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Entrevista a Bertha Zúñiga Cáceres: «Es posible tener modelos de desarrollo distintos al que nos ofrece el capitalismo»

Por: Sarah Babiker

La hija de Berta Cáceres e integrante del COPINH reflexiona sobre la lucha del pueblo Lenca, la necesidad de plantar cara a un extractivismo que solo deja miseria, y la urgencia de refundar profundamente una Honduras de nuevo bajo un Gobierno cómplice de Estados Unidos.

Hace diez años, el asesinato de Berta Cáceres generó una oleada de indignación en el mundo. La líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), y referente de la lucha del pueblo Lenca por defender la comunidad de Río Blanco y su río Gualcarque del Proyecto Hidrológico Agua Zarca, se convirtió en objetivo de la empresa DESA (Empresa Desarrollos Energéticos S.A), promotora principal de la represa, quien contaba para su proyecto con el apoyo del  Estado hondureño y la financiación de varios bancos europeos. Quien fuera entonces su directivo, David Castillo, fue condenado en 2021 como coautor intelectual del crimen.

Pero no fue hasta enero de 2026 cuando un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) —designado para investigar el caso, como fruto de un acuerdo entre el Estado de Honduras y La Comisión Interamericana de Derechos Humanos— determinó hasta qué punto el Gobierno hondureño, el ejército, o los bancos financiadores estuvieron implicados en la muerte de Berta.

En este contexto, Bertha Zúñiga Cáceres, junto a Camilo Bermúdez, visitaron varias ciudades españolas el pasado junio como representantes del COPINH, de la mano de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI). En uno de los encuentros en Madrid, acompañaron la proyección del documental Agua es vida, que recoge la lucha del pueblo Lenca a través de la figura de Berta Cáceres. El día posterior a esta cita, Bertha Zúñiga conversó con El Salto sobre el legado de su madre, los esfuerzos para que se haga justicia tras su asesinato, o la urgencia de defender otras formas de vida alternativas a un modelo capitalista y colonial enemigo de los territorios.

Han pasado diez años desde la siembra de tu madre, y, como comentabais ayer tras el documental, sigue presente en muchos lugares. Incluso el centro de igualdad de mi barrio se llama Berta Cáceres. ¿Cómo sientes este legado de tu madre, ver hasta dónde ha llegado la semilla?

Durante todo este proceso hemos recibido mucha solidaridad. Creo que es una práctica también de reparación hacia nosotras, sentir este reconocimiento tan fuerte de la memoria de mi mami en distintos lugares y territorios donde saben de su lucha y conocen también de la causa del pueblo Lenca.

A mí, personalmente, no es algo que me impresione tanto porque yo conocí, cuando ella estuvo en vida, el recorrido que ella tuvo. En el COPINH tuvo la responsabilidad de las relaciones internacionales, en ese momento fue a muchos territorios, acompañó muchas organizaciones, fue parte de varios procesos de articulación.

En el proceso de judicialización que ella sufrió por parte de la empresa DESA también se pronunció mucha gente a nivel internacional: por ejemplo, Norita Cortina, de las Madres de Plaza de Mayo, estuvo en una de las audiencias de los juicios que se hicieron en contra de ella. La exsenadora colombiana Piedad Córdoba también estuvo acompañándola. Entonces, ya se sabía que ella era una persona reconocida.

Lo que a mí sí me impresiona es ver a veces jóvenes o niñeces que hablan de ella y que conocen de su lucha. Ver que niños y niñas conocen estos hechos me parece algo bastante sorprendente.

En el documental Agua es Vida el río es central, pero un abogado de DESA plantea una falsa disyuntiva entre tener escuela o proteger el río. Algo así como elegir entre proteger la tierra o elegir el desarrollo.

Para nosotras es bien importante resaltar la visión de lucha de COPINH, que se expresa en sus documentos fundacionales, que es mejorar la calidad de vida de las comunidades. Ahí hay, por una parte, un debate más internacional que dar, en el sentido de que no siempre los proyectos de inversión en energía van a implicar el desarrollo de las comunidades sino que la inversión en energía puede seguir perpetuando la desigualdad, la esclavitud, la discriminación, pues son únicamente energías para el desarrollo del capitalismo, para el consumismo, no para los derechos de las comunidades.

Nosotros, como parte de los movimientos de lucha contra las represas, o de las personas afectadas por las represas, siempre decimos: energía para qué, energía para quiénes, qué es lo que verdaderamente está haciendo ese modelo de transición energética y cómo construir una transición energética que sea justa. Y obviamente defendemos los derechos de los pueblos indígenas. Los bancos niegan estos derechos fundamentales, como el de la consulta previa informada. Son entidades que reproducen el colonialismo, que reproducen la discriminación.

Nosotros, siendo periferia del capitalismo, lo que recibimos es la basura de este sistema de desarrollo

Cuando se habla de que el río Gualcarque es un río sagrado, la gente se burlaba, decía “qué tonta la gente”, o en los chats de los asesinos de mi mami, que se recogieron durante las investigaciones, también se habla desde esa visión racista y de desconocer la sabiduría ancestral. Eso por un lado.

Y por el otro lado, es bien importante para las comunidades, los pueblos originarios, reforzar la construcción de un modelo de vida alternativo en el que se entienda que los pueblos sí somos capaces de construirnos nuestros propios modelos de desarrollo y que sí es posible tener modelos de desarrollo distintos al que nos ofrece el capitalismo. Nosotros, siendo periferia del capitalismo, lo que recibimos es la basura de este sistema de desarrollo.

Para nosotros es esencial trabajar en las comunidades manteniendo viva la conciencia, como pueblo Lenca, de nuestra espiritualidad y también saciar nuestras necesidades fundamentales, a través de proyectos alternativos, de proyectos comunitarios. También profundizar en una forma de pensar lo internacional que no implique el saqueo de las comunidades.

En vuestro discurso y práctica está muy presente también el tema de la espiritualidad.

Para nosotras es bien importante la espiritualidad porque es el reflejo vivo también de nuestra identidad. Algo que hemos aprendido en la lucha de COPINH es que mientras tengamos nuestra identidad vamos a seguir salvaguardando nuestro territorio, pero en el momento en que perdemos nuestra identidad, pues ya vamos a perder nuestra lucha porque no vamos a tener esa visión de la vida comunitaria, del cuidado a la naturaleza, de construir ese modelo de vida alternativo y no seguir la línea que el capitalismo nos mete en la cabeza.

Creo que todas las organizaciones que hacemos lucha comunitaria, muchas veces enfrentamos lo que decimos nosotros, monstruos tan grandes y tan poderosos que tienen todo el capital, que tienen las armas, que tienen control sobre el sistema de justicia, que tienen control sobre los políticos, entonces para nosotras nuestra fuerza también es nuestra espiritualidad.

