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operacion de desaseo: El PRI en la Reforma Educativa.

Insurgencia Magisterial

Por: Insurgencia Magisterial/Roberto González Villarreal,  Lucía Rivera Ferreiro y  Marcelino Guerra Mendoza/ 21/02/2018 

La reforma educativa inició como reforma constitucional de los artículos 3 y 73; se aprobó en 10 días y se  promulgó el  26 de febrero de 2013. Un día después fue detenida y encarcelada Elba Esther Gordillo, presidenta del CEN del SNTE.

Se ha dicho también: la celeridad de la reforma fue posible por el Pacto por México, un compromiso  de gobierno de los tres principales partidos políticos: PRI, PAN y PRD.

Puede ser; sin embargo, el problema de esta narrativa es su generalidad. No explica cómo se produjo la reforma educativa, cómo se logró realizarla en tan poco tiempo, siguiendo los trámites parlamentarios, que están reglamentados y son muy precisos. ¿Dónde está el truco?

Como siempre, en los detalles. A un nivel de lo real donde pocas veces bajan los generalistas, los que no se ensucian las manos con archivos y documentos; las que no se cansan la vista con tantas ligas, carpetas y documentos de cientos de fojas.

En la economía política del detalle se encuentran siempre los materiales del hecho, las condiciones y razones de su producción. Veamos cómo se realizó la reforma constitucional y el triste papel que jugó el PRD en esta historia.

Partamos de lo evidente, lo que consta en los registros. Lo que se dice, se vota y se declara. La iniciativa de reforma constitucional en materia educativa fue presentada por el ejecutivo federal en el marco de los compromisos adquiridos en el Pacto por México. En otras palabras: se negoció fuera del Congreso; es más, a la iniciativa la acompañó un extraño documento, fuera de toda tradición legislativa, firmado por los presidentes de los tres partidos del Pacto. Cuando llegó a la Cámara de Diputados, su legitimidad parlamentaria estaba asegurada por la disciplina de partido.

Las representantes populares responden a sus partidos, no a sus representados. Esa es una de las dificultades de los regímenes de mayoría  relativa -pero esa es una discusión a la que no entraremos en este momento. La pregunta es: ¿cómo se produjo la legalidad procedimental de la iniciativa? ¿Cómo se tradujeron los acuerdos extra- parlamentarios en tácticas, técnicas, discursos y votaciones aprobatorias, rápidos y legales?

Aquí es donde interviene el PRD. Sobre todo en la Cámara de Diputados, la cámara de origen de  la reforma educativa.

Recordemos. Cuando llega una iniciativa al pleno, el presidente de la Cámara empieza el trámite dirigiéndola a la comisión correspondiente; en este caso a la Comisión de Puntos Constitucionales (CPC), con la opinión de la de Educación Pública y Servicios Educativos (CEPSE).  Aunque la presidenta de la Comisión de Equidad y Género solicitó dar su opinión también.

Lo que sigue es el estudio, discusión y votación en comisiones. Eso está regulado en  Ley Orgánica del Congreso de la Unión y el Reglamento  Interior de la Cámara de Diputados, donde se establecen detalladamente los tiempos, formas, requisitos y responsabilidades del trabajo parlamentario.

Aquí es donde está el diablo de los detalles. Las tres comisiones estaban presididas por miembros de la Fracción Parlamentaria del PRD, por lo que controlaban en buena medida el proceso de dictaminacion, sobre todo en la CPC, a cargo de Julio César Moreno Rivera.

¿Quién es Julio César Moreno Rivera? Un joven abogado de la UNAM, miembro de la corriente de Los Chuchos, o Nueva Izquierda. Surgió del comité delegacional de la Venustiano Carranza, del que fue presidente de 1999 a 2002, para luego ocupar la secretaría de cultura en el PRD del DF en 2003 y  ganar una curul en las elecciones de la III Asamblea del DF. En 2006 ocupó la jefatura de la delegación Venustiano Carranza. En 2009 regresó a la Asamblea del DF, para saltar a la lista de la cuarta circunscripción plurinominal en las elecciones federales de 2012.

En poco más de una década, Julio César ascendió en la política partidaria, delegacional y estatal. Siempre ligado a la estructura partidaria y a las redes ciudadanas de la delegación Venustiano Carranza, donde logró  formar un consistente grupo político del que  salieron los tres  jefes delegacionales que lo sucedieron,  Alejandro Piña, Juan Manuel Ballesteros y su propio hermano, Israel Moreno Rivera, aunque este último fue recientemente destituido por la Suprema Corte (El feudo de los Moreno Rivera).

