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Informe: Universidades venezolanas operan con hasta 99% de déficit presupuestario

El Observatorio de Universidades (OBU) presentó este jueves un alarmante informe titulado “La comunidad universitaria frente a la asfixia presupuestaria”, el cual devela la crítica situación que atraviesan las instituciones de educación superior autónomas y experimentales en el país. Los datos muestran una brecha dramática entre los recursos solicitados por las casas de estudio y lo finalmente aprobado por el Ejecutivo nacional.

De acuerdo con las estadísticas presentadas por el director del OBU, Carlos Meléndez, el indicador de déficit presupuestario en las universidades venezolanas ha oscilado entre el 85% y, en algunos casos, hasta el 99%. Esta alarmante carencia de recursos ha sumido a la educación superior en una profunda crisis de infraestructurainvestigación y precarización salarial para docentes y personal administrativo.

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Meléndez destacó que el descontento no ha sido silencioso. En el período comprendido entre 2020 y 2025, el observatorio registró más de 1,220 denuncias y protestas en exigencia de derechos económicos, sociales, civiles y políticos, lo que se traduce en un promedio de al menos 1.5 manifestaciones por semana por parte del sector universitario.

La estrategia de control gubernamental

El informe también pone el foco en el cambio de diseño del sistema de educación superior. Actualmente, el 85% de las universidades públicas del país están bajo el control directo del gobierno, el cual impone autoridades y alinea las agendas institucionales. «La agenda política gubernamental ha estado totalmente de espaldas a las exigencias de los distintos actores universitarios», señaló Meléndez.

Entre 2014 y 2025, el número de instituciones de educación superior creadas o intervenidas por el Estado aumentó en un 34%, una cifra que contrasta irónicamente con la disminución de la matrícula estudiantil en ese mismo porcentaje. Además, el OBU reveló que más del 50% de las informaciones publicadas por el Ministerio de Educación Universitaria están destinadas a efemérides y actividades de proselitismo político, en lugar de soluciones académicas.

El rol de los medios regionales como catalizadores

Ante la falta de respuesta oficial, el ecosistema de actores reivindicativos ha encontrado un aliado crucial en la prensa. El director del OBU ofreció un reconocimiento especial a los medios de comunicación regionales, mencionando de forma destacada a El Impulso, La Prensa de Lara, El Diario de los Andes, El Carabobeño, entre otros, por ser los principales difusores de la crisis y servir como catalizadores de las denuncias de los gremios y estudiantes en la agenda pública nacional.

https://www.elimpulso.com/2026/06/18/video-universidades-venezolanas-operan-con-hasta-99-de-deficit-presupuestario-18jun/
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Protestas universitarias continúan en Argentina

La universidad pública volvió a las calles en Argentina. Estudiantes, docentes y trabajadores realizan nuevas protestas contra los recortes al presupuesto impulsados por el gobierno del derechista Javier Milei.

Durante la jornada del 17 de junio, la comunidad académica llevó a cabo huelgas, movilizaciones y clases públicas en los principales puntos del país.

Los manifestantes exigen mayor financiamiento y denuncian que el presupuesto actual no alcanza para cubrir los servicios básicos de las aulas, lo que mantiene a las facultades al borde del ahogo operativo.

Se trata de un nuevo paro nacional de una semana (del 16 al 20 de junio de 2026), impulsado por los gremios docentes que rechazan el reciente pacto firmado entre el Gobierno y los rectores.

Pese a que el Poder Ejecutivo alcanzó un principio de acuerdo presupuestario con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) la semana pasada, las bases de trabajadores y sindicatos como CONADU y CONADU Histórica consideran la recomposición salarial insuficiente y exigen la aplicación irrestricta de la Ley de Financiamiento Universitario.

Mientras que los estudiantes y trabajadores sostienen el plan de lucha en las calles para evitar lo que consideran el desmantelamiento de la universidad pública argentina.

https://oncenoticias.digital/internacional/protestas-universitarias-continuan-en-argentina/572147/
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La educación madrileña hacia la huelga indefinida para el curso 26/27: las asambleas deben marcar el camino

CCOO, UGT y Confapa anunciaron ayer la convocatoria de un paro indefinido en la enseñanza pública madrileña a partir de septiembre, mientras la asamblea de Menos Lectivas adoptaba por amplia mayoría la misma decisión junto a CGT. Madrid, la comunidad más rica del Estado y la que menos invierte en educación, se suma así al ciclo de luchas que están protagonizando Catalunya y País Valencià.

CCOO, UGT y la confederación de familias Confapa anunciaron este miércoles que convocarán una huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria a partir del primer día del próximo curso escolar. Horas después, la asamblea de Menos Lectivas adoptaba por amplia mayoría la misma resolución, junto al sindicato CGT.