Hablabas también de identidad. La cuestión de la identidad, aquí en Europa, ha sido muchas veces secuestrada por las derechas, que hablan de una identidad bajo amenaza, una identidad que se define en oposición a los otros. ¿Cuál es vuestra idea de identidad? ¿se trataría de una idea contrahegemónica?

Para nosotros, la construcción de nuestra identidad está muy vinculada a nuestra propia historia como un pueblo que ha vivido la negación de su existencia, que ha visto cómo lo han querido hacer desaparecer como pueblo, que no exista como pueblo Lenca, incluso la negación por parte del Estado. Algo fundamental para el COPINH, de la lucha del pueblo indígena, es mostrar que existíamos como un pueblo vivo, que no solo aparecemos en los libros de historia.

En el pueblo Lenca tenemos una particularidad, y es que somos un pueblo diverso. Eso significa que para nosotras el valor de nuestra lucha, de la articulación popular, cultural, de trabajo, también parte de la diversidad, de la importancia de la diversidad de expresiones de lucha, de miradas sobre cómo hacerlo, de nuestra capacidad de poder tejer un proceso de resistencia que esté basado en la diversidad, que la tenga como principio.

Nosotros hemos compartido con los distintos pueblos, hemos aprendido de sus luchas, por ejemplo con el litigio estratégico, hemos aprendido de la sabiduría ancestral que tienen otros pueblos cuya cosmovisión es diferente, pero que al final es una cosmovisión de resistencia y como usted dice, contrahegemónica.

Nosotras creemos en nuestro deber, también, de dignificar nuestra lucha, nuestra existencia. La lucha de Río Blanco también representa eso, enfrentarse a bancos holandeses, que ellos en sus comunicaciones igual dijeron que ahí no había por qué hacer consulta previa porque no habían comunidades. Nosotros decíamos: quién es un banco holandés para decir dónde hay comunidades o dónde no. Esta es una autorreivindicación que hacemos de nuestra existencia.

Se ha hablado mucho del golpe de 2009 en Honduras como un laboratorio para todo un proceso antidemocrático que se fue extendiendo por América Latina. Ahora sois el país donde se ha constituido Próspera, otro experimento colonial. ¿Cómo valoras estos procesos de extractivismo de recursos, pero también de democracia?

Para nosotros, el golpe de Estado de 2009 —que fue el primer golpe de Estado del nuevo siglo en América Latina, replicado en otros lugares del continente y disfrazado de proceso democrático—  expresa la actividad y la estrategia de los grupos empresariales de poder, donde cada vez es más evidente el poder corporativo. Nosotras siempre decimos: la intención del golpe de Estado no era sacar un presidente, la intención del golpe de Estado era recrudecer, profundizar la privatización de los bienes comunes de la naturaleza y concentrar en que las familias más ricas de Honduras, que controlan la mayoría de negocios, el control del sector de la energía renovable, que es un mercado en crecimiento a nivel internacional y que tiene financiamiento y apoyo por parte de entidades financieras internacionales.

Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, como Prospera, suponen solo la profundización de un proyecto corporativo de privatización en el que los derechos de los pueblos indígenas, de las comunidades rurales campesinas, son un estorbo para poder implantar y desarrollar el proyecto capitalista que requiere también una expansión territorial, control territorial. Y cuando hablamos de territorio pues siempre nos referimos a toda la riqueza que existe en un territorio, como las aguas, las montañas y los suelos. Hasta el oxígeno, ¿verdad? que ahora también se comercializa. Las ZEDE suponen que existan ya también gobiernos empresariales sin regulación, sin reglamentación, donde nosotras al final solo somos, como decía antes, la periferia del capitalismo, a veces la mano de obra, a veces solo las víctimas. Es un choque de visiones del mundo. Creo que es lo que expresa el asesinato de mi mami: poner en el centro la ganancia por encima de cualquier cosa.

La intención del golpe de Estado no era sacar un presidente, la intención del golpe de Estado era recrudecer, profundizar la privatización de los bienes comunes de la naturaleza

¿Cuál es el rol de los distintos actores en este juego extractivista, ¿desde los Estados Unidos a los bancos de desarrollo pasando por DESA, y llegando hasta Israel?

Este modelo de vida del que hablábamos requiere cada vez de gobiernos más autoritarios, donde no exista una democracia real en la que las comunidades decidamos sobre nuestro futuro, donde haya más imposición, más violencia, más presencia militar, más armas, que esa es la lógica de la guerra. Que el negocio de la guerra siga creciendo en armas, en fuerzas militares, hasta en videojuegos, que son consumidos también para ir metiendo en nuestro cerebro la concepción de la guerra.

Por otro lado, respecto a los bancos como los que participaron en el asesinato de mi madre,  es muy claro que muchas entidades de financiamiento se han creado con falsos propósitos de llevar el desarrollo. Nosotros decimos: ¿cuánto de las entidades de financiamiento internacional realmente está basado en las necesidades que los pueblos tenemos en cuanto a nuestros derechos?, ¿cuánto tienen de respeto a las autonomías que existen en ese ejercicio del derecho? ¿o cuánto nos ven solo como territorio de explotación?

Vemos cómo la empresa DESA, como ya decíamos, articuló estructuras criminales locales sicariales, también instrumentalizó a las fuerzas de seguridad del estado y operó con fuerzas privadas de seguridad para neutralizar y atacar la lucha de COPINH. El estado de Honduras fue totalmente servil a los intereses de esta empresa y más bien prestó su institucionalidad para cumplir el propósito de imponer el proyecto hidroeléctrico con la judicialización, la persecución, las campañas de criminalización.

Incluso cuando mi mami fue asesinada, el titular de lo que en ese momento era el Ministerio de Seguridad de la República, responsable de las medidas cautelares que gozaba Berta, dijo que su muerte se debía a un lío de faldas. Y eso también habla de la discriminación que hay hacia las mujeres, hacia su lucha. Porque es muy fácil decir que cuando se asesina a una mujer que defendió los territorios se trataba de un crimen de faldas. Es una manera de buscar impunidad, pero también de seguir sembrando el juicio sobre las mujeres, el juicio sobre las mujeres especialmente que alzan la voz.

Respecto a cómo los bancos financiaron a DESA, no es que sea la excepción. Cómo operó el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, es un reflejo de un modelo que se impone no solamente en América Latina, sino en muchas partes. Y en esos lugares, hay comunidades alzando sus voces para defender sus derechos, su territorio o su capacidad para decidir.

Ayer hablabais de los límites de los gobiernos progresistas, dijisteis que solo con un Gobierno como el de Xiomara Castro fue posible la GIEI, pero también hablasteis de las limitaciones.