Como presidente de la CPC de la LXII  Legislatura, José Luis operó con rapidez la reforma educativa, su primera gran prueba. El 11 de diciembre recibió la iniciativa; en la Gaceta Parlamentaria del 12 aparece la convocatoria a una reunión extraordinaria para las 19 horas. (Gaceta Parlamentaria 12 diciembre 2012). En la mañana del 13 ya se encontraba el  Proyecto de Dictamen en sentido positivo a la iniciativa presidencial (Gaceta Parlamentaria 13 diciembre 2012). ¿Cómo logró que en pocas horas se conociera y discutiera la iniciativa; y prácticamente al mismo tiempo se elaborara y aprobara un dictamen?

Julio César es un mago de la operación legislativa. La mañana del 12 convocó a una reunión ese mismo día en la tarde-noche. En esa sesión los miembros de la CPC analizaron, discutieron, acordaron, redactaron y aprobaron un dictamen que al día siguiente fue publicado en la Gaceta de la Cámara de Diputados.  ¡Un prodigio de eficacia, eficiencia y liderazgo! ¿Cómo le hizo? ¿Cuál es el secreto?

Sencillo, primero se acogió a los acuerdos del Pacto por México; así conformó una fuerza avasallante en la comisión; luego utilizó el añejo saber parlamentario de priistas y panistas, que lo guiaron y apoyaron para declarar una sesión extraordinaria de la CPC, así podría tratar el asunto de la reforma educativa en menos de 24 horas, que es lo mínimo requerido por las prácticas legislativas; siguió una discusión acotada y veloz en la comisión; llevaban un predictamen y se aprobó raudo y veloz. Solo así pudo aparecer al día siguiente en la Gaceta Parlamentaria.

Por sorprendente que parezca, no es una práctica nueva. Lo novedoso no es el procedimiento, sino el personaje que lo dirige, el partido y la fuerza que representa. Antes, los diputados del PRD denunciaban esas “prácticas que pervierten el debate parlamentario”.   Ahora las comandan; o peor, creen comandarlas.

Eso le costó a José Luis algunas fracturas. No con los diputados del PRI, PAN y PVEM, desde luego, sino con compañeros de su misma fracción parlamentaria; también con antiguos aliados.

Amalia García Medina, ex gobernadora de Zacatecas y ex presidenta nacional del PRD,  José Ángel Dávila y  Fernando Zárate Delgado votaron  a favor del dictamen; José Ángel Espinoza no votó y solo la diputada Julissa Mejía Guardado lo hizo en contra.  También  se manifestaron por la negativa los diputados Ricardo Cantú Garza y Ricardo Mejía Berdeja, del Movimiento Ciudadano (MC),  y Luis Antonio González, del  PANAL (Gaceta Parlamentaria 13 diciembre 2012).

La pinza del dictamen aprobatorio  la cerró otro perredista, Jorge Federico de la Vega Membrillo, diputado de mayoría relativa por el distrito 38, con cabecera en Texcoco de Mora, en el Estado de México. Su eficiencia y eficacia rivalizaron con las de Julio César, pero lo superó en votaciones: logró la unanimidad.

Jorge Federico es un militante de la vieja izquierda, la del Partido Comunista Mexicano, que más tarde se disolvió en el Partido Socialista Unificado de México, luego en el Partido Mexicano Socialista hasta darle su registro al Partido de la Revolución Democrática. Jorge es fundador del Colectivo Texcoco, de ahí pasó a ocupar una diputación local en el Estado de México, de 1994 a 1997, y más tarde ganar la presidencia municipal de Texcoco de Mora en 1996 (CVU Jorge Federico de la Vega).

¿Cómo operó la aprobación de la iniciativa en la CEPSE? En este caso contamos con un informe un poco más claro de su modus operandi (MO).

En la segunda sesión de la CEPSE, el 10 de diciembre de 2012, la orden del día incluía un apartado de asuntos generales, ahí se encontraba la reforma educativa. En toda la reunión se había tratado el presupuesto para 2013, pero al final, el

“Dip. de la Vega, observó que hay un trabajo paralelo a la aprobación del Presupuesto para 2013 de igual importancia, que es el de la Reforma Educativa, por lo que pide  a los integrantes de la Comisión estar atentos a esta propuesta del Ejecutivo. No habiendo más temas pendientes por desahogar, declara la reunión en sesión permanente y en receso el día hoy siendo las 19:55 horas” (Acta de la segunda sesión de trabajo CEPSE).

