle Dynamo Internacional.
—Ese día había 45 personas en el comedor—recuerda—. Estaba lleno: educadoras, educadores, gente que vino a comer. Cuando viene la población callejera es un escándalo, como una fiesta.
Ante la insistencia del sujeto misterioso, luego de explicar las actividades y objetivos de la organización, Luis Enrique le pidió que regresara en tres semanas, después de su viaje. Le invitó a buscar otro tipo de soluciones.
—En tres semanas te busco—respondió el hombre de saco gris—. Nada más te digo una cosa: no te arriesgues a que esos muchachitos amanezcan muertos.
Sólo entonces comprendió que habían ido a amenazarlo.
—Ahí sí sentí frío, frío, frío, frío. Salí atrás de él, tenía un coche Lincoln estacionado. Yo regresé pálido con la gente. “¿Vieron al señor que acaba de salir?”, “¿Cuál señor?”, me dijeron.
En medio de la fiesta, nadie lo había visto entrar ni salir. Afortunadamente, por puro instinto, Luis Enrique había grabado toda la conversación.
UN COLECTIVO INCÓMODO
De acuerdo con el Cuarto Informe de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2022, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) identificó mil 108 personas viviendo en las calles de la capital en 2019. Un año después, la cifra llegó a mil 226 y en 2021 bajó a menos de mil. Las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza concentran a la mayoría de la población callejera.
Luis Enrique Hernández, el actual director de El Caracol A.C. / Foto: Eunice Adorno
Pero en El Caracol A. C. dudan de estos números.
“Para contar a la población de calle hay metodologías específicas que este gobierno no quiere implementar”, cuenta Luis Enrique, y explica que un censo de esta naturaleza debería levantarse en un sólo día, con un equipo numeroso y mediante el apoyo de alcaldías, hospitales, cárceles y albergues.
Hablar de población callejera en México implica hablar del trabajo de El Caracol. La organización ha brindado acompañamiento a esta población en la capital del país desde hace casi 30 años. Su objetivo es generar procesos que le permitan a las personas sin casa reconocerse como ciudadanos e incidir en las políticas públicas que les permitan acceder a sus derechos.
Entre las actividades que realizan destaca el acompañamiento para que, quienes duermen en las calles, puedan tramitar sus registros de identidad: acta de nacimiento, credencial del INE, comprobantes de domicilio, etcétera. Pero, también, documentan violaciones a derechos humanos y asesoran para interponer las denuncias correspondientes.
Su base es la educación. Talleres y campañas para promover la participación y el trabajo directo con la población callejera, además de recuperar información para crear diagnósticos rápidos sobre salud, identidad, violencia, salud sexual, consumo de substancias y otros temas.
Además, El Caracol A. C. realiza el conteo anual de muertes de población callejera (en 2022 registraron 87 en la Ciudad de México). A su metodología, que han perfeccionado a lo largo de los años, la han llamado: “Chiras Pelas Calacas Flacas”. A partir del juego de canicas los educadores crean espacios de confianza para que la población callejera pueda compartir recuerdos de sus compañeras y compañeros fallecidos durante el año.
El Caracol A.C. crea espacios de confianza para que la población callejera comparta recuerdos de sus compañeras y compañeros fallecidos durante el año. / Foto: Archivo El Caracol
Toda esta labor les ha valido varios reconocimientos. En 2021, por ejemplo, recibieron el Premio Internacional Navarra a la Solidaridad, otorgado en España.
Pero su trabajo no siempre es bienvenido.
—Cuando tú defiendes derechos te enfrentas al Estado, porque esas estructuras son las que les discriminan y criminalizan —explica Luis Enrique—. No les gustamos, no nos dan recursos, no nos nombran, no nos toman en cuenta para decisiones de política pública. Somos incómodos.
“PINCHE BUÑUEL, ERA UN GENIO”
A sus 53 años, por momentos, Hernández parece todavía un niño. Hay ternura en sus gestos, en las palabras que usa para narrar su propia historia.
