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Esa violencia criminal, que a su vez es un engranaje del capitalismo, tiene como finalidad el expolio de territorios y la expansión de mercados ilegales y legales, sobre la base de prácticas y mecanismos de despojo premeditado y controlado, donde lo mismo concurren organizaciones criminales, bases sociales de éstas, empresas formales y agentes del aparato de Estado. Se trata de un sofisticado sistema que combina la explotación laboral ilegal, el secuestro de jóvenes para ingresarlos en las empresas criminales como mano de obra impaga, la exploración y saqueo de territorios depositarios de recursos naturales, el desplazamiento forzado de comunidades enteras para ejecutar a sus anchas el punto anterior, entre otras prácticas desestructurantes de la vida social.

La violencia criminal –y el crimen organizado en general– no es natural ni ahistórica; tampoco es una anomalía exógena al capitalismo. Es parte de sus mecanismos de valorización y acumulación del capital. Es parte del engranaje propio del ciclo económico. Cruzan sus empresas criminales todos los momentos del proceso económico: desde la producción de mercancías y servicios ilícitos, hasta la circulación y consumo global de las mismas; especialmente de las drogas. Al tiempo que lo ilícito se interrelaciona con mercancías legales que deambulan por los mercados formales. El blanqueo de activos de procedencia ilícita, la reinversión en actividades lícitas y el consumo y el derroche suntuarios completan esa dinámica de gestación de ganancias.

A su vez, el supuesto combate de la violencia criminal es parte de la justificación que esgrimen los Estados para realizar importantes inversiones de gasto público en armamento y en estrategias y logísticas que le dan forma a los procesos de militarización. Con ello, el Estado se erige en un gran consumidor de la industria armamentista que, de igual modo, dinamiza el ciclo económico y lo aleja de sus fases de crisis.

El carácter sistémico de la economía criminal supone en todo momento procesos de acumulación y apropiación por despojo. Desde el cultivo de materias primas para los narcóticos; el trasiego de insumos para la elaboración de drogas sintéticas; la explotación de fuerza de trabajo cuasi-esclavizada en ambas labores; el transporte y comercialización de esos narcóticos; hasta el control de actividades como el tráfico de personas; la extorsión; la explotación de metales preciosos como el oro y la plata; la copia o piratería de ropa, música o video; el cobro de derecho de piso, entre otras. Lo que se observa en este ciclo del capital criminal es una diversificación de actividades ilícitas, que se cierra con el papel activo del sistema bancario y de los mercados financieros que atraen los recursos de procedencia ilícita.

La cadena de valor de la economía criminal supone también la lucha letal entre empresas criminales –cada una respaldada por distintos agentes del aparato de Estado– que se disputan el control de mercados y territorios. Pero esas empresas solo son una fracción del conjunto de esa economía criminal. El sistema de esta economía criminal se completa con amplios segmentos del capital formal sea agropecuario, industrial, comercial o bancario/financiero. En ese sistema ciertos segmentos del aparato de Estado ejercen de manera meta-constitucional la regulación y el reparto del territorio, al tiempo que participan de las ganancias del vasto negocio criminal.

La moralidad instituida por los Estados a través de la ley hace de las drogas una economía ilegal y justo por ello el encarecimiento de sus bienes y servicios desproporciona los precios, y hace de la apropiación y acumulación por despojo una constante en ese encarecimiento. De ahí que el Estado no solo afianza a la economía criminal, sino que la dota de una institucionalidad para que opere como sistema y no se detengan sus ilícitos procesos de acumulación de capital.

Esa cadena de valor de la economía criminal es, en esencia, trasnacional y aprovecha los amplios resquicios que le abren los procesos de globalización. Ni se reduce a su fase de narco-tráfico ni se circunscribe a la escala estrictamente nacional como lo presentan con regularidad los mass media, enfatizando en la personificación del fenómeno a través del capo de las drogas como un individuo marginal del sistema, un campesino venido a más por su audacia para destacar en el mundo criminal. Más aún: la economía criminal se caracteriza por una división internacional del trabajo, regida por un rol subordinado de economías subdesarrolladas como México, Colombia, entre otras, que ocupan el eslabón más frágil de la cadena de valor y desde ellas se aporta la sangre y la muerte, al tiempo que se transfieren excedentes a las redes operativas y logísticas ilícitas del norte del mundo y, particularmente, a los mercados bancarios/financieros de Wall Street y de la City de Londres, e incluso a los paraísos fiscales. En medio de ello, existen nodos territoriales también transnacionales por donde transitan las mercancías ilícitas, y que fungen como plataformas exportadores hacia los centros globales de consumo final.

En el sur del mundo esta división internacional del trabajo criminal consolida fases como el diseño, cultivo de amapola, coca o marihuana, procesamiento y manufactura de sustancias químico/psicotrópicas (fase de producción), el transporte por distintos países, hasta llegar a la fase de intercambio o comercialización y consumo en las ciudades de prácticamente todo el mundo, pero enfáticamente de Europa y los Estados Unidos. En tanto que la distribución de ganancias tiene como epicentro los bancos y mercados financieros, para completar el ciclo del capital criminal la reinversión en el aparato productivo –legal e ilegal– tanto del norte como del sur del mundo a través del blanqueo de dinero y el consumo improductivo. En toda esa dinámica del proceso económico criminal es fundamental la mano de obra calificada y especializada en asuntos jurídicos, contables, financieros e, incluso, en el procesamiento químico para la elaboración de drogas sintéticas (allí participan ingenieros, químicos, farmacólogos, etc.).

La lógica del despojo se extiende a comunidades e individuos que son presas de la violencia criminal y de los escuadrones paramilitares empleados por empresas formales como las mineras y energéticas para abrir senderos de explotación de la naturaleza y de acumulación de capital en aquellos territorios dotados de esos recursos naturales ambicionados por ellas. Esa economía del despojo, que destierra comunidades enteras en países como México, Colombia, Perú, entre otros, apunta a recursos minerales como el oro, la plata, al litio o incluso a los llamados minerales de tierras raras, que son fundamentales para reproducir el eje de acumulación de capital cimentado en las tecnologías de punta de la economía informacional.

La violencia criminal se combina con la alienación de la vida entre esas comunidades e individuos. El despojo se extiende a campesinos que son obligados a cultivar la materia prima de las drogas; de igual manera existe una apropiación ilegal de sus tierras cuando se les excluye  y desplaza de sus territorios a esos campesinos sujetos a regímenes de propiedad comunal o ejidal. A ello contribuye la caída de los precios de los productos básicos y el abandono del campo desde el Estado al no destinar políticas agrícolas que apoyen a esa clase campesina depauperada.

A grandes rasgos, el desafío principal que tienen tanto el periodismo de investigación como las ciencias sociales consiste en trascender las narrativas maniqueas que sitúan el acento en el campo de las drogas y en sus labores de tráfico. Se trata de posicionar la mirada en el conjunto de la economía criminal y de sus circuitos que en la realidad muestran una relación orgánica. Las miradas fragmentarias en poco o nada contribuyen a la comprensión de la complejidad del fenómeno criminal y en el papel constante que desempeña el despojo en la acumulación de capital. Es urgente, en distintos frentes de análisis, trabajar a fondo en esa lógica del comportamiento y dinámica de esa economía criminal y clandestina de la muerte.

Isaac Enríquez Pérez. Académico en la Universidad Autónoma de Zacatecas, escritor y autor del libro “La gran reclusión y los vericuetos sociohistóricos del coronavirus. Miedo, dispositivos de poder, tergiversación semántica y escenarios prospectivo”. Twitter: @isaacepunam