La sesión continuó dos días más tarde. El MO es tan claro que raya en la obscenidad: el presidente da la bienvenida e instruye al secretario que desahogue el orden del dia. No es algo raro, es una práctica común, sobre todo en presidencias débiles, cuando los diputados acceden por cuotas legislativas, no por conocimientos y experiencia. Como en este caso. En la trayectoria política y profesional de Jorge Federico los temas educativos no son relevantes. En la del secretario si. Miguel Ángel Aguayo no es un secretario más, fue rector de la Universidad de Colima durante dos periodos consecutivos, de 2005 al 2008 y de 2008 a 2013, cargo que dejó para ganar la diputación del PRI al 1 distrito de mayoría en Colima.

En otras palabras, Jorge dejó en manos de un experimentado priista, conocedor de la política de educación superior, la aprobación de la reforma en educación básica.

Lo que sigue es de manual: cuatro o cinco intervenciones generales, voto de confianza a los asesores para que elaboren el dictamen y aprobación por unanimidad. Clásico. Quien no lo pueda creer, que lea el Acta de la segunda sesión de trabajo CEPSE.

Lo que hicieron Jorge Federico y Julio César se conoce en el slang parlamentario como la aplanadora. Aplanaron los procedimientos, retorcieron las formas y los tiempos, con el poder de las mayorías del Pacto por México. No inventaron nada. Siguieron lo que durante años inventaron los priístas, aprendieron los panistas y ahora los perredistas siguen a pie juntillas. No hay nada nuevo en el MO, solo dos innovaciones menores: el Pacto por México, que tampoco inventaron y, sobre todo, su incorporación tan largamente soñada a lo que podría llamarse -siendo laxos en el concepto- el cogobierno. Ansiosos de formar parte del poder, de los que deciden, de quienes gobiernan, de los que mandan, los perredistas se convirtieron en todo aquello contra lo que lucharon cuando eran jóvenes. Peor: a la zaga, siempre a la zaga; sujetos por la ilusión de que forman parte del bloque de poder, ellos, los izquierdosos. ¡Ja! Sólo les falta decir que por fin la izquierda había llegado al gobierno. ¡No, esperen, si lo dijeron! -luego les contamos cómo, cuándo y dónde.

El resultado de este MO está a la vista. La iniciativa se aprobó con amplio margen, en poco tiempo; en el argot legislativo a eso se le llama mayoriteo; eso también afectó la calidad de los dictámenes, francamente pedestres, unos bodrios infumables que por si mismos ilustran la necesidad de mejorar la calidad de la educación. ¡Je je! Quien quiera ver los detalles, revise el análisis que hicimos en Los poderes percutidos.

Sin duda, son producto del acelere; aunque no hay que desdeñar la poca experiencia y capacidad analítica de sus asesores, a juzgar por la carta de observaciones de la Coordinación de Política Social del PRD, con fecha 12 de diciembre, en la que proponen, reformar el diseño del nombramiento de la Junta de Gobierno del INEE; que los integrantes de la junta de gobierno sean investigadores del Sistema Nacional de Investigadores (SIN); suprimir el segundo párrafo del artículo tercero transitorio, para dar certeza jurídica al INEE;  agregar un artículo transitorio en el que expresamente queden a salvo los derechos de los trabajadores de la educación;  y eliminar en el transitorio quinto de la fracción III, los incisos b y c, dado que ya existen escuelas de tiempo completo y una ley vigente para prevenir la obesidad (Carta Coordinación de Política Social del PRD 12 diciembre 2012 ).

¡Puras cuestiones admistrativas!; menores, sin entender la lógica de la reforma, sin cuestionar el problema, ni su formulación, ni la coherencia entre problema, objeto de intervención, objetivos y medios de acción. Las cuestiones básicas de cualquier análisis político-legislativo.

Esta no es la pequeña historia de una traición, como alguien podría creerlo. Es el desmontaje de una lógica política que desde hace muchos años se ha desarrollado en el PRD y en la izquierda  mexicana. Así piensa y así actúa. Pero no se crea que es la única. El proceder de los presidentes perredistas de las comisiones responsables del dictamen en la Cámara de Diputados fue cuestionado por sus mismos compañeros y aliados del Movimiento Progresista.

En la discusión en el pleno, el primero que subió a denunciar los procedimientos y llamar a una moción suspensiva del debate de segunda lectura fue el diputado Ricardo Mejía, del MC, que había  firmado en contra y presentado un voto particular en la CPC, argumentando violaciones a los artículos 150, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados por no haber citado con al menos 24 horas de anticipación y por hacerlo por vía electrónica; al artículo 69 del mismo Reglamento, porque las comisiones de Educación y Equidad no utilizaron el tiempo reglamentario para fundar sus opiniones; a los artículos 87 y 97 para publicar en tiempo y forma el dictamen de la comisión, que se hizo el mismo día en que realizó su reunión para discutirlo.