Era domingo en Ciudad Nezahualcóyotl y él estaba sentado junto a su familia. La abuela ya había encendido la hornilla y, como cada semana, Enrique sintonizó el Canal 2 para esperar a que iniciara Siempre en Domingo. No obstante, antes de iniciar el programa musical que Raúl Velasco condujo por casi 30 años en la televisión mexicana, en la pantalla apareció una película que le cambiaría la vida a Luis Enrique: Los Olvidados cinta de Luis Buñuel realizada en 1950.
—Esta imagen del Jaibo caminando sobre Eje Central, herido, un adolescente que acaba de salir de la correccional… es emblemática —dice ahora—. La película comienza con un texto que habla de la Ciudad de México como una ciudad moderna, cosmopolita, donde encontraremos siempre niños y jóvenes vagabundos. Y advierte que esto no cambiará hasta que el Estado reconozca su obligación de atender los derechos de estas personas. ¡Pinche Buñuel, era un genio! Él no criminalizó a esta población. O sea, tenía claro que era un tema de derechos.
Luis Enrique insiste en que el término menos estigmatizante es “poblaciones callejeras”, antes que “población en situación de calle”. / Foto: Eunice Adorno
Con el tiempo, Luis Enrique conocería los estudios de Silvia Arrow, quien documentó cómo se criminalizaba a la vagancia en los años posteriores a la Revolución Mexicana, al grado de instaurar un Tribunal de Vagos. Luis Enrique también se enamoraría de la figura de Diógenes, el filósofo griego que renunció a los bienes terrenales para vivir en la calle, filosofando.
—Diógenes decía que un principio para encontrar el sentido de la vida era no tener nada. La película Nazarín, también de Buñuel, sigue el mismo principio. Siempre vamos a encontrar estos personajes en la historia y los adjetivos que les ponemos son “vagos, malvivientes, vagabundos, indigentes, pobres, viciosos, limosneros, pordioseros”.
El Caracol A. C. insiste en que el término menos estigmatizante para referirse a estas personas es “poblaciones callejeras”, antes que “población en situación de calle”. El primer término reconoce el carácter activo de la diversidad de personas que sobreviven en las calles, pues han generado una cultura y un sentimiento de pertenencia.
Luis Enrique no para de mencionar otras películas, documentos y artículos académicos que abordan el tema. Pero Los Olvidados fue el primer chispazo que lo llevó a convertirse en quien es hoy. Después de ver esa película solía soñar con el superpoder de lanzar rayos por los ojos para defender a los demás.
EL CARACOL A. C., UNA ESCUELA DE GUERREROS
Es necesario cazar las sombras: los rayos de sol son insoportables. Es martes. Faltan veinte minutos para las cuatro de la tarde y en la Plaza de la Concepción, en el Centro Histórico, la gente duerme o platica en los rincones.
Elizabeth Valencia y Yahel Wagner, ataviadas con un chaleco rojo, cargan mesas y sillas plegables. Las colocan frente a un edificio viejo. Se alcanza a ver una mano diminuta salir de una ventana, agitándose: alguien se alegra de verlas.
Con motivo del Día Internacional de la Familia se les pregunta a las niñas y niños: “¿qué es la familia?”. / Foto: Karla Guerrero
En menos de un minuto aparecen dos niños y una niña. Los tres son hermanos. Esta es La Escuela de las Mariposas: un proyecto de El Caracol que busca generar espacios de aprendizaje para las y los niños que habitan las calles o que provienen de ellas. No es el único; con programas como Chamany: salud física y mental para niñas, niños y adolescentes, brindan acceso a diagnósticos y prácticas de prevención.
Les niñes se sientan alrededor de la mesa. Un hombre, visiblemente intoxicado, se acerca. Una de las chavas le ofrece preservativos y le pide respetar la actividad. Nadie se incomoda.