Es un tema bastante complejo, en el que se puede profundizar mucho pero, de manera general, se podría decir que la ola de gobiernos progresistas en América Latina, ha traído muchos aprendizajes de lo que un gobierno de carácter progresista, que se compromete con algunas demandas populares, puede hacer. Pero también de la importancia de mantener viva y activa una lucha territorial, una lucha popular. Que pueda existir una relación en la que se escuchen se le dé un lugar importante a las luchas populares, porque los sectores empresariales y de poder siempre van a tener sus presiones sobre los gobiernos. También creo que, por ejemplo, el Gobierno de Xiomara Castro tuvo mucho miedo de hacer muchas cosas porque tenía muy presente el golpe de Estado y siempre pensaba que si hacía esto o lo otro iba a haber un golpe de Estado, que si no tenía la venia de Estados Unidos no podría hacer su ejercicio de gobierno.

El Gobierno de Xiomara Castro tuvo mucho miedo de hacer muchas cosas porque tenía muy presente el golpe de Estado

Así que es fundamental mantener la lucha popular, mantener la fuerza comunitaria e incluso propiciarla desde el gobierno. Demandar el acompañamiento, la participación activa de los movimientos en cada acto, es lo que puede darle fuerza realmente a un gobierno más progresista, porque lo que pasa es que cuando ya retoman el control los actores de la derecha, estas personas no tienen miedo de actuar de manera contundente en contra de los derechos.

El aprendizaje que el COPINH ha tenido una vez sucedió el golpe de Estado es enfocarse en procesos de lo que nosotros llamamos la refundación de Honduras. No se trata de consignas, sino de tocar las constituciones que están pasadas de vigencia, donde casi no se mencionan los derechos de los pueblos indígenas, de hacer más evidentes, más claros también los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres y de las diversidades sexuales, los derechos humanos de todos los sectores populares y de hacer procesos de participación que transformen desde prácticas locales, que sean muy educativos, que toquen las mentalidades también, porque si no tendremos generaciones que serán autómatas, obedientes, que  solo podrán decir que sí o bajar la cabeza.

Son cuestiones muy importantes. Salió el tema del Hondurasgate, este escándalo de Trump, donde se habla de, por ejemplo, el papel que Israel ha tenido en su intervención ya no solo en Honduras sino en otros países de América Latina para que den la venia a esta propuesta de guerra y discriminación que se está haciendo, al genocidio. Para que apoyen esa visión militarista y de ocupación y de despojo a los pueblos.

Ayer comentabais que era difícil organizarse con otros movimientos en este momento histórico en el que las comunidades están bajo ataque, cuando la represión y la violencia se intensifican. Me preguntaba, sin embargo, si en esa necesidad de defenderse frente a la ofensiva del capital, también puede propiciarse una mayor articulación, y si, la propia articulación entre los movimientos, también es una forma de defensa.

Sí, yo creo que sí, siempre es necesario poder hacer esa labor. Por ejemplo, mi mami fue muy activa en Honduras en hacer ese trabajo de conectar realidades y de propiciar, dar fuerza, a otras comunidades o aprender de ellas. En la medida en que se puedan compartir esos conocimientos, saber más sobre qué cosas han funcionado y evitar repetir algunos errores, o tener un poco más de claridad en las estrategias que tengamos, pues es muy importante articularse.

Aunque estamos conectados de alguna manera todos en esa resistencia por la libertad, a veces conociéndonos, a veces sin conocernos, a veces de un mismo continente, a veces de distintos continentes, es importante el diálogo honesto, auténtico y el trabajo para darnos fuerza entre comunidades.

En este sentido, pareciera que el internacionalismo se ha quedado un poco corto, tal y como están las naciones, ¿podríamos pensar en una mirada intercomunitaria?

Sí, sin duda, yo creo que hay muchas experiencias culturales, de trabajo sobre la agroecología, de distintas expresiones del resistir, un poco diferentes entre sur global y norte global, pero que son importantes. Es importante poder conectar las distintas experiencias de resistencia y conectar también los distintos procesos, las distintas miradas. Escuchar también de lo que pasa en otros lugares del mundo.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/honduras/bertha-zuniga-caceres-es-posible-tener-modelos-desarrollo-distintos-al-nos-ofrece-capitalismo

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¿A quién pertenece la inteligencia artificial?

Por: Juan Torres López 

Se ha sabido que Sam Altman, el CEO de OpenAI e impulsor de ChatGPT, lleva meses recorriendo despachos de Washington con una propuesta aparentemente muy generosa: la creación por el gobierno de Estados Unidos de un fondo financiero público para que los ciudadanos puedan participar de los beneficios que proporciona la inteligencia artificial. Como era de esperar, Donald Trump lo celebró diciendo que así «el pueblo americano se hará muy rico».

La propuesta no solo tiene truco, sino que es justamente lo contrario de lo que hay que hacer. El truco es que OpenAI acumula más de 12.000 millones de dólares en pérdidas en un solo trimestre y sus proyecciones internas apuntan a más de 115.000 millones hasta 2029. Lo que está pidiendo Altman puede convertirse, por tanto, en otro rescate financiero más que en una fuente de ingresos para la mayoría de la población.

Para entender por qué digo, además, que esta propuesta es lo contrario de lo que se debería hacer hay que responder, en primer lugar, a una pregunta que no parece que haya mucho interés en plantear: ¿a quién pertenece realmente la inteligencia artificial y quién tiene, por tanto, derecho a gobernarla y enriquecerse con ella?  Una pregunta que obliga a responder previamente a otra fundamental y que, por sorprendente que pueda parecer, no tiene respuesta satisfactoria en la economía contemporánea: ¿cuál es la naturaleza económica de la inteligencia artificial?

Este artículo recoge las líneas maestras de la introducción a un ensayo de próxima aparición en el que trato de dar respuesta a esta segunda cuestión y en donde analizo también las implicaciones que tiene.

La importancia del asunto

La razón por la que importa esa pregunta es sencilla: de cuál sea la naturaleza económica de la inteligencia artificial depende quién se debe apropiar de ella sin desnaturalizarla, así como las políticas que se adopten para regularla, los derechos que se reconozcan sobre su uso, los instrumentos fiscales que se le apliquen, los marcos jurídicos que la gobiernen y, en última instancia, quién se debe beneficiar de su existencia y quién soportar sus costes.