En el mismo sentido, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del PT, presentó otra moción suspensiva, porque se violentó el principio de legalidad o primacía de la ley, al realizar dictámenes en sólo dos días, atendiendo más la procedencia de la iniciativa que a su lógica jurídica, sobre todo porque implica cambios en el régimen laboral del magisterio, regulado por el artículo 123 de la Constitución, cuestión que ni la iniciativa ni el dictamen se pusieron a considerar, entre otras cosas, y con ello se violentaron los artículos 85, 89, fracciones VI, VII, VIII y IX, 155, 156 fracción III, 162, 176 al 179 del Reglamento de esta Cámara de Diputados por carecer de la debida motivación que explique la necesidad de dicha reforma, carece de datos mínimos que soporten la propuesta y de la opinión de especialistas en la materia, así como la consulta de los trabajadores a los que se dirige la reforma (Diario de los Debates. Cámara de Diputados, 19 diciembre 2012).

Nadie puede llamarse entonces a engaño. Ni pedir peras al olmo. El PRD es un artífice de la reforma educativa. Como el PRI, el PAN y la chiquillada. Todos tuvieron sus responsabilidades, que ya veremos detalladamente.

El PRD operó el desaseo en la cámara de diputados. No tuvo ni ideas ni argumentos, sólo administró las prisas y los mayoriteos en comisiones. Esa es su contribución a la reforma educativa: la inmundicia en las prácticas parlamentarias.

Contacto: labandadelxs3@gmail.com

Fotografía: eleconomista

Fuente: http://insurgenciamagisterial.com/operacion-desaseo-el-prd-en-la-reforma-educativa/

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Reino Unido: May admits education is failing children but offers no extra cash

Noticias

Por: theguardian.co/21-02-2018

Theresa May has admitted that the education system is failing to serve the “needs of every child” but immediately faced criticism as it emerged that plans to overhaul post-18 funding would be unlikely to result in more money from the Treasury.

Critics highlighted the government’s terms of reference for the review, which will be led by the former City financier Philip Augur and could result in lower fees for some courses and the return of maintenance grants.

It said the study would not be able to make recommendations linked to taxation and “must be consistent with the government’s fiscal policies to reduce the deficit and have debt falling as a percentage of GDP”

The shadow education secretary, Angela Rayner, said the wording suggested that students, colleges and universities would end up footing the bill.

“Funding for further education has been slashed and cuts in higher education have seen UK universities fall down global league tables, yet buried in the small print of the terms of reference it is made clear there will be no new money to support any recommendations, leaving it down to already cash-strapped colleges and universities to cover any extra costs,” she said.

The NUS president, Shakira Martin, said she was glad to hear the prime minister accept that the “current system is not fit for purpose” but added that she wanted ministers to commit to investing in the skills of the future.

“The prime minister is choosing to move the deckchairs around a ship she already acknowledges is sinking,” she said.

May used a speech at Derby college to launch the review. She insisted that tackling the divide between academic and technical education had been a driving force since she entered parliament in 1997, raising the issue with her maiden speech.

She criticised the fact that almost a quarter of students at Britain’s “research-intensive universities” come from the 7% of the population who attend private schools.

“And the professions which draw their recruits primarily from these institutions remain unrepresentative of the country as a whole, skewed in favour of a particular social class,” she said, arguing that the odds were stacked against a working-class boy from Derby who wanted to become a lawyer.

But May also said a privately educated middle-class girl who wanted to become a software developer by going straight into the industry faced the expectation of taking A-levels and entering a Russell Group university.

“Most politicians, most journalists, most political commentators took the academic route themselves, and will expect their children to do the same.”

She said poorer students were “bearing the highest levels of debt” in the current system, which she said was not good enough.

“We must have an education system at all levels which serves the needs of every child. And if we consider the experience which many young people have of our system as it is, it is clear that we do not have such a system today,” she said.

But she also insisted that the cost of universities must be shared between graduates and the taxpayer, claiming that Labour’s policy to scrap fees would mean tax rises for the majority who did not go to university. It would also mean universities would be competing with hospitals and schools for funding, and would entail reintroducing a cap on student numbers, she claimed.

Bill Rammell, the vice-chancellor of the University of Bedfordshire and a former higher education minister when variable fees were introduced in 2005, argued that raising fees to £9,000 and beyond went “too far in shifting the balance of responsibility for funding higher education between the state and the individual”.