El movimiento educativo madrileño da así un salto que llevaba meses gestándose. La Comunidad de Madrid, una de las regiones más ricas del Estado español, aparece sistemáticamente entre los últimos lugares en inversión en educación: destina aproximadamente el 2,2% de su PIB al sector, casi dos puntos menos que la media nacional, y está entre las peores en retribución docente. Esa combinación de riqueza obscena, contracara de la privatización y degradación sistemática de los servicios públicos, explica la acumulación de rabia en las plantillas: ratios inasumibles, sueldos que no alcanzan para vivir, centros en ruinas, una burocracia sofocante y una administración que alimenta la concertada y la privada mientras liquida la escuela pública.

Una primavera de huelgas educativas

La convocatoria no surge de la nada. Este último trimestre ha sido una verdadera primavera de movilizaciones en la educación de buena parte del Estado. La decisión se ve marcada por la impresionante huelga sostenida que vienen llevando a cabo todos los sectores educativos de Catalunya, por la huelga educativa indefinida de la Comunitat Valenciana, las jornadas de huelga en Aragón, y de las educadoras del 0-3 de Madrid, que llevan dos meses de huelga indefinida.

En ese marco, Menos Lectivas venía debatiendo la necesidad de plantear una huelga indefinida al inicio del próximo curso. Y este mismo miércoles en asamblea general se decidió por amplia mayoría de quienes participaban de avanzar en ese camino.

Las reivindicaciones son las mismas que resuenan en todo el estado: subida salarial, reducción de horas lectivas, bajada de ratios, fin de las externalizaciones, inversión en infraestructuras y fin de la burocracia que devora el tiempo de enseñanza. Demandas concretas, urgentes y que, en el caso de la Comunidad de Madrid, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso lleva años ignorando con la complicidad del gobierno central.

La burocracia sindical llega tarde y con sus propias cuentas

Hay que decirlo con claridad: CCOO y UGT han anunciado esta huelga indefinida sin consultar a la red de asambleas que compone el movimiento educativo madrileño y sin coordinar con Menos Lectivas ni con la plataforma de PLEI que hoy está en lucha. La convocatoria llega además a pocos meses de las elecciones sindicales de diciembre, lo que plantea una pregunta legítima: ¿responde esta iniciativa al pulso real de las plantillas o es una maniobra para recuperar terreno ante una base que les viene superando por la izquierda?

La experiencia reciente -y especialmente la muy reciente de Catalunya, donde las burocracias de CCOO y UGT firmaron un acuerdo vergonzoso a espaldas de los docentes para desactivar la huelga antes de que se convirtiera en algo más- obliga a desconfiar de las cúpulas sindicales burocráticas. Pero al mismo tiempo, obliga a exigirles que la huelga sea efectiva, de todos los sectores educativos y convocada en frente único por todos los sindicatos y plataformas.

Lo que hace falta ahora: un plan construido desde abajo

La unidad no se decreta desde los despachos: se construye en las asambleas de centro, con las plantillas discutiendo el plan de lucha, los pliegos de condiciones y los mecanismos de seguimiento.

Para que la huelga indefinida de septiembre sea una huelga de verdad, hace falta ampliarla más allá del profesorado de Primaria y Secundaria: las educadoras del 0-3 que ya llevan semanas en pie, el personal de administración y servicios, los integradores sociales y las trabajadoras y los trabajadores de atención educativa, el personal universitario. Una huelga unitaria y amplia que convoque a las familias, las y los estudiantes y la comunidad a sumarse a la lucha. Que sea organizada desde abajo, a través de asambleas y coordinadoras, para hacer una huelga activa con manifestaciones, cortes, encierros y todas las medidas necesarias para poner contra las cuerdas a Ayuso y que no se venda por un acuerdo de mínimos antes de que empiece. Las condiciones están dadas. ¡Hay que seguir el ejemplo de Catalunya y País Valencià!

https://www.izquierdadiario.es/La-educacion-madrilena-hacia-la-huelga-indefinida-para-el-curso-26-27-las-asambleas-deben-marcar-el

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Lecciones de la huelga indefinida histórica del profesorado valenciano

Por: Vicent Mauri | Moisés Vizcaino

El profesorado de la educación pública no universitaria del País Valencià ha optado para suspender temporalmente la huelga indefinida comenzada el 11 de mayo a partir de este viernes, 12 de junio. Es una “interrupción estratégica” que permite no hacer huelga, pero continuar con acciones de protesta y retomar el paro en cualquier momento sin previo aviso, han indicado los sindicatos STEPV, CCOOPV y UGTPV. La suspensión puede ser tan solo el adelanto de un nuevo curso todavía más conflictivo al que podrían sumarse más sectores sociales. Vicent Maurí y Moisés Vizcaino hacen balance.

Una lección de dignidad

Vicent Maurí

Original en català ací

«La huelga indefinida del profesorado valenciano ha dejado una huella profunda. Más allá de su interrupción, nadie podrá borrar el que se ha construido durante estas semanas.»

