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Hace un mes, el mundo quedó impactado por la matanza en Orlando, cuando decenas de hombres y mujeres fueron atacados debido a su orientación sexual. Fue un llamado de atención para una sociedad que solo 12 meses antes había celebrado con la bandera arcoíris de la comunidad LGBTI –lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero- en las redes sociales una decisión histórica de la Corte Suprema de Estados Unidos: la aprobación del matrimonio gay. Fue un terrible recordatorio de que la homofobia, la transfobia y la discriminación basada en la orientación sexual, identidad de género y características sexuales aún existen, e incluso no se castigan en muchos países.

Y Uruguay no es inmune a este flagelo.

Una legislación progresista  

La homosexualidad ha sido legal en Uruguay desde hace más de 80 años, pero ha sido en la última década que el país se ha transformado en líder de derechos LGTBI tanto dentro de América Latina como a nivel global.

Hoy en día, existen leyes que previenen la discriminación debido a la orientación sexual o identidad de género, que permiten el matrimonio de parejas del mismo sexo, incluso se les permite adoptar, como una forma de reparar antiguas discriminaciones. De hecho, más de la mitad de la población uruguaya está de acuerdo con el matrimonio gay.

Sin embargo, a pesar de estos avances legales y la aprobación social, la comunidad LGTBI en Uruguay y en el resto de América Latina aún enfrenta estigmas que les prohíben el acceso total a ciertos mercados, servicios y espacios. Esto significa que muy probablemente esta comunidad forme parte del 40% con menores ingresos y, por ende, sea vulnerable a caer en la pobreza. Este círculo de pobreza es pernicioso, ya que limita el acceso a la salud, a la educación y a una vivienda de calidad.

El impacto de tal exclusión se comprueba en los datos públicos. Según la Administración de Servicios de Salud Estatal (ASSE) de Uruguay, la expectativa de vida para las mujeres transgénero es solo de 45 años, unos 32 años menos que el promedio de la población en Uruguay.

Dos tercios de los transexuales en el país sufrirán hechos fuertes de violencia por lo menos una vez en su vida y las mujeres transgénero registran las tasas más altas de VIH de cualquier comunidad uruguaya (un36,5%). Esto se compara con el 9% de los hombres homosexuales y hombres que tienen sexo con hombres, y el 0,5% de adultos entre 15 y 49 años de edad.

Datos, datos,  datos

En términos de desarrollo, la inclusión total de personas LGBTI en la sociedad es clave. Tanto que el Banco Mundial cree que no sería capaz de lograr sus dos metas de eliminar la pobreza extrema y promover la prosperidad sin tal avance. Sin embargo, una de las barreras más grandes que enfrenta el Banco y, en general los Estados, es la falta de datos.

A nivel global, los beneficios de la inclusión son evidentes. En promedio, por cada derecho dado a la comunidad LGBTI se asocia un aumento de US$300 en el PIB per cápita. Y además, mayores niveles de inclusión también están vinculados con posiciones más altas en el Índice de Desarrollo Humano.

Uruguay tiene datos específicos para fortalecer la inclusión. Según la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, la comunidad LGTBI genera unos US$ 3 millones al PIB nacional al año, y tiene un poder adquisitivo combinado de alrededor de los US$ 7 millones. Además, debido a su legislación inclusiva y la promoción de derechos LGTBI, Uruguay atrae a unos 250.000 turistas LGTBI al año.

Tener tantos datos a nivel de país no es lo usual, sobre todo en América Latina. Es un área en la que Nicholas Menzies, especialista senior de gobernanza del Banco Mundial, cree que el Banco y la ONU pueden tener un impacto significativo.

“En realidad, no tenemos datos suficientes en los países que son nuestros clientes para cuantificar el costo de la exclusión y medir el progreso. Pero ésta es el área de experiencia del Banco. Junto con la ONU podemos ayudar en crear estándares para preguntas, cómo plantearlas y la forma de proteger y mantener la privacidad en el almacenamiento de los datos”, explica Menzies.

La legislación progresista de la última década ha transformado a Uruguay en uno de los países más avanzados en América Latina y el mundo en términos de  derechos LGTBI. El país celebró estos avances en una conferencia de Derechos Humanos para las personas LGBTI que se realizó en Montevideo la semana pasada.