He said the review was welcome but that it must ensure that universities will be compensated for any reduction in fee income. “Otherwise it will result in widespread job losses and a reduction in standards as universities scramble to balance their already stretched finances.”

The review could result in universities having to charge less for some courses based on their costs and potential graduate earnings, with hints that institutions could be expected to take a lower amount for humanities and social science courses.

However, the former education secretary Justine Greening warned that this could hit social mobility as higher fees could put poorer students off more lucrative courses.

May also spoke out against the number of university vice-chancellors who take part in the decision-making process on their own salaries, amid widespread concern about excessive pay levels.

The prime minister was asked about the issue after figures revealed that 95% of university leaders were either members of their remuneration committee or entitled to attend meetings.

The information, obtained under freedom of information laws by the University and College Union, showed just seven of 158 institutions surveyed said their vice-chancellors were in effect barred from attending.

Asked if she feared that this was fuelling soaring pay levels, May said: “One of the points I would make – that I know the universities minister, Sam Gyimah, also made – is we should be concerned when we see vice-chancellors sitting on remuneration committees which determine their pay.”

The comments came after universities were told they would have to justify any decisions to pay vice-chancellors more than 8.5 times the average salary.

Since you’re here …

… we have a small favour to ask. More people are reading the Guardian than ever but advertising revenues across the media are falling fast. And unlike many news organisations, we haven’t put up a paywall – we want to keep our journalism as open as we can. So you can see why we need to ask for your help. The Guardian’s independent, investigative journalism takes a lot of time, money and hard work to produce. But we do it because we believe our perspective matters – because it might well be your perspective, too.

I appreciate there not being a paywall: it is more democratic for the media to be available for all and not a commodity to be purchased by a few. I’m happy to make a contribution so others with less means still have access to information.

Fuente: https://www.theguardian.com/education/2018/feb/19/may-speaks-out-about-vice-chancellors-setting-their-own-pay

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Rural community session held to discuss education concerns in Nova Scotia

Noticias

Por: globalnews.ca/21-02-2018

A packed house filled a rural Nova Scotia community centre as many parents came out to hear why teachers are concerned over the future of education in the province.

“Transformation takes a lot of thoughtful collaboration and we’re not seeing that at the moment and that’s what needs to happen if we have any hope of this being successful,” Cynthia Bruce said, a mother of children who have gone through the provincial public school system.

Last fall, the province hired Dr. Avis Glaze, an “international recognized expert” to review the public school system in Nova Scotia for the first time in more than 20 years.

The Glaze report made 22 recommendations, including moving principals and vice-principals out of the Nova Scotia Teachers Union and into a new professional association.

The report recommended the establishment of an education ombudsperson to investigate and resolve concerns or complaints in the education system.

Glaze also called for a provincial college of educators to license, govern, discipline and regulate the teaching profession.

The province plans to implement all of the recommendations and that’s where concern from the Nova Scotia Teachers Union has come into play.

Grant Frost has over two decades of teaching experience and is also the president of the Halifax County local.

“I think that I’d be very happy with a pause button right now, so that everyone can catch their breath. Let’s put a pause on the Glaze report, let’s not rush this. If you rush this through, we’re going to leave kids behind and I think that’s a very real concern,” Frost said.

He says he’s not against making changes to the education system but feels the province is rushing the process. Frost hopes the move to ask NSTU members for a strike mandate demonstrates the need to slow down.

“Really, what I think we’re trying to accomplish here is to have an opportunity to sit down with this government and all the stakeholders, to try to figure out exactly what some of our concerns are and have a legitimate conversation around them.”

*Fuente: https://globalnews.ca/news/4034770/education-concerns-nova-scotia/

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Estados Unidos: Sobrevivientes del tiroteo escolar en Parkland demandan acciones para el control de armas de fuego

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Mientras continúan los funerales de las 17 personas asesinadas el miércoles pasado en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en el condado de Broward, Florida, los sobrevivientes del tiroteo escolar organizaron un movimiento sin precedentes, dirigido por jóvenes, para exigir el control de las armas de fuego. El viernes, estudiantes de la secundaria South Broward, en Florida, hicieron huelga para protestar por la masacre perpetrada por un exestudiante blanco de 19 años de edad llamado Nikolas Cruz, que tenía antecedentes de comportamiento violento y abusivo contra las mujeres.