Los colores se despliegan sobre la mesa. Con motivo del Día Internacional de la Familia se les pregunta a las niñas y niños que se van acercando “¿qué es la familia?”. “Amor, cuidado, unión…”.
La actividad es sencilla, pero genera un momento de euforia en torno a lo que significan para ellos sus familiares más cercanos.
—¿Cuándo volverán?
—¿Nos vemos la próxima semana?
El caracol es un animal que carga su casa a cuestas. Como muchas de las personas que viven cargando costales o diablitos para dormir en alguna jardinera o en alguna banqueta solitaria. Para Luis Enrique Hernández, el caracol también simboliza el juego. La forma en espiral del caparazón le hace pensar en el movimiento, pero también en el instrumento con el cual Quetzalcóatl, mediante su soplo divino, invocaba a los guerreros.
—El Caracol es eso —insiste—: una escuela de guerreros, de gente que lucha por su vida.
POLÍTICAS DE “LIMPIEZA SOCIAL”
Luis Enrique se unió a El Caracol poco después de que Juan Martín Pérez, hoy director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, fundara la asociación. Lo atrajo la posibilidad de colaborar con gente con quien compartiera gustos por películas como Perro Callejero (1980, protagonizada por Valentín Trujillo) y trovadores como Silvio Rodríguez o Pablo Milanés. Por aquellos años, las instituciones sólo brindaban atención a la población de calle mayor de 18 años y él creía que los niños y jóvenes también merecían ayuda.
Con el tiempo, El Caracol A. C. se convirtió en una de las organizaciones con mayor presencia en la capital. Su trabajo incluye el diálogo con entidades de gobierno e instancias internacionales para impulsar una agenda que promueva y garantice los derechos de las poblaciones callejeras. Han logrado que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emita siete recomendaciones en casos de discriminación, trata de personas, retiros forzados, deficiencia en servicios de salud, criminalización y nula eficacia ante la búsqueda de personas desaparecidas.
El Caracol A. C.: “Hay que reconocer que en la calle se va desarrollando un sentido de vida, aunque no nos guste”. / Foto: Archivo El Caracol
En 2012 estuvieron en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar documentación en torno a 12 políticas públicas y programas gubernamentales de distintas ciudades de México con las cuales se promovía la “limpieza social” y la violencia institucional hacia los habitantes de la calle.
—La política pública no cambia, los niveles de pobreza en el país no cambian —se lamenta Luis Enrique—. Hay que reconocer que en la calle se va desarrollando un sentido de vida, aunque no nos guste. Hay un lenguaje y una serie de valores que les permiten sobrevivir, crear afectos, cariños y toda una identidad asociada al lugar donde estás. Ellos están arraigados a un territorio y, aunque la policía los violenta y los corre, ellos siempre regresan.
LA ÉTICA DEL CUIDADO EN EL CARACOL A. C.
El Caracol se precia de haber calificado a su equipo en estrategias de seguridad y de cuidado. Pero no fue hasta la pandemia de covid-19 cuando entendieron, a cabalidad, lo que esto significaba. En medio de la crisis sanitaria El Caracol asumió la misión de llevar información útil, además de insumos de prevención, a más de dos mil personas en las calles y brindar apoyo alimenticios a unas 50 familias.
Otros colectivos dedicados a atender poblaciones callejeras perdieron integrantes debido al contagio y, por eso, las brigadas de El Caracol eran las más visibles en aquellos días: ataviados con trajes sanitarios de color rojo que les protegían de cuerpo entero, los integrantes de El Caracol recorrían la ciudad documentando las agresiones contra la población de calle que, ante la emergencia sanitaria, se agudizaban.
Pero el riesgo de contagio era sólo uno de tantos.
—En la pandemia comenzábamos a las diez de la mañana y comíamos a la diez de la noche, porque no podíamos comer en la calle.Yo no me daba cuenta de los impactos emocionales que vivíamos todos.