La huelga indefinida del profesorado valenciano ya forma parte de la historia de las grandes movilizaciones sociales de nuestro país. Veintitrés días ininterrumpidos de lucha, de asambleas, de manifestaciones, de concentraciones y de debates colectivos han dejado una impronta que va mucho más allá del resultado de una consulta o de la evolución de una negociación. Han representado una auténtica lección de dignidad, compromiso y unidad.

Hay que empezar dando las gracias. Gracias al profesorado valenciano, que ha sostenido con valentía una huelga indefinida en circunstancias difíciles, asumiendo costes personales y económicos para defender un bien común. Gracias a sus asambleas, espacios de democracia real donde cada voz ha contado y donde se han tomado las decisiones más importantes. Gracias a los sindicatos que han sabido construir una plataforma unitaria y poner los intereses de la educación pública por encima de cualquier otra consideración.

Pero también hay que dar las gracias a la comunidad educativa y a la sociedad valenciana. Las familias, los movimientos sociales, las entidades cívicas, las asociaciones de barrio y tantas personas anónimas han hecho suya esta lucha. La respuesta social ha sido inmensa. Del sur al norte del País Valencià; del interior a la costa; en las grandes ciudades y en los pueblos pequeños; en los barrios obreros y en las zonas rurales. En todo el territorio se han multiplicado las muestras de apoyo y solidaridad. También han llegado mensajes de apoyo desde otros territorios del Estado y desde el ámbito internacional, conscientes que la defensa de la educación pública es una causa que transciende fronteras.

La acampada educativa se ha convertido en uno de los símbolos más potentes de este conflicto. Un espacio de resistencia, de debate y de construcción colectiva que recuerda otras grandes experiencias de defensa de los servicios públicos. Resulta inevitable pensar en la mítica Carpa Blanca argentina, aquella escuela itinerante que se convirtió en un referente internacional de la lucha por la educación pública en los noventa del siglo pasado. Hoy, salvando todas las distancias, el profesorado valenciano ha demostrado que la perseverancia y la convicción continúan siendo herramientas imprescindibles para transformar la realidad.

Esta huelga no ha sido una reivindicación corporativa. El profesorado ha levantado la voz para denunciar una situación insostenible que afecta directamente la calidad del servicio público educativo. La recuperación del poder adquisitivo perdido es una reivindicación legítima, pero las reivindicaciones van mucho más allá: reducción de ratios, incremento de plantillas, disminución de la carga burocrática, mejora de las infraestructuras educativas y defensa efectiva de la lengua. En definitiva, la defensa de una educación pública digna, equitativa y de calidad.

Los datos de la consulta realizada al profesorado refuerzan todavía más la legitimidad de este movimiento. Han participado 30.238 docentes, una cifra extraordinaria que evidencia el grado de implicación y conciencia colectiva del profesorado valenciano. El resultado ha sido claro y contundente: 26.217 docentes, el 87% de las personas participantes, han rechazado la propuesta de acuerdo global presentada el 9 de junio, considerándola insuficiente para dar respuesta a las reivindicaciones planteadas desde el inicio del conflicto.

Entre las personas que han votado en contra del acuerdo, se ha abierto un nuevo procedimiento de decisión para determinar los pasos siguientes. También aquí el profesorado ha dado un ejemplo de responsabilidad democrática. De las 26.217 personas consultadas, 17.633 (67%) han optado para interrumpir o desconvocar la huelga, mientras que 8.584 (33%) se han mostrado partidarias de mantenerla. Es importante entender el significado de este resultado: no expresa una renuncia a las reivindicaciones, sino la voluntad mayoritaria de explorar otras vías de acción y de negociación después de haber protagonizado una de las movilizaciones educativas más importantes de las últimas décadas.

El profesorado valenciano ha demostrado que es posible conjugar firmeza en las reivindicaciones con responsabilidad colectiva. Un docente, un voto. Asambleas abiertas, debate permanente y decisiones adoptadas democráticamente. Esta es, también, una de las grandes victorias de este proceso.

Por eso, el profesorado se ha convertido en un ejemplo para el conjunto de la clase trabajadora y para el país. En un momento en que a menudo se pretende imponer la resignación y el individualismo, miles de docentes han demostrado que la movilización sostenida, la participación democrática y la unidad continúan siendo instrumentos útiles para defender derechos y conquistar mejoras.

También es necesario señalar las responsabilidades políticas. La Consellería de Educación, encabezada por la consellera Ortí, y el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, han desaprovechado la oportunidad de resolver el conflicto desde el primer momento mediante una negociación real. Demasiado a menudo han optado por la dilación, la descalificación o la presentación de propuestas insuficientes, en lugar de escuchar las legítimas demandas de un colectivo que sostiene uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad.