El viernes, el FBI admitió que no había investigado a Cruz, incluso después de que alguien cercano a él llamara a la agencia en enero para advertirles “sobre la propiedad de armas de Cruz, su deseo de matar gente, su comportamiento errático y las inquietantes publicaciones que hacía en las redes sociales, así como la posibilidad de que realizara un tiroteo en la escuela”. En una manifestación que tuvo lugar el sábado pasado, los sobrevivientes del tiroteo escolar exigieron que los políticos dejaran de aceptar dinero de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por su sigla en inglés). Según informes, Nikolas Cruz se entrenó en un club de tiro juvenil financiado por la Asociación Nacional del Rifle. Estas son palabras de Emma González, estudiante del último año de la secundaria Marjory Stoneman Douglas, emitidas en la manifestación del sábado.

Emma González expresó: “Si el presidente quiere venir a decirme en persona que fue una tragedia terrible, que nunca debería haber sucedido, al mismo tiempo que nos sigue diciendo que no se hará nada al respecto, con gusto le voy a preguntar cuánto dinero recibió de la Asociación Nacional del Rifle. No importa, porque ya sé la respuesta: 30 millones de dólares. Y dividido entre las víctimas por armas de fuego que hubo en Estados Unidos en solo un mes y medio, en lo que va de 2018, son unos 5.800 dólares. ¿Eso es lo que valen estas personas para usted, Trump? A todos los políticos que reciben donaciones de la Asociación Nacional del Rifle: ¡debería darles vergüenza!”.

*Fuente: https://www.democracynow.org/es/2018/2/19/titulares/after_parkland_students_launch_historic_youth_led_movement_to_end_mass_shootings

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België: School in Blankenberge pakt onderwijs helemaal anders aan

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België / 25 februari 2018 / Auteur: Karel Cambien / Bron: Madeinwest-vlaanderen

Er zijn in Vlaanderen al heel wat scholen die het anders doen: vakoverschrijdende lessen, teamteaching, modulaire leerruimtes, coachend begeleiden. De Sint-Jozef Sint-Pieter School in Blankenberge is één van die handvol scholen. Tijdens het EduNext Leerfestival dat deze week (21 februari) plaats vindt in in Brussel, vertellen en tonen directeurs, leraren en leerlingen van achttien innovatieve onderwijspraktijken waarom, hoe en wat ze anders doen. Een en ander kan op termijn ook het bedrijfsleven beïnvloeden.   

Al voor de zesde keer organiseert de vzw EduNext het Leerfestival, waar in een festivalsetting met denk- en doepodia enkele honderden leraren, directeuren, studenten en mensen uit het bedrijfsleven worden geïnspireerd met innovatieve praktijkvoorbeelden uit het Vlaamse en Nederlandse onderwijs. Doel is de festivalgangers te motiveren en stimuleren om ook onderwijsvernieuwing van binnenuit te realiseren. “Dat is veel makkelijker als je een voorbeeld kunt zien”, meent Dirk De Boe, auteur en bezieler van ‘EduNext, transformeer je school van binnenuit’ . “Wij zijn ervan overtuigd dat als je het met je eigen ogen ziet, je dan een klik maakt. En als een school beslist het anders te gaan doen, dan kunnen ze dat ook. Er is voldoende ruimte binnen de leerplannen om onderwijs anders te organiseren en te geven via werk-, leer- en evaluatievormen, kortom, om anders om te gaan met leerlingen en studenten.”

Begin van een onderwijsrevolutie

De Nederlandse professor transitiekunde Jan Rotmans, keynotespreker op het festival, is het daar hartstochtelijk mee eens: “We staan aan het begin van een onderwijsrevolutie”, zegt Rotmans. “Je voelt de weerstand, en veel leraren zitten er helemaal niet op te wachten. Dat begrijp ik, omdat ze al vijftig jaar top-down onderwijsvernieuwing over zich heen hebben gekregen. Ik pleit daarom voor een onderwijs van onderop. Laat elke school dat zelf uitzoeken en bepalen. Ga dat niet collectief opleggen van bovenaf. Dat hebben we decennia gedaan en dat werkt niet. Het geeft alleen maar meer werkdruk, meer stress, meer bureaucratie. Geef elke school de ruimte en de vrijheid om dat zelf uit te vinden.”

De initiatiefnemers hebben het over ‘de school van de toekomst’. De andere aanpak kan op termijn ook impact hebben op het bedrijfsleven, waarbij medewerkers veel autonomer, zeg maar meer intrapreneur gericht, functioneren.

Bron van het nieuws:

http://www.madeinwest-vlaanderen.be/nieuws/school-in-blankenberge-pakt-onderwijs-helemaal-anders-aan/

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6 key insights into the data and information education leaders want most

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Por: brookings.edu/21-02-2018

When data advocates promote evidence-based decision-making in education systems, they rarely specify who the intended users are, for what purpose, and what kinds of data are needed. The implicit assumption is: by everyone, for everything, and any data.