Determinar con rigor la naturaleza económica de un fenómeno o proceso nunca es algo anecdótico o neutral. Todo lo contrario. De ello depende que sepamos si se está utilizando conforme a lo que efectivamente es o de forma desnaturalizada. Y puesto que la inteligencia artificial ha empezado ya a reconfigurar simultáneamente los mercados de trabajo, las estructuras de poder empresarial, las relaciones entre Estados y las condiciones de vida de millones de personas…, acertar o errar en el modo en que se usa o debe usarse no es un formalismo. Es un problema de economía política de consecuencias históricas que se está tratando de resolver ya, pero sin debate y en gran medida sin el instrumental conceptual adecuado.

Existe una cantidad ingente de literatura sobre la inteligencia artificial, pero aún está por resolver qué es desde el punto de vista económico. Muchos análisis parciales iluminan aspectos concretos, pero no resuelven el problema en su integridad. Es una laguna importante que tiene dos causas. Una, la dificultad intrínseca del problema. La otra es la influencia de grandes poderes a quienes interesa mantener la confusión conceptual: quien controla una definición se aprovecha de las consecuencias de haberla establecido de un modo u otro.

La corriente dominante en economía intenta integrar la inteligencia artificial como un factor adicional de producción, encerrándola en categorías que no fueron diseñadas para expresarla y que distorsionan su naturaleza. Los análisis más especializados tratan de descubrir qué efectos tiene la IA sobre el trabajo u otros campos de la economía, pero sin plantearse qué es exactamente desde el punto de vista económico. Otros más críticos (sobre el capitalismo de vigilancia, sobre el de plataformas, o describiendo el tecnofeudalismo) analizan bien el ecosistema en el que la IA actúa y al que transforma, pero también sin examinar previamente su naturaleza económica. Incluso la encíclica papal Magnifica Humanitas, quizá el análisis más ambicioso y de mayor alcance público producido recientemente sobre la IA, llega a conclusiones de gran profundidad ética y filosófica pero deja sin resolver aspectos esenciales, precisamente porque tampoco se propone la determinación rigurosa de su naturaleza económica. El diagnóstico moral sin la base económica se queda a mitad de camino.

La IA no es «una» cosa

Cuando aquí hablo ahora de inteligencia artificial me refiero principalmente a los grandes modelos de propósito general, los que están detrás de ChatGPT, Gemini o Claude, que concentran de forma más intensa todas las propiedades que hacen de la IA algo económicamente nuevo.

Pues bien, la gran dificultad para determinar analíticamente qué es la IA desde el punto de vista económico es que no es algo de naturaleza unitaria. No es una sola cosa, sino un conjunto de elementos de naturaleza económica muy diferente. Los algoritmos y modelos son conocimiento formalizado con naturaleza de bien público; es decir, cuyo consumo por un individuo no impide el de otro y cuya reproducción puede hacerse ilimitadamente sin coste alguno. Los datos de entrenamiento son un recurso común generado socialmente y apropiado privadamente. La infraestructura computacional es capital fijo (no varía a medida que lo hace la producción) con tendencia al monopolio natural, dado su elevado coste y gran envergadura. La energía es una mercancía con efectos externos ecológicos masivos que generalmente no se internalizan por quien los produce. El trabajo humano incorporado en la IA se utiliza como factor tradicional, aunque con tendencia a hacerse invisible y ser muy precario. Y la capacidad de tomar decisiones autónomamente es algo sin precedente en la historia económica: una función emergente del conjunto que rompe la distinción clásica entre factor productivo (pasivo desde este punto de vista) y agente económico (decisor).

Ninguna de las categorías de las que hoy día disponemos captura todo ello en su conjunto. Pero el problema no es sólo la heterogeneidad de los componentes. Radica principalmente en que su combinación produce algo cuya naturaleza económica no se reduce a la suma de sus partes. Probablemente sea la primera vez en la historia que un único recurso económico integra en tan alto grado y simultáneamente elementos de naturalezas tan heterogéneas, haciéndolos interactuar de forma dinámica y autónoma.

Hay además un rasgo que agrava decisivamente la cuestión de su apropiabilidad. La IA aprende y evoluciona a través de su propio uso y sus propiedades no son estables, sino dinámicas y resultado de su aplicación. Quien se adueña hoy de la IA no se apropia solo de sus capacidades presentes, sino también de su trayectoria evolutiva futura. Y esta, como la del pasado, se construirá con el uso y la aportación de millones de personas que, sin embargo, pueden no recibir compensación ni reconocimiento alguno por ello si se permite que la IA sea de apropiación privada. Dicho de otro modo: apropiarse de la IA no es hacerse con una herramienta o factor productivo convencional. Es apropiarse de la capacidad de aprovechar las ganancias futuras que produzca, de la aportación de terceros y de poder de agencia, es decir, el de tomar decisiones futuras que afectarán a todos los seres humanos.

La conclusión que nadie quiere sacar

De todo esto se deriva la conclusión que debería condicionar el desarrollo y el uso de la IA: no puede ser apropiada privativamente sin que esa apropiación constituya una expropiación de lo que por naturaleza pertenece a toda la humanidad. Cuando el valor presente y futuro de un recurso depende inseparablemente de una aportación colectiva continua que ningún propietario individual puede generar por sí mismo, es incoherente económicamente tratarlo como un activo exclusivamente privado. De ser así, su apropiación privada entra en contradicción con la naturaleza económica del recurso y lo desnaturaliza, impidiendo entonces que la inteligencia artificial despliegue todas sus posibilidades de desarrollo y elevando extraordinariamente sus costes privados y colectivos.

Se podría decir que los grandes modelos de lenguaje requieren para su construcción GPUs, energía e ingenieros que se pueden apropiar privadamente sin desnaturalizar la esencia de la IA que acabamos de señalar. Es cierto. Pero esos son sus insumos productivos, no su materia prima cognitiva. Lo que les da capacidad e inteligencia, lo que confiere su principal valor a la IA, es el conocimiento acumulado por millones de seres humanos a lo largo de siglos con el que se entrenan sus modelos. Esa es su verdadera materia prima. Y nadie pidió permiso para usarla, ni nadie paga por ella. La materia prima de la IA es el acervo intelectual y cultural de la humanidad entera. No es de Altman, ni de Google, ni de ningún Estado en particular. Es de todos, y eso es exactamente lo que permite reconocer a la inteligencia artificial como algo cuya naturaleza es la de un bien común. Una conclusión a la que se ha podido llegar desde la filosofía, la ética o la política pero que a mi juicio cobra mucho más valor cuando se concluye desde el análisis económico.