Todavía están a tiempo de rectificar. Tienen en sus manos la posibilidad de poner fin al conflicto con una negociación sincera que den respuesta a las reivindicaciones del profesorado. Se trata de asumir una responsabilidad institucional ineludible: garantizar unas condiciones laborales dignas para quienes educan y aseguran una educación pública de calidad para todo el alumnado.

La huelga indefinida del profesorado valenciano ha dejado una huella profunda. Más allá de su interrupción, nadie podrá borrar lo que se ha construido durante estas semanas: una red de solidaridad y de apoyo mutuo que ha recorrido el país, una comunidad educativa movilizada y una sociedad valenciana que ha apoyado a sus docentes.

El profesorado ha hablado con claridad en las aulas, en las calles y en las consultas. El mensaje ha estado inequívoco: sus reivindicaciones son justas y necesarias. Ahora corresponde a la Consellería de Educación y al presidente Pérez Llorca escuchar este clamor y abrir, de una vez por todas, una negociación real que doy respuesta a unas demandas que constituyen una exigencia colectiva para garantizar una educación pública valenciana, digna, inclusiva y de calidad.

Porque la educación no se negocia a la baja. La dignidad del profesorado y el derecho del alumnado a una educación pública de calidad no pueden quedar subordinados a excusas presupuestarias ni a intereses ideológicos y partidistas.

La huelga indefinida del profesorado valenciano es, sobre todo, una lección de dignidad y de compromiso. Y las lecciones más importantes son aquellas que dejan huella y abren caminos. Este país necesita más ejemplos como este: personas dispuestas a organizarse, a perseverar y a luchar por el bien común. El profesorado valenciano lo ha hecho. Y merece el reconocimiento, el respeto y el apoyo de toda la sociedad.

Fuente: Diari La Veu del País Valencià

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Lecciones de una huelga valenciana indefinida histórica

Moisès Vizcaino

La suspensión de la huelga indefinida de los docentes puede ser tan solo el adelanto de un nuevo curso todavía más conflictivo al que podrían sumarse más sectores sociales

Original en català ací

Después de un mes de huelga indefinida, ayer 10 de junio, los docentes aprobaban en una consulta suspender la huelga a partir del día 12 al mismo tiempo que rechazaban la última propuesta de acuerdo de la Consellería de Educación en manos del PP con apoyo de Vox. Este resultado deja en empate la partida.

La impresionante movilización de la enseñanza pública, con una huelga valenciana indefinida histórica, tanto por seguimiento como por duración y un apoyo del conjunto de la comunidad educativa y de buena parte de la sociedad sin precedentes, en defensa de una educación pública de calidad y en valenciano, no ha conseguido doblar el enrocamiento de un Consell que se había puesto como objetivo derrotar y humillar los docentes.

Sus tácticas dilatorias de la negociación y el enrocamiento de sus posiciones, encabezadas por la consellera Ortí responsable política directa de la mano del president Llorca, han acabado funcionando y se ha desconvocado la huelga de los docentes sin conseguir sus objetivos. Dentro del PP puede haber la tentación de ver la situación como una victoria, con la complicidad y el acuerdo parcial pactado por los sindicatos ANPE y CSIF. “Hemos chafado a los sindicatos como hizo Margaret Thatcher con los mineros y hemos abierto el camino en una nueva era de hegemonía conservadora”, deben de pensar.

Este, sin embargo, es un análisis muy peligroso y que les puede salir muy caro. La negativa de los docentes a aceptar las migas que les ofrecía la Conselleria es un detalle importante que demuestra que los docentes no han sido vencidos. Lo más probable es que el próximo curso vuelvan de nuevo las protestas. Podemos entender que difícilmente tendrán la forma de una nueva huelga indefinida, pero el malestar generado por la situación de la mayoría de los centros que afecta directamente a los alumnos y familias y a todo el personal público docente y no docente, sumado al que ha provocado la actitud prepotente y autoritaria del Consell y todas las reivindicaciones exigidas, no se diluirán por arte de magia. Ni tampoco las asambleas de los docentes, motor fundamental de la movilización, de la Coordinadora d’Assemblees Docents del País Valencià y de Docents en Vaga.

Además, este malestar no es exclusivo de la educación. La situación en sanidad es similar, así como en otros servicios públicos y, si nos alejamos del sector público, la sensación de que la cuestión de la vivienda es “insostenible” cada vez es más masiva y transversal.

De hecho, a pesar de algunos esfuerzos de hacer confluir este conjunto de reivindicaciones con la huelga de la educación, resulta obvio que ha faltado un último esfuerzo en esta dirección y los sindicatos no han tenido la capacidad de convertir la huelga docente en un paro generalizado, como mínimo, al sector público valenciano, y, lógicamente, comprendemos esta situación. Con este panorama, lo más probable es que el próximo curso -año electoral- venga caliente. Si sindicatos y movimientos sociales son capaces de hacer confluir las diferentes luchas en un gran movimiento popular, al PP se le puede hacer muy larga la legislatura.