But since collecting, processing, and communicating data require substantial resources, it is prudent to assess whether data produced are indeed accessible and valuable to key decision-makers. Surprisingly little systematic research exists on the types of information education decision-makers in developing countries value most—and why.

In a new report, Toward data-driven education systems: Insights into using information to measure results and manage change, the Center for Universal Education at the Brookings and AidData offer insights to those very questions. We analyze the results of two unique surveys that asked education policymakers in low- and middle-income countries about their use of data in decision-making. Survey participants included senior- and mid-level government officials, in-country staff of development partner organizations, and domestic civil society leaders, among others. (For more details on the surveys, see page 18 in the report.)

The report aims to help the global education community take stock of what information decision-makers actually use and offer practical recommendations to help those who fund and produce education data to be more responsive to what decision-makers want and need. We summarize the findings below:

Finding 1: Having enough information is seldom the decisive factor in making most education decisions; instead, decision-makers desire to have sufficient government capacity.

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Enacting education policies, changing programs, and allocating resources are complex decisions that demand weighing multiple factors, such as having sufficient capacity and financial resources, having enough information, and having the support of the public. So where do data and information fall within a decision-maker’s cost-benefit analysis?

We found that information is not as important as technical capacity, financing, and political support. Some decisions, however, depend more on having sufficient data and information, such as creating or abolishing schools or grades, and testing students. One possible explanation could be that leaders feel they need strong justification (via an evidence base) for these decisions which could become easily politicized.

Finding 2: Education decision-makers use evidence to support the policymaking process, for both retrospective assessment and forward-looking activities

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But while information may not be the most decisive factor in education decisions, its role is significant. We found that decision-makers in the education sector are more likely to use data and analysis as compared to other sectors (such as health and governance), including for forward-looking purposes, such as design and implementation of policies or programs, as well as retrospective assessments of past performance. As shown in Figure 2, most education sector decision-makers (over 70 percent) report using data or analysis fairly consistently throughout the policymaking process.

Finding 3: Education decision-makers most often use national statistics from domestic sources and program evaluation data from international sources.

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Decision-makers overwhelmingly rely on national statistics from domestic sources and program evaluation data from international organizations. The high use of national statistics points to the salience of such data for each country, including, for example, dropout rates for primary school students by district or municipality, the number of schools providing secondary education in each village, or pupil-teacher ratios in urban vs. rural areas.

Finding 4: Education decision-makers consider administrative data and program evaluations most essential, and want more of the latter, signaling a gap between need and supply.

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We asked leaders about their wish list—what types of information would they want more of? We found that those who allocate and manage resources place a premium on administrative data (e.g., number of schools, teachers, students) and government budget and expenditure data (e.g., school-level budgets, expenditure per student). Meanwhile, those working on personnel management need teacher performance data, whereas leaders tasked with overseeing instructional matters need program evaluation data and student-level assessment data. Given respondents’ wish lists, we identified four opportunities for data producers to respond to unmet demand: (1) program performance and evaluation data; (2) budget and expenditure data; (3) student-level assessment data; and (4) teacher performance data.

Finding 5: Education decision-makers value domestic data that reflect local context and point to policy actions, and improving the timeliness and accessibility of information will make it more helpful.

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Having identified some of the gaps that exist in meeting the needs of education decision-makers, we asked what producers and funders of data should do better or differently to meet the data demands. Leaders said that data from both domestic and international sources were most helpful when they provide information that reflects the local context. They also viewed information from international sources as most helpful because it provides policy recommendations (43 percent) and is often accompanied by critical financial, material, or technical support (36 percent). Leaders viewed domestic data as helpful when it was available at the right level of aggregation, as well as timely, trustworthy, and insightful.

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When asked what improvements producers could undertake to make data more valuable, respondents suggest improving the timeliness and accessibility, as well as improving data disaggregation, accuracy, and trustworthiness. The respondents requested data from the national government, in particular, to be more accessible and disaggregated.

Finding 6: Decision-makers strongly support strengthening their countries’ education management information system (EMIS) to bolster their education data ecosystem.

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Beyond finding general areas of improvement for education data, we also asked respondents to rank a list of specific solutions. Respondents largely agreed on the seven solutions proposed, rating all of them as “extremely important”, on average. But of the seven solutions, the recommendation to strengthen the EMIS within the education ministry resonated with the highest number of respondents.