Además, la IA es un bien común de tipo radicalmente nuevo: uno que no se agota con el uso sino que crece con él, que no tiene fronteras nacionales porque su materia prima es universal, que tiene capacidad de sustituir el trabajo cognitivo humano a una escala sin precedente y que aprende y crece por sí mismo. Ningún otro recurso tuvo antes esas características en conjunto. Aunque es cierto que algunos de sus elementos (la infraestructura computacional, la energía, el trabajo humano incorporado) tienen naturaleza de bienes privados susceptibles de apropiación individual, son insumos del sistema, no el sistema mismo. La IA como conjunto, como capacidad cognitiva y decisora que emerge de todos sus elementos constituyentes, tiene una naturaleza que los trasciende y que no puede apropiarse privadamente sin desnaturalizarla y sin expropiar a quienes la hicieron, la hacen y la seguirán haciendo posible.

Las implicaciones de propiedad, de gobernanza, de distribución y de gestión democrática que esto tiene las analizo en el ensayo que ahora anticipo. Pero algo fundamental puede adelantarse: es urgente impedir que los oligarcas tecnológicos logren que nuestras sociedades y gobiernos asuman como un hecho consumado la apropiación privada de la inteligencia artificial. Y para conseguirlo es imprescindible dejar de analizar la IA con categorías propias de un mundo en el que no existía.

Altman tiene prisa en disponer de dinero público para cuando el modelo de negocio privado de la IA revele sus límites y quizá estalle, como ocurrió en el pasado con el desarrollo inicial en burbuja de otras innovaciones revolucionarias. Nuestra urgencia debe ser otra: tomar conciencia de que la IA condiciona el futuro de la humanidad e impedir que unos pocos la conviertan en un instrumento para su enriquecimiento privado a costa de todos.

Fuente: https://ctxt.es/es/20260601/Firmas/54011/juan-torres-lopez-inteligencia-artificil-a-quien-pertenece-sam-altman-trump.htm/

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Argentina: Docentes y no docentes universitarios paran este viernes en reclamo por salarios y presupuesto

Los gremios que representan a docentes y trabajadores nodocentes de las universidades nacionales anunciaron la continuidad de su plan de lucha con un paro de 24 horas para este viernes 17 de abril, en rechazo al ajuste presupuestario y salarial que afecta al sistema universitario público.

La medida es impulsada por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que conduce Walter Merkis, y cuenta con la adhesión de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), liderada por Daniel Ricci.

Reclamo por la ley de financiamiento

El eje central del conflicto es el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada en noviembre de 2025, que obliga al Poder Ejecutivo a recomponer salarios y partidas presupuestarias. Según los gremios, el gobierno de Javier Milei no está aplicando la norma, pese a que la Justicia ya se expidió a favor de su cumplimiento.

En ese marco, cuestionaron la decisión oficial de apelar el fallo de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo que ordena garantizar los recursos para el funcionamiento del sistema universitario.

Salarios en caída y universidades en riesgo

Desde FEDUN denunciaron un deterioro salarial cercano al 50% desde el inicio de la actual gestión. Según sus cálculos, los docentes necesitan una recomposición del 48,7% para recuperar el poder adquisitivo perdido.

“Exigimos el cumplimiento inmediato de la ley. La pérdida salarial y el desfinanciamiento ponen en riesgo el funcionamiento de las universidades públicas”, señalaron desde la federación.

Además, reclamaron la urgente convocatoria a paritarias y advirtieron que la situación impacta directamente en la calidad educativa: “Sin salarios dignos, no hay universidad de calidad”.

Jornada nacional y continuidad del conflicto

El paro del viernes se inscribe en una serie de medidas que incluyen actividades de visibilización, clases públicas y movilizaciones en todo el país. La semana pasada, una jornada similar tuvo un alto nivel de acatamiento en las casas de estudio.

Asimismo, los gremios convocaron a participar este miércoles 15 de abril de una jornada federal impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con acciones en defensa del sistema universitario.

El plan de lucha tendrá un nuevo capítulo el 23 de abril, cuando se realicen protestas en el aniversario de la primera Marcha Federal Universitaria, una movilización masiva en defensa de la educación pública frente a las políticas del Gobierno.

Con este escenario, docentes y nodocentes ratificaron su estado de “alerta y movilización”, en un conflicto que suma tensión entre el Ejecutivo y uno de los sectores más sensibles del ámbito educativo.

https://www.degremiales.com/Docentes-y-nodocentes-universitarios-paran-este-viernes-en-reclamo-por-salarios-y-presupuesto-4675

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Educación Sexual Integral en Chile: entre el reconocimiento institucional y los desafíos pendientes

Por: Catalina Olivares Urenda

¿Qué desafíos enfrenta Chile para avanzar hacia una Educación Sexual Integral basada en derechos humanos?

El 13 de mayo de 2026 se conmemoró por primera vez en Chile el Día Nacional de la Educación Sexual Integral (ESI), que nació como iniciativa de la Fundación Chile Necesita ESI. Gracias a esta instancia, como país nos permitimos volver a cuestionarnos qué es la ESI, qué contempla y cuáles son nuestros desafíos pendientes en su implementación.

Tal espacio de discusión permitió rememorar y evaluar los avances que ha experimentado la ESI tanto a nivel nacional como internacional, adquiriendo especial relevancia el desarrollo regional debido a la creciente consolidación de estándares jurisprudenciales.

En este contexto, la experiencia comparada y la evolución de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos han contribuido a posicionar la ESI no solo como una herramienta educativa, sino también como una obligación estatal vinculada a la garantía del derecho a la educación, la autonomía progresiva, la igualdad sustantiva y la prevención de las violencias basadas en género.

La construcción de estándares interamericanos en materia de ESI

En el derecho internacional se ha definido la ESI como un proceso educativo basado en un currículo que entrega información científica, precisa y de forma progresiva, de acuerdo con la edad de la persona receptora, sobre los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Al respecto, la Corte ha entregado estándares que permiten su correcta comprensión y aplicación.

A pesar de aproximaciones iniciales que la Corte entregó a lo largo del tiempo, por ejemplo, a través de la sentencia del caso González Lluy y otros vs. Ecuador, el primer reconocimiento de estándares explícitos en materia de ESI se dio hace tan solo seis años, en la sentencia del Caso Guzmán Albarracín y otras vs. Ecuador. En esta, la Corte, en correlación con lo señalado por el Comité DESC, determinó que la educación sexual debe poseer cinco características fundamentales: debe ser integral, no discriminatoria, basada en evidencia, científicamente rigurosa y adecuada a la edad (párrafo 139). Este fallo subrayó que la falta de herramientas educativas impide a las niñeces identificar situaciones de abuso, facilitando su sometimiento ante relaciones de poder (párrafos 131, 139 y 140). Así, la ESI no es solo una mera transmisión de datos, sino que se transforma en un medio para que niños, niñas y adolescentes ejerzan su autodeterminación y tengan herramientas para otorgar un consentimiento válido (párrafo 139).