A lo largo de su historia El Caracol ha recibido más de una amenaza y atravesado distintos incidentes que han puesto en riesgo su seguridad. Desde notas periodísticas que acusan a sus integrantes de hacer mal uso de los recursos que percibe la organización hasta personas que se instalan afuera de sus oficinas para tomar fotografías.
Este tipo de incidentes les ha hecho entender la complejidad de la calle y los distintos actores e intereses que se disputan el espacio.
Actualmente, más de un integrante de El Caracol A. C. asiste a terapia y recibe tratamiento psiquiátrico. / Foto: Eunice Adorno
Por eso, hoy El Caracol cuenta con protección gubernamental. En un principio, a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Después, con el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Pero, luego de tres décadas de trabajo, Luis Enrique ha entendido que el peligro puede estar en todos lados.
—Estamos atendiendo casos de personas donde la esperanza de vida es corta —explica—, donde las violencias son brutales, donde las niñas y niños cuentan con pocas expectativas de futuro. El equipo vive una altisisisisisísima frustración. Hemos encontrado una organización que nos ha brindado contención y ha valorado nuestro trabajo: ha sido muy bonito sentir que alguien más nos valora y nos quiere. Que nos cuida.
Actualmente, más de un integrante de El Caracol asiste a terapia y recibe tratamiento psiquiátrico por parte de Aluna Acompañamiento Psicosocial A. C., una organización compuesta por profesionales de la salud mental y derechos humanos que acompañan a otros colectivos y personas en contextos de violencia sociopolítica. Luis Enrique Hernández, director de El Caracol, hoy sabe que cuidar a los otros también puede enfermar, que no puede sobrepasar sus capacidades ni la de sus colaboradores; que, para cuidar a los otros, primero necesita cuidarse a sí mismo.
—Una vez la psicóloga me preguntó: “¿Tú qué le dirías a Quique de ocho años?”. Cuando era niño todo era adversidad. Me decían que nunca iba a estudiar, me decían que por el sobrepeso nunca iba a poder hacer nada, me decían que no iba a poder. Yo no estoy esperando que mi nombre sea escrito en letras de oro, yo sólo quiero estar tranquilo con lo que hice bien. Con eso.
Maestros exigieron a las autoridades el regreso del programa ‘Mochila Segura’.
Consternación y molestia causó el lamentable suceso en donde un estudiante agredió a martillazos en cabeza y cuerpo al docente de historia José Antonio Bonora Aguilar, del Plantel 35 del Colegio de Bachilleres de Tabasco (Cobatab), por el hecho de haberlo reprobado.
Por lo que el 9 de mayo de 2023, los docentes de dicho plantel educativo del Municipio de Cárdenas, externaron su sentir, miedo y dolor con pancartas, en protesta y solidaridad con el profesor agredido.
Entre las pancartas que mostraron al exterior de la institución educativa destacó aquella que preguntaba a Derechos Humanos: “¿Quién protege al maestro?”
Además exigieron a las autoridades el regreso del programa ‘Mochila Segura’, ya que advirtieron que los docentes y directores desconocen qué traen los estudiantes en sus mochilas desde sus casas.
Del mismo modo externaron su molestia por la desventaja en la que se encuentran ante la Comisión de Derechos Humanos cuando los menores de edad agreden a los docentes.
“Yo cuido y protejo a mis alumnos, ¿quién cuida de mí?”, señalaba otra pancarta.
Cabe señalar que ese día fueron suspendidas las clases en el plantel educativo como parte de la inspección que realizó la Fiscalía del Estado, entidad responsable de la investigación de los hechos.
La suspensión de la docencia en la escuela pública en las indicadas condiciones quebranta, además, el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación de los menores de edad.