Moving from data generation to impact

The path from data generation to impact is not simple, automatic, or quick. The seemingly straightforward story of information supply, demand, and use is complicated by users’ norms (how they prefer to make decisions), relationships (whom they know and trust), and capacities (their confidence and ability to turn data into actionable insights). The process of moving from data generation to use and, ultimately, to impact on education outcomes must also take into account the different institutional environments (i.e., political context) that may incentivize or dampen efforts to make decisions based upon evidence.

Most essentially, though, investments in data creation must be matched by an equal (or greater) emphasis on increasing the use of evidence by decision-makers, built from a strong understanding of what data and information they use, value, and want. Understanding why education decision-makers and influencers do not notice, value, or use data that are produced by their own statistical agencies or by international organizations deserves more attention than it has received thus far.

*Fuente: https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2018/02/20/6-key-insights-into-the-data-and-information-education-leaders-want-most/

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España: El TC tumba la «vía Wert» para escolarizar en castellano con fondos públicos

Noticias

Por: abc.es/21-02-2018

Estaba condenada al fracaso, llevaba casi un año en punto muerto y ahora el Tribunal Constitucional (TC) le ha dado la estocada definitiva. El alto tribunal ha anulado por «insconstitucional» la conocida como «vía Wert», que ofrecía a los padres la posibilidad de escolarizar a sus hijos en castellano en Cataluña con fondos públicos y sin tener que litigar durante años en los tribunales. La sentencia, aprobada por unanimidad, llega en un momento de máxima sensibilidad en Cataluña después de que hace unos días el Gobierno, que en virtud del 155 tiene competencias en la Consejería de Enseñanza, anunciara que estudia mover hilos para que el castellano recupere el papel de lengua vehicular en esta comumidad.

Una vía muerta

La «vía Wert» o «vía Lomce», habilitada en 2013 por el entonces ministro de Educación José Ignacio Wert , ofrecía 6.000 euros de ayuda –luego la cantidad se rebajó– a las familias para sufragar la enseñanza bilingüe de sus hijos, dinero que después el Gobierno descontaba a la Generalitat. En la práctica, la propuesta embarrancó, ya que no habían centros públicos que ofrecieran escolarización en castellano, lo que obligó a los padres a matricular a sus hijos en centros de élite privados con matrículas inaccesibles. Desde un principio, los padres –medio centenar han accedido a las ayudas– entendieron que era una vía muerta.

La sentencia del TC, hecha pública ayer y que responde a un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat en 2014, considera que esta vía para garantizar el castellano es «inconstitucional» y no respeta el reparto de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma.

El fallo del alto tribunal, aprobado por unanimidad, se refiere, en concreto, «a la capacidad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Alta Inspección de Educación, para decidir sobre la escolarización de esos alumnos en centros privados y a su financiación».

Según el TC, «la alta inspección constituye una competencia estatal de vigilancia, pero no un control genérico e indeterminado que implique dependencia jerárquica de las Comunidades Autónomasrespecto a la Administración del Estado». De igual modo, la sentencia rechaza que, «a través de la alta inspección, el Estado asuma competencias que corresponden a las comunidades autónomas».

«Corresponde al Estado velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo, pero también que tal función ha de desplegarse sin desbordar las competencias que constitucionalmente le están reservadas», señala el fallo.

La sentencia también dirime otras cuestiones sobre la Lomce y, así, declara inconstitucional que el Gobierno pueda establecer, vía reglamento, las bases de la educación plurilingüe (impartición de asignaturas no lingüísticas en lenguas extranjeras) desde el segundo ciclo de Educación Infantil hasta Bachillerato, previa consulta a las Comunidades Autónomas.

El Tribunal sostiene que la ley no especifica el criterio legal que da cobertura a esta competencia del Gobierno para el desarrollo reglamentario básico. Tampoco puede justificarse en que la educación plurilingüe tenga un carácter excepcional, pues, todo lo contrario, abarca prácticamente a todas las enseñanzas no universitarias.

Por otro lado, el Tribunal sí considera conformes a la Constitución los preceptos que atribuyen al Ministerio de Educación la competencia para regular las pruebas de evaluación finales de ESO y Bachillerato, cuya superación es necesaria para la obtención de los títulos académicos, incluyendo la de establecer los criterios de evaluación y las características de las pruebas para cada convocatoria.

Se trata del ejercicio de la competencia estatal para regular las «condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales». Asimismo, recuerda que compete al Gobierno el fijar «las llamdas enseñanzas mínimas».

*Fuente: http://www.abc.es/sociedad/abci-constitucional-anula-sistema-lomce-para-garantizar-escolarizacion-castellano-cataluna-201802201344_noticia.html

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