Estos estándares establecidos por la Corte fueron profundizados en el Caso Manuela y otros vs. El Salvador y el Caso María y otros vs. Argentina, donde se reconoció que la falta de información aumenta la vulnerabilidad de las mujeres pobres y rurales, permitiendo la reproducción de estereotipos nocivos sobre el “instinto maternal”, afectando su derecho a la salud; y, a la vez, se reforzó la importancia de la ESI para garantizar decisiones informadas y proteger la autonomía progresiva, especialmente en contextos de maternidad adolescente y procesos de adopción forzada.

El caso chileno: desarrollo normativo y oportunidades para el litigio estratégico

En Chile, el reconocimiento de la ESI ha sido un proceso fragmentado y tibio en comparación con las exigencias establecidas en los estándares interamericanos. Actualmente, el marco legal se sustenta mayoritariamente en la Ley 20.418, que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad, la que, como su nombre lo indica, solo se centra en entregar información relativa a la fertilidad. Este enfoque biologicista y moralista ha sido ampliamente criticado, debido a que omite dimensiones afectivas y de derechos humanos. Además, delega su ejecución al Ministerio de Salud, lo que ha provocado que la sexualidad se aborde como una norma sanitaria y no como un proceso formativo integral, vinculado a otros aprendizajes.

Pese a que ciertas bases curriculares de establecimientos educacionales incluyen objetivos de aprendizaje sobre afectividad, lo cierto es que su implementación es profundamente desigual y depende de la voluntad de los equipos directivos y de su financiamiento, generando que el acceso a la ESI esté supeditado al nivel de ingresos de cada familia. Mientras algunos establecimientos integran la perspectiva de género, otros enfrentan resistencias institucionales o limitan los contenidos a la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Esta debilidad se agrava por un sistema de financiamiento basado en fondos concursables, lo que ha demostrado ser ineficaz para cubrir las necesidades reales de los estudiantes.

Un nudo crítico central en Chile, especialmente en el contexto actual, es la tensión entre el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y el interés superior del niño. Sectores conservadores han utilizado este derecho como una barrera para impedir la entrada de contenidos sobre diversidad sexual, alegando un supuesto “adoctrinamiento”.

Sin embargo, gracias al litigio estratégico, la justicia chilena poco a poco ha comenzado a respaldar la ESI. Un ejemplo de esto fue la presentación de recursos contra JUNAEB (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas) en el año 2024 por entregar cuadernos que incluían un glosario con la sigla LGBTIQ+ y menciones al avance de comunidades no sexistas. La Corte Suprema, en esta instancia, rechazó las acciones de protección, utilizando como argumento central la Ley Antidiscriminación y los deberes estatales de inclusión, sentenciando que informar sobre diversidad no vulnera la libertad de conciencia de los padres.

En este mismo sentido, un avance significativo para el litigio estratégico es la reciente Ley 21.675, conocida como Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que establece la obligación de incluir educación no sexista en el sistema educativo. Este marco legal constituye una herramienta potente que permite a los litigantes exigir la inclusión de contenidos de género, superando la anterior debilidad de la Ley 20.418, que se enfocaba principalmente en la regulación de la fertilidad.

Asimismo, la relevancia de este avance se vio reforzada a propósito del control de constitucionalidad de la norma, instancia en la cual el Tribunal Constitucional en causa ROL 15276-24-CPT confirmó la constitucionalidad de la expresión “no sexista”, rechazando los argumentos que sostenían una supuesta vulneración del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, la libertad de enseñanza y la libertad de conciencia. En particular, el Tribunal sostuvo que dichos derechos encuentran límites en los principios constitucionales de dignidad humana, igualdad de derechos y no discriminación, señalando expresamente que no existe un derecho a educar en el prejuicio o en formas de desvalorización de otras personas o de sí mismas. De esta manera, la educación no sexista deja de configurarse únicamente como una aspiración programática y adquiere un sustento constitucional y normativo robusto, fortaleciendo las posibilidades de litigio estratégico orientadas a exigir su implementación efectiva.

Reflexiones finales

La ESI no debe entenderse como una opción ideológica, sino como una obligación de debida diligencia del Estado para prevenir vulneraciones. Chile tiene el desafío urgente de transitar desde una normativa sanitaria hacia una legislación específica que reconozca la ESI como un derecho integral y transversal desde la primera infancia. La experiencia regional es clara: países como Argentina Panamá, al contar con leyes específicas, aseguran una implementación más coherente y protegida de los vaivenes políticos.

La conmemoración del primer Día Nacional de la Educación Sexual Integral es un triunfo de la sociedad civil que busca cimentar estos estándares. Sin embargo, para que sea efectivo, el Estado debe garantizar un financiamiento específico, formación docente sistemática y mecanismos de monitoreo que hoy son inexistentes en el país.

Como se ha visto en la jurisprudencia regional, la ESI es una garantía de no repetición que busca desarticular la violencia antes de que esta se convierta en delito. No hay democracia plena mientras el cuerpo y la educación sigan siendo territorios de vulnerabilidad e invisibilidad.

Citación académica sugerida: Olivares Urenda, Catalina. Educación Sexual Integral en Chile: entre el reconocimiento institucional y los desafíos pendientes.. Agenda Estado de Derecho. 2026/06/30. Disponible en:  https://agendaestadodederecho.com/educacion-sexual-integral-en-chile/

Educación Sexual Integral en Chile: entre el reconocimiento institucional y los desafíos pendientes

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Movimiento sindical respalda Consulta Nacional para transformar la educación dominicana

Los resultados de este proceso de consultas serán presentados el próximo 21 de julio y servirán como base para la elaboración del anteproyecto de ley que impulsará la transformación del sistema educativo dominicano.

Por Servicios de Acento.com.do

Los principales dirigentes del movimiento sindical dominicano expresaron su respaldo a la Gran Consulta Nacional para el Futuro de la Educación Dominicana, al considerar que constituye una oportunidad histórica para construir, mediante el consenso nacional, un sistema educativo más pertinente, inclusivo y conectado con las necesidades del desarrollo productivo del país.

El respaldo fue expresado durante el foro sectorial celebrado con representantes de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), como parte del proceso de consultas que procura recoger los aportes de todos los sectores para la elaboración de una nueva legislación educativa.

El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael «Pepe» Abreu, calificó el encuentro como un hecho de gran trascendencia para el movimiento sindical.

«Es un encuentro, en alguna forma, histórico, porque el movimiento sindical se reúne no para hablar de la cesantía, del salario o de la seguridad social, sino para hablar de la educación en todos sus niveles», dijo.

En representación de la CNTD, el vicepresidente Silvio Ureña afirmó que la consulta llega en un momento oportuno para reflexionar sobre el futuro del país y reiteró que una educación de calidad constituye el principal instrumento para reducir las desigualdades sociales.

