España/20 de marzo de 2018/Por: María Jesús Ibáñez/ Fuente: https://www.elperiodico.com
Fue un compromiso electoral de prácticamente todos los partidos y resultó clave para que Ciudadanos diera apoyo a la investidura de Mariano Rajoy tras las elecciones de junio del 2016. El Pacto de Estado Social y Político de Educación, el marco que debe (o debería) ofrecer la estabilidad que desde hace décadas reclama el sistema educativo español, es hoy, un año después de que empezara a negociarse, poco más que un compendio de buenas palabras, con trazas de acabar en fiasco. Papel mojado, para muchos. La oposición en bloque -salvo C’s- cree que estos meses de conversaciones han sido una maniobra de distracción del Gobierno para, mientras tanto, conseguir la implantación definitiva de la polémica LOMCE, la séptima ley educativa que tiene España desde que se instauró la democracia y que ha contado con el rechazo frontal de la comunidad educativa.
Ya desde la creación en febrero del 2017 de la subcomisión en el Congreso de los Diputados que debía negociar el pacto, las fuerzas políticas que la forman (todas las del arco parlamentario excepto ERC, que acude a las reuniones en calidad de observador) se las han visto y se las han deseado para avanzar con un cierto consenso. Costó muchísimo cerrar un primer guion en el que se recogieran los 15 puntos básicos que debía de tener el documento final del pacto. En seguida se vio que las diferencias eran acusadas -si no abismales, especialmente entre el PP y Podemos- en materias como los conciertos educativos, la asignatura de Religión y la financiación de la educación.
Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido el abandono de las conversaciones por parte del PSOE la semana pasada, ante la negativa del PP a comprometerse a garantizar una inversión estable en educación. Podemos y los nacionalistas catalanes han salido de la subcomisión esta misma semana y el PNV ha reconocido que medita hacerlo también, con lo que el PP y C’s se han quedado solos en su empeño por sacar adelante un acuerdo, que muchos dudan que pueda denominarse ya Pacto de Estado.
El riesgo de un mal acuerdo
«Siempre hemos creído en la necesidad de diálogo, pero nunca nos van a encontrar en un acuerdo que sea dañino, perjudicial y claramente insuficiente para la educación española; no vamos a ser cómplices de un acuerdo escaso o de un mal acuerdo», se justificaba la portavoz socialista en Educación, Luz Martínez Seijo, en una interpelación al ministro Íñigo Méndez de Vigo esta semana en pleno del Congreso. El PSOE considera que el Gobierno ha estado mareando la perdiz y utilizando la subcomisión «para prolongar la vida de la LOMCE».
Para el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, la ‘espantada’ que en pocos días ha protagonizado la oposición resulta «inexplicable». Este viernes, el también portavoz del Gobierno recordaba que después de pactar la paralización de las evaluaciones externas o ‘reválidas light’ de la LOMCE, la creación de la subcomisión y los 15 ejes sobre los que tiene que versar el pacto, «cuando llegan al segundo eje de la financiación piden un porcentaje del PIB hasta el 2025 y o eso, o nada».
¿De cuánto dinero están hablando? Los socialistas, y con ellos el grueso de la oposición, hablan de un 5% del Producto Interior Bruto (PIB) español, aunque leyes como la LEC catalana elevan ese porcentaje hasta el 6% y «en los países desarrollados se está llegando ya al 7%», precisa Joan Mena, diputado de Unidos-Podemos en el Congreso. Algunos expertos del mundo educativo consideran incluso poco ambiciosa la petición de la oposición, ya que la inversión debería calcularse, según su opinión, en función del número de alumnos escolarizados, no de la riqueza del país.
«Pero la única respuesta que da el Gobierno es una inversión del 3,67% del PIB, o al menos a eso es a lo que se ha comprometido con la UE en el Programa de Estabilidad 2017-2020 remitido a Europa», prosigue Martínez Seijo. «Esto supone -señala la socialista- un incremento de 5.000 millones durante los próximos ocho años, a razón de unos 625 al año». «Y ese no es el único escollo económico que presenta el Pacto de Estado: es necesario que haya suficiencia económica, que el Gobierno se comprometa de una vez por todas a revertir los recortes que se han aplicado en educación en los años de la crisis y a mejorar las condiciones laborales de los profesores, que ahora sufren una tasa altísima de interinidad, lo que es sinónimo de precariedad para miles de docentes», agrega Mena, que es el portavoz de Educación de su grupo en el Congreso.
Mena y Martínez Seijo son los dos únicos representantes parlamentarios que el pasado jueves aceptaron la invitación a exponer sus posiciones en unas jornadas organizadas por el Foro de Sevilla, una plataforma de asociaciones y colectivos de la comunidad educativa, creada en el 2012 por figuras académicas del mundo de la pedagogía y la enseñanza con el objetivo, en aquel momento, de impedir que se desarrollara la LOMCE en los términos en los que la había previsto el etonces ministro de Educación, José Ignacio Wert.
El MIR docente
El debate, celebrado en la sede del Congreso y en el que participaron miembros de una veintena de asociaciones de la comunidad educativa (desde sindicatos de maestros hasta representantes de los padres de alumnos y movimientos de renovación pedagógica), sirvió también para criticar la propuesta de Méndez de Vigo de crear un MIR para profesores, como requisito previo a su ingreso en la carrera docente, similar al que tienen los médicos y algunas especialidades hospitalarias. La medida, que en principio apoyan todos los grupos políticos y buena parte del sector, «no puede anunciarse tan alegremente, sobre todo cuando en esos mismos momentos se estaba negociando un pacto de Estado en el que ese iba a ser un tema a abordar», lamentó Martínez Seijo.
Las aportaciones hechas por los 83 expertos del mundo educativo que han comparecido durante estos 13 meses por la subcomisión del Congreso para explicar sus puntos de vista y marcar las líneas del acuerdo «no caerán en saco roto», aseguró la portavoz del PSOE.
Los datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2016 indican que la escolaridad promedio en El Salvador es de 6.8 grados. En la zona urbana alcanza 7.9, pero en la zona rural es de apenas 5 grados. Además, el informe del BID indica que, en 2013, solo el 46 % de los salvadoreños entre 20 y 24 años había concluido su educación secundaria, siendo el quinto porcentaje más bajo de la región latinoamericana.
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