Porque el desastre de la Dana nos ha dejado ya una serie de lecciones de gran valor y una forma colectiva de movilizarse, como han hecho desde las principales asociaciones de las víctimas  Associació Víctimes de la DANA 29 Octubre 2024Associació Víctimes Mortals DANA 29-O y Associació de damnificats per la dana de l’Horta Sud, y desde el Acord Social Valencià. La primera es que la capacidad de mentir, hacerse el sordo y mantenerse impertérrito ante la protesta ciudadana de este Consell es inmensa. Pero, también, que si el pueblo valenciano tiene la resiliencia y dignidad suficientes como para hacer caer a Carlos Mazón, también la tiene para hacer caer a la consellera de Educación y el Consell del PP-Vox entero.

Fuente: Diari La Veu del País Valencià

+ Info:

Sebastià Carratalà. El professorat vota suspendre temporalment la vaga a partir de divendres

Roser Roig. L’STEPV exigeix avançar i assegura que continuarà la mobilització

Joan Canela. Alcen l’acampada docent de la plaça de la Mare de Déu

Joan Canela. Un informe indica la viabilitat econòmica de les millores en l’educació

David Garrido. Educació pública, de qualitat i —no ho oblidem— “en valencià”

Vicent Flor. El PP, noquejat per la mobilització

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Otro fútbol y otro mundo son posibles… e imprescindibles

Haciendo un breve recuento, el primer campeonato tuvo lugar en Uruguay en 1930, en medio de la Gran Depresión ocasionada por la burbuja financiera en los Estados Unidos. Cuatro años después, la Copa se jugó en la Italia de Benito Mussolini. El fascismo descubrió que once jugadores podían serle de gran utilidad, sobre todo con el triunfo que obtuvo la escuadra nacional.

En 1938, Francia hospedó el torneo con la sombra de la guerra que se desataría poco tiempo después. Doce años después, la Copa saldría de su escondite en una caja de zapatos, debajo de la cama del Vicepresidente de la FIFA para viajar al Brasil, quien perdió la final con el equipo uruguayo en un memorable partido definitorio en el Maracaná.

Suiza, que se había mantenido neutral durante la Guerra, debía simbolizar el regreso de la paz en el Mundial de 1954. Sin embargo, el mundo había entrado en una nueva guerra entre el bloque socialista y el bloque capitalista capitaneado por los Estados Unidos. Alemania, que regresaba al torneo después de haber estado prohibida su participación, venció a los favoritos húngaros en la final.

La Unión Soviética consiguió participar por primera vez en la sexta edición que se jugó en Suecia en 1958. La lucha por la liberación del colonialismo entraba a las canchas. Por vez primera tuvieron un cupo para participar seleccionados de Asia y África.

En 1962, dos años después del terrible terremoto de Valdivia, la Copa se jugó en Chile. Uno de los cuatro estadios utilizados era propiedad de la minera estadounidense Braden Copper Company – nacionalizada nueve años después por el gobierno de Salvador Allende. Brasil se llevó el trofeo de la mano de Garrincha y Pelé, pero la alegría desatada no duró mucho. El país, presidido por el progresista João Goulart, se vería ensombrecido por el golpe militar de 1964, dictadura que recién vería su fin veintiún años después.

En el 66´ la corona volvería a Europa y la ganó el local Inglaterra, mientras que en México 1970, en plena ebullición de la ola de rebeldía juvenil y a dos años de la masacre de estudiantes en Tlatelolco, Brasil consagraría su tercer triunfo. Los alemanes ganarían su segundo trofeo también como locales en 1974 superando, una vez más, al favorito equipo magiar. Pocos meses antes había ocurrido el embargo petrolífero de los países árabes, como represalia al apoyo que prestaron varios países occidentales a Israel en la guerra de Yom Kippur.

Mientras tanto, sangrientas dictaduras se ensañaban con los impulsos revolucionarios en América Latina. El mundial de 1978 intentaría tapar en Argentina la terrible violación a los Derechos Humanos de los sucesivos gobiernos militares que dejaría treinta mil víctimas.

Los mundiales jamás han estado separados de la política, del dinero o del poder.

España, poco después del fin de la dictadura franquista, organizó la Copa en 1982, en la que por primera vez participaron equipos de todos los continentes, un preludio de la globalización en ciernes.

En México 86, la “mano de Dios” y los pies de Maradona llevaron a Argentina a lograr su segundo galardón, derrotando en fase de cuartos de final a la escuadra inglesa, con las heridas aun frescas de la guerra en las colonizadas Islas Malvinas. Los sudamericanos no pudieron revalidar su título en el siguiente Mundial en Italia (1990), cayendo ante el conjunto alemán, cuyo pueblo celebraba la reciente reunificación nacional.

