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Por: Enrique Calderón Alzati

Escasamente, una semana después de que el presidente Peña Nieto indicaba públicamente su desconcierto ante la pérdida de las elecciones en siete de los 12 estados donde se celebraron elecciones, expresando la necesidad de analizar las causas del claro rechazo hacia su gobierno, se vio obligado a extender sus condolencias protocolarias por las muertes de las víctimas, cuyo único responsable es él mismo, condolencias que, al igual que su preocupación por la derrota electoral, muestran su incapacidad de entender al país que ha pretendido gobernar por tres años, sin más logros que el rechazo del pueblo por su autoritarismo y violencia, conocidos desde que mandaba golpear a los campesinos de Atenco, escudado como ahora en el cumplimiento de la ley. ¿Cómo fue que pudo ganar los comicios en 2012? Pareciera que esto tampoco lo entiende, o quizá lo haya olvidado.

Seguramente su incapacidad se origina en su deficiencia escolar, propia de las escuelas exclusivas para niños bien, donde nunca pudo conocer las diferentes condiciones en que viven los niños de México, desconocimiento que se ha transformado en una conducta de desprecio hacia las personas que son diferentes a su contexto social, a las que suelen referirse como proles.

Este es uno de los más graves problemas que hoy enfrenta el pueblo de México, al tener un gobierno que lo desconoce, lo desprecia y no tiene ni siente compromiso alguno con él, el país y sus leyes; si a ello agregamos las deficiencias mostradas en su educación, ¿qué podemos esperar? Mucho me gustaría estar equivocado y creer que la sangre derramada por las víctimas de Nochixtlán dará lugar a un diálogo que pueda finalmente resolver las diferencias y abrir el camino para asegurar el futuro de la educación pública y la mejora del desempeño de los niños y jóvenes que representan el futuro de la nación, objetivo central de quienes han dedicado sus vidas a la educación y se enfrentan a la realidad que viven las escuelas y las familias mexicanas; sin embargo, no debiéramos descartar una nueva estrategia del gobierno, orientada a desgastar a los maestros.

Por ello, no podemos ni debemos hacer a un lado la convicción de que los cruentos hechos de Iguala, la desaparición forzada de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, los recortes permanentes a la educación pública, particularmente a la educación normal, son parte de una ofensiva autoritaria y torpe del actual gobierno, cuyo objeto es privatizar la educación y ponerla al servicio de los grandes capitales financieros. Nuestro país necesita de un gobierno fuerte, capaz de conducir a la nación a superar la crisis permanente de desempleo, pobreza, inseguridad e impunidad a que nos han llevado los gobiernos de los pasados 30 años; hoy es claro que el actual es un nuevo eslabón de esa misma cadena que nos ha conducido a la pérdida de soberanía, y que además ha perdido toda legitimidad si es que alguna vez la tuvo. ¿Cómo reparará el Presidente su imagen dañada por la estela de corrupción de su gobierno, a la que se agrega hoy la tragedia causada por su incapacidad de entender las consecuencias de su soberbia y la del inepto secretario por él nombrado?.

La actual parálisis de la Secretaría de Educación Pública, encargada de garantizar la formación de los niños y jóvenes de todo el país, de convocar a los maestros a prepararse y a preparar sus clases, a atender a sus estudiantes y de manera particular a los que presentan deficiencias, con objeto de mejorar el desempeño de cada estudiante, constituye una situación inédita en la historia moderna de México, a la cual se ha llegado ante el empecinamiento de obligar a los maestros a someterse a evaluaciones que son ajenas a sus tareas cotidianas y a sus condiciones de trabajo, logrando con ello la indignación de algunos, el enojo de muchos y el miedo de la mayoría, que se ha visto obligada a desatender sus tareas ante la amenaza real de ver terminada su carrera, al no poder contestar adecuadamente un cuestionario sobre temas ajenos a buena parte de su labor de maestros.

¿Cuál es la razón de todo esto? ¿En verdad las autoridades educativas pretenden que la enseñanza mejore imponiendo a los maestros esas evaluaciones? ¿Habrá algún funcionario del gobierno que se digne a explicarnos cómo y por qué mejorará la preparación de los estudiantes con las evaluaciones a los docentes sin recurrir a la magia china, a la que parecen ser adeptos? Por todo esto, el papel de los padres de familia, estudiantes, académicos, trabajadores y la sociedad civil toda está siendo y habrá de ser decisivo en esta lucha contra el mal gobierno, dando su apoyo a los maestros y a la CNTE para defender la educación pública como un derecho social establecido en la Constitución de 1917, no sólo en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, sino en el país entero. Aplaudimos la decisión de Andrés Manuel López Obrador de convocar a la marcha del próximo domingo, refrendando el apoyo nacional de su partido, ofrecido a los maestros, en repuesta al autoritarismo que parece ser la única herramienta que le va al grupo gobernante.

Durante el Congreso Nacional de Escuelas Normales que se realiza en la Benemérita Escuela Normal veracruzana en estos días, bajo el lema El futuro de la educación pública, se han planteado y discutido propuestas para mejorar la formación y actualización de los maestros, para incidir en el desempeño de los estudiantes, con el propósito de realizar las tareas que la Secretaría de Educación ha sido incapaz de incluir en su supuesta reforma, con lo que es el magisterio el que toma ahora el liderazgo mismo de la educación nacional.

Contribuyendo a esta lucha de los maestros, me permito informar aquí el lanzamiento de la nueva Consulta Nacional que convoca nuestro diario La Jornada sobre la problemática educativa que sacude al país, con objeto de dar a conocer la opinión y participación de la sociedad civil, en torno a esta lucha decisiva para el futuros de la educación pública, invitando a nuestros lectores a manifestar su opinión libre conectándose a la página consultas.jornada.com.mx

Fuente noticia: http://www.jornada.unam.mx/2016/06/25/opinion/017a2pol

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