«Qué bueno que nos juntamos aquí. Creo que esto debió ser antes, pero nunca es tarde. Qué bueno que estamos pensando en la educación del país. Qué bueno que estamos pensando en la educación de los pobres», expresó.

Por su parte, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Santos Badía, sostuvo que el país necesita una verdadera transformación del sistema educativo para responder a los desafíos de la cuarta revolución industrial y garantizar mayores oportunidades de empleo y bienestar para la población.

«Lo que queremos es cambiar el país a través de cambiar la educación. Estamos construyendo una transformación para toda la vida, que permita formar personas capaces de acceder a empleos de calidad, emprender y alcanzar salarios decentes», explicó el funcionario.

Santos Badía explicó que la propuesta contempla la organización del sistema educativo en cuatro subsistemas: educación preuniversitaria, formación técnico profesional, educación superior y ciencia y tecnología, así como una mayor participación de los sectores sociales en la planificación educativa, incluyendo sindicatos, empresarios, docentes, estudiantes y familias.

El funcionario enfatizó que la consulta nacional busca construir una legislación educativa ampliamente consensuada y reiteró que la transformación solo será posible mediante la participación activa de la sociedad.

La directora general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), Maira Morla Pineda, destacó que la participación del movimiento sindical resulta esencial para diseñar un sistema educativo que responda a las necesidades reales de los trabajadores y del aparato productivo nacional.

«Todo lo que la educación produce, el trabajo lo sostiene. Y todo lo que el trabajo necesita, la educación lo forma. Los trabajadores son la razón de ser más concreta de esta consulta», dijo.

Morla Pineda explicó que la transformación propuesta busca articular de manera coherente la educación, la formación técnico profesional y el mercado laboral, reconociendo las competencias adquiridas dentro y fuera del aula y fortaleciendo el modelo tripartito que ha caracterizado al Infotep desde su creación.

El foro concluyó con las palabras del presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel del Río Doñé, quien resaltó la importancia de que el país construya una nueva legislación que garantice una educación de calidad y fortalezca el desarrollo nacional mediante el consenso entre los distintos actores sociales.

Los dirigentes sindicales participaron en mesas de trabajo, respondieron cuestionarios especializados para el sector laboral, debatieron preguntas abiertas de la consulta y presentaron propuestas orientadas a fortalecer la calidad de la educación y su articulación con el mundo del trabajo.

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Venezuela: habilitan universidades como campamentos transitorios y centros de acopio

El Gobierno nacional habilita planteles de educación superior como refugios y puntos de asistencia, movilizando brigadas de voluntarios para atender a familias afectadas por el terremoto en Venezuela.

Los espacios comunitarios y universitarios de la capital concentran alimentos, medicinas y la organización de brigadas voluntarias.

El Ministerio para la Educación Universitaria activó este martes 30 de junio en Venezuela un plan nacional de contingencia, habilitando planteles universitarios como centros de acopio y resguardo temporal para atender a la población afectada por el doblete sísmico que golpeó a la nación suramericana el pasado 24 de junio.

La medida institucional busca ofrecer refugio seguro, asistencia logística y comedores activos a las familias que perdieron sus hogares o se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema.

La transformación de estos espacios para la contingencia contará con el despliegue de personal administrativo, docente y brigadas estudiantiles voluntarias.

Estos voluntarios coordinarán la recepción e identificación de alimentos no perecederos, agua potable y enseres básicos provistos por la sociedad civil en un gesto de solidaridad.

Como parte de los protocolos para la evaluación de riesgos en las comunidades, el Gobierno nacional recordó que todos los reportes sobre fallas en viviendas, agrietamientos, daños estructurales severos o personas desaparecidas deben canalizarse formalmente a través de la aplicación VenApp.

Esta plataforma digital se mantiene operativa las 24 horas del día. Además, cuenta con la categoría especial “Terremoto 24J Venezuela” para centralizar las alertas, permitiendo a los ciudadanos enviar información en tiempo real con geolocalización y fotografías. Esto agiliza la respuesta coordinada de las salas situacionales ante la emergencia.

En paralelo, la ciudad de Caracas activó más de diez centros de acopio oficiales distribuidos en puntos estratégicos del área metropolitana para concentrar las donaciones de insumos de primera necesidad. Entre los principales recintos destacan el Parque del Oeste Alí Primera, las instalaciones de la Universidad Central de Venezuela y el Parque Generalísimo Francisco de Miranda.

También se incluyen los espacios aledaños a la Esfera de Soto. En estos puntos, movimientos sociales, jóvenes y trabajadores de la salud se organizan para recolectar ropa, alimentos no perecederos y material quirúrgico destinado a las familias damnificadas.

Este despliegue solidario popular sumó la participación activa de redes de motorizados de alta y baja cilindrada, quienes coordinan de forma voluntaria el traslado inmediato de insumos médicos y herramientas hacia los hospitales de la Gran Caracas y el estado La Guaira.

Se prioriza el soporte a las labores de extracción en estructuras colapsadas. Asimismo, en el Poliedro de Caracas se consolidó la red nacional de voluntarios para sistematizar la distribución de la ayuda humanitaria.

Se establecen mecanismos de control vial en las arterias hacia las zonas de desastre para otorgar prioridad de tránsito y chalecos identificativos al personal sanitario, de rescate y transporte especializado.

Autor: teleSUR: er – RR

Fuente: Agencias

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Las grandes corporaciones tecnológicas contra la democracia

Por Jorge Majfud 

¿Por qué el presidente de Uruguay tiene tan baja aprobación, siendo que el país no está tan mal como el resto del continente? La respuesta es simple: la arrogancia de su gobierno (del presidente Orsi, de su ministro de Economía Odone y de su canciller Lubetkin) crearon un sisma anímico de traición y derrota dentro de sus votantes, los militantes del histórico Frente Amplio. Su estrategia de alinearse con un neoliberalismo edulcorado y con un sionismo supremacista fue el primer momento que partió las aguas en los primeros meses de su administración, en 2025.

Cuando un gobierno no tiene el apoyo y la defensa articulada de sus votantes y militantes, sus adversarios tienen un trabajo fácil. El primer culpable no es la oposición; es el gobierno. También parte de la izquierda uruguaya, por haber vendido su épica a cambio de ganar alguna que otra elección. Esta es una particularidad de la realidad uruguaya, pero también es la raíz del árbol agonizante de la izquierda occidental, desde Europa a América Latina.

¿Quién está dando el ejemplo de cómo volver a sus principios tradicionales de defensa de los derechos de los de abajo, de la clase trabajadora, de la lucha antiimperialista y antiesclavista? Como en el siglo XIX, la izquierda estadounidense.