Regida por la preeminencia del neoliberalismo, en 1994 el Mundial de fútbol se disputó en los Estados Unidos, un país sin tradición en este deporte. En 1998, el evento tendría lugar en Francia con el triunfo de la escuadra gala en el Estadio de Saint-Denis, un suburbio de París con una gran población inmigrante. Tiempo después, la ultraderechista Marine Le Pen calificaría a este barrio de la periferia capitalina como un área «fuera de control», una «zona sin ley» en manos de «escoria».

En el evento inaugural del siglo XXI, la Copa se disputó en Corea del Sur y Japón, siendo atravesada esta edición por la rampante corrupción de altos directivos de la FIFA. El lema del torneo siguiente, disputado en Alemania en 2006, (“El mundo entre amigos») no pudo plasmarse en el juego, rompiéndose el récord del mayor número de tarjetas amarillas y rojas. Fuera de la cancha, millones de personas sensibles habían llenado las calles en contra de la invasión estadounidense a Irak. Esta furiosa avanzada por recursos petrolíferos y control geopolítico había intentado legitimarse como “guerra contra el terrorismo islámico”, estigmatizando a las poblaciones musulmanas, sin distinción alguna, como fanáticos peligrosos.

El enorme Nelson Mandela celebrararía la elección de Sudáfrica como sede del primer Mundial en suelo africano en 2010 a pesar de la enorme erogación financiera que suponía la construcción de nuevos estadios, mientras el país seguía cargando las enormes desigualdades heredadas del apartheid. También en Brasil, cuatro años después, el alto coste de las millonarias obras motivaron extendidas protestas por parte de la población brasileña, antes y durante el torneo. El clamor popular, más allá de la habitual euforia futbolera que caracteriza al país insistió – con toda la razón –  en que hubiera sido mucho más importante que el dinero de los estadios se hubiera invertido en hospitales y escuelas.

La vigésima edición fue en Rusia 2018, cuya elección como sede fue cuestionada por presuntas denuncias de corrupción. El entonces primer ministro Vladimir Putin dijo que consideraba las investigaciones como un intento de los Estados Unidos de expulsar a Joseph Blatter del cargo de presidente de la FIFA como castigo por su apoyo a Rusia como anfitrión del certamen. La elección del Reino de Qatar para el certamen 2022 tuvo idénticas sospechas, sumadas a los cuestionamientos por la violación de derechos humanos. En esa edición, en un final no apto para dolencias cardíacas, Argentina obtuvo su tercer trofeo.

La inminente Copa Mundial de Fútbol 2026, organizado por México, Estados Unidos y Canadá, no logrará ocultar el intento de limpieza étnica de la población palestina, los bombardeos israelíes y estadounidenses contra Irán, el secuestro del presidente venezolano, las redadas antiinmigrantes y las agresivas medidas y la descarada injerencia del gobierno reaccionario de Donald Trump. Será un Mundial con una guerra abierta entre Rusia y Ucrania, conflictos armados en Sudán y República Democrática del Congo, catástrofes climáticas y la continuidad del expolio de los recursos naturales para beneficiar a unos pocos conglomerados financieros. Ningún gol podrá aliviar las violaciones a los derechos humanos, la violencia contra las mujeres, los intentos de recolonización, la discriminación racista o el incremento de las afecciones de salud mental.

Asistiremos a una sofisticada ingeniería tecnológica, que fuera de la competencia deportiva ya está siendo usada para vigilar a las poblaciones y asesinar selectivamente. Los juegos tendrán lugar en un escenario geopolítico que, más allá de sus resultados deportivos estará signado por un nuevo (des)equilibrio internacional que ya no estará asentado sobre la hegemonía del eje occidental.

Sucede que el fútbol y el deporte en general, absorbido por intereses mezquinos, convierte la alegría en mercancía y el juego en negocio. Los mundiales y megaproyectos deportivos no favorecen a las comunidades, ponen las ganancias por encima de la vida y venden la ilusión efímera de que la felicidad puede vestirse con la casaca de un equipo nacional.

Frente al futbol espectáculo, frente al fútbol que oculta la desigualdad y la discriminación, es preciso reivindicar el futbol de los barrios, de las comunidades y de los pueblos. El fútbol que siempre nace y se nutre del corazón de los desheredados, de los excluidos y despojados.

Otro fútbol es posible e imprescindible, el que sirve al encuentro y a la paz, no a la división, a la manipulación o al enfrentamiento. Ese fútbol que hoy crece desde la convicción de todas y todos aquellos que queremos un mundo justo, con igualdad de derechos y oportunidades de desarrollo para todo ser humano sobre la Tierra, por el solo hecho de haber nacido. Un mundo humanista.

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Trump acelera el desmantelamiento del Departamento de Educación quitándole funciones clave

Por ANNIE MA

La administración del presidente Donald Trump aceleró el martes el desmantelamiento del Departamento de Educación de Estados Unidos, al delegar gran parte de su trabajo destinado a proteger a los estudiantes en riesgo del país, en una medida que recorta la gran mayoría de sus funciones para que otras agencias se encarguen de ellas.