En su edición del día de ayer, este periódico editorializaba sobre un tema crucial para cualquier sociedad: la educación. Nos recordaba que durante la pandemia «pocos sectores sufrieron tanto y durante tanto tiempo como el sector educativo»; que «mientras otros campos se han recuperado satisfactoriamente, el educativo sigue de problema en problema perjudicando directamente a la masa estudiantil del sector público» y que, en medio del rezago de «los más vulnerables», continúan «los maestros haciendo asambleas en horas lectivas.»
Pero no se trata solo de asambleas. Se trata además de paralizaciones de docencia por reclamos que se llegan a cabo amparados en el derecho a huelga que de forma recurrente reivindica el gremio. Así, a la paralización general del pasado viernes -según informa Diario Libre en una nota de la misma fecha-, se suman las convocadas para los días 26 de mayo y 7 de junio próximos. Esto a pesar de las advertencias del ministro Ángel Hernández en el sentido de que, cada día que se deja de impartir docencia en el sector público, le cuesta al Estado una suma que ronda los 750 millones de pesos.
En otras palabras, el gremio de los maestros sigue privilegiando sus derechos, frente al derecho de los estudiantes a recibir docencia. Y pese a la obligación de los docentes de ofrecer el servicio al que sirven, en los términos que manda la Constitución en su artículo 147.
Conviene recordar que nuestro Tribunal Constitucional ha fijado su criterio sobre los límites del derecho a huelga de los maestros. Hagamos memoria: el 13 de mayo de 2019, mediante Sentencia TC/0064/19, el Tribunal Constitucional decidió un recurso de revisión constitucional de amparo que le fue presentado por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), seccional del municipio de Barahona. Dicho recurso se interpuso contra una Sentencia en la que, la Primera Sala de la Cámara Civil del Juzgado de Primera Instancia de esa demarcación, consideró que una serie de marchas, piquetes, asambleas y suspensiones parciales de la docencia en las escuelas públicas, propiciadas por el indicado gremio durante el año 2017, atentaban contra el derecho a la educación en condiciones de igualdad.
En el proceso que culminó con la señalada sentencia se enfrentaban, en esencia, dos derechos fundamentales: el derecho a la huelga de los profesores que integran la ADP, seccional Barahona, y el derecho a la educación. Esta circunstancia, por aplicación del canon del artículo 74.4 constitucional, llevó al TC a un ejercicio estricto de ponderación que, ciertamente, no funda una regla de aplicación general a otros casos similares en el futuro. Pero que dejó claro algunas cuestiones sobre las que conviene volver.
Lo anterior significa, en primer término, según nos informa el TC, «que la solución a que se arribará no supondrá necesariamente, y en todo caso, que el derecho fundamental que resulte protegido haya de prevalecer siempre respecto del otro, ni tampoco que el precedente contenido en la decisión podrá ser considerado en abstracto como fuente de una sub-regla de jerarquización entre los derechos en conflicto, sino que será necesario realizar una casuística ponderación entre uno y otro para determinar la solución que resulte constitucionalmente adecuada, según el grado de afectación y satisfacción de los intereses en conflicto.»
La consideración central del tribunal para asignar un mayor peso al derecho a la educación frente al derecho a la huelga en el caso bajo comentario es la siguiente: «Las huelgas constantes y reiteradas convocadas por la ADP (…) constituyen un grave riesgo que podría afectar el logro de los objetivos educacionales de 33,000 niños, niñas y adolescentes de la región. El beneficio que pretendían obtener los profesores radicaba en mejoras en las condiciones laborales y en los planteles educativos. Sin embargo, las probabilidades de que tales beneficios se pudieran conseguir en un corto plazo eran precarias, pues los requerimientos de las normas que pautan la erogación de los fondos públicos y el carácter centralizado de la gestión educativa en el país, pugnan con la posibilidad de mejoras como las exigidas por la ADP, seccional Barahona, sin el aprovisionamiento presupuestario del Poder Legislativo…»
De lo anterior parece desprenderse que, en circunstancias en las que el recurso a la huelga resulte adecuado para de alcanzar los fines perseguidos, el mismo podría prevalecer frente al derecho a la educación. No obstante, ese aspecto de la decisión no debe ser visto al margen de la que considero su cuestión jurídica más relevante: la redefinición de la noción de servicios esenciales llevada a cabo por el Tribunal.