Paradójicamente, el ejemplo de cómo debe actuar una izquierda que merezca llamarse así procede de la cuna de toda esta ola de brutalidad antidemocrática, racista, sexista y genocida: Estados Unidos. Desde hace unos años, es la izquierda estadounidense la que ha tomado la posta de la irreverencia. Ya lo vimos con la diferencia entre el Partido Verde de Estados Unidos, liderado por nuestra amiga Jill Stein, y el Partido Verde de Alemania: uno militantemente contra el genocidio en Gaza, contra el imperialismo y a favor de las clases trabajadoras y, el otro, el europeo, buscando excusas para no quemarse.

Había un problema: debido a que el sistema político y electoral de Estados Unidos es una herencia del sistema esclavista, las posibilidades de actuar desde un tercer partido eran y son prácticamente nulas. Mucho más cuando la Corte Suprema decidió en 2010 levantar las restricciones a las donaciones para los Super PACs en las elecciones. Desde entonces, el secuestro y compra de políticos se convirtieron en un negocio legal, ya sin disimulos, el que no sólo refleja la estructura obscena de acumulación, sino que la radicaliza.

Ahora comenzamos a ver un movimiento que muchos no consideramos seriamente años atrás. Una de las alas del mismo águila, el Partido Demócrata, comienza a ver con pánico cómo candidatos como Zohran Mamdani en Nueva York y James Talarico en Texas están confirmando la idea de que al poder brutal del dinero, de la extorsión de los lobbies y del éxito del libertarismo fascista (regado todos los días con el tecnofacismo de las sectas digitales) se lo enfrenta sin timideces virginales. De la misma forma que un elefante que arremete se detiene cuando un hombre se planta y levanta los brazos de forma desafiante, así está procediendo este grupo de izquierda en Estados Unidos.

Mamdani no solo ganó la alcaldía de Nueva York con su afirmación y confirmación de ser musulmán y socialista, sino que desde el comienzo hizo una campaña a favor del aumento de impuestos a los millonarios (luego de décadas de imparable reducción) y contra el genocidio en Palestina. Luego de ganar la alcaldía, hizo campaña en favor de candidatos al congreso del Estado con una condena clara a la inmoralidad de los lobbies, como el pro-israelí AIPAC, el que históricamente se jactó de decidir quién gana en una elección: sólo aquellos que reciben las donaciones y la bendición de su secta. El resultado ha sido una serie de victorias electorales de la izquierda irreverente. Todos los candidatos que hicieron campaña rechazando este dinero sucio, ganaron.

Es obvio que estarán bajo permanente presión y sabotaje, desde el gobierno federal de Trump hasta los lobbies de millonarios. Lobbies de pobres no hay. Pero, como lo demuestra la historia, la izquierda desde el siglo XIX se plantó con principios y reivindicaciones sin cambiarlas ni por ni para un triunfo electoral.

En América Latina todavía pesa la historia del colonizado. No por casualidad, ha sido la región que estuvo bajo colonización por más tiempo en la historia moderna, desde que Cristobal Colón pusiera pie en una isla y dejara constancia de que su objetivo era hacer esclavos a los ingenuos isleños―en nombre de Dios, aleluya!

Las elecciones están todas inoculadas por las tecnológicas de Silicon Valley, casi todas aliadas o en manos de grupos pro-israelíes. En los últimos tres años, como reacción a la avalancha crítica de la gente normal contra el genocidio en Palestina, nueve elecciones fueron ganadas por candidatos pro-Israel, justo cuando en todos y cada uno de esos países la opinión de la población era mayoritariamente desfavorable a las políticas intervencionistas, abiertamente genocidas y supremacistas de Israel. En casi todos los casos ganó la derecha más fascista y manipulable; todos simpatizantes del supremacismo racial o étnico: Milei (Argentina, 2023); Noboa (Ecuador, 2023); Peña (Paraguay, 2023); Bukele (El Salvador, 2024);  Mulino (Panamá, 2024); Kast (Chile, 2025); Asfura (Honduras, 2026); Fujimori (Perú, 2026); De la Espriella (Colombia, 2026)… ¡aleluya!

Con (casi) excepciones, como Uruguay y Venezuela. En Uruguay no fue necesario que la izquierda perdiese, sino que bastó con secuestrarla para la causa del genocidio y del neoliberalismo que impidió un uno por ciento de impuesto a los millonarios y la pronunciación de la palabra prohibida. En 2025, en Venezuela, Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez condenaron el genocidio en Palestina. Horas después del secuestro de su presidente por una fuerza extranjera que dejó casi 60 muertos olvidados en enero de 2026, Rodríguez dijo que la operación tenía la firma de Israel. Apenas colocada como presidenta interina (la constitución dice que debió llamar a elecciones 30 días después), no dijo ni una sola palabra contra el régimen de Washington ni de Tel Aviv. Más bien todo lo contrario: sus expresiones fueron a favor de la restauración de relaciones diplomáticas con ambos. ¿Qué ha dicho Delcy sobre la invasión y masacre de Israel en Líbano? Nada, pese a que en Venezuela viven 700.000 personas de ascendencia libanesa, 50 mil palestinos y 10 mil judíos, aunque este último grupo no debe ser identificado con el sionismo, como pretenden siempre los sionistas. ¿Dónde quedó la resistencia de Chávez?  Un silencio cobarde, gripal y calculador de sus propios intereses, como el de Shakira.

En junio de 2026, Flavio Bolsonaro se reunió con Netanyahu (como antes lo había hecho la dictada Nobel de la Paz, María Corina Machado) y dijo que esa relación era de “ganha-ganha” (pésima traducción de “win-win”). Flavio es el candidato que le disputa la presidencia a Lula quien, junto con la presidenta Sheinbaum de México, es uno de los pocos presidentes latinoamericanos no arrodillados ante Netanyahu. Flavio Bolsonaro (hijo del golpista pro-israelí y expresidente, capitán Jair Bolsonaro), se subió a una tarima pública y declaró: “Con Bolsonaro, Brasil volverá a ser una nación hermana de Israel”. Del genocidio, de Palestina y de los derechos de los pueblos del mundo, ni una mierda.

Al terminar, gritó dos veces: “Brasil acima de todo”, una copia burda del lema nazi “Deutschland uber allesque hasta los europeos prohibieron luego de la Segunda Guerra.

¿Por qué un candidato que disputa la presidencia de un país gritaría en una tribuna algo a favor de lo que el 60 por ciento de la población rechaza? Es simple: este, como la otra decena de candidatos del genocidio, no les habla a sus pueblos palestinizados: les están hablando a las grandes tecnológicas que, a través del hackeo de naciones, son las que deciden las elecciones.

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