El Departamento de Justicia se encargará de la aplicación de los derechos civiles en la educación, mientras que el Departamento de Salud y Servicios Humanos supervisará la educación especial, anunciaron funcionarios gubernamentales.

Las dos agencias afectadas —la Oficina de Servicios de Educación Especial y Rehabilitación y la Oficina de Derechos Civiles— defienden los derechos de los niños con discapacidades y de quienes sufren discriminación por raza, sexo o religión. Los defensores temen que el cambio pueda significar fallas en la comunicación para familias y funcionarios escolares que necesitan ayuda.

El mandatario republicano hizo campaña con la promesa de cerrar el Departamento de Educación, diciendo que “devolvería la educación a los estados, donde corresponda”. Aunque solo el Congreso puede cerrar el departamento, la secretaría de Educación, Linda McMahon, multimillonaria y exdirectora ejecutiva de World Wrestling Entertainment, ha suscrito acuerdos con otras agencias federales para que se encarguen de gran parte del trabajo de su departamento.

McMahon señaló que los acuerdos asignan las responsabilidades federales a las agencias mejor posicionadas para apoyarlas.

“El gobierno de Trump ha sido claro: al tiempo que reducimos la microgestión federal cuando obstaculizamos el éxito, estamos igualmente comprometidos a reforzar la eficacia de la supervisión federal donde sea esencial”, dijo McMahon en un comunicado por escrito.

Los críticos advierten sobre el impacto en los servicios estudiantiles.

Los defensores dijeron que los cambios provocarían incertidumbre en torno a los servicios de los que dependen millones de estudiantes y familias.

“Como ocurre con demasiada frecuencia, los estudiantes tradicionalmente desatendidos, incluidos los estudiantes con discapacidades, los estudiantes negros y latinos, los estudiantes multilingües, los estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes en comunidades rurales, soportarán la mayor parte de la carga creada por esta imprudente decisión, a la que las comunidades de las discapacidades y los derechos civiles ya se han opuesto vehementemente”, señaló en un comunicado por escrito EdTrust, un grupo de análisis con sede en Washington, DC, que aboga por la equidad educativo.

El Departamento de Educación ya ha transferido algunos de sus programas mediante 10 acuerdos internos anteriores, pero las agencias afectadas por el anuncio del martes estaban entre las más observadas.

La Oficina de Servicios de Educación Especial y Rehabilitación administra millas de millones de dólares en subvenciones y supervisa el cumplimiento de los estados con la Ley de Educación para Personas con Discapacidades. La Oficina de Derechos Civiles, que ha sido reducida por despidos masivos, investiga denuncias de discriminación en las escuelas y universidades del país.

El Departamento de Justicia también asumirá el trabajo de proteger la privacidad de los estudiantes y brindará a las escuelas cierta capacitación y asesoramiento.

Aunque el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Justicia asumirán la mayoría de las tareas cotidianas de las oficinas asignadas, el Departamento de Educación seguirá realizando algunas labores, como responder a auditorías y emitir determinaciones finales en casos de derechos civiles, que por ley está explícitamente obligado a hacer.

El representante demócrata por Virginia, Bobby Scott, miembro de mayor rango del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes, dijo que el anuncio del martes fue una medida política destinada a cumplir la promesa de campaña del presidente. Los cambios, dijo, probablemente ampliarán las desigualdades para los estudiantes de color y los estudiantes con discapacidades.

Los acuerdos dispersan programas educativos a agencias que no tienen la experiencia para administrarlos, dijo la senadora demócrata por Washington Patty Murray.

“En lugar de ayudar a los niños a una gran educación, esta administración gasta su tiempo, energía y recursos de los contribuyentes obsesionados con dónde se sientan los empleados e intentando ilegalmente cerrar el Departamento de Educación”, dijo la senadora en un comunicado por escrito.

Rachel Gittleman, presidenta del sindicato que representa a los empleados del departamento, dijo que las medidas generarán caos para familias, estudiantes y escuelas.

“Esto dejará a nuestros estudiantes y familias más vulnerables, que han sido excluidos de nuestro sistema educativo, sin los servicios que necesitan y sin protección cuando se enfrentan a la discriminación”, afirmó Gittleman en un comunicado por escrito.

Las familias de estudiantes con discapacidades se oponen a la decisión

El traslado de la educación especial al Departamento de Salud y Servicios Humanos alarmó especialmente a los defensores de las personas con discapacidades, quienes dicen que la supervisión de si las escuelas atienden adecuadamente a los niños con discapacidades la manejan mejor los expertos en educación, no los expertos médicos.

«La IDEA está destinada a equipar a los estudiantes mientras aprenden junto a sus compañeros, no a curarlos —el Departamento de Salud y Servicios Humanos no está preparado para supervisar y administrar el programa IDEA de manera efectiva. Los sistemas de salud y educación hablan en idiomas completamente diferentes, e incluyen variaciones en terminología, capacitación y disciplinas», dijo Jennifer Coco, directora ejecutiva interina del Center for Learner Equity.