Tradicionalmente definidos como «aquellos cuya suspensión pone en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas en toda o parte de la población», en el caso concreto el Tribunal considera que dicha noción abarca, además, «la educación pública gratuita a nivel inicial, básico y medio, cuando la suspensión de la docencia se practica de modo ´progresivo, prolongado e indiscriminado´, pues su misión esencial es contribuir a la función del Estado social y democrático de derecho que, por mandato constitucional debe propender a la obtención de los medios que permitan a la persona perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva (artículo 8).»
En consecuencia, el derecho a la huelga deberá ceder frente al derecho a la educación, no solo por el hecho de que los fines perseguidos no sean realizables como resultado de su uso. Deberá ceder siempre que la docencia, considerada como un servicio esencial por la sentencia comentada, sea suspendida de modo «progresivo, prolongado e indiscriminado». Esto así porque, a consideración del Tribunal, con ello se pone en entredicho la misión esencial del Estado en la obtención y desarrollo de los medios de perfeccionamiento progresivo de las personas bajo su jurisdicción.
La cuestión se relaciona con el artículo 147 constitucional según el cual los servicios públicos, sean prestados por el Estado o por los particulares, «deben responder a los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia (…) continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria.» Esto así, porque las paralizaciones recurrentes no son razonables, ni eficientes, al tiempo que atentan contra la calidad y el carácter continuo con que deben ofrecerse dichos servicios.
La suspensión de la docencia en la escuela pública en las indicadas condiciones quebranta, además, el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación de los menores de edad pues, según el criterio del TC, «las suspensiones reiteradas de docencia por la huelga convocada por la ADP, seccional Barahona, lesionan gravemente su derecho a la educación y son víctimas de discriminación fáctica en la medida en que los estudiantes de colegios privados disfrutan de programas completos, cursos y exámenes a tiempo, sin ningún tipo de interrupción.»
(CNN Radio Argentina) — Martín Nistal, coordinador de Investigación del Observatorio de Datos de Argentinos por la Educación y autor del informe ‘Financiamiento Educativo Provincial’, conversó este martes con CNN Radio sobre los gastos en educación que hacen las provincias argentinas.
En contacto con Regreso CNN de Federico Seeber, Nistal señaló que “en educación, 3 de cada 4 pesos lo ponen las provincias y 1 de cada 4 pesos lo pone Nación. Muchas veces la discusión está centrada en qué hace Nación con educación, pero vale la pena revisar qué está pasando en las provincias”.
“En 2015, fue la última vez que se cumplió la meta de inversión en educación con un 6%. Todo lo que gastan las provincias, más lo que gasta Nación, tiene que ser igual al 6% del PBI. El problema es que nadie sabe cuánto tiene que gastar cada provincia. Esto suena un poco raro porque si nadie sabe cuánto tiene que invertir, cómo vas a llegar a ese porcentaje”, explicó.
El informe destaca que entre 2004 y 2021, 12 de las 24 jurisdicciones argentinas disminuyeron la participación de la educación en sus presupuestos. El autor de este informe, precisó que «Mendoza y CABA son los lugares donde más hubo reducción y las que más aumentaron fueron Salta y Neuquén».
«Desde las provincias, dicen que hubo cambios en los presupuestos. De las cosas que se hacía cargo Nación y se las pasó a las provincias, hizo que se reduzca la participación de educación en los presupuestos», detalló Nistal.
«Los presupuesto están condicionados por los salarios», remarcó el coordinador. En este sentido, el informe indica que todas las jurisdicciones dedican más del 65% de su inversión educativa al pago de salarios.
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