El Departamento de Educación señaló que McMahon pasó más de seis meses en sesiones de escucha con familias, defensores y educadores para comprender mejor las preocupaciones sobre cómo el desmantelamiento del departamento podría afectar la educación especial. Muchas familias expresaron preocupaciones sobre obstáculos para los servicios adecuados para sus hijos, pero Coco dijo que los participantes en esas sesiones estaban unidos en su oposición a trasladar la supervisión de la educación especial fuera del Departamento de Educación.

“Creo que estamos de acuerdo en el problema”, dijo Coco. “Tenemos un marcado desacuerdo sobre la solución y estas transferencias de hoy no parecen una solución a ese problema”.

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La cobertura educativa de The Associated Press recibe el apoyo de varias fundaciones privadas. La AP es la única responsable del contenido. Encuentra los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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Italia prohíbe la educación sexual en las escuelas

La normativa impone un veto directo en primaria y exige el consentimiento explícito de los padres para secundaria, dejando desprotegidos a los menores procedentes de los entornos más vulnerables.

En Roma, el Senado italiano aprobó el pasado 5 de junio el texto definitivo de la reforma educativa impulsada por el ministro de Educación y Mérito, Giuseppe Valditara, con un resultado de 78 votos a favor y 38 en contra. Esta nueva legislación, que ya había superado previamente su trámite en la Cámara de Diputados tras tensos debates parlamentarios el pasado mes de noviembre, regula de forma estricta la implementación de las horas destinadas a impartir contenidos de educación sexual en los centros educativos de todo el país, relegando el estudio de la sexualidad exclusivamente al ámbito de la biología.

Imagen de archivo de Giuseppe Valditara. Foto: zazoom.it
Imagen de archivo de Giuseppe Valditara. Foto: zazoom.it

Según informa il manifesto, la normativa establece una prohibición total de estos programas en la educación primaria. A partir de la educación secundaria, equivalente a los 12 años de edad en adelante, la realización de estos talleres estará condicionada al consentimiento previo y expreso de los progenitores. Las familias dispondrán, además, del derecho a revisar detalladamente los materiales didácticos que se vayan a utilizar y a “evaluar la idoneidad de los profesionales externos implicados en las actividades”. Esta postura coincide con las declaraciones de la primera ministra italiana, la fascista Giorgia Meloni, quien ha defendido públicamente que “la formación de los niños en materias tan delicadas debe corresponder en exclusiva al ámbito familiar”.

Por su parte, el ministro Giuseppe Valditara calificó la aprobación de la ley como “un paso histórico para el sistema educativo”, argumentando que la medida tiene como propósito fundamental “proteger a los estudiantes de la propaganda de género y evitar el adoctrinamiento ideológico en las aulas”. Esta perspectiva ha sido respaldada firmemente por las fuerzas ultraderechistas de la mayoría gubernamental, integradas por los partidos de la Lega y Fratelli d’Italia, así como por asociaciones familiares de corte ultraconservador. El Movimiento de Padres Italianos (Moige) y el colectivo Pro Vita & Famiglia, representado por su portavoz Jacopo Coghe, manifestaron su satisfacción ante el resultado de la votación en el Senado, atribuyéndose el éxito de una ley que consideran “un freno necesario”.

Estigmatización y censura

Sin embargo, la aprobación de la ley ha desatado una profunda preocupación y el rechazo inmediato de múltiples organizaciones y entidades dedicadas a la prevención de la violencia de género. La federación Arcigay criticó duramente la decisión del Ejecutivo, calificándola como “un grave retroceso autoritario que no logrará hacer desaparecer las dudas e inquietudes de los jóvenes”. Del mismo modo, la organización Una, Nessuna e Centomila subrayó la contradicción que supone obstaculizar la información afectivo-sexual en las aulas en un contexto marcado por el incremento de las infecciones de transmisión sexual y las agresiones sexuales entre la población adolescente.

Desde el ámbito técnico y pedagógico, entidades como la asociación Educare alle Differenze denunciaron en declaraciones recogidas por medios de comunicación como El Salto que la nueva ley “estigmatiza la educación afectiva y generará un clima de censura y persecución sobre el profesorado”. Además, la red institucional Ready y diversos expertos en salud pública recordaron que el texto aprobado colisiona frontalmente con las recomendaciones internacionales fijadas por la OMS, la Unesco y los principios de la Convención de Estambul. Advierten también de que la falta de herramientas educativas en los entornos escolares formales dejará desprotegidos a los menores procedentes de entornos vulnerables y trasladará el aprendizaje sobre la sexualidad al ámbito descontrolado de la pornografía en internet.

https://diariosocialista.net/2026/06/17/italia-prohibe-la-educacion-sexual-en-las-